Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
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TEMA
SINTESIS

Estatus de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales promovidas en contra de la ley de seguridad interior.

Con fecha 21 de diciembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior.[1]

Derivado de lo anterior, diversos actores se pronunciaron en contra de la Ley, manifestando -en algunos casos- que se invadían esferas competenciales, y que se vulneraban derechos humanos consagrados en la Constitución.

Por lo antes mencionado, se presentan dos cuadros comparativos que precisan los medios de impugnación que se han hecho valer a la fecha:

Cuadro 1. Comparativo de Acciones Constitucionales promovidas en contra de la Ley de Seguridad Interior

PROMOVENTE

Diversos Diputados

integrantes de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso de la Unión[I]

6/2018

44 senadores

integrantes de la Sexagésima Tercera

Legislatura del Congreso de la Unión[II]

8/2018

Instituto Nacional de

Transparencia, Acceso a la

Información y Protección de Datos

Personales

9/2018

Movimiento Ciudadano

10/2018

Comisión Nacional de los

Derechos Humanos

11/2018

Defensoría de los Derechos Humanos

de Querétaro

16/2018

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

21/2018

ESTATUS

En trámite

En trámite

En trámite

Improcedente, al no combatirse normas de naturaleza electoral.[III]

En trámite

Improcedente, debido a que el promovente carece de legitimación activa.

Improcedente, debido a que el promovente carece de legitimación activa.

Fecha de actualización: 12 de febrero de 2018.

Cuadro 2. Comparativo de Controversias Constitucionales promovidas en contra de la Ley de Seguridad Interior.

PROMOVENTE

Municipio de San Pedro Cholula, Puebla

4/2018

Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua

10/2018

Comisión de Derechos

Humanos del Distrito Federal

21/2018

Defensoría de los Derechos

Humanos del Pueblo de Oaxaca

23/2018

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco

32/2018

ESTATUS

En trámite

En trámite

Improcedente, toda vez que el artículo 105 de la Constitución General no contempla, ningún supuesto en el cual faculte a un Órgano Autónomo Estatal, como sujeto legitimado para promover una controversia constitucional.[IV]

Improcedente, toda vez que el artículo 105 de la Constitución General no contempla, ningún supuesto en el cual faculte a un Órgano Autónomo Estatal, como sujeto legitimado para promover una controversia constitucional.[V]

Improcedente, toda vez que el artículo 105 de la Constitución General no contempla, ningún supuesto en el cual faculte a un Órgano Autónomo Estatal, como sujeto legitimado para promover una controversia constitucional.[VI]

Fecha de actualización: 12 de febrero de 2018.

Conclusión:

El objeto de las impugnaciones tanto en las Acciones de Inconstitucionalidad, como en las Controversias Constitucionales es invalidar la totalidad del Decreto por el que se expide la multicitada Ley. No obstante, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el Municipio de Parral Chihuahua, impugnan particularmente diversos artículos.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de la presentación de su respectiva Acción de Inconstitucionalidad, ataca el Artículo 2 que se refiere a la definición de Seguridad Interior, el Artículo 3 que establece los principios que rigen a esta materia, Artículo 4 que delimita los conceptos que se emplearán a lo largo de dicha Ley, el Artículo 16 que prevé la facultad del Ejecutivo para actuar en casos que pongan en grave peligro la integridad de las personas, entre otros.

Por cuanto hace a la Controversia Constitucional, planteada por el Municipio de Parral, Chihuahua, se impugna el Artículo primero, que establece la competencia en términos de lo dispuesto por la fracción XXIX-M del artículo 73 y la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad interior; así mismo, el Capítulo Quinto que se refiere al Control de las Acciones en Materia de Seguridad Interior, entre otros.


[1] Decreto 21 de diciembre de 2017, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508716&fecha=21/12/2017 Consultado el 06 de febrero de 2018.

[I][I] Representantes comunes, Francisco Martínez Neri, José Hernán Cortés Berumen, Macedonio Salomón Tamez Guajardo, Norma Rocío Nahle García y Ernestina Godoy Ramos.

