Orden del Día

• ORDEN DEL DIA

  ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

  COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA.

  PODER EJECUTIVO FEDERAL

  Secretaría de Gobernación

  Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 12 al 18 de agosto de 2009, a fin de realizar una gira a Sudamérica que comprenderá Visitas de Estado a las Repúblicas de Colombia, Oriental del Uruguay y Federativa de Brasil.

  Dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar las condecoraciones que le confieren la República Federativa del Brasil y el Gobierno de la República de Colombia.

  Oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para aceptar y usar condecoración que otorga el Gobierno de la República Francesa, para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México y para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de los Estados Unidos de América en Cabo San Lucas, Baja California Sur; e informa de las solicitudes de cancelación de permisos para prestar servicios.

  Secretaría de Hacienda y Crédito Público

  Oficio con el que remite los Informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2009, con el Informe de Avance de Gestión Financiera; información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, correspondiente al mes de junio de 2009, e información sobre la recaudación federal participable.

  Secretaría de Salud

  Oficio con el que remite el Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud, correspondiente al primer semestre de 2009.

  GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

  Secretaría de Cultura

  Invitación para asistir a las siguientes ceremonias conmemorativas:

  • 130 aniversario del natalicio del General Emiliano Zapata Salazar, a celebrarse el sábado 8 de agosto, en esta ciudad.
  • 488 aniversario de la Defensa Heroica México Tenochtitlan, a celebrarse el jueves 13 de agosto, en esta ciudad.

  AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN

  Invitación para asistir a la ceremonia conmemorativa del 198 aniversario de la Instalación de la “Suprema Junta Nacional Americana”, a celebrarse el miércoles 19 de agosto, en esa ciudad.

  COMUNICACIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

  Una, de la Dip. María Esther Jiménez Ramos, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 1 de agosto del año en curso.

  Una, del Dip. Jesús de León Tello, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 9 de agosto del año en curso.

  Una, del Dip. Óscar Miguel Mohamar Dainitin, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 10 de agosto del año en curso.

  Una, del Dip. Ángel Humberto García Reyes, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 10 de agosto del año en curso.

  Una, del Dip. Javier Hernández Manzanares, por la que solicita licencia para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 17 de agosto del año en curso.

  Una, del Dip. Silvio Gómez Leyva, por la que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 1 de agosto del año en curso.

  Una, del Dip. Diego Cobo Terrazas, por la que informa que la Dip. Gloria Lavara Mejía asumió el cargo de Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

  Una, de la Sen. Minerva Hernández Ramos, Presidenta de la Comisión de Administración, con la que remite el Informe de labores de dicha comisión.

  Dos, de la Primera Comisión, con las que remite dictámenes por los que se consideran atendidos el punto de acuerdo que exhortaba a decretar a la Barranca de Tarango como Área de Valor Ambiental y cuatro puntos de acuerdo sobre ilícitos cometidos durante el reciente el proceso electoral.

  INICIATIVAS DE CIUDADANOS LEGISLADORES

  De los Diputados Dora Alicia Martínez Valero, Lariza Montiel Luis, Cristián Castaño Contreras y Adrián Fernández Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el inciso d) del Apartado 1, del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

  De los Senadores Fernando Castro Trenti, Jorge Mendoza Garza, Adolfo Toledo Infanzón y Renán Cleominio Zoreda Novelo y del Dip. Adolfo Mota Hernandez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 25 y 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

  De los Senadores Antonio Mejía Haro y Minerva Hernández Ramos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 102, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  De los Diputados Alma Hilda Medina Macías y Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma los artículos 9 y artículo 51 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

  Del Dip. Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

  De la Dip. Adriana Díaz Contreras, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.

  Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, en nombre propio, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

  Del Dip. Gerardo Buganza Salmerón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Del Dip. Adolfo Mota Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene proyecto de decreto que adiciona el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

  Del Dip. Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

  De las Diputadas María Esther Jiménez Ramos y Dolores Ma. del Carmen Parra Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

  De la Dip. María del Rosario Sánchez Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de decreto que adiciona la fracción XI del artículo 5, en el Capítulo II; que adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 6 del Capítulo II y que reforma el Capítulo V en su artículo 17 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única.

  Del Dip. Humberto López Lena Cruz, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el numeral 2 del artículo 12, los numerales 1 y 3 del artículo 32 y los incisos b) y c) del numeral 1 del artículo 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

  De los Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy, Humberto Andrade Quezada y Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se deroga el artículo 14-b de la Ley Federal de Derechos.

  DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

  De la Primera Comisión, el que contiene proyecto de decreto que concede permiso al Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

  De la Primera Comisión, el que contiene proyecto de decreto que concede permiso al Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la condecoración que le confiere la República Federativa del Brasil.

  Dos, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar condecoración que otorga el Gobierno de la República de Corea y para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

  DICTÁMENES A DISCUSIÓN

  De la Segunda Comisión, el que contiene punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento expedido a favor del Ciudadano Carlos Flores Vizcarra, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.

  Tres, de la Primera Comisión, los que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar la condecoración que otorga el Gobierno de la Provincia de Québec y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.

  De la Primera Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

  • En torno al combate al delito de turismo sexual en contra de menores de edad.
  • Por el que se exhorta a las Procuradurías de Justicia de los Estados de Chihuahua y de Michoacán a realizar investigaciones exhaustivas y eficaces respecto a los homicidios del periodista Ernesto Montañez Valdivia y del reportero Martín Javier Miranda Avilés, respectivamente.
  • Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a publicar el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.
  • Por el que la Comisión Permanente reconoce a los Gobiernos Federal y del Distrito Federal por el desarrollo de programas destinados a modificar positivamente las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes en situación de calle y les conmina a informar respecto del resultado de las acciones emprendidas en ese marco.
  • Por el que la Comisión Permanente requiere al Secretario de Gobernación información sobre los motivos por los cuales se desechó la solicitud de inicio de una investigación sobre actos que presuntamente violan de manera sistemática los derechos de las mujeres y que pudieran ser meritorios de declarar una alerta de violencia de género por agravio comparado en el estado de Guanajuato.
  • Por el que se remite a la Cámara de Diputados el punto de acuerdo relativo al presupuesto correspondiente al sistema de transporte colectivo metro, a videocámaras en el proyecto bicentenario y a obras viales en el circuito interior para el ejercicio fiscal 2010.
  • Por el que se exhorta al Juez Primero de Distrito en Tepic, Nayarit, y a la Procuraduría General de la República para que en el proceso penal que se sigue en contra de 51 custodios por los hechos delictivos ocurridos en el Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, el 16 de mayo del año en curso, se garantice el estricto respeto a los derechos que asisten a las personas imputadas.

  De la Segunda Comisión, los que contienen puntos de acuerdo:

  • Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública un informe en torno a centros comunitarios en el Distrito Federal.
  • Por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud un informe sobre las medidas y acciones que se estén implementando o se vayan a implementar, para dar cumplimiento del Programa de Tuberculosis 2009.
  • Por el que se solicita un informe sobre los programas y políticas públicas que se estén implementando o se vayan a implementar, a efecto de atender la problemática de los adultos mayores.
  • Por el que se remite copia de los expedientes de puntos de acuerdo en torno al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, a diversas autoridades, para su conocimiento y efectos.
  • Por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a suscribir el Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo y a cumplir las directrices complementarias de la Recomendación 146 de esa misma Organización.
  • Por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores a que exprese su rechazo al proceso unilateral de certificación en materia de derechos humanos en México, que promueve el gobierno de los Estados Unidos de América.
  • Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores un informe detallado sobre las posturas y propuestas que conforman la agenda temática impulsada por nuestro país en la Cumbre de Norteamérica,  a celebrarse en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en el presente mes.

  MEMORIALES DE PARTICULARES

  Uno, del Dr. Laszlo Frater, por el que solicita el permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional, para que pueda aceptar y usar la condecoración la condecoración que le otorga la República de Hungría.

  PROPOSICIONES DE CIUDADANOS LEGISLADORES

  De la Sen. Adriana González Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al Ejecutivo Federal a proponer una amplia agenda en materia social como parte de los trabajos de la próxima Reunión Cumbre de Líderes de América del Norte.

  Del Sen. Francisco Arroyo Vieyra, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Guanajuato a dictaminar en sentido negativo las iniciativas que reforman el artículo 17 de la Constitución Política de dicho estado y las que reforman y derogan diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del mismo estado, para evitar que se derogue la figura de la candidatura común en la entidad.

  Del Sen. Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a emitir un decreto que suspenda los recientes aumentos en las tarifas de energía eléctrica para el sector industrial y para usuarios domésticos.

  Del Sen. Javier Orozco Gómez y del Dip. Carlos Puentes Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo sobre los recursos aplicados para mantener al aire programas, columnas o secciones que promueven el espectáculo de la tauromaquia.

  Del Dip. Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender con carácter de urgente el conflicto que enfrenta la aerolínea Aviacsa para que pueda reanudar operaciones, salvaguardando las fuentes de trabajo de más de 3,500 empleados.

  Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo para que se integre una comisión que investigue sobre los casos de corrupción y robo de hidrocarburos en pemex.

  Del Dip. Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero realizar las investigaciones pertinentes y esclarezca de forma eficaz y exhaustiva el homicidio del periodista Juan Daniel Martínez Gil.

  De la Dip. Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación informe sobre las auditorías de desempeño efectuadas a los programas sociales y del campo implementados para 2009 y, en caso de no contar con esa información, exhortar a dicho órgano para que las efectúe y rinda un informe.

  Del Dip. Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo en torno a las viudas de la Mina Pasta de Conchos.

  Del Sen. Humberto Andrade Quezada, a nombre propio y de diversos Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo sobre la emisión de gases de efecto invernadero y el cambio climático.

  De los Senadores Manlio Fabio Beltrones Rivera, Fernando Castro Trenti, Cleominio Zoreda Novelo, Mario López Valdez, Carlos Lozano De La Torre y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a explicar los alcances de la Cédula de Identificación Ciudadana.

  De los Senadores Antonio Mejía Haro y Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en la próxima reunión que sostendrá con el Presidente de Estados Unidos de América y el Primer Ministro de Canadá, acuerde la revisión del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

  De las Diputadas María Esther Jiménez Ramos y Dolores Ma. del Carmen Parra Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal remita a la Cámara de Senadores la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes.

  Del Sen. Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a informar sobre las acciones emprendidas para prevenir y sancionar el robo de combustible cometido en perjuicio de Petróleos Mexicanos.

  De los Diputados Antonio Soto Sánchez y Adrián Pedrozo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación al robo, adulteración y venta ilícita de combustible en perjuicio de Petróleos Mexicanos.

  Del Dip. Armando García Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Social Demócrata, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades a revisar los procedimientos irregulares de algunos propietarios de estaciones de gasolina, diesel y derivados.

  Del Dip. Humberto López Lena Cruz, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Secretario de Hacienda y Crédito Público hacer una investigación de 3 años anteriores al día de hoy de los sindicatos de prestación de servicios que son creados con la única finalidad de evadir el pago de contribuciones y aportaciones de seguridad social.

  Del Dip. Cuauhtémoc Velasco Oliva, del Grupo Parlamentario de Convergencia, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para que constituya una comisión que investigue el impacto que la corrupción en Comisión Federal de Electricidad tiene sobre las tarifas eléctricas.

  Del Sen. Javier Orozco Gómez y del Dip. Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la que contiene punto de acuerdo para solicitar información sobre la calidad, efectividad y cumplimiento de los centros de salud, de las clínicas y de los hospitales en la República Mexicana y sobre el desabasto de medicamentos en todos los servicios de salud del país.

  Del Sen. Juan Bueno Torio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de Estado de Veracruz a dar cumplimiento a la celebración del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Rural Sustentable, firmado con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

  De la Dip. Guillermina López Balbuena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita a las Secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública Federal a que fortalezcan los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales, para reforzar los instrumentos para combatir los altos índices de violencia con motivo del combate al narcotráfico.

  De los Senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Antonio Mejía Haro y Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación a la violación de derechos humanos en los centros de detención de inmigrantes en los Estados Unidos de América.

  Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la que contiene punto de acuerdo con relación a los aumentos a las tarifas de la electricidad y los combustibles.

  Del Sen. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno del Distrito Federal a intervenir de forma inmediata para que se suspendan de forma total e indefinida las obras que se encuentran realizando en el predio ubicado en la calle de Millet #72 en la colonia Extremadura Insurgentes de la Delegación Benito Juárez.

  Del Sen. Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita al Ejecutivo Federal la creación de un programa de apoyos directos a la pesca.

  Del Dip. José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía a hacer valer la suspensión definitiva en el caso de la Mina 8 de Pasta de Conchos y a impedir la puesta en operación de la planta lavadora, que se encuentra en el perímetro de dicha mina.

  De los Senadores María Elena Orantes López y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Presidente de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, evite seguir dando subejercicios del gasto destinado a las comunidades indígenas y otros grupos vulnerables y, en su caso, fincar las responsabilidades administrativas a las que haya  lugar.

  De los Rubén Fernando Velázquez López, Silvano Aureoles Conejo, José Luis García Zalvidea, Antonio Mejía Haro, Lázaro Mazón Alonso y Francisco Castellón Fonseca, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación a la recomendación 049/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

  Del Sen. Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública comparezca e informe sobre las políticas que ha implementado y los resultados obtenidos en materia de atención de migrantes víctimas de secuestro.

  Del Dip. Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que cancele el despido de trabajadores del organismo Correos de México y  explique el origen de tal medida.

  De la Sen. María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo para que a través de la Secretaría de Salud se incorporen esquemas de participación comunitaria para desarrollar métodos efectivos en el control de enfermedades como el dengue, así como para alcanzar un control efectivo y sostenido del mosquito transmisor.

  Del Sen. Lázaro Mazón Alonso, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo con relación a las condiciones en que opera la Autopista del Sol.

  Del Dip. César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta a los Poderes de la Unión a agilizar el proceso de aprobación e inmediata instrumentación de las reformas en materia de justicia penal, particularmente sobre juicios orales.

  De los Diputados Armando Barreiro Pérez, José Jacques y Medina, José Antonio Almazán González y Javier González Garza y de los Senadores Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal a revisar y modificar la actual política pública de fomento a la actividad minera.

  De los Diputados Armando Barreiro Pérez, José Jacques y Medina y José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal para que cesen de inmediato las acciones de hostigamiento que sufren todos los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras.

  Del Dip. Adrián Pedrozo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se exhorta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en su sesión del 6 de agosto resuelva favorablemente la constitución de una comisión especial que investigue el incendio en la guardería ABC.

  De la Dip. Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se solicita que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2010 se realicen asignaciones para fortalecer los recursos humanos de salud en el Distrito Federal.

  De la Dip. Guadalupe Socorro Flores Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos para 2010 se asignen y etiqueten recursos para continuar con la tradición de las comparsas tradicionales de caporales en la Delegación Tláhuac.

  De la Dip. María del Rosario Sánchez Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo por el que se convoca a un periodo extraordinario de sesiones.

  Del Sen. Silvano Aureoles Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo para citar a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Agua para explicar la situación actual que guarda el suministro de agua potable en el Valle de México.

  COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES

  Proyecto de Presupuesto de Dietas, Honorarios, Sueldos y Gastos para el mes de septiembre de 2009.

  C I T A .

Acta de la sesión anterior

• ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL MIÉRCOLES
  VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.

  PRESIDE EL SENADOR
  GUSTAVO MADERO MUÑOZ.

  	En la ciudad de México, Distrito Federal, a las once horas con cuarenta y siete minutos del miércoles veintinueve de julio de dos mil nueve, con una asistencia de veinticinco legisladores, la Presidencia declaró abierta la sesión.
  (Lecturadel Orden del Día)	La Secretaría dio por conocido el contenido del Orden del Día de la sesión de esta fecha, debido a su publicación en la Gaceta del Senado y a su distribución.
  (Acta de laSesión anterior )	Se aprobó en votación económica el acta de la Sesión celebrada el miércoles veintidós de julio de dos mil nueve.
  (Comunicaciones)	Se recibieron de la Secretaría de Gobernación, dos oficios con los que remite solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 Constitucional, para prestar servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco y para aceptar y usar condecoración que otorga el Gobierno de la República de Corea.- Se turnaron a la Primera Comisión.
  (Comunicaciones)	Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, oficio por el que informa que en el mes de junio de 2009 únicamente se dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y aquélla que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.- Se remitió a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
  (Comunicaciones de los Legisladores)	Se recibió de la Diputada Beatriz Collado Lara, solicitud de licencia para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 1 de agosto del año en curso.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Comunicaciones de los Legisladores)	Se recibió del Diputado Rolando Rivero Rivero, solicitud de licencia para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 10 de agosto del año en curso.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Comunicaciones de los Legisladores)	Se recibió de la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez, solicitud de licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 1 de agosto del año en curso.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Comunicaciones de los Legisladores)	Se recibió del Diputado Gerardo A. Escaroz Soler, solicitud de licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 1 de agosto del año en curso.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Comunicaciones de los Legisladores)	Se recibió del Diputado Daniel Ludlow Kuri, solicitud de licencia por tiempo indefinido, para separarse de sus actividades legislativas, a partir del 1 de agosto del año en curso.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Comunicaciones de los Legisladores)	Se recibió de la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, oficio por el que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 1 de agosto del año en curso.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.
  (Comunicaciones de los Legisladores)	Se recibió del Senador Fernando Elizondo Barragán, oficio por el que informa de su reincorporación a sus actividades legislativas, a partir del 15 de agosto del año en curso.- Quedó de enterado. Se comunicó a la Cámara de Senadores.
  (Comunicaciones de los Legisladores)	Se recibió de la Comisión Especial encargada de Vigilar el Correcto Uso de los Recursos Públicos Federales, Estatales y Municipales en el Proceso Electoral Federal de 2009, Informe Final de Actividades.- El Diputado Antonio Soto Sánchez hizo uso de la tribuna para presentar el Informe. Quedó de enterado. Se remitió a la Cámara de Diputados.
  (Comunicaciones de los Legisladores)	Se recibió del Senador José Guillermo Anaya Llamas, Presidente de la Comisión de Seguridad Social, informe de labores de dicha comisión, correspondiente al período de agosto de 2008 a junio de 2009.- Quedó de enterado.
  (Comunicaciones de los Legisladores)	Se recibieron de la Primera Comisión, dos dictámenes por los que se desechan el punto de acuerdo sobre la realización de una consulta ciudadana en torno a la aplicación de la pena de muerte como sanción en el delito de secuestro y tres puntos de acuerdo sobre el proceso electoral 2009.- La Presidencia instruyó descargar los asuntos de sus registros, darlos por concluidos e informar a los promoventes.
  (Acuerdos del los Órganos de Gobierno)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un acuerdo de la Mesa Directiva por el que se designa Secretaria de la Comisión Permanente, a partir del 1 de agosto de 2009, a la Diputada Alma Hilda Medina Macias, en sustitución de la Diputada Esmeralda Cárdenas Sánchez.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Iniciativas)	El Diputado Gerardo Priego Tapia, a nombre del Diputado Emilio Flores Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 101, 119 y 121 y adiciona los artículos 55, 60 y 119 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.- Se turnó a la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.
  (Iniciativas)	Se recibió del Diputado Alberto Amador Leal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción I del artículo 41 y el inciso e) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
  (Iniciativas)	El Senador Tomás Torres Mercado, a nombre propio y de los Senadores Rosalinda López Hernández y José Luis Máximo García Zalvidea, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera de la Cámara de Senadores.
  (Iniciativas)	El Senador Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 57 del Código de Justicia Militar.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Defensa Nacional; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
  (Iniciativas)	El Diputado Jorge Alejandro Salum del Palacio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
  	PRESIDENCIA DEL SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN.
  (Iniciativas)	Se recibió del Senador Mario López Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo.- Se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social; y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores.
  (Iniciativas)	Se recibió del Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de Ley General para la Protección de los Derechos de los Públicos de los Bienes y Servicios que presta el Estado en Materia de Cultura.- Se turnó a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.
  (Iniciativas)	El Diputado Adolfo Mota Hernández, a nombre propio y de los Diputados José Luis José Blanco Pajón y Ismael Peraza Valdez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.- Se turnó a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
  (Iniciativas)	Se recibió del Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.- Se turnó a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados.
  (Iniciativas)	Se recibió del Diputado Humberto López Lena Cruz, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción II del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
  (Iniciativas)	Se recibió del Diputado Humberto López Lena Cruz, iniciativa con proyecto de decreto que modifica los artículos 30 y 43 párrafos 3, 4 y 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.- Se turnó a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados.
  (Iniciativas)	Se recibió del Diputado José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley Federal de Protección y Fomento del Empleo.- Se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
  (Iniciativas)	Se recibió del Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un último párrafo al artículo 77 bis 29 de la Ley General de Salud, se reforma el artículo 95 y se adiciona un último párrafo al artículo 97 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud.- Se turnó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
  (Dictámenes de Primera Lectura)	Se dio Primera Lectura a tres dictámenes de la Primera Comisión, que contienen proyectos de decreto que conceden permisos para aceptar y usar la condecoración que otorga el Gobierno de la Provincia de Québec y para prestar servicios en representaciones diplomáticas en México.- Quedó de Primera Lectura.
  (Dictámenes a Discusión)	El Presidente informó que a petición de diversos legisladores, se retiró de su discusión el dictamen Por el que se solicita una relación pormenorizada de los contratos celebrados por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y se solicita un informe respecto al desarrollo de las investigaciones que derivaron en la emisión de órdenes de aprehensión en contra de diversos funcionarios y exfuncionarios de la PGR, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a establecer acuerdos adicionales de coordinación y corresponsabilidad con los gobiernos de las entidades federativas a efecto de garantizar la vigilancia y la debida ejecución de sentencias de los reos del fuero federal que se encuentran internados en los Centros Estatales de Readaptación Social y en los Centros de Readaptación Social del Distrito Federal.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo en torno al caso de la señora Jacinta Francisco Marcial.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del Estado de Querétaro a valorar la procedencia de realizar acciones de fiscalización u otras que correspondan, respecto de la presunta utilización indebida de la nave marca Marcel Dassault, modelo Falcon 20, matrícula XC-QE.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que se realicen con diligencia y celeridad las investigaciones conducentes para esclarecer la participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno en los ilícitos cometidos contra migrantes.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo en torno a radios indígenas y comunitarias.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación revisar qué porcentaje de los recursos recibidos del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los Estados, correspondientes al año 2009 han sido ya ejercidos y cuáles son los programas, estrategias y acciones concretas en que se han aplicado los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública de los Estados, correspondientes al año 2009.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo en torno a las colonias Roma y Condesa del Distrito Federal.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los titulares del Poder Ejecutivo de los estados de Chiapasy de Oaxacaprocuren el establecimiento de condiciones suficientes de gobernabilidad, paz y justicia social en la zona de los Chimalapas.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación y al Comité Técnico del Fideicomiso 2106 “Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos 1942–1964”, a revisar la reforma al numeral 5º de las Reglas de Operación de dicho Fideicomiso, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de junio de 2009, y considerar la procedencia de su anulación.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a observar y promover los principios históricos del Estado laico, consagrados en nuestra Constitución Política y se solicita información sobre el avance en la construcción, operación y funcionamiento de las Unidades Médicas de Alta Especialidad denominadas Centros de Atención Primaria de las Adicciones.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se remite a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la propuesta relativa al financiamiento de los Programas de Seguro contra la Violencia Familiar y de Reinserción Social para Mujeres Egresadas de Refugios y Albergues de la Ciudad de México.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Morelos y al Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, para que se evalúe la viabilidad jurídica, ambiental y de ordenamiento territorial del actual proyecto de construcción del edificio sede de la Judicatura Federal.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a elaborar un programa específico sobre planificación familiar incluyendo acciones que permitan promover la salud sexual y reproductiva responsable e informada de la población, poniendo especial atención en mujeres, pueblos indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita información sobre la aplicación de los recursos del Fondo de Desastres Naturales destinados al apoyo de los damnificados del huracán “Stan” y sobre la atención a los damnificados de las comunidades que habitan en las regiones Sierra, Soconusco, Istmo Costa y Frailesca.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a respetar las formas y los procedimientos establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de garantizar que la lucha contra la delincuencia organizada se efectúe en estricto apego a los principios elementales de respeto y cooperación entre las autoridades federales y estatales.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los tres órdenes de gobierno de la República Mexicana a generar el reconocimiento y la voluntad política necesaria para implementar la declaración de alerta de violencia de género, con apego a los procedimientos que para la emisión de dicha declaración establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su reglamento.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al Procurador General de la República y al Secretario de Seguridad Pública federal un informe sobre los operativos contra el narcotráfico llevados a cabo recientemente en diversas entidades federativas; y se exhorta para que la Procuraduría General de la República se conduzca con estricto apego al marco de derecho en el caso de los ciudadanos detenidos en los operativos realizados en el estado de Michoacán y que se garanticen sus derechos constitucionales.- A discusión, intervino el Senador Ricardo Monreal Ávila, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue aceptada. El dictamen adicionado se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo por el que se cita al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que explique las razones para demorar la constitución del Fideicomiso de Investigación en la Salud, el monto destinado a la investigación y construcción de infraestructura tecnológica para la detección de amenazas epidemiológicas y la constitución de reserva de antivirales y las razones para admitir el mecanismo de alianza de un extranjero no participante en una licitación a efecto de subsanar las observaciones e irregularidades del proceso de contratación de TATA CONSULTING.- A discusión, intervino el Diputado Juan Guerra Ochoa, quien presentó propuesta de modificación, la cual fue aceptada. El dictamen modificado se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente expresa su preocupación por los acontecimientos ocurridos en la provincia china de Xinjiang.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta a reforzar los planes, programas y acciones destinados a combatir el rezago educativo y el analfabetismo en nuestro país y solicita un informe sobre los alcances, coberturas y resultados del programa “Por un México sin rezago Educativo”.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur para que sean cubiertos en su totalidad el monto del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de la Educación en la entidad y se exhorta al titular de la Procuraduría General de la República, en caso de existir recursos federales invertidos en el citado instrumento financiero, inicie una investigación sobre el posible mal uso del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de la Educación en Baja California Sur.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores continuar brindando el apoyo necesario al ciudadano Alejandro Ordaz Moreno para emprender su defensa legal y apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo de Madrid.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública a adoptar las medidas necesarias a fin de evitar que las “cuotas voluntarias” o “donaciones” puedan convertirse en motivos de discriminación, restricción o condicionamiento para la inscripción o reinscripción de alumnos en las escuelas públicas para el ciclo escolar 2009-2010, tanto en el ámbito federal como en el estatal.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública un informe sobre los estudios y diagnósticos respecto del estado en que se encuentran las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas de las instituciones privadas que imparten educación preescolar en el país.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a reforzar las acciones, medidas, programas y campañas para evitar un nuevo brote del virus de influenza humana tipo A(H1N1) en todo el país y en particular en aquellos estados en los que se ha reportado un incremento, como son Chiapas y Yucatán.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Dictámenes a Discusión)	Se sometió a consideración de la Asamblea, un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a atender la Recomendación número 14/2008, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en materia de fumigación por calendarización con plaguicidas en las guarderías del país, asilos y hospitales, garantizando la utilización de alternativas no tóxicas.- Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Acuerdos de los Órganos de Gobierno)	Se recibió de la Comisión de Administración de la Cámara de Senadores, los informes de los presupuestos ejercidos en los meses de mayo y junio de 2009.- Quedó de enterado.
  (Proposiciones)	El Senador Ramón Galindo Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a destinar recursos extraordinarios del Presupuesto de Egresos 2009, para apoyar a los municipios que se encuentran en estado de emergencia económica, así como a que en el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2010 se diseñen las políticas pertinentes orientadas a fortalecer a los municipios mexicanos en el mediano y largo plazo.- Se turnó a la Tercera Comisión.
  	PRESIDENCIA DEL SENADOR FRANCISCO ARROYO VIEYRA
  (Proposiciones)	El Diputado César Duarte Jáquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a publicar el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad.- Se turnó a la Primera Comisión.

  	PRESIDENCIA DEL SENADOR JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN
  (Proposiciones)	La Senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, a nombre de los Diputados y Senadores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se pronuncia a favor de la realización de una reunión del Grupo de Río, en la Ciudad de México.- Considerado de urgente u obvia resolución. Se aprobó en votación económica.
  (Proposiciones)	Se recibió del Diputado Carlos Puente Salas y del Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un informe pormenorizado del proceso en la caída en los ingresos presupuestarios por 480.1 millones de pesos.- Se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Se recibió del Senador Gabino Cué Monteagudo, del Grupo Parlamentario de Convergencia, proposición con punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Desarrollo Social a implementar planes y programas de atención a las personas adultas mayores.- Se turnó a la Segunda Comisión.
  (Proposiciones)	La Diputada Adriana Dávila Fernández, a nombre de la Diputada Dolores María del Carmen Parra Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a llevar a cabo una auditoría sobre los ingresos percibidos por la aplicación del impuesto del 2% a las gasolinas en las entidades federativas y municipios correspondientes en el ejercicio fiscal 2008, especialmente en el Estado de Puebla y sus 217 municipios.- Se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	El Senador Mario López Valdez, a nombre propio y de los Senadores Fernando Castro Trenti, Renán Cleominio Zoreda Novelo y Adolfo Toledo Infanzón, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a revisar la instrumentación actual del Sistema de Supervisión y Control Vehicular, a fin de buscar alternativas funcionales para prevenir y evitar que la revisión vehicular en las aduanas fronterizas impacte de manera negativa la economía y el turismo en el país, en particular en Baja California.- Considerado de urgente y obvia resolución. Sin discusión, se aprobó en votación económica.
  (Proposiciones)	El Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal construir con todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión un paquete económico para el ejercicio fiscal de 2010 que modifique el rumbo seguido hasta hoy, inaugure una etapa de austeridad en el gasto corriente y siente las bases para el crecimiento del mercado interno y el empleo.- Se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Se recibió de la Diputada Alma Hilda Medina Macías, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación a acelerar el proceso de elaboración de la EstrategiaNacional para la Seguridad en Guarderías, Estancias y Centros de Desarrollo para Infantes, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.- Se turnó a la Primera Comisión.
  (Proposiciones)	El Senador Adolfo Toledo Infanzón, a nombre propio y de los Senadores Renán Cleominio Zoreda Novelo y Carlos Lozano de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a informar sobre la operación y medidas ambientales que se implementarán en el programa de renovación vehicular.- Se turnó a Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	El Diputado Javier González Garza a nombre propio y del Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de la Defensa Nacional, al Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional y al Procurador General de Justicia Militar.- Se turnó a la Segunda Comisión.
  	El Presidente turnó las siguientes proposiciones con punto de acuerdo a la Comisión que se indica:
  (Proposiciones)	De los Senadores Luis Alberto Coppola Joffroy y Felipe González González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a implementar las políticas públicas necesarias para fortalecer el aprovechamiento y la comercialización de calamar, a fin de detonar su competitividad en los mercados internacionales y nacionales, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Diputado Eduardo Elías Espinosa Abuxapqui, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que se reanude el transporte aéreo de pasajeros y carga con la Ciudad de México con un segundo vuelo a la capital de la República y con ello reactivar la derrama económica e intercambio de bienes con el sur de Quintana Roo, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Senador René Arce Islas, de Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo en relación con la escasez de agua, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Senador Javier Orozco Gómez y del Diputado Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la proposición con punto de acuerdo sobre el desvío de recursos del Procampo, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Diputado Humberto López Lena Cruz, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República para que en ejercicio de las facultades conferidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en base al acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2008, se agilice el trámite para que la cofetel proponga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el monto de la contraprestación que deberán cubrir los interesados para transitar de la frecuencia AM a la FM, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Senador Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Dirección General de Aeronáutica Civil informe de los estados financieros, adeudos y registros de seguridad de las aerolíneas mexicanas; al titular de bancomext envíe el informe completo de las razones, el proceso, requisitos y condiciones por los que Aeropuertos y Servicios Auxiliares obtuvo un préstamo de 1,700 millones de pesos; y se cite a comparecer al Director General de Aeronáutica Civil de la SCT, para que informe sobre la problemática del sector, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se cita a comparecer al Secretario del Trabajo y Previsión Social para que informe sobre el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Senador Javier Orozco Gómez y del Diputado Carlos Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la proposición con punto de acuerdo sobre la situación de los niños, niñas y jóvenes de la calle, se turnó a la Primera Comisión.
  (Proposiciones)	De los Senadores María Elena Orantes López y Raúl Mejía González, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al Banco de México a realizar una renegociación del pago del rescate bancario, con el objeto de reducir y recalendarizar los pagos por amortización del saldo de dicha deuda,a fin de poder financiar los programas sociales que requieren ser fortalecidos en estos momentos de crisis económica y alimentaria por la que atraviesa el país, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Director General de PEMEX, para que explique sobre la situación actual de la sede de la nueva refinería, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Diputado Carlos Puente Salas y del Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la proposición con punto de acuerdo relativo a las autorizaciones de cambio de uso de suelo e impacto ambiental del proyecto denominado Hipotels, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	De la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita la comparecencia del Secretario de Desarrollo Social para que explique sobre sus recientes declaraciones consistentes en reestructurar 19 programas de ayuda a sectores marginados, así como a la necesidad de instalar una mesa de trabajo de negociación y construcción de acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que sesolicita la intervención de los Secretarios de Educación Pública y del Trabajo y Previsión Social y del Procurador General de la República, para que cese la persecución política en contra de los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, se turnó a la Segunda Comisión.
  (Proposiciones)	Del Diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, al Secretario del Trabajo y Previsión Social y al Secretario de Hacienda y Crédito Público a otorgar un aumento salarial de emergencia tanto a los salarios mínimos generales, como a los salarios contractuales, así como a los salarios de los trabajadores al servicio del Estado, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Diputado Octavio Martínez Vargas, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a investigar a la empresa “Desarrollados Inmobiliarios Sadasi, S.A de C.V.”, por una posible violación al destino del uso de suelo del conjunto urbano “Los Héroes Ecatepec”, Secciones I y II del Municipio de Ecatepec, Estado de México, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Diputado José Antonio Almazán González, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Procurador General de la República investigar la desaparición de siete ciudadanos mexicanos originarios del estado de Michoacán, suscitada el 29 de agosto de 2008 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, se turnó a la Primera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a respetar el principio de subordinación jerárquica o de jerarquía normativa, al ejercer la facultad reglamentaria en la expedición del Reglamento de la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro, se turnó a la Primera Comisión.
  (Proposiciones)	De la Diputada Maricela Contreras Julián, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Gobernación, con la finalidad de que explique los motivos por los cuales se desechó la solicitud de inicio de unainvestigación sobre actos que violan de manera sistemática los derechos de las mujeres y que serían meritorios de declarar una alerta de violencia de género por agravio comparado en el estado de Guanajuato, se turnó a la Primera Comisión.
  (Proposiciones)	De la Diputada María del Rosario Sánchez Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se presenta el programa para frenar la inflación, reactivar la economía mexicana y generar empleos, se turnó a la Primera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Diputado Juan N. Guerra Ochoa, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Consejo General del Instituto Federal Electoral a investigar el desarrollo de la campaña mediática encabezada por el Gobernador del Estado de México, se turnó a la Primera Comisión.
  (Proposiciones)	De la Diputada Holly Matus Toledo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas a presentar los resultados del programa de atención a enfermos de tuberculosis, se otorguen los servicios médicos y medicamentos a quienes la padecen, se despliegue una campaña informativa en la entidad para prevenir la enfermedad y se conforme un comité de seguimiento para el programa, se turnó a la Segunda Comisión.
  (Proposiciones)	De la Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo con relación al anuncio de concesionar a particulares el sistema penitenciario federal, se turnó a la Primera Comisión.
  (Proposiciones)	De los Diputados Aleida Alavez Ruiz y Javier González Garza, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se hace una serie de solicitudes a la Secretaría de Educación Pública, se turnó a la Segunda Comisión.
  (Proposiciones)	Del Diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo relativo al presupuesto correspondiente al Sistema de Transporte Colectivo Metro, a videocámaras en el proyecto Bicentenario y a obras viales en el Circuito Interior para el ejercicio fiscal 2010, se turnó a la Primera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Diputado Pablo Trejo Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo relativo a la liberación de recursos y la modificación a las Reglas de Operación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	De los Senadores Silvano Aureoles Conejo, Yeidckol Polevnsky Gurwitz y Antonio Mejía Haro, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal un informe detallado de la aplicación y resultados de cada una de las 25 medidas anunciadas en el marco del Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, el 7 de enero de 2009, se turnó a la Tercera Comisión.
  (Proposiciones)	Del Senador Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la proposición con punto de acuerdo relativo al proceso de certificación unilateral del Gobierno de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en México, se turnó a la Segunda Comisión.
  	La Presidencia dio por concluida la sesión, a las catorce horas con veinticinco minutos y citó para la próxima sesión el día miércoles cinco de agosto, a las once horas.

