INICIATIVA DE LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PÚBLICOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE PRESTA EL ESTADO EN MATERIA DE CULTURA, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN H. LA CÁMARA DE DIPUTADOS.

El que suscribe, diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73, fracción XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley General para la Protección de los Derechos de los Públicos de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

“la cultura non viene concepita come di massa, lo diventa…”
Fabio Masala

Los derechos culturales son derechos humanos, universales, indivisibles e interdependientes. El Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Asimismo, el Artículo 15 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala establece que México, como Estado Parte del Pacto, debe reconocer el derecho de toda persona a:

a) participar en la vida cultural;
b) gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
c) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

De conformidad con lo establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.

Para ello, los Estados deben adoptar las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación, a fin de lograr la plena vigencia de los derechos reconocidos, así como para garantizar su ejercicio sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Es evidente que aún existen serios retos por parte de los Estados para dar cabal cumplimiento a sus obligaciones de promover, respetar y garantizar los derechos humanos; pero esto es aún más claro, en el caso de los derechos culturales, pues han sido uno de los menos desarrollados por lo que atañe a su alcance, contenido jurídico y posibilidad de hacerlos respetar. Ello a pesar de que diversos tratados internacionales y regionales en materia de derechos humanos coinciden en señalar que el derecho a la cultura implica, la obligación del Estado a garantizar el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, disfrutar de los beneficios del progreso científico y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales resultantes de toda producción científica, literaria o artística.

Toda persona debe poder expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular en su lengua materna, pero en especial, queremos hacer énfasis en que el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), reconoce entre otros, como obligaciones del Estado, el garantizar el derecho de toda persona a participar en la vida cultural y artística de la comunidad y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Lo anterior, debido a que la participación en la vida cultural, implica que las personas, los grupos y las organizaciones sean actores activos en la toma de decisiones y que tengan acceso a la información necesaria para incidir en ella, así como los espacios para realizarlo. En este sentido, el Estado está obligado a garantizar el ejercicio y participación de las personas, en igualdad de condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura, y adoptar las medidas para que la sociedad, contribuya a incentivar la creatividad y las actividades culturales en sus diversas manifestaciones.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha reiterado, en diversas ocasiones, que la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora; y que existe el reto en convencer a los actores políticos responsables de las decisiones y a los actores sociales locales de que integren los principios de la diversidad cultural y los valores del pluralismo cultural en el conjunto de las políticas, mecanismos y prácticas públicas, especialmente en torno a la colaboración del sector público con el sector privado.

El Diagnóstico Sobre la Situación de los Derechos Humanos, hace evidente una proyección del país como una sociedad homogénea, que marginaliza la diversidad existente en los bienes intangibles y limita tanto el derecho al acceso y disfrute de la cultura como los intercambios transculturales. Ejemplo de ello, es que la toma de decisiones relacionadas con la promoción a la sociedad civil y la estructura de gestión cultural vigente no tiene movilidad y flexibilidad en el cumplimiento de sus acciones. Es difícil establecer programas a mediano y largo plazos, vulnerando el derecho de continuidad de los programas año por año y en cada sucesión presidencial. Los sistemas de promoción de la cultura nacional reproducen las pautas de otras experiencias, sin que éstas sean adecuadas a sus características y valores propios.

Por lo anterior, el Diagnóstico recomendó al Estado mexicano la necesidad revisar, actualizar y reorganizar la legislación de la cultura e incluir un modelo participativo para un mayor impulso de los derechos culturales dentro del proceso democrático actual. Y reiteró que, al Estado mexicano, le corresponde impulsar el acceso y beneficio a los bienes y servicios culturales, lo cual implica establecer medios suficientes para el desarrollo y los apoyos concretos a sus diversas industrias culturales, a fin de impulsar no sólo sus componentes económicos, sino también los sociales. El Estado tiene, además, la función de fomentar la participación del sector privado en el ámbito cultural e impulsar la creación de empleos y el potencial competitivo del mercado nacional en el marco global.

Es urgente impulsar el concepto de participación en la toma de decisiones públicas, en especial en materia de cultura, como componente importante en el funcionamiento del Estado. Esta situación implica retos en lo que respecta a la identificación de los espacios y canales de participación, y a la organización social para ponerla en práctica.

Aunado a ello, como lo señala la Declaración de México sobre las políticas culturales, a fin de garantizar la participación de todos los individuos en la vida cultural, es preciso eliminar las desigualdades provenientes, entre otros, del origen y la posición social, de la educación, la nacionalidad, la edad, la lengua, el sexo, las convicciones religiosas, la salud o la pertinencia a grupos étnicos, minoritarios o marginados. Lo anterior porque así se contribuye a consolidar una sociedad democrática pluralista, tolerante, participativa, crítica, libre, solidaria y protagónica, que es la que esperamos construir.