[II] Representantes comunes, Manuel Bartlett Díaz, Fernando Herrera Ávila, Luis Venancio Sánchez

[III] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2018-01-25/MI_AccInconst-6-2018.pdf

[IV] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2018-01-30/MI_ContConst-21-2018.pdf

[V] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2018-02-01/MI_ContConst-23-2018.pdf

[VI] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2018-02-08/MI_ContConst-32-2018.pdf

La SCJN comunicó la clausura del segundo período de sesiones, correspondiente al año 2017, y el inicio del primer periodo del 2018. La SCJN, mediante el aviso correspondiente de fecha 28 de noviembre del año en curso[1], ha comunicado que el día viernes 15 de diciembre de 2017 concluirá su Segundo Periodo de Sesiones; asimismo, el Máximo Tribunal dio a conocer que el Primer Periodo de Sesiones correspondiente al año 2018, iniciará el martes 2 de enero de dicho año[2]; por lo que la Comisión de Receso se encontrará en actividades del 16 de diciembre de 2017 al 1° de enero de 2018.

[1] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/avisos/documento/2017-12/Conclusion_2017.pdf

[2] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/avisos/documento/2017-12/Inicio_2018.pdf

Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve Segundo Amparo contra Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. (Declaratoria General de Inconstitucionalidad )[1]
  • Con fecha 25 de octubre de 2017, en sesión de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue resuelto Amparo en Revisión 1121/2016, por el que la empresa Televisión Azteca, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó la inconstitucionalidad de los Artículos 298, inciso B), fracción IV, y 299 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. [2]
  • Al respecto la Segunda Sala de la SCJN, otorgó amparo y protección de la Justicia Federal respecto al concepto de agravio hecho valer por la quejosa al manifestar que el Artículo 298, inciso B), fracción IV, de la Ley de Telecomunicaciones transgrede su esfera de derechos al violar las garantías de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que argumenta que el citado Artículo no establece de manera expresa los actos considerados como ilícitos, por lo que deja que el Instituto Federal de Telecomunicaciones defina de manera discrecional lo que se debe definir como “otras violaciones”, con lo que se produce falta de certeza respecto de la conducta sancionada.
  • Con la misma fecha, bajo la ponencia del Ministro Laynez Potisek, la Segunda Sala de la Suprema Corte, resolvió el Amparo en Revisión interpuesto por Televisión Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable 692/2017, en el que de manera reiterada decidió otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal al declarar la inconstitucionalidad del Artículo 298, inciso B), fracción IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
  • En ambas resoluciones la Segunda Sala estimó que la sanción establecida en dicho Artículo se traduce como excesiva, al desatender la relación que debe existir entre la conducta, las consecuencias producidas y la sanción aplicable, de conformidad con lo establecido en el Artículo 22 constitucional.

Dichos antecedentes representan la posibilidad de la eventual Declaratoria General de Inconstitucionalidad, por parte del Pleno de la SCJN, el cual de conformidad con lo dispuesto con el Artículo 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deberá informar a la autoridad emisora sobre las resoluciones emitidas.


[1] http://www2.scjn.gob.mx/denunciasincumplimiento/ConsultaGeneralesAcuerdos.aspx?asuntoID=226269 Consultado el 27 de noviembre de 2017.

[2] http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=207017 Consultado el 27 de noviembre de 2017.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Congreso de la Unión expida una Ley que regule el gasto en publicidad oficial, antes del 30 de abril de 2018.