Comunicaciones y Correspondencia

Poder Ejecutivo Federal

• NA

  “2009, Año de la Reforma Liberal”

  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

  SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO

  Oficio No. SEL/300/3098/09
  México, D.F., a 4 de agosto de 2009

  Secretarios de la Comisión Permanente
  del H. Congreso de la Unión
  P r e s e n t e s

  Por este conducto y para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito hacer de su conocimiento que Betina C. Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, se ausentará del territorio nacional del 12 al 18 de agosto de 2009, a fin de realizar una gira a Sudamérica que comprenderá Visitas de Estado a las Repúblicas de Colombia, Oriental del Uruguay y Federativa del Brasil.

  Por lo anterior y con fundamento en lo establecido por la fracción XIV del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les acompaño copia del documento al que me he referido.

  Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

  A t e n t a m e n t e
  El Subsecretario

  Manuel Minjares Jiménez

• NA

  “2009, Año de la Reforma Liberal”

  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

  SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO

  Oficio No. SEL/300/3097/09
  México, D.F., a 3 de agosto de 2009

  Secretarios de la Comisión Permanente
  del H. Congreso de la Unión
  P r e s e n t e s

  Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO 08122, el Emb. Jorge Castro Valle K., Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional del Cruzeiro del Sur, en grado de Gran Collar, que le confiere la República Federativa del Brasil.

  Por lo anterior, me permito informarles el interés de conferir la Condecoración de referencia, en el marco de la Visita de Estado que el Titular del Ejecutivo Federal realizará a la República Federativa del Brasil, del 15 al 17 de agosto de 2009.

  Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

  A t e n t a m e n t e
  El Subsecretario

  Manuel Minjares Jiménez

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  “2009, Año de la Reforma Liberal”

  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

  SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO

  Oficio No. SEL/300/3096/09
  México, D.F., a 3 de agosto de 2009

  Secretarios de la Comisión Permanente
  del H. Congreso de la Unión
  P r e s e n t e s

  Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 08035, el Emb. Jorge Castro Valle K., Director General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de San Carlos, en grado de Gran Collar, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

  Por lo anterior, me permito informarles el interés de conferir la Condecoración de referencia, en el marco de la Visita de Estado que el Titular del Ejecutivo Federal realizará a la República de Colombia, del 12 al 13 de agosto de 2009.

  Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

  A t e n t a m e n t e
  El Subsecretario

  Manuel Minjares Jiménez

• NA

  “2009, Año de la Reforma Liberal”
  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

  SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
  UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

  Oficio No. SEL/UEL/311/ 747/09
  México, D.F., a 28 de julio de 2009

  SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
  DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
  P R E S E N T E S

  Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 07582, la Cons. Aureny Aguirre O.Sunza, Directora General Adjunta para Misiones Extranjeras, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción III, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que José Concepción González Leyva, pueda aceptar y usar la Condecoración Medalla de la Defensa Nacional, en grado de Plata, que le otorga el Gobierno de la República Francesa.

  Por lo anterior, me permito anexar para la integración a su expediente, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

  Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

  A T E N T A M E N T E
  EL TITULAR DE LA UNIDAD

  LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS

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  “2009, Año de la Reforma Liberal”
  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

  SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO

  Oficio No. SEL/UEL/311/808/09
  México, D.F., a 3 de agosto de 2009

  SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
  DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
  P R E S E N T E S

  Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número PRO- 08010, la Consejera María Teresa Mercado Pérez, Directora General Adjunta del Ceremonial, Encargada de la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción IV, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que Trena Brown Evans, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de los Estados Unidos de América, en Cabo San Lucas, Baja California Sur.

  Por lo anterior me permito anexar para la integración de su expediente, originales de la carta dirigida al H. Congreso de la Unión con la que la interesada solicita dicho permiso y de la Constancia de Residencia, copia certificada de la Carta de Naturalización de dicha persona, así como copias simples de su curriculum vitae, de su identificación oficial y de la nota de nombramiento formulada por el Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

  Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

  A T E N T A M E N T E
  EL TITULAR DE LA UNIDAD

  LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS

  ---

  “2009, Año de la Reforma Liberal”

  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

  SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
  UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

  Oficio No. SEL/UEL/311/803/09
  México, D.F., a 3 de agosto de 2009

  SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
  DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
  P R E S E N T E S

  Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1220/09, Betina C. Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la Fracción II, Apartado C), del Artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

  NOMBRE	PUESTO	LUGAR DE TRABAJO
  Miriam Celina Hernández Martínez	Especialista en Detección de Vigilancia en la Sección de Seguridad	Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
  Gabriel Enrique Del Perpetuo Socorro Ruiz Sánchez	Asistente de Seguridad	Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
  Aaron García Treviño	Empleado	Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
  Jorge Alberto Serrano Medina	Surveillance Detection Specialist	Embajada de los Estados Unidos de América en México.
  Fernando Rangel Moreno	Auxiliar de Seguridad	Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
  Oscar Iván Sánchez Herrera	SD Specialist	Embajada de los Estados Unidos de América en México.
  Jesús Alberto Vázquez Cerros	Auxiliar de Seguridad	Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
  Juan Antonio Tirado Moran	Asistente de Seguridad	Embajada de los Estados Unidos de América en México.
  Carla Teresa Arnal Lechuga	Investigador Consular	Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
  Elisa Elguezabal Rodríguez	Empleada de Visas en el Departamento de Visas de No Inmigrante	Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
  José Antonio Cuellar Calderón	Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad	Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
  Leonardo Alonso Arevalo Balboa	Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad	Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
  Guillermo Morfín Beas	Asistente de Seguridad	Consulado de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
  Jesús Ángel Martínez Jiménez	Guardia de Seguridad en el Departamento de Seguridad	Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
  José Antonio Guevara Barrera	Empleado	Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

  Por lo anterior me permito anexar, para la integración de sus expedientes, copias certificadas de las Actas de Nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y originales de los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes, asimismo copias simples de sus identificaciones oficiales.

  Al mismo tiempo se informa que la persona que se cita a continuación solicita la cancelación del permiso que le fue concedido para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

  NOMBRE	PUESTO	LUGAR DE TRABAJO
  Rosa María González Roa	Asistente de Mercadoctenia en la Sección de Agricultura	Embajada de los Estados Unidos de América en México.

  Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

  A T E N T A M E N T E
  EL TITULAR DE LA UNIDAD

  LIC. GONZALO ALTAMIRANO DIMAS

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  “2009, Año de la Reforma Liberal”

  SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

  SUBSECRETARÍA DE ENLACE LEGISLATIVO
  UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO

  Oficio No. SEL/UEL/311/ 751/09
  México, D.F., a 29 de julio de 2009

  SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
  DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
  P R E S E N T E S

  Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que mediante oficio número DEP-1183/09, Betina C. Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita se tramite ante el H. Congreso de la Unión, la cancelación del permiso que le fue concedido a la persona que se cita, para prestar servicios al Gobierno extranjero que se menciona:

  NOMBRE	PUESTO	LUGAR DE TRABAJO
  David González Martínez	Chofer	Embajada de Belice en México.

  Por lo anterior, les acompaño para los fines procedentes, copia del oficio al que me he referido y de sus anexos.

  Sin otro particular, reciban un cordial saludo.

  A t e n t a m e n t e
  El Titular de la Unidad

  Lic. Gonzalo Altamirano Dimas

• NA

  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

  “2009, Año de la Reforma Liberal”

  SECRETARÍA PARTICULAR

  101-313

  México, D.F., a 30 de julio de 2009

  C. SENADOR GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ,
  Presidente de la Comisión Permanente
  del H. Congreso de la Unión.
  P r e s e n t e.

  Para dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH); 23 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009; 22, 23 y 24 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, me permito anexar los informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto, la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondientes al segundo trimestre de 2009. Adicionalmente, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 107 de la LFPRH, se incluye la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondientes al mes de junio de 2009. Asimismo, se informa sobre la recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo del pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, desagregada por tipo de fondo, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal y por entidad federativa, efectuando en ambos casos la comparación correspondiente al mes de junio de 2008.

  Finalmente, cabe señalar que en el informe trimestral de referencia se incluye el apartado correspondiente al Informe de Avance de Gestión Financiera, de conformidad con los artículos 2, fracción XII y 7, fracciones I y II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

  Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

  El Secretario,

  Agustín Guillermo Carstens Carstens

• NA

  SECRETARÍA DE SALUD

  Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social
  Dirección General Adjunta de Vinculación Social
  Lieja No. 7, Planta Baja, Col. Juárez,
  Deleg. Cuauhtémoc. C. P 06696 México D. F.

  "2009, Año de la Reforma Liberal"

  170/UCVPS/DGAVS/1706/2009.

  México, D. F., 31 de julio de 2009.

  SEN. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ
  PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
  COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
  P R E S E N T E

  Me permito acompañar Oficio CNPSS/404/09, suscrito por el Dr. Salomón Chertorivski Woldenberg, Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, mediante el cual acompaña dos ejemplares, en versión impresa y electrónica, del Informe de Resultados del Sistema de Protección Social en Salud, correspondiente al primer semestre de 2009, en cumplimiento de lo que establece el articulo 7 Bis 31 de la Ley General de Salud y el articulo 140 del Reglamento de la Ley General de Salud en materia de Protección Social en Salud.

  Con base en lo anterior, solicito su amable conducto para remitir un ejemplar, en sus dos versiones, a la Cámara de Diputados y por igual al Senado de la República.

  Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

  A T E N T A M E N T E
  LA TITULAR DE LA UNIDAD

  MARÍA DE LOS ÁNGELES FROMOW RANGEL

Gobierno del Distrito Federal

• Secretaría de Cultura DF

  CPHAC/1383/09

  México, D. F., a 24 de julio de 2009

  CC. SECRETARIOS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
  DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
  XICOTENCATL NO. 9
  CENTRO HISTÓRICO
  DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC
  P R E S E N T E

  El Gobierno del Distrito Federal, a través de la Secretaría de Cultura, ha programado las ceremonias conmemorativas correspondientes al mes de agosto de 2009, de las cuales anexo su descripción.

  Fecha	Hora	Ceremonia
  Sábado 8	10:00 horas	130 Aniversario del Natalicio del General Emiliano Zapata Salazar
  Jueves 13	10:00 horas	488 Aniversario de la Defensa Heroica México Tenochtitlan

  Por lo anterior, me permito solicitar a ustedes el nombre del legislador que asistirá a los eventos de referencia en representación de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Apreciaré que, de ser posible, tuvieran a bien confirmamos a la brevedad su participación en dichos actos.

  Para efectos de coordinación pongo a su disposición el teléfono 55 21 43 34 con' Mario Alberto Corona Salazar, responsable del área Cívica.

  Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

  A T E N T A M E N T E

   LIC. GUADALUPE LOZADA LEÓN
  COORDINADORA

AYUNTAMIENTO DE ZITÁCUARO, MICHOACÁN

• H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZITÁCUARO MICH.
  2008-2011

  GOBIERNO MUNICIPAL
  No, DE OFICIO: P.M./113/04/09
  2009 “AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA”

  H. Zitácuaro Michoacán, 25 de Mayo de 2009

  SENADOR GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ
  PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
  H. CÁMARA DE SENADORES
  P R E S E N T E.

  ESTIMADO SR. SENADOR:

  La Heroica Ciudad de Zitácuaro Michoacán, es una de las Poblaciones del Estado y del País que mayormente se ha significado en la historia de México por defender la Independencia y la Libertad de nuestra nación. La firme determinación de este pueblo por mantener vivos esos ideales, aun a costa de su propia vida, fue lo que orillo a los Gobiernos Monárquicos y Dictatoriales del siglo XIX, Ordenar que fuera Arrasada, Incendiada y Destruida esta villa en la época de la Independencia la Reforma y la Intervención Francesa.

  En su momento, el Gobierno Federal de la República, reconoció el baluarte de este municipio para la soberanía de México. Así lo dijo el PRESIDENTE DON BENITO JUÁREZ, en la carta que remitió al Jefe Político Carlos Mexia, el 2 de enero de 1867 desde Durango:

  El Gobierno... está al tanto y admira los Heroicos sacrificios que han hecho los buenos hijos de "Zitácuaro" a favor de la Causa Nacional; la Patria no olvidará esos sacrificios y el gobierno procurará recompensarlos oportunamente cuando sus aflictivas circunstancias se lo permitan y de la manera que les sea posible".

  El Próximo 19 de agosto de 2009 fecha en que celebramos el CXCVIII Aniversario de la Instalación de la "SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA", Génesis del Estado Mexicano, es la ocasión para que Asista y nos Honre con su Grata Presencia a este acto tan significativo para la vida política de nuestro país. El cual se llevará a cabo en el Recinto Oficial para dicho evento, "Salón Florencia" en la calle de Miguel Carrillo esquina con Andrés Landa y Piña, ya que la hora será a las 12:00 HRS., del día antes señalado.

  El Pueblo de Zitácuaro, espera con interés su visita a este lugar, y le envía un atento y cordial saludo.

  Con la seguridad de contar con su valiosa presencia quedo a sus más finas atenciones.

  HEROICA ZITÁCUARO, MICHOACÁN
  CIUDAD DE LA INDEPENDENCIA

  L.C.P. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC HORIUELA
  PRESIDENTE MUNICIPAL

Comunicaciones de Ciudadanos Legisladores

• MARÍA ESTHER JIMÉNEZ RAMOS
  DIPUTADA FEDERAL

  Palacio Legislativo San Lázaro,
  Julio 30 de 2009.
  Ref: CE-090730

  SENADOR GUSTAVO MADERO MUÑOZ
  PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE
  DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
  PRESENTE.

  ESTIMADOR SENADOR MADERO:

  Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 47 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a Usted para solicitarle muy atentamente sea el conducto para someter a consideración del Pleno de la Comisión Permanente, mi solicitud de licencia para separarme del cargo de Diputada Federal de la LX Legislatura a partir del 1 de agosto del año en curso.

  Y reservándome el derecho a reincorporarme al cargo cuando a mis intereses convenga.

  Sin otro particular de momento, agradezco de antemano la atención que sirva prestar a la presente y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

  A T E N T A M E N T E

• DIP. JESÚS DE LEÓN TELLO

  Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de Julio de 2009.

  SENADOR GUSTAVO MADERO MUÑOZ
  PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
  H. CONGRESO DE LA UNIÓN
  LX LEGISLATURA
  P R E S E N T E

  Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a Usted a fin de solicitarle atentamente, sea el conducto para someter a consideración de esta Soberanía, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo como Diputado Federal de la LX Legislatura, a partir del 09 de Agosto de 2009.

  Motivo por el cual, me permito solicitarle realice los trámites a que haya lugar en el presente acto.

  Sin otro particular, reciba con las seguridades de mi consideración distinguida un cordial saludo.

  A T E N T A M E N T E
  DIP. JESÚS DE LEÓN TELLO

  INTEGRANTE DE GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

• OSCAR MIGUEL MOHAMAR DAINITIN
  DIPUTADO FEDERAL

  DEL DIP. OSCAR MIGUEL MOHAMAR DAINITIN, POR LA QUE SOLICITA LICENCIA PARA SEPARARSE DE SUS ACTIVIDADES LEGISLATIVAS, POR TIEMPO INDEFINIDO, A PARTIR DEL 10 DE AGOSTO DE 2009.

  CÁMARA DE DIPUTADOS
  LX LEGISLATURA

  OSCAR MIGUEL MOHAMAR DAINITIN.
  DIPUTADO FEDERAL.
  PALACIO LEGISLATIVO DE SAN LÁZARO.
  A 3 DE AGOSTO DE 2009.

  SENADOR GUSTAVO MADERO MUÑOZ.
  PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE.
  H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
  LX LEGISLATURA.
  P R E S E N T E.-

  Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a Usted a fin de solicitarle atentamente, sea el conducto para someter a consideración de esta Soberanía, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo como Diputado Federal de la LX Legislatura, a partir del 10 de Agosto de 2009.

  Motivo por el cual, me permito solicitarle realice los trámites a que haya lugar en el presente acto y se llame a mi suplente.

  Sin otro particular, reciba con las seguridades de mi consideración distinguida un cordial saludo.

  A T E N T A M E N T E

• CÁMARA DE DIPUTADOS
  LX LEGISLATURA

  Dr. Ángel Humberto García Reyes
  DIPUTADO FEDERAL

  México, D.F., a 4 de agosto de 2009

  SENADOR GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ
  PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
  DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.
  PRESENTE

  El que suscribe Diputado Ángel Humberto García Reyes, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 51 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a Usted a fin de solicitar de la manera mas atenta, sea el conducto para someter a consideración de esta Soberanía, mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo como Diputado Federal de la LX Legislatura, a partir del 10 de agosto de 2009.

  Sin otro particular, reciba con las seguridades de mi consideración distinguida un cordial saludo.

  A T E N T A M E N T E

• CÁMARA DE DIPUTADOS
  LX LEGISLATURA

  Javier Hernández Manzanares
  DIPUTADO FEDERAL

  Palacio Legislativo, 4 de agosto del 2009.

  SEN. GUSTAVO MADERO MUÑOZ
  PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA
  COMISIÓN PERMANENTE
  P R E S E N T E

  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, por este conducto solicito tenga a bien someter a consideración del Pleno se me conceda licencia permanente para separarme del cargo que ostento como Diputado Federal Plurinuminal por la V Circunscripción, a partir del día 17 de agosto.

  Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

  A T E N T A M E N T E

• CÁMARA DE DIPUTADOS
  LX LEGISLATURA

   Silvio Gómez Leyva
  DIPUTADO FEDERAL

  Ciudad de México a 30 de Julio de 2009.

  SEN. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ
  PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
  DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, LX LEGISLATURA.
  P R E S E N T E :

  Sirva éste medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo informo a Usted lo siguiente:

  Que por así convenir a mis intereses, a partir del día 1 de Agosto del presente año, me reintegro a mi puesto de Diputado Federal de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LX Legislatura del Congreso de la Unión.

  En espera de los trámites correspondientes, quedo a sus apreciables ordenes.

  A T E N T A M E N T E

• CÁMARA DE DIPUTADOS
  LX LEGISLATURA

  PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

  Palacio Legislativo, 31 de julio de 2009.

  SEN. GUSTAVO ENRIQUE MADERO MUÑOZ
  PRESIDENTE DE MESA DIRECTIVA DE LA
  COMISIÓN PERMANENTE DEL
  H. CONGRESO DE LA UNIÓN
  P R E S E N T E

  Por este conducto y en concordancia con la notificación que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, emitió el pasado 23 de julio, en donde autoriza la reincorporación a sus actividades legislativas a la Diputada Gloria Lavara Mejía, a partir del día 8 de julio del presente año; por dicho acto, solicito se realicen todas las acciones conducentes y se informe que la Diputada Gloria Lavara Mejía, asumirá el cargo de Coordinadora de este Grupo Parlamentario a partir de esta fecha.

  Sin otro particular, quedo de usted.

  A t e n t a m e n t e

   Dip. Diego Cobo Terrazas
  Vicecoordinador

• SENADO DE LA REPÚBLICA
  LX LEGISLATURA

  Comisión de Administración
  SEN. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS
  Presidenta

  Senado de la República, a 3 de Agosto del 2009
  HCS-MHR/OFIC. 082/09

  SEN. GUSTAVO MADERO MUÑOZ
  PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
  P R E S E N T E

  Con estas líneas, me es propicio informarle que he concluido mi gestión como Presidenta de la Comisión de Administración, tiempo durante el cual he podido servir a mis compañeras y compañeros senadores desde la perspectiva de la administración interna de esta representación nacional, y con ello, contribuir al indeclinable compromiso de las y los senadores hacia el aprovechamiento adecuado, racional y transparente del gasto, demanda sentida de la ciudadanía que exige día a día claridad en el ejercicio gubernamental.

  Sin duda, han sido meses de intensos trabajos en los que me llevo la satisfacción de colaborar en esta responsabilidad tan honorable que me fue conferida, por lo que adjunto encontrará el informe que da testimonio de mi gestión con el objeto de que se de cuenta en el pleno de la Mesa Directiva.

  A T E N T A M E N T E

• PRIMERA COMISIÓN

  GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

  DICTAMEN POR EL QUE SE CONSIDERA ATENDIDA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTA AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL A DECRETAR LA BARRANCA DE TARANGO COMO ÁREA DE VALOR AMBIENTAL.

  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al Gobierno del Distrito Federal a decretar la Barranca de Tarango como Área de Valor Ambiental.

  Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

  Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente Dictamen, de conformidad con los siguientes:

  ANTECEDENTES

  I. La Proposición con Punto de Acuerdo objeto de este dictamen, fue presentada por el diputado Carlos Puente Salas y el senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ante la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 15 de julio de 2009.

  II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que la  Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

  CONSIDERACIONES

  I. Los autores de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina, apuntan que las barrancas representan elementos geomorfológicos importantes para aportar diversos servicios ambientales, el autor  también señala que se estima que en el Distrito Federal existen 2,290 Km de escurrimientos superficiales asociados a barrancas.

  Los proponentes reconocen que no se puede hablar de la barrancas como algo aislado, ya que forman parte de un subsistema integrado de múltiples relieves que conforman la Cuenca del Valle de México, en consecuencia se vuelve muy importante en estos momentos la recuperación, restauración y cuidado de las pocas barrancas que subsisten en el área urbana del Distrito Federal.

  Denuncian, además, que las barrancas del Distrito Federal han sido descuidadas y sufren deterioro día con día, al grado de convertirse en sitios donde se tira basura, se descarga cascajo ilícitamente y se instalan asentamientos irregulares en sitios de riesgo, a causa de las modificaciones en el uso de suelo en las barrancas de las Delegaciones Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Cuajimalpa.

  Así mismo, dan cuenta que con fundamento en la Ley Ambiental del Distrito Federal, diversas organizaciones civiles, decidieron tomar acciones que la misma Ley Ambiental les confiere como parte de la sociedad civil, para evitar que sigan sucediendo los asentamientos irregulares, tala de árboles, contaminación de cauces, cambio de usos de suelo, entre otros actos irregulares y en consecuencia promovieron ante la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal que la barranca de Tarango fuera decretada un Área de Valor Ambiental (AVA).

  En respuesta a una solicitud realizada por la sociedad civil, la Secretaría del Medio Ambiente dio inicio al proceso de integración del expediente técnico justificativo para la Declaratoria para la Barranca Tarango como Área de Valor Ambiental, al respecto los promoventes  citan el  oficio SMA/DGBUEA/0510/07 de fecha 15 de agosto de 2007 que la Dirección General de Bosques Urbanos y Educación Ambiental informó a los solicitantes que “…la Dirección de Reforestación Urbana, Parques y Ciclovías, adscrita a esta Dirección General está realizando lo necesario para decretar como AVA la barranca en comento…” y  que además“ … esta Dirección General cuenta ya con el visto bueno de la Delegación Álvaro Obregón al proceso de la declaratoria.

  Los legisladores aluden al oficio SMA/DGBUEA/DRUPC/980/08 fechado el 06 de junio de 2008 por el que la Dirección de Reforestación Urbana corrobora la importancia de proteger áreas como la barranca Tarango, señalando que: “…la Secretaría de Medio Ambiente a través de esta dirección y con fundamento en la Ley Ambiental del Distrito Federal, en sus artículos 1º. Fracción IV, 2º. Fracciones V, IX, y X, 3º. Fracción II, 5º, 8º. Fracción IX; fracción XIV, 10º. Fracción I, continuará realizando lo necesario para llevar a cabo la declaratoria de la barranca denominada Tarango, como Área Verde de Valor Ambiental con una superficie de 2,671,893.18 metros cuadrados ubicada en la Delegación Álvaro Obregón”.

  Finalmente los legisladores sustentan que mediante oficio no. SMA/MDP/440/08 de fecha 30 de junio de 2008 la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal remitió a la Consejería Jurídica del Distrito Federal el expediente técnico justificativo para la declaratoria del Área de Valor Ambiental de Tarango

  Los autores de la proposición presumen que “la probable interrupción del proceso” para dicha declaratoria se debe a que dicha barranca está enclavada en una de las regiones más cotizadas por el mercado inmobiliario, en ese sentido afirman que en la barranca Tarango, al igual que en las demás barrancas del poniente, hay propietarios de inmuebles dentro de la poligonal; la publicación del decreto para la declaratoria de Área de Valor Ambiental constituye una limitación de dominio de sus propiedades ya que las limitaciones y modalidades establecidas en las Áreas de Valor Ambiental como los usos, reservas, provisiones, destinos y actividades son de utilidad pública y serán obligatorias para los propietarios o poseedores de los bienes localizados en las mismas, en ese sentido los particulares solo podrán realizar actividades de protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable y controlado de recursos naturales, investigación y educación ambiental, recreación y ecoturismo, de conformidad a lo establecido en el artículo 93 bis de la Ley Ambiental del Distrito Federal.

  Los legisladores consideran que, con el afán de preservar intactos los derechos de propiedad de los propietarios de los inmuebles en la barranca Tarango, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal insiste en modificar la poligonal que en su momento entregó a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal afirmando que esta situación pone en riesgo la preservación de Tarango, pues bajo la presión de los intereses inmobiliarios, se pretende reconocer solamente el valor ambiental de las laderas de los ríos que limitan Tarango, que constituye aproximadamente el 30% de la superficie total propuesta por la Secretaría de Medio Ambiente.

  Por todo lo anterior es pertinente puntualizar los resolutivos de la Proposición con Punto de Acuerdo:

  PRIMERO.- Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal, a publicar el decreto de la Secretaría de Medio Ambiente por el cual la Barranca de Tarango se declara Área de Valor Ambiental.

  SEGUNDO.- Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal a intensificar sus esfuerzos en materia de rescate de barrancas urbanas y Áreas de Valor Ambiental y no modifique las poligonales de las Áreas de Valor Ambiental decretadas o futuras, a fin de evitar la expansión de la mancha urbana sobre áreas que deben ser preservadas.

  TERCERO.- Se exhorta a la titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal a informar a esta Soberanía la razón por la cual se ha detenido el proceso de declaratoria de Área de Valor Ambiental de Tarango.

  II. En términos generales, esta Comisión Dictaminadora coincide con las inquietudes y preocupaciones expresadas por los promoventes de la proposición, entendiendo que las barrancas cumplen una función estratégica para la captación e infiltración del agua para alimentación de los mantos acuíferos y, por vía de los árboles que interceptan la precipitación pluvial y la hacen descender a la superficie del suelo nutriendo los afluentes superficiales y subterraneos.

  Esta Comisión también coincide con los legisladores que suscriben la Proposición cuando estos afirman que las  áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas requieren ser restauradas o preservadas “como aquellas que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad” y mantener su vocación natural.

  Sin embargo, los legisladores promoventes afirman que “aunque en términos generales las barrancas son consideradas Áreas de Valor Ambiental, es primordial que dichas áreas cuenten con el decreto correspondiente que delimitará el polígono verde en un contexto urbano”.

  Para efectos del análisis de la Proposición con Punto de Acuerdo esta Comisión Dictaminadora considera importante clarificar que el Área de Valor Ambiental debe entenderse en los términos de la legislación que regula su creación y no en términos genéricos o del valor intrínseco a cualquier área natural.

  Es así que la Ley Ambiental del Distrito Federal (LAMDF) define en su artículo 5 a las Áreas de Valor Ambiental como:

  Las áreas verdes en donde los ambientes originales han sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad.

  A su vez,  la fracción IX el artículo 8 de la LAMDF define la atribución del Jefe de Gobierno del Distrito Federal para expedir el decreto de establecimiento de AVA:

  IX. Expedir los decretos que establezcan áreas de valor ambiental zonas de restauración ecológica, zonas intermedias de salvaguarda y áreas naturales protegidas de jurisdicción del Distrito Federal.

  La propia LAMDF, en sus artículos 9 y 10, otorga a la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal y a las propias Delegaciones Políticas la atribución de proponer Áreas de Valor Ambiental. Adicionalmente, los artículo 90 bis 3 y 90 bis 5 de la LAMDF establece:

  ARTÍCULO 90 Bis 3.- Las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques urbanos se establecerán mediante decreto del Jefe de Gobierno, el cual deberá contener, además de los requisitos establecidos en las fracciones II, IV y VI del artículo 94 de esta Ley, las siguientes:

  I. La categoría de área de valor ambiental que se constituye, así como la finalidad y objetivos de su declaración;

  II. Lineamientos y modalidades al uso del suelo y destinos, así como, en su caso, los lineamientos para el manejo de los recursos naturales del área;

  III. Los responsables de su manejo; y

  IV. La determinación y especificación de los elementos naturales y la biodiversidad que pretenda restaurarse, rehabilitarse o conservarse.

  Las barrancas del Distrito Federal son áreas de valor ambiental. La Secretaría elaborará un diagnóstico ambiental para la formulación del programa de manejo observando las disposiciones contendidas en la presente Ley, el Programa de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los delegacionales aplicables.

  La Secretaría solicitará la opinión de las delegaciones correspondientes, previo a la expedición de la declaratoria de un área de valor ambiental.

  ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo de las áreas de valor ambiental que elabore la Secretaría, con la participación de la o las delegaciones correspondientes y demás participantes que determine el reglamento, deberán de contener, además de los requisitos establecidos en las fracciones II, V, VI y VII del artículo 95 de esta Ley, los siguientes:

  I. Las características físicas, biológicas, rurales, culturales, sociales, recreativas y económicas del área;

  II. La regulación del uso del suelo y, en su caso, del manejo de recursos naturales y de la realización de actividades en el áreas; y

  III. Las acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazos para la restauración, rehabilitación y preservación del área.

  A su vez, el artículo 31, fracción II, de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, establece como polígonos o áreas de actuación, dentro del suelo de conservación, las áreas de rescate y las áreas de preservación, definiendo a estas últimas como:

  …las extensiones naturales que no presentan alteraciones graves y que requieren medidas para el control del uso del suelo y para desarrollar en ellos actividades que sean compatibles con la función de preservación.

  III. Esta Comisión considera relevante recordar que el 19 de agosto del 2005 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo mediante el cual se establece el Sistema Local de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal y que en el Distrito Federal existen actualmente 19 Áreas Naturales Protegidas (ANP) que abarcan una superficie decretada de 19,527.87 ha, lo que equivale a un 13 % de la superficie del Distrito Federal y 22% del Suelo de Conservación del Distrito Federal distribuidas del siguiente modo:

  Categoría	Número de ANP	Superficie (ha)	Superficie respecto al total del ANP (%).
  Zona Sujeta a Conservación Ecológica	5	546.55	2.79%
  Zona Ecológica y Cultural	1	121.77	0.63%
  Parques Nacionales	7	6184	31.66%
  Parque Urbano	1	252.86	1.29%
  Zona de Conservación Ecológica	3	4437.69	22.75%
  Reserva Ecológica Comunitaria	2	7984.99	40.88%
  TOTAL	19	19527.87	100%

  AREA NATURAL PROTEGIDA	COMPETENCIA Y ADMINISTRACIÓN	FECHA DEL DECRETO	SUPERFICIE DECRETADA EN HA	PROGRAMA DE MANEJO
  1.-Desierto de los Leones *	Federal/DGCORENA	27-Nov-17	1529	5-06-06 DOF
  2.-Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla	Federal/DGCORENA	18-Sep-36	336 en el D.F.
  3.-Cumbres del Ajusco *	Federal/DGCORENA	23-Sep-36	920
  4.-Fuentes Brotantes de Tlalpan	Federal/Delegación Tlalpan	28-Sep-36	129
  5.- El Tepeyac	Federal/CONANP-SEMARNAT	18-Feb-38	1500
  6.-Cerro de la Estrella	Federal/CONANP-SEMARNAT	24-Ago-38	1100
  7.-Lomas de Padierna *	Federal/CONANP-SEMARNAT	08-Sep-38	670
  8.-Parque Ecológico de la Ciudad de México	GDF/DGCORENA	28-Jun-89	727.61	25-12-89
  9.-Sierra de Guadalupe	GDF/DGCORENA	29-May-90	633.68	2-12-03
  10.-Ejidos de Xochimilco  y San Gregorio Atlapulco	GDF/DGCORENA	04-Dic-06	2522
  11.-Sierra de Santa Catarina	GDF/DGCORENA	21-08-03	528	19-08-05
  12.- Bosques de las Lomas	GDF/DGCORENA	8-10-94	26.40
  13.- Sierra de Santa Catarina	GDF/DGCORENA	21-08-03	220.55	19-08-05
  14.- Ecoguardas	GDF/DGCORENA	2-11-06	132.63
  15.- La Armella	GDF/DGCORENA	09-06-06	193.38	2-12-03
  16.- Bosque de Tlalpan	GDF/Delegación Tlalpan	24-Oct-97	252.86	5-06-09
  17.- Cerro de la Estrella	GDF/Delegación Iztapalapa	2-11-05	121.77	16-04-07
  18.- San Nicolás Totolapan	GDF/Ejido San Nicolás Totolapan	29-11-06	1984.70
  19.- San Miguel Topilejo	GDF/Comunidad San Miguel Topilejo	26-06-07	6000.29
  		TOTAL	19527.87

  AREA DE VALOR AMBIENTAL	FECHA DEL DECRETO
  Barranca Vista Hermosa	5 de julio de 2007
  Barranca Río Becerra Tepecuache.	5 de julio de 2007 (modificado el 3 de agosto de 2007
  Barranca La Diferencia	5 de julio de 2007 (modificado el 29 de mayo de 2008
  Bosque Urbano San Luis Tlaxialtemalco	4 de agosto de 2008
  Bosque Urbano San Juan de Aragón.	12 de diciembre de 2008

  IV. Por otra parte, esta Comisión considera relevante referir que, con fecha 22 de julio de 2009, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal número 637 el “Decreto por el que se declara Área de Valor Ambiental del Distrito Federal con la categoría de Barranca a la Barranca de Tarango” materia fundamental de la proposición con punto de acuerdo que se dictamina. En sus considerandos, el Decreto aludido establece:

  “Que la Secretaria del Medio Ambiente, mediante oficio SMA/MDP/211/107, solicitó a la Delegación Álvaro Obregón su opinión sobre una declaratoria de área de valor ambiental, bajo categoría de barranca, de la conocida como “Barranca de Tarango”, el cual fue contestado por la Delegación mediante el diverso JDAO/210/07 por el que “emite opinión positiva, para continuar con el Procedimiento Legal para decretar como Área de Valor Ambiental la Barranca Tarango”.

  “Que la Delegación Álvaro Obregón revisó la propuesta de declaratoria para la protección de la “Barranca de Tarango” fundada en un diagnóstico en el que se destacan los valores relevantes de esta área, y comunicó a la Secretaría del Medio Ambiente su anuencia con el contenido de la misma a lo cual agregó un agradecimiento por el interés y el apoyo en la protección de los ecosistemas que contiene la “Barranca de Tarango”, y por lo tanto, del patrimonio natural de la Ciudad.”

  “Que con el fin de analizar y aprobar la propuesta de poligonal de la “Barranca de Tarango” para declararla área de valor ambiental, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a través de la Dirección de Reserva y Registro Territorial dependiente de la Dirección General de Administración Urbana, en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente através de la Dirección de Reforestación Urbana, Parques y Ciclovías, convocaron a diversas reuniones interinstitucionales alas que acudieron la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección General de Regularización Territorial, la Secretaría de Obras y Servicios a través de la Dirección de Obras, la Secretaría de Finanzas a través de la Subtesorería de Catastro, la Secretaría de Transportes y Vialidad a través de la Dirección de Vialidad, la Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario, la empresa Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. y la Delegación Álvaro Obregón”.

  “Que de las reuniones mencionadas en el Considerando anterior, se levantó la minuta del 7 de febrero de 2008 en la que consta la aprobación de la poligonal de la “Barranca de Tarango”, así como el hecho de que para su aprobación se tomó en cuenta que, en el flanco poniente (Parque Tarango) en la gaza de intersección entre Avenida de los Poetas y AvenidaCentenario, actualmente registra un flujo vehicular tipo “F” en horas pico como consecuencia de ser la única vialidad primaria que comunica la Loma de Tarango con la Loma de Santa Lucía en dirección norte-sur y que da acceso directo desarrollo Santa Fe, por lo que se consideró indispensable prever la construcción de una vialidad confinada que sea la continuación de la Avenida de los Poetas en dirección sur, haciendo intersección en Avenida de las Águilas a la altura del Parque las Águilas, Av. Toluca y Av. Luis Cabrera, para concluir en la intersección con el Anillo Periférico Sur a la altura de la Presa Anzaldo, y parte de cuyo tendido cruce por la “Barranca de Tarango”.