Con este contexto, la intensa actividad legislativa de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, estuvo enfocada en la creación de amplios consensos en diversas reformas estructurales del Estado Mexicano. A lo largo de los últimos tres años, el Constituyente Permanente aprobó más de veinte reformas constitucionales. Una de ellas, la única que se enfoca en la ampliación de garantías individuales y al acceso a derechos humanos, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 30 de abril. El objetivo de esta reforma fue el de establecer que la cultura es un derecho fundamental de los habitantes del territorio nacional y que, como facultad concurrente entre los tres órdenes de gobierno, corresponde al Congreso de la Unión establecer las bases para la implementación de una política de Estado que pueda hacer accesible este derecho.

Es por ello que la adición de un párrafo noveno al artículo 4 de nuestra Carta Magna introdujo la obligatoriedad del Estado para garantizar el acceso a la cultura y el disfrute de los bienes y servicios que presta en la materia, promoviendo la participación de la ciudadanía en cualquier manifestación cultural, en los siguientes términos

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

En sus Considerandos, el Dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la H. Cámara de Diputados, recordó que

“la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2004 presentó 48 recomendaciones para México entre las cuales destaca la necesidad de precisar la naturaleza jurídica y el carácter del órgano que determina la política cultural del país; lograr que las empresas culturales cuenten con un régimen fiscal propio, regular la protección jurídica del patrimonio intangible, así como aumentar el presupuesto de las dependencias culturales.

“La política cultural mexicana, señala el documento, es discontinua, padece ausencias legales, y en ella predomina un esquema de carácter estatista. Además, en términos del informe, nuestro país sufre los efectos de la tensión social y la discriminación en los diversos sectores sociales, de programas educativos ineficientes y la falta de mecanismos para impulsar sus industrias culturales. Señala el documento, que nuestra Constitución Política no establece el principio general de acceso, participación y disfrute de los bienes y servicios culturales.

“De acuerdo diversos organismos internacionales, el acceso y la participación en la vida cultural son un derecho inherente de las personas de toda comunidad, y los gobiernos están obligados a crear las condiciones necesarias para ejercer el pleno goce de este derecho…”

Es por ello que, en el marco de la consolidación de una real democracia en nuestro país, resulta imprescindible la construcción de una ciudadanía que participe en todos los procesos de decisión, de manera responsable, tolerante y solidaria, como valores que tienden a alcanzar la justicia, en todos los ámbitos de la vida pública. Es por ello que, en este marco, debemos rescatar los principios fundamentales de la res pública griega de Platón quien, desde épocas inmemoriales, hacía especial énfasis en la necesidad del establecimiento de mecanismos tales que permitieran la cogobernanza, al afirmar que

Las diferentes artes no ordenan lo conveniente para ellas mismas sino para otros…Nadie que tiene gobierno en cuanto gobernante ordena lo conveniente para sí mismo, sino lo conveniente para el gobernado…

Ya desde las primeras décadas del siglo XX, en la República de Weimar, se plantea que la participación ciudadana activa en el quehacer cultural resulta imprescindible en su desarrollo. Heinrich Becker, en su Kulturpolitische Aufgaben des Reiches (Deberes político-culturales del Reich),

compartía… la necesidad de superar un patrocinio regionalista de las tareas culturales con el objeto de conseguir ‘un empleo consciente de los valores espirituales en servicio del pueblo o del Estado para la consolidación interior y para la competencia exterior con otros pueblos’… Becker creyó ver en Alemania una ausencia de unidad interior. Era este un problema que, a su modo de ver, encontraría solución únicamente a través de una política cultural nacional… [1]

Por su parte, Georg Schreiber, más cercano al quehacer científico alemán, sostuvo posiciones que resultaron más radicales, al establecer que el desarrollo de las políticas culturales y científicas que apuntalarían el crecimiento alemán deberían estar sustentadas en la promoción del perfeccionamiento autogestivo, “sin intromisiones tutelares en la administración de las mismas”.[2] Es gracias a estas tendencias que la garantía de los derechos de los públicos fue adquiriendo cada vez mayor vigencia, al tiempo que ganaban espacio el ejercicio de las libertades, entre ellas la creativa, y el respeto a la diversidad del ser humano.