  • La asociación civil “Campaña Global por la Libertad de Expresión A19, A.C”, el día 23 de mayo de 2014, hizo valer el Amparo[1] en contra de la omisión del Congreso de la Unión, para expedir la ley reglamentaria del párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución, según lo previsto por el Artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia política-electoral, publicado en el DOF el 10 de febrero de 2014. [2]
  • El Amparo en comento fue sobreseído el 18 de julio del mismo año, por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte determinó ejercer la facultad de atracción para conocer el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de dicha sentencia.
  • Al respecto en sesión del 15 de noviembre de 2017, la Primera Sala otorgó el Amparo solicitado a la Asociación Artículo 19, el cual fue aprobado por una mayoría de 4 votos y uno en contra, emitido por el Ministro Pardo Rebolledo.
  • La Primera Sala argumentó, entre otros aspectos, que la ausencia de reglamentación del gasto en la publicidad oficial, vulnera la libertad de expresión, de prensa y de información; asimismo puntualizo que dicha omisión propicia un ejercicio arbitrario del presupuesto en materia de comunicación social. [3]
  • De igual forma, la Sala refirió que ante la falta de regulación expresa en la materia, la quejosa se encuentra en un estado de vulnerabilidad al no poder cumplir de manera cabal con su objeto social, derivado de la ausencia normativa que deviene de la omisión considerada como inconstitucional. [4]
  • Por lo anterior, la Primera Sala resolvió que el Congreso de la Unión deberá emitir una Ley que regule el párrafo octavo del Artículo 134 de la Constitución antes de finalizar el segundo Periodo Ordinario de Sesiones de este último año de la LXIII Legislatura (30 de abril de 2018), a fin de subsanar la omisión motivo del Amparo.

[1] Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. EXP. 940/2014

[2] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5332025&fecha=10/02/2014 Consultado el 21 de noviembre de 2017. Consultado el 21 de noviembre de 2017.

[3] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2017-11-10/15%20NOVIEMBRE%202017%20SR%20LISTAS%20PARA%20SESI%C3%93N%20DATOS%20SENSIBLES.pdf Consultado el 21 de noviembre de 2017.

[4] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2017-11-10/15%20NOVIEMBRE%202017%20SR%20LISTAS%20PARA%20SESI%C3%93N%20DATOS%20SENSIBLES.pdf Consultado el 21 de noviembre de 2017.

En sesión del 24 de agosto de 2017,la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara que Ley Federal de Telecomunicaciones no resulta contraria a los Derechos Humanos al Debido Proceso y Seguridad Jurídica (345/2017).
  • Determinó que, no obstante, a que Ley Federal de Telecomunicaciones no establece las formas que deben observar las autoridades competentes al momento de notificar los requerimientos de la entrega de datos de tráfico a que se refiere su Artículo 44 fracción XIII, se destaca que dichos requisitos se encuentran regulados de manera supletoria en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
  • La legislación previene que como datos de tráfico se entenderá como toda la información derivada del proceso comunicativo a través de la cual se permite el rastreo e identificación del origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil, con la restricción de que, al ser entregados a las autoridades competentes, colman la intención de aportar elementos para la investigación de delitos como extorsión, secuestro, amenazas o los relacionados con delincuencia organizada, entre otros.
  • La Sala determinó por cuanto hace a los requerimientos de entrega de datos de tráfico, en torno a las concesionarias de las redes públicas de telecomunicaciones, señaló que la notificación respectiva deberá cumplir con las formalidades establecidas y realizarse de manera personal, son comunes a la notificación de los actos administrativos en general.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión del 16 de agosto de 2017, resuelve que: “…corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones establecer la regulación tarifaria conforme a sus facultades constitucionales…” Amparo Indirecto en Revisión (1100/2015) [1]
  • La empresa Radiomovil Dipsa, SA de CV en el año 2015 promovió juicio de amparo, argumentando que el Artículo 131 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión era inconstitucional, al considerar que: “…1) El Congreso no era competente para fijar la “tarifa cero”, sino que ello le correspondía al IFT; y 2) Que la “tarifa cero” es confiscatoria, carece de razonabilidad objetiva y constituye una restricción desproporcionada a la libertad de comercio, entre otros argumentos…”


  • Al respecto Suprema Corte al ocuparse exclusivamente del primer argumento determinó lo siguiente: “…corresponderá al IFT –bajo el mandato constitucional de reconocer la asimetría– establecer la regulación tarifaria (la llamada “tarifa cero” o cualquier otra) que defina conforme al ejercicio de sus facultades constitucionales.”