  Esta comisión considera oportuno señalar que, por el lapso de tiempo y la complejidad técnica y jurídica que involucra una Declaratoria de Valor Ambiental, ésta no puede compararse con una declaración de Áreas Naturales Protegidas. Por ello es que las Áreas Naturales Protegidas declaradas en el Distrito Federal (19) son por mucho superiores a las Áreas de Valor Ambiental actualmente declaradas en la misma entidad (6). Ello es así, ya que resulta menos complejo tutelar jurídicamente los espacios físicos naturales en donde los ambientes originales no han sido suficientemente alterados por actividades antropogénicas que en aquellos donde las actividades humanas si lo han alterado, siendo en estos últimos casos donde se hace más difícil la conciliación entre los Derechos Privados generados  y el Interés Publico a prevalecer ya que se presenta  el conflicto Ex Tunc, Ex Nunc donde los efectos del acto jurídico se producen retroactivamente y a su vez se producen a partir de determinado momento presente.

  V. A la luz de lo anterior expuesto, esta comisión dictaminadora valora que la intención manifestada por los legisladores autores de la proposición bajo estudio ha sido atendida en lo fundamental por la publicación del “Decreto por el que se declara Área de Valor Ambiental del Distrito Federal con la categoría de Barranca a la Barranca de Tarango”, el pasado 22 de julio.

  Por lo anterior expuesto y fundado, la Primera Comisión de la Comisión Permanente pone a la consideración del H. Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

  PUNTO DE ACUERDO

  ÚNICO.-  Se considera atendida la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente exhorta al Gobierno del Distrito Federal a decretar la Barranca de Tarango como Área de Valor Ambiental, presentada por el Diputado Carlos Puente Salas y el Senador Javier Orozco Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

  Sala de Comisiones “Isidoro Olvera” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de agosto de 2009.

  PRIMERA COMISIÓN

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

• Quienes suscribimos, Diputados Dora Alicia Martínez Valero, Lariza Montiel Luis, Cristián Castaño Contreras y Adrián Fernández Cabrera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO D) DEL APARTADO 1, DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  El 13 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reformó los artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 116 y 122; adicionó el artículo 134 y derogó un párrafo al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  Dichas reformas constituyen un avance fundamental para el control constitucional de actos y resoluciones de autoridades electorales y en especial, respecto de actos formal y materialmente legislativos en la materia.

  Con esta reforma se agregaron dos párrafos al artículo 99 (sexto y noveno), en los que se sientan las bases para que las Salas del Tribunal Electoral puedan resolver la no aplicación de leyes contrarias a la Constitución.

  El artículo 99 de la Constitución Federal, en su párrafo sexto señala que: “Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

  De esta manera, la Sala Superior del Tribunal Electoral, con motivo, entre otros, del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, puede, llegado el caso, desaplicar las disposiciones legales que considere contrarias a la Constitución Federal.

  Como consecuencia de las reformas constitucionales referidas, el 1º de julio de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

  De las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, destaca, en lo referente al control constitucional, la reforma al artículo 189, que entre las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece las de conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable:

  § Fracción I, inciso e): ”Los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en única instancia y en los términos de la ley de la materia, que se promuevan por violación al derecho de ser votado en las elecciones de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, de diputados federales y senadores por el principio de representación proporcional, Gobernador o de Jefe de Gobierno del Distrito Federal; los que se promuevan por violación al derecho de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos, así como los que se presenten en contra de las determinaciones de los partidos políticos en la selección de sus candidatos en las elecciones antes mencionadas o en la integración de sus órganos nacionales. En los dos últimos casos la Sala Superior admitirá el medio de impugnación una vez que los quejosos hayan agotado los medios partidistas de defensa;”

  § Fracción XVIII: “Resolver, en la esfera de su competencia, la no aplicación, en casos concretos, de leyes electorales que sean contrarias a la Constitución;”

  Por lo que hace a las reformas a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, destacan:

  § El artículo 6, párrafo 4: “Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de la Constitución, las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la propia Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos la Sala Superior del Tribunal Electoral informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.”

  § El artículo 9, párrafo 1, inciso e): “Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad u órgano partidista señalado como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:

  e) Mencionar de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados y, en su caso, las razones por las que se solicite la no aplicación de leyes sobre la materia electoral por estimarlas contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;”

  § El artículo 61, párrafo 1, inciso b): “El recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los casos siguientes:

  b) En los demás medios de impugnación de la competencia de las Salas Regionales, cuando hayan determinado la no aplicación de una ley electoral por considerarla contraria a la Constitución”.

  Las anteriores adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, plasman de manera expresa la facultad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para desaplicar en casos concretos las normas electorales que considere contrarias a la Constitución.

  Las reformas del 1 de julio de 2008 no contemplaron modificación alguna al inciso d) del apartado 1, del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que prevé los requerimientos para promover el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, cuando el promovente no ha sido propuesto por un partido político.

  Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha interpretado que los requisitos de procedencia del Juicio no se encuentran en el artículo 80, sino en el artículo 79 de la Ley:

   “JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.-Los requisitos para la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano están previstos en el artículo 79 (y no en el 80) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues del contenido del primero se obtiene que para la procedencia, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: a) que el promovente sea un ciudadano mexicano; b) que este ciudadano promueva por sí mismo y en forma individual, y c) que haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos políticos: de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Los primeros dos elementos no requieren mayor explicación. Respecto al último cabe destacar que, de conformidad con el texto del precepto en comento, para tenerlo por satisfecho, es suficiente con que en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatido se cometieron violaciones a alguno o varios de los derechos políticos mencionados, en perjuicio del promovente, independientemente de que en el fallo que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales alegaciones; es decir, el elemento en comento es de carácter formal, y tiene como objeto determinar la procedencia procesal del juicio, en atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador en él consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los derechos políticos mencionados, y si el promovente no estimara que se infringen ese tipo de prerrogativas, la demanda carecería de objeto en esta vía. En tanto que de la interpretación gramatical del vocablo cuando, contenido en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aprecia que está empleado como adverbio de tiempo y con el significado de en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que, pues en todos los incisos que siguen a esta expresión se hace referencia, a que el juicio queda en condiciones de ser promovido, al momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se precisan en cada hipótesis,.... [de manera que] al tiempo en que, al conocer un acto o resolución de la autoridad, el ciudadano piensa que es violatorio de cualquiera otro de los derechos político-electorales no comprendidos en los incisos precedentes, pero sí en el artículo anterior. Consecuentemente, para considerar procedente este juicio es suficiente que la demanda satisfaga los requisitos del artículo 79 citado, aunque no encuadre en ninguno de los supuestos específicos contemplados en el artículo 80.

  El criterio jurisprudencial referido es claro al establecer que no es necesario haber sido postulado por un partido político para que el Juicio sea procedente. En este sentido,  conforme a lo dispuesto por el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral es obligatoria en todos los casos para las Salas y el Instituto Federal Electoral, así como para las autoridades electorales locales, cuando se declare jurisprudencia en asuntos relativos a derechos político–electorales de los ciudadanos o en aquéllos en que se hayan impugnado actos o resoluciones de esas autoridades. Por tanto, no existe actualmente controversia respecto a que el juicio referido es procedente aun cuando los ciudadanos no hayan sido propuestos por un partido político.

  Es así, que a partir de la emisión de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su Sala Superior ha conocido de al menos 4 juicios (JDC-037/2001, JDC-713/2004, JDC-1451/2007 y JDC-1614/2007), promovidos por ciudadanos que no fueron postulados por un partido político, lo que evidencia que la causal de improcedencia prevista en el inciso d), apartado 1, del artículo 80 de la ley, no tiene aplicación en la actualidad.

  No obstante lo anterior, el 6 de agosto de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencia en la que ordena al Estado Mexicano a: “en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención (Americana sobre Derechos Humanos), de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido, en los términos de los párrafos 227 a 231 de la presente Sentencia”.

  En dicha sentencia la Corte Interamericana se pronunció en específico, sobre la efectividad del recurso contemplado en nuestro orden jurídico interno, para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, y puntualizó: 

  “110. La Corte destaca la importancia de que los Estados regulen los recursos judiciales de forma tal que las personas tengan certeza y seguridad jurídica de sus condiciones de acceso. Del análisis de los argumentos y de las pruebas aportadas, particularmente la legislación y la jurisprudencia presentada por el Estado sobre los requisitos para la procedencia del juicio, la Corte entiende que los requisitos para la interposición del juicio de protección son siempre los establecidos en el artículo 79 de la Ley de Impugnación Electoral, y en ciertos casos además, los supuestos fácticos de procedencia establecidos en el artículo 80 de la misma ley. La Corte observa que en la misma jurisprudencia aportada por el Estado, el Tribunal Electoral aclara que “de la interpretación del vocablo ‘cuando’, contenido en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley de Impugnación Electoral, se aprecia que está empleado como adverbio de tiempo y con el significado de ‘en el tiempo’, ‘en el punto’, ‘en la ocasión en que’, pues en todos los incisos que siguen a esta expresión se hace referencia, a que el juicio queda en condiciones de ser promovido, al momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se aprecian en cada hipótesis”

  111.   Es decir, la legitimación activa para interponer el recurso es de todo ciudadano, conforme al artículo 79, pero cuando el mismo alegue ciertas violaciones a sus derechos políticos “el juicio queda en condiciones de ser promovido, al momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se aprecian en cada hipótesis” conforme al artículo 80, lo cual implica que las modalidades a que hace referencia dicho artículo de la Ley de Impugnación Electoral son en realidad supuestos de hecho que condicionan la procedencia del juicio para la protección de algunos de los derechos político-electorales del ciudadano. El artículo 80 impone la condición de que el ciudadano haya sido propuesto por un partido político, y en esa condición se le haya negado el registro como candidato a un cargo de elección popular.”

  La Corte Interamericana, no obstante la existencia de casos que demuestran la procedencia del juicio conforme a la interpretación del Tribunal Electoral, consideró que el inciso d) del apartado 1, del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral “condiciona la procedencia del mismo (del juicio) cuando se alega la negativa indebida de registro a una candidatura de elección popular, lo cual se traduce en que el juicio para la protección de los derechos político-electorales sólo sea accesible, en lo que respecta a dicho aspecto del derecho político de ser votado, a las personas que fueron propuestas por un partido político, y no a toda persona titular de derechos políticos…”.

  A este respecto cabe precisar que con fecha 3 de abril de 1982, el Estado mexicano depositó en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el instrumento de ratificación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en virtud de la cual se crea el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, mismo que está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  Asimismo, el Estado mexicano, con fecha 16 de diciembre de 1998, depositó oficialmente la declaración de reconocimiento de la competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana, por lo que, desde aquel momento, tiene la obligación de cumplir con todas aquellas resoluciones que ésta emita.

  La obligatoriedad de las resoluciones de la Corte deriva de la suscripción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual, conforme al artículo 133 constitucional, forma parte del derecho nacional. En consecuencia, tiene toda la coercitividad que como ordenamiento superior a las leyes federales le impone el estado de derecho, máxime que al ser suscrita por México, genera derechos a favor de los gobernados.

  Adicionalmente, el cumplimiento de sus resoluciones es consecuencia de la aplicación de un tratado internacional y en este sentido, el Estado Mexicano, bajo los principios de derecho internacional de “pacta sunt servanda” y buena fe, debe cumplir lo ahí indicado y con ello el compromiso internacional contraído.

  En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los tratados internacionales “son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de Jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades”.

  En razón de lo anterior y partiendo de las obligaciones asumidas por el Estado mexicano en los tratados internacionales de derechos humanos de los que forma parte, en concreto lo establecido el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo al derecho de toda persona a contar con un recurso  efectivo que la ampare en contra de actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, las leyes o la propia Convención; y en relación con la obligación del Estado prevista en el artículo 2 de la misma Convención, consistente en el deber de adoptar las medidas legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos en ella consagrados, se estima prudente reformar el inciso d) del apartado 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia Electoral.

  Finalmente, es necesario puntualizar que en virtud de que el Tribunal Federal Electoral ha determinado que la postulación de un ciudadano por parte de un partido político no es una condicionante para la procedencia del juicio, la reforma que se propone no constituye una modificación legal fundamental en términos de lo dispuesto por el penúltimo párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional y por tanto, tampoco resulta necesario establecer un régimen transitorio especial para su entrada en vigor.
  Lo anterior es así ya que el propio Tribunal Electoral ha establecido que el carácter fundamental de un reforma legal se presenta cuando ésta tiene por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través de la cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, incluyendo a las autoridades electorales.

  En el presente caso, tomando en consideración la obligatoriedad y vigencia de la jurisprudencia emitida por el Tribunal Electoral respecto a la procedencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales, sin importar si el ciudadano fue o no propuesto por un partido político, la reforma que aquí se plantea no se traduce en una alteración al marco jurídico electoral, sino que se trata de una adecuación del texto normativo al criterio emitido por ese Tribunal.

  Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la siguiente:

  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL INCISO D) DEL APARTADO 1, DEL ARTÍCULO 80 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL:

  ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el inciso d) del apartado 1, del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue:

  Artículo 80.

  1.   El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando:
  a)   a c) …

  d) Considere que se violó su derecho político–electoral de ser votado cuando le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular. En los procesos electorales federales, si también el partido político interpuso recurso de revisión o apelación, Según corresponda, por la negativa del mismo registro, el Consejo del Instituto, a solicitud de la Sala que sea competente, remitirá el expediente para que sea resuelto por ésta, junto con el juicio promovido por el ciudadano;

  e) a g) …

  2.   …

  3.   …
  TRANSITORIO

  Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  Dado en el Pleno de la Comisión Permanente a los 4 días del mes de agosto de 2009.

  Dip. Dora Alicia Martínez Valero

  Dip. Lariza Montiel Luis

  Dip. Cristián Castaño Contreras

  Dip. Adrián Fernández Cabrera

• DE LOS SENADORES FERNANDO CASTRO TRENTI, JORGE MENDOZA GARZA, ADOLFO TOLEDO INFANZON, RENAN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO Y DEL DIPUTADO ADOLFO MOTA HERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 25 Y 27 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS.

  Los que suscriben, Senadores Fernando Castro Trenti, Jorge Mendoza Garza, Adolfo Toledo Infanzón, Renán Cleominio Zoreda Novelo y el Diputado Adolfo Mota Hernandez, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTICULOS 25 Y 27 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS, con base en la siguiente:

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  I. La principal fortaleza de las fuerzas armadas la constituye su capital humano, de ahí la necesidad que las instituciones militares, no solamente otorguen importancia a la formación y capacitación del personal, inculcándoles los principios del deber, lealtad, honor y espíritu de sacrificio para afrontar con éxito las misiones encomendadas en sus ámbitos de competencia respectivos o donde así se requiera, sino que traten como objetivo primordial el incremento de los estímulos y reconocimientos a su esfuerzo y dedicación en el desarrollo de cada una de sus actividades.

  Es por esto que el Estado Mexicano asume como su responsabilidad proporcionar las prestaciones de seguridad social al personal perteneciente a las Fuerzas Armadas Mexicanas, lo cual lleva a cabo con muchos esfuerzos, ya que los escasos recursos financieros que se destinan para tal fin repercuten en el hecho de que el bienestar social que se requiere dista mucho de ser el demandado por el personal militar en activo, retirados, derechohabientes y pensionados, al considerar que este personal aspira a incrementar sus ingresos en pro de una solvencia económica que le permita mejorar e igualar sus condiciones de vida, comparables con los de aquellos que tienen igualdad de responsabilidades en el ámbito civil. Estas aspiraciones insatisfechas, aunado a los servidos de guardia militar, disciplina y rigor del servicio, propician desaliento cuando no son satisfechas y pueden llegar al extremo de dar origen a deserciones o separaciones del servicio activo para emigrar en busca de oportunidades mejor remuneradas, lo cual puede ser un beneficio para la sociedad, pero que va en perjuicio para las Fuerzas Armadas al tener la continua fuga del personal capacitado.

  Resulta imprescindible la necesidad de efectuar reformas y adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, con la finalidad de quelos beneficios que la misma otorga se ajusten a las exigencias de la realidad económica actual, ya que dicha ley entró en vigor desde el año de 1976, sin que se hayan efectuado modificaciones sustanciales tendientes a la actualización de las prestaciones tanto económicas como en especie que contempla, dando origen a un constante rezago en la protección de la seguridad social que se les brinda a las mujeres y a los hombres integrantes de las Fuerzas Armadas y de sus familias.

  Aunado a lo anterior, los bajos salarios que percibe el personal de las Fuerzas Armadas ha dado lugar a que el nivel de vida de los militares que se encuentran en situación de retiro sea precaria, por lo que es preciso otorgarles las prestaciones a que tienen derecho, acordes a los nuevos tiempos que vive el país, con el fin de que puedan allegarse de los bienes necesarios para que puedan vivir con dignidad.

  Con relación a la edad limite de los miembros de las fuerzas armadas para permanecer en al activo, resulta imperioso que el articulo 25 de esta ley sufra una reforma integral y se incremente la edad limite para todo el personal de Generales y sus equivalentes en la Armada, en virtud de que en la última reforma no fueron considerados para este efecto y para aprovechar la experiencia y conocimientos que pueden aportar a nuestras fuerzas armadas.

  De igual manera, como un acto de equidad y justicia se considera conveniente modificar el artículo 27 de la ley del ISSFAM, con objeto de otorgar un beneficio adicional a todos aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que sirvieron al Estado Mexicano durante varios años de su vida, con el fin de que se les conceda el grado inmediato superior para efectos de retiro de manera proporcional al tiempo de servicios prestados a la Nación.

  Por lo tanto, la presente Iniciativa plantea, fundamentalmente, el incremento de la edad límite de los militares, Generales Brigadieres; Generales de Brigada y Generales de División para permanecer en activo, por lo que se plantea la reforma de los artículos 25 y 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas.

  II. El Congreso de la Unión se encuentra facultado para legislar en esta materia con base en el artículo 73, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  • La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores proscribe la discriminación social de las personas adultas mayores.

  • La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece puntualmente la cesantía en edad avanzada con derecho a pensión paratrabajadores hasta los 65 años de edad.

  • Por su parte la Ley del Seguro Social establece como requisito para cesantía en edad avanzada,60 años cumplidos.

  • Las personas adultas mayores son aptas de manera diferenciada y con base en cada caso particular, para desempeñar actividades laborales diferentes, en esta virtud se plantea incrementar hasta en dos años la edad límite de los militares de los tres rangos mencionados, planteamiento que resulta jurídicamente viable.

  • Lo anterior considerando que en el artículo 27 de la ley que se reforma se señala que para efectos de jubilación, sólo ascenderán al grado inmediato, por lo que resulta que las personas en ese caso, pueden seguir aportando y sirviendo a las fuerzas armadas mexicanas. Asimismo, se hace hincapié de la pertinencia de la capitalización de la experiencia de los jefes del servicio militar al servicio de las fuerzas armadas de nuestro país.

  Con base en lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de la Honorable Cámara de Senadores, la siguiente Iniciativa con

  PROYECTO DE DECRETO

  ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 25 y 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social Para Las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue:

  Artículo 25.La edad límite de los militares para permanecer en el activo es la siguiente:

  	Años
  I. Para los individuos de tropa	50
  II. Para los Subtenientes	51
  III. Para los Tenientes	52
  IV. Para los Capitanes Segundos	53
  V. Para los Capitanes Primeros	54
  VI. Para los Mayores	56
  VII. Para los Tenientes Coroneles	58
  VIII. Para los Coroneles	60
  IX. Para los Generales Brigadieres	63
  X. Para los Generales de Brigada	65
  XI. Para los Generales de División	67

  ...

  Artículo 27. Los militares que por resolución definitiva pasen a situación de retiro, ascenderán al grado inmediato únicamente para ese fin y para el cálculo del beneficio económico correspondiente, considerando los años de servicios en relación con el tiempo en el grado, de acuerdo con la tabla siguiente:

  Años de Servicios	Años en el Grado
  20	10
  22	9
  24	8
  26	7
  28	6
  30	5
  35	4
  40 o más	3

  Transitorio

  Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  A t e n t a m e n t e,
  

  SEN.FERNANDO CASTRO TRENTI	SEN. JORGE MENDOZA GARZA
  SEN. ADOLFO TOLEDO INFANZON	SEN. RENAN CLEOMINIO ZOREDA NOVELO
  DIP. ADOLFO MOTA HERNANDEZ

• CC. PRESIDENTE Y SECRETARIOS
  DE LA COMISIÓN PERMANENTE
  DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN,
  P r e s e n t e s.

  Los suscritos Senadores Antonio Mejía Haro y Minerva Hernández Ramos, de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta H. Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que SE REFORMA LA FRACCIÓN iv DEL ARTÍCULO 74 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor de la siguiente:

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  Sabemos que en la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el entorno macroeconómico externo e interno juega un papel primordial, pero también influye en este proceso, la capacidad que tengan los grupos parlamentarios que integrarán la Cámara de Diputados para llegar acuerdos fundamentales.

  La nueva composición de la Cámara de Diputados, en la siguiente Legislatura, indica la necesidad de llegar precisamente a estos acuerdos que permita tener un gasto distributivo con equidad.

  En estos tiempos de recesión económica y de sus consecuencias actuales y futuras, y de crisis en general que priva en el país, no es conveniente que se siga aprobando el Presupuesto de Egresos de la Federación como se viene haciendo por mayoría absoluta, en el que basta que dos grupos parlamentarios de los tres partidos políticos con más diputados se pongan de acuerdo, o bien el grupo parlamentario más grande junto con otro de mediana representación constituyan la mayoría absoluta y  acuerden etiquetar y aprobar programas, obras y acciones que más convengan a sus regiones, estados y municipios que gobiernan, favoreciéndolos presupuestalmente en detrimento de otras regiones del país; por lo que la aprobación del PEF  deberá realizarse por las dos terceras partes de los diputados y diputadas presentes.

  La recesión económica que vive el país no ha tocado fondo, por lo que sin duda influirá en el proceso de discusión y aprobación del PEF,  el impacto de esta crisis se manifiesta notablemente en la caída del crecimiento económico, el desempleo galopante y la pobreza lacerante de un estrato cada vez más grande de la población.

  Haciendo un recuento, observamos que cada día se deterioran más los indicadores fundamentales de la economía nacional, por señalar unos ejemplos: la caída del Producto Interno Bruto fue, para el primer semestre del 2009, de un menos 9 por ciento; la caída en el mes de abril de la Industria Nacional y del sector manufacturero en 13.2 y 18 por ciento, respectivamente; el descenso de siete lugares en el indicador de la competitividad en el escalafón de las economías más productivas y competitivas del mundo, pasamos del lugar 48 al 55;  la tasa de desempleo para el segundo trimestre del 2009 alcanzo el 6.24 por ciento de la Población Económica Activa; la inflación promedio de enero a junio fue del 6 por ciento; el incremento de la pobreza hoy alcanza a 55.5 millones de mexicanos (47.4 por ciento de la población).

  Asimismo, las remesas cayeron entre enero y abril de este año, siendo su ingreso total de 7 mil 255 millones de dólares, lo que significó una caída de 8.67 por ciento con respecto al mismo periodo de 2008; por lo que respecta a las reservas internacionales la tendencia es a la baja, así, en lo que va del año, han caído 7 mil 457 millones de dólares, debido a la venta de divisas en el mercado cambiario, las cuales contabilizaban, al mes de abril, 77 mil 984 millones, cifra inferior a la de cierre del año pasado que las ubicaron en los 85 mil 441 millones de dólares.

  El frente externo también se encuentra en problemas, la balanza comercial, al mes de junio de 2009, registró una caída en las exportaciones del 26.6 por ciento. En competitividad, también pasamos del lugar 48 al 55 del mundo según el Informe Sobre la Competitividad en México 2009 realizado por el World Economic Forum.

  Ante este panorama vemos con preocupación que la aprobación del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2010, enfrentará grandes retos; uno será mantener el gasto indispensable que cubra las necesidades más apremiantes y el segundo será dar cobertura a aquellos nuevos proyectos que resultaran necesarios.

   Bajo este contexto de gravedad del deterioro de la economía mexicana, el dogma de mantener en casi cero el déficit fiscal en las finanzas públicas, a costa de renunciar al crecimiento y a la generación de empleos, adquiere en este momento de recesión, rasgos de insensibilidad ante la situación tan delicada que se vive y cuyas consecuencias apenas estamos viendo.

  Los países integrantes de la Organización  para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en conjunto tendrán un déficit del 7.7 por ciento sobre el Producto Interno Bruto (PIB) para 2009 y para 2010 la cifra será de 9.6 por ciento de déficit. Los países de mayor déficit, para el 2009, son: Estados Unidos con el 10.2 por ciento, Irlanda 11.5 por ciento, Reino Unido 12.8, Japón 8.7 por ciento y España con el 9.6 por ciento. Los casos de los países latinoamericanos, en particular Brasil y Argentina, se estiman déficit de 3.8 y 3 por ciento respectivamente.

  Sin duda alguna, los temas que se abordarán en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación serán temas trascendentales, como la posibilidad de contemplar un moderado y responsable aumento del déficit público, orientado a la inversión productiva generadora de empleos y a la vertiente social; asimismo, deberá avanzarse en la federalización de los programas y recursos; en el desarrollo regional y en la equidad de crecimiento y niveles de bienestar social entre regiones del país.

  Por lo tanto, el objetivo de esta iniciativa es propiciar los acuerdos y consensos necesarios que permitan que el Presupuesto de Egresos de la Federación sea distribuido de forma más incluyente, democrática, con equidad,  atendiendo el retraso y marginalidad de regiones, estados y municipios e impedir los excesos  y las exclusiones presupuestales producto de intereses políticos, partidistas, grupales o particulares.

  A lo largo de 13 años desde la LVII Legislatura, los diputados y senadores que han integrado las diversas legislaturas han venido trabajando para establecer nuevos mecanismos que permitieran precisamente abatir estas prácticas de mayorías, en las que se imponen los intereses partidistas por encima de lo nacional y en donde la sombra de la exclusión para el resto de los grupos parlamentarios está latente.

  Las decisiones sobre el gasto no deben recaer exclusivamente en una o dos fuerzas políticas que puedan coludirse y determinar arbitrariamente, de acuerdo a intereses específicos, los recursos económicos; dichos recursos son los que permiten el desarrollo de la Administración Pública Federal, las Entidades Federativas, municipios, los Órganos Autónomos y demás entidades que reciben gasto público.

  Tenemos ante nosotros la responsabilidad de advertir que el momento político actual no está para retomar el esquema del llamado “mayoriteo”, debemos ser lo suficientemente responsables y tomar las decisiones que más convengan al País y no se vean beneficiados sólo algunos en detrimento de otros, lo que a la larga acentuará las desigualdades sociales de por sí ya dramáticas entre entidades federativas y regiones del país.

  Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

  PROYECTO DE DECRETO

  ÚNICO. Se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
  Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
  I. a III. …

  IV.       Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación por el voto de las dos terceras partes de las y los diputados presentes, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.
  …
  …
  …
  …

  V. a VIII. …

  TRANSITORIO

  ÚNICO.- La reforma a que se refiere el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  SUSCRIBEN

  Sen. Antonio Mejía Haro
  Sen. Minerva Hernández Ramos

  Dado en el Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores, a los 5 días del mes de agosto del 2009.

• Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se modifica el artículo 102, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

  Exposición de Motivos.

  La disminución del poder presidencial en los en los últimos tiempos, constituyó un avance en materia de democratización en algunos aspectos, pero en otros no ha habido gran tramo avanzado. Pues el poder Ejecutivo fue revestido de grandes y amplias facultades legales y de facto, constitucionales y meta constitucionales. Conviene entonces revisar dichas atribuciones, porque durante más de 6 décadas el presidente se impuso en la vida política mexicana.

  El Presidente ejerció un poder ilimitado, cosa que fue posible por el diseño constitucional pensado en el Congreso Constitucional de 1917 y por la inexistencia de fuerzas políticas con la capacidad de enfrentar al poder presidencial; los otros poderes, el Legislativo y Judicial estuvieron, casi siempre, supeditados a la voluntad y designios del Ejecutivo.

  Es necesario enlistar las facultades constitucionales del presidente para evidenciar el amplio poder que todavía en muchos aspectos posee, de acuerdo a la Carta Magna –que fundamenta en gran parte al Estado mexicano y a su Sistema Político, el Presidente de la república tiene como atribuciones: 1) el poder Ejecutivo se deposita sólo y únicamente en un su persona, 2) el jefe del Ejecutivo es al mismo tiempo jefe del Estado y Jefe de Gobierno, 3) La dirección política del gobierno federal es determinada libremente por el Presidente, 4) los colaboradores del Presidente no son propiamente titulares del poder Ejecutivo, sino auxiliares dependientes de su único titular., 5) La duración del cargo presidencial está fijado en la Constitución y no depende del apoyo del poder Legislativo, 6) el Presidente tiene el derecho de iniciar leyes, 7) el Presidente tiene el derecho de veto, 8) tiene la facultad de promulgar leyes, lo cual incluye la de publicarlas, requisito indispensable de su obligatoriedad. Posee además la facultad de reglamentar las leyes, 9) Conserva facultades para legislar en casos de emergencia nacional, 10) el Presidente tiene importantes facultades de intervención en la integración del poder judicial. Interviene en el nombramiento de ministros y magistrados, 11) es el jefe de la Administración Pública federal, 12) el Presidente es el órgano exclusivo de las relaciones internacionales. Nombra embajadores y altos funcionarios que nos representan ante otros Estados. Dirige negociaciones internacionales y firma tratados, 13) es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, 14) puede disponer de la totalidad de la fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la marina y de la fuerza aérea. Y puede, además, disponer de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad interna, con permiso del Senado, 15) Tiene la facultad de nombrar a los altos jefes de las fuerzas armadas con la ratificación del Senado y 16) Tiene bajo su control al Ministerio Público.

  Y precisamente este último punto es el que nos interesa, porque si bien al considerar las facultades constitucionales referidas al poder presidencial nos percatamos que la presidencia, como institución es fuerte e independiente de quien detente el Poder Ejecutivo, la atribución de tener bajo su cargo al Ministerio Público lo es también.

  ¿Por qué?, muy fácil, porque dicha institución es uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento del proceso penal.

  La Institución del Ministerio Público en México tiene sus orígenes en el modelo español y francés y su estructura actual data de la Constitución Federal de 1917. Anteriormente, el artículo 91 de la Constitución de 1857 disponía que en la Suprema Corte de Justicia figuraban un fiscal y un procurador general, apareciendo por primera vez en un cuerpo legislativo de México el 15 de junio de 1869, en la Ley de Jurados que expidió el presidente Benito Juárez, donde se establecieron tres procuradores, a los que llamó representantes del Ministerio Publico; pero tal figura no era en sí una organización, porque dichos representantes eran independientes entre sí y estaban desvinculados del área civil.

  Posteriormente, una de las aportaciones más importantes del Constituyente de 1917 fue la referente a la Institución del Ministerio Público, y la eliminación del sistema inquisitivo para establecer el sistema acusatorio de enjuiciamiento dentro de nuestra impartición de justicia; este sistema se traducía en acabar con la acción arbitraria y despótica de los Jueces en contra de los acusados por la comisión de un delito.

  Fue sin lugar a dudas un gran avance en la materia penal, ya que desde la consumación de la Independencia hasta el constituyente de Querétaro de 1917, los Jueces mexicanos habían sido iguales a los Jueces de la época colonial, es decir, que se encargaban de averiguar los delitos, buscar las pruebas y de igual forma resolvían los asuntos que ellos mismos investigaban, para convertirse en Juez y parte dentro de un sistema inquisitivo de enjuiciamiento. En la Constitución de 1917 se organizaba al Ministerio Público de tal forma que se restituyera a los Jueces su dignidad y respeto, y le incumbiera sólo al Representante Social la investigación de los delitos y la búsqueda de los elementos de convicción para acabar con los procedimientos que atentaban contra los derechos fundamentales y las garantías individuales.

  En la actualidad, conforme al artículo 21 de la Constitución Política, el organismo investigador de delitos es el Ministerio Público, que en teoría debería ser una Institución técnica e imparcial en la impartición de Justicia, sin embargo, una de las consecuencias que se tiene cuando esta institución está dentro del Poder Ejecutivo, a través del titular de la PGR, es la constante politización del Ministerio Público, transformándose así en un instrumento de la clase política para la persecución de enemigos políticos y para asegurar la impunidad de la corrupción política y administrativa.

  El Senado de la República de acuerdo en su artículo 75, fracción segunda, tiene la facultad de ratificar el nombramiento del Procurador General de la República, y por esa razón la Cámara Alta, debiera poder exigir un mínimo de evaluación, porque no puede aceptarse la remoción de este funcionario  sin una evaluación previa.

  Nosotros creemos que  el desempeño del titular de la PGR no debiera ser presionada, lo deseable sería que tuviera total autonomía del Ejecutivo, pero al no suceder así, aún cuando el Senado ratifica al elegido por el Ejecutivo Federal por una mayoría calificada, lo cierto es que sigue dependiendo del Presidente y en esta ocasión, pareciera ser, está sufriendo presiones indebidas de algunos sectores políticos del Partido Acción Nacional.

  El Senado debería tener la posibilidad de evaluar el desempeño de este servidor público, y emitir una opinión previa a su remoción por parte del Ejecutivo Federal. Una alternativa para optimizar el desempeño del titular de la PGR, al no ser autónomo, podría ser que su remoción por parte del Ejecutivo tuviera que ser acompañada por una opinión de la Cámara de Senadores sobre el desempeño del Procurador.

  Esto daría a la vez un margen de autonomía relativo al Ministerio Público, ello implicaría que exista mayor imparcialidad al investigar los hechos, no existirían presiones por jerarquías directas con los intereses de un poder, y sus agentes tendrían mayor estabilidad, tranquilidad y confiabilidad en su trabajo y actuación.  Porque recordemos, que en diversas ocasiones el Ministerio Público se ha convertido en una institución que sigue órdenes del poder ejecutivo, es el principal mecanismo legitimador de su actuación, controla la acción penal, y en consecuencia decide cuando se ejercita y cuando se reserva conforme a los intereses en juego.

  El actuar del día a día de la PGR, hoy al no ser autónoma, ha ido destruyendo la presunción de inocencia, la objetividad, y dejando a un lado la dignidad de los inculpados, víctimas y sociedad en general, con el pretexto de la seguridad pública

  Por último, compañeras y compañeros legisladores, debemos recordar que el compromiso de división y equilibrio de poderes, dentro de la teoría política fue un precepto para limitar el abuso del poder, por ende su cabal cumplimiento debe ser un imperativo imprescindible para aquellos que detentamos el poder político.

  Por mucho tiempo México vivió un Régimen de simulación; el sistema Político funcionaba con reglas no escritas: la Constitución se respetaba en la forma pero se violaba en el fondo. La división de poderes era una farsa: el Ejecutivo era, en realidad, el poder de los poderes; en lo esencial tenía subordinados al Legislativo y Judicial.

  Pero con los cambios políticos, económicos y sociales que ha vivido el país poco a poco se ha ido minando la estructura autoritaria del viejo Régimen y  mal haríamos si intentáramos mantenerlas o recrearlas. Deben erradicarse por completo.

  Por convicción sostenemos que los poderes de la Unión deben funcionar con absoluta independencia y en la orbita de sus atribuciones. En estos tiempos de pluralidad política y social debemos autolimitar y buscar más allá de las diferencias, inherentes a la vida democrática, puntos de coincidencia y beneficio de interés general.

  Por ende mantener a la PGR en manos del titular del Ejecutivo Federal, sin otorgarle cierta autonomía, implica atentar de alguna u otra forma contra los valores del Estado de Derecho. Porque en efecto,  un aspecto básico que caracteriza dicha forma de organización política es la existencia de instituciones públicas abiertas al control y responsables de su gestión. Por lo mismo, en el contexto general de procesos de reforma al Estado que mucho, se habla en nuestro país, el tema de la responsabilidad y control de las instituciones públicas debe ser visto como un elemento crucial para el éxito de la misma desde el punto de vista de su eficiencia y legitimidad procedimental.  Así, “El problema del diseño institucional de instituciones públicas debe necesariamente hacerse cargo hoy en día de una detallada arquitectura de controles y responsabilidades”.

  Por los motivos antes expuestos y fundados, someto a la consideración de esta Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se modifica el artículo 102, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

  ÚNICO.- Se adiciona el primer párrafo del Apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  Artículo 102.-

  1. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República, designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo, previa opinión emitida por la Cámara de Senadores sobre su desempeño.

  …

  …

  …

  …

  …

  TRANSITORIOS

  PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

  Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 5 días del mes de agosto de 2009.

• INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS ALMA HILDA MEDINA MACÍAS Y CRUZ PÉREZ CUÉLLAR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

  Los suscritos, Alma Hilda Medina Macías y Cruz Pérez Cuéllar, Diputados Federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía Popular, Iniciativa con Proyecto de Decreto que contiene reforma que adiciona un último párrafo al artículo 9º y una fracción XIV al artículo 51, ambos de la Ley General de Asentamientos Humanos, con base en los siguientes antecedentes y exposición de motivos.

  ANTECEDENTES:

  Planificar el desarrollo económico, político y social de México es de la mayor importancia. Pero igual o más importantes es aspirar a que la sociedad mexicana participe democráticamente en la orientación estratégica de su localidad.

  Los principios del proyecto nacional que contenía la Constitución de 1917 con síntesis de las aspiraciones que el pueblo ha planteado, ratificado y desarrollado en su trayectoria hacia la integración de su nacionalidad, organización política y afirmación soberana. La Constitución estableció las bases para forjar la unidad cultural y política de la nación y de una democracia que contara con instituciones sólidas para conducir la transformación social y garantizar en la libertad, el constante mejoramiento de las condiciones materiales y culturales del pueblo.

  A partir de este orden normativo, nuestro país ha podido construir instituciones de fomento del desarrollo, las instituciones políticas que le darían viabilidad al proyecto nacional, así como crear los instrumentos de intervención del Estado para promover un desarrollo más acelerado y equilibrado ya que en la mayoría de nuestros municipios adolecemos de ello.

  Durante el Siglo XX y hasta nuestros días, México se ha venido transformando en todos sus órdenes. Ha ocurrido una transformación rural-urbana, asociada a una industrialización inconclusa, que ha modificado el tamaño., composición y localización de la población, el desarrollo de las regiones y la estructura productiva. La base de recursos naturales, de inversión, de producción, de tecnología y de trabajo es sustancialmente distinta a pesar de la heterogeneidad que aún nos caracteriza.

  Las relaciones de hoy en relación con el mundo y dentro de nuestro país, son mucho más complejas. La sociedad también ha cambiado. Las clases sociales y los diversos agrupamientos se han ampliado y el tejido social es hoy más complejo.

  Se ha dado en México una muy particular “modernización”. Sin embargo, ésta no ha podido resolver con la celeridad necesaria los graves problemas de desigualdad social, de ineficiencia y baja productividad, de escasa competitividad de nuestros productos en el exterior y de falta de inversión pública y privada para financiar el desarrollo.

  El patrón territorial de México muestra una marcada polarización que provoca altos costos económicos y sociales: por un lado una excesiva concentración de cerca de 20 millones de habitantes en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, con los consiguientes problemas de deterioro de la calidad de vida, congestionamiento y dificultades de operación; y por el otro, una enorme dispersión de la población en cerca de 185,000 pequeñas localidades, a las que es extremadamente difícil dotar de infraestructura, equipamientos y servicios adecuados.

  Ante este desafío el país precisa una política territorial que permita impulsar, con un enfoque de largo plazo, el desarrollo social reduciendo las disparidades regionales, compensar a las regiones rezagas, distribuir jerárquicamente los equipamientos, y aumentar el acceso a las oportunidades de progreso para todos los pobladores del país.

  Se requiere una política de desarrollo urbano eficaz que dé certidumbre a todos los sectores sociales, que favorezca una estructuración urbana más equitativa y eficiente, que promueva la consolidación de ciudades densas y compactas, con una mezcla adecuada de usos de suelo, la operación eficiente de transportes públicos y la adecuada dotación de suelo, infraestructura, equipamientos y servicios urbanos.

  Asimismo, es necesario que contribuya a la sustentabilidad, propiciando un desarrollo más ordenado, menos disperso; que permita reducir los efectos de ocupación en las tierras con vocación agrícola, turística o recreativa de las reservas naturales o en áreas peligrosas; que propicie un uso racional del agua y de la energía; y que contribuya a respetar las capacidades de los vertederos de desechos.

  En particular, esta política urbana debe asegurar que los conjuntos habitacionales que se realicen estén vinculados al tejido urbano, cuenten con equipamiento, transporte público y una relación efectiva con los centros de trabajo, estudio y recreación, impulsando la recuperación, conservación y aprovechamiento de los espacios públicos urbanos, como camino hacia una mejor calidad de vida.

  México requiere avanzar hacia una política de desarrollo territorial inteligente y con visión estratégica que permita concentrar esfuerzos en las regiones con ventajas comparativas de localización, recursos naturales, infraestructura y cadenas productivas consolidadas, donde resulta más viable impulsar el crecimiento económico, la productividad y el empleo.,

  Una planeación territorial, en síntesis, que impulse el desarrollo, poniendo énfasis en la mitigación de la pobreza, la equidad de género, la calidad de vida, la inclusión social, la diversidad de pensamiento y formas de vida, la sustentabilidad ambiental, la productividad, la competitividad y la participación en el entorno económico global prevaleciente.

  Por otra parte, la globalización y la economía del conocimiento son las dos grandes fuerzas del desarrollo en el siglo XXI. La globalización se asienta en un sistema-red cuyos nodos son las ciudades. Pero las ciudades sólo pueden ser locomotoras del desarrollo nacional y arrastrar al conjunto de la economía si son capaces de contar con servicios atractivos, infraestructura urbana pertinente y buena calidad de vida en general; y específicamente si se esfuerzan en buscar la colaboración entre el sector público, el privado y las asociaciones y grupos comunitarios. El factor crítico para el buen gobierno de la ciudad es la capacidad para gestionar estas redes de actores.

  La globalización no sólo nace enlas ciudades sino que se asienta en las mismas. Ello es así porque: la población mundial se concentra crecientemente en ciudades, la interdependencia territorial se produce entre ciudades, las ciudades son el espacio de encuentro y reconocimiento intercultural, la economía del conocimiento requiere de entornos urbanos, la sociedaddel conocimiento se estructura en ciudades modernas, y finalmente porque los desafíos de la democracia son en gran parte desafíos urbanos.

  Pero en la globalización, al reestructurar el territorio ha cambiado el concepto de ciudad. La ciudad hoy desborda la realidad concreta de un territorio y una población sobre al que ejerce jurisdicción una administración municipal urbana. La ciudad incluye y desborda el concepto de municipio.

  Desde esta perspectiva, lo importante es dotar de autonomía, recursos, capacidad de dirección, transparencia, instancias técnoicas, participación y responsabilización a los gobiernos locales como gestores de las realidades urbanas para poder participar activa y efectivamente en todas las redes que configuran hoy las ciudades.

  Esto es lo que explica el éxito que en lo últimos años ha tenido la planificación estratégica de las ciudades. La planificación hasta ahora practicada era sectorial y en correspondencia con las competencias municipales. Lo innovador de la planeación estratégica es que considera a la ciudad integralmente y se orienta a identificar los

  proyectos más importantes para su desarrollo independientemente de que correspondan o no a las competencias municipales.

  Exposición de Motivos

  Primero. La conducción del país, a lo largo de la historia, ha pasado por muy diversas facetas y por múltiples y variados ejercicios, desde la centralización planificada hasta la implantación de ensayos económicos con tendencia a las doctrinas neoliberales, aunque estos últimos no hayan logrado desprenderse de los principios sociales previstos en la Carta Magna.

  Segundo. De acuerdo con los principios generales de la economía mixta, concurren al desarrollo social nacional los sectores públicos, social, y privado, esto obliga al Estado a planear el desarrollo tomando en consideración la participación de estos tres sectores.

  Tercero. El artículo 26 de la Constitución federal establece q1"e el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Sin embargo, las instancias locales de este sistema, se encuentran rebasadas en sus alcances y operatividad, generando un vacío entre los aspectos técnicos, políticos y de participación ciudadana en la planeación.

  Cuarto. El país requiere una estructura territorial sólida con ciudades integralmente planeadas, que sustenten la estrategia del desarrollo nacional, ordenadas a partir de principios constitucionales que actualicen y ordenen las atribuciones existentes, establezcan la seguridad jurídica y permitan romper los obstáculos que condicionan el cumplimiento de sus fines.

  Quinto. En respuesta a la realidad urbana, un creciente número municipios han apostado a la creación de IMPLANES, instituciones para la planeación integral de su ciudad y aún más, ha construido instituciones de carácter metropolitano o regional, cuyo órgano de dirección -en ambos casos- contiene un fuerte componente de participación ciudadana.

  Sexto. EIIMPLAN es un órgano descentralizado de la Administración Pública Municipal;

  una instancia de apoyo técnico al Ayuntamiento en materia de planeación que trasciende el período de gobierno municipal, promueve y ejecuta la investigación, la planeación y la elaboración de propuestas consensuadas con toda la ciudadanía como instrumentos para el desarrollo integral de las ciudades.

  éptimo. En un estado de derecho todo el aparato estatal se encuentra sometido a las normas jurídicas que estatuyen sus funciones, razón por la cual se hace necesario reconocer en la legislación los avances en lainstitucionalidad que han desarrollado los municipios al crear los IMPLANES.

  De conformidad con lo anteriormente expuesto, nos permitimos presentar ante esta honorable Cámara de Diputados, el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se proponen reformas a los artículos 9 y 51 de la Ley General de Asentamientos Humanos.

  Decreto que reforma los artículos 9 y 51 de la ley de Planeación

  Único. Se reforman los artículos 9 y 51 de la Ley General de Asentamientos Humanos, para quedar como sigue:

  Artículo 9. ...

  I a XV...

  Para el ejercicio de sus atribuciones los municipios podrán crear instancias técnicas especializadas con un componente de participación ciudadana en sus órganos dedecisión, que coadyuve con el Ayuntamiento en el proceso de gestión urbana con alcances municipal, regional o metropolitano.

  Artículo 51. ...

  XIV. Promover la creación de instancias técnicas especializadas en planeación con un componente de participación ciudadana en sus órganos de decisión, que coadyuven con el Ayuntamiento en el proceso de gestión urbana con alcances municipal, regional o metropolitano.

  Transitorio

  Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  Palacio Legislativo de San Lázaro, a _ de ____ de 2009.

• PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

  El suscrito diputado federal de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 Fracción II; 78 Fracción de III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 55 fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración y por conducto de la Comisión Permanente la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo Décimo Séptimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  Consideraciones Generales y Antecedentes

  I.- La Doctrina de los tratadistas se ha enfrascado de tiempo atrás en torno al problema que representa la probable reformabilidad de las disposiciones transitorias en atención; en atención a lo cual, ello debe de ser el primer tópico a abordarse en la presente exposición de motivos.

  Sabedores de que las disposiciones transitorias regulan con carácter de norma de aplicación inmediata aspectos específicos sobre conflictos de leyes en el espacio y en tiempo derivados de la entrada en vigor de un nuevo ordenamiento, y dado que dicha entrada en vigor surte efectos inmediatos una vez cumplido el término de la vacatio legis en cuestión, gran parte de la Doctrina se inclina por la irreformabilidad de los preceptos transitorios; pese a ello, destaca en el panorama de la Doctrina mexicana el criterio sustentado por el constitucionalista Elizur Arteaga Nava, quien considera a las disposiciones transitorias como preceptos sustantivos de un cuerpo legal determinado, criterio que nos permitiría concluir la viabilidad de emprender reformas a disposiciones transitorias específicas.

  II.- En sesión ordinaria de fecha 15 de marzo de 2007, se presentó ante ésta asamblea una iniciativa con proyecto de decreto formulada por el Ejecutivo federal, mediante la cual se propuso la expedición de lanueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 de la Constitución General.

  La iniciativa en cuestión, tras haber sido aprobada por el Poder Legislativo con sujeción al procedimiento constitucional conducente, fue publicada la nueva ley en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 2007.

  Desde su creación en 1959, el ISSSTE ha otorgado a los trabajadores una cobertura de seguridad social que les permite un desarrollo personal, familiar y profesional adecuado y satisfactorio, sin distinción de la naturaleza o el tipo de función que un determinado servidor público pueda desempeñar al servicio del Estado.

  En tal tesitura, el artículo décimo séptimo transitorio del nuevo ordenamiento en vigor sobre la materia, establece a favor de los legisladores del Congreso de la Unión el beneficio de incorporarse voluntariamente al régimen de la ley del 27 de diciembre de 1983 abrogada mediante disposición transitoria expresa de la nueva ley del ISSSTE.

  De conformidad con el artículo transitorio cuya reforma se propone en la presente iniciativa de ley, los legisladores habrían contado con un plazo de seis meses para solicitar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado su incorporación al régimen derogado de jubilaciones y pensiones; siendo de destacarse sin embargo, que un número importante de legisladores no ejercieron tal prerrogativa dentro del plazo establecido por el transitorio en cuestión por circunstancias que fueron del todo ajenas a su voluntad.

  Contenido de la Iniciativa

  En el párrafo primero del artículo décimo séptimo transitorio de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del 31 de marzo de 2007, se establece que:

  “DÉCIMO SÉPTIMO. Los ciudadanos que hubieren servido como Diputados o Senadores propietarios al Congreso de la Unión y que no se hubieren incorporado voluntariamente al régimen de la Ley que se abroga durante su mandato constitucional, tendrán derecho a solicitar al Instituto su incorporación al mismo, mediante el pago de las Cuotas y Aportaciones que estuvieren vigentes durante el periodo en que hubieren servido. Este derecho deberán ejercerlo dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley.

  El ejercicio del derecho a que se refiere este artículo dará lugar al otorgamiento de los beneficios previstos en el presente ordenamiento”.

  La presente iniciativa de reforma de ley, propone extender el plazo de beneficio a los legisladores, tanto de las anteriores legislaturas como de la presente y de la entrante, hasta el miércoles 31 de marzo del 2010, haciendo la salvedad de que tal beneficio no afectaría en lo más absoluto el patrimonio del ISSSTE, toda vez que, el legislador que decidiera optar por el beneficio que le concede el artículo décimo séptimo transitorio en cuestión, estaría obligado por disposición del mismo a aportar las cuotas en términos de la ley respectiva; por lo que, en vista de lo anterior, se somete a la consideración del Poder Legislativo federal reformar el multicitado artículo transitorio.

  Con fundamento en la anterior exposición de motivos, se somete a la consideración de esta soberanía, el siguiente proyecto de

  DECRETO:

  Único.- Se reforma el artículo décimo séptimo transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue:

  DÉCIMO SÉPTIMO. Los ciudadanos que hubieren servido como Diputados o Senadores propietarios al Congreso de la Unión y que no se hubieren incorporado voluntariamente al régimen de la Ley que se abroga durante su mandato constitucional, tendrán derecho a solicitar al Instituto su incorporación al mismo, mediante el pago de las Cuotas y Aportaciones que estuvieren vigentes durante el periodo en que hubieren servido. Este derecho deberán ejercerlo a más tardar el 31 de marzo del año 2010.

  TRANSITORIO

  Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  PalacioLegislativo de San Lázaro a 5 de Agosto de 2009

  A T E N T A M E N T E

• INICIATIVA QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LOS BIOENERGÉTICOS, PRESENTADA POR LA DIPUTADA ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

  La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, al tenor de la siguiente:

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  El espíritu de los artículos 25 y 27, de los que es reglamentaria la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB), tiene como su principal referencia la rectoría del desarrollo nacional por parte del Estado. El artículo 25 constitucional en su primer párrafo establece:
  “Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución”.
  Por su parte, en el párrafo sexto del mismo artículo, se destaca que es el interés público el que constituye el marco de referencia para definir las modalidades de los criterios para el impulso de las actividades productivas. En este sentido se señala lo siguiente:
  “Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente”.

  Por lo que respecta al artículo 27 constitucional, en su fracción vigésima se ordena el tipo de desarrollo rural que el Estado debe de impulsar:
  “El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público”.
  La contextualización anterior fue necesario para recordar el marco constitucional donde se ubica la LPDB, de donde se subraya que la rectoría del desarrollo nacional debe de ser de tal naturaleza, que garantice que éste sea integral y sustentable y que fortalezca la Soberanía de la Nación, así como que el desarrollo rural sea de carácter integral, teniendo siempre en cuenta el interés público. El contenido de dichas disposiciones constituye el espíritu fundamental de la LPDB, por lo que es imprescindible evitar cualquier tipo de desvió o contradicción al respecto.
  En congruencia con el contexto constitucional referido, se estableció en el artículo 1° de la LPDB, el conjunto de criterios u objetivos que debían alcanzase:
  I. Promover la producción de insumos para Bioenergéticos, a partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano, sin poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria del país de conformidad con lo establecido en el artículo 178 y 179 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

  II. Desarrollar la producción, comercialización y uso eficiente de los Bioenergéticos para contribuir a la reactivación del sector rural, la generación de empleo y una mejor calidad de vida para la población; en particular las de alta y muy alta marginalidad.

  III. Promover, en términos de la Ley de Planeación, el desarrollo regional y el de las comunidades rurales menos favorecidas;

  Desde esta perspectiva es claro que, derivado de los fines constitucionales que se reglamentan en la LPDB, se establecieron los criterios que priorizan la protección de la Soberanía y Seguridad Alimentaria del país.
  Para conservar la congruencia de este principio es conveniente que la fracción II del artículo 11, sea adicionada para que tal protección sea específica en relación a los Productos Básicos y Estratégicos, que son los que le dan concreción a aquellas. De la misma manera es conveniente agregar a la fracción III, la obligación institucional, para poner en marcha acciones preventivas, derivadas de la evaluación de los programas derivados de esta Ley, para prevenir efectos negativos que dificulten la Soberanía y Seguridad Alimentaria (SSA). Aspectos actualmente omitidos por la LPDB.
  Por otra parte y para evitar el uso de productos básicos y estratégicos en la producción de bioenergéticos, ya sean de origen nacional o extranjero, como indebidamente lo permite el Reglamento de la LPDB, emitido por el Ejecutivo Federal el 18 de junio de 2009, se propone adicionar la fracción VIII de este artículo.
  La reforma propuesta pretende dilucidar cualquier problema de interpretación relativo al uso de productos básicos y estratégicos en la producción de bioenergéticos, especialmente de maíz, cuando no existan las condiciones establecidas por la propia ley.
  Esta circunstancia es preciso evitarla porque dicho Reglamento va contra el espíritu de la LPDB, ya que promueve la importación de maíz para producir bioenergéticos, particularmente etanol para exportación, lo que implica que los subsidios otorgados por el gobierno federal, finalmente benefician a la economía norteamericana, al ser esta nación el principal destino de la exportación.
  También se propicia el uso de maíz nacional para tales efectos, debido a la insuficiencia de controles para diferenciar entre el maíz de origen nacional y el de origen extranjero; sin mencionar las posibles consecuencias negativas que se producirían en la balanza comercial agropecuaria, al contribuir al incremento de los precios internacional de los granos, lo que daña al país, al ser éste importador neto.
  Si bien es cierto que el artículo 20 del Reglamento de LPDB, permite el uso del maíz importado para producir bioenergéticos, al establecer lo siguiente:
  “Conforme a lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 11 de la Ley, queda prohibido el uso del maíz para la producción de Bioenergéticos, salvo que existan inventarios excedentes de producción interna para satisfacer el consumo nacional y se cuente con permiso correspondiente expedido por la SAGARPA.
  La SAGARPA, considerando la opinión de la Secretaría de Economía, determinará durante los meses de abril y octubre de cada año, la existencia de inventarios excedentes de producción interna de maíz para satisfacer el consumo nacional y únicamente en el caso en que existan, lo dará a conocer en dichos meses mediante la página electrónica de la propia Secretaría.
  La utilización, parcial o total, de maíz importado para la producción de Bioenergéticos no requerirá de permiso previo por parte de la SAGARPA. Sin embargo, los interesados que produzcan o pretendan producir Bioenergéticos a partir de maíz importado, deberán dar aviso a la SAGARPA con el objeto de que dicha Secretaría verifique la congruencia entre las importaciones de maíz y la producción de Bioenergéticos del interesado”.
  También lo es que, lo dispuesto en el tercer párrafo viola flagrantemente el espíritu central de la LPDB, al  propiciar circunstancias que dificultan el logro de la SSA; además del hecho de que parte de una suposición inexistente en la ley ya que en ningún momento se diferenció entre  producción interna o externa para considerar el nivel de inventarios posible de satisfacer el consumo nacional. En este sentido, es clara la contradicción del contenido del primer párrafo con el artículo 11, fracción VIII, de la LPDB, donde se habla genéricamente de maíz, sin importar si éste es de origen nacional o extranjero. En virtud de las consideraciones anteriores, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con,

  Proyecto de Decreto por el que se adicionan las fracciones II, III y VIII  del artículo 11 de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, para quedar en los siguientes términos:

  Artículo 11. […]

  1. […]
  2. Regular y, en su caso, expedir Normas Oficiales Mexicanas relativas a los requisitos, características, medidas de seguridad y demás aspectos pertinentes para la producción sustentable de Insumos, así como controlar y vigilar su debido cumplimiento. Asimismo y de  conformidad con el artículo 1°, fracciones I, II y III de esta Ley, disponer lo necesario par impedir que se usen los productos básicos y estratégicos de origen nacional o importados, para la producción de biocombustibles.
  3. Evaluar periódicamente el impacto en materia de seguridad y soberanía alimentaria y desarrollo rural, de los programas derivados de esta Ley, incluyendo un análisis de costo beneficio y realizar las acciones necesarias a efecto que dicha información sea de carácter público; así como  disponer lo necesario, en el ámbito de su competencia y en función de la evaluación, para prevenir impactos negativos que dificulten la seguridad y soberanía alimentaria.

  […]

  VIII.   Otorgar permisos previos para la producción de bioenergéticos a partir del grano de maíz en sus diversas modalidades, de origen nacional o extranjero, mismos que se otorgarán solamente cuando existan inventarios excedentes de producción interna de maíz para satisfacer el consumo nacional.

  Transitorio
  Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  Diputada Adriana Díaz Contreras

  Dado en la Sede de la Comisión Permanente,
  el día 5 de Agosto del año 2009.

• QUE REFORMA EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO BUGANZA SALMERÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN

  El que suscribe, Gerardo Buganza Salmerón, Diputado Federal de la LX Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente:

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  Uno de los grandes retos planteados por el Gobierno Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 consiste en el abatimiento del rezago existente en materia de infraestructura para el suministro de agua potable, el establecimiento de los servicios de drenaje y alcantarillado así como para el tratamiento de aguas residuales.

  Comprometido con establecer el tema del agua como una prioridad nacional, el Partido Acción Nacional instituyó en su plataforma para la LX Legislatura la necesidad del diseño de una estrategia de corto, mediano y largo plazo que garantice la oferta, el abasto y el uso racional del agua, así como el impulso a un programa de participaciones públicas y privadas que facilite la inversión en plantas de tratamiento de agua residual, de tal suerte que permita su reutilización y privilegie el monitoreo de su uso eficiente.

  Nuestro país enfrenta un rezago importante en cuanto al tratamiento de aguas residuales. De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en el año 2007, las 1,710 plantas de tratamiento de aguas residuales municipales en operación a nivel nacional, a pesar de contar con una capacidad instalada de 106.27 m3/s, trataron solamente 79.29 m3/s equivalente al 38.3% de los 207 m3/s recolectados en los sistemas de alcantarillado.

  En relación a lo anterior, como parte de las estrategias del Programa Nacional Hídrico 2007-2012, se plantea la necesidad detratar las aguas residuales generadas así como fomentar su reuso e intercambio, la mejora del desarrollo técnico, administrativo y financiero del sector hidráulico, impulsando el proceso de descentralización de funciones, programas y recursos que realiza la Federación hacia los estados, municipios y usuarios con la finalidad de lograr un mejor manejo del agua.

  Así, para atender estos objetivos, el Gobierno Federal instrumenta, a través de la CONAGUA, el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), con el fin de atender y reforzar la infraestructura hidráulica, realizar las obras nuevas que requiere el crecimiento de la demanda del recurso, así como adecuar y utilizar plenamente la infraestructura existente.

  Este Programa Federal tiene como objetivo específico, fomentar y apoyar a las entidades federativas y municipios en el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento en centros de población mayores a 2,500 habitantes, mediante acciones de mejoramiento en la eficiencia operativa y uso del recurso hídrico.

  El Manual de Operación y Procedimientos de este programa señala que, para acceder a sus beneficios, las entidades federativas o municipios deberán cubrir requisitos como suscribir un convenio o acuerdo con el Gobierno Federal para la conjunción de acciones con objeto de impulsar el federalismo y la descentralización de Programas Hidráulicos en cada entidad; aportar recursos como contraparte de inversión, los cuales no deberán provenir ni ser considerados en otros Programas Federales; así como, presentar una propuesta anual de inversiones, entre otros.

  Una vez cubiertos estos requisitos, con base en la disponibilidad presupuestaria, las propuestas por parte de los Organismos Operadores se seleccionarán conforme a criterios relativos a acciones de macro y micro medición, de padrón de usuarios, facturación y cobranza, de ampliación de cobertura de agua potable, de detección y eliminación de fugas y de ampliación de cobertura de saneamiento.

  De esta manera, los recursos que podrán asignarse a través de este Programa Federal alcanzarán hasta un 50% del monto de inversión requerido para acciones de saneamiento y hasta un 75% para el financiamiento de estudios y proyectos, incluyendo los estudios de preinversión que permitan definir obras a realizar dentro de este Programa.

  De manera adicional, por medio del Programa Fondo Concursable para Tratamiento de Aguas Residuales que instrumenta la CONAGUA, se otorgan apoyos a los prestadores del servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar plantas de tratamiento de aguas residuales, así como para incrementar el volumen tratado o mejorar sus procesos de tratamiento.

  En este caso los porcentajes máximos de apoyo federal a los que pueden acceder, de manera prioritaria, aquellos organismos operadores para poblaciones no mayores a medio millón de habitantes ascienden a 70% paraconstrucción o ampliación de infraestructura, 60% para rehabilitación y 70% para estudios y proyectos. Adicionalmente, los apoyos podrán incrementarse hasta en 20% dependiendo del porcentaje de agua tratada que sea reusada.

  Es importante resaltar que para acceder a los beneficios de ambos programas se requiere que el ejecutor aporte una contraparte de la inversión la cual, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, para el caso de una planta tipo, sería al menos de 3.5 millones de pesos (mdp) si el financiamiento se obtiene mediante el APAZU o 2.1 mdp si el apoyo federal se diera mediante el Fondo Concursable.

  Además, es relevante señalar que el costo de operación y mantenimiento oscila entre $1.20 y $1.30 por cada metro cúbico (m3) tratado, por lo cual el ejecutor tendría que aportar como mínimo entre $0.70 y $0.80 si cumple con las condiciones de descarga y cuenta con el monto máximo de apoyo proporcionado por el Fondo Concursable.A este respecto, también debemos tomar en cuenta que este apoyo federal se otorgará anualmente y sólo podrá renovarse por un periodo máximo de 4 años por lo que, los años subsecuentes los gastos de operación y mantenimiento deberán ser cubiertos por el Organismo Operador.

  Debido a lo anterior, se vuelve indispensable generar recursos complementarios para construir y renovar la infraestructura hidráulica, dada la problemática fiscal que los Organismos Operadores vienen arrastrando y la carencia de inversiones que enfrenta el sector hidráulico para sanear los cuerpos de agua y dar tratamiento a las descargas de aguas residuales municipales, además de que en muchas ciudades la infraestructura existente se caracteriza por su antigüedad y obsolescencia.

  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 115, fracción III, inciso a, establece que los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Asimismo, la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria del artículo 27 Constitucional en materia de agua, establece en su artículo 44 que corresponde al municipio, al Distrito Federal y, en términos de Ley, al estado, así como a los organismos o empresas que presten el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previa a su descarga a cuerpos receptores de propiedad nacional, conforme a las Normas Oficiales Mexicanas respectivas o a las condiciones particulares de descarga que les determine la autoridad del agua.

  En concordancia con lo anterior, la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 33, inciso a, establece dentro de los rubros de competencia municipal a los que podrán destinarse los recursos asignados mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), los relativos a agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, no obstante, no contempla el tratamiento de aguas residuales. Esto no resulta coherente con lo establecido en la fracción V del citado artículo, en la que se establece que los estados y los municipios deberán procurar que las obras que realicen con los recursos de los Fondos sean compatibles con la preservación y protección del medio ambiente y que impulsen el desarrollo sustentable.

  Dada la naturaleza del FISM, los municipios deberán destinar las aportaciones recibidas a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema. En este sentido resulta relevante señalar que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Población, entidades como Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Puebla y el Estado de México aún enfrentan altas tasas de mortalidad por enfermedades diarreicas en menores de cinco años, las cuales en 2006 fueron de 43.4, 31.7, 24.7, 23.0 y 20.9, respectivamente. Esta situación podría revertirse destinando mayores recursos al saneamiento de aguas residuales, ya que el rezago existente mencionado conlleva una serie de externalidades negativas debido a que, la calidad físico-química y biológica del agua está asociada con la salud de la población.

  Así, la falta de saneamiento, además de ocasionar problemas ambientales como la contaminación del agua, puede generar enfermedades transmisibles de gravedad moderada como infecciones oculares, óticas o gastrointestinales, otras que pueden llegar a ser más graves como es el caso del cólera o la tifoidea y, en casos extremos de contaminación química, puede relacionarse con consecuencias a largo plazo como cáncer, efectos endocrinos, inmunológicos o neurológicos.

  Esta iniciativa reconoce que la naturaleza del FISM está orientada a acciones sociales básicas que beneficien a sectores de la población que se encuentren en condiciones de extrema pobreza y rezago social, sin embargo, considero necesario que tomemos en cuenta que el no destinar recursos a acciones de saneamiento puede generar que la población, al no contar con agua de primer uso, utilice agua contaminada y enfrente por tanto problemas de salud como los anteriormente señalados. Esto mermará sus oportunidades de desarrollo y los mantendrá en pobreza extrema generando así un círculo vicioso.

  Atendiendo a lo anterior, en la iniciativa se propone incorporar el tratamiento de aguas residuales dentro de los rubros contemplados para el ejercicio de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), lo cual coadyuvará a que los municipios generen las inversiones requeridas para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura creada desde el alcantarillado hasta el tratamiento de las aguas residuales.

  Es importante mencionar que los recursos de este fondo para saneamiento también podrán ser del conocimiento de la población beneficiaria y, al ser federales, podrán ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación.

  Considerando, además, que el crecimiento de la población del país en los últimos 55 años ha generado la disminución de la disponibilidad natural media per cápita de agua al pasar de 18,035 m3/hab/año en 1950 a tan sólo 4,312 en 2007 y que, de acuerdo a los escenarios estudiados por la Comisión Nacional del Agua y a las proyecciones del Consejo Nacional de Población, en el año 2030 se reducirá a 3,705 m3/hab/año, lo que hace necesario contribuir al tratamiento de las aguas residuales, ya queincrementar sus volúmenes permitirá sustituir agua de primer uso por agua residual tratada, así como recuperar la calidad de los ríos y lagos del territorio e incrementar la recarga de los acuíferos.

  Para desarrollar e implantar los esquemas que permitan generar las inversiones requeridas tanto para construcción como para la operación y mantenimiento de la infraestructura creada para el tratamiento de las aguas residuales, se vuelve indispensable la complementariedad y corresponsabilidad de los recursos federales, estatales, municipales y del sector privado, ya que así será posible garantizar la gestión integral de los recursos hídricos, lo cual constituye uno de los grandes retos del sector hidráulico y sólo asumiendo cada agente de manera responsable su participación se podrá asegurar la permanencia de los sistemas del sector que hacen posible satisfacer las necesidades básicas de la población.

  Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente:

  Decreto

  Artículo Único. Se reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:

  ARTÍCULO 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados y los Municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:

  • Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal: agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural, y

  • Fondo de Infraestructura Social Estatal: obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.

  …

  …

  …

  …

  …

  …

  …

  Transitorios

  Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados, a 29 de Julio de 2009.

  Diputado Federal Gerardo Buganza Salmerón

• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, A CARGO DEL DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CALZADA VÁZQUEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD

  El suscrito, diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Democrática en la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta Soberanía Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria , bajo la siguiente:

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  El artículo 257 de la Ley Federal de Derechos establece que la recaudación anual que genere la aplicación del Derecho Extraordinario sobre Exportación de Petróleo Crudo (deep), se destinará en su totalidad a las entidades federativas, a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (feief).

  “Artículo 257. PEMEX Exploración y Producción estará obligado al pago anual del derecho extraordinario sobre la exportación de petróleo crudo…

  La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere este artículo, se destinará en su totalidad a las Entidades Federativas a través del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal se deberán establecer reglas claras y precisas sobre la mecánica de distribución del citado Fondo.

  …”

  Por otro lado, la fracción IV y V del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (lfprh), a la letra dicen:

  “IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este artículo una vez realizadas, en su caso, las compensaciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21 fracción I de esta Ley, se destinarán a lo siguiente:

  a) En un 25% al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas;

  b) En un 25% al Fondo de Estabilización para la Inversión en Infraestructura de Petróleos Mexicanos;

  c) En un 40% al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros.

  d) En un 10% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

  Los ingresos excedentes se destinarán a los Fondos a que se refiere esta fracción hasta alcanzar una reserva adecuada para afrontar una caída de la Recaudación Federal Participable o de los ingresos petroleros del Gobierno Federal y de Petróleos Mexicanos. El monto de dichas reservas, en pesos, será igual al producto de la plataforma de producción de hidrocarburos líquidos estimada para el año, expresada en barriles, por un factor de 3.25 para el caso de los incisos a) y b), y de 6.50 en el caso del inciso c), en todos los casos por el tipo de cambio del dólar estadounidense con respecto al peso esperado para el ejercicio. En el caso de los ingresos excedentes para el Fondo a que se refiere el inciso b) de esta fracción, estos recursos se transferirán anualmente a Petróleos Mexicanos para que éste constituya la reserva, quién podrá emplear hasta el 50% de los recursos acumulados en este fondo al cierre del ejercicio fiscal anterior para la ampliación de la infraestructura de refinación en territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

  Los Fondos de Estabilización a que se refiere esta fracción se sujetarán a reglas de operación que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación.

  En el caso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, los recursos serán administrados por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de fiduciario del fideicomiso público sin estructura orgánica establecido para tal efecto. Dicho fideicomiso contará con un Comité Técnico conformado por tres representantes de las entidades federativas y tres representantes del Gobierno Federal; la Presidencia de dicho Comité corresponderá a uno de los representantes de las entidades federativas.

  La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 21 de esta Ley, en los términos de las respectivas reglas de operación; asimismo dichos Fondos podrán recibir recursos de otras fuentes de ingresos establecidas por las disposiciones generales, sujetándose a los límites máximos para cada reserva a que se refiere el presente artículo. En este último caso, una vez que las reservas alcancen su límite máximo, las contribuciones que por disposición general distinta a esta Ley tengan como destino los Fondos a que se refieren los incisos a) y c) de esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo previsto en el inciso d) de la siguiente fracción de este artículo.

  Cuando se realicen erogaciones con cargo a las reservas a que se refiere esta fracción, la restitución de las mismas tendrá prelación con respecto a los destinos previstos en la siguiente fracción;

  V. Una vez que los Fondos a que se refiere la fracción anterior alcancen el monto de la reserva determinado, los excedentes de ingresos, a que se refiere la fracción IV de este artículo se destinarán conforme a lo siguiente:

  a) En un 25% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura que establezca el Presupuesto de Egresos, dando preferencia al gasto que atienda las prioridades en las entidades federativas;

  b) En un 25% a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento de las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones reportado en la Cuenta Pública más reciente.

  c) En un 25% a los programas y proyectos de inversión en infraestructura de Petróleos Mexicanos;

  d) En un 25% para el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones.

  ….”

  (Énfasis añadido)

  De esta forma, el deep se destina a cubrir la reserva del feief, y una vez alcanzada esta reserva, su destino es el Fondo de Apoyo para la Reestructura de Pensiones (farp).

  Por lo anterior, dado que la reserva del feief establecida para el 2008 fue cubierta durante 2008, la recaudación del deep destinada al farp fue de 22,910 millones de pesos,de acuerdo a los Informes Sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp), al primer y segundo trimestre del 2009.

  Es de considerar que con las modificaciones al artículo 19, fracción IV, segundo párrafo, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de noviembre de 2008, se incrementó al doble la reserva del feief a partir del 2009, por lo que los recursos del deep se destinarán nuevamente a cubrir dicha reserva.

  Como resultado del deterioro económico presentado en el presente ejercicio fiscal, los ingresos fiscales del gobierno federal han mostrado una sensible disminución impactando directamente en la Recaudación Federal Participable (rfp), base de distribución de recursos a las Entidades Federativas, por lo que es importante tomar en cuenta que de no haberse destinado los recursos del deep al farp, las entidades federativas hubieran tenido para el presente ejercicio fiscal 22,910 millones de pesos adicionales para hacer frente a la caída en las participaciones federales, resultado de la disminución de la rfp respecto a la estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (shcp).