Estas líneas fueron retomadas, durante las décadas subsiguientes, por el dramaturgo Bertold Brecht, quien sostenía

“Cuando se ve que nuestro mundo actual ya no cabe en el drama, entonces resulta que el drama ya no cabe en este mundo”… Mientras el teatro nacido de las concepciones aristotélicas propone la ilusión de lo actuado en el escenario es un trozo de vida real, en el que el público participa con sus emociones…[la teoría del teatro épico] postula que el espectador debe darse cuenta, a través de varios artificios, de que lo presenciado es un espectáculo. Por lo tanto la intención final no será la catarsis aristotélica método para que el público purifique sus sentimientos, sino el despertar de una actitud crítica racional frente a lo mostrado. [3]

Una experiencia de participación activa de los públicos, temporalmente más cercana a nuestros días, la proporciona la desenvuelta alrededor de la creación de la Federación Italiana de los Círculos del Cine y la elaboración teórica desarrollada a partir de la concepción del cine como un arte dinámico, que basa su crecimiento en la participación, la comunicación y la respuesta entre creador y público, lo cual le proporcionó una dimensión social y colectiva que interrelacionaba la actividad cultural con el quehacer cinematográfico.

Es en este punto que la necesidad de una relación dialéctica entre el creador y su público empieza a hacerse patente. Dice Fabio Masala

Espectador es el individuo aislado y tendencialmente pasivo mientras por público entendemos el sujeto colectivo que reconoce intereses comunes y se organiza para hacer valer sus derechos. Audiencia, al contrario, es el término ligado a la comercialización, a la exigencia de conocer la audiencia por razones de mercado mientras el público no se limita a escuchar, sino que quiere responder y afirmar sus propios derechos. [4]

Estos Círculos del Cine partían del supuesto de que, en la globalidad del dinamismo social que expresa, el público no es y no puede ser considerado como simples números, sino como un sujeto colectivo capaz de profundizar su personalidad histórica y social, a través de un proceso ambivalente de educación informal permanente.

Es en este sentido que el pluralismo y la diversidad cultural, reconocidos a partir de la reforma de nuestro texto constitucional publicada el 30 de abril pasado, imponen a la estructura cultural que hoy tenemos –vertical y unidireccional debido a la naturaleza paternalista de la función estatal—, una transformación profunda para convertirse en infraestructura dinámica abierta que genere espacios multidireccionales de comunicación cultural, tal como lo señalaba Masala

…la relación autor-público no se regula por el principio económico de la oferta y la demanda, sino por el principio de la comunicación, propuesta-respuesta…[5]

Es por ello que debemos tomar en cuenta, en consecuente, el elemento adicional que nos proporciona la experiencia brasileña en torno al diseño de políticas públicas y presupuestos, generados a partir de la aplicación de los principios de la democracia participativa, que

…permiten establecer nuevos patrones de relación entre la población, los poderes públicos y sus acciones concretas de gobierno. De esta manera se ve reforzado el entretejido de solidaridad, cooperación y reciprocidad que son el más claro resultado de la construcción de la democracia cuando en ella se dan amplios espacios de diálogo y concertación mediante soluciones consensuadas. Más aún, la práctica hace evidente que la adopción de mecanismos de democracia participativa contribuyen a establecer nuevos parámetros de construcción de relaciones de ciudadanía entre todos los actores sociales de este proceso.[6]

Los mecanismos anteriormente señalados, han permitido no sólo la generación de consensos en torno a las políticas públicas, sino que se han convertido en

…factor de inclusión social, de concientización democrática y de aprendizaje colectivo pueden contribuir a su vez a reducir la creciente violencia urbana cuyas raíces pueden encontrarse en los elevados índices de exclusión social e indiferencia ante las demandas por parte de los poderes públicos de muchos de las actuales políticas de gobierno.[7]

Adicionalmente, debemos mencionar que la Agenda 21 de la Cultura, Un compromiso de las ciudades y los gobiernos locales para el desarrollo cultural, ha establecido que

5. El desarrollo cultural se apoya en la multiplicidad de los agentes sociales. Los principios de un buen gobierno incluyen la transparencia informativa y la participación ciudadana en la concepción de las políticas culturales, en los procesos de toma de decisiones y en la evaluación de programas y proyectos.

11. Las políticas culturales deben encontrar un punto de equilibrio entre interés público y privado, vocación pública e institucionalización de la cultura. Una excesiva institucionalización, o la excesiva prevalencia del mercado como único asignador de recursos culturales, comporta riesgos y obstaculiza el desarrollo dinámico de los sistemas culturales. La iniciativa autónoma de los ciudadanos, individualmente o reunidos en entidades y movimientos sociales, es la base de la libertad cultural.

16. Los espacios públicos son bienes colectivos que pertenecen a todos los ciudadanos. Ningún individuo o grupo puede verse privado de su libre utilización, dentro del respeto a las normas adoptadas en cada ciudad.