  • Entre otros aspectos la sentencia determina que se reconoce la facultad legislativa en la materia al Congreso de la Unión; no así para los efectos de establecer las tarifas o regulaciones asimétricas que la Constitución reservó al órgano regulador; cabe destacar que en la sentencia no se fija postura en lo relativo a que si es válido o no que haya una “tarifa cero”.

 

 

[1] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/documento/2017-08-17/versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20de%2016%20de%20agosto%20de%202017.pdf

Acción de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus Acumuladas 16/2017, 18/2017 Y 19/2017
  • Las Acciones de Inconstitucionalidad en comento fueron presentadas por los partidos políticos Morena y Nueva Alianza, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respectivamente y objetan la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial el 5 de febrero de 2017.
  • La ponencia en la Suprema Corte de Justicia se encuentra a cargo del Señor Ministro Javier Laynez Potisek.
  • Las Acciones de Inconstitucionalidad fueron listadas para su discusión por primera vez el 03 de agosto de 2017[1], sin embargo, se encuentran incorporadas dentro de los asuntos de los que se dará cuenta en la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del martes 8 de agosto de 2017[2].
  • El Proyecto[3] resuelve el sobreseimiento de la Acción 15/2017 en lo relativo al referéndum y a la consulta popular, los cuales como figuras de representación de democracia directa, así como el sobreseimiento de la Acción de Inconstitucionalidad 16/2017, en los artículos relativos al Cabildo de la Ciudad impugnados toda vez que ningún corresponde a la naturaleza electoral para efectos de la procedencia de la Acción.
  • El Proyecto dicta que se reconoce la validez del artículo 29, Apartado A, numeral 2, en la porción normativa que señala: “Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto.”, por cuanto hace a la elección de representantes, toda vez que a pesar de no señalar expresamente que el voto deberá ser directo en la Constitución local, la cualidad le es atribuida por la Constitución Federal.
  • Sin embargo, el Proyecto declara la invalidez de las porciones normativas de los artículos del Ordenamiento en comento relativos al número de diputados a elegirse por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, toda vez que establecen un sistema paritario que permite la sobrerrepresentación de un partido, lo que contraviene el sistema mixto con predominancia mayoritaria previsto en la Constitución Federal.
  • Asimismo, el Proyecto declara la invalidez del numeral 2 inciso D del artículo 27 puesto que al establecer causales de nulidad que no se vinculan con las condicionantes constitucionales de dolo, gravedad y determinación, incurre en una deficiente regulación normativa.
  • Finalmente, el Proyecto declara la invalidez del artículo 29, Apartado B, numeral 3, en la porción normativa que señala: “…para un solo periodo consecutivo.”, en virtud de que contraviene el mandato previsto por el Artículo 122 de la Constitución Federal que otorga la posibilidad de que los diputados puedan ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos.

[1] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2017-08-04/7%20de%20agosto%20de%202017.pdf Consultado el 08 de agosto de 2017.

[2] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/listas/documento/2017-08-07/8%20de%20agosto%20de%202017.pdf Consultado el 08 de agosto de 2017.

[3] https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/proyectos_resolucion_scjn/documento/2017-08/AI%2015-2017%20Y%20ACUM%20ELECTORAL%20A%20SRIA%20GRAL%203%20de%20agosto%20de%202017%20FINAL_0.pdf Consultado el 08 de agosto de 2017.

LA SCJN DECLARA CLAUSURADO EL PRIMER PERÍODO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
  • La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá cada año dos períodos de sesiones, mismos que se desarrollarán en los siguientes términos [1]:
  • El primero periodo, comenzará el primer día hábil del mes de enero y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de julio.
  • El segundo periodo, comenzará el primer día hábil del mes de agosto y terminará el último día hábil de la primera quincena del mes de diciembre.