  Ante las circunstancias descritas, y con la finalidad de que las entidades puedan disponer de recursos para hacer frente ante una eventual caída en las participaciones, resultado de una disminución en la rfp respecto a lo estimado por la shcp, y para que los recursos que se generen por el deep sean en su totalidad de las entidades federativas, tal y como establece la propia Ley, se propone que una vez llena la reserva del feief, los recursos distintos a los contemplados en la lfprh y cuyo destino original sea para los estados y el Distrito Federal, se destinen en su totalidad a lo establecido en el inciso b) de la fracción V del artículo 19 de la lfprh, esto eso, a programas y proyectos de inversión en infraestructura en las Entidades Federativas, con la finalidad de que se dé continuidad al gasto público productivo a pesar de la disminución de recursos hacia las Entidades.

  Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto, en los siguientes términos:

  Artículo UNICO: Se reforma la fracción IV del artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:

  "Artículo 19.- ...

  I. a III. ...

  IV. …

  a) a d) ...

  …

  La aplicación de los recursos de los Fondos se sujetará a lo dispuesto en la fracción II del artículo 21 de esta Ley, en los términos de las respectivas reglas de operación; asimismo dichos Fondos podrán recibir recursos de otras fuentes de ingresos establecidas por las disposiciones generales, sujetándose a los límites máximos para cada reserva a que se refiere el presente artículo. En este último caso, una vez que las reservas alcancen su límite máximo, las contribuciones que por disposición general distinta a esta Ley tengan como destino el Fondo que se refiere el inciso c) de esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo previsto en el inciso d) de la siguiente fracción de este artículo. Mientras que las contribuciones que por disposición general distinta a esta Ley tengan como destino el Fondo que se refiere el inciso a) de esta fracción, cambiarán su destino para aplicarse a lo previsto en el inciso b) de la siguiente fracción de este artículo.

  …

  Transitorios:

  Único.- El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  Dado en la Sede de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los 3 días del mes de agosto del año 2009.

  Diputado Francisco Javier Calzada Vázquez (Rúbrica)

• Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los
  Derechos de las Personas Adultas Mayores

  La suscritas Dip. María Esther Jiménez Ramos y Dip. Dolores Ma. del Carmen Parra Jiménez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, de conformidad con la siguiente

  Exposición de Motivos

  La promoción de la independencia, participación y dignidad de las personas adultas mayores figuran desde hace tiempo entre los temas que preocupan y ocupan a las Naciones Unidas. Cuando los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento hace seis años, en la Segunda Asamblea Mundial, se comprometieron a “eliminar todas las formas de discriminación, entre otras, la discriminación por motivos de edad”.

  Reconocieron que “las personas, a medida que envejecen, deben disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política de sus sociedades”. Y expresaron que estaban decididos “a realzar el reconocimiento de la dignidad de las personas adultas mayores y a eliminar todas las formas de abandono, abuso y violencia”.

  No obstante ese compromiso, los derechos de las personas de edad se vulneran a diario en muchas partes del mundo. Las personas de edad suelen sufrir discriminación por razones de edad en el lugar de trabajo. En el entorno social, puede que no se les reconozca ni se les muestre respeto. Es posible también que se impida su inclusión y participación plenas en los asuntos sociales, económicos, culturales y políticos.

  El reconocimiento del papel fundamental que desempeñan las personas adultas mayores en la sociedad es un pilar importante del Plan de Acción de Madrid. Sin embargo, el primer examen y evaluación de dicho Plan dejó claro que todavía queda mucho por hacer.

  En este sentido, la población mexicana atraviesa por una fase de plena y acelerada transición demográfica y no podrá sustraerse en el futuro a la dinámica del envejecimiento demográfico. Dicha transición se inició en los años treinta del siglo pasado con el descenso paulatino de la mortalidad, y se acentuó posteriormente, a mediados de los sesenta, con la declinación de la fecundidad. Estos cambios han representado profundas transformaciones en la distribución por edades de la población.

  De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, se estima que la edad media de la población se incrementará de 27 a 30 años en la primera década del presente siglo y de 38 a 45 años entre 2030 y 2050. A su vez, la población de 65 años y más aumentará de 4.8 millones a 17 millones entre 2000 y 2030 y alcanzará 32.5 millones en el 2050.

  Esta evolución futura de la población de adultos mayores planteará enormes desafíos para las políticas sociales, ya que tendrán que emprender un giro sustancial en su enfoque en la atención de las problemáticas propias del envejecimiento. En este caso no sólo se trata de ampliar la oferta de servicios ya existentes, sino que habrán de incorporarse nuevas estrategias y programas que permitan satisfacer las necesidades emergentes con oportunidad y equidad.

  Por otro lado, en el ámbito ocupacional de los adultos mayores, cifras del INEGI/ENOE de Julio del 2008, indican que en México viven 10,100,000(1) personas adultas mayores, de las cuales un 65 % sonPoblación Económicamente No Activa (No PEA) y el resto del 35 %corresponde a Población Económicamente Activa (PEA).

  (1) Según la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, es aquella que rebasa los 60 años.

  De la primera, la No Activa; 1,300,000 están jubilados y reciben una pensión económica y 1,800,000 están empadronados en el Programa 70 y +, que administra la Sedesol del Gobierno Federal: La suma de ambas cifras resulta una población de 3,100,000 de adultos mayores que representan un 47 %, los cuáles tienen ingresos que les permiten solventar sus necesidades alimentarias, cuando mínimo; así como otras de índole básica. El resto de 53 % de esta Población No Activa, se infiere que la familia les proporciona los satisfactoresbásicos. Lo anterior no debe considerarse como satisfactorio y representa un reto pendiente.

  Referentea los segundos, el 35 % de la Población Económicamente Activa (PEA) un 94 % de esta fracción tienen ingresos para solventar sus necesidades básicasdesempeñando empleos como asalariados, trabajando por su cuenta o son empleadores. El saldo del 6 % de esta población que representan cerca de 215,000 adultos mayores, no poseen ingresos para solventar sus necesidades básicas y para ello tienen las siguientes opciones: Su ingreso al padrón de 70 y+, El sostén familiar o desarrollar acciones que los habilite para acceder al mercado laboral o emprender actividades productivas de autoempleo.

  Un examen de lo hasta aquí expuesto, nos indican que es necesario impulsar más y mejores acciones para apoyar a las personas adultas mayores, promover la seguridad de sus ingresos y su protección social y garantizar que reciban una atención de la salud de calidad y se les presten servicios de asistencia a largo plazo. Para lograrlo, será necesario mejorar substancialmente las políticas nacionales relacionadas específicamente con el envejecimiento e incorporar en la legislación disposiciones que reflejen las preocupaciones y necesidades de este grupo de población.

  Por otro lado, no obstante que la LDPAM ya establece algunas acciones en materia laboral para los adultos mayores que buscan incorporarlos en actividades remuneradas, o en su caso, apoyarlos para que emprendan proyectos productivos, no son suficientes y desafortunadamente siguen presentándose evidencias de discriminación por motivo de la edad.

  Es por ello que esta iniciativa busca que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, además de impulsar el desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en el campo de formulación y ejecución de proyectos productivos, apoye a estas personas para que emprendan sus proyectos con base en los conocimientos y destrezas adquiridos, y para ello se recomienda hacer algunos cambios al artículo 19 de la LDPAM:

  Sin embargo el apoyo que los adulos mayores requieren, además de ser capacitados para emprender proyectos productivos, necesitan de recursos financieros destinados exclusivamente a esta población, mediante la participación de otros actores, tanto públicos como privados., lo anterior sin duda sería un gran paso para asegurar y/o mejorar su nivel de vida.

  Por otro lado, es importante que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores impulse más acciones dirigidas a promover la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo, y de opciones productivas que les permitan a los adultos mayores obtener un ingreso propio. Por ellose propone adicionar una fracción con este objetivo como una de las atribuciones del Instituto, sin dejar de lado que es necesario que se tomen en cuenta las habilidades y competencias con las que cuentan para desempeñarse en cualquier labor.

  Compañeras y compañeros legisladores, debemos estimular el debate sobre la promoción de los derechos de las personas adultas mayores y fortalecer las alianzas dirigidas a asegurar su plena participación en la sociedad. Redoblemos nuestros esfuerzos por hacer efectivos los derechos de este grupo de población y convertir en realidad el sueño de una sociedad para todas las edades, los invitamos a sumarse a esta iniciativa con el objetivo de fortalecer los mecanismos legales para que los adultos mayores se incorporen al mercado laboral y reciban mayores apoyos para emprender sus proyectos productivos.

  Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las facultades citadas en el preámbulo, me permito someter a la consideración de esta Soberanía popular la siguiente:

  Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores

  Proyecto de Decreto

  Artículo único. Se reforman las fracciones I, III y IV del artículo 19; y se adiciona la fracción XXIX, recorriéndose el numeral de la actual para quedar como XXX del artículo 28, todos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue:

  Artículo 19…

  I.La implementación de los programas necesarios a efecto de promover empleos y trabajos remuneradores así como actividades lucrativas o voluntarias, conforme a su oficio, habilidad, profesión o certificado en competencia laboral, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente;

  II…

  III. Impulso al desarrollo de programas de capacitación para que las personas adultas mayores adquieran conocimientos y destrezas en el campo de formulación y ejecución de proyectos productivos. Además del apoyo para que estas personas emprendan proyectos productivos con base en los conocimientos y destrezas adquiridos.

  IV. La organización de una bolsa de trabajo mediante la cual se identifiquen actividades laborales que puedan ser desempeñadas por las personas adultas mayores y orientarlas para que presenten y difundan entre los empleadores ofertas de trabajo;

  V a VII…

  Artículo 28 …

  I a XXVIII…

  XXIX. Impulsar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y las instituciones de los sectores social y privado, realicen acciones o programas a favor de las personas adultas mayores, dirigidos a promover la igualdad de oportunidades en el acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso propio y desempeñarse en forma productiva, y

  XXX. Expedir su Estatuto Orgánico.

  Transitorios.

  Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  Palacio Legislativo a 31 de Julio del2009.

  Dip. María Esther Jiménez Ramos

  Dip. Dolores Ma. Del Carmen Parra Jiménez

• CON fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II y 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quien suscribe, diputada federal de la LX Legislatura, María del Rosario Sánchez Estrada, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, someto a consideración de la Comisión Permanente esta iniciativa que adiciona la fracción XI del artículo 5, en el capítulo II; que adiciona un párrafo a la fracción IV del artículo 6 del capítulo II y que reforma el capítulo V en su artículo 17 de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU, con base en la siguiente

  Exposición de Motivos

  OBJETIVOS Y BENEFICIOS A LA ECONOMÍA MEXICANA CON ESTA REFORMA A LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA ÚNICA, IETU.

  1. Incrementar la recaudación de impuestos con:

  a) 5 millones de nuevos pequeños contribuyentes a través de las cuotas simplificadas estatales; negocios que jamás pagaron ni pagarán el IETU. Más vale REPECO en mano que IETUs volando.

  b) El cobro equitativo del Impuesto Sobre la Renta, ISR, a las pequeñas empresas sobrevivientes a la crisis, que sufren además la doble contabilidad IETU-ISR, pero deben pagar el impuesto que resulte más alto, el IETU, aún con pérdidas, en la mayoría de las micros y las pequeñas empresas, pues este impuesto castiga a todos los gastos en sueldos, salarios, capacitación y prestaciones, es decir, el componente mano de obra, que en las pequeñas industrias es el gasto principal.

  c) El cobro del Impuesto Empresarial a Tasa Única, IETU, a las grandes empresas transnacionales y a los corporativos, con una tasa menor pero segura, sin que éstos puedan eludir con la consolidación fiscal del ISR pero sigan transparentando sus contabilidades y sus cadenas de clientes y de proveedores.

  2. Reducir las presiones inflacionarias y los despidos de personal en las pequeñas empresas.

  Por lo anterior, presentamos esta iniciativa a nombre de las organizaciones:

  • MOVIMIENTO NACIONAL DEL CONTRIBUYENTE SOCIAL 17 DE MARZO,
  • CONFEDERACION DE LAS MICRO-INDUSTRIAS EL BARZON,
  • ALIANZA NACIONAL DE CONTRIBUYENTES DEL ESTADO DE MEXICO Y DEL
  • LICENCIADO Y ACADEMICO EN ECONOMIA, JOAQUIN HUMBERTO VELA GONZALEZ, DIRIGENTE DE UNIDAD DEMOCRATICA NACIONAL DEL PRD.

  REDUCIR IMPUESTOS PARA INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN.

  La BAJA DE IMPUESTOS ayuda a RECUPERAR EL CONSUMO INTERNO y permite la reinversión en mano de obra. El crecimiento de la economía que generan a la larga los incentivos fiscales, implica mayor recaudación de impuestos.

  En las civilizaciones industriales está comprobado que una forma de aumentar la recaudación es bajar las tasas de los impuestos. También el reto es simplificarlos sin perder sistemas de control. El proceso básico es hacer crecer el padrón de contribuyentes y no aterrar a una minoría cautiva de contribuyentes, alcanzando un contrato social que erradique la INFORMALIDAD Y LA EVASIÒN DE IMPUESTOS, en base a la equidad y a la autoridad de los contribuyentes.

  Ese primer paso, un padrón fiscal real de una economía productiva que genere riqueza a la cual gravar, no es el caso de México. En México ya no hay economía. Y suponiendo que la hubiera, que volvemos a generar empleos y que dejamos de comprar a China y a Estados Unidos, aún así, no estaría justificado el aumento de impuestos, pues sabotearía todo crecimiento.

  Así pues, la Unión Europea enfrenta la crisis bajando los impuestos al consumo o “IVAs” en servicios, con un subsidio de 200 mil millones de Euros.

  Pero además de los positivos efectos económicos de las reducciones de impuestos o incentivos, existe una relación inversa proporcional entre las tasas de los impuestos y la recaudación. Reducir las tasas incrementa la recaudación, a la larga. Fórmula que proponen importantes asesores del gobierno de los Estados Unidos de América, como el, Doctor Arthur B. Laffer. La misma tesis la sostienen: el Consejo de Contribuyentes de Irlanda y Robert E Hall y de Alvín Robusta de la Universidad de Oxford, Inglaterra.

  Esta misma fórmula sustentó la iniciativa que presentó el compañero diputado federal Joaquín Humberto Vela González, para bajar la tasa del Impuesto al ValorAgregado, IVA, del 15% al 10%. Vela demostró que el alza de tasas bajó la recaudación y que la baja de tasas subió la recaudación, apoyándose en las corridas históricas de recaudación del IVA y citando: a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM; a través de Jorge Santamaría García; a la Universidad Iberoamericana, al Centro de Investigaciones y Docencia Económica, CIDE y a la Facultad de Contaduría de la UNAM y su programa FISCAL.COM, iniciativa con el objetivo de desactivar la inflación; de reactivar el consumo; de incrementar la demanda agregada y de reducir la evasión del pago de impuestos. Destacan las proyecciones solicitadas por el compañero Joaquín Vela para prever el crecimiento económico que generaría las reducciones de impuestos, desarrolladas por los maestros en finanzas y en economía de la UNAM, José David Sánchez y Álvaro Castañeda.

  QUITAR HUECOS DE EVASION-ELUSION EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ISR Y REFORMA INTERMEDIA DEL IETU.

  Ha quedado claro que el impuesto más sencillo y más justo del mundo es el aplicado a las utilidades o ganancias, en eso basan su política económica países industrializados y prósperos como Estados Unidos, Alemania o Suecia, y en el caso de México existe el Impuesto sobre la Renta, ISR.

  Es muy fácil determinar una ganancia restando a las ventas totales los gastos. El ISR se calcula aplicando un porcentaje o tasa a la utilidad, diferencia entre ingresos totales y los egresos, considerando los gastos deducibles.

  El problema en México no es el modelo fiscal, sino 2 variables combinadas: la corrupción gubernamental y la falta de estructura recaudatoria. Así es fácil omitir ingresos o inventar pérdidas. Pero la gran evasión fiscal no se explica en los pequeñitos comercios que surgen como hongos si es que hay lluvia.

  Los gigantes corporativos dentro del régimen de consolidación fiscal, inventan empresas con pérdidas que neutralizan las verdaderas ganancias y terminan pagando centavos. Como sucedió en Irlanda. Los corporativos no querían pagar y usaban la consolidación con maña.

  Para los gigantes internacionales y para la realeza financiera, los irlandeses inventaron un TAX-FLAT, una tasa única de 12.5% a los ingresos totales, una tasa muy menor al 40%, pero sin deducir la mano de obra y aplicada individualmente a cada empresa para impedirles consolidar. Pero mientras, las pequeñas empresas de Irlanda conservaron el impuesto a las utilidades con 3 tasas variables, les bajaron los impuestos al consumo y aumentaron los impuestos al consumo de lujos o suntuarios de importación así como a energéticos. Luego, trabajaron 20 años para dar resultados, pues lo primero, antes que recaudar, fue rescatar su economía.

  En México, el TAX-FLAT existe desde hace más de 30 años para las personas morales o empresas constituidas, cuya tasa % del ISR es única y no es progresiva. De acuerdo al modelo, los grandes corporativos deberían pagar unos 800 mil millones de pesos por ISR pero han pagado entre 150 y 200 mmdp gracias a la consolidación fiscal. Ahora con el IETU pagan unos 50 mil millones de pesos adicionales y otro tanto en el ISR. Casi el doble de lo que pagaban antes con la consolidación fiscal pero menos de la mitad de lo que debieran pagar. El gobierno se da por bien servido, pues al tiempo que negoció una tasa chica pero real para los grandes empresarios a través del IETU, que sólo permite pagos de impuestos individualizados y no por grupo de empresas donde aplicaban las mañas, les deja en el Impuesto Sobre la Renta que en teoría, implican la transparencia total en las contabilidades dictaminadas y consolidadas, comprobando pérdidas y cadenas de proveedores y de clientes.

  FIN A LA AGRESIÓN CONTRA EL EMPLEO Y CONTRA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS.

  Al tratar el gobierno de aplicar el IETU a las Micros y Pequeñas empresas:

  1. Empujó una escalada inflacionaria.
  2. Canceló la generación de empleos y
  3. Violó el principio de no cobrar más allá de la capacidad del contribuyente. Al tratar de obligar a pagar aún con pérdidas, provocó insolvencia en las micros y pequeñas empresas, MYPEs, y por lo tanto mayor evasión.

  Debido a que los contenidos en mano de obra son inmensamente mayores en las pequeñas empresas con respecto a las grandes, la no deducibilidad de sueldos y de prestaciones las golpeó profundamente y tuvo efecto regresivo en toda la economía nacional.

  Cada unidad de inversión de la pequeñas empresas alrededor de 8 veces más empleos que las unidades de inversión en grandes y el porcentaje-contenido de gastos en factor trabajo en las micro y pequeñas empresas, MYPES, es más del 50% de sus gastos totales. Por eso resulta que el IETU se les cobra aun con perdidas a las empresas empleadoras, violando el principio de no cobrar más allá de la capacidad contributiva.

  Por eso no se alcanzó la meta de recaudación de IETU y se redujo la del ISR en MYPES, aparte de agravar y acelerar la inflación-crisis.

  Las mentiras o imprecisiones se iniciaron con el anuncio de una reforma fiscal integral del Ejecutivo Federal, que ni fue integral ni tampoco fiscal, centrada en la parte presupuestal de las finanzas públicas y con sólo una iniciativa fiscal strictu sensu:La Ley del IETU. Más mentiras: el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público señaló que todas las organizaciones que vinieron al Congreso avalaron el IETU, cuando fue lo contrario: Todos organismos y todos los pequeños empresarios se pronunciaron unánimemente en contra del IETU.

  El gobierno dijo que los salarios no serían deducibles, pero luego dijo que sí, pero al final salió con un subsidio parcial, sin modificar la ley, con sólo una regla- acuerdo administrativo por gracia del Presidente de la República

  Las prestaciones laborales nunca las hicieron deducibles en el IETU. La Secretaría de Hacienda justifica esta agresión fiscal en que, supuestamente las empresas inventan prestaciones que declaran al gobierno pero que no aplican a los trabajadores o que aplican con sobreprecio, o sea, que según el gobierno, brindar y pagar prestaciones laborales permite evadir impuestos. La ley es muy clara en esta materia y eludir de esta manera es imposible para las pequeñas empresas. Esto sólo puede suceder en las grandes industrias, que tienen comprados sus contactos en la Secretaría de Hacienda.

  En el caso de los negocios en el Régimen de Pequeños Contribuyentes, REPECOS, simplemente el gobierno no los ha hecho pagar. Ni a recicladores ni a transportistas. Por el contrario, la cuota simplificada es el mejor método para incorporar al fisco 5 millones de pequeños contribuyentes que manifestaron estar dispuestos a tributar y es lo mejor para que los gobiernos locales puedan cobrar es su memento el ISR o en lo inmediato la cuota simplificada.

  Pero en la Cámara volvieron a mentir: Dijeron que los estados de la Federación y el DF podrían convenir con los REPECOS un pago simplificado y no estarían obligados a cobrarles el IETU. Hasta hubo una minuta con la Comisión de Hacienda y Crédito Publico que no se cumplió: el Servicio de Administración Tributaria, SAT, obligó a las entidades a cobrar el IETU a REPECOs, condenando al fracaso su recaudación local.

  Por lo anterior proponemos:

  1. Eliminar el cobró del IETU a Repecos y a cooperativas. Reformar los artículos 138 y 139 de la Ley del ISR para: fijarles cuotas simplificadas; para establecer mesas de los gobiernos Federal y estatales con los Repecos, con transportistas, con artesanos y con recicladores y para establecer auto-facturaciones y estimativas de ingreso.
  2. Campaña de nuevos contribuyentes vía cuota simplificada, a reserva de actualizarles a partir de 2 años en el régimen que le corresponde conforme a la Ley del ISR.
  3. Campaña intensiva de 2 años de amnistía y de capacitación fiscal ISR-IETU; terminar el portal para la doble contabilidad y programa de reducción de costos contables-fiscales a MYPEs y a personas físicas.
  4. Las erogaciones en mano de obra serán deducibles, (sueldos, salarios, prestaciones y capacitación), en función del porcentaje que representen en las erogaciones empresariales totales, conforme a una tabla progresiva de deducibiliad. Eliminar la deducibilidad por el pago de sueldos mayores a 12 salarios mínimos. Las micro, pequeñas y medianas industrias pagarán el ISR. En diversas leyes económicas, se establecerá nuevas definiciones y clasificaciones de las empresas por tamaño y ramo.
  5. Comisión Interinstitucional e interdependencial de las Secretarías federal y estatales del Trabajo, de la Auditoria Superior de la Federación, ASF, contralores ciudadanos y universitarios y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, para verificar prestaciones, programas de capacitación y comedores industriales.
  6. Otros ajustes de progresividad en el Impuesto sobre la Renta,ISR.
  7. Comisiones legislativas, municipales, de finanzas estatales, de universidades, de contralores ciudadanos y de Hacienda, para auditar y transparentar a todos los grandes corporativos y sus contabilidades consolidadas y apoyar a la ampliación del padrón de contribuyentes y a la verificación de Pequeños Contribuyentes del Régimen Simplificado.
  8. Auditorias aleatorias (por sorteo) a negocios del Régimen de Pequeños Contribuyentes, REPECOS, para detectar los que alcancen suficiente tamaño y éxito, niveles de solvencia y de ingreso, para estar en condiciones de hacer sus contabilidades del Impuesto Sobre la Renta y dejen de pagar la simbólica cuota simplificada a partir de 2 años de capacitación.

  Por lo anterior, en lo que se refiere a la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única, proponemos: Adicionar la fracción XI del artículo 5, en el capítulo II, y adicionar un párrafo de la fracción IV del artículo 6 del capítulo II correspondiente a las deducciones en gastos e inversiones en el factor trabajo y reformar el capítulo V sobre el Régimen de Pequeños Contribuyentes con su único artículo numero 17, por lo que ponemos a consideración de la Comisión Permanente esta reforma que queda como sigue, conforme al siguiente

  Proyecto de decreto:

  CAPÍTULO II

  DE LAS DEDUCCIONES

  Artículo 5. ...

  I. a X. ...

  XI. Las erogaciones en mano de obra de las personas físicas y morales, es decir, la suma de los gastos e inversiones en sueldos, salarios, prestaciones y capacitación, serán deducibles de manera progresiva, en función del porcentaje que representen con respecto a los egresos totales, de acuerdo a la tabla que sigue:

  TABLA PROGRESIVA DE DEDUCIBLES EN EL IETU.

  Porcentaje en las erogaciones empresariales por el

  Componente de Mano de Obra (suma de gastos en

  sueldos, salarios, capacitación y

  prestaciones Laborales).Porcentaje Deducible.

  Más del 50%	100%
  41% al 50%	80%
  31% al 40%	60%
  21% al 30%	40%
  11% al 20%	20%
  Menos del 10%	0%

  Los gastos en sueldos mayores a 12 salarios mínimos no serán deducibles. Las micros, pequeñas y medianas industrias, que no formen parte de una franquicia internacional ni de algún corporativo que consolide fiscalmente, pagarán únicamente el Impuesto Sobre la Renta.

  Artículo 5. ...

  I. a III....

  IV....

  ...

  En el caso de los paquetes de prestaciones en especie, programas de capacitación y comedores industriales, para que puedan ser deducibles, deberán ser declarados y verificados por una Comisión Interinstitucional e interdependencial de las Secretarías Federal y Estatales del Trabajo, de la Auditoria Superior de la Federación, ASF, contralores ciudadanos y universitarios y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, comisión que a su vez deberá ser articulada, formalizada y regionalizada por medio de las Comisiones Legislativas correspondientes.

  V...

  CAPÍTULO V

  DEL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

  Artículo 17. Las personas físicas dentro del Régimen de Pequeños Contribuyentes así como las Cooperativas, tendrán la opción de pagar el Impuesto Sobre la Renta de conformidad con la Sección III del Capítulo II del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta mediante estimativa de las autoridades fiscales, o podrán pagar una cuota simplificada que incluye el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto Empresarial a Tasa Única, a recaudar por los gobiernos de los estados de la República y del Distrito Federal, cuyo monto debe ser producto de mesas de trabajo entre las organizaciones representativas de los pequeños contribuyentes o de los contribuyentes sociales, de las Secretarias de Finanzas en cada una de las Entidades Federativas, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de comisiones legislativas federales y estatales. Las Entidades Federativas recibirán como incentivo el 100% de la recaudación que obtengan por el citado concepto.

  Salón de Sesiones de la Comisión Permanente, 5 de agosto de 2009

  Atentamente

  
  Diputada Federal

  María del Rosario Sánchez Estrada.

• México D.F. a 1 de Agosto de 2009.

  INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE PROPONE REFORMAR LA FRACCIÓN II EL ARTÍCULO 54 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 12,  LOS NUMERALES 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 32 Y LOS INCISOS B) Y C) DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 101 TODOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, ESTO CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE VOTACION NACIONAL PARA OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO.

  HUMBERTO LÓPEZ LENA CRUZ, Diputado Sin Partido de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y demás relativos, comparezco ante ésta soberanía para presentar Iniciativa con Proyecto de Decreto, con base a los siguientes:

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

  El sistema de partidos en México se ha basado hasta el día de hoy en un sistema pluripartidista muy flexible y oneroso para el Estado y que le da cabida a las diferentes expresiones ideológicas.

  De tal forma que nuestro sistema pluripartidista fue creado, para darle legitimidad al partido hegemónico en el poder en todas sus acciones y presumir a todos los mexicanos que efectivamente estamos organizados como lo establece el artículo 40 de nuestra Constitución, es decir una República representativa, democrática y federal.

  El sistema pluripartidista permite que diferentes sectores de la población se puedan ver representados en los diferentes cargos de elección popular.

  Pero a través de los diferentes escenarios políticos hemos sido testigos de la creación de nuevos partidos políticos; partidos mal armados por actores que lo único que buscan es crear a través del partido una pequeña empresa y que muchas veces llega hasta ser familiar.  Incluso hasta se convierten en filiales de otros partidos.

  De tal manera que esto provoca la constante creación y desaparición de partidos.

  Pero cabría preguntar si efectivamente con este sistema pluripartidista son los intereses comunes los que representan los Institutos Políticos y sobre todo que si el pueblo mexicano se siente dentro de una verdadera democracia representativa. 

  Con este sistema no se ha visto realmente un fortalecimiento de nuestro sistema electoral mexicano ni de nuestra democracia representativa, más bien se ha mostrado como un gasto millonario para el Estado dejando de aplicar a recursos a otros ramos muy importantes del país.

  Es claro el descontento de la ciudadanía hacia los partidos políticos y se ha visto reflejado con las cifras alcanzadas en las pasadas elecciones federales de 2009.

  Votando únicamente el 44.68% del padrón electoral. Dicha votación fue alcanzada gracias al voto por candidatos no registrados, los cuales obtuvieron 62, 101 votos, lo que equivale al .18% de la votación, siendo que éstos no reciben ni tiempo en los medios, ni prerrogativas por parte del Estado, y que aunado al 5.39% logrado por el voto nulo, sumaron un 5.57 % de la votación final, quedando por encima del PT, COVERGENCIA, NUEVA ALIANZA Y PSD.  

  Resultados que muestran que no existen propuestas convincentes y representativas de la sociedad por parte de ninguno de los partidos políticos que hasta el día de hoy se encuentran registrados en el Instituto Federal Electoral.

  Por tal motivo, el Estado Mexicano no puede seguir financiando a partidos que solo se dedican a descalificar y no proponer, y menos sin tener representatividad dentro de la sociedad mexicana.

  Es cierto que con la Reforma electoral aprobada en 2007 cambió el mecanismo de representación de las minorías en el Congreso, es decir de los llamados partidos pequeños, ya que debido a las nuevas reglas en materia de coaliciones compitieron en las elecciones federales de este año de manera individual, aun cuando establecieron coaliciones cada uno tuvo que alcanzar el porcentaje mínimo de 2 de votos para no perder su registro.

  Es decir mostrar que verdaderamente conforman una fuerza social ideológica.

  Con lo que se obligó a los partidos emergentes trabajar de cerca con electorado haciendo propuestas que redundarán en una buena votación para seguir alcanzando el umbral legal del 2%.

  En esta ocasión únicamente el PSD, perdió su registro obteniendo 351 mil 496 personas es decir el 1.03% de la votación.

  El PT con 3.56 %, Convergencia con 2.36%, Nueva alianza con  3.41%, apenas pudieron sobrepasar el umbral del 2 %.

  Registro que les sirve para recibir las prerrogativas como lo establece el artículo 41 Constitucional y que no sabemos como se ocupa, sabemos que tiene un fin, el cual es lograr el fortalecimiento de la democracia en México, pero desconocemos como lo ejercen realmente.

  Siendo sus intereses de grupo por los que luchan y no los de la sociedad, dándose  una gran separación entre los Institutos Políticos y el resto de los ciudadanos. 

  La iniciativa que el día de hoy presento tiene como finalidad evitar la proliferación de estos partidos políticos pequeños, planteo elevar la votación mínima requerida para que los partidos políticos obtengan su registro o para mantenerlo del 2% al 5%, ya que nuestro país, es uno de los que permiten la obtención de estos privilegios con una votación de las más bajas del mundo.

  Quiero recordar que el pasado 30 de abril presenté una iniciativa con proyecto de decreto con la finalidad de que se reconozca la figura de los candidatos ciudadanos por

  lo cual se propuse incluir un párrafo a la fracción I del artículo 41 y eliminar las tres últimas líneas del artículo 116 fracción IV del inciso e), ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la cual sería un complemento a la presente iniciativa ya que al aumentar el umbral legal con base a los resultados de las últimas elecciones federales solo tendríamos 4 Partidos Políticos, lo que da cabida a las candidaturas independientes.

  Hay que puntualizar que en un país con tanta pobreza e índices de desempleo no se puede seguir manteniendo a institutos políticos, si no por el contrario tenemos la obligación de disminuir el financiamiento de los partidos políticos y aumentar otros rubros del gasto público, como educación, salud, seguridad, campo y turismo, entre

  otros, evidentemente importantes para el país.

  Por lo antes expresado y en el entendido de que es un tema de actualidad que necesita regularse, me permito presentar la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA CUAL SE PROPONE REFORMAR LA FRACCIÓN II EL ARTÍCULO 54 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; EL NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 12,  LOS NUMERALES 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 32 Y LOS INCISOS B) Y C) DEL NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 101 TODOS DEL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR EL PORCENTAJE PARA OBTENER EL REGISTRO COMO PARTIDO POLITICO.

  Artículo primero: Se reforma la fracción II el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  Artículo segundo: Se reforma el numeral 2 del artículo 12 del  Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

  Artículo tercero: Se reforman los numerales 1 y 3 el artículo 32 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

  Artículo cuarto: Se reforman los incisos b) y c) del numeral 1 del artículo 101 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales,  para quedar como sigue:

  ARTÍCULO 54.- La elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:

  I. ……………..

  II. Todo partido político que alcance por lo menos el cinco por ciento del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional;

  III. ………………………………

  IV. ……………….

  V. ………………

  VI. ……………………

  Artículo 12

  1.   …………….

  2.   En la aplicación de la fracción III del artículo 54 de la Constitución, para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como votación nacional emitida

  la que resulte de deducir de la votación total emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el cinco por ciento y los votos nulos.

  3.   …………….

  Artículo 32

  1.   Al partido político que no obtenga por lo menos el cinco por ciento de la votación en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y prerrogativas que establece este Código.

  2.   ……………………….

  3.   El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el cinco por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.

  Título quinto

  De la pérdida de registro

  Artículo 101

  1.   Son causa de pérdida de registro de un partido político:

  a)   No participar en un proceso electoral federal ordinario;

  b) No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el cinco por ciento de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos del párrafo 1 del artículo 32 de este Código;

  c) No obtener por lo menos el cinco por ciento la votación emitida en alguna de las elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, si participa coaligado, en términos del convenio celebrado al efecto;

  d) ………..

  e) ………………

  f) ……………………..

  g) …………………

  Transitorios

  UNICO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

  DIPUTADO INDEPENDIENTE.

  HUMBERTO LOPEZ LENA CRUZ

• C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
  DE LA H. COMISION PERMANENTE DEL
  CONGRESO DE LA UNION

  Luis Alberto Coppola Joffroy, Humberto Andrade Quezada y Sebastián Calderón Centeno Senadores de la República, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LX legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente; INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL ARTICULO 14-B DE LA LEY FEDERAL DE DERECCHOS, al tenor de la siguiente:

  EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

  Ante la compleja situación económica global y nacional que México está viviendo es necesario identificar estrategias que contribuyan a la reactivación de la economía y a mantener e incluso recuperar los empleos perdidos por la crisis económica y por la contingencia sanitaria de los meses previos.

  El turismo en México es uno de los sectores productivos más importantes de la economía nacional por su contribución ya que aporta cerca del 8% al Producto Interno Bruto del país, en 2008 generó 2.2 millones de empleos en los destinos turísticos de la República Mexicana.

  Regiones y destinos turísticos deben su crecimiento económico y bienestar a esta actividad de la que se benefician numerosas empresas de todo tamaño, particularmente micro, pequeñas y medianas, que representan alrededor del 96% del total.

  Dentro de la actividad turística, la industria de cruceros es uno de los segmentos que ha venido mostrando un ritmo de crecimiento constante; a nivel internacional, ha mantenido una expansión del 7.4% anual en los últimos 20 años y en México entre 1980 y el 2006 creció en 8.2% en promedio.

  Aún cuando la industria de cruceros en México es relativamente reciente, su constante crecimiento la ha llevado a cobrar cada vez mayor importancia, debido a que genera empleos, produce derrama económica, fomenta cadenas productivas, contribuye a contrarrestar la estacionalidad en los destinos turísticos, promociona y multiplica visitas posteriores al país y atrae retornos para estancias más largas.

  Es el caso de la actividad de los cruceros en Los Cabos, donde la industria es relativamente reciente. En los 12 últimos años registró una gran expansión del 856.4%, debido a que de los 85 mil pasajeros que arribaron por esta vía en 1996, para el 2008 se incrementaron a más de 818 mil cruceristas.

  Una etapa importante para el crecimiento de la industria de crucero en Los Cabos se dio a partir de 2002, toda vez que entre el año 2001 y 2002, la industria creció en casi el 50%, ello derivado de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América.

  Se estima que la industria de cruceros dejó en Los Cabos una derrama económica en 2008 de más de 66 millones de dólares.

  La industria de cruceros en Baja California Sur cada vez es más importante no sólo por su expansión en arribos y cruceristas, sino por su expansión también en su aportación económica, en el número de empleos que genera y en el número de familias que se benefician.