19. Implementar los instrumentos apropiados, para garantizar la participación democrática de los ciudadanos en la formulación, el ejercicio y la evaluación de las políticas públicas de cultura.

37. Favorecer el carácter público y colectivo de la cultura, fomentando el contacto de los públicos en la ciudad en todas aquellas manifestaciones que facilitan la convivencia: espectáculos en vivo, cine, fiestas, etc.

39. Garantizar el disfrute de los bienes y servicios culturales a las personas con discapacidad, facilitando el acceso de estas personas a los equipamientos y actividades culturales.

Con base en lo anterior y tomando en cuenta los resultados del Informe Preliminar del Diagnóstico de la Cultura en México, presentado a la Comisión de Cultura de esta H. Cámara de Diputados, el pasado 15 de julio de 2009 por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se señala que

la oferta cultural estatal no corresponde con los intereses de la población quienes destinan la mayor parte de su tiempo libre al consumo de televisión (81.2%) [8] ,

nos encontramos obligados a instrumentar mecanismos que establezcan un proceso activo de participación de la ciudadanía en el diseño de las políticas culturales de nuestro país, de tal manera que éstas respondan a los intereses de la población y maximicen el espacio de apropiación de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia.

Es por todo lo anterior, que con la presente iniciativa queremos refrendar que el derecho a participar en la vida cultural, que incluye que ésta debe desarrollarse con la participación de la sociedad civil así como de las colectividades culturales, en la toma de decisiones. Lo anterior con el objetivo de impulsar la participación de los hombres y mujeres en la cultura no como espectadores, sino como sujetos activos en las tomas de decisiones en la cultura promovida por el Estado.

La presente iniciativa parte del reconocimiento de que somos un país multicultural, multilingüe y pluriétnico y que ello implica iniciar una renovación de los referentes colectivos de identidad nacional, en la cual estos valores y realidades se promueven nacional e internacionalmente. “Y que la diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a todas las personas, pues es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria.” [9]

Finalmente, se refrenda la Declaración de México sobre las políticas culturales, que señala que “a fin de garantizar la participación de todos los individuos en la vida cultural, es preciso eliminar las desigualdades provenientes, entre otros, del origen y la posición social, de la educación, la nacionalidad, la edad, la lengua, el sexo, las convicciones religiosas, la salud o la pertinencia a grupos étnicos, minoritarios o marginados” [10]

La Iniciativa que hoy proponemos, con base en lo antes expuesto, tiene como objetivo único y fundamental, el establecimiento de mecanismos que garanticen el derecho al acceso a la cultura, consignado en el artículo 4° de nuestra Constitución Política, de manera democrática, integral y sustentable, tal como lo consigna en el primer párrafo de su artículo 25,

Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

Es por ello que esta Ley General, con pleno respeto a la autonomía y soberanía de los estados y a aquellos principios que dan origen y sustento al Municipio Libre, pretende el propiciar la conformación de espacios de diálogo entre los creadores, las autoridades y los públicos de todos aquellos bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura, en tanto que la participación ciudadana conforma el mecanismo natural de apropiación de los procesos culturales garantes del acceso a la cultura; factor fundamental de la construcción democrática de una ciudadanía activa que permitirá la reconstrucción del tejido social como parte de una estrategia integral de prevención en materia de seguridad pública, lo cual coadyuvará para garantizar el desarrollo integral de nuestra población, entendido como

…el proceso sistémico económico, social, cultural y político, que garantice el mejoramiento constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de los beneficios que de él se derivan… [11]

En este contexto, la Iniciativa que proponemos consta de dos capítulos, precedidos por las correspondientes Disposiciones Generales. En el artículo 1, se establece que esta Ley es reglamentaria del párrafo noveno del artículo 4° de la Constitución política y “tiene por objeto garantizar los derechos de los públicos usuarios” de todos y cada uno de los bienes y servicios que presta el Estado, en sus tres órdenes de gobierno, a la vez que se hace explícito el respeto que, en sus respectivas materias, tienen la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley General de Protección Civil, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables en las entidades federativas.

En el artículo 2, definimos los conceptos básicos que serán la base de esta Ley, entre los que se encuentran especialmente los de Autoridad responsable, en los tres órdenes de gobierno; el Bien cultural, de acuerdo a lo ya reconocido por la UNESCO y en donde, de manera particular, incorporamos las manifestaciones que conforman el patrimonio cultural inmaterial; la Industria Cultural, tomando como base la definición contenida en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte; los Servicios en materia de cultura, entre los que situamos no únicamente los tradicionalmente reconocidos, sino también aquellos servicios relacionados con la producción editorial y servicios multimedia. En este artículo, en las fracciones III y V, definimos como Públicos, a todos los usuarios de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura y como Círculo del Público, a la organización básica de estos usuarios.