 

[1]Artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

LA PRIMERA SALA RESOLVIÓ EL AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6889/2016, SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS FRACCIONES II Y IV DEL ARTÍCULO 90 Y 153 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
  • En sesión del día 28 de junio de 2017, la Primera Sala de la SCJN, determinó la constitucionalidad de las fracciones II y IV del artículo 90 del referido ordenamiento y resolvió que no transgreden el principio de exacta aplicación de la ley.
  • La SCJN puntualizó que las porciones normativas impugnadas establecen los supuestos de prohibición para el registro de una marca, por lo que no constituyen violación al principio de legalidad por cuanto hace a la autoridad administrativa y su libertad de apreciación; por el contrario, generan seguridad jurídica al prever la protección a los consumidores y evita la competencia desleal.
  • Por cuanto hace al artículo 153 de la referida Ley, la Primera Sala determinó que dicho Artículo otorga certeza jurídica ante la pérdida del carácter distintivo de una marca en los medios comerciales y el uso generalizado por el público.

PLENO DE LA SCJN DETERMINA CONSTITUCIONALES LAS FACULTADES CONFERIDAS AL COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, RELATIVAS A LOS FORMATOS QUE DEBERÁN CONTENER LAS DECLARACIONES PRESENTADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS.

  • En la sesión del 13 de junio de 2017 se resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 70/2016, por la que se declara la validez de los artículos 29, 34, párrafo tercero, y 48, párrafo primero, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como del Artículo Tercero Transitorio, párrafo sexto, del Decreto por el que se expidió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016.
  • Se precisó en relación con la facultad del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para delimitar la información pública que deben contener las declaraciones que presentarán los servidores públicos, que la participación del Comité Coordinador en la elaboración de los formatos, busca hacer efectiva la participación ciudadana en la configuración de una herramienta importante para nuestro sistema democrático, fundamentado en el principio de rendición de cuentas y permite el acercamiento a la sociedad, con la finalidad de coadyuvar con el Sistema Nacional Anticorrupción.
  • En dicha sesión se concluyó que el principio de acceso a la información pública se encuentra íntimamente relacionado con la posibilidad de que, en un Estado democrático, los ciudadanos tengan una mayor participación en el ejercicio de la función pública; por lo que dicho principio se constituye como una herramienta ciudadana para el control y crítica de las funciones del Estado.
SEGUNDA SALA DE LA SCJN CONCEDE AMPARO A DERECHOHABIENTE VARÓN DEL IMSS, A EFECTO DE SER BENEFICIARIO DE PENSIÓN DE VIUDEZ, DETERMINANDO INCONSTITUCIONAL LA NEGATIVA DE ESTA PRESTACIÓN POR RAZONES DE GÉNERO.
  • En sesión del 26 de abril de 2017, la Segunda Sala del Máximo Tribunal concedió la protección de la justicia federal a un varón que reclamó, a través de juicio de amparo, el otorgamiento de la pensión de viudez bajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social.
  • La Sala argumentó que no existe justificación para solicitar mayores requisitos a los hombres, por ejemplo: la exigencia de la comprobación de la dependencia económica, mismo que se estimaría violatorio del Artículo 4 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por motivos de distinción de género. [1]
  • Esta resolución está relacionada con los diversos criterios emitidos también por esa Segunda Sala, que declaran la inconstitucionalidad del mismo supuesto normativo, referente en el Artículo 152 de la abrogada Ley del Seguro Social, así como del Artículo 130 vigente. [2]

[1]. Art. 130 de la Ley del Seguro Social Vigente.

[2]. Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

PRIMERA SALA ANALIZARÁ SI LOS LEGISLADORES FEDERALES PUEDEN SER AL MISMO TIEMPO DIPUTADOS CONSTITUYENTES.
  • La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió a favor la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción a propuesta del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
  • La Corte podrá emitir diversos pronunciamientos relacionados con la interpretación de los artículos transitorios de la reforma política de la Ciudad de México.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

ADMITE A TRÁMITE MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES RELACIONADAS CON LA LEY Y LOS LINEAMIENTOS SOBRE LA DEFENSA DE LAS AUDIENCIAS.
  • Este miércoles 1° de febrero, admite a trámite la SCJN, las Controversias Constitucionales promovidas por el Titular del Ejecutivo de la Unión y el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, en materia de Derechos de las Audiencias.

Fuente: Suprema Corte de Justicia de la Nación

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