  A nivel nacional, todavía es más evidente la importancia de la industria de cruceros.

  En 2008, se registraron 6.2 millones de llegadas de pasajeros vía crucero, que dejaron una derrama económica, sólo por el gasto de los cruceristas de 478 millones de dólares.

  En medio de las crisis es de destacar que el gasto medio de los cruceristas se está incrementando, y con ello una mayor aportación a la economía de los destinos portuarios de 12 estados de la República. Entre 2005 y marzo de 2009 el gasto promedio de los excursionistas en cruceros pasó de 68 a 81 dólares.

  En el primer trimestre de 2009, el gasto medio de los visitantes internacionales, en todas sus categorías, tuvieron importantes disminuciones a excepción de los cruceristas, único rubro que se incrementó ya que gastaron en promedio 8.7% más respecto al primer trimestre del año anterior; por su parte, el gasto medio del turismo de internación bajó -2.7%, el del turismo fronterizo disminuyó 18.4% y el de los excursionistas fronterizos se cayó en 12.1%, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Turismo.

  En estos momentos críticos es importante apoyar a un sector turístico que está aportando a la economía nacional con divisas, con derrama, con empleos y evitando el cierre de muchas micro, pequeñas y medianas empresas que viven de la industria de cruceros

  Puertos y municipios en 12 estados de la República dependen en mayor o menor medida de la llegada de cruceros para mantener su actividad económica. Sirva como ejemplo, que la cancelación total del arribo de cruceros al país por el brote de la influenza evidenció de manera dramática la importancia de esta industria para México.

  No obstante, ante tal escenario las líneas de crucero respondieron tomando decisiones oportunas y eficaces con el objeto de reducir costos y precios, así como reprogramando rutas y manteniendo la calidad en el servicio que prestan.

  Es de destacar que la industria de cruceros mostró plena disposición de reanudar sus actividades en México y unió sus esfuerzos con el Gobierno Federal y los gobiernos de algunos estados afectados por la cancelación de llegadas de cruceros, para que la alerta emitida por el gobierno de Estados Unidos para viajar a México fuera levantada.

  Antes de lo programado las líneas de cruceros reanudaron sus llegadas a México recuperando. El reinicio de operaciones dio la pauta para la reactivación, no solo de la industria de cruceros sino del turismo del país en su conjunto y con ello la recuperación del empleo.

  Se expone este caso reciente a modo de establecer que las líneas de cruceros –arribando con sus embarcaciones a su total capacidad- son un factor relevante en la recuperación de la imagen de México como un destino. Así, los pasajeros son testigos de la superación de la emergencia y agentes para la difusión de la normalidad en sus países de origen.

  La crisis demostró que el turismo es muy vulnerable y sensible a cambios drásticos en el entorno de los negocios, sean estos de índole económica, de seguridad, de salud o de desastres naturales.

  Si bien México ha sido un destino de cruceros líder en el mundo, se han percibido signos de una reducción en su dinamismo. El número de pasajeros a nuestro país decreció cerca del 10 por ciento entre enero y marzo del 2009, con respecto al mismo período del 2008 y una reducción de más del 20 por ciento con respecto al 2007.

  La crisis sanitaria reciente demostró que los destinos de cruceros son sustituibles, pues los puertos mexicanos fueron reemplazados por otros puertos ubicados en el Caribe y en la costa Oeste de los Estados Unidos.

  Por ello, México debe preservar el entorno para ser competitivo frente a otras naciones, generar políticas públicas que le permita hacer crecer su participación en el sector, y propiciar medidas para atraer mayor número de visitantes de este segmento turístico.

  El turismo y sus segmentos -como la industria de cruceros- requieren de un ambiente propicio, si es que queremos tener ventajas competitivas respecto de los países con los que México disputa el mercado.

  La competitividad requiere, entre otras cosas, que no se eleven los costos de hacer negocios en México, y se evite que los puertos mexicanos sean de los más caros de la región, sólo después de Bahamas.

  De las cuestiones que inciden en esa problemática se encuentran las de tipo fiscal. Por ello se deben revisar las contribuciones vigentes, a efecto de que existan menores obstáculos para que la actividad siga creciendo dinámicamente y continuemos recibiendo sus beneficios.

  Particularmente debe impedirse el cobro del Derecho por Servicios Migratorios (en adelante DSM) como está previsto en la Ley Federal de Derechos a partir del 1 de enero de 2010, en virtud que afectará la competitividad de la industria con su consecuente impacto en la generación de empleos y el bienestar de las economías locales.

  En el Diario Oficial de la Federación del 13 de noviembre de 2008 se publicó un Decreto del H. Congreso de la Unión por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, donde se incorporó el DSM con cargo a los cruceristas en los términos siguientes:

  Artículo 14-B. Por la prestación de servicios relativos a la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia migratoria, las empresas de transporte responsables de las embarcaciones marítimas turísticas comerciales que arriben a los puertos del país pagarán derechos por cada persona a bordo, conforme a la cuotade................................................................................................. $25.00

  El derecho a que se refiere este artículo, se destinará en un 80% a los municipios en proporción al número de visitantes que arriben a los puertos ubicados en cada municipio, a fin de ser aplicado en obras de infraestructura y programas de conservación, mantenimiento, limpieza y vigilancia de las zonas costeras, con base en los convenios que al efecto se celebren con las Entidades Federativas y los municipios respectivos, y en un 20% al Instituto Nacional de Migración para la prestación del servicio a que hace referencia el párrafo anterior.

  El 80% del derecho asignado a los municipios conforme a lo establecido en el presente artículo podrá afectarse para garantizar sus obligaciones, en caso de incumplimiento, o servir como fuente de pago de dichas obligaciones que contraigan con la Federación, con las instituciones de crédito que operen en

  territorio nacional o con personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, siempre que cuenten con autorización de las legislaturas locales y se inscriban a petición de los municipios, según corresponda, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades Federativas y Municipios, así como en el registro único de obligaciones y empréstitos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 9o. de la Ley de Coordinación Fiscal.

  Los financiamientos que den origen a las obligaciones a que hace referencia el párrafo anterior únicamente podrán destinarse a los fines establecidos en el segundo párrafo del presente artículo. Los municipios que contraigan obligaciones al amparo del párrafo anterior no podrán destinar más del 50% de los recursos que anualmente les correspondan para servir dichas obligaciones.

  Tratándose de obligaciones pagaderas en dos o más ejercicios fiscales, para cada año podrá destinarse al servicio de las mismas lo que resulte mayor entre aplicar el porcentaje a que se refiere el párrafo anterior a los recursos correspondientes al año de que se trate o bien, a los recursos correspondientes al año en que las obligaciones hayan sido contratadas.

  Los municipios efectuarán los pagos de las obligaciones contraídas, con cargo a los ingresos que les correspondan de los derechos mencionados, a través de mecanismos de garantía o de fuente de pago, sin perjuicio de los instrumentos y sistemas de registro establecidos, en su caso, en las leyes estatales de deuda.

  Este Derecho constituye una carga adicional al ya elevado costo de los puertos mexicanos, como en el caso de Los Cabos. La elevación de tarifas o la imposición de contribuciones adicionales a las vigentes, que se hagan recaer en la industria de cruceros, revierte cualquier intento por elevar la competitividad de este segmento del turismo, el cual ha probado que beneficia a las economías locales por su capacidad para generar empleos y una gran diversidad de empresas y negocios micro, pequeños y medianos.

  Por lo anterior, el que suscribe la presente Iniciativa, estima que la H. Comisión Permanente debe solicitar a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reconsiderar esta circunstancia y eliminar el DSM referido, antes de su entrada en vigor.

  En virtudde quela industria de cruceros, tanto para México como para Baja California Sur en particular, necesita de un ambiente de negocios estable y de un clima de certeza jurídica, esta Iniciativa propone eliminar esta modalidad del Derecho por Servicios Migratorios, mediante la derogación del artículo 14-B de la Ley Federal de Derechos, toda vez que como ya se ha dicho, constituye un obstáculo para el desarrollo de la industria de cruceros en México.

  Es menester señalar que la sustitución de esta contribución por cualquier otro tributo tendría el mismo efecto negativo de elevar el costo a los turistas, lo que va contra la competitividad de la industria de cruceros y por ende del interés nacional de sostener y hacer crecer la planta de empleo para beneficio de las familias mexicanas, como ya se ha mencionado.

  En atención a los efectos negativos que generaría el cobro del Derecho por Servicios Migratorios, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión por ser la Cámara de Origen en los proyectos que versen sobre contribuciones, el siguiente:

  PROYECTO DE DECRETO

  ARTICULO UNICO. Se deroga el artículo 14-B de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

  Artículo 14-B. Se deroga.

  TRANSITORIOS

  PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la federación.

  SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

  Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los 5 días del mes de agosto de 2009.

  ATENTAMENTE

  Sen. Luis Alberto Coppola Joffroy
  Sen. Humberto Andrade Quezada
  Sen. Sebastián Calderón Centeno

Dictámenes de Primera Lectura

Dictámenes a Discusión

• Dictamen de  la Segunda Comisión, por el que se ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Carlos Flores Vizcarra, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte,  Estados Unidos de América.

  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la Segunda Comisión fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Carlos Flores Vizcarra, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte,  Estados Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del Artículo 89.

  Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Carlos Flores Vizcarra, consta nació en la Ciudad de México,  el  veintidós de julio de mil novecientos cincuenta y dos. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.

  En su currículum vitae, se establece que es egresado por la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente,  cursó un Diplomado en la Universidad de Paris.

  Se  desempeñó como Coordinador del Proyecto de Modernización de C.A.P.U.F.E. de noviembre 1997 a mayo 2001; y como Asesor del Director de Asuntos Internacionales del BANOBRAS de 1990 a 1992.

  Fue Diputado Federal a la LVI Legislatura de 1994 a 1997, donde fungió como Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores y Secretario de la Comisión de Economías Emergentes del Parlamento Latinoamericano. Asimismo, actuó como Secretario Ejecutivo de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe  (COPPPAL) de 1992 a 1995.

  En el ámbito internacional fue Cónsul de México en Tucson, Arizona, del 15 de junio del 2001 al 30 de diciembre de 2003; y del 1 de enero de 2004 a la fecha venía fungiendo como Cónsul General de México en Phoenix, Arizona.

  El ciudadano Carlos Flores Vizcarra, además del nuestro habla los idiomas francés e ingles.

  La Comisión que suscribe citó al ciudadano Carlos Flores Vizcarra, a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, y en forma especial, sobre la importancia del Consulado General de México en Raleigh, Carolina del Norte.

  Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que integramos esta Comisión que dictamina, conversamos sobre los citados temas con el Cónsul General designado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional.   

  En el programa de trabajo, presentado por el Cónsul General designado, ante esta Comisión, se señala que tiene la visión de hacer del Consulado General de México en Raleigh una institución cohesionada, que de manera efectiva y eficiente represente los intereses de los mexicanos y que se constituya en el recurso más efectivo al cual nuestros connacionales recurran para enfrentar sus problemáticas, hacer que sus derechos se respeten y que sus contribuciones se reconozcan, con el fin último de lograr que su calidad y condiciones de vida sean dignos en todos sus aspectos.

  Señala que guiará la gestión consular del Consulado General con base en una misión definida por los siguientes elementos: proteger y defender los derechos e intereses de los nacionales mexicanos; proporcionar servicios consulares con el más alto nivel de eficiencia y eficacia en beneficio de los mexicanos en la circunscripción; brindar servicios de orientación, asesoría y apoyo en áreas jurídicas y administrativas; representar de manera eficaz al Gobierno de México ante autoridades de las ciudades, condados y estados que se ubican bajo la circunscripción del Consulado General de México en Raleigh; y fomentar acciones coordinadas con representaciones de México en el exterior de la costa sureste con problemáticas afines a la que presenta la circunscripción de México en las Carolinas.

  Para ello tendrá como estrategia general lo siguiente: comunicar entre el personal, la comunidad de mexicanos y la circunscripción en general la visión y misión del Consulado General de México en Raleigh; identificar quiénes son los stakeholders de interés para el Consulado General de México en Raleigh y hacer que éstos se apropien de la visión y misión de ese Consulado General; implementar estrategias y planes de trabajo encaminados a proteger los intereses de México y los derechos e intereses de los connacionales en la circunscripción; fijar los más altos estándares de eficacia y eficiencia en la prestación de servicios documentales y de protección consular; optimizar los recursos financieros, materiales y humanos para la consecución de objetivos y metas; motivar y reconocer el trabajo de los recursos humanos que laboren en la representación; innovar estrategias para lograr un mayor acercamiento con la comunidad; reforzar y promover a los más altos niveles el diálogo con autoridades locales para promover los intereses de los mexicanos; establecer alianzas estratégicas con otros actores sociales como sindicatos, comunidades religiosas de base, academia, negocios, instituciones financieras, organizaciones no lucrativas, consulados de Centroamérica, medios de comunicación y empresas con responsabilidad social para alcanzar el cumplimiento de la visión y misión del Consulado General de México en Raleigh; y desarrollar, en la medida de lo posible acciones coordinadas y estratégicas con Consulados de México de la región.

  Propone, entre otras, las siguientes acciones: asegurar la expedición regular y expedita de pasaportes y de matrículas consulares, documentos de fe pública y registro civil y documentación de protección consular a fin de garantizar la pertenencia a una comunidad y asegurar que sus derechos sean respetados; vigilar en todo momento el posicionamiento de los documentos que expide el Gobierno de México ante autoridades locales como documentos seguros y confiables; promover que los documentos consulares permitan a los connacionales acceder a beneficios otorgados por autoridades locales como licencias de conducir, acceso a servicios, programas y otros; y promover la filosofía de satisfacción del público usuario y su buen trato por parte del personal del Consulado General.

  Menciona que guiará la protección consular con base en la premisa de “cero tolerancia a abusos de derechos de connacionales”; instaurará acciones y programas de protección consular que faciliten la “denuncia y demandas judiciales” con medidas que afecten los derechos de los connacionales; diseñará una estrategia integral y permanente para la atención de situaciones de emergencia; y colaborará en alianzas estratégicas con otros sectores de la comunidad para gestionar programas y servicios de asistencia consular.

  Menciona que en coordinación con la Embajada de México en Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores establecerá esquemas de protección con abogados y organizaciones, a fin de impedir que entren en vigor medidas anti inmigrantes

  Con la finalidad de garantizar el derecho a la notificación consular de los nacionales mexicanos que sean detenidos por las autoridades de los Departamentos de Policía y Oficinas de los Alguaciles se promoverán reuniones con oficiales de alto rango de esas corporaciones; encuentros con enlaces operativos de departamentos de policías locales y alguaciles para mantener la comunicación abierta sobre esquemas de consulta sobre casos particulares y temas de interés común; divulgación de información sobre el Consulado en cárceles y centros de detención; y el reforzamiento y/o establecimiento de relaciones con las Oficinas Federales de

  En el ámbito de detenciones, salidas voluntarias, deportaciones y remociones se buscará lograr la implementación de las siguientes prácticas que han resultado altamente productivas y benéficas para los connacionales: mejorar considerablemente su acceso a nacionales mexicanos detenidos en los centros de detención, incluidos los aeropuertos de la región, mejorar la cooperación entre ICE y el Consulado en repatriaciones de personas vulnerables, como es el caso de menores, mujeres embarazadas, enfermos mentales y otras personas con discapacidad, dentro de los convenios establecidos con autoridades migratorias, coordinar remociones de personas vulnerables a territorio nacional, y lograr someter casos sensibles a consideración de autoridades migratorias, planteando que la repatriación de la persona vulnerable se realice en compañía de un familiar.

  En materia de investigaciones: mantener un constante y efectivo intercambio de comunicación con la Unidad de Investigaciones Especiales de ICE en el caso de mexicanos involucrados en casos de pandillas y tráfico de indocumentados; lograr, en la medida de lo posible, notificación temprana y anticipada de operativos especiales que sean implementados en aeropuertos, casas de seguridad y otras locaciones; y lograr el acceso expedito a nacionales mexicanos detenidos en operaciones especiales y se informó cuando éstos enfrenten cargos federales o bien requeridos como testigos de cargo.

  En materia de Servicios de Inmigración y Ciudadanía propone colaborar con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (CIS) para informar a la comunidad sobre los servicios que proporciona este buró.

  En lo que se refiere a las acciones para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos tratará lo siguiente: atender a jornaleros; visitar centros de trabajo; instaurar una campaña permanente para  la información sobre los Derechos Laborales; y editar, publicar y distribuir la Guía de Derechos Laborales.

  En materia de atención a comunidades buscará un mayor acercamiento con las comunidades mexicanas que residen en la circunscripción para conocer sus necesidades y brindar mejor apoyo y atención; estrechar vínculos con las asociaciones y clubes de mexicanos o de origen mexicano a fin de que se consoliden como una verdadera red de cooperación en beneficio de la comunidad, considerada en su aspecto integral; y difundir información entre la comunidad sobre sus derechos y obligaciones, de manera que puedan evitar el abuso de las autoridades.

  En materia comercial procurará incrementar las exportaciones, intercambios comerciales, relaciones financieras y flujos turísticos entre México y las entidades que comprenden la circunscripción consular; promover las contribuciones económicas de los mexicanos; promover el incremento de las exportaciones mexicanas a los dos estados de la circunscripción consular; y buscar la acción coordinada en la búsqueda y expansión de oportunidades comerciales y económicas con las oficinas de PROMEXICO y la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

  Por otra parte buscará difundir la imagen de México a través de su arte y de la cultura nacional; promover el concepto de México como un país puente en la historia, en la geografía, en la cultura y en el intercambio comercial entre industrias culturales nacionales y transnacionales, en esta era de globalización; y propiciar el conocimiento, el interés, el orgullo y el sentimiento de identidad nacional de los miembros de las comunidades mexicanas y de origen mexicano de la circunscripción, en las manifestaciones más relevantes de nuestra cultura y de nuestro arte.

  Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe consideramos que el ciudadano Carlos Flores Vizcarra, reúne en su persona amplias cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo  Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte.

  En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente Punto de

  ACUERDO

  ÚNICO.- En uso de las facultades que le confiere la Fracción VII del Artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Carlos Flores Vizcarra, como Cónsul General de México en Raleigh, Carolina del Norte,  Estados Unidos de América.

  Sala de Comisiones “Isidoro Olvera” de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- México, D. F., a  4 de agosto de 2009.

  SEGUNDA COMISION

• PRIMERA COMISIÓN

  Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

  DICTAMEN POR EL QUE SE CONCEDE PERMISO A LA CIUDADANA MEXICANA, SILVIA PRATT NAVARRO PARA ACEPTAR Y USAR LA CONDECORACION OTORGADA POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE QUÉBEC.

  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen, el 15 de julio del año en curso, una solicitud de permiso para que la C. Silvia Pratt Navarro, pueda aceptar y usar la Condecoración de la Orden de los Francófonos de América, en grado de Miembro, que le otorga el Gobierno de la Provincia de Québec.

  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción III, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

  CONSIDERACIONES:

  1.- Esta Primera Comisión recibió la solicitud referida con los siguientes documentos anexos:

  a) Respecto de la C. Silvia Pratt Navarro, original de la solicitud del interesado dirigida al H. Congreso de la Unión para la obtención del permiso respectivo, copia certificada del Acta de Nacimiento, así como copias simples de su curriculum vitae, identificación oficial y de la notificación en la que se comunica la intención de otorgarle la condecoración de referencia.

  De la documentación anexa especificada se desprende que se acredita la condición de ciudadana mexicana de la solicitante, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución Federal.

  2.- En este caso, cabe resaltar que no se trata de la aceptación o uso de títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, prohibido determinantemente por la fracción I del inciso C) del artículo 37 constitucional, sino de la aceptación y uso de la condecoración a que se hace referencia en la parte inicial del presente dictamen, lo cual, en términos de lo dispuesto por la fracción III del inciso citado, es factible de aceptación y uso para los ciudadanos interesados, pero requiere el permiso expreso de esta Soberanía.

  3.- Se observa, además, que la aceptación y el uso de las Condecoraciones de referencia no implica la sumisión de los peticionarios a un gobierno extranjero en detrimento de nuestra soberanía, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación.

  4.- De lo anterior se desprende que la solicitud cumple con los requisitos legales para ser autorizadas conforme a lo dispuesto por el artículo 37, apartado C, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

  DECRETO

  ARTÍCULO UNICO.- Se concede permiso a la C. Silvia Pratt Navarro, para aceptar y usar la Condecoración de la “Orden de los Francófonos de América, en grado de Miembro”, que le otorga el Gobierno de la Provincia de Québec.

  Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 21 de julio de 2009.

  PRIMERA COMISIÓN

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  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen, el pasado 15 de julio del año en curso, 3 solicitudes de permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México.

  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

  CONSIDERACIONES:

  1.- De los expedientes de los solicitantes, mismos que contienen identificaciones, actas de nacimiento y notificación en la que se le comunica el puesto a laborar entre otros documentos, es posible constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución General.

  2.- De acuerdo a los puestos que aspiran en los casos descritos en la documentación anexa, es evidente que los servicios a prestar poseen una naturaleza de carácter eminentemente administrativo, hacia el interior de la respectiva instancia diplomática, y en ningún caso se trata del ejercicio de la representación política o de la capacidad para comprometer al gobierno en cuyas representación diplomática se prestara labor.

  3.- Así mismo, los trabajos a desarrollar no implican sometimiento o sujeción de los ciudadanos mexicanos a un gobierno extranjero, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación, por lo que esta dictaminadora considera que se cumplen los requisitos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo procedente expedir los permisos necesarios y, en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos de los solicitantes.

  En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

  DECRETO

  ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Jaime Ascencio Rojo, para prestar servicios como Especialista en Detección de Vigilancia en la Sección de Seguridad en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

  ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso al ciudadano Miguel Ángel Hernández Sareñana, para prestar servicios como Oficial de Visas en la Embajada de Australia en México.

  ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano David Catalán Portilla, para prestar servicios como Secretario FSN-6/1 en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

  Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 21 de julio de 2009.

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  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada para su estudio y dictamen, el pasado 22 de julio del año en curso, dos oficios con solicitudes de permisos para prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas en México.

  Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37, inciso C), fracción II, y 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y, 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de las siguientes:

  CONSIDERACIONES:

  1.- De los expedientes de los solicitantes, mismos que contienen identificaciones, actas de nacimiento y notificación en la que se le comunica el puesto a laborar entre otros documentos, es posible constatar su calidad de ciudadanos mexicanos, conforme a lo dispuesto por el artículo 34 de nuestra Constitución General.

  2.- De acuerdo a los puestos que aspiran en los casos descritos en la documentación anexa, es evidente que los servicios a prestar poseen una naturaleza de carácter eminentemente administrativo, hacia el interior de la respectiva instancia diplomática, y en ningún caso se trata del ejercicio de la representación política o de la capacidad para comprometer al gobierno en cuyas representación diplomática se prestara labor.

  3.- Así mismo, los trabajos a desarrollar no implican sometimiento o sujeción de los ciudadanos mexicanos a un gobierno extranjero, ni compromete el interés público o pone en riesgo la seguridad de la Nación, por lo que esta dictaminadora considera que se cumplen los requisitos básicos para proceder a la autorización a que se refiere el artículo 37, inciso C), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo procedente expedir los permisos necesarios y, en consecuencia, dejar a salvo los derechos políticos de los solicitantes.

  En razón de lo anteriormente expuesto, esta Primera Comisión de la Comisión Permanente del Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

  DECRETO

  ARTICULO PRIMERO.- Se concede permiso al ciudadano Uriel Mendoza Aldaba, para prestar servicios como Auxiliar de Seguridad en la Sección de Seguridad en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

  ARTICULO SEGUNDO.- Se concede permiso a la ciudadana Margarita Bojórquez López, para prestar servicios como Recepcionista en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

  ARTICULO TERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Elia Alfonso Domínguez, para prestar servicios como Guardia de Seguridad en el Consulado de los Estados Unidos de América en Nogales, Sonora.

  ARTICULO CUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Ángela Jazmín Barragán Palma, para prestar servicios como Auxiliar de Visas en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

  ARTICULO QUINTO.- Se concede permiso al ciudadano José Antonio Hernández Romero, para prestar servicios como Auxiliar de Seguridad en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

  ARTICULO SEXTO.- Se concede permiso a la ciudadana Aideé Gutiérrez Castillo, para prestar servicios como Asistente Administrativa en la Embajada de la República Popular China en México.

  ARTICULO SEPTIMO.- Se concede permiso al ciudadano Carlos Montoya Torres, para prestar servicios como Ayudante de Jardinería en la Embajada de la República Popular China en México.

  ARTICULO OCTAVO.- Se concede permiso al ciudadano Juan Mendoza García, para prestar servicios como Ayudante de Jardinería en la Embajada de la República Popular China en México.

  ARTICULO NOVENO.- Se concede permiso a la ciudadana Georgina Cervantes Morales, para prestar servicios como Especialista en Detección de Vigilancia en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

  ARTICULO DECIMO.- Se concede permiso al ciudadano Arturo Hernández Domínguez, para prestar servicios como Empleado en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

  ARTICULO UNDECIMO.- Se concede permiso al ciudadano Genaro Rosas Pérez, para prestar servicios como Especialista en Detección de Vigilancia en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

  ARTICULO DUODÉCIMO.- Se concede permiso al ciudadano Irvin Celis Redlich, para prestar servicios como Empleado de Residencias en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

  ARTICULO DECIMOTERCERO.- Se concede permiso al ciudadano Manuel Seynos Mera, para prestar servicios como Supervisor en Vigilancia y Seguridad en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

  ARTICULO DECIMOCUARTO.- Se concede permiso a la ciudadana Evangelina Iñiguez Gutiérrez, para prestar servicios como Especialista en Detección de Vigilancia en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

  Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- Ciudad de México, a 28 de julio de 2009.

• PRIMERA COMISIÓN
  GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

  DICTAMEN POR EL QUE SE EXHORTA A LA COMISIÓN INTERSECRETARIAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS A ENFATIZAR EL COMBATE AL TURISMO SEXUAL EN CONTRA DE MENORES DE EDAD.

  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Procurador General de la República, así como a los Titulares de las Secretarias de Gobernación, Seguridad Publica, Turismo y Relaciones Exteriores, a promover en un esfuerzo internacional, estrategias efectivas para castigar a quienes consumen sexo comercial; brindar una protección real a las víctimas; promover una base de datos de viajeros consumidores de turismo sexual infantil; articular esquemas de prevención y educación en la industria turística; así como mejorar la capacidad investigativa de las policías especializadas para combatir dicho delito.

  Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

  ANTECEDENTES

  I. Con fecha 8 de julio de 2009, la Senadora María Elena Orantes López, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

  II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnaran para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

  CONSIDERACIONES

  I. Según refiere la legisladora proponente, existen 12.3 millones de víctimas de trata de personas en América Latina y México está entre los líderes de consumo de sexo comercial y tránsito de personas.

  De igual forma, a partir de investigaciones periodísticas se han documentado fiestas promovidas por el crimen organizado en donde se subastan niñas mexicanas y extranjeras vírgenes hasta por $60,000.00 pesos. En Tapachula, Chiapas, y en otras ciudades del país, son varios los casos de homicidio de mujeres migrantes ilegales, todas con señales de violencia sexual. De hecho, las organizaciones de la sociedad civil cada vez con mayor frecuencia y durante los últimos 5 años han denunciado la desaparición de miles de niñas  y niños en nuestro país.

  Por su parte, continúa la autora del punto de acuerdo, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha reconocido la detención de niñas y niños centroamericanos que intentaban llegar a los Estados Unidos de América y que anualmente detienen a cientos de mujeres en su mayoría provenientes de Europa del Este, migrantes ilegales que eran víctimas de la explotación sexual. Ante este panorama, lo inaudito es que no haya un solo tratante o traficante de personas encarcelado por estas actividades ilícitas.

  Resulta necesario, de acuerdo a la promoverte, ponerle un freno al turismo sexual y evitar que nuestras autoridades nieguen que el fenómeno se reproduce de manera importante en México. Es preciso impedir un rebase de las instituciones sustentado en la inacción policíaca y corrupción de las autoridades en perjuicio de la niñez y la juventud mexicana.

  Para la legisladora proponente es necesario articular estrategias desde todos los ámbitos de la sociedad para perseguir eficazmente el delito del turismo sexual, así como castigar a los extranjeros que viajan a México con la idea de realizar turismo sexual con menores de edad, sostiene la que suscribe la proposición.

  Debe exigirse a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, instrumentar acciones más eficaces para realizar mejores investigaciones y castigar con todo el rigor de nuestras leyes, a quienes ofrezcan o consuman ese servicio violatorio de los derechos más elementales de la niñez.

  Es muy importante perseguir y castigar el consumo, pero también es muy importante que se investigue y castigue a los proveedores de la industria sexual, quienes ganan grandes cantidades de dinero explotando sexualmente a nuestra niñez y también a la que se introduce ilegalmente a México a través del crimen organizado.

  Reconoce la promoverte que ante la contingencia sanitaria el turismo debe ser una industria alimentada con inversión planificada y programática, con la idea de permitir que durante los próximos años se pueda mejorar la calidad de los servicios que se ofrecen en los destinos turísticos para satisfacer los requerimientos de los visitantes.

  Sin embargo, el turismo sexual no pude ni debe tener cabida en la recuperación del turismo en nuestro país. Para la legisladora, debe terminar la impunidad y descartar cualquier pretexto para que las autoridades sean indolentes ante un problema que aqueja a miles de infantes en las zonas turísticas de México, apunta.

  Por lo anterior, la proposición concluye con el siguiente punto resolutivo:

  ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Procurador General de la Republica, y a los titulares de las secretarias de Gobernación, Seguridad Publica, Turismo y Relaciones Exteriores, a promover en un esfuerzo internacional, estrategias efectivas para castigar a quienes consumen sexo comercial, brindar una protección real a las víctimas; promover una base de datos de viajeros consumidores de turismo sexual infantil, articular esquemas de prevención y educación en la industria turística, así como mejorar la capacidad investigativa de las policías especializadas para combatir este delito.

  II. Los integrantes de la Primera Comisión compartimos plenamente la preocupación de la senadora promovente por la situación en la que se encuentran un número importante de niños y jóvenes en nuestro país frente al creciente problema del comercio y el turismo sexual. Condenamos cualquier tipo de explotación sexual, pero nos resulta de mayor gravedad cuando se trata de niños, quienes, por definición, se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad.

  Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia existen 40 millones de niños abandonados en América Latina y de acuerdo con investigaciones de organismos no gubernamentales “cerca de un 65% de los niños que se encuentran en situación de calle en las capitales de los países de América Latina se envuelven, de un modo u otro, en la explotación sexual. De estos, el 15% sobreviven de lo que obtienen por prostituirse y el 50% se ha involucrado de alguna forma en la prostitución aunque no de manera sistemática.”[1]

  La pobreza afecta decididamente las condiciones de vida de las familias que, al no encontrar alternativas de sustento para todos sus miembros, sufren desintegración, lo que obligada a un gran número de niñas y niños a desarrollar estrategias de supervivencia en las calles. En este espacio, en sí mismo violento, las alternativas que encuentran tampoco son halagüeñas: los niños de la calle navegan entre la delincuencia, como el tráfico de drogas y las pandillas del crimen, la prostitución que desencadena explotación sexual u otras formas de explotación laboral infantil.

  En México, los expertos que trabajan en el área tienden a pensar que ha existido un aumento del turismo sexual en los últimos años, pero no tienen cifras para comprobar esta hipótesis. El último estudio conocido a nivel nacional es de 1999 y en la última década no se ha realizado ningún esfuerzo sistemático por medir la evolución del problema[2].

  Aunque no existen cifras certeras, quienes realizan trabajo en el terreno han visto el aumento de oferta sexual infantil disponible en ciudades fronterizas como Tijuana. En muchos casos, potenciales migrantes que no logran cruzar la frontera hacia Estados Unidos y se quedan atrapados en bolsones de pobreza, terminan en redes de prostitución disponibles para clientes que vienen desde San Diego a la "tierra de la impunidad".

  III. Con la intención de atender el problema, este Legislativo Federal ha realizado diversas acciones. En mayo de 2000 entró en vigor la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que, entre otras cosas, contempla la protección de su integridad y su libertad y combate el maltrato y el abuso sexual. Por otra parte, en 2007 hubo una reforma al Código Penal Federal que tipificó los delitos de explotación sexual contra menores y el turismo sexual en particular, contemplando penas de hasta un 14 años para los clientes que compran los servicios sexuales de un menor y para todos los que han obtenido ganancias en el negocio.

  En ese mismo año, entró en vigor la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que tiene por objeto la prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior.

  Además, en el ámbito internacional, México es signatario de la Convención sobre los derechos del niño, la que en su artículo 34 establece que los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

  Sin embargo, todas estas medidas legales no han sido suficientes, si atendemos las resoluciones del III Congreso Mundial contra la explotación sexual de la infancia y la adolescencia, que se realizó en diciembre de 2008 en Brasil, de donde surgió el Plan de Acción de Río, planteando como uno de sus puntos clave la adopción de un enfoque para la prevención. No basta con oponerse a la explotación y el abuso, todos los interesados deben trabajar conjuntamente para construir y fortalecer los programas que protegen a la infancia, donde quiera que ésta resida.

  Por ello, esta comisión dictaminadora considera atendible la preocupación de la legisladora por el tema de la explotación sexual infantil; sin embargo, respecto de las pretensiones que plantea el resolutivo propuesto, debe destacarse que el Estado mexicano a desarrollado algunos mecanismos para atacar el problema hacia el interior, tales como la creación de una Comisión Intersecretarial para atender el problema de la trata de personas, ordenada por la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Esa Comisión aglutina a los titulares de las Secretarías de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Seguridad Pública, Trabajo y Previsión Social, Salud, Desarrollo Social, Educación Pública y Turismo, así como a la Procuraduría General de la República, teniendo alguna participación los titulares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional de Migración, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y el Consejo Nacional de Población.

  Esa intersecretarial tiene, entre otras, la misión de coordinar las acciones de sus miembros en la materia para elaborar y poner en práctica el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual deberá incluir, cuando menos, las políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito, según ordena el artículo 10 del mismo ordenamiento.

  Además, el artículo 12 le encarga el desarrollo de campañas de prevención, protección y atención en materia de trata de personas, fundamentadas en la salvaguarda de la dignidad humana y los derechos humanos, con especial referencia a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, y le faculta para promover convenios de colaboración interinstitucional y suscribir acuerdos de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y los municipios, en relación con la seguridad, internación, tránsito o destino de las víctimas del delito, con el propósito de protegerlas, orientarlas, atenderlas y, en su caso, asistirlas en su regreso a su lugar de origen o en su repatriación, así como para prevenir la trata de personas y sancionar a quienes intervengan en su comisión.

  Por su parte, la Ley ordena a las autoridades federales adoptar políticas y programas a fin de, entre otras cosas: establecer las bases de la coordinación para la aplicación del Programa; facilitar la cooperación con gobiernos de otras naciones y organismos internacionales sobre la materia, y recopilar e intercambiar los datos y las estadísticas delictivas de la trata de personas, respetando la confidencialidad de los datos personales de las víctimas.

  Por último, el articulo 16 del ordenamiento en cita dispone como obligaciones de las representaciones diplomáticas mexicanas: proporcionar a la víctima la asistencia jurídica necesaria, así como un traductor en caso de requerirlo, con la finalidad de que logre comprender las leyes del país al cual haya sido trasladada; proporcionar la protección y asistencia necesarias a la víctima para denunciar el delito, conseguir la reparación del daño, así como otros beneficios que establezcan la legislación del país en el que se encuentra, y expedir a la víctima, sin demora alguna, la documentación necesaria para que logre el retorno al territorio nacional.

  Es decir, que la propia legislación en comento establece posibles rutas para que la Comisión Intersecretarial desarrolle acciones semejantes a las que propone el punto de acuerdo en dictaminación. Comisión que, precisamente, aglutina a las autoridades a las que la proponente pretende exhortar. Así, esta dictaminadora considera oportuno emitir el exhorto propuesto a la Comisión Intersecretarial de referencia.

  IV. Por último, cabe destacar que la Comisión Intersecretarial aludida quedó formalmente instalada hasta el pasado 16 de julio, debiendo ahora abocarse a la elaboración del Programa Nacional, mismo que, como vimos, deberá contener estrategias para prevenir las diferentes formas de trata de personas, incluyendo las relacionadas con el turismo sexual en contra de menores de edad, así como coordinarse con las instancias competentes para brindar una efectiva asistencia a las víctimas y para mejorar las capacidad de investigación de las policías destinadas al combate de estos delitos, temas coincidentes con la intención que manifiesta la proponente.