En el artículo 3 de esta Iniciativa, establecemos que, como principios fundamentales que deben regir al Estado para garantizar el acceso a los bienes y servicios que presta en materia de cultura, la promoción de la libertad creativa, la diversidad cultural y la libertad de expresión; la promoción de la agrupación de los distintos sectores poblacionales; la dinamización y fortalecimiento de la participación; el fomento de las expresiones culturales nacionales y extranjeras; la protección y fortalecimiento de la identidad cultural y la potenciación de los niveles de cooperación entre las diversas iniciativas culturales, entre otras. Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción VI del apartado A artículo 123, se determina que los costos, precios y cuotas de recuperación de los servicios y bienes culturales que presta el Estado en la materia, deberán ser fijados de acuerdo a los objetivos indicados para el salario mínimo general vigente.

En el Capítulo I, señalamos específicamente cuáles son los derechos y obligaciones de los Públicos, estableciendo que los primeros serán garantizados para todas las personas que habiten de forma permanente o transitoria en el territorio nacional y sin ninguna forma de discriminación, haciendo especial énfasis en los derechos de las y los jóvenes así como de los grupos y personas en situación de vulnerabilidad. Entre los derechos de los públicos encontramos, entre otros, el de tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, al goce y disfrute de las artes y el participar activamente en el proceso de desarrollo cultural; la utilización de los bienes y servicios culturales que presta el Estado en materia de cultura; recibir la información adecuada, tomando en cuenta sus características específicas; a participar en los sistemas de toma de decisiones sobre políticas y recursos culturales así como a participar en la vida cultural que elija. Entre las obligaciones del Público, encontramos la de “prestar atención particular a la diversidad de la libertad creativa” y el respeto a los derechos humanos de todas las personas.

En el Capítulo II, hacemos explícitas las características que deben poseer las células básicas de la organización de los públicos: el Círculo del Público, el cual deberá formarse democráticamente en todos y cada uno de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia. Estos Círculos, para generar una efectiva participación democrática de los usuarios, podrán organizarse para hacer exigibles sus derechos de acceso a la cultura, respeto a la diversidad cultural así como a las libertades crativa, de pensamiento y de expresión y coadyuvar en las acciones de protección del patrimonio cultural tangible e inmaterial; proponer y participar en la programación de eventos culturales administrados, promovidos u organizados por cada una de las autoridades encargadas del bien o servicio; colaborar con éstas en su mantenimiento y manutención e intercambiar información y puntos de vista con otros Círculos.

Es por todo lo anterior, plenamente convencido de que, en la democracia participativa, el acceso de todas y todos al quehacer cultural debe constituirse como el nuevo paradigma de la Cultura en México, ampliamente comprometido con el libre goce de los derechos humanos y las garantías individuales de los habitantes del territorio nacional y especialmente imbricado en la construcción de un Estado Democrático Social y de Derecho que responda, de frente a la ciudadanía, para garantizar el acceso a la cultura como parte fundamental del desarrollo humano, que someto a la consideración de esta H. Soberanía la siguiente

INICIATIVA DE LEY GENERAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LOS PÚBLICOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS
QUE PRESTA EL ESTADO EN MATERIA DE CULTURA

Disposiciones Generales

Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del párrafo noveno del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto garantizar los derechos de los públicos de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional.

Lo establecido en esta Ley se aplicará sin perjuicio de lo ordenado en la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la Ley General de Protección Civil, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o sus equivalentes en las entidades federativas, la legislación en la materia de la Federación y las entidades federativas, la legislación en materia de participación ciudadana y en materia de respeto al acceso, desarrollo y fomento a la cultura de la Federación y las entidades federativas.

Artículo 2. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por:

1. Autoridad responsable, a todas aquellas dependencias o entidades de las administraciones públicas federal, locales, municipales y delegacionales que prestan servicios en materia de cultura o que administran bienes culturales y que tienen la atribución de programar y realizar eventos culturales.
2. Bien cultural, a los que se enuncian a continuación, siempre que sean propiedad del Estado o bien sean administrados, promovidos u organizados por éste:

a) Los monumentos arquitectónicos, artísticos o históricos, los campos arqueológicos, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos;
b) Los museos, las bibliotecas, los archivos y acervos, los centros y espacios culturales;
c) Las zonas de patrimonio urbanístico y arquitectónico así como las zonas y espacios abiertos monumentales; y
d) Las manifestaciones que conforman el patrimonio cultural inmaterial.

3. Círculo del Público, a la organización de los usuarios de un bien o servicio que presta el Estado en materia de cultura;
4. Industria Cultural, a toda persona que lleve a cabo cualquiera de las siguientes actividades:

a) la publicación, distribución o venta de libros, revistas, publicaciones periódicas o diarios impresos o legibles;
b) la filmación, grabación, producción, distribución, venta o exhibición de películas o video;
c) la producción, distribución, venta o exhibición de grabaciones de música en audio o video;
d) la publicación, distribución o venta de música impresa, legible o audible a través de diversas tecnologías;
e) las radiocomunicaciones en las cuales las transmisiones tengan el objeto de ser recibidas directamente por el público en general, así como todas las actividades relacionadas con la radio, televisión y transmisión por cable y los servicios de programación de satélites, redes de transmisión y multimedios digitales; y
f) el diseño gráfico, industrial, de modas y las nuevas plataformas tecnológicas.

5. Públicos, a los usuarios, organizados o no, de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura;
6. Servicio en materia de cultura, a todas aquellas actividades culturales promovidas, administradas u organizadas por el Estado, entre otras, los medios de comunicación y la producción cinematográfica, teatral, editorial y multimedias;
7. Sociedad del Conocimiento, a las redes sociales que, en la diversidad de la dimensión social, ética, política, cultural y lingüística, garanticen el progreso, en el marco de las garantías individuales y las obligaciones gubernamentales que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación en la materia.

Artículo 3. Los principios fundamentales que deben regir al Estado para garantizar el acceso a los bienes y servicios que presta, en materia de cultura son:

1. La promoción de la libertad creativa, la diversidad cultural, la libertad de expresión, de opinión, de pensamiento, de gustos y acceso a la información, incluyendo el derecho de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación, por cualquier medio de expresión;
2. La promoción de la agrupación de los distintos sectores poblacionales, de edad, intelectuales y profesionales, sin distinción, exclusión o restricción basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, orientación o preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que impida su acceso a los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura, conforme a lo establecido en esta Ley;
3. La promoción de la participación en las manifestaciones culturales festivas o artísticas organizadas en el espacio público por actores diversos al Estado;
4. La dinamización y fortalecimiento de la participación a fin de desarrollar una opinión pública informada y la organización social de las comunidades, que contribuyan al debate público sobre la vida cultural, a la formación de capital social, a los recursos de la diversidad cultural, y al efectivo cumplimiento de los derechos culturales;
5. El fomento de las expresiones culturales del país y los de todos los países del mundo, favoreciendo el aprecio por las minorías culturales, protegiendo su identidad;
6. La garantía del derecho de adopción y manifestación de las prácticas expresivas de cualquier cultura del mundo;
7. El reconocimiento y promoción de la diversidad cultural y lingüística dentro de y para la sociedad del conocimiento;
8. El acceso y desarrollo de la cultura tradicional de las diversas comunidades;
9. La protección y fortalecimiento de la identidad cultural de los grupos que se encuentran en situación de exclusión;
10. El reconocimiento como agentes culturales de las unidades de convivencia social, para garantizar su participación en la elaboración de propuestas culturales y facilitar su acceso a los recursos públicos destinados a tal fin;
11. La potenciación de los niveles de cooperación entre las diversas iniciativas culturales, especialmente con aquellas que comparten el espacio urbano;
12. Eliminar toda incitación a algún tipo discriminación o acto de discriminación en contra de una persona, grupo o sector de la población.

Los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura serán, preferentemente, gratuitos. Cuando sea necesario, los precios, costes y demás cuotas de recuperación no podrán ser superiores a una cuarta parte de un día de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción VI del Apartado A del artículo 123 constitucional.

Artículo 4. Las Autoridades Responsables, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán garantizar el acceso a los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura, incorporando a los nuevos actores de la cultura y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, poniéndolas al servicio de la comunidad para conformar una nueva Sociedad del Conocimiento.

Artículo 5. A fin de dar cumplimiento a los principios enunciados en el artículo 3 de esta Ley, la Autoridad Responsable implementará acciones para conservar, incentivar, fomentar y defender las industrias culturales, así como promover, aumentar y difundir el intercambio de información, ideas, opiniones y necesidades entre las y los creadores y sus públicos, con el fin de generar las condiciones del desarrollo social y ambientalmente sustentable.

Asimismo, la Autoridad Responsable deberá promover y fomentar la creación de espacios de diálogo entre los públicos y el sector privado, constituyéndose como facilitador del proceso de intercambio. De la misma manera, promoverá que los agentes económicos del sector privado participen en programas sociales y emprendimientos económicos con la finalidad de desarrollar espacios culturales.