  Al respecto, es oportuno recordar que el día anterior a la instalación de dicha Comisión Intersecretarial, es decir, el pasado 15 de julio, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión aprobó un dictamen emitido por esta misma dictaminadora cuyos resolutivos establecen:

  ÚNICO. La Comisión Permanente exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, para que constituya la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y para que, una vez constituida, provea lo necesario a efecto de que se publique a la brevedad el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

  Es decir, en principio, la inquietud de la legisladora proponente para que se realicen diversas acciones para combatir el delito de turismo sexual, una de las formas de la trata de personas, ha sido atendida con anterioridad por este órgano legislativo federal; sin embargo, queda pendiente realizar un llamado para que las estrategias que incluya el Programa Nacional hagan énfasis en la prevención y sanción de esos delitos cuando las víctimas sean menores de edad, sector que resulta de mayor vulnerabilidad en este tipo de ilícitos.

  Por lo anteriormente expuesto sometemos a su consideración el siguiente:

  Punto de Acuerdo

  ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión Intersecretarial a la que se refiere el artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para que en la elaboración del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas se haga énfasis en el combate al delito de turismo sexual en contra de menores de edad, buscando una coordinación eficiente con las instancias competentes para brindar la debida asistencia a las víctimas, así como para mejorar las capacidad de investigación de las policías destinadas al combate de estos delitos.

  Sala de Comisiones “Isidoro Olvera” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de agosto de 2009.

  PRIMERA COMISIÓN

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  [1]CASTANHA, N. “Hacia la definición de una Norma Modelo sobre Abuso y Explotación

  Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en las Américas”. Documento interno del Instituto

  Interamericano del Niño, Montevideo, 2001, en http://www.iin.oea.org/explotacion.sexual.pdf

  [2]Playas, tequila y turismo sexual infantil, Cecilia Barría para la British Broadcasting Corporation, en:http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2009/06/090608_turismo_sexual_mexico.shtml

• PRIMERA COMISION  
  Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

  DICTAMEN POR EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES ESTATALES A REALIZAR INVESTIGACIONES EXHAUSTIVAS Y EFICACES EN CUANTO A LOS HOMICIDIOS DE LOS PERIODISTAS ERNESTO MONTAÑEZ VALDIVIA Y MARTÍN JAVIER MIRANDA AVILÉS.

  Honorable Asamblea:

  A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán a realizar investigaciones exhaustivas y eficaces respecto a los homicidios del periodista Ernesto Montañez Valdivia y del reportero Martín Javier Miranda Avilés, respectivamente.

  Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

  ANTECEDENTES

  I. Con fecha 22 de julio de 2009, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua y a la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán a realizar investigaciones exhaustivas y eficaces respecto a los homicidios del periodista Ernesto Montañez Valdivia y del reportero Martín Javier Miranda Avilés, respectivamente, por el Diputado Gerardo Priego Tapia, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

  II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la antes relacionada se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

  CONSIDERACIONES

  I. El Diputado menciona en la proposición bajo dictaminación que en el mes de julio han sido asesinados dos periodistas más, lo que es una muestra de que a pesar de los esfuerzos por preservar la seguridad y contener a la delincuencia organizada, aún quedan células delictivas en algunos estados de la república que aquejan a la ciudadanía.

  Explica que en el Estado de Chihuahua y de Michoacán, dos de las entidades con más altos índices de violencia a nivel nacional, fueron encontrados los cuerpos de Martín Javier Miranda Avilés, reportero del periódico Panorama y de Ernesto Montañez Valdivia, editor de la revista Enfoque del periódico El Sol de Chihuahua, quien resulto gravemente herido cuando circulaba en su auto con su hijo de 17 años de edad.

  El proponente señala que la investigación de estos hechos no deben de descartar cualquier móvil y menos aún si las víctimas tenían alguna relación con el ejercicio de la actividad periodística.

  Es preciso recordar que por cada periodista asesinado por el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, otras tantas voces son acalladas, lo que vulnera uno de los valores característicos de la democracia, como lo es la libertad de expresión.

  II. El pasado 12 de julio el cadáver de Martín Javier Miranda Avilés apareció en su domicilio luego de que fuera asesinado de dos puñaladas por la espalda. Ante su ausencia, algunos de sus compañeros ingresaron por una ventana de la planta alta del inmueble y al notar que había manchas de sangre solicitaron el auxilio de la policía municipal, quienes de inmediato dieron parte de los hechos a la Subprocuraduría Regional de Justicia, por lo que la agente cuarta del Ministerio Público se trasladó hasta el lugar para realizar las primeras diligencias ministeriales.

  De acuerdo a las investigaciones del Agente del Ministerio Público, se desconoce el móvil del crimen; sin embargo, considera que la muerte de Martín Miranda tiene relación con su labor como periodista. Destaca que sus compañeros de labor expresaron que la víctima había recibido amenazas reciente y que su muerte se produjo el mismo día en que fue capturado uno de los padrinos del cartel michoacano “La Familia”,.

  III. El 14 de julio, solo dos días después del asesinato de Martín Miranda, en Chihuahua el periodista Ernesto Montañez Valdivia, director de la revista Enfoque, publicada en el periódico de El Sol de Chihuahua, resultó muerto después de que la camioneta en que viajaba recibió diversos impactos de bala. Su hijo de 17 años, quien conducía el vehículo con un logotipo que decía “Prensa 2007” y el nombre de la revista, resultó gravemente herido.

  II. Esta Primera Comisión se solidariza con la pena de los familiares de los periodistas asesinados los pasados días 12 y 14 de julio en los Estados de Michoacán y Chihuahua.

  Así mismo condena cualquier tipo de acción que atente contra la vida y la seguridad de los ciudadanos mexicanos y lamenta que las condiciones actuales de recrudecimiento de las acciones del crimen organizado en las que se encuentra nuestro país resulten de mayor perjuicio para la actividad periodística.

  Para esta dictaminadora, es menester atender de manera urgente los diversos informes internacionales que han señalado el grave rezago de las autoridades mexicanas en la persecución de quienes perpetran de actos de violencia contra periodistas.

  Agravia a todos los mexicanos el hecho de que el ejercicio periodístico continúe siendo catalogado en México como una actividad de riesgo por sobre otras profesiones. Tan solo durante 2008 se registraron 223 agresiones a periodistas y medios informativos, incluyendo 12 homicidios, y en el primer semestre de 2009 se han contabilizado 142 actos contra ese sector y cinco homicidios, según informes la Fundación Manuel Buendía.

  En 2009 el panorama tampoco es alentador, pues hasta el 30 de junio se registraron cinco asesinatos, como decíamos una tendencia similar al 2008, es decir un homicidio por mes.

  En un reciente informe se llegó a la conclusión de que los informadores que cubren las fuentes policíaca y política son los más afectados con una incidencia de 84% del global de agresiones, correspondiendo a la primera fuente un 46% y a la segunda un 38%.

  III. En vista de estos hechos coincidimos con la posición del proponente respecto a la urgencia para resolver cuanto antes los delitos que atenten contra la actividad periodística, siendo para ello importante solicitar celeridad en las investigaciones que se lleven a cabo para resolver los homicidios de los dos informadores en cuestión.

  Debe advertirse que el llamado que se realiza a través del presente dictamen no constituye recriminación alguna a las autoridades a las que se dirige; sino que, por el contrario, se trata de una expresión de solidaridad con los familiares y amigos de los periodistas asesinados, así como con todas aquellas personas que se dedican a la actividad periodística.

  Por lo antes expuesto y fundado, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

  PUNTO DE ACUERDO

  Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua para que, en el marco de sus atribuciones, realice una investigación exhaustiva y eficaz respecto al homicidio del periodista Ernesto Montañez Valdivia.

  Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán para que, en el marco de sus atribuciones, realice una investigación exhaustiva y eficaz respecto al homicidio del reportero Martín Javier Miranda Avilés.

  Sala de Comisiones “Isidoro Olvera” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de agosto de 2009.

  PRIMERA COMISIÓN

• PRIMERA COMISIÓN
  GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

  DICTAMEN POR EL QUE SE EXHORTAAL EJECUTIVO FEDERALA QUE PUBLIQUE A LA BREVEDAD EL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la Primera Comisión de la Comisión Permanente, fue turnada la Proposición con Punto deAcuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal,a que en el marco de sus atribuciones constitucionales, publique el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, suscrito por el diputado César Duarte Jáquez integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

  Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de la proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

  Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

  ANTECEDENTES.

  I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 22 de julio de 2009.

  II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnaran para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

  CONSIDERACIONES

  I. En sus consideraciones, el autor de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina señala que en nuestro país existen alrededor de 10 millones de mexicanos que sufren de alguna discapacidad. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con cifras al año 2000, de la población total con discapacidad 44.9 % presentaba limitaciones relacionadas con brazos o piernas, 28.6 % era invidente, 16.5 % sufría sordera o escuchaba a través de un aparato y los demás presentaban algún retraso, deficiencia mental o era muda.

  Ante tal escenario, las cámaras de Diputados y de Senadores, por unanimidad, con un profundo compromiso con este sector de la sociedad y con el fin de dar respuesta a un reclamo social que representa la lucha de más de una década de las personas con discapacidad y de sus organizaciones aprobó la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2005, entrando en vigor al día siguiente.

  El objeto de esta ley es el de establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida. Asimismo, de manera enunciativa y no limitativa, reconoce los derechos humanos de las personas con discapacidad y mandata el establecimiento de políticas públicas pertinentes para su pleno ejercicio.

  También establece que las políticas públicas que se instrumenten para su atención deberán observar principios de equidad, justicia social, igualdad (incluida la igualdad de oportunidades), respeto a la dignidad y a la autonomía individual, así como la integración plena y efectiva en la sociedad a través de la participación e inclusión, el reconocimiento y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad de la condición humanas, la accesibilidad y la no discriminación.

  Para ello, específicamente en el Artículo Quinto Transitorio de este ordenamiento se dispone que: “El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley”.

  De acuerdo con lo anterior, el plazo para la publicación de dicho Reglamento concluyó el 7 de diciembre de 2005, por lo cual han transcurrido, a la fecha, más de tres años en los cuales el Ejecutivo Federal ha desatendido esta disposición transitoria del Decreto del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por el que se expide la Ley General de las Personas con Discapacidad.

  Con base en lo anteriormente señalado, el proponente plantea la siguiente resolución en su propuesta de Punto de Acuerdo;

  ÚNICO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal con el fin de que a la brevedad posible se publique, en el Diario Oficial de la Federación, el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad; con el fin de definir con precisión los alcances de las políticas públicas establecidas en la Ley, y se pueda atender con claridad, certidumbre y oportunidad a este sector social que afronta tantas limitaciones e injusticias.

  II.- Esta Primera Comisión tiene plena certeza de los hechos que reseña el proponente. En efecto, el 10 de junio de 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo Quinto Transitorio expresamente establece:

  Quinto.- El Ejecutivo Federal expedirá el Reglamento de esta Ley en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

  La Ley fue emitida como respuesta a una población con derechos humanos y jurídicos muy específicos, tutelados por diversos acuerdos internacionales, encontrando entre ellos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de Naciones Unidas, considerado el instrumento más valioso a nivel mundial para tutelar sus derechos, del cual México forma parte. Para ello, dicho ordenamiento adopta como objetivo esencial el de establecer las bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad, dentro de un marco de igualdad en todos los ámbitos de la vida.

  Para concretar con eficiencia el compromiso adquirido por nuestro país, tanto a nivel internacional como interno, esta Comisión considera necesaria la emisión de un adecuado Reglamento de la Ley en cita, donde se contemple de manera puntual los principales derechos de las personas con discapacidad como son; igualdad, accesibilidad, acceso a la justicia, capacidad jurídica, salud, educación y trabajo.

  El Reglamento ayudará a implementar socialmente una nueva visión de la discapacidad, así como a entender que la discapacidad no es una excepción, sino que es una circunstancia social que comparte el espacio público con una multiplicidad de condiciones sociales, formando la diversidad que integra a una sociedad. Pero, para que sea así, es preciso integrar plenamente a las personas con discapacidad a las actividades cotidianas, fomentando la desaparición de los prejuicios y proveyendo de la información suficiente al propio entramado social.

  Por ello, consideramos que indispensable contar a la brevedad con el Reglamento que norme puntualmente a la Ley para las Personas con Discapacidad, a fin de crear las condiciones adecuadas para su plena integración a la vida activa, a través de acciones específicas establecidas en las políticas públicas de la Administración en los tres ámbitos de gobierno.

  Ahora bien, esta Comisión es consciente de que, conforme lo dispone la fracción I del artículo 89 constitucional, es facultad del ejecutivo proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, por lo que no es intención de esta Comisión invadir esa esfera competencial emitiendo un requerimiento de carácter vinculante, sino exclusivamente llamar al Poder Ejecutivo a que en el ámbito de sus propias atribuciones acelere la publicación del reglamente respectivo.

  En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Asamblea el siguiente Dictamen con:

  PUNTO DE ACUERDO

  ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que publique en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Ley General de las Personas con Discapacidad, a efecto de que se definan con precisión los alcances de las políticas públicas establecidas en esa Ley.

  Sala de Comisiones “Isidoro Olvera” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de agosto de 2009.

  PRIMERA COMISIÓN

• PRIMERA COMISIÓN
  GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

  DICTAMEN POR EL QUE SE SOLICITA AL EJECUTIVO FEDERALY AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, A QUE EMITAN UN INFORME DETALLADO, SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DESTINADOS A MODIFICAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE LA CALLE.

  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada la Proposición con Punto deAcuerdosobre la situación de los Niños, Niñas y Jóvenes de la Calle, presentado por el Senador Javier Orozco Gómez y el Diputado Carlos Puente Salas, integrantes del Partido Verde Ecologista de México.

  Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de las Proposiciones a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

  Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

  ANTECEDENTES.

  I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 29 de julio de 2009.

  II. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnaran para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

  CONSIDERACIONES.

  I.- En sus consideraciones, los autores de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina señalan que ante el preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 25 de enero de 1991, se recordó que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia, desde su procreación, tiene derecho a cuidados y asistencia especiales necesarios para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad.

  La citada convención mundial, quedó formada por 54 artículos que regulan, en esencia, los principales derechos sustantivos de los niños, su difusión, seguimiento y vigilancia de su cumplimiento, así como la vigencia y observancia por los Estados Partes que lo suscribieron, reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en particular de los países en desarrollo, como lo es México.

  Mencionan que, la pobreza que sufre la gran mayoría de nuestra población constituye una negación de los derechos humanos más elementales y genera graves fenómenos de injusticia, exclusión y frustración social. Es innegable que su existencia es reflejo de nuestra Sociedad; 40 millones de mexicanos viven en la pobreza, de los cuales 11 viven en la extrema pobreza. El INEGI reportó que trabajan 459 mil niños entre los 12 y 14 años de edad y el 61% de estos menores laboran jornadas de más de 48 horas a la semana. Nuestras leyes limitan el trabajo de los jóvenes de 16 años y lo prohíben para los pequeños, pero la realidad lo impone. Así mismo se calcula que dos millones trescientos mil niños entre los 6 y 14 años no asisten a la escuela.

  Comentan, además, que en los últimos años se ha acentuado el proceso de pauperización constante de las familias, se han multiplicado condiciones permanentes de hacinamiento, se han visibilizado las prácticas de violencia intrafamiliar y el abuso sexual en los niños y jóvenes. Estas condiciones minimizan los niveles de vida de las familias convirtiendo a los niños y jóvenes en sujeto y objeto de las frustraciones de los adultos. Esto provoca que miles de niños y jóvenes busquen “refugio” en la calle, donde sufren los efectos de la exclusión social.

  Los problemas más comunes que enfrentan estos niños, niñas y jóvenes de la calle son la salud física, que se refiere a los traumatismos y algunas infecciones (parasitosis), que son las más frecuentes entre los chicos de la calle. El 80% usa droga regularmente, las más frecuentes usadas son los adhesivos de contacto muchas veces para matar el hambre, iniciándose así en la droga, siguiendo en frecuencia la cocaína y la marihuana. La actividad sexual comienza a edades tempranas, los embarazos en adolescentes son muy frecuentes.

  Por ello, el Gobierno del Distrito Federal así como el Gobierno Federal cuentan con los programas “Atención a niñ@s y jóvenes en situación de calle” y “De la calle a la vida” respectivamente, el primero tiene como objetivo modificar sustancialmente las condiciones de vida de la población de calle, con su participación activa y consciente, ofreciéndole los conocimientos y habilidades que les permitan llevar a cabo un proyecto de vida fuera de la calle y en condiciones que propicien su desarrollo integral en los ámbitos social, laboral y educativo. De igual forma para el segundo programa su propósito es prevenir la incorporación de las niñas, niños y jóvenes a la calle, a través de acciones afirmativas dentro del núcleo familiar, así como atender de manera oportuna a los que actualmente se encuentran en esa situación.

  Con base en lo anteriormente señalado, los proponentes plantean los siguientes puntos resolutivos:

  Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión,extiende sus más amplias felicitaciones y su reconocimiento tanto al Gobierno Federal, como al Gobierno del Distrito Federal por contar con programas destinados a ayudar a modificar sus condiciones de vida a los niños, niñas y jóvenes de la calle.  

  Segundo.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, solicita tanto al Ejecutivo Federal como al Gobierno del Distrito Federal emitan un informe detallado, sobre los resultados de eficacia obtenidos desde la fundación y hasta la fecha del programa en cuestión.

  Tercero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se suma a participar de una manera activa en la integración y ejecución de estos programas para el beneficio de nuestros niños, niñas y jóvenes de la calle. Asimismo, solicita desarrollar conjuntamente estrategias para la construcción de alternativas sociales y de identidad que sean sostenibles a largo plazo.

  II.- Esta Comisión está convencida de que las condiciones de desigualdad social reflejadas en la extrema pobreza y la polarización económica han generado condiciones de exclusión social para diversos sectores de la población, entre ellos, los niños, niñas y jóvenes en situación de calle, quienes han buscado por cuenta propia alternativas de supervivencia. Este grupo social por su propia situación, carece de condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales.

  Reconocemos que en el país se han llevado a cabo una serie de acciones por iniciativa pública y privada dirigidas a los niños, niñas y jóvenes, pero creemos que en su mayoría han respondido a una visión asistencial sustentada en mirarlos como objetos de protección y necesitados de tutela. La concepción social que se tiene de este grupo vulnerable parte, a nuestro modo de entender, de un conjunto de falsas apreciaciones que evitan la reflexión sobre la complejidad del problema, reduciendo el tema a la descomposición en el ámbito familiar y considerándoles víctimas de ella, así como personas con cierto grado de peligrosidad.

  Las recientes recomendaciones realizadas por el Comité de los Derechos del Niño (CRC) de la ONU a México, en las que se hace mención particular de las poblaciones en situación de calle, destacan que es necesario redoblar esfuerzos para proporcionar servicios de atención de la salud mental; establecer programas para la reconciliación con las familias; proporcionar capacitación profesional y preparación para la vida; dar atención de salud sexual y reproductiva, así como prevención de la violencia familiar e institucional.

  Además, el Estado Mexicano está obligado a garantizar los derechos de este sector a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño y de que, a partir de 1999, de la modificación del artículo 4 constitucional que los reconoce plenamente, así como de la emisión de diversos ordenamientos en los niveles además de que se creó la Ley de los Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Federal.

  Desde la perspectiva de las prerrogativas fundamentales, la problemática actual pone de manifiesto la falta de garantía a los derechos de toda la infancia y juventud, pues su existencia evidencia la de muchas otras poblaciones que tampoco están protegidas y que permanecen ocultas en comunidades empobrecidas dentro de sistemas escolares de baja calidad y en familias que enfrentan enormes retos para la educación y el desarrollo de sus integrantes.

  Por ello, estamos convencidos que éste problema sólo se puede abordar de una maneraintegraly si la niñez y juventud se considera de importancia primordial para el futuro y bienestar de la nación, ya que una sociedad que no valora a sus niños, niñas y jóvenes, es una sociedad que no está asegurando su propio sustento, continuidad y razón de ser.

  Los legisladores integrantes de esta Comisión, efectivamente saludamos la existencia tanto en el Gobierno Federal, como en el Gobierno del Distrito Federal, de programas destinados a ayudar a modificar positivamente las condiciones de vida a los niños, niñas y

  jóvenes en situación de calle, y les invita a informar a esta Soberanía sobre las acciones realizadas y su eficacia; así mismo, considera importante la emisión de un llamado a los tres órdenes de gobierno para que se intensifique la atención al problema descrito, con medidas de largo plazo.

  Por lo anteriormente expuesto, consideramos la proposición presentada con la inclusión de los señalamientos mencionados y proponemos el siguiente:

  PUNTO DE ACUERDO

  PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión,reconoce a los gobiernos Federal y del Distrito Federal por el desarrollo de programas destinados a modificar positivamente las condiciones de vida de los niños, niñas y jóvenes en situación de calle y les conmina a informar, en el ámbito de sus propias facultades, a este órgano legislativo federal respecto del resultado de las acciones emprendidas en ese marco.

  SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los gobiernos de los estados de la República Mexicana, a efecto de que se promueva la integración y ejecución de los programas suficientes para dar debida atención de los niños, niñas y jóvenes en situación de calle y para el desarrollo conjunto con la Federación de estrategias para la construcción de alternativas sociales e identitarias sostenibles a largo plazo.

  Sala de Comisiones “Isidoro Olvera” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de agosto de 2009.

  PRIMERA COMISIÓN

• PRIMERA COMISIÓN

  GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

  DICTAMEN POR EL QUE SE SOLICITA AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN INFORME SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES SE DESECHÓ LA SOLICITUD PARA LA DECLARACIÓN DE UNA ALERTA DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR AGRAVIO COMPARADO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.

  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo para citar a comparecer al Secretario de Gobernación, con la finalidad de que explique los motivos por los cuales se desechó la solicitud de inicio de una investigación sobre actos que violan de manera sistemática los derechos de las mujeres y que serían meritorios de declarar una alerta de violencia de género por agravio comparado en el Estado de Guanajuato, presentada por la diputada Maricela Contreras Julián integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

  Los y las ciudadanas legisladoras integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos contenidos en la propuesta con Punto de Acuerdo, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

  Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

  ANTECEDENTES

  I. El 29 de julio de 2009, la diputada Maricela Contreras Julián, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.

  II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a esta Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

  CONSIDERACIONES

  I. El autor de la Proposición, en síntesis, justifica el punto de acuerdo cuya emisión solicitan al Pleno de esta Soberanía en los siguientes argumentos.

  El pasado 6 de Mayo del presente año, un grupo de organizaciones de la sociedad civil presentaron ante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres una solicitud de Declaratoria de alerta de violencia de género en el estado de Guanajuato por agravio comparado, en virtud de la aprobación de la reforma al artículo 1° de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato (P.O. 26/05/09), que establece que “persona es todo ser humano desde el momento de la concepción”.

  Seguido el procedimiento enmarcado en el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la declaración de alerta de violencia de género, el 20 de Julio de 2009 se convocó a una sesión extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para resolver si da a lugar la investigación sobre actos que lesionan los derechos de las mujeres del estado de Guanajuato y que amerite la declaratoria de alerta de género; la resolución determinó en contra del inicio de la investigación, desechando la solicitud, en razón de la existencia aparente de un conflicto de leyes.

  Argumenta el proponente que la manifestación de no aceptar siquiera la solicitud de inicio de la investigación correspondiente, deja en un estado de indefensión a las mujeres del estado de Guanajuato, ya que esta situación les impide el ejercitar sus derechos plenamente; aún así, el Sistema que preside el Secretario de Gobernación se inclinó por desechar la solicitud y por ende el inicio de la investigación.

  Ante esto, la promovente presentó en la proposición con punto de acuerdo el siguiente resolutivo:

  ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer al Secretario de Gobernación, en su calidad de presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para que explique a esta Soberanía los motivos por los cuales se desechó la solicitud de inicio de investigación sobre actos que violan de manera sistemática los derechos de las mujeres y que serían meritorios de declarar una alerta de violencia de género por agravio comparado en el estado de Guanajuato.

  II. El 20 de Julio de 2009 se celebró la sesión extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, para resolver sobre la solicitud de declaratoria de alerta de género en el Estado de Guanajuato.
  A ella asistieron el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB, Daniel Cabeza de Vaca, y la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Rocío Gaytán, los cuales, presidieron la Tercera Sesión Extraordinaria, misma que contó con la participación de representantes de los institutos estatales de las mujeres y de diversas instancias federales.
  La reunión se efectuó en el Salón Revolución de la SEGOB y al término de la discusión los integrantes del Sistema desecharon, pro 26 votos en contra y 5 a favor, la propuesta para iniciar un procedimiento en el estado de Guanajuato que culminara en la declaración de alerta de género en la entidad, por la vía del agravio comparado.
  La propuesta no fue aceptada, según comunicó la propia SEGOB, bajo el argumento de que no procede jurídicamente, ya que la figura de agravio comparado no puede aplicarse entre estados. Asimismo, la mayoría consideró que la propuesta atentaba contra la soberanía de los estados y su autonomía para legislar en la materia.
  Sin embargo, ante los acontecimientos dados en la sesión extraordinaria de Sistema, las organizaciones civiles denunciaron que en la fallida reunión del día 20 de julio, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) se limitó a leer un documento sin logos, ni firmas y fuera del orden del día, en el que Rocío García Gaytán, titular del organismo, fijó su postura para declarar la no procedencia de la solicitud, como lo señala el artículo 36 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

  Asimismo, consideraron, al desecharse la solicitud presentada por diversas organizaciones civiles, el Sistema está vulnerando el derecho de audiencia de los proponentes, entendido éste como la garantía de previa audiencia en favor del gobernado, la cual, impone la obligación a las autoridades de darle oportunidad de oírlo en defensa ante un acto o resolución que lo perjudique (Jurisprudencia), conforme a lo establecido en el artículo 14 constitucional y 35 del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como a continuación se señala:

  artículo 35.- (…)

  Cuando haya sido declarada improcedente una solicitud, se garantizará el derecho de audiencia. No podrá presentarse una nueva solicitud por los mismos hechos, sin que hubieran transcurrido, por lo menos seis meses.

  Toda vez que existen declaraciones sobre diversos incidentes en la sesión extraordinaria del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, esta Comisión dictaminadora considera conveniente esclarecer cuáles fueron los motivos que dieron lugar para desechar el inicio de la investigación sobre actos que presuntamente violan de manera sistemática los derechos de las mujeres y pudieran ser meritorios para declarar una alerta de violencia de género por agravio comparado.

  Por lo antes expuesto, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, considera que existen los elementos necesarios para someter a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

  PUNTO DE ACUERDO

  ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión requiere al Secretario de Gobernación, en su calidad de presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, informe a este órgano legislativo federal los motivos por los cuales se desechó la solicitud de inicio de una investigación sobre actos que presuntamente violan de manera sistemática los derechos de las mujeres y que pudieran ser meritorios de declarar una alerta de violencia de género por agravio comparado en el estado de Guanajuato.

  Sala de Comisiones “Isidoro Olvera” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de agosto de 2009.

  PRIMERA COMISIÓN

• PRIMERA COMISIÓN
  GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

  DICTAMEN POR EL QUE SE REMITE A LA CÁMARA DE DIPUTADOS LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO AL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO, A VIDEOCÁMARAS EN EL PROYECTO BICENTENARIO Y A OBRAS VIALES EN EL CIRCUITO INTERIOR PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010.

  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la primera comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo relativo al presupuesto correspondiente al sistema de transporte colectivo metro, a videocámaras en el proyecto bicentenario y a obras viales en el circuito interior para el ejercicio fiscal 2010, presentada por el Diputado Pablo Trejo Pérez del Grupo Parlamentario del PRD.

  Los legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis a fin de valorar su contenido y emitir el dictamen correspondiente.

  Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116,127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que abajo suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen, de conformidad con los siguientes

  ANTECEDENTES

  I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita en el proemio, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 29 de julio de 2009.

  II. En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que dicha proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:

  CONSIDERACIONES

  I. En el capítulo de consideraciones el proponente, señala lo siguiente:

  Considerada como la obra más importante de la Ciudad de México e incluso del país en los últimos años, cuya inversión asciende a más de 17,500 millones de pesos, resulta de vital importancia para la economía del Distrito Federal, dada la desfavorable coyuntura económica por la que te atraviesa el país, que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación a las obras de la línea dorada por $ 5,000.00 (cinco mil millones de pesos 00/100 m. n.)

  Que con la construcción de la línea 12 del bicentenario, se beneficiará a más de 400 mil personas de las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa, Coyoacán, Benito Juárez, Álvaro Obregón y Xochimilco, se acortarán los viajes de dos horas a sólo 45 minutos y se generarán más de 25 mil empleos directos y 60 mil indirectos.

  Que el problema de movilidad no puede disociarse del crecimiento caótico que ha tenido la Ciudad de México, hace más de cinco décadas inició la ocupación masiva en la ciudad por una población en crecimiento constante y con actividades muy diversas que excedió los límites administrativos y políticos de la ciudad, para mezclarse con los municipios del vecino Estado de México y que hoy integra a las 16 delegaciones del DF, 58 municipios del Estado de México y uno del Estado de Hidalgo, para configurar la Zona Metropolitana del Valle de México.

  Que el proceso de despoblamiento de las delegaciones centrales a pesar de ser la de mayor infraestructura urbana, hacia las delegaciones del poniente, oriente y sur ha provocado cambios importantes en los patrones de viaje, esto es en el periodo de la última década los viajes interdelegacionales son más importantes que los viajes al interior de la delegación. Por su parte los viajes metropolitanos también tuvieron un importante crecimiento.

  Las condiciones actuales del transporte público implican un reto en términos del compromiso con la equidad del Gobierno del Distrito Federal. En el estado actual del sistema persisten condiciones de inequidad cuando se toma en cuenta que los grupos demográficos de menores ingresos no son sólo los que más utilizan el transporte público, sino quienes mayores tiempos de traslado tienen que enfrentar. Una baja calidad en el transporte público hace mucho más difícil una movilidad fluida de los sectores más excluidos al tener que invertir mayor tiempo de transportación de calidad disminuida, acentuando la desarticulación entre zonas marginadas de la ciudad con el resto de la zona metropolitana.

  Que el Sistema de Transporte Colectivo Metro constituye la infraestructura física, técnica y humana más importante con la que cuenta el Gobierno del Distrito Federal para enfrentar la demanda de servicios de transporte, permitiendo un desahogo a la carga de las vialidades y aminorando considerablemente el impacto ambiental por pasajero transportado.

  Que actualmente el Sistema de Transporte Colectivo Metro, tiene una red de 200 Kilómetros de vías dobles, en 11 líneas y 175 estaciones, los cuales con recorridos diariamente por los 302 trenes que conforman el parque vehicular, los cuales transportan a 4.6 millones de usuarios diariamente

  No obstante la infraestructura con la que cuenta el Metro, se presenta una disminución del índice general de captación del sistema lo que indica rendimientos decrecientes, que en parte se explican porque sólo 3 líneas (1, 2 y 3) captan el 59% del total de usuarios. En situación contraria se encuentran las líneas 4 y 6 donde el trazo de éstas no corresponde a los requerimientos de los usuarios.

  Los modos de transporte en la ciudad no sólo se encuentran distorsionados, sino además desintegrados. La red de transporte de alta capacidad, o sea el metro, (también lo son los autobuses y los trolebuses) no está coordinado con los el servicio concesionado de microbuses que sobreponen y provocan una sobreoferta de servicios en muchos casos.

  Por su lado las intersecciones entre líneas del metro se concibieron originalmente para agilizar el trasbordo a los usuarios sin embargo éstas se han convertido en puntos saturados donde se concentra una aguda problemática vial, urbana, social y económico. Problema que se agudiza en horas pico, poniendo en riesgo a miles de usuarios de este tipo de transporte público.

  Derivado de lo anterior el mantenimiento para la conservación y expansión de la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo, se le han destinado cada vez mayores recursos. Este rubro de gasto considera conceptos como mano de obra, refacciones, mantenimiento a edificios, estaciones, trenes, vías equipos electrónicos y electromecánicos en instalaciones diversas que constituyen el patrimonio del Organismo.

  En consecuencia, la proposición ofrece los siguientes puntos resolutivos:

  PRIMERO.-La Comisión Permanente solicita se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, recursos por la cantidad de 5,000 (Cinco mil millones de pesos 00/100 m. n.) para el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a fin que es se destinen a proyectos de mantenimiento, adquisición de trenes férreos, obras de reforzamiento, elaboración de dictámenes de seguridad estructural de edificaciones e instalaciones; obras para resolver los efectos ocasionados por los hundimientos diferenciales del suelo; modernización de las estaciones, rehabilitación de telefonía de trenes, principalmente.

  SEGUNDO.-La Comisión Permanente solicita se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, recursos por la cantidad de 1,000 (Mil millones de pesos 00/100 m. n.) para la adquisición y operación de cámaras de seguridad.

  TERCERO.-La Comisión Permanente solicita se considere dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, recursos por la cantidad de 1,000 (Mil millones de pesos 00/100 m. n.) para la edificación de puentes vehiculares en el Circuito Interior.

  II. Esta comisión dictaminadora considera loable toda acción tendiente al mejoramiento de la infraestructura pública en beneficio de la sociedad, como son las distintas formas de transporte público. Por ello, aprecia importante que se destinen los recursos suficientes para garantizar la correcta operación y funcionamiento, así como la seguridad de los usuarios, en beneficio de los usuarios y particularmente en lo que hace al Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la Ciudad de México, por la capacidad de movilización que cotidianamente alcanza.

  Esta Comisión estima que existen elementos suficientes para justificar que en el proceso de elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2010, se valore la posibilidad de realizar el incremento que solicita el proponente.

  Sin embargo, como es claro, no corresponde a la Comisión Permanente el emitir valoraciones relativas a la viabilidad del incremento citado, pues es tal una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, así definida por la fracción IV del artículo 74de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece:

  Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

  IV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de Egresos.

  …

  Por tal motivo, esta Dictaminadora considera que el procedimiento viable para dar la debida atención al requerimiento del proponente es la remisión de la proposición en estudio, en sus términos, a la Cámara de Diputados Federal, para los efectos antes señalados.

  Por lo antes expuesto y fundado, los integrantes de esta Primera Comisión sometemos a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente el siguiente:

  
  

  Punto de Acuerdo

  ÚNICO.-Se remite a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, laProposición con Punto de Acuerdo relativo al presupuesto correspondiente al sistema de transporte colectivo metro, a videocámaras en el proyecto bicentenario y a obras viales en el circuito interior para el ejercicio fiscal 2010, presentada por el Diputado Pablo Trejo Pérez del Grupo Parlamentario del PRD, para efecto de que sea valorada durante los trabajos de discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para dicho ejercicio.

  Sala de Comisiones “Isidoro Olvera” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de agosto de 2009.

  PRIMERA COMISIÓN

• PRIMERA COMISION
  Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia

  DICTAMEN DE MEMORIAL DE PARTICULARES SOBRE EL ESTADO QUE GUARDA LA SITUACIÓN DE LOS 51 CUSTODIOS DETENIDOS EN TEPIC, NAYARIT, POR LA PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE EVASIÓN DE PRESOS.

  Honorable Asamblea:

  A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada Memorial de Particulares sobre el estado que guarda la situación de los 51 custodios detenidos en Tepic, Nayarit, por la presunta comisión del delito de evasión de presos.

  Con fundamento en los artículos 78, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122, párrafo primero, y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como 58, 60, 87, 88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente dictamen, al tenor de los siguientes:

  ANTECEDENTES

  I. Con fecha 29 de julio de 2009, se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente un Memorial de Particulares sobre el estado que guarda la situación de los 51 custodios del penal de Cieneguillas, Zacatecas, internados en el penal de Tepic, Nayarit, por la presunta comisión del delito de evasión de presos.

  II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la antes relacionada se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

  CONSIDERACIONES

  I. El memorial da cuenta que el 24 de junio del año en curso una comisión de legisladores conformados por la diputada Alma Hilda Medina Macías, el diputado Patricio Flores Sandoval, el diputado Alejandro Chanona y el diputado Javier Gonzalez Garza se reunió con familiares de los 51 custodios detenidos por el delito de evasión de reos, en esta reunión se decidió subir un punto de acuerdo referente al problema.

  El mismo día se presentó ante el Pleno de la Comisión Permanente el Punto de Acuerdo respecto de la situación de los 51 custodios recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social de Tepic, Nayarit, cuyos resolutivos, aprobados por urgente resolución, versan:

  Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia porque en el caso de los custodios del Penal de Cieneguillas, Zacatecas, y dado que no se ha demostrado culpabilidad, solicitamos al gobierno del Estado de Zacatecas, sean atendidos en lo posible las necesidades de las familias de los custodios, porque se suspendieron los salarios y tenemos un problema muy serio ahí.

  Segundo.- Exigimos a la Procuraduría General de la República un debido proceso con pleno respeto a los derechos humanos.

  Tercero.- Que los juicios sean individuales y tomando en cuenta la situación laboral de cada uno de ellos.

  Cuarto.- Que se permita con respeto al Reglamento vigente de a institución penitenciaria la visita de familiares y defensores.

  En dicho memorial se reseña que hasta ahora se ha logrado un avance muy limitado y que aproximadamente el 80% de los procesados se encuentran en estado de indefensión, a partir de la decisión de la PGR de ejercer la acción penal y retirarles la defensoría de oficio que los atendía.

  Por ello, solicitan respetuosamente que se constituya una Comisión Especial que dé seguimiento a los resolutivos aprobados el 24 de julio y que se cite a comparecer al Procurador General de la República para que explique los motivos para consignar a los custodios.

  II. Por constituir hechos públicos y notorios, esta comisión conoce los antecedentes del caso.

  La madrugada del sábado 16 de mayo del presente año, arribó al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Cieneguillas un grupo de hombres fuertemente armados, con vestimenta y vehículos que incluían los logotipos de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Procuraduría General de la República, facilitando la fuga de 53 internos.

  Dichos reclusos se encontraban clasificados como delincuentes de alta peligrosidad, siendo procesados o sentenciados por diversos delitos contra la salud, secuestro, robo calificado y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Cabe mencionar que entre estos prófugos se encontraban 23 internos relacionados con el grupo delictivo Los Zetas.

  Ante ello, el fiscal de la federación inició la averiguación previa AP/PGR/ZAC/255/II/CS/2009 contra quien resulte responsable de los delitos de evasión de presos, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, robo, asociación delictuosa y los demás que resulten.

  El día 16 de mayo, fecha de los sucesos, todos los custodios, los agentes de Tránsito y Vialidad y de la Policía Estatal Preventiva comisionados al penal, incluyendo al ex director Eduardo Romero quien, según se hizo público posteriormente, no se encontraba en el momento, ni fecha de la fuga, además de los custodios que laboraron en nosocomios custodiando reos, y los que no trabajaron esa fecha, todos fueron retenidos en el propio penal por autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, para ser declarados acerca de los hechos.

  Los antes mencionados fueron retenidos en el penal hasta el día 18 de mayo, para posteriormente ser trasladados a las instalaciones del Instituto de la Juventud de Zacatecas (INJUDEZ), para ser arraigados y puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) y específicamente de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), donde permanecieron hasta el día 18 de junio, fecha en que fueron consignados ante el Juzgado 2º de Distrito con sede en Tepic, Nayarit, siendo recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social No. 4 en Tepic, Nay., bajo el presunto delito de evasión de reos.

  III. El 18 de junio, el agente del Ministerio Público de la Federación correspondiente a la Delegación de la Procuraduría General de la República en Zacatecas, decretó el ejercicio de la acción penal y consignó ante el Juez Primero de Distrito en Tepic, Nayarit, a los 51 custodios arraigados. Dicha determinación fue hecha pública mediante el comunicado de prensa de la PGR número 653/09.

  Una vez que fueron trasladados al aeropuerto internacional de Zacatecas, ubicado en Calera, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por elementos federales de la Agencia Federal de investigación (AFI), Policía Federal Preventiva (PFP) y elementos del Ejercito Mexicano adscritos al 52 batallón de Infantería, los familiares de los custodios se manifestaron enfrente de Palacio de Gobierno para exigir su intervención en el caso.

  III. La defensa de los inculpados ha manifestado a esta Soberanía que en el procedimiento han existido diversas irregularidades que vician el proceso penal al que se sujeta a los custodios.

  Entre otras, se afirma que los procesados fueron retenidos por más de 12 horas antes del inició de la averiguación previa AP/PGR/ZAC/255/II/CS/2009, sin que mediara un mandato judicial de aprehensión y sin que hubiera pruebas específicas que demostraran el ejercicio de sus labores en las instalaciones del penal la fecha y hora de los sucesos entes citados. Es importante señalar que su retención ocurrió cuando rindieron declaración en calidad de presentados, quedando arraigados con posterioridad.

  De igual forma, los custodios y directivos que no se encontraron ni en las instalaciones del penal la fecha y hora de los sucesos fueron citados solamente en calidad de “presentados” para rendir declaración inherente a los sucesos, para ser detenidos al término de su declaración ante el fiscal de la Federación.

  Además, tanto los custodios y agentes de Tránsito y Vialidad y de la Policía Estatal Preventiva que se encontraron en el lugar y fecha de la evasión, como los que no se encontraban laborando o lo hacían en otras áreas distantes al penal fueron arraigados, consignados y procesados por el mismo delito de evasión de reos.

  La defensa de los inculpados refirió a esta Comisión como una violación flagrante a los derechos procesales de los inculpados el que la Procuraduría General de la República haya realizado una consignación generalizada en la que omite aportar elementos fundamentales del análisis jurídico que debió sostener para cada una de las consignaciones, en los siguientes supuestos:

  • Los que el día y hora de los hechos estaban fuera del perímetro del centro penitenciario y por lo tanto no realizaron ninguna conducta delictuosa.
  • Los que encontrándose en el perímetro, no tuvieron posibilidad alguna de enterarse de los hechos.
  • Los que conocieron la situación pero recibieron instrucción sobre la manera de actuar u omitir.

  IV. Esta Comisión considera indispensable que la aplicación de justicia en los hechos del Penal de Cieneguillas, Zacatecas, se realice con rigor, develando con eficacia la responsabilidad de quienes en ellos participaron, sea en forma de autoría material o intelectual, y aplicando las sanciones pertinentes a un acto delictivo de tan alto impacto en la sociedad zacatecana y nacional.

  Sin embargo, nos pronunciamos también por el estricto respeto de los derechos procesales de los inculpados, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos por nuestro país, así como los diversos preceptos del código adjetivo penal federal. Por ello, preocupa a los integrantes de esta dictaminadora el reclamo que realizan los familiares de custodios y agentes procesados por esos hechos.

  Una de estas situaciones, es la queja de la defensa de los procesados en cuestión, relativa a la presunta violación a diversos derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como es el caso de los contenidos en el artículo 11, en el que se consigna el derecho a la presunción de inocencia de los acusados.

  Además, diversos medios de comunicación continúan señalando que durante los 38 días de arraigo, los ahora indiciados fueron sometidos a tortura sicológica y trato degradante por agentes y personal de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), lo que estaría violentado el artículo 5 de la misma Declaración que prohíbe el empleo de torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

  Incluso se estima por parte de los familiares de los custodios que los 51 procesados, que forman parte de un aproximado 80% de los trabajadores al servicio del gobierno del estado de Zacatecas, podrían estar sometidos en los hechos a un estado de indefensión jurídica por parte de la Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, lo que significaría la trasgresión de lo que al respecto ordena el artículo 17 constitucional y el artículo 10 de la citada Declaración Universal.

  En este sentido, los familiares de los detenidos manifiestan que Más del 80% de los trabajadores al servicio del gobierno del estado deZacatecas (custodios y elementos policiacos), fueron consignados y procesados sin motivación fundada por la Procuraduría General de la República, acudiendo más a un acto mediático de alto impacto, que conforme a Derecho; además de que han sido tratados como delincuentes de alta peligrosidad por la propia PGR y específicamente por la SIEDO, siendo prueba de ello su reclusión en un penal de máxima seguridad, hechos que violentan sus garantías y derechos constitucionales y humanos.

  Por último, extraña a la defensa la circunstancia de que la PGR, y específicamente SIEDO, no han llamado a comparecer ni a la delegada de la propia PGR en Zacatecas, ni a mandos y elementos que estuvieron de guardia la fecha de la evasión siendo que su sede está a no más de 700 metros del penal de Cieneguillas, ni tampoco han citado a los mandos y elementos de la policía Federal Preventiva (PFP), siendo que el convoy de los prófugos transitaron por carreteras federales con rumbo al estado de San luís Potosí, de acuerdo a las propias investigaciones de la PGR, demostrando con ello la parcialidad e inequidad en las investigaciones y consignación de los ahora indiciados.

  V. Es importante para quienes conformamos esta Primera Comisión que todos los procesos de investigación y acción penal, se lleven a cabo con estricto apego al marco jurídico punitivo, para garantizar la preservación del Estado de Derecho, desde el seno mismo de las instituciones que le dan forma, así como la preservación de las garantías individuales que consagra nuestra Constitución Política y los derechos fundamentales que disponen el derecho internacional.

  Por estas razones consideramos oportuno exhortar al Juez Primero de Distrito en Tepic, Nayarit, para que se conduzcan en el marco de la ley, garantizando el total respeto al proceso judicial, así como el respeto a los derechos humanos de los 51 custodios detenidos.

  Por lo antes expuesto y fundado, la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el siguiente:

  PUNTO DE ACUERDO

  ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta Juez Primero de Distrito en Tepic, Nayarit, y a la Procuraduría General de la República, por conducto del Ministerio Público Federal adscrito a dicho Juzgado, para que en el proceso penal que se sigue en contra de 51 Custodios por los hechos delictivos ocurridos en el Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, Zacatecas, el sábado 16 de mayo del presente año, se garantice el estricto respeto a los derechos que asisten a las personas imputadas, de conformidad con los artículos 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo exhorta al Instituto Federal de Defensoría Pública para que preste la asistencia debida a los procesados.

  Sala de Comisiones “Isidoro Olvera” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de agosto de 2009.

  PRIMERA COMISIÓN

• Dictamen de la Segunda Comisión por el que se solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, haga llegar a esta Soberanía, un informe sobre el número de centros comunitarios establecidos en el Distrito Federal así como la plantilla laboral y el número de niños atendidos en dichos lugares; y el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal.

  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se hace una serie de solicitudes a la Secretaría de Educación Pública, suscrita por los Diputados Javier González Garza y Aleida Alavez Ruíz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

  Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

  Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

  DICTAMEN

  ANTECEDENTES

  La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 29 de julio de 2009 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

  CONSIDERACIONES

  I.- En su capítulo de Antecedentes, los autores de la Proposición que se dictamina manifiestan que la educación es un derecho consagrado en nuestra Constitución Política, la cual establece la obligatoriedad de la educación preescolar, primaria y secundaria.

  Que el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública el 3 de junio de 2005 publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo número 358 por el que se establece el “Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal”.

  Que dicho programa dispone que las autoridades educativas federales pondrán en marcha programas especiales para cumplir con la prestación del servicio de educación preescolar en las zonas donde no haya sido posible establecer la infraestructura para la prestación de ese servicio educativo.

  Que existen establecimientos sin fines de lucro que se han constituido como centros comunitarios y proporcionan diversos servicios asistenciales, como son la custodia, alimentación y atención médica a favor de un segmento de la población en condiciones económicas y sociales de desventaja; en dichos centros comunitarios se imparte, además, educación preescolar en horarios más amplios y flexibles que aquellos en los que operan las escuelas públicas y particulares.

  Continúan señalando que el beneficio social de la existencia de dichos centros comunitarios permite a un gran número de padres de familia la realización de actividades laborales las cuales implican un mayor ingreso familiar y la educación y cuidado de los niños, así como ingreso económico a los trabajadores de dichos centros comunitarios.

  Concluyen señalando que derivado del siniestro ocurrido en la guardería ABC en el estado de Sonora, la Secretaría de Educación Pública ordenó la revisión de las condiciones de dichos centros, ordenando finalmente el cierre de todos ellos ya sea por observaciones o por la decisión de no renovar el programa sin que para ello medie un esquema de contención de las consecuencias sociales que impliquen el cierre de esos centros comunitarios. En virtud de lo anterior, los proponentes formulan el siguiente:

  “PUNTO DE ACUERDO

  PRIMERO.- Se solicita a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para que informe sobre el número de centros comunitarios establecidos en el Distrito Federal así como la plantilla laboral y el número de niños atendidos en dichos lugares.

  SEGUNDO.- Asimismo se requiere a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para que informe sobre el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal.

  TERCERO.- Se solicita a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal informe sobre la capacidad de la infraestructura de educación preescolar pública para recibir a los niños que asistían a los centros comunitarios.

  CUARTO.- Se solicita a la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal para que informe el impacto social que implica el cierre de dichos centros comunitarios materia del programa.

  II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con diversos  planteamientos de los autores de la Proposición, por lo que consideran procedente invocar y reproducir literalmente las disposiciones aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos siguientes:

  “Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria”.

  Asimismo, el artículo sexto transitorio del “Decreto por el que se aprueba el diverso por el que se adiciona el artículo 3°, en su párrafo primero, fracciones III, V y VI, y el artículo 31 en su fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, establece lo siguiente:

  Artículo Sexto.- Los presupuestos federal, estatales, del Distrito Federal y municipales incluirán los recursos necesarios para: la construcción, ampliación y equipamiento de la infraestructura suficiente para la cobertura progresiva de los servicios de educación preescolar; con sus correspondientes programas de formación profesional del personal docente así como de dotación de materiales de estudio gratuito para maestros y alumnos. Para las comunidades rurales alejadas de los centros urbanos y las zonas donde no haya sido posible establecer infraestructura para la prestación del servicio de educación preescolar, las autoridades educativas federales en coordinación con las locales, establecerán los programas especiales que se requieran y tomarán las decisiones pertinentes para asegurar el acceso de los educandos a los servicios de educación primaria.

  El grupo de asistencia técnica de la Comisión Dictaminadora, se dio a la tarea de investigar sobre el Acuerdo número 358 “Programa Especial 2005-2009”, encontrándose lo siguiente:

  Que, en efecto, el 3 de junio de 2005 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo número 358 por el que se establece el Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal.

  Que es indispensable, en consecuencia, que la educación preescolar que reciben los niños en centros comunitarios, se ajuste a lo prescrito por el artículo 3° constitucional.

  En este contexto, el Programa Especial establece lineamientos específicos para que los niños que asisten a centros comunitarios reciban un servicio educativo acorde a  los principios pedagógicos conforme a los que operan los planteles educativos, que se preserve su integridad física y psicológica, además de que se garantice la acreditación de la educación preescolar.

  En este sentido, los integrantes de la Comisión Dictaminadora toman en cuenta que el programa Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, tiene por objeto acreditar la educación preescolar de los niños y niñas que asisten a los centros comunitarios, a efecto de garantizar su acceso a la educación primaria, en los términos que establece el artículo 3º Constitucional y la Ley General de Educación.

  De igual forma, de conformidad con la fracción VI del Acuerdo número 358, que a la letra dice:

  VI. Seguimiento del Programa

  1. La SEP supervisará que los centros comunitarios cumplan con lo establecido en el presente Programa y en las disposiciones jurídicas y pedagógicas aplicables, para lo cual los centros comunitarios colaborarán en las actividades que para tales efectos, la autoridad realice.       

  En razón de lo anterior, la Comisión Dictaminadora considera procedente solicitar del titular de la Secretaría de Educación Pública, un informe detallado sobre el número de centros comunitarios establecidos en el Distrito Federal así como la plantilla laboral y el número de niños atendidos en dichos lugares; y sobre el cumplimiento de metas y objetivos del Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal, y la capacidad de la infraestructura de educación preescolar pública para recibir a los niños que asisten o asistían a los centros comunitarios.

  Finalmente sobre los estudios y proyecciones realizados o que se vayan a realizar sobre el impacto social que implica el cierre de dichos centros comunitarios materia del programa.

  En mérito de lo antes expuesto, la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

  PUNTO DE ACUERDO

  Único.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Educación Pública, haga llegar a esta Soberanía, un informe sobre:

  1. El número de centros comunitarios establecidos en el Distrito Federal así como la plantilla laboral y el número de niños atendidos en dichos lugares;
  2. El cumplimiento de metas y objetivos del Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia en el Distrito Federal;
  3. La capacidad de la infraestructura de educación preescolar pública para recibir a los niños que asisten o asistían a los centros comunitarios; y
  4. Los estudios y proyecciones realizados o que se vayan a realizar sobre el impacto social que implica el cierre de dichos centros comunitarios materia del programa así como un informe sobre las principales razones que han ameritado el cierre de los mismos.

  Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 agosto de 2009.

  SEGUNDA COMISION

• Dictamen de la Segunda Comisión por el que se solicita al titular de la Secretaría de Salud, remita a esta Soberanía un informe sobre las medidas y acciones que se estén implementando o se vayan a implementar, a efecto de dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Tuberculosis 2009, en todo el país y en particular en el estado de Chiapas, y en su caso, pondere la posibilidad de crear un Comité de Seguimiento de dicho programa.

  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas presente los resultados del programa de atención a enfermos de tuberculosis, se otorguen a la brevedad los servicios médicos y medicamentos a quienes la padezcan, despliegue una campaña informativa en la entidad para prevenir esta enfermedad, y se conforme un comité de seguimiento para el programa, suscrita por la Diputada Holly Matus Toledo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

  Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

  Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

  DICTAMEN

  ANTECEDENTES

  La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 29 de julio de 2009 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

  CONSIDERACIONES

  I.- En su capítulo de Antecedentes, la autora de la Proposición que se dictamina manifiesta que la salud es un derecho humano fundamental, imprescriptible, inalienable e interdependiente. Todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, tienen el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud; entendiendo por salud, tal como lo establece el preámbulo de la Carta fundacional de la Organización Internacional de la Salud, “un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades” .

  Que el derecho a la salud en el ámbito nacional se encuentra enmarcado en el artículo 4 de nuestra Constitución en donde se establece que:

  “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.”

  Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado respecto al contenido de este derecho, lo siguiente:

  “… el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones para alcanzar el más alto nivel posible de salud.

  Señala la proponente que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por el complejo “Mycobacterium Tuberculosis” la cual compromete principalmente a los pulmones, pero puede extenderse a otros órganos.

  Que esta enfermedad fue declarada en 1993 por la Organización de la Salud  como un problema reemergente debido a su asociación con el VIH SIDA y la farmacorresistencia así como con el crecimiento de las poblaciones marginadas, la pobreza, la migración, el incremento de enfermedades inmunosupresoras como la diabetes, las adicciones, las neoplasias y la desnutrición.

  Continúa la proponente señalando que a partir de ello se establecieron diversas estrategias y en 2006 se impulsó la estrategia “Alto a la Tuberculosis”, cuya finalidad es reducir la carga mundial de este padecimiento para el 2015 en consonancia con los objetivos del Milenio.

  También señala que entre los hombres las tasas de mortalidad por Tuberculosis más altas del país se registraron  en los estados de Baja California, Nayarit, San Luis Potosí, y Oaxaca, mientras que entre las mujeres la mortalidad más elevada del país se registró en los estados de Nayarit, Chiapas, Baja California y Oaxaca.

  Que en el estado de Chiapas en 1998, se registraron tasas de incidencia del 41.7 y de mortalidad del 8.2  por cien mil habitantes, respectivamente, ocupando el primer lugar en mortalidad por tuberculosis de todos los estados de la República de México, con tasas superiores al doble de las nacionales.

  Que durante el 2007, a pesar de los esfuerzos de las autoridades sanitarias de esta entidad federativa, Chiapas se encuentra dentro de las primeras cinco entidades con mayor incidencia de tuberculosis del país. Ocupa el segundo lugar en mortalidad en mujeres por tuberculosis en la República Mexicana, sólo debajo de Nayarit.

  Que la tuberculosis se observa además vinculada a las regiones más pobres del estado de Chiapas las cuales son coincidentemente zonas indígenas.

  Que a nivel nacional se ha diseñado un Programa de Acción para la Prevención y Control de la Tuberculosis  cuyos objetivos son: disminuir el riesgo de enfermar y morir a causa de la tuberculosis e interrumpir su transmisión, contribuir a la equidad, asegurando que la población tenga acceso al diagnóstico y tratamiento y  fortalecer la participación y corresponsabilidad de la sociedad en el cuidado de la salud y el control de la tuberculosis. Sin embargo, las acciones estratégicas implementadas en el estado de Chiapas se encuentran desvinculadas de una realidad social caracterizada por la presencia de pueblos indígenas con cultura propia, histórica y cambiante en un contexto de pobreza, exclusión y marginación al que  se añaden las construcciones sociales de género que impactan en la morbilidad y la mortalidad. 

  Concluye la proponente señalando que durante el 2008 no fue posible garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas que padecen tuberculosis debido a que la Secretaría de Salud en el estado de Chiapas,  olvidó comprar los medicamentos. En virtud de lo anterior, la proponente formula el siguiente:

  “PUNTO DE ACUERDO

  Primero. Se exhorta a la Auditoría Superior de la  Federación a realizar una auditoría del Programa de Tuberculosis 2008 en el estado de Chiapas a fin de revisar la adquisición, distribución y uso de los medicamentos para la tuberculosis y fincar responsabilidades en caso de omisión.

  Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas a presentar informe técnico con los resultados del programa de atención a enfermos de tuberculosis 2008, especificando universo de atención,  tipo de tratamiento, así como casos resueltos.

  Tercero. Se exhorta al Secretario de Salud del estado de Chiapas a convocar a la conformación de  un Observatorio Ciudadano, integrado por organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema de tuberculosis,  la Secretaría de Pueblos Indios, el Instituto de la Mujer y representantes de pueblos y comunidades indígenas, con el objetivo de contribuir en el diseño y evaluación del Programa de Tuberculosis en la entidad bajo una perspectiva de género, competencia cultural y derechos de los pueblos indígenas.

  Cuarto. Se exhorta a la Secretaría de Salud a Nivel Federal  a convocar para  que se conforme un Comité de Seguimiento del Programa de Tuberculosis 2009 en el estado de Chiapas, a fin de dar seguimiento a las readecuaciones  del programa a la realidad social y verificar cambios institucionales que para verificar el cumplimiento del programa con cada una de sus estrategias, así como presentar las perspectivas 2009.”

  II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos de la autora de la Proposición, en razón de que la situación por la que atraviesa la población adulta del país respecto a los problemas de salud y falta de servicios, en particular sobre la Tuberculosis, como es de conocimiento público, cuyos objetivos son disminuir el riesgo de enfermar y morir a causa de esta enfermedad e interrumpir su transmisión, contribuir a la equidad, asegurando que la población tenga acceso al diagnóstico y tratamiento, así como  fortalecer la participación y corresponsabilidad de la sociedad en el cuidado de la salud y el control de esta mortal enfermedad; por lo que cualquier medida que se adopte para atender y resolver, o paliar al menos este problema, debe ser aceptada y promovida.

  Asimismo, se trata de actividades encaminadas al derecho y mejora de la salud. Por lo que es conveniente recordar que el artículo 4º Constitucional establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud:

  Artículo 4º.- ...

  ...

  Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general.

  La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece en su artículo 39:

  “Artículo 39.- A la Secretaría de Salud, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

  I.- Establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, ....; y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen.

  VI.- Planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud y proveer a la adecuada participación de las dependencias y entidades públicas que presten servicios de salud, a fin de asegurar el cumplimiento del derecho a la protección de la salud.

  Asimismo, propiciará y coordinará la participación de los sectores social y privado en dicho Sistema Nacional de Salud y determinará las políticas y acciones de inducción y concertación correspondientes;

  VII.- Planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud;

  XVI.- Estudiar, adaptar y poner en vigor las medidas necesarias para luchar contra las enfermedades transmisibles, contra las plagas sociales que afecten la salud, contra el alcoholismo y las toxicomanías y otros vicios sociales, y contra la mendicidad

  XX.- Prestar los servicios de su competencia, directamente o en coordinación con los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal;

  XXI.- Actuar como autoridad sanitaria, ejercer las facultades en materia de salubridad general que las leyes le confieren al Ejecutivo Federal, vigilar el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables y ejercer la acción extraordinaria en materia de Salubridad General;”

  La Ley General de Salud establece en su artículo 3º la materia de salubridad general, y en los artículos 5°, 6º 7º y 13 el Sistema Nacional de Salud y su competencia, y cuyos objetivos y coordinación son: 

  “Artículo 3o.- En los términos de esta Ley, es materia de salubridad general:

  II. La atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables;

  II bis. La Protección Social en Salud.

  XVII. La prevención y el control de enfermedades transmisibles;

  “Artículo 5°.- El Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud.

  Artículo 6°.- El sistema nacional de salud tiene los siguientes objetivos:

  I. Proporcionar servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de los mismos, atendiendo a los problemas sanitarios prioritarios y a los factores que condicionen y causen daños a la salud, con especial interés en las acciones preventivas;

  VI. Impulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos humanos para mejorar la salud;

  Artículo 7°.- La coordinación del Sistema Nacional de Salud estará a cargo de la Secretaría de Salud, correspondiéndole a ésta:

  I. Establecer y conducir la política nacional en materia de salud, en los términos de las leyes aplicables y de conformidad con lo dispuesto por el Ejecutivo Federal;

  II. Coordinar los programas de servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen;

  IV. Promover, coordinar y realizar la evaluación de programas y servicios de salud que le sea solicitada por el Ejecutivo Federal;

  V. Determinar la periodicidad y características de la información que deberán proporcionar las dependencias y entidades del sector salud, con sujeción a las disposiciones generales aplicables;

  VI. Coordinar el proceso de programación de las actividades del sector salud, con sujeción a las leyes que regulen a las entidades participantes;

  VII. Formular recomendaciones a las dependencias competentes sobre la asignación de los recursos que requieran los programas de salud;

  Artículo 13.- La competencia entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general quedará distribuida conforme a lo siguiente:

  1. Corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Salud:

  …”.

  Por lo que hace al resolutivo primero de la proposición que se dictamina, el proponente solicita exhortar a la Auditoría Superior de la Federación a realizar una auditoría del Programa de Tuberculosis 2008 en el estado de Chiapas, esta Comisión Dictaminadora toma en cuenta lo siguiente:

  Conforme a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), corresponde a la Cámara de Diputados el ejercicio de su facultad de revisión y fiscalización del gasto público y que la revisión de la cuenta pública se realizará a través de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. La existencia y funciones de esta Entidad, están previstas en el artículo 79, fracción I, que literalmente establece:

   “Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.

  La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

  Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:

  I.     Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la Ley.

  También fiscalizará directamente los recursos federales que administren o ejerzan los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las participaciones federales; asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.

  Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior deberán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupuestario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asignados, de acuerdo con los criterios que establezca la Ley.

  Sin perjuicio del principio de anualidad, la entidad de fiscalización superior de la Federación podrá solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en revisión abarque para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas federales. Las observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la entidad de fiscalización superior de la Federación emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en revisión.

  Asimismo, sin perjuicio del principio de posterioridad, en las situaciones excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, podrá requerir a las entidades fiscalizadas que procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma. La entidad de fiscalización superior de la Federación rendirá un informe específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, fincará las responsabilidades correspondientes o promoverá otras responsabilidades ante las autoridades competentes;

  …”

  La Comisión Dictaminadora coincide sustancialmente con la argumentación y fundamentación presentada por la autora de la proposición que se dictamina,  pero no considera adecuado librar un exhorto a la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, pues tomando en cuenta que se trata de un órgano auxiliar de la propia Cámara, es suficiente remitir copia del expediente a dicha entidad, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su competencia.

  En relación a los resolutivos segundo y tercero de la proposición que se dictamina, en los cuales se exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, presente un informe de los resultados del programa de atención a enfermos de tuberculosis 2008 y sobre la conformación de un Observatorio Ciudadano, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta lo siguiente:

  Que el Congreso de la Unión, a través de sus Cámaras o de la Comisión Permanente, se ha manifestado siempre respetuoso de los principios y normas que rigen el federalismo que impera en nuestro sistema jurídico y político nacional.  En este sentido, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

  “Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

  Por lo anterior, esta Comisión Dictaminadora considera que no es procedente exhortar a la Secretaría de Salud del estado de Chiapas, toda vez que contravendría el principio de federalismo consagrado en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No obstante, a fin de darle continuidad a la intención de la proponente, esta Comisión Dictaminadora considera prudente remitir el asunto al C. Gobernador del estado de Chiapas, para su conocimiento y efectos, en el ámbito de su competencia.

  Respecto al resolutivo cuarto de la proposición, la Comisión Dictaminadora, en razón de la importancia que representa la salud, considera pertinente solicitar del titular de la Secretaría de Salud, remita a esta Soberanía un informe sobre las medidas y acciones que se estén implementando o se vayan a implementar, a efecto de dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Tuberculosis 2009 en todo el país y en particular en el estado de Chiapas, y en su caso, pondere la posibilidad de crear un Comité de Seguimiento a dicho programa.

  En mérito de lo antes expuesto, la Segunda Comisión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a la consideración del Pleno, el siguiente:

  PUNTO DE ACUERDO

  PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con sustento en lo dispuesto en los numerales 1 y 3 del artículo 45 y en los numerales 1 y 3 del artículo 97 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita al titular de la Secretaría de Salud, remita a esta Soberanía un informe sobre las medidas y acciones que se estén implementando o se vayan a implementar, a efecto de dar seguimiento al cumplimiento del Programa de Tuberculosis 2009, en todo el país y en particular en el estado de Chiapas, y en su caso, pondere la posibilidad de crear un Comité de Seguimiento de dicho programa.

  SEGUNDO.- Remítase copia del presente expediente al Titular de la Auditoría Superior de la Federación, a través de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, para que, en el ámbito de su competencia, determine la conveniencia de realizar en su Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2008, una auditoría al Programa de Tuberculosis 2008 en el estado de Chiapas.

  TERCERO.- Remítase copia del expediente al C. Gobernador del estado de Chiapas, para su conocimiento y efectos en el ámbito de su competencia.

  Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 4 agosto de 2009.

  SEGUNDA COMISION

• Dictamen de la Segunda Comisión por el que se solicita a los titulares de las Secretarías de Salud y de Desarrollo Social, un informe sobre los programas y políticas públicas que se estén implementando o se vayan a implementar, así como las campañas de difusión sobre los derechos y servicios que ofrecen las diversas instituciones del Gobierno Federal, a efecto de atender la problemática de los adultos mayores.

  HONORABLE ASAMBLEA:

  A la Segunda Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LX Legislatura, fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Desarrollo Social a que de manera coordinada implementen planes y programas de atención a las personas adultas mayores, suscrita por el Senador Gabino Cué Monteagudo, integrante del Grupo Parlamentario de Convergencia.

  Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de los planteamientos de la Proposición, a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

  Con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Segunda Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente:

  DICTAMEN

  ANTECEDENTES

  La Proposición que se cita en el proemio, fue presentada en la Sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 29 de julio de 2009 y turnada para estudio y dictamen correspondiente a la Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública.

  CONSIDERACIONES

  I.- En su capítulo de Antecedentes, el autor de la Proposición que se dictamina manifiesta que de acuerdo al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en el año 2008,  el 8 por ciento de la  población total correspondía a adultos mayores de 60 años, y afirma que se estima que en el año 2030 el incremento sea tal que alcance el 17.1%, tendencia que seguirá a la alza en el transcurso de los siguientes años y para 2040 uno de cuatro mexicanos entrará a la tercera edad.

  Que el aumento en la expectativa de vida de los mexicanos representa no sólo un éxito de la salud pública, sino también un reto para la capacidad institucional y de la propia sociedad para atender integralmente a la población de adultos mayores. Asimismo, señala que la vulnerabilidad en que se encuentran los adultos mayores, desafortunadamente, puede significar que llegar a la vejez sea sinónimo de pobreza, enfermedad y abandono.

  Afirma el proponente que un número considerable de adultos mayores  no cuenta con recursos económicos suficientes para enfrentar esta etapa de la vida por lo que experimentan carencia en la satisfacción de sus necesidades básicas y al mismo tiempo presentan enfermedades que requieren de atención y seguimiento especializado, situación que se agrava al no ser derechohabientes de las instituciones de salud, por lo que cientos de ellos tienen que emplearse y subemplearse en condiciones deplorables y con sueldos ínfimos.   

  Continúa señalando que pese a que alrededor del 90% de los adultos mayores viven con sus familiares, no están exentos de  sufrir  abandono, desnutrición, depresión, maltrato, abusos y enfermedades. Y que esta realidad se agrava en el medio rural e indígena, pues además de padecer  los rezagos  socioeconómicos de sus comunidades, se enfrentan a la falta de atención médica y de servicios de asistencia social.

  Señala que es necesario que se instrumenten acciones que promuevan una adecuada nutrición acompañada de rutinas idóneas de acondicionamiento físico.

  También afirma que percibe como positivo y con complacencia la creación del Instituto de Geriatría, el cual tiene como objetivos la investigación médica relacionada con la prevención, identificación y alivio de las enfermedades crónico-degenerativas, la mejora en las políticas públicas en materia de salud, y la generación de recursos humanos especializados en el desarrollo y práctica de la geriatría.

  El proponente hace referencia a que el  INAPAM, desarrolla su campo de acción en cuatro ejes fundamentales: atención médica de primer nivel y educación para la salud; promoción del empleo; actividades de desarrollo social en los aspectos cultural, deportivo, recreativo y educativo, así como orientación y certeza jurídica. Sin embargo, para extender los beneficios de estas acciones  se  requiere de mayor capacidad presupuestal,  de infraestructura institucional y de recursos  humanos.

  Asimismo, señala el proponente que se ha detectado que los adultos mayores no cuentan con  suficiente información respecto a los derechos de los adultos mayores, ni de los servicios que las instituciones ofrecen, de ahí que es indispensable que se realicen campañas de difusión y de concientización de la población en general.

  Destaca el proponente que las acciones de gobierno han generado condiciones de atención de las necesidades de los adultos mayores, pero que no han sido suficientes y de no actuar desde este momento se verán rebasadas por la creciente demanda.

  Concluye el proponente que “de ahí  la importancia de que las instituciones gubernamentales  de manera coordinada se aboquen al diseño de políticas públicas y de acciones preventivas en el terreno social y de  salud pública. Asimismo, que  generen  un modelo integrador multidisciplinario de atención a la población adulta, que vaya desde una atención médica adecuada hasta la oportunidad de contar con actividades recreativas y de un sano desarrollo psico-social”. En virtud de lo anterior, el proponente formula el siguiente:

  “PUNTO DE ACUERDO

  Primero.- La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónexhorta respetuosamente a los titulares de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Desarrollo Social a que de manera coordinada implementen  políticas públicas integrales y con enfoque transversal destinadas a atender la problemática de los adultos mayores.

  Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Uniónsolicita al titular de la Secretaría de Salud que informe a esta soberanía sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos para los que fue creado el Instituto de Geriatría.

  Tercero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión  exhorta al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores a que  realice una campaña de difusión masiva  sobre los derechos de los adultos mayores así como de los servicios que ofrece dicha institución.

  II.- Los integrantes de la Comisión Dictaminadora coinciden con los planteamientos del autor de la Proposición, en razón de que es notoriamente conocida la situación por la que atraviesa la población adulta del país respecto a los problemas de salud y falta de servicios. Por ello, cualquier medida que se adopte para atender y resolver, o paliar al menos este problema, debe ser aceptada y promovida.

  Asimismo, la Comisión Dictaminadora toma en cuenta que conforme a lo señalado por el proponente, los gobiernos de los tres niveles, tanto federal, estatal y municipal, están implementando políticas públicas destinadas a atender a los adultos mayores, por lo que esta Comisión Dictaminadora considera procedente solicitar la información relativa a las mismas.

  Por lo que hace al Instituto de Geriatría, se toma en cuenta que, en efecto, el día 28 de julio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se crea el Instituto de Geriatría, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, el cual establece en sus artículo primero y segundo lo siguiente:

  “ARTÍCULO PRIMERO.- Se crea el Instituto de Geriatría como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud, dotado de autonomía operativa, técnica y administrativa, el cual tendrá por objeto coadyuvar en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, mediante acciones de desarrollo, fomento y promoción en materia de investigación y creación de recursos humanos en geriatría.”       

  ARTÍCULO SEGUNDO.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto de Geriatría tendrá las funciones siguientes:

  I. Fomentar la creación y capacitación de recursos humanos especializados en materia de geriatría y en aquellas complementarias y de apoyo, mediante la creación e implementación de programas y cursos especializados;

  II. Desarrollar e impulsar estudios e investigaciones en materia geriátrica;

  III. Apoyar a la Secretaría de Salud en su carácter de dependencia coordinadora de sector, para la elaboración y ejecución de los programas anuales, sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito de sus funciones, así como promover la concertación de acciones con los sectores social y privado en su ámbito de competencia;

  IV. Fungir como órgano de consulta nacional sobre temas relacionados con su objeto;

  V. Difundir y publicar los estudios e investigaciones que en materia de geriatría elabore, así como de aquellas materias afines o complementarias a ésta;

  VI. Llevar a cabo el intercambio de estudios científicos, de carácter nacional e internacional, a través de la celebración d