CAPÍTULO I: De los Derechos y Obligaciones de los Públicos

Artículo 6. Los derechos enunciados en la presente Ley, serán garantizados para todas las personas que habiten en forma permanente o transitoria en el territorio nacional, sin ninguna forma de discriminación.

Se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, orientación o preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de las personas.

Artículo 7. Las y los jóvenes tienen derecho a que los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura, se adapten a sus necesidades e intereses educativos, expresivos y creativos.

Artículo 8. Los grupos y personas en situación de vulnerabilidad tienen derecho a medidas especiales de protección, integración e información tales que garanticen, en igualdad de circunstancias, el acceso y disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura. A los efectos de esta ley se consideran grupos y personas en situación de vulnerabilidad aquellos que estén en desventaja respecto al resto de los habitantes.

El Estado adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso en el entorno físico de las instalaciones de esos bienes y servicios, la información, las comunicaciones y, en lo posible, al transporte. Asimismo, deberá proveer material cultural, actividades, servicios y bienes en formatos adecuados y con las características indispensables para que puedan ser utilizados por estos grupos y personas.

El Estado garantizará que estos grupos desarrollen y utilicen su potencial creativo, en plena libertad, para el enriquecimiento de la sociedad.

Artículo 9. Los Públicos tienen derecho a:

1. Tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, al goce y disfrute de las artes, así como participar activamente en todas las manifestaciones de la vida cultural y en el proceso del desarrollo cultural;
2. Utilizar los bienes y servicios culturales que presta el Estado en materia de cultura, en la forma y términos establecidos en esta Ley, y en otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables;
3. Una razonable comodidad física cuando haga uso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura;
4. Recibir información adecuada, para lo cual las carteleras, los textos, los paneles, las audiografías, folletos, conferencias y otros recursos didácticos deberán ser elaborados por la Autoridad Responsable tomando en cuenta las características y necesidades específicas de la población;
5. Participar en los sistemas ofrecidos por el Estado para la toma de decisiones sobre políticas y recursos culturales;
6. Formular sus observaciones, peticiones, inquietudes, propuestas, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo II de esta Ley;
7. Recurrir ante la Autoridad Responsable, el Círculo del Público, los organismos públicos de Derechos Humanos o las instancias correspondientes, para promover los recursos administrativos conducentes ante las autoridades correspondientes, para garantizar los derechos que establece esta Ley;
8. Toda persona podrá participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales tales como la de expresión, el pluralismo de los medios públicos de comunicación, el multilingüismo, la libertad creativa y la igualdad de acceso a las manifestaciones y expresiones artísticas que provee el Estado;
9. La preservación, reconocimiento y promoción de las diversas identidades culturales.
10. Organizarse libremente en los Círculos del Público, de acuerdo con lo establecido en esta Ley;
11. Las personas con discapacidad física o mental tienen derecho al acceso sin dificultades a establecimientos y actividades culturales y a disponer de ofertas específicas a sus condiciones.

Artículo 10. Los Públicos tienen la obligación de:

1. Conocer y respetar la presente Ley y las demás aplicables, sus reglamentos, así como los reglamentos de cada uno de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura;
2. Respetar a todas las personas que participen en el Círculo del Público, a todas aquellas que hagan uso de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura así como a todas aquellas que formen parte de la Autoridad Responsable;
3. Respetar el mobiliario, instalaciones y equipo, siendo responsables de los daños que ocasione en los mismos, de acuerdo con la normatividad aplicable;
4. Prestar atención particular a la diversidad de la libertad creativa, así como al carácter específico de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura en su comunidad, como portadores de identidad y de valores;

Ningún usuario podrá invocar la diversidad cultural para vulnerar los derechos humanos que el Estado ha reconocido para todas las personas, ni para limitar su alcance.

CAPÍTULO II: De los Círculos de los Públicos

Artículo 11. Las Autoridades responsables deberán garantizar la organización democrática de, al menos, un Círculo del Público en cada uno de los bienes o servicios culturales que administren o presten. Para lo anterior, la autoridad responsable deberá levantar un acta que acredite la formación del Círculo del Usuario, en donde se contendrán los nombres de cada uno de sus integrantes. Toda persona interesada en integrarse al Círculo del Público podrá participar en las reuniones que éste realice, tendrá pleno derecho y votará en igualdad de circunstancias que los demás integrantes.

Artículo 12. Cuando se realicen reuniones con la autoridad responsable, el único requisito para votar será el de haberse registrado ante dicha autoridad con treinta días de anticipación. Para el efecto, la autoridad responsable expedirá una credencial de identificación que deberá contener, al menos, el nombre del integrante, el Círculo del Público al que pertenece, la fecha del ingreso al Círculo y el sello de la autoridad responsable, sin que por ello pueda cobrar cuota alguna.

Artículo 13. Sin detrimento de lo establecido en el artículo anterior, todas las reuniones del Círculo del Público así como aquellas que se realicen con la autoridad responsable deberán ser públicas y en ellas podrá participar toda persona interesada con voz pero sin voto.

Artículo 14. Las autoridades responsables junto con los Círculos del Público acordarán y transparentarán la programación de eventos y actividades culturales, para lo cual deberán reunirse, al menos, bimensualmente. De estas reuniones, la autoridad responsable levantará un acta en la que firmarán los funcionarios públicos que en ella participen y todos los integrantes del Circulo del Público que se encuentren presentes.

La autoridad responsable hará pública la convocatoria para la celebración de estas reuniones, al menos, con quince días de antelación, en las instalaciones del bien o servicio. Cuando sea posible, la convocatoria se realizará a través de medios masivos de comunicación.

Artículo 15. El Círculo del Público podrá:

1. Organizarse para hacer exigibles sus derechos de acceso a la cultura, respeto a la diversidad cultural así como a las libertades creativa, de pensamiento y de expresión y coadyuvar en las acciones de protección del patrimonio cultural tangible e inmaterial;
2. Reunirse en las instalaciones del bien o servicio cultural, dentro de sus horarios de funcionamiento así como dentro de las áreas que, para ese fin, se disponga y respetando sus reglamentos internos, para lo cual, la autoridad responsable deberá hacerlos de su conocimiento desde la reunión de formación del Círculo del Público correspondiente al momento del registro de sus integrantes;
3. Proponer y participar en la programación de eventos culturales administrados, promovidos u organizados por la autoridad responsable correspondiente y coadyuvar en su promoción;
4. Colaborar con las autoridades responsables en la recuperación, protección, el mantenimiento y manutención de los bienes y servicios culturales;
5. Intercambiar información y puntos de vista con otros Círculos del Público, de cualquier bien o servicio que presta el Estado en materia de cultura, para conformar redes de comunicación permanente;
6. Solicitar, a través de la Autoridad Responsable, la asesoría, opinión u orientación de especialistas o técnicos en diversas materias que tengan relación con el quehacer cultural del Estado; y
7. Elaborar su propio reglamento interno, conforme a las bases establecidas en la presente Ley.

Artículo 16. Los Círculos del Público podrán, de acuerdo con la Autoridad Responsable, fijar mecanismos de colaboración diversos de los establecidos en la presente Ley, siempre y cuando éstos no resulten violatorios del marco jurídico vigente aplicable ni redunden en la elusión de responsabilidades administrativas por parte de los servidores públicos de la Autoridad Responsable.

Artículo 17. Para los efectos de esta ley, la programación de eventos o actividades realizada por las autoridades responsables, será considerado como un acto administrativo en términos de lo establecido en la legislación de la materia.

TRANSITORIOS

Primero.- Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Federación y las entidades federativas dispondrán del plazo de sesenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, para emitir la legislación correspondiente. Los municipios deberán emitir los correspondientes Bandos Municipales en un plazo no mayor de ciento veinte días naturales contados de la misma forma.

Tercero.- Los Círculos del Público de los bienes y servicios que sean propiedad de la Federación o bien sean administrados, promovidos u organizados por éste, se instalarán dentro del plazo de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Los Círculos del Público de los bienes y servicios que sean propiedad de las entidades federativas o bien que sean administrados, promovidos u organizados por éstos, se instalarán dentro del plazo improrrogable de ciento cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Los Círculos del Público de los bienes y servicios que sean propiedad de los municipios o delegaciones, o bien que sean administrados, promovidos u organizados por éstos, deberán quedar instalados en el plazo improrrogable de ciento veinte días naturales contados de la misma manera.

Cuarto.- La Federación contará con el plazo improrrogable de un año, contado a partir de la fecha de publicación del presente decreto, para integrar un directorio de todos los Círculos del Público de los bienes y servicios que presta el Estado en materia de cultura. Este directorio será distribuido, de manera gratuita, a todos los Círculos del Público y deberá contener, al menos, el nombre del Círculo, la autoridad responsable, fecha de creación del Círculo, temas de interés y número de miembros; para la integración de este directorio deberá respetarse lo dispuesto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en lo relativo a los datos personales.

Quinto.- Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo establecido por la presente ley.

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente,
a los 29 días del mes de julio de 2009.

SUSCRIBE

Diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera