No. de Expediente: 151 Legislatura: LXIII Fecha: 2016-10-03 Archivo PDF: 151-023-LXIII.pdf

Solicitante: Doctor Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Trata de Personas y para la Atención y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Rango de Clasificación: EXP. 023 de la LXIII Legislatura, Opinión Jurídica sobre la interpretación del Artículo 72 Constitucional, respecto del proyecto de decreto que reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre la interpretación del Artículo 72 Constitucional, sobre un proyecto de decreto que reforma la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Trata de Personas.

Aportación al Usuario: El  usuario podrá observar del documento de opinión entre otros argumentos, que por mandato constitucional  existen diversas hipótesis previstas en la fracción E  del artículo 72 constitucional, y para el caso que se vincula con el Proyecto de la 'Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos', que fue devuelta por la Colegisladora con diversas modificaciones el 4 de diciembre de 2014 en su carácter de revisora y por tal virtud compete al Senado de la República llevar una nueva discusión exclusivamente sobre los textos que no fueron aprobados por el Pleno de la Cámara de Diputados.

La propia fracción  E. del Artículo 72 constitucional que se analiza, prevé en el texto, el supuesto de actuación que en su caso, pudiera reaccionar la Cámara de Origen ante las observaciones remitidas por la Cámara revisora y que se circunscribe a que la Cámara de Origen ante las observaciones remitidas por la Cámara Revisora y que se circunscribe a que la Cámara de origen observada, se allane a dichas observaciones, validándola con la mayoría absoluta de los votos presentes, surtiendo los efectos de dejar sin materia a los diferendos entre las Cámaras y, en consecuencia, la improcedencia de llevar a cabo nuevas discusiones, modificaciones, ya se trate de adiciones o derogaciones, dando paso así a la conclusión del trabajo parlamentario para en efecto inmediato pueda ser turnado al Poder Ejecutivo para su promulgación o eventualmente el ejercicio de su atribución de veto.

Lo anterior se interpreta de lo determinado en la fracción E del artículo que se analiza:

Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A.

Este supuesto en caso de que se presentara a contrario sensu de lo senalado anteriormente; si en vez de allanarse a las observaciones hechas por la cámara revisora se opta por desestimar los senalamientos de la Cámara revisora y más aún, la Cámara de origen observada vota en mayoría absoluta de los presentes y rechaza las no aprobaciones, siempre y cuando dicha votación sea emitida en ese sentido, en tal circunstancia el proyecto de decreto retornará a la Cámara revisora para una segunda revisión.  Sin embargo, el proyecto que en su caso haya sido aprobado por ambas Cámaras, si podrá ser turnado al Ejecutivo para los efectos de la fracción A de así consentirlo el Congreso General. 

Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A.

Finalmente, el supuesto que también prevé la fracción E, del artículo 72 de la Ley Superior del país, es que, en criterio de esta Consultoría Jurídica Legislativa, es la válida interpretación de que es una hipótesis que bien puede ser considerada como una derivación del párrafo anteriormente estudiado.  Es así, que debe partirse del hecho de que se dio una segunda revisión por parte de la Cámara de Origen, tal como se prescribe en el párrafo textual del propio Artículo análisis de esta opinión.

En efecto se deduce, lo anterior, porque se parte de que la Cámara revisora insiste en su postura avalada por la mayoría absoluta de los votos presentes, en reiterar su posición ante la Cámara de origen de que son de atenderse sus observaciones o las no aprobaciones, traducidas en adiciones, modificaciones o derogaciones que le pide a la Cámara de origen atender.

Ante una continuidad de diferendos y con una circunstancia que bien puede ser de largo debate legislativo entre las colegisladoras, el Constituyente Permanente consideró procedente  que se llevara a cabo una pausa para que su consecución se dé hasta el periodo siguiente, salvo que las cámaras consensen por la mayoría de sus miembros presentes que se expida la ley o decreto sólo de aquellos Artículos aprobados y consensuen que los que se encuentren en esta circunstancia sin materia de discusión sí podrían ser turnados al Ejecutivo, para el ejercicio de sus facultades constitucionales, pudiendo dejar para sesiones siguientes aquellos que se reserven en razón de sus adiciones o reformas para un posterior examen de discusión, votación y proceder en consecuencia según se actualice alguno de los supuestos ya comentados en las interpretaciones anteriores de la fracción E del artículo 72 constitucional.

Este último supuesto qué se prescribe en el Artículo que se está estudiando y comentando, y que a la letra dispone:

Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados, y que se reserven los adicionados o reformados para su examen y votación en las sesiones siguientes.

Finalmente, dentro de las Aportaciónes al usuario este podrá observar, del documento de opinión de esta Consultoría Jurídica, no solo el análisis constitucional, sino poder observar el análisis de interpretación y aplicación de lo dispuesto por el Reglamento del Senado de la República en su Artículo 221. Así como las conclusiones siguientes:

• En opinión de esta Consultoría Jurídica Legislativa, el Pleno del Senado de la República, no puede llevar a cabo discusiones o modificaciones respecto de los preceptos normativos aprobados por la Colegisladora, en torno al Proyecto de Decreto enviado.
• Con base en el estudio expuesto en el documento de opinión, la reforma llevada a cabo por la Cámara de Diputados a la fracción de un Artículo, no apareja el debate en la Cámara de Senadores en torno a modificaciones diversas a las fracciones aprobadas por ambas Cámaras.
• Por cuanto hace a los artículos desechados en parte, o modificados, o adicionados por la Cámara de diputados, el Senado de la República podrá llevar a cabo la nueva discusión al respecto, misma que versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, de conformidad con lo previsto por la fracción E del Artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como se ha senalado en el cuerpo de la Opinión Jurídica.
• Si en el caso que el Pleno del Senado insistiere por mayoría absoluta en no aprobar las modificaciones provenientes de la Colegisladora, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados, la cual sólo podrá remontarlo por la mayoría absoluta de los miembros presentes; o bien acordar tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes en ambos casos, el turno del proyecto en lo aprobado por ambas Cámaras, al Ejecutivo, para sus efectos constitucionales, reservando lo adicionado o reformando que no se aprobó por ambas Cámaras, para su examen y votación en las sesiones siguientes.

No. de Expediente: 152 Legislatura: LXIII Fecha: 2016-10-11 Archivo PDF: 152-022-LXIII.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por la Senadora Blanca Alcalá Ruíz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Apartado Temático y Materia /Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario: En materia de Celebración de Actos Anticipados de Campana o de Precampana o en uso indebido de recursos públicos.

Rango de Clasificación: EXP. 022 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica Conjunta con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, respecto de la obligación prevista en el Artículo 10, párrafo 1, Fracción X, del Reglamento del Senado, para que los Senadores informen a la ciudadanía al término de cada ano de la Legislatura sobre las actividades realizadas durante el mismo.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica Conjunta con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y la Consultoría Jurídica Legislativa del Senado de la República: Respecto de la obligación prevista en el artículo 10, párrafo 1, fracción X, del Reglamento del Senado, para que los Senadores informen a la ciudadanía al término de cada ano de la legislatura sobre las actividades realizadas durante el mismo.

Utilidad: El usuario podrá conocer del análisis de la opinión jurídica las normas constitucionales, legales y reglamentarias que hay sobre la obligación de realizar informes de actividades por parte de los senadores, así como las modalidades y condiciones para que estas acciones no sean consideradas actos anticipados de campana o que se realizaron con recursos públicos; asimismo se invocarán los criterios jurisprudenciales atinentes al caso, realizando en cada uno de estos la argumentación jurídica a que haya lugar, para poder arribar a las conclusiones del caso que se plantea.

Aportación al Usuario / Como aportación al usuario:

Argumentación jurídica:

Se presenta del documento de opinión los ordenamientos enlistados

en estricto orden jerárquico, atendiendo el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Ley Fundamental.

No. de Expediente: 156 Legislatura: LXIII Fecha: 2016-09-14 Archivo PDF: 156-020-LXIII.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario:Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario En materia de Compatibilidad para Desempenar el cargo como integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y como Senador de la República.

Rango de Clasificación: EXP. 020 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica respecto a la compatibilidad para desempenarse como integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y como Senador de la República. (Senador Alejandro Encinas Rodríguez).

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto a la compatibilidad para desempenarse como integrante de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y como Senador de la República. (Senador Alejandro Encinas Rodríguez).

Utilidad: Se podrá conocer si existe una restricción expresa para continuar con el desempeno de Senador de la República.

Aportación al Usuario: Del documento de opinión jurídica el usuario estudiara la Argumentación jurídica:

El pasado 29 de enero de 2016, se publicó en el diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México.

El Artículo Séptimo Transitorio de este decreto senala que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México se compondrá de 100 Diputados constituyentes, mismos que serán elegidos por tres métodos, a saber; a) 60 por el voto directo; b) 28 electos por las Cámaras del Congreso de la Unión; y c) 6 designados por el Titular del Ejecutivo Federal y otros 6 por el Jefe de gobierno de la Ciudad de México, que para efectos de la opinión jurídica este último supuesto es el que se actualiza en su caso.

El mismo artículo antes senalado, dispone que los constituyentes a la Asamblea, no percibirán remuneración alguna, para pronta referencia la porción normativa conducente dispone:

F. Todos los diputados constituyentes ejercerán su encargo de forma honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna.

Para el caso de los legisladores federales que sean designados por las Cámaras, este propio Transitorio Séptimo senala que deberán continuar ejerciendo sus encargos y además que no les resulta aplicable lo que dispone el artículo 62 de la Constitución Federal.

Dicha disposición constitucional a la letra establece lo siguiente:

Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el período de su encargo, no podrán desempenar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de las entidades federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.

De conformidad con el artículo esta Consultoría Jurídica Legislativa, se estima que no hay incompatibilidad y por tanto es constitucional y legalmente procedente ejercer su encargo de Senador de la República y el nombramiento de Constituyente conferido por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, lo anterior es así en virtud de que impedimento senalado en ese numeral consiste en que los legisladores federales no pueden desempenar un encargo en la federación o en las entidades federativas, supuesto que no aplica ya que la encomienda que se le está confiando es para ser integrante de un Poder constituyente y no de uno constituido como lo dispone claramente el artículo 62 transcrito.

Aunado a lo anterior, otro elemento más que senala el artículo 62 es que se debe percibir una remuneración por esos empleos, impedimento que tampoco se actualiza, en virtud de que como ya se mencionó el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto dispone que no se recibirá remuneración alguna por el encargo de constituyente y que este será de forma honorífica.

Conclusiones.

• El propio Decreto Constitucional en materia de reforma de la Ciudad de México, dispone la no aplicación del artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el caso de los legisladores federales designados constituyentes.
• En ese tenor, no puede ser inconstitucional algo previsto en la propia Ley Fundamental, por lo anteriormente razonado y fundado.

El Senador Alejandro Encinas Rodríguez puede constitucional y legalmente ejercer ambas responsabilidades, es decir, la de continuar en su desempeno como integrante de la LXIII Legislatura del Senado de la República y la que le ha sido conferida por el Jefe de gobierno de la Ciudad de México, para integrarse como miembro de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, que tiene como finalidad la de elaborar y expedir la Primera Constitución Política de la Ciudad de México.

No. de Expediente: 154 Legislatura: LXIII Fecha: 2016-07-26 Archivo PDF: 154-019-LXIII.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. 08 de agosto de 2016. Solicitud presentada por el Senador Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: Derecho Constitucional En materia de Desaparición de Poderes.

Rango de Clasificación: EXP. 019 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica sobre la procedencia y substanciación, respecto a la demanda ciudadana por la que solicitan al Senado de la República la disolución de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Quintana Roo, documento que se recibió con firmas de los ciudadanos demandantes.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre la procedencia y substanciación, respecto a la demanda ciudadana por la que solicitan al Senado de la República la disolución de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Quintana Roo, documento que se recibió con firmas de los ciudadanos demandantes.

Utilidad: El usuario podrá conocer de los documentos la petición ciudadana para la disolución del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo promovida por los ciudadanos de dicha entidad la cual fue notificada el mismo día a la Presidencia de la Mesa Directiva para su debida substanciación.

Aportación al Usuario: El usuario podrá apreciar del documento de opinión los distintos antecedentes respecto de la solicitud de desaparición de Poderes del Estado Libre y Soberano de Guerrero:

El primer precedente del 29 de agosto de 2006, Dictamen de la Comisión de Gobernación que contiene el acuerdo por el que se declara improcedente la solicitud de desaparición de poderes en el Estado de Oaxaca presentada por particulares'.

Fundamentos constitucionales y legales: La fracción V del artículo 76 Constitucional otorga al Senado de la República la facultad para declarar la desaparición de poderes de un estado, a fin de que nombre un Gobernador provisional quien, en su caso, convocará a elecciones.

Dicha fracción constitucional establece en su enunciado final que operará únicamente cuando la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 18, 19 y 20 del 3, 10 y 17 de noviembre de 1917 y No. 1 del 5 de enero de 1918 -hoy abrogada-, ni la publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el lunes 30 de junio de 2014 -hoy vigente., contienen regulación al respecto, por lo que el supuesto constitucional es procedente.

La Ley Reglamentaria del Fracción V del Artículo 76 de la constitución General de la República, prevé en su artículo 2 cuáles son los supuestos en los que se configura la desaparición de poderes en un Estado. Entre ellos en su fracción III se establece lo siguiente:

Artículo 2.- Se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos de los titulares de los poderes constitucionales:(…)

• Estuvieren imposibilitados físicamente para el ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos o con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.
• (…)

De la lectura de la fracción anterior, y tomando en cuenta que el vocablo 'o' actúa como disyuntivo, se desprende que dicha norma se actualiza en cuatro supuestos:

• En los casos de que los titulares de los poderes constitucionales, con motivo de situaciones que afecten la vida del Estado que impidan la plena vigencia del orden jurídico.
• En los casos de que los titulares de los poderes constitucionales, con motivo de situaciones que afecten la vida del Estado que impidan la plena vigencia del orden jurídico.
• En los casos de que los titulares de los poderes constitucionales con motivo de conflictos causados por ellos mismos que afecten la vida del Estado que impidan la plena vigencia del orden jurídico.
• Los casos de que los titulares de los poderes constitucionales con motivo de conflictos propiciados por ellos mismos que afecten la vida del Estado que impidan la plena vigencia del orden jurídico.

Como se puede observar, los últimos tres supuestos versan sobre los casos en los que a) existan conflictos que afecten la vida de la entidad al impedir la plena vigencia del orden jurídico; b) estos conflictos tengan una conexión con el actuar de los titulares de los poderes del Estado, es decir, es necesaria la existencia de un conflicto que impida el estado de derecho y que dicho conflicto haya sido propiciado por los poderes del estado en cuestión.

De acuerdo con la ley, es facultad del Pleno del Senado de la República determinar si los hechos que han ocurrido y siguen sucediendo en el Estado de Guerrero afectan la vida en la entidad, y si existe una conexión entre ellos y el actuar de los poderes del estado en cuestión.

Del documento del caso del Estado de Guerrero, en criterio de esta Consultoría Jurídica Legislativa, amerita las reflexiones siguientes:

• Los hechos que describen los denunciantes son muy similares a los del caso de Quintana Roo, objeto de este estudio, en lo referente a la alteración de la paz social por hechos antijurídicos realizados en el Estado de Guerrero de distinta índole que son competencia de diversas autoridades y no exactamente de los titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de las respectivas entidades;
• En los casos de Oaxaca y Quintana Roo, los promoventes de las denuncias ante el Senado de la República son particulares, mientras que, en el caso de Guerrero, son servidores públicos. Pese a este diferendo, todos ellos fundamentan su petición de desaparición de los poderes en el artículo 76 fracción V y su Ley Reglamentaria.
• Por lo que corresponde a los puntos petitorios del caso que ahora se estudia y el comparativo con los dos precedentes analizados y cotejados, coinciden en solicitarle al Senado de la República que declare la desaparición de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Reglamento del Senado de la República: Establece en el artículo 251.1 la remisión por jerarquía normativa a la ley de la materia, este articulo cita:

Artículo 250.

4.- Cuando el Senado ejerce la facultad que le otorga la fracción V del artículo 76 constitucional, el procedimiento y plazos relativos son los establecidos por la Ley Reglamentaria de dicho ordenamiento y, en lo no previsto, por la Ley y este Reglamento.

En criterio de esta consultoría Jurídica Legislativa no se actualizan los supuestos previstos en la fracción V del artículo 76 constitucional, dado que no existe en el expediente, que nos turna, un elemento que constituya una evidencia jurídica en la cual se acredite que ya se actualizó como un hecho cierto y tangible la desaparición de los tres poderes, ni tampoco se actualizan los supuestos establecidos en el artículo 2 fracciones III, IV y V, dado que no se tiene a la vista una resolución emitida por autoridad jurisdiccional competente que determine que los tres poderes del Estado de Guerrero en su conjunto son los responsables de la situación que actualmente padece y se declare que la situación o conflicto causado fue propiciado por ellos mismos.

Por lo que corresponde a la fracción V no ha fenecido el plano de su ejercicio, sino que está en pleno vigor. Finalmente, tampoco se advierte que están adoptando forma de gobierno diversa a la establecida en el artículo 40 y 115 de la Constitución Federal.

Sin embargo, existen hechos delictivos consistentes en la desaparición forzada y homicidios, entre otros delitos, en los que están actuando de manera concurrente las instituciones del fuero común y federal responsables de llevar a cabo las averiguaciones y en su caso, el ejercicio de la acción penal contra quienes resulten responsables, ya se trate de delitos previstos en la legislación punitiva local o federal.

El usuario podrá analizar del contenido del expediente y las conclusiones del documento de opinión siguientes:

CONCLUSIONES

• El promovente no acredita su personaría para actuar como representante común de los ciudadanos del Estado de Quintana Roo, ya que no se encuadra en ninguno de los supuestos contemplados en términos de lo que dispone el artículo 3 de la Ley Reglamentaria de la Fracción V del artículo 76 de la Constitución General de la República.
• Corresponde al Pleno de esta Cámara de Senadores sancionar si la solicitud de objeto de esta opinión se desestima y se desecha o se admite.
• Por los precedentes descritos en el documento de opinión, en caso de admitirse la solicitud materia de estudio y en términos de lo establecido por los artículos 276 y 108 del Reglamento del Senado de la República, Es facultad del Presidente de la Mesa Directiva turnar a comisiones para que estas emitan el dictamen correspondiente.

Es útil tener presente que el 25 de septiembre de 2016, se llevará a cabo el acto constitucional en donde tomará posesión el Gobernador electo el pasado 5 de julio del año en curso, Lic. Carlos Manuel Joaquín González, lo que traerá como consecuencia que lo solicitado por el actor quede sin materia y, como resultado, se sobresea.

No. de Expediente: 155 Legislatura: LVIIIFecha: 2016-07-13Archivo PDF: 155-018-LXIII.pdf

Solicitante: Licenciado Carlos A. Lezama Fernández del Campo, Secretario Técnico de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: Derecho Constitucional En materia del Canal del Congreso; Telecomunicaciones y Radiodifusión y lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Rango de Clasificación: EXP. 018 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica en particular si en criterio de la Consultoría Jurídica Legislativa se observa algún vicio de inconstitucionalidad o bien que la misma pudiera contener algunas antinomias jurídicas. Lo anterior en consideración a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aplicables a los permisionarios que han transitado al régimen de concesión publica, de conformidad con la resolución emitida en su sesión del 5 de mayo de 2016; en torno a los siguientes documentos:

• Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM).
• Reglamento del Canal de Televisión del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (RCTCGEUM).

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: En razón de si en criterio de la Consultoría Jurídica Legislativa se observa algún vicio de inconstitucionalidad o bien que la misma pudiera contener algunas antinomias jurídicas. Lo anterior en consideración a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los lineamientos emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aplicables a los permisionarios que han transitado al régimen de concesión publica, de conformidad con la resolución emitida en su sesión del 5 de mayo de 2016; en torno a los siguientes documentos:

• Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM).
• Reglamento del Canal de Televisión del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (RCTCGEUM)

Utilidad: Del documento de opinión se podrá observar el procedimiento lógico-jurídico integrado por antecedentes, argumentación jurídica y propuestas, con el objetivo de presentar un análisis del proyecto de decreto que reforma las diversas disposiciones de la Ley Orgánica del congreso general de los Estados Unidos Mexicanos (LOCGEUM), y del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos (RCTCGEUM).

Aportación al Usuario: El usuario podrá valorar del documento de opinión los diversos antecedentes del tema.

Entre los apartados de análisis de la Opinión Jurídica, se podrá determinar si existe algún vicio de inconstitucionalidad o que el proyecto pudiera contener antinomias.

Antinomia:

La figura impropia de la técnica legislativa y de certeza jurídica conocida como 'antinomia' es aquella que mientras un precepto normativo concede un derecho en ese mismo ordenamiento u otro diverso de igual o mayor jerarquía ese mismo, hecho es prohibido.

Esta circunstancia crea normas que se contradicen entre si y que violan el principio fundamental de la certeza jurídica, que en derecho no puede darse que un supuesto sea un derecho u obligación y no lo sea a la vez.

El documento muestra al usuario un ejercicio de derecho comparado para cotejar el texto de estudio de esta Opinión Jurídica, con los diversos contenidos de argumentación jurídica y las recomendaciones que se estiman pertinentes.

Por otra parte, es sustancialmente trascendente que el estudio y manifestación de la argumentación jurídica que se vierte como criterio de esta Consultoría Jurídica Legislativa es obligado tener presente, la resolución emitida por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su sesión del 5 de mayo 2016, mediante el cual autoriza la transición del espectro radiofónico que usaba el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con la calidad de permisionario al régimen de concesionario por mandato de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) para que utilice las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico en la categoría de uso público por ser sin fines de lucro.

Se podrá analizar la ruta histórica que ha seguido el Canal de Televisión del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

De esta nueva naturaleza jurídica del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se apreciará porque debe ser adecuada a su legislación y su reglamentación, con el fin de que le sea debido y oportunamente analizados y modernizado su marco jurídico. Con fecha 17 de marzo de 1988, se instaló en la Cámara de Diputados la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el 24 de marzo del mismo año lo hizo el Senado de la República. El 18 de marzo de 1988 se creó el Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y desde esa fecha ha estado prestando el servicio a ambas Cámaras y sigue teniendo oficinas sede en las mismas, al igual que ellas obtiene los recursos financieros correspondientes para su eficaz desempeño, cumpliendo la obligación de rendir cuentas a través dela Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, figura que se crea en la LOCGEUM con la atribución de conducir al Canal de Televisión del Congreso General que como ya ha quedado dicho aquella es su órgano rector, y por ello con él está vinculado en forma de supra subordinación. Así lo determinan los artículos 140 y 141 de la propia Ley invocada:

ARTICULO 140.

1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el Canal de Televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables.

2. El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa.

1. La organización y funcionamiento del Canal se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias específicas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la Comisión Bicamaral.

Dentro de las Aportaciónes al usuario, se encontrará que podrá apreciar de la Opinión Jurídica un análisis de las normas, a fin de contrastar si todos y cada uno de los diferentes artículos que lo componen encuentran soporte en la LOCGEUM. Pues de no ser así se estaría violentando el principio de reserva de ley, que consiste en que una ley inferior intente contravenir a lo dicho por la superior o bien que establezca una disposición que no tenga soporte y congruencia con la que depende jerárquicamente.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación: Criterios Jurisprudenciales vinculantes

Tal es el caso de la legalidad y la violación del principio de reserva de ley y las consecuencias jurídicas que trae aparejadas, como se aprecia en la tesis aislada Registro 197375, Novena Época, Tomo VI, noviembre de 1997. Legalidad Tributaria. Alcance del Principio de Reserva de Ley. Criterio que establece 'Para determinar el alcance o profundidad del principio de legalidad, es útil acudir al de la reserva de ley, que guarda estrecha semejanza y mantiene una estrecha vinculación con aquél. Pues bien, la doctrina clasifica la reserva de ley en absoluta y relativa. La primera aparece cuando la regulación de una determinada materia queda acotada en forma exclusiva a la ley formal; en nuestro caso, a la ley emitida por el Congreso, ya federal, ya local. En este supuesto, la materia reservada a la ley no puede ser regulada por otras fuentes' ...

'sino que es suficiente sólo un acto normativo primario que contenga la normativa esencial de la referida materia, puesto que de ese modo la presencia del acto normativo primario marca un límite de contenido para las normas secundarias posteriores, las cuales no podrán nunca contravenir lo dispuesto en la norma primaria; y, por otro lado, en casos excepcionales, y que lo justifiquen, pueden existir remisiones a normas secundarias, siempre y cuando tales remisiones hagan una regulación subordinada y dependiente de la ley, y además contribuyen un complemento de la regulación legal que sea indispensable por motivos técnicos o para el debido cumplimiento de la finalidad recaudatoria'. Criterio referenciado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se pude apreciar de la Opinión Jurídica, que es de la mayor importancia tener especial cuidado de que lo que se establece normativamente en un Reglamento para que no contravenga o no tenga soporte en la Ley secundaria de la que emana; también es de tal trascendencia que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado creando jurisprudencia aún en los casos en que el reglamento provenga de la facultad constitucional que tiene el titular del Ejecutivo, es tan vulnerable y susceptible cuando no respeta el principio de reserva de Ley, lo cual se acredita al contrastar el texto y contenido con la ley que emite el Legislativo Federal, lo anterior se puede percibir en la

Jurisprudencia: Facultad Reglamentaria del Presidente de la República, Principios que la Rigen. Tesis: 1ª./J 122/2007. Registro 171459. '… reglamentarias de las leyes emanadas del Congreso de la Unión, y aunque desde el punto de vista material ambas normas son similares, aquéllas se distinguen de éstas, básicamente, en que provienen de un órgano que al emitirlas no expresa la voluntad general, sino que está instituido para acatarla en cuanto dimana del Legislativo, de donde, por definición, son normas subordinadas, de lo cual se sigue que la facultad reglamentaria se rige por dos principios: el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El principio de reserva de ley que encuentra su justificación en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía de los gobernados …' '…que el principio de subordinación jerárquica, exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida.'. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio referenciado líneas arriba.

No. de Expediente: 102 Legislatura: LXIII Fecha: 2016-07-05 Archivo PDF: 102-017 LXIII.pdf

Solicitante: Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario: En materia de Votaciones conforme al artículo 72 Constitucional inciso c)

Rango de Clasificación: Expediente 017 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica sobre los tipos de mayorías requeridas en las distintas votaciones que se derivan de los supuestos posibles del artículo 72, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre los tipos de mayorías requeridas en las distintas votaciones que se derivan de los supuestos posibles del artículo 72, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: Se conocerá del documento de Opinión los tipos de mayorías requeridas en las distintas votaciones que se derivan de los supuestos posibles del artículo 72, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de la argumentación jurídica que se establece en el documento, que en derecho la coordinación y cooperación que existe entre el Poder Legislativo Federal y el Ejecutivo en materia de crear, reformar, derogar o abrogar alguna ley, compete al Legislativo a partir de la presentación de la Iniciativa que corresponda a cualquiera de las dos cámaras que conforman el Congreso General, conocer de ella a su pleno, con la que lo incorpora el valor de ser cámara de origen, y una vez que está por conducto del presidente de la Mesa, remite a las comisiones que estime pertinentes para que estas emitan un dictamen, que al ser pasado por la sanción del pleno es enviado a la Colegisladora que realiza acciones de revisión y sustanciada esta con el mismo procedimiento como lo hizo de origen, una vez que sea aprobada se turne al Ejecutivo para efectos constitucionales.

Estos efectos constitucionales están específicamente determinados en el artículo 72 de la Ley fundamental en la que se prevén las acciones que en su caso pudiera realizar el Poder Ejecutivo Federal con base en sus facultades, que pueden ser promulgadas y ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación como medio de notificación a los gobernadores o sujetos obligados, según se trate, que además es un paso quesinne quanon dicha ley no puede entrar en vigor.

Sin embargo, el Ejecutivo Federal tiene también la facultad de ejercer el derecho del veto, que consiste en realizar observaciones al proyecto de decreto, ya sea total o parcialmente y a contrario sensu a lo que se refiere el párrafo anterior se le regresa a la cámara de origen en primer término para hacerle de su conocimiento los diferendos y sus argumentos, con el propósito de que dicha cámara los estudie, los vuelva a debatir y votar, o para que comparta la opinión que se razona en el ejercicio del veto total o parcial, o en su caso sostenga su propuesta del proyecto remitido al Ejecutivo.

Aportación al Usuario: El usuario podrá estudiar del documento de opinión los artículos de los ordenamientos jurídicos invocados, así como distintas reflexiones que se vinculan de criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ejemplo, qué dentro de las facultades del Poder Ejecutivo otorgadas por la Constitución, son con el fin de que prevalezca el valor de contrapesos en la figura del principio de división de poderes que le es propia a los sistemas democráticos; y en este mismo sentido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro número 167267, señala en una Tesis Aislada lo siguiente:

'Derecho de Veto. Al no existir algún precepto constitucional que límite su ejercicio en cuanto al contenido el Titular del Poder Ejecutivo puede realizar libremente sus observaciones a cualquier proyecto de ley o decreto.'

Por otra parte, el Constituyente Permanente determinó establecer en el artículo 72 inciso c) esta figura y la forma de atenderlo señalando el procedimiento y sus efectos, el que en su texto dispone:

Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones:
(…)

C. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, (sic DOF 05-02-1917) y si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por esta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto, serán nominales.
(…)

De esta manera, se lleva la coordinación la participación de dos Poderes en su cooperación recíproca republicana y con irrestricto respeto al principio de contrapesos propio de la división de Poderes.

En criterio de esta Consultoría Jurídica Legislativa, el texto constitucional no precisa en que se traduce 'las dos terceras partes del número total de votos', ya que en la práctica existen varias formas de medición que se cotejan en razón del número de legisladores presentes o en su defecto del número de integrantes del órgano colegiado legislativo.

Conforme al artículo 94.5 del Reglamento del Senado, establece la clasificación de regla general y la excepción de la misma. En criterio de la Consultoría Jurídica la regla general de votación de mayoría absoluta se satisface cuando los senadores emiten su voto de manera mayoritaria tomando como referencia al número de legisladores presentes en la sesión del Pleno que sanciona.

Tratándose del Senado de la República se debe tener en cuanta como es del derecho público que este se conforma por 128 legisladores; las dos terceras partes de esta cifra cierta y determinada es de 85.33, que a fin de redondear esta fracción se requerirían de 86 votos que se expresen que son de atenderse y se atienden las observaciones del Ejecutivo Federal y se convalidan mediante los sufragios del Legislativo en el trámite que compete al veto ejercido.

Por otra parte, esta votación debe ser manifestada por la figura denominada nominal, que se encuentra claramente definida en el artículo 97, numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, que expresa:

Artículo 97
(…)

1. Es nominal cuando cada senador emite su voto después de identificarse por su nombre y apellidos, sea en voz alta o a través del Sistema Electrónico;

(…) Dentro de la conclusión: Con fundamento en el artículo 72 inciso c) de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos y en relación con los artículos del Reglamento del Senado de la República y los criterios jurisprudenciales invocados en el documento, las mayorías de votación con que compete emitir a la Cámara de origen y revisora sobre las observaciones realizadas por el titular del ejecutivo deben ser expresadas en razón del número de miembros que integran cada una de las Cámaras que conforman el Congreso General, bajo la modalidad de votación nominal, exclusivamente sobre los artículos que hubiesen sido observados en el ejercicio del veto por el Ejecutivo.

No. de Expediente: 157 Legislatura: LXIII Fecha: 2016-06-08 Archivo PDF: 157-016-LXIII.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Doctor Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Electoral: Derecho Constitucional y de Derecho Electoral. En materia de Solicitud de Licencia para participar en las Elecciones.

Rango de Clasificación: EXP. 016 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica respecto de sí los Senadores y Senadoras que solicitaron licencia para participar en las elecciones del 5 de junio y obtuvieron triunfos, pueden reincorporarse a sus actividades como Senador o Senadora titulares hasta que asumen funciones en ese Estado.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de sí los Senadores y Senadoras que solicitaron licencia para participar en las elecciones del 5 de junio y obtuvieron triunfos, pueden reincorporarse a sus actividades como Senador o Senadora titulares hasta que asuman funciones en ese Estado.

Utilidad: Se realizará un análisis de la legislación del Estado de Tamaulipas; para conocer sí los Senadores y Senadoras que solicitaron licencia para participar en las elecciones pasadas del 5 de junio y obtuvieron triunfos, pueden reincorporarse a sus actividades como Senador o Senadora titulares hasta que asuman funciones en ese Estado.

Aportación al Usuario: ARTÍCULO 80.- El primero de octubre inmediato a la elección entrará el Gobernador a ejercer sus funciones por 6 años y nunca podrá volver a desempeñar ese cargo ni por una nueva elección, ni con el carácter de provisional o interino.

En criterio de la Consultoría Jurídica Legislativa se advierte que es de explorado derecho que ningún ciudadano puede desempeñar simultáneamente dos cargos de servidor público en poderes u órdenes de gobierno diferentes; a esta figura antijurídica se le conoce como incompatibilidad.

El Senador con licencia Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien obtuvo la mayoría de votos como candidato a gobernador del Estado de Tamaulipas, conforme al Programa de Resultados Electorales Preliminares llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral, podría ser declarado gobernador electo, el día 12 de junio de 2016, en la sesión de cómputo estatal electoral celebrado por el organismo público local electoral y en consecuencia recibir la constancia de mayoría.

El gobernador electo de Tamaulipas, ejercería las funciones constitucionales después del acto de toma de protesta, a partir del 1 de octubre de 2016. Antes de esta fecha, en criterio de esta Consultoría Jurídica Legislativa sí puede reincorporarse a sus funciones como Senador titular.

Sin embargo, es útil observar del documento de opinión los tiempos electorales contrastados con los próximos periodos extraordinario y ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores, a partir del 13 de junio de 2016 y el 1 de septiembre de presente año, respectivamente, ya que solo podrá ejercer atribuciones constitucionales de Senador titular hasta el 30 de septiembre de 2016, en caso contrario, por incurrir en causales de incompatibilidad, no podría tomar posesión el 1 de octubre del año en curso como gobernador constitucional del estado de Tamaulipas.

(EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO LX-434, PUBLIUCADO EN EL P.O. DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2008, ESTABLECE EL SIGUIENTE CALENDARIO A CUMPLIR).

[Por única ocasión. Los diputados y los integrantes de los ayuntamientos electos en la jornada comicial de 2010. Durarán en su encargo 2 años y 9 meses, concluyendo éste el 30 de septiembre de 2013; igualmente, por única ocasión, el Gobernador electo en dicha jornada, durará en su encargo 5 años y 9 meses, concluyendo éste el 30 de septiembre de 2016.]

No. de Expediente: 108 Legislatura: LXIII Fecha: 2016-06-01 Archivo PDF: 108-014LXIII.pdf

Solicitante: Senadora Gabriela Cuevas Barrón, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Cámara de Senadores.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Facultades de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores.

Rango de Clasificación: EXP. 014 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica sobre las facultades que la Comisión de Relaciones Exteriores tiene conferidas para suscribir instrumentos internacionales con sus homólogos de parlamentos de otros países, organismos internacionales y organismos no gubernamentales.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del fundamento jurídico para que la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores, celebre instrumentos de orden internacional o domésticos, como memorándums de entendimiento y declaraciones conjuntas; así como conocer en qué consisten las diferencias formales y materiales en este tipo de documentos.

Utilidad: El usuario podrá conocer del estudio, sobre las facultades que la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores tiene conferidas para suscribir instrumentos internacionales con sus homólogos de parlamentos de otros países, organismos internacionales, organismos no gubernamentales, entre otros.

Aportación al Usuario: De la Argumentación Jurídica el usuario podrá observar, lo siguiente:

Que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos (LOGEUM), en su artículo 67, establece que el Presidente de la Mesa Directiva, tiene al menos dos atributos delegados de su cargo, que realiza en funciones tanto de Presidente de la Cámara de Senadores, como en el ejercicio de ser el Representante Jurídico.

Se apreciará que la representación jurídica que recae en el Presidente de la Mesa Directiva, dispone que él sólo puede suscribir instrumentos legales, ya sea de carácter domésticos o internacionales, en cuyo clausulado se establezcan derechos y obligaciones con efectos vinculantes a la Cámara Alta del Congreso General.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 90, fracción XXVI, refiere que la Comisión Ordinaria de Relaciones Exteriores, así como las demás se integran por un órgano de conducción denominado Junta Directiva, conformado por un Presidente, dos Secretarios e integrantes.

Esta ley, establece la atribución de los Presidentes de las Comisiones condicionada a obtener el acuerdo de sus miembros para solicitar información o documentación a diversas entidades públicas, para utilizarla como elementos de análisis y de estudio específicamente sobre la materia en que desarrolla un trabajo parlamentario, como es el caso de la discusión de una iniciativa, cuya materia esté estrechamente vinculada a la información solicitada.

El criterio de la Consultoría establece que la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, carece de atribuciones para suscribir a nombre del Senado; toda vez que la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el único en quien recae la atribución de suscribir instrumentos del orden internacional, conocidos como memorándums de entendimiento y declaraciones conjuntas, es en el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

No. de Expediente: 110 Legislatura: LXIII Fecha: 2016-04-25 Archivo PDF: 110-013LXIII.pdf

Solicitante: Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia del Canal del Congreso General.

Rango de Clasificación: Expediente 013 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica para emitir observaciones a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Para emitir observaciones a la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: Se observará que la solicitud es elaborar una Opinión Jurídica de la 'Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos'.

Aportación al Usuario: El usuario podrá analizar de la opinión jurídica un cuadro comparativo en el que se analizan los apartados siguientes:

I.- Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos;

II.- Argumentación Jurídica; y,

III.- Aportaciónes de la Coordinación de la Consultoría Jurídica Legislativa.

Se podrá observar del documento el orden numérico de los artículos que se pretenden reformar, adicionar o derogar, y en los cuales la Consultoría Jurídica plasma su opinión únicamente en aquellos en los que propone alguna modificación de redacción.

En el cuadro comparativo el usuario podrá ver en la Primera columna, el texto que se propone en el anteproyecto.

Segunda columna la exposición de argumentos jurídicos en la que se sustenta el soporte de los cambios; y

Tercera columna la propuesta de la Coordinación de Consultoría Jurídica.

No. de Expediente: 107 Legislatura: LXIII Fecha: 2016-04-12 Archivo PDF: 107-012LXIII.pdf

Solicitante: Doctor Arturo Garita Alonso, Secretario General de la Cámara de Senadores.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Vigente DOF. 09-05-2016).

Rango de Clasificación: Expediente 012 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica respecto a los cuestionamientos jurídicos que tienen ver con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto a los cuestionamientos jurídicos que tienen que ver con la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Utilidad: Se conocerán los efectos jurídicos y alcances del Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. De conformidad con los lineamientos del Tercero Transitorio se conocerán las Reglas que debe aplicar el Senado de la República para el procedimiento de acceso a la información.

Aportación al Usuario: El usuario tendrá a su alcance la Opinión Jurídica, así como la respuesta jurídica a los cuestionamientos que contemplaran diversas Aportaciónes como la vacatio legis, la competencia del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI).

La vacatio legis es el plazo existente entre el momento de publicación de una ley y su entrada en vigor, como lo señala el Artículo Primero Transitorio y su inaplicación en algunos conceptos, figuras, términos y cumplimiento de obligaciones que la propia ley especifique.

Lo anterior es aplicable, dado el supuesto de que eventualmente la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente, incorpore algunos conceptos que no sean congruentes con el Acuerdo Parlamentario en materia de Transparencia del 30 de abril de 2003, que aprobó el Pleno del Senado de la República, y en cuyo caso, se diera un diferendo entre lo dispuesto por la nueva Ley y el Acuerdo antes mencionado, dicha vacatio legis, representa el mandato del legislador para que no se aplique la ley durante ese plazo otorgado al sujeto obligado, facultándole una especie de ampliación de la vigencia y aplicación legal en sus términos no modificados.

Lo anterior es así, ya que en tanto se expida un nuevo instrumento o se adecuen aquellos términos que hubiesen quedado desfasados en virtud de que el artículo Tercero Transitorio utiliza el vocablo dentro del plazo de los 18 meses, por lo cual debe entenderse que el plazo de la vacatio legis en comento comprenderá desde el primer minuto posterior a la entrada en vigor de la ley de la materia y hasta el último minuto antes de agotarse los 17 meses que deberán computarse.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), con fundamento en el Artículo 6°, Apartado A, Fracción I, de la Constitución, expresa que el Poder Legislativo es sujeto obligado.

'Artículo 6° Constitucional.

…

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.' Finalmente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente, establece los ámbitos de competencia que pudiera tener el INAI sobre el Senado de la República en su carácter de sujeto obligado, conforme a lo dispuesto en los artículos 68 y 70.

'Artículo 68. Los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas e información señalados en el Título Quinto de la Ley General. Al respecto, aquella información particular de la referida en el presente artículo que se ubique en alguno de los supuestos de clasificación señalados en los artículos 110 y 113 de la presente ley no será objeto de la publicación a que se refiere este mismo artículo; salvo que pueda ser elaborada una versión pública. En todo caso se aplicará la prueba de daño a que se refiere el artículo 104 de la Ley General.
...'.

'Artículo 70. Además de lo señalado en el artículo 72 de la Ley General y 68 de esta Ley, los sujetos obligados del Poder Legislativo Federal deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:

I. Agenda Legislativa;
II. Gaceta Parlamentaria;
III. Orden del Día;
IV. El Diario de Debates;
V. Las versiones estenográficas;
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;
VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;
VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;
X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Centros de Estudio u Órganos de Investigación;
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los Órganos de Gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y Centros de Estudio u Órganos de Investigación;
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los Centros de Estudio o Investigación Legislativa."

No. de Expediente: 109 Legislatura: LXIII Fecha: 2016-02-18 Archivo PDF: 109-011LXIII.pdf

Solicitante: Senador Ismael Hernández Deras, Presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Seguridad Nacional y de la Posible Infiltración del Crimen Organizado en las Candidaturas a Cargos de Elección Popular.

Rango de Clasificación: Expediente. 011 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica respecto de: I. Solicitud de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en las Cámaras del Congreso y del Presidente Nacional del mismo partido, para que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional expida un 'Protocolo para la Prevención, Identificación y Respuesta Inmediata frente a indicios sobre la posible Infiltración del Crimen Organizado en las Candidaturas a Cargos de Elección Popular.' II. Planteamiento del Diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien solicita que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional realice diferentes acciones relacionadas al mismo tema.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica:

• Solicitud de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática en las Cámaras del Congreso y del Presidente Nacional del mismo Partido, para que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional expida un 'Protocolo para la Prevención, identificación y respuesta inmediata frente a indicios sobre la posible infiltración del crimen organizado en las candidaturas a cargos de elección popular.'
• Planteamiento del Diputado Jorge Ramos Hernández (PAN), Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, quien solicita que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional realice diferentes acciones relacionadas al mismo tema.

Utilidad: Se conocerá que la materia sustantiva del análisis se conforma por dos peticiones suscritas:

El análisis de la Opinión Jurídica, parte de la conceptualización de las figuras, en los principios generales de derecho, en valores doctrinales, ya que ambos peticionarios en el fondo coinciden que sea el Estado mexicano el que sancione a priori la validez de participación o no de los militantes o simpatizantes de los institutos políticos como candidatos postulados a cargos de elección popular.

Aportación al Usuario: Dentro de las Aportaciónes se destaca que ambas solicitudes pretenden que la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, emita uno o más actos de autoridad tendentes a satisfacer sus puntos de solicitud; mismos actos de autoridad que deben cumplir con la calidad de ser legítimos, es decir, que sean válidamente fundados y motivados tal y como lo mandata los artículos 14 y 16 constitucional, para tener efectos vinculantes conforme al debido proceso.

Se podrán observar algunos conceptos como la diferencia entre Seguridad Pública y Seguridad Nacional, expresados en distintos cuadros comparativos.

Así mismo, el documento muestra el nexo conceptual de delincuencia organizada, y sus consecuencias de infiltración en los candidatos de elección popular.

No. de Expediente: 106 Legislatura: LXIII Fecha: 2015-12-14 Archivo PDF: 106-010LXIII.pdf

Solicitante: Senador Teofilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Internacional: En materia de Tratados Internacionales.

Rango de Clasificación: Expediente 010 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica respecto al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Ankara, Turquía, el 17 de diciembre de 2013.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto al Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la promoción y protección recíproca de las inversiones, firmado en Ankara, Turquía, el 17 de diciembre de 2013.

Utilidad: Se estima de utilidad estudiar la validez constitucional y legal del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, suscrito en Ankara, el 17 de diciembre de 2013.

Aportación al Usuario: El usuario se podrá percatar qué dentro de los principios internacionales en México, los Tratados Internacionales se celebran mediante un proceso que se lleva a cabo en el marco de la respetuosa coordinación de facultades entre los Poderes de la Unión, Ejecutivo y Legislativo, en el que cada uno de ellos realiza su respectiva atribución que se complementa con la del ejercicio del otro, en consideración del principio de contrapesos que vigoriza la actuación Republicana del Estado Mexicano.

Dentro de los criterios jurisprudenciales y doctrinales, cabe destacar que en lo que respecta a la facultad exclusiva de la Cámara de Senadores para aprobar los Tratados Internacionales que firme el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en materia económica, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en el sentido que el procedimiento relativo se encuentra regulado en la Ley Sobre Celebración de Tratados.

Así mismo, el usuario puede observar de la Opinión Jurídica, el cotejo de cumplimiento de las leyes aplicables en relación con el contenido de fondo del Acuerdo entre México y Turquía.

El Reglamento del Senado establece que en el análisis y evaluación de los Tratados y las Convenciones Internacionales, las comisiones deben cuidar el cumplimiento de los principios normativos de la Política Exterior Mexicana, así como el interés y la seguridad nacional. (Art. 238.3).

Como aportación se presentan cuadros en los que se podrán apreciar leyes aplicables y lo previsto en el articulado que se contiene en el Acuerdo celebrado entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Turquía; así como el estudio con las siguientes Aportaciónes:

• Requisitos u obligaciones que impone la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, como la Ley Sobre Celebración de Tratados;
• El artículo del Acuerdo, en caso de que dicha obligación o requisito se haya cumplido.
• En los casos que los requisitos u obligaciones que no resulten aplicables al Acuerdo, se identificará en el cuadro 'no aplica', y se razona el argumento de la Consultoría Jurídica Legislativa.

Finalmente se identificará dentro de las conclusiones el criterio de la Consultoría que establece:

• Que son competentes el Poder Ejecutivo y Legislativo en el trámite de la solicitud del primero y la facultad del segundo para aprobar, en su caso, el Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Turquía para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, firmado en Ankara, Turquía, el 17 de diciembre de 2013.

Que el Acuerdo referido, está debidamente fundado y motivado. Así mismo, se cumplen con los requisitos que en la materia están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los principios del Derecho Internacional Público y Privado, la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, La Ley Sobre la Celebración de Tratados, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República.

No. de Expediente: 105 Legislatura: LXIII Fecha: 2015-10-27 Archivo PDF: 105-009LXIII.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y del Sitio Web del Senado de la República.

Rango de Clasificación: Expediente 009 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica respecto del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contiene las obligaciones de transparencia comunes.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica:

• Respecto a lo dispuesto en el artículo 70, fracción I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), en relación a los efectos vinculatorios que constriñen al Senado de la República como sujeto obligado, en lo que se refiere a publicar en su página web el Marco Normativo que aplica con sus diversos instrumentos que lo componen.

¿Qué grado de cumplimiento se da a partir de lo publicitado actualmente en la página web, con dirección en: www.senado.gob.mx/ en el apartado denominado: 'Marco Jurídico, ¿en relación a lo ordenado en la disposición legal transcrita en el inciso anterior?.

Utilidad: Se conocerá que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 6° fracción I que el Estado Mexicano está obligado a publicar sus actos que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, pues se reconoce el derecho fundamental de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la autoridad, tal como se acredita en los términos siguientes:

'ARTICULO 6°. …
…
…
…

A …

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes.

En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

Fracción reformada DOF 07-02-2014.

Aportación al Usuario: Se observará de la Opinión Jurídica la interpretación del Artículo 6° apartado 'A' fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto esta Consultoría Jurídica Legislativa deduce que el Senado de la República tiene al menos las obligaciones siguientes:

Poner a disposición del público toda la documentación que genere en el ejercicio de sus facultades, atribuciones, competencia y funciones;

1. Ladocumentación mencionada en el inciso a) deberá ser actualizada;
2. La documentación en cuestión será publicada en los medios electrónicos para facilitar el acceso a todo interesado;
3. Entre la información publicada deberá incluirse: leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios, políticas, entre otros… generados en el ejercicio de las facultades del Senado de la República ; y
4. La única excepción al cumplimiento de lo indicado en los incisos a), b), c) y d) son aquellos en que el órgano garante, en su caso, puede proceder conforme a derecho a declarar temporalmente reservada la información y/o de la documentación por razones de interés público y seguridad nacional.

Para la difusión y publicidad de la documentación que obliga al Senado, se tendrá que observar los siguientes factores:

Factor Cuantitativo.- Toda la documentación salvo la que sea reservada debe ser publicada, puesto de darse este último se estaría faltando ya sea parcial o totalmente a esta obligación;

Factor Cualitativo.- Deberá ser actualizada, por ende, no se refiere a documentación obsoleta o solo histórica sino actual y vigente.

Factor Instrumental de Difusión.- A fin de darle la mayor difusión posible (principio que rige a la Transparencia), se deben utilizar las herramientas modernas tal como el internet en razón a su mayor cobertura e inmediatez.

Dentro de las Aportaciónes al usuario, esta Consultoría Jurídica Legislativa, con base al estudio de la opinión jurídica. Establece que el Senado de la República, a través de lo publicado en la página web en el apartado denominado 'Marco Jurídico', está dando cumplimiento a plenitud con lo ordenado por el artículo 70 Fracción I, en relación con el Octavo Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP),

Instrumentos jurídicos y normativos que se enlistan en el artículo 70, fracción I. LGTAIP.

No. de Expediente: 104 Legislatura: LXIII Fecha: 2015-11-19 Archivo PDF: 104-008LXIII.pdf

Solicitante: Doctor. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Senadores.

Apartado Temático y Materia / Derecho Parlamentario: En materia Reglamentaria del Senado de la República, y del Servicio Civil de Carrera del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.

Rango de Clasificación: Expediente 008 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica respecto a que se defina y se proponga la Ruta Crítica para establecer, en la Normativa Interna del Senado de la República, el Servicio Civil de Carrera dentro del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto se analice, la ruta crítica para establecer, en la normativa interna del Senado de la República, el Servicio Civil de Carrera dentro del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.

Utilidad: La Cámara de Senadores con el fin de profesionalizar y hacer más eficientes los servicios de apoyo parlamentario y de orden administrativo, instituyó el Servicio Civil de Carrera; regulado en el Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores, aprobado por el Pleno el 07 de noviembre de 2002, y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre del mismo año.

Aportación al Usuario: El usuario podrá apreciar que el objetivo del Centro es llevar a cabo la realización de estudios e investigaciones así como el acopio de información referente a temas del ámbito de política internacional y exterior de nuestro país; así como prestar el apoyo necesario a las Comisiones de Relaciones Exteriores para el desarrollo de sus actividades y el ejercicio de las facultades en materia de política exterior; además de auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en materia de diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Centro de Estudios Internacionales cuenta con la siguiente estructura:

• Coordinación General;
• Unidad de Protocolo y enlace institucional:
• Dirección General de Estudios y Asuntos Internacionales;
• Unidad de Estudios y Análisis Internacionales;
• Unidad de Diplomacia Parlamentaria; y,
• Unidad de Análisis de Instrumentos Jurídicos.

Conforme a lo anterior, el Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores, en su artículo 1 señala que el Servicio Civil tiene como premisa básica la profesionalización del Servicio Público de Carrera, con la finalidad de garantizar la continuidad y funcionamiento eficaz y eficiente de los programas, planes y procesos sustantivos para la Cámara; que a su vez asegure el desempeño de sus miembros.

El Estatuto, se erige en el documento normativo rector que sienta las directrices generales para la planeación, desarrollo y operación del Servicio Civil de Carrera de la Cámara de Senadores, dejando para los documentos normativos secundarios el desarrollo de cada uno de los sistemas y procesos que integran al Servicio Civil de Carrera .

El Estatuto que regula al Servicio Civil faculta al Centro de Capacitación y Formación Permanente (CECAFP), como el órgano encargado de organizar, planear, desarrollar, coordinar, controlar, evaluar y ejecutar los procesos operativos y académicos referentes al Servicio Civil de Carrera.

La incorporación al Servicio Civil de Carrera es comprendida como la selección y reclutamiento de los aspirantes, la ocupación de vacantes o puestos de nueva creación, la incorporación a las áreas que componen el servicio civil, así como la expedición de nombramientos y la adscripción de los puestos establecidos en el catálogo. Estos miembros serán considerados trabajadores de confianza, y sus relaciones del ámbito laboral, se regirán de conformidad de lo señalado en la fracción XIV del Apartado B del artículo 123 constitucional, por la Ley Orgánica y los ordenamientos respectivos de conformidad de lo establecido por el artículo 115 del Congreso.

El proceso de incorporación al Servicio Civil de Carrera en el Senado de la República, inicia con el Acuerdo que emite la Mesa Directiva por el cual instruye al CECAFP emita y le someta a consideración de ese órgano de dirección los lineamientos normativos aplicables y, una vez aprobados estos se desahoguen en sus términos hasta la culminación que permita decretar las incorporaciones que resulten procedentes.

http://www.cecafp.senado.gob.mx:8080/elearning/Lineamientos/ingreso.pdf

No. de Expediente: 103 Legislatura: LXIII Fecha: 2015-11-19 Archivo PDF: 103-007LXIII.pdf

Solicitante: Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Autonomía Técnica, Presupuestal y de Gestión del Canal del Congreso de la Unión.

Rango de Clasificación: Expediente 007 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica, posibilidad de Implementar una Ruta Crítica para Dotar al Canal del Congreso de Autonomía Técnica, Presupuestal y de Gestión.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de implementar una Ruta Crítica para 'Dotar al Canal del Congreso de Autonomía Técnica, Presupuestal y de Gestión'.

Utilidad: Se conocerá que la naturaleza jurídica del Canal de Televisión del Congreso General, establece que es un medio de comunicación del Estado, de servicio público, con presupuesto, organización, infraestructura técnica y personal, dependiente del Poder Legislativo y que pertenece a la Nación.

Aportación al Usuario: La Opinión Jurídica se centra en el análisis respecto de la viabilidad de 'Dotar al Canal del Congreso, de autonomía técnica, presupuestal y de gestión'.

Es preciso destacar diversos aspectos, entre los que encontramos es la autonomía técnica, que no significa que cuente con independencia. La autonomía técnica es una de las características fundamentales dentro de la autonomía de gestión.

En opinión de esta Consultoría Jurídica Legislativa, es viable otorgar en rango de ley la autonomía técnica al Canal del Congreso, para que sin dejar de depender de la Comisión Bicamaral, adquiera flexibilidad en la actuación y ser más eficientes sus trabajos de difusión de las actividades parlamentarias del Congreso General con base en el principio de mayor publicidad.

La autonomía técnica, también se considera como un proceso mediante el cual las empresas públicas deciden responsablemente la adquisición o enajenación de productos, el ejercicio de los recursos propios, su estructura administrativa y los niveles de remuneración del personal cuya fijación no sea competencia de otras instancias, para cumplir los objetivos más estratégicos que le asigne el Estado.

La autonomía presupuestal, implica la capacidad para determinar por sí el presupuesto necesario para cumplir con las atribuciones que le han sido conferidas, así como gestionarlo de manera independiente y fiscalizarlos a través de órganos y con sus propios procedimientos.

La autonomía de determinación presupuestal supone la plena capacidad para establecer el presupuesto del organismo de conformidad y posterior presentación ante las instancias de decisiones correspondientes.

La aportación al usuario corresponde a que podemos valorar los alcances que podría otorgar el atributo de autonomía presupuestal al Canal del Congreso, como: elaborar, gestionar y ejercer por si solo su presupuesto sin requerir de la anuencia de la Comisión Bicamaral del Congreso, que es ésta a su vez la representante del Congreso de la Unión y, por ende, del Poder Legislativo Federal. Es decir, estaría equiparable a un órgano autónomo constitucional.

Finalmente, se identifica de la opinión jurídica, un cuadro comparativo con la propuesta de reforma, así como las conclusiones de argumento de la Consultoría Jurídica Legislativa.

No. de Expediente: 101 Legislatura: LXIII Fecha: 2015-11-04 Archivo PDF: 101-006LXIII.pdf

Solicitante: Diputado Tristán Canales Najjar, Presidente de la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Transparencia Informativa del Canal del Congreso General.

Rango de Clasificación: Expediente 006 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de Convocatoria para Elegir al Consejo Consultivo del Canal de Televisión del Congreso de la Unión; así como, saber si se ajusta a la normatividad aplicable.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del Proyecto de Convocatoria para elegir al Consejo Consultivo del Canal de Televisión del Congreso de la Unión. Así como saber si se ajusta a la normatividad aplicable.

Utilidad: Saber que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 140 establece que:

'1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con el Canal de Televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables.

2. El Canal tiene por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las Cámaras del Congreso y de la Comisión Permanente, así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con la actividad legislativa'.

ARTICULO 141.

'1. Para la conducción de las actividades que desarrolla el Canal, se constituye la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión.

2. La Comisión estará integrada por tres diputados y tres senadores electos por el Pleno de cada Cámara a propuesta de las respectivas Juntas de Coordinación Política. En su caso, los legisladores de la Comisión representarán a sus Grupos Parlamentarios en ambas Cámaras'.

Aportación al Usuario: El Canal del Congreso está regido por una Comisión Legislativa integrada por representantes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, denominada Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso; la Presidencia de la Comisión Bicamaral es anual y rotativa entre los grupos parlamentarios de ambas Cámaras.

Cuenta con un Consejo Consultivo de representación social, el cual se conforma por 11 ciudadanos de amplio y reconocido prestigio profesional, en el campo de los medios de comunicación.

De acuerdo a la solicitud; la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión del Congreso, emite la convocatoria para seleccionar y aprobar la conformación del Consejo, conforme a lo dispuesto en los artículos 19 y 23 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

'Artículo 19.- Los Consejeros serán seleccionados por la Comisión, a propuesta de instituciones académicas, organizaciones civiles u otras de comprobada trayectoria y amplio reconocimiento, cuyas actividades y objetivos profesionales se relacionen principalmente con la Comunicación Social. Para ello, la Comisión realizará la Convocatoria Pública correspondiente.'

'Artículo 23.- Para formar parte del consejo, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1. Poseer la ciudadanía mexicana, en pleno uso de sus derechos;
2. No ser dirigente de ningún Partido Político, Agrupación Política Nacional miembro del Congreso General;
3. Tener un amplio reconocimiento y prestigio profesional en los medios de comunicación, y
4. Ser propuesto en los términos del artículo 19 del Reglamento.

El usuario podrá apreciar de la Opinión Jurídica emitida por esta Consultoría Jurídica Legislativa un cuadro comparativo que señala las diferentes convocatorias expedidas en los años 2008, 2012 y 2015.

Respecto a la Convocatoria turnada a esta Consultoría Jurídica, se desprende quienes la expiden, el objeto que se propone, su forma estructural de todas y cada una de las bases que regulan los sujetos obligados y el procedimiento del mismo.

Se concluye que es viable el proyecto de Convocatoria para elegir al Consejo Consultivo del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, por ajustarse a la normatividad aplicada.

No. de Expediente: 5 Legislatura: LXIII Fecha: 2015-10-20 Archivo PDF: 100-005-LXIII.pdf

Solicitante: Sen. José Rosas Aspuro Torres, Vicepresidente de la Mesa Directiva.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario: En materia Reglamentaria del Senado de la República y de Competencia para el Turno a la Comisión de la Familia y de Desarrollo Humano.

Rango de Clasificación: Expediente 005 LXIII Legislatura. Opinión jurídica en razón de fijar un criterio para determinar las materias a las que podría avocarse la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano y de ahí establecer las normas que quedarían dentro de su esfera de competencia para el turno de iniciativas presentadas, proyectos recibidos por la colegisladora o proposiciones con punto de acuerdo.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: En el sentido de fijar un criterio para determinar las materias a las que podría avocarse la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano y de ahí establecer las normas que quedarían dentro de su esfera de competencia para el turno de iniciativas presentadas, proyectos recibidos por la colegisladora o proposiciones con punto de acuerdo.

Utilidad: La propuesta establece acordar un criterio para determinar las materias a las que podría avocarse la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano. Y fijar normas para su competencia para el turno de las iniciativas presentadas.

De la opinión jurídica se observará que se desarrolla:

Una propuesta de materias que pudieran ser competencia de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano; y

Se delimitan los ordenamientos legales sobre cuales deberá desarrollar su trabajo legislativo, a partir del turno que el presidente de la Mesa les asigne.

Aportación al Usuario: Del contenido de la opinión jurídica se aporta los siguientes apartados:

Derechos Humanos la Familia y su Desarrollo:

Los Derechos Humanos y sociales garantizan de manera universal, el acceso de las personas en lo individual o de su cédula básica social fundamental como es la familia, a los medios necesarios para asegurar condiciones de vida digna, sus relaciones y el entorno en el que se desenvuelven.

Cabe resaltar que en la materia internacional, la familia se concibe como un elemento natural y fundamental de la sociedad, por lo que se debe dar la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo.

En el Ámbito Internacional:

La Organización de las Naciones Unidas, la Familia y su Desarrollo Humano.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha definido por Desarrollo Humano como el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con lo que puede cubrir sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación del entorno en el que se respeten los derechos humanos de todos ellos. Siendo el objetivo básico del desarrollo humano crear un ambiente propicio para que sus personas disfruten de una vida prolongada saludable y creativa.

Declaración Universal de los Derechos Humanos:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 1948, en el artículo 16 numeral 3, dispone lo siguiente:

'Artículo 16.
…

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado'.

En el marco del derecho internacional, y con fundamento en los artículos 76 fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestro país ha firmado y ratificado alrededor de 47 instrumentos de carácter internacional en materia de protección de los derechos humanos y sociales.

En el Ámbito Nacional:

El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra facultado por la constitución para legislar en materias como educación, fomento económico, planeación nacional, medio ambiente, protección civil, deporte, turismo, cultura, nacionalidad, salubridad, entre otras; es decir, que dentro de sus atribuciones, se encuentran las de legislar en pro de los derechos sociales antes mencionados.

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos:

El usuario podrá observar los fundamentos legales para el turno de las iniciativas presentadas, proyectos recibidos de la colegisladora o proposiciones con punto de acuerdo.

Además de lo referente a determinar el trámite de los asuntos.

Los antecedentes de la creación de la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano, que se creó con fecha 25 de febrero de 2014.

La misión de dicha comisión establece que trabajará a favor de defender y hacer efectivos los derechos humano de los integrantes de las familias, en coordinación con diversas instituciones públicas, sociedades civiles y sociedad en general, con el propósito de sumar esfuerzos para lograr atender las necesidades de las familias mexicanas.

Derecho Comparado Interno:

En este apartado en criterio de la Consultoría Jurídica Legislativa se avoca a estudiar en el marco del derecho comparado sí las Cámaras de Diputados Federal y de las entidades federativas, cuentan o no en inventario de sus comisiones ordinarias con una que se denomine de la 'Familia y Desarrollo Humano', o de otro concepto similar, para seguir con un análisis de la LOCGEUM y las correspondientes legislaturas de los Congresos Locales.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.: http://www.ordenjurídico.gob.mx/Tratint/Derechos%20Humanos/D50.pdf

http://es.slideshare.net/crestant/desarrollo-humano-segun-laonu

No. de Expediente: 4 Legislatura: LXIII Fecha: 2015-10-23 Archivo PDF: 79-004-LXIII.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Comparecencias ante el Senado de la República.

Rango de Clasificación: Expediente 004 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica, respecto al Juramento Constitucional de los Funcionarios Públicos. (Artículo 93 Constitucional).

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto al Juramento Constitucional de los Funcionarios Públicos. (Artículo 93 Constitucional).

Utilidad: Se podrá conocer de los funcionarios que comparecen ante Comisiones y/o el Pleno del Senado de la República, en el caso de que se les compruebe que hayan faltado al juramento constitucional, mismos que serán sometidos a interrogatorio, concerniente a su ramo o actividad.

Así mismo, se plantea lo respectivo a la integración de los legisladores que componen la Comisión Bicamaral.

Aportación al Usuario: El usuario tendrá a su alcance el análisis efectuado respecto de las comparecencias presentadas ante la Cámara de Senadores, partiendo primordialmente del propósito constitucional de fomentar la coordinación y participación entre el Poder Ejecutivo Federal, ya sea de manera personalísima o por conducto de sus Secretarios de Gabinete en las materias que se les encomiendan; mientras que el Poder Legislativo podrá actuar en su condición de Comisión Bicamaral o en lo particular cada una de las Cámaras que lo componen.

Es decir, se estiman que los argumentos y consideraciones que dan precedente a los siguientes artículos:

'Artículo 93.- Los Secretarios del Despacho, luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos.

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a interpelaciones o preguntas'.

Con respecto al artículo 69, se establece la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la República presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la información mediante una pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta de decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el ejercicio de esta facultad.

En relación, a lo anterior se concluye que las comparecencias 'bajo protesta de decir verdad' de los servidores públicos en términos de los dispuesto por los artículos 69 y 93 constitucionales, deberán contar con las bases en los cuales se funde y se motive un acto de autoridad con efectos punitivos a los comparecientes que incurran en falta.

Así mismo, las Comisiones Bicamarales incompletas no tendrán condiciones jurídicas para emitir resoluciones con efectos vinculatorios a terceros al no contar con quórum, sin embargo, sus integrantes que estén presentes si pueden tener intercambios de opiniones de información con los funcionarios quienes ante ellos asistan a dialogar y que en su oportunidad se informará al pleno de la respectiva Comisión Bicamaral.

No. de Expediente: 3 Legislatura: LXIII Fecha: 2015-10-02 Archivo PDF: 75-003-LXIII.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Civil: En materia Civil referente a los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Rango de Clasificación: Expediente 003 de la LXIII Legislatura. Opinión jurídica sobre la viabilidad del proyecto a efecto de que la Mesa Directiva tenga certeza sobre su eventual inscripción en el Orden del día para su discusión y votación.

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 416 y 417 del código Civil Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre la viabilidad del Proyecto de Dictamen:

• De las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se Reforma los Artículos 416 y 417 del Código Civil Federal.

Utilidad: Reconocer que el derecho de las niñas, niños y adolescentes a opinar en los asuntos que les afectan y que para hacerlo requieren de espacios lúdicos, ya se encuentra debidamente establecido y regulado en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como en los Códigos Civiles y Leyes Especiales del Fuero Común, por lo que de aprobarse se incurriría en una reiteración.

Aportación al Usuario: En el Ámbito Internacional:

Se cita la Convención sobre los Derechos del Niño, que se crea el 20 de noviembre de 1989 y al cuál México se suscribe como Estado Parte el 21 de septiembre de 1990.

En el Ámbito Nacional:

Se transcribe la Tesis Aislada con número de registro 172650, en la cual se establece que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente debajo de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y locales.

Derecho Comparado:

Con la finalidad de destacar el alcance, natural y el efecto jurídico de la iniciativa, se aportan cuadros comparativos del texto del dictamen contra el texto de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; cuadro comparativo del texto del dictamen contra el texto del Código Civil vigente de 6 entidades federativas, así como cuadro comparativo del texto del dictamen contra el texto de las Leyes Especiales de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en tres Estados de la República.

Solicitante: Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Parlamentario: En materia de Integración y Constitución de Grupos Parlamentarios en el Senado de la República.

Rango de Clasificación: Expediente 001 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica sobre la Consulta dirigida al Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en razón de conocer si en ejercicio de los derechos político-electorales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es posible jurídicamente conformar el Grupo Parlamentario de MORENA, y cuáles serían los requisitos y plazos a cumplir.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Relativa a la Consulta dirigida al Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, en razón de conocer si en ejercicio de los derechos político-electorales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento del Senado de la República, es posible jurídicamente conformar el Grupo Parlamentario de MORENA, y cuáles serían los requisitos y plazos a cumplir.

Utilidad: El usuario podrá identificar cuáles son los requisitos de fondo y forma para la integración de los Grupos Parlamentarios en el Senado de la República, con fundamento en los ordenamientos jurídicos que resultan aplicables al caso particular.

Aportación al Usuario: En el Ámbito Parlamentario:

Se citan las disposiciones relativas a los Grupos Parlamentarios del Senado de la República, contenidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento del Senado de la República.

Referencias Históricas:

Fecha de Jornada Electoral para elegir a la LXII y LXIII Legislatura del Senado de la República, así como a la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados y al Presidente de la República.

No. de Expediente: 2 Legislatura: LXIII Fecha: 2015-09-30 Archivo PDF: 62-002-LXIII.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Atención y Protección de los Derechos de las Víctimas.

Rango de Clasificación: Expediente 002 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica respecto del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos constitucionales y de Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-V, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos constitucionales y de Estudios Legislativos, con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la fracción XXIX-V, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: Se observará de la opinión jurídica el desarrollo del proceso legislativo del dictamen. El criterio de la Consultoría Jurídica en razón a las modificaciones realizadas por la Cámara Revisora al texto del Decreto enviado por la Cámara de Origen, es el tema medular que debe ser analizado a la luz del propio artículo 72, inciso e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aportación al Usuario: El usuario apreciará que dentro de las Aportaciónes, el carácter de la reforma constitucional, debe transitar por el trabajo parlamentario Bicameral, por lo que resulta aplicable al Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Fracción XXIX-V al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo señalado en el inciso e) del artículo 72 Constitucional.

Derecho Comparado:

Con el fin de destacar el alcance, natural y el efecto jurídico de la iniciativa, se aportan cuadros comparativos del texto del proyecto enviado por la Cámara de Senadores a la Cámara de Diputados, como Revisora; contra el proyecto revisado por la Cámara de Diputados con las modificaciones. Así como el cuadro comparativo del proyecto con modificaciones. Contra el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

De la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

Se establece el criterio de Leyes Generales, Interpretación del Artículo 133 Constitucional.

Se observará del documento que el criterio emitido por la Corte es aplicable toda vez que el objeto de la reforma que se analiza implica precisamente incorporar una literal más en la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y llegado el caso que esta se incorpore al marco jurídico vigente en el ámbito constitucional en consecuencia tendrá la jerarquía superior que regula el artículo 133 constitucional, como parte de la Ley Suprema de la Unión al igual que los Tratados Internacionales.

No. de Expediente: 145 Legislatura: LX Fecha: 2007-02-28 Archivo PDF: 66-145-LX.pdf

Solicitante: Dr. Manuel Añorve Baños, Coordinador de Asesores de la Presidencia de la Mesa Directiva.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Derechos Humanos de los Migrantes.

Rango de Clasificación: Expediente 145 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con la que se pretende reformar los artículos 123 y 125 de la Ley General de Población, del Senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del PRI.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con la que se pretende reformar los artículos 123 y 125 de la Ley General de Población, del Senador Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del PRI, presentada el 20 de febrero de 2007

Utilidad: El usuario podrá conocer que el proyecto tiene como objetivo fundamental eliminar las contradicciones existentes entre la legislación nacional y los compromisos internaciones signados por nuestro país.

Aportación al Usuario: En el Ámbito Internacional:

Se cita el compromiso de Montevideo y del que México es signatario, el cual fue aprobado a principios de 2006, por los Jefes de Estado y de Gobierno de la comunidad Iberoamericana; este compromiso, en su punto No. 17 establece lo siguiente: 'Migrar no es un delito, por lo que los estados no desarrollarán políticas orientadas a criminalizar al migrante'.

Así como, el Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, que contempla las circunstancias agravantes sobre los migrantes, cuando pasa a la transgresión de sus derechos humanos y se transforma en el delito de trata de personas.

No. de Expediente: 61 Legislatura: LXII Fecha: 2015-04-30 Archivo PDF: 63-061-LXII.pdf

Solicitante: Senador Luis Sánchez Jiménez. Vicepresidente de la Mesa Directiva por Acuerdo remite comunicación de la Secretaría de Gobernación, con anexo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Política Exterior, y de Derechos Humanos.

Rango de Clasificación: Expediente 061 de la LXII Legislatura. Comunicación de la Secretaría de Gobernación, con anexo de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la que hacen llegar a cada una de las Cámaras del Congreso preguntas que 'se han identificado que recaen en la competencia del Poder Legislativo' para responder a los cuestionamientos elaborados por el Comité sobre los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Secretaria de Gobernación con anexo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por el que hacen llegar a cada una de las Cámaras del congreso las preguntas que 'Se han identificado que recaen en la competencia del Poder Legislativo', para responder a los Cuestionamientos elaborados por el Comité

sobre los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, a fin de que otorgue respuesta el Senado de la República de lo notificado.

Utilidad: Se podrá identificar que el Comité de Derechos Humanos solicitó a México la presentación de su VI Informe periódico, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de nuestro país derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Se observara que el Informe deberá contener las medidas que el Estado mexicano ha realizado para dar cumplimiento a los derechos consagrados en el instrumento internacional.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; instituye las facultades exclusivas del Senado de la República, en su artículo 76, que a la letra dice:

'Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado:

I.- Analizar la Política Exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso.

Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos; …'

Así mismo, el artículo 66, numeral 2, inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General establece lo siguiente:

'Artículo 66.-

• 1.- La Mesa Directiva observará en su desempeño los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad y tendrá las siguientes facultades:
• e. Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados y las autoridades locales del Distrito Federal; Así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;
• …' .

En ese sentido, y conforme a lo establecido por los artículos anteriores, se constituye que la Secretaría de Gobernación está encargada de conducir las relaciones entre el Ejecutivo y el resto de los Poderes de la Unión.

El usuario también podrá observar de la opinión jurídica los diferentes que atienden los diversos cuestionamientos del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

No. de Expediente: 60 Legislatura: LXII Fecha: 2015-04-29 Archivo PDF: 64-060-LXII.pdf

Solicitante: Lic. Héctor Emilio Ortega Celis, Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Comunicación, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones.

Rango de Clasificación: Expediente 060 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica sobre el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión a abrir espacios de pluralidad. (Caso de la Periodista Carmen Aristegui).

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre el Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso de la Unión, abra espacios noticiosos bajo la conducción de Carmen Aristegui, se adhiera a México Leaks; así mismo, se promueva un convenio de transmisión en vivo o de retransmisión diferida del citado programa de noticias.

Utilidad: Se podrá identificar la manifestación de ideas, a través de espacios de pluralidad, mismos que no serán objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir, y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Tal y como lo establece el artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estipula que 'es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y apartados usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones'.

De acuerdo a lo antes mencionado, es de indicarse que el artículo 276 del Reglamento del Senado de la República; establece la naturaleza, el objeto y alcance de realizar Puntos de Acuerdo, a fin de atender asuntos que no constituyan iniciativas de ley o decreto.

No. de Expediente: 58 Legislatura: LXII Fecha: 2014-11-06 Archivo PDF: 61-058-LXII.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Facultades del Congreso de la Unión para Legislar el Robo de Hidrocarburos como Delito Federal.

Rango de Clasificación: Expediente 058 de la LXII Legislatura. Informe comparativo para determinar de cada uno de los proyectos la viabilidad jurídica. Mismos que pretenden integrar un marco jurídico orientado a tipificar y sancionar conductas vinculadas al robo de hidrocarburos.

1. Proyecto de Decreto que reforma diversos ordenamientos en materia penal, para tipificar y sancionar diversas conductas en materia de hidrocarburos. Se recibió de la Cámara de Diputados el 6 de noviembre de 2014.
2. Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aprobada el 12 de marzo de 2015, y remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre los Proyectos de Decreto, cada uno pretende integrar un marco jurídico orientado a tipificar y sancionar conductas vinculadas al robo de Hidrocarburos:

• Proyecto de Decreto que reforma diversos ordenamientos en materia penal, para tipificar y sancionar diversas conductas en materia de hidrocarburos. Se recibió de la Cámara de Diputados el 6 de noviembre de 2014.
• Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos y se reforman, adicionan y derogan disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, aprobada el 12 de marzo de 2015, y remitido a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.

Utilidad: Se determinará si el Proyecto de Decreto enviado por la Cámara de Diputados presenta:

• Mayor viabilidad jurídica.
• Mayor Técnica jurídica en la descripción de tipos penales respectivos.
• Integralidad desde el punto de vista sistemático jurídico.
• Congruencia con la facultad del Congreso de la Unión para legislar el robo de hidrocarburos como delito federal.

Aportación al Usuario: Se destaca de la Opinión Jurídica el criterio de la Consultoría al determinar que ambas iniciativas en su trámite individualizado cuentan con igualdad de condiciones en su viabilidad jurídica conforme a lo que establece el artículo 72 Constitucional en el Sistema Bicameral.

En cuanto a la Técnica Jurídica de los dos proyectos de decreto se establece en la opinión jurídica que la diversidad de estilo en la redacción no es obligadamente mejor o peor descripción de los tipos penales, siempre y cuando en uno y otro caso se contemple los elementos esenciales que conforman el cuerpo del delito y se establezcan las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizan las acciones u omisiones tipificadas.

En lo que respecta a la integridad desde el punto de vista sistemático jurídico en el comparativo que realizó esta Consultoría llega a la reflexión siguiente:

Ambos proyectos de decreto tienen fundamento constitucional. Por integridad debe entenderse la compatibilidad, congruencia y referencia con otras normas de igual jerarquía aunque diferente materia íntimamente relacionadas, el criterio de la Consultoría es que ambas Minutas satisfacen plenamente esta condicionante que le da coherencia y congruencia sistemática entre otras disposiciones que les son vinculantes.

Por lo que corresponde a la iniciativa de los diputados, que optaron por la ruta de las reformas, adiciones y derogaciones se aplicó a disposiciones que además de estar vigentes tienen aplicación, lo que garantiza una continuidad mejorada en su contenido y alcances ahora focalizados a la sustracción ilícita de hidrocarburos. En cambio el proyecto de Decreto promovido por el Senador, señaló la vinculación colateral con otras materias en aplicación para conformar el nuevo texto de esta innovadora Ley para Prevenir y Sancionar Delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

Por lo anterior, en congruencia con su respectivo estilo de redacción, con la sujeción a la jerarquía jurídica constitucional y con la remisión a otras normas de materias vinculantes, ambas Minutas tienen una debida integralidad sistemática jurídica que garantiza su fácil interpretación y aplicación a los juzgadores y a los sujetos regulados.

Finalmente respecto a la congruencia con la facultad del Congreso de la Unión para legislar el robo de hidrocarburos como delito federal en criterio de esta Consultoría y los argumentos en el inciso a) consistente en que el artículo 27 y 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión cuenta con facultades plenas para legislar el robo de hidrocarburos como delito federal. Y en consecuencia ambos Proyectos de Decreto son constitucionalmente fundados, motivados y emitidos por las autoridades legislativas competentes.

Adicionalmente a lo ordenado, 'que en análisis argumentativo se precise si el Congreso de la Unión carece de facultades constitucionales para expedir una ley especial que tipifique un delito particular'. Se estima que de acuerdo al principio de excepción lógico jurídico que precisa: 'que en el derecho una cosa no puede ser y no ser a la vez' o bien 'que un sujeto regulado no se le puede, por razones de certeza, conceder un derecho y al mismo tiempo prohibirle su ejercicio' con base a estos principios generales del derecho al señalar que el Congreso tiene facultad para legislar el robo de hidrocarburos como delito federal, luego entonces, no puede al mismo tiempo carecer de ellas para expedir una ley especial que tipifique un delito en particular, antes bien es útil tener presente que al contar con un fundamento constitucional la modalidad de ley general o especial está circunscrita a que la primera tiene aplicación con distribución de competencias federales y locales y la especial se atiende a una materia específica y un ámbito de competencia acotado a la jurisdicción que le delega la autoridad legislativa que lo emite.

Por lo que corresponde a las atribuciones de competencia, contenido y forma de trámite no se percibe la existencia de una materia de Litis entre ambas Cámaras, pero sí la presencia de tener dos proyectos de Decreto, una en Cámara de Diputados y otra en Cámara de Senadores, que coinciden simultáneamente con las iniciativas respectivas que esperan recíprocamente con fundamento en el artículo 72 constitucional que su colegisladora correspondiente como revisora, apruebe con cambios o sin ellos, modifique y según corresponda en cada una de estas modalidades o se remita al Ejecutivo para su publicación o se regrese a la Cámara de origen.

No. de Expediente: 58 Legislatura: LXII Fecha: 2015-04-14 Archivo PDF: 49-058-LXII.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia electoral.

Rango de Clasificación: EXP. 058 LXII Legislatura Opinión Jurídica relativa a las atribuciones e impedimentos de las actividades que puedan realizar las senadoras y los senadores de la LXII Legislatura en este periodo de campaña.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Relativa a las atribuciones e impedimentos de las actividades que puedan realizar las senadoras y los senadores de la LXII Legislatura en este periodo de campaña.

Utilidad: Se sabrá de las atribuciones e impedimentos de las actividades que puedan realizar las Senadoras y los Senadores en el periodo de campaña electoral.

Aportación al Usuario: Como aportación se puede observar que en el Marco Jurídico se definen las actividades que pueden realizar las senadoras y senadores como representantes populares, vinculadas a su militancia partidista o derivadas de su cargo.

Constitucional.

El 13 de noviembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional por la cual, se establece la prohibición a los servidores públicos de aplicar recursos públicos en forma parcial para beneficiar a un partido político en especial en perjuicio de sus contendientes, faltando al principio de imparcialidad y con violación a la equidad en la contienda electoral entre partidos políticos.

Como aportación al usuario en la opinión jurídica se podrá identificar los diferentes supuestos que pudieran presentarse en casos que se cuestionen dependiendo de la acción continuada ininterrumpida, o de actos aislados, realizados por los servidores públicos del Poder Legislativo Federal.

No. de Expediente: 57 Legislatura: LX Fecha: 2006-11-28 Archivo PDF: 65-057-LX.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti. Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de la Reforma del Estado.

Rango de Clasificación: Expediente 057 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica referente a la Iniciativa de Ley para la Reforma del Estado, Presentada por el Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: eferente a la Iniciativa de Ley para la Reforma del Estado, presentada por el Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, del Grupo Parlamentario del PRI, el 14 de noviembre de 2006.

Utilidad: Se podrá apreciar en la Iniciativa como se abordan los temas siguientes:

Del Sistema Federal, la forma de renovación de los propios poderes, la forma de división del Supremo Poder de la Federación, así como el ámbito de atribuciones que le es propio a cada uno de ellos.

Aportación al Usuario: De la opinión jurídica el usuario podrá conocer las distintas observaciones de Técnica Legislativa que se proponen al Proyecto de Decreto.

No. de Expediente: 57 Legislatura: LXII Fecha: 2015-03-10 Archivo PDF: 60-057-LXII.pdf

Solicitante: Sen. Teófilo Torres Corzo. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico.

Apartado Temático y Materia / Derecho Internacional: En materia de Celebración de Tratados.

Rango de Clasificación: Expediente 057 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica relativo a los Instrumentos Internacionales siguientes:

1. Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la Ciudad de México, el 6 de febrero de 2014,
2. Convenio de Cooperación Educativa y cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Hachemita de Jordania, firmado en la Ciudad de México, el 6 de febrero de 2014.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto a los Instrumentos Internacionales siguientes:

• Convenio Marco de Cooperación Técnica entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania, firmado en la Ciudad de México, el 6 de febrero de 2014,
• Convenio de Cooperación Educativa y Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Hachemita de Jordania, firmado en la Ciudad de México, el 6 de febrero de 2014.

Utilidad: El usuario podrá analizar los fundamentos y procedimientos que se deben acatar en materia de aprobación de tratados internacionales, considerando su naturaleza, objetivos y alcances, conforme lo dispuesto en el marco normativo secundario aplicable, incorporando lo conducente de la doctrina jurídica, el Derecho Internacional y en general de nuestro marco jurídico interno.

Aportación al Usuario: Del Marco Constitucional se conocerá que:

La celebración de los tratados en nuestro país, es un proceso de carácter internacional que se prevé en nuestra legislación con la concurrencia de dos Poderes, el Ejecutivo y el Poder Legislativo, a través de la intervención del Senado de la República, tal como se dispone en los artículos 89 fracción X y 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De la opinión jurídica el usuario se dará cuenta que la participación del Senado es un requisito ‘sine que non’, (sin la cual no), no se alcanza la validez del instrumento internacional suscrito por el Presidente de la República y más aun teniendo efectos vinculatorios en el orden jurídico interior, como consecuencia de constituir en los niveles de jerarquía la supremacía normativa, tal como lo dispone el artículo 133 de la Carta Magna.

El podrá conocer que en el devenir histórico de las relaciones internacionales, cada vez es más conveniente y usual que los Estados suscriban instrumentos regidos por el Derecho Internacional en el que se reconocen mutuamente derechos y obligaciones, a los que México no es ajeno.

Dentro de las atribuciones del Senado de la República para efecto de llevar a cabo el proceso que conduzca en su caso a la aprobación respectiva, se analizan los siguientes aspectos:

1. Que el instrumento internacional se apegue cabalmente a los ordenamientos constitucionales, internacionales y de marco legal secundario que los rige.
2. Que el contenido de las obligaciones contraídas por nuestro país no afecte el principio de reciprocidad y equidad que deberán prevalecer entre las partes para alcanzar su materialización, a partir de que se establezcan beneficios y mecanismos de operación recíprocos, que propicien la prosperidad de las respectivas naciones.

En el Marco Jurídico Internacional:

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), reconoce la cooperación internacional como el mecanismo idóneo que permite lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura.

Se podrá observar que el objetivo de los instrumentos internacionales se apegan a la intención de lograr el desarrollo e impulso de la Cooperación entre México y Jordania, a través del diseño de programas y proyectos de cooperación en áreas que se identifican como prioritarias, con una efectiva incidencia en el progreso mutuo.

En lo relativo a los Convenios de Cooperación Educativa y Cultural la Consultoría Jurídica determina que constituyen el marco general y el sustento de las acciones de cooperación en éstos ámbitos, los cuales se caracterizan por importantes beneficios en los que destacan los siguientes:

• Se abren puertas para el dialogo y la cooperación en las relaciones políticas y económicas de México con países prioritarios;
• Se favorece la imagen positiva de México en el exterior;
• Es un medio para fortalecer la solidaridad y elevar el conocimiento mutuo entre los pueblos con miras a atraer turismo y fortalecer vínculos de cooperación, en otras áreas.
• En el Marco Jurídico Nacional:

En lo referente a la solución de controversias, el artículo 8 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados.

La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, permite al gobierno mexicano, dotarlo de instrumentos necesarios para la formulación y evaluación de programas de cooperación internacional para el desarrollo con gobiernos en otros países y organismos internaciones. Artículo 1.

Finalmente en términos de lo dispuesto por el artículo 76 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tras su aprobación, pasarían a formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión, en términos de lo que establece el artículo 133 Constitucional.

No. de Expediente: 56 Legislatura: LXII Fecha: 2015-02-05 Archivo PDF: 59-056-LXII.pdf

Solicitante: Mesa Directiva, mediante Acuerdo. Sen. Luis Sánchez Jiménez, Vicepresidente

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Política Exterior, y de Derechos del Niño.

Rango de Clasificación: Expediente 056 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica. Respecto a los cuestionamientos elaborados por el Comité sobre los derechos del Niño de la ONU.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto a la obligatoriedad de atender la comunicación de la Secretaría de Gobernación, con anexo de la Secretaría de Relaciones Exteriores por la que hacen llegar a cada una de las Cámaras del Congreso las preguntas que 'se han identificado que recaen en la competencia del Poder Legislativo' para responder a los cuestionamientos elaborados por el Comité sobre los derechos del niño de la ONU.

Utilidad: Se conocerá la contestación a la petición de la Secretaría de Gobernación, atendiendo a los principios que rigen la cooperación, colaboración y participación republicana entre Poderes que coadyuvan entre sí para salvaguardar los intereses superiores del Estado mexicano.

Tratándose de información que rendirá el Estado mexicano se presenta un estudio conjunto de investigación sobre las actividades que el Senado de la República en sus atribuciones bicamerales y como parte integrante del Congreso de la Unión en actos de coordinación para establecer los preceptos legales reformados.

Lo anterior, derivado de la solicitud realizada por el Comité de los Derechos del Niño el día 21 de octubre de 2014, en el que pide al Estado parte que presente por escrito información adicional y actualizada respecto de diversos derechos de las niñas, niños, y adolescentes, tales como: implementación del Sistema Nacional de Protección Integral, así como la participación en el mismo de la sociedad civil y de los niños, niñas y adolescentes, medidas para prohibir el castigo corporal en todos los ámbitos y en todos los estados, lo vinculado a la legislación en materia de justicia penal juvenil, entre otros.

Aportación al Usuario: El usuario podrá encontrar en el documento reflexiones respecto de la obligatoriedad de responder la comunicación de la Secretaría de Gobernación.

Del Marco Constitucional, el documento resalta de manera pertinente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se encarga de fundar la jurisdicción competente en materia de política exterior, artículo 76, fracción I.

Legislación Secundaria:

Se conocerá que la nueva Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, constituye un avance ya que ordena la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es un modelo institucional que facilitará la comunicación, coordinación y la toma de decisiones entre las principales autoridades federales, de las entidades federativas y de los municipios, el cual asegurará su inclusión de la sociedad civil y de los propios niños, niñas y adolescentes en la toma de decisiones.

No. de Expediente: 55 Legislatura: LXII Fecha: 2015-01-13 Archivo PDF: 58-055-LXII.pdf

Solicitante: Sen. Gabriela Cuevas Barrón. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de la Facultad que tiene el Congreso para Legislar para Expedir Leyes de Organización del Cuerpo Diplomático y del Cuerpo Consular Mexicano.

Rango de Clasificación: Expediente 055 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica sobre la el Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre el Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Aprobada en la Cámara de Diputados por el 18 de septiembre de 2014.

Utilidad: El usuario podrá conocer los preceptos constitucionales que fundamentan la competencia del Congreso General sobre la materia.

Aportación al Usuario: De la Argumentación Jurídica el usuario podrá conocer:

Que el Marco Constitucional establece en el artículo 1 el compromiso y comportamiento que debe mantener el Estado Mexicano respecto a los Derechos Humanos, basado en la obligación de promover y garantizar los mencionados derechos fundamentales, en los siguientes términos.

De la Legislación Secundaria aplicable:

Se observará que la Ley del servicio Exterior Mexicano, establece los lineamientos que definen la organización y facultades de la rama diplomático-consular.

Del criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se contemplan tesis aisladas que abordan los Derechos Humanos, la obligación de promoverlos en términos del artículo 1 párrafo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No. de Expediente: 54 Legislatura: LXII Fecha: 2015-01-13 Archivo PDF: 57-054-LXII.pdf

Solicitante: Sen. Gabriela Cuevas Barrón. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de reformas a la Ley de Planeación, Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley del Servicio Exterior Mexicano y Reglamento del Senado de la República, respecto a la Transparencia y Rendición de Cuentas de la Política Exterior.

Rango de Clasificación: Expediente 054 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y el Reglamento del Senado de la República, en materia de transparencia y rendición de cuentas de la política exterior.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre la la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley del Servicio Exterior Mexicano y el Reglamento del Senado de la República, en materia de transparencia y rendición de cuentas de la política exterior.

Utilidad: Se conocerá de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la planeación del desarrollo nacional representa el eje que articuló las políticas públicas que lleva a cabo el Ejecutivo Federal en ejercicio de sus facultades, asimismo se identificarán las obligaciones de los miembros del servicio exterior mexicano; de conformidad con la Ley del Servicio Exterior Mexicano; y por último el usuario podrá conocer atendiendo a lo establecido por el Reglamento del Senado de la República, el mecanismo y formalidad que deberá seguir el Senado de la República en la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal.

Aportación al Usuario: El usuario del ciberespacio tendrá a su alcance conceptos doctrinales y jurisprudenciales relativos a: la distinción de ley y reglamento, en materia de jerarquía de las normas, así como el proceso legislativo procedente para su creación y reforma.

Asimismo, se aportan los fundamentos Constitucionales e interpretación del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, en lo relativo al principio de máxima publicidad.

No. de Expediente: 53 Legislatura: LXII Fecha: 2015-01-08Archivo PDF: 56-053-LXII.pdf

Solicitante: Lic. Rubén Sánchez Martínez, Coordinador de Comunicación Social del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Laboral: En materia Laboral (régimen sancionatorio aplicable a los servidores públicos de la Federación, que deviene del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reconduce por vía de la legislación secundaria a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos).

Rango de Clasificación: Expediente 053 de la LXII Legislatura. Opinión jurídica, sobre la difusión publicitaria que realiza esta Coordinación de Comunicación en el marco del Proceso Electoral que se llevara a cabo durante 2015. Siendo interés de la Coordinación tener certeza que durante el periodo de precampañas, que va del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2015, no existe algún impedimento legal para realizar la difusión pagada de las actividades del senado en medios impresos e internet.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre la difusión publicitaria que realiza esta Coordinación de Comunicación en el marco del proceso electoral que se llevará a cabo durante 2015. Siendo interés de la Coordinación tener certeza que durante el periodo de precampañas, que va del 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2015, no existe algún impedimento legal para realizar la difusión pagada de las actividades del senado en medios impresos e internet.

Utilidad: El usuario podrá apreciar que los temas 'propaganda gubernamental' como la atribución que tiene el Senado de la República para dar la máxima difusión a las actividades parlamentarias y legislativas en medios impresos e internet, a fin de dar mayor transparencia a la información que se brinda a la sociedad de los actos políticos que se realizan y que son de interés público.

Y por otra parte, el hecho de que la actividad difundida mediante el pago correspondiente, se realice en los tiempos del proceso electoral del 2015, implica incursionar en la esfera jurídica que compete al derecho electoral conocer, dirimir y sancionar, en su caso, cuando se infrinjan las leyes de esa materia.

Aportación al Usuario: El usuario se podrá percatar que dentro de los criterios de la Consultoría Jurídica se establece:

Que ambas ramas del Derecho tienen plena autonomía entre sí; que la propaganda gubernamental está regulada por los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así mismo, se dará cuenta que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 251 numerales 2 y 3 norman los tiempos de campañas en las elecciones intermedias, es decir, como las que se están desarrollando en este año 2015.

Dentro de las argumentaciones expuestas se podrá apreciar que no existe disposición alguna que establezca explícitamente como derecho el de realizar difusión de la propaganda gubernamental pagada en medios escritos y por internet en periodos de precampaña, sin embargo, tampoco existe una disposición que lo prohíba, salvo el plazo en el que se realicen las campañas.

No. de Expediente: 46 Legislatura: LXII Fecha: 2014-10-15 Archivo PDF: 41-046_LXII.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de facultades exclusivas de la Cámara de Senadores.

Rango de Clasificación: EXP.046 LXII Legislatura. Opinión Jurídica relativa al alcance y contenido de la atribución contenida en la fracción V, del artículo 76 constitucional y en particular respecto de la petición presentada por diversos Senadores de la República, en el que se establece en el artículo Primero lo siguiente: 'Se somete al Pleno del Senado de la República la presente petición y se solicita se declaren desaparecidos los poderes, del Estado Libre y soberano de Guerrero'.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Relativa al alcance y contenido de la atribución contenida en la fracción V, del artículo 76 constitucional y en particular respecto de la petición presentada por diversos Senadores de la República, en el que se establece en el artículo Primero lo siguiente: 'Se somete al Pleno del Senado de la República la presente petición y se solicita se declaren desaparecidos los poderes, del Estado Libre y soberano de Guerrero'.

Utilidad: Se conocerán las formalidades y requisitos, bajo los cuales se ejerce la facultad exclusiva del Senado relativa a la declaración, que podrá emitir cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado.

Aportación al Usuario: El usuario podrá saber, de la reglamentación secundaria que regula la materia de merito, tal como la Ley Reglamentaria de la fracción V del Artículo 76 de la Constitución General de la República, así como el Reglamento del Senado de la República, mismos que permitirán generar en el usuario un conocimiento más amplio de las condiciones especificas que se deben cumplir en lo relativas a la declaración de desaparición de los poderes de un Estado.

No. de Expediente: 44 Legislatura: LXII Fecha: 2014-10-07 Archivo PDF: 77-044-LXII.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Electoral: En materia Parlamentaria y Electoral.

Rango de Clasificación: Expediente 044 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica respecto a la presentación de los informes de los Senadores y si estos se ajustan a las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto a la presentación de los informes de los Senadores y si estos se ajustan a las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

Utilidad: Se determinara si la presentación de los informes de labores de los Senadores de la República y las acciones vinculadas a la misma, se ajustan a las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral.

Aportación al Usuario: Se observará de algunas disposiciones constitucionales, lo siguiente:

Los servidores públicos en razón al cumplimiento de sus obligaciones para fines electorales.

Así como los diversos argumentos jurídicos que determinan que la propaganda de los servidores públicos tiene varios elementos que lo condicionan; uno que solo se puede utilizar con carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Los informes de las Senadoras y Senadores; en criterio de esta Consultoría se enmarcan en los fines informativos, ya que el propósito es acudir ante sus electores a dar cuenta de los trabajos realizados en materia legislativa y de gestión social; en este sentido, es de considerarse que los informes a que se refiere la consulta son constitucionalmente válidos; sin embargo, también se advierten las condiciones en que deberá celebrarse y que se sintetiza en que no podrán utilizar en dicha propaganda nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada, es decir, que se distorsione el objetivo fundamental de informar a los ciudadanos sobre las tareas realizadas para buscar alguna acción de proselitismo con el ánimo de capitalizarla en alguna pretensión de participar en un proceso electoral inmediato y fortalecer ante electorado las simpatías a fin de traducirlas en voto.

El usuario podrá apreciar del contenido de la opinión jurídica, que se establece que los informes de actividades constituyen una obligación de hacer; y por tanto no pueden incumplirla, por lo que se observará en los diversos argumentos vertidos en el documento que es una conducta constitucional, legal y reglamentariamente permitida.

Para arribar a la conclusión de la opinión jurídica se hace mención a la jurisprudencia 20/2008 emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal, en la que sostiene el siguiente criterio:
Jurisprudencia 20/2008.

Procedimiento Sancionador Ordinario. Requisitos para su Inicio y Emplazamiento Tratándose de Propaganda Política o Electoral que implique la Promoción de un Servidor Público.

No. de Expediente: 43 Legislatura: LXII Fecha: 2014-09-11 Archivo PDF: 99-043-LXII.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Electoral: En materia Político Electoral.

Rango de Clasificación: Expediente 043 LXII Legislatura. Opinión Jurídica en razón a la argumentación de las implicaciones fácticas y jurídicas que podrían derivar de la elección de los Magistrados Electorales, ante la falta de armonización constitucional y legal local en relación con la reforma constitucional en materia político-electoral y la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: En razón a la argumentación de las implicaciones fácticas y jurídicas que podrían derivar de la elección de los magistrados electorales, ante la falta de armonización constitucional y legal local en relación con la reforma constitucional en materia político-electoral y la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Utilidad: El usuario podrá identificar que la reforma constitucional en materia político electoral, faculta a la Cámara de Senadores para elegir a los magistrados que conformen las autoridades electorales jurisdiccionales en las entidades federativas.

Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, en el cual se destaca del documento que el Estado de Oaxaca no tiene elecciones en el año 2015.

Aportación al Usuario: Del documento el usuario podrá apreciar el análisis presentado por esta Consultoría, así como las conclusiones de lo expuesto en los capítulos de considerandos y de argumentación jurídica:

Primero.- Que no existe implicación alguna ni fáctica ni jurídica en la elección que realice el Senado de los magistrados electorales para el estado de Oaxaca, ante la falta de armonización constitucional y legal local con relación en la reforma constitucional en materia político electoral y la expedición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Segundo.- Que es constitucional y legalmente viable dar seguimiento en sus términos al procedimiento de elecciones de los magistrados de las autoridades electorales jurisdiccionales locales de las 18 entidades federativas a que se refiere la convocatoria expedida por la Junta de Coordinación Política, conforme al acuerdo de fecha 4 de julio de 2014.

Tercero.- Esta Consultoría Jurídica Legislativa sugiere que una vez votados por el Pleno del Senado y tomada la protesta de ley a los magistrados electos como autoridades Electorales Jurisdiccionales Locales, de las entidades federativas de: Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán; el Presidente de la Mesa Directiva decrete se envíen sendos oficios dirigidos a los CC. Presidentes de: Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Instituto Nacional Electoral; las Mesas Directivas de las Legislaturas Locales de las Entidades Federativas mencionadas, lo anterior para hacerlo de su conocimiento para el efecto que en derecho sea procedente, así mismo ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación, para los efectos de la notificación pública a todo interesado.

No. de Expediente: 164 Legislatura: LXII Fecha: 2014-07-23 Archivo PDF: 164-042-LXII.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Senador Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Y de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Internacional: Derecho Constitucional y de Derecho Internacional En materia de Colaboración y Erradicación de la Problemática Migratoria de los niños y las niñas.

Rango de Clasificación: EXP. 042 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica respecto del Proyecto de 'Convenio de Colaboración para Desarrollar e Impulsar Acciones Conjuntas que Permitan Coadyuvar a la Erradicación de la Problemática Migratoria de los Niños y Niñas que Viajan Solos'. Del Senado de la República, con la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de 'Convenio de Colaboración para desarrollar e impulsar acciones conjuntas que permitan coadyuvar a la erradicación de la problemática migratoria de los niños y niñas que viajan solos', a solicitud de la Senadora Ana Gabriela Guevara Espinoza, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, del Senado de la República, con la Asamblea Legislativa de El Salvador. Convenio que se pretende suscribir y en su oportunidad, poner a consideración de la Mesa Directiva de este Órgano Legislativo.

Utilidad: Se podrá conocer del contenido de las cláusulas del Convenio, mismo que tiene por objeto establecer las bases de colaboración y apoyo entre 'Las Partes' para desarrollar e impulsar acciones conjuntas que permitan coadyuvar a la erradicación de la problemática migratoria de los niños y niñas que viajan solos, así como promover la observancia, el estudio, la enseñanza y la divulgación de los Derechos Humanos desde la perspectiva migratoria.

Aportación al Usuario: Del análisis jurídico del Proyecto de Convenio de referencia, en opinión de esta Consultoría, éste no se contrapone con disposición constitucional o legal alguna.

Como aportación al usuario se presenta una versión modificada del Proyecto de convenio. En criterio de esta Consultoría Jurídica se sugieren algunas adecuaciones, que, a reserva de considerarlas pertinentes, eventualmente modifican el Proyecto de Convenio de mérito.

No. de Expediente: 161 Legislatura: LXII Fecha: 2014-06-10 Archivo PDF: 161-041-LXII.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Doctor Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Electoral: Derecho Constitucional y Derecho Electoral En materia de Proceso Electoral.

Rango de Clasificación: EXP.041 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica Relativa a los tiempos en que el Estado de Zacatecas debe realizar las adecuaciones de su marco jurídico en materia electoral, conforme a las reformas constitucionales y secundarias aprobadas por el Constituyente Permanente y el Congreso General.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Relativa a los tiempos en que el Estado de Zacatecas debe realizar las adecuaciones de su marco jurídico en materia electoral conforme las reformas constitucionales y secundarias aprobadas por el Constituyente Permanente y el Congreso General.

Utilidad: Se conocerá de la naturaleza jurídica para realizar las adecuaciones pertinentes al marco normativo del Estado de Zacatecas, a fin de que el mismo cuente con el tiempo razonable para el desarrollo de sus procesos electorales.

Aportación al Usuario: La Opinión Jurídica se centra en el análisis de ajustar las leyes secundarias en sus artículos transitorios, a efecto de establecer las fechas en las cuales los Congresos Locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, adecuen sus normas conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en sus leyes reglamentarias en materia electoral.

Atendiendo lo citado, es de resaltarse que el artículo 105, fracción II, inciso i), párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

'Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales'.

Aunado a lo anterior, se presentan las siguientes disposiciones, a efecto de señalar los plazos correspondientes en el proceso electoral, como a continuación se señala:

Ley General de Partidos Políticos: 'Artículo Tercero Transitorio. - El Congreso de la Unión y los Congresos Locales y la Asamblea del Distrito Federal deberán adecuar el marco jurídico electoral, a más tardar el 30 de junio de 2014'.

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales: 'Artículo Noveno Transitorio. - Por única ocasión los procesos electorales ordinarios federales y locales correspondientes a las elecciones respectivas que tendrán lugar el primer domingo de junio del año 2015, iniciarán en la primera semana del mes de octubre de 2014. Parar tal efecto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobará los ajustes necesarios a los plazos establecidos en la presente Ley'.

Ley General en Materia de Delitos Electorales: 'Artículo Cuarto Transitorio. - Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, procederán a hacer reformas pertinentes en las leyes específicas, con el fin de armonizarlas en lo conducente a la presente Ley, en un plazo no mayor a seis meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley'.

En tal sentido, es de resaltar que cada ley tiene su propia naturaleza jurídica, así como la materia que norma, sus objetos, sus sujetos regulados, sus alcances de vigencia y aplicación, y finalmente el órgano legislativo en competencia para reformar la ley.

Así mismo, es de referir que actualmente en el Estado de Zacatecas no hay partidos regionales o locales, por lo que es de destacarse que el artículo 42 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas, indica lo siguiente:

'Para constituir un partido político estatal, la organización interesada deberá notificar entre el 1° de enero y el 30 de junio del año siguiente al de la elección ordinaria más reciente, por escrito dirigido al Consejo General del Instituto, su intención de iniciar formalmente las actividades para obtener su registro como partido político estatal'.

Por lo tanto, el Estado de Zacatecas al no contar con un escenario político, se establecerá el calendario de su jornada local del año 2016 y dentro de esa atmosfera acatar lo que establece el ya mencionado artículo 105 constitucional.

No. de Expediente: 38 Legislatura: LXII Fecha: 2014-02-04 Archivo PDF: 10-038-LXII.pdf

Solicitante: Acuerdo de la Mesa Directiva Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo Vicepresidenta.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia político-electoral.

Rango de Clasificación: EXP. 038 de la LXII Legislatura. Acuerdo de la Mesa Directiva, de la Comunicación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por la que solicita la aclaración del contenido del artículo Cuarto Transitorio del decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre la Comunicación del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, por la que solicita la aclaración del contenido del artículo Cuarto Transitorio del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral.

Utilidad: Se conocerá que tanto en San Luis Potosí como en las 16 entidades y a la que se sumó Oaxaca con un proceso de renovación de municipios por el método de usos y costumbres con presencia étnica de sus habitantes; tanto órganos electorales como de partidos políticos con sus candidatos, candidato interino, ciudadanos, electores, medios de comunicación social, académicos y estudiosos, población en general al incurrir en dudas de interpretación tengan acceso a un criterio de la Consultoría Jurídica del Senado, sin efectos vinculatorios, pero con argumentaciones jurídicas para precisar los alcances del mencionado artículo transitorio Constitucional, que en materia de Reforma Electoral pudiera causar interpretaciones confusas o, duditativas. La utilidad desde el punto de vista académico es que la reforma puede o no llegar a consumarse como Ley vigente.

Desde el punto de vista de precedente todas las iniciativas que incurran en estas causales lo más probable es que pudieran tener el mismo destino.

Aportación al Usuario: Se establece un criterio sin efectos vinculantes, sobre la Reforma Político Electoral que creó confusión en alguno de los actores de los procesos electorales, concretamente en los Órganos Electorales de San Luis Potosí, que es además uno de los 17 estados que tienen procesos concurrentes Federales y locales en el 2015.

La Confusión consiste en que se es procedente la suspensión de los procesos locales de 2015, en virtud de la concurrencia con los Procesos Electorales Federales para elegir Diputados a la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión.

No. de Expediente: 37 Legislatura: LXII Fecha: 2013-11-26 Archivo PDF: 09-037-LXII.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva.

Apartado Temático y Materia / Convenio: En materia de igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.

Rango de Clasificación: Expediente 037 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica. Respecto a la validación jurídica del Convenio General de cooperación que propone el Instituto Nacional de las Mujeres, conjuntamente con el Senado de la República con el objeto de que desarrollen y realicen, en el ámbito de sus respectivas competencias, actividades tendientes a promover y dar seguimiento a la incorporación de perspectiva de género para la igualdad en el trabajo del Poder Legislativo Federal, así como en las políticas públicas y en los programas del Ejecutivo Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Validación jurídica, del Convenio General de Cooperación que propone el Instituto Nacional de las Mujeres, conjuntamente con el Senado de la República, con el objeto de que desarrollen y realicen, en el ámbito de sus respectivas competencias, actividades tendientes a promover y dar seguimiento a la incorporación de perspectiva de género para la igualdad en el trabajo del Poder Legislativo Federal, así como en las políticas públicas y en los programas del Ejecutivo Federal.

Utilidad: Se conocerá la Igualdad de conformidades entre mujeres y hombres, así como la eliminación de todo tipo de violencia hacia las mujeres, lo cual busca toda democracia con igualdad social y de género.

Aportación al Usuario: Podrán conocer sobre el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres suscrito por los representantes de los tres poderes de la Unión de fecha 8 de marzo de 2007.

Del Marco Jurídico el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres que establece la creación de INMUJERES como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

El Objetivo general de INMUJERES mismo que está enfocado a promover y fomentar condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres; así como el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación igualitaria en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de transversalidad, federalismo y fortalecimiento de los vínculos con los poderes Legislativo y Judicial, en su ámbitos Federal y Estatal, tal y como se establece en su artículo 4° la Ley del mismo organismo.

No. de Expediente: 36 Legislatura: LXII Fecha: 2013-12-17 Archivo PDF: 48-036-LXII.pdf

Solicitante: Sen. Gabriela Cuevas Barrón.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia emigración y migración así como de protección, apoyo y asistencia a los mexicanos en el extranjero por parte de las oficinas Consulares.

Rango de Clasificación: EXP. 036 LXII Legislatura. Estudio sobre la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Atención y Protección de las y los Mexicanos en el Exterior.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Estudio y Opinión Jurídica: Sobre la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Atención y Protección de las y los Mexicanos en el Exterior, presentada el 04 de abril de 2013 por el Sen. Rabindranath Salazar Solorio.

Utilidad: Se apreciará que la iniciativa tiene por objeto crear un marco normativo que establezca los criterios generales que regirán las políticas de protección, apoyo y asistencia a los mexicanos en el extranjero por parte de las Oficinas Consulares.

Aportación al Usuario: Como aportación al usuario se podrá constatar en el contenido de la opinión jurídica las principales propuestas de la iniciativa.

Asimismo, a través de un estudio comparativo se conocerá si existen en el marco jurídico vigente, normas relativas a la protección de los mexicanos en el exterior.

Del Cuadro Comparativo se podrá observar, algunos artículos de la presente iniciativa ya contemplados en diversos ordenamientos jurídicos, y en los cuales el usuario podrá apreciar que el orden jurídico nacional, es un conjunto de disposiciones legales que se articulan entre sí, es decir, se complementan. Por lo que resulta innecesario repetir en cada ordenamiento lo referente a una misma materia.

Lo cual estaría dando lugar a incurrir en la figura definida como impropia por el derecho parlamentario, conocida como sobre-regulación o redundancia legislativa, tal como lo refiere el autor Luis Raigosa Sotelo1, al señalar que el legislador no debe reproducir normas que ya están vigentes, pues tal situación implica que cuando hay reiteración o redundancia con normas idénticas, no existe nueva aportación al derecho positivo vigente y si son divergentes, pueden ir desde la dudosa interpretación hasta la antinomia.

1 Raigosa Sotelo, Luis ¿Cómo hacer una Iniciativa de Ley?, coedición del Instituto Tecnológico Autónomo de México y el senado de la República LX Legislatura, México 2008, p.p. 214.

No. de Expediente: 32 Legislatura: LXII Fecha: 2013-10-28 Archivo PDF: 19-032_LXII.pdf

Solicitante: Sen. Raúl Cervantes Andrade, Presidente de la Mesa Directiva.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Justicia Penal.

Rango de Clasificación: EXP. 032 LXII Legislatura. Opinión jurídica conjunta que emite el Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos Lic. Enrique A. de Icaza Pro; y el Consultor Jurídico Legislativo. Sobre el Acuerdo Nacional de Coordinación y Cooperación Legislativa que celebran las Cámaras de Diputados y Senadores de la H. Congreso de la Unión, los congresos de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Confederación de Diputados de la República, A.C.., el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, con el objeto de coadyuvar en la adecuación y armonización del marco normativo necesario para la implementación del Sistema de Justicia Penal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Acuerdo Nacional de Cooperación que celebran las Cámaras del Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa de Distrito Federal, entre otros:

Opinión jurídica conjunta que emite el Director General de Asuntos Jurídicos Administrativos Lic. Enrique A. de Icaza Pro; y el Consultor Jurídico Legislativo.

Sobre el Acuerdo Nacional de Coordinación y Cooperación Legislativa que celebran las Cámaras de Diputados y Senadores de la H. Congreso de la Unión, los congresos de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Confederación de Diputados de la República, A.C.., el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, con el objeto de coadyuvar en la adecuación y armonización del marco normativo necesario para la implementación del Sistema de Justicia Penal.

Utilidad: Mediante el Acuerdo se conocerán los diversos compromisos que celebran las Instituciones con el fin de implementar en toda la República el Sistema de Justicia Penal en los términos y plazos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer algunos de los antecedentes que se incorporaron como modificaciones al Acuerdo:

1. Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, publicación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto a los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, fracciones XXI y XXIII, 115 fracción VII y 123 Apartado B fracción XIII, relativo al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, y en el Transitorio Segundo se estableció que este Sistema tiene como fecha límite para entrar en vigor el 19 de junio de 2016.
2. Diario Oficial de la Federación del 8 de octubre de 2013, publicación del Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que faculta al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

No. de Expediente: 24 Legislatura: LXII Fecha: 2013-09-18 Archivo PDF: 08-024-LXII.pdf

Solicitante: Solicitud de la Mesa Directiva, mediante Acuerdo. Sen. Raúl Cervantes Andrade Presidente.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de competitividad y asignación de turnos de las Comisiones referidas a Relaciones Exteriores.

Rango de Clasificación: Expediente 024 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica, en torno a la competencia específica de las Comisiones Ordinarias de Relaciones Exteriores.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: En torno a la competencia específica de las siguientes Comisiones Ordinarias:

1. Comisión de Relaciones Exteriores;
2. Comisión de Relaciones Exteriores África;
3. Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte;
4. Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el Caribe;
5. Comisión de Relaciones Exteriores Asía – Pacífico;
6. Comisión de Relaciones Exteriores Europa;
7. Comisión de Relaciones Exteriores Organismos Internacionales;
8. Comisión de Relaciones Exteriores Organismos no Gubernamentales.

En torno a los criterios para la asignación de turnos a las comisiones referidas, considerando lo dispuesto en los artículos 117, 174 a 181 y 232 a 249 del Reglamento del Senado de la República.

Utilidad: Orientar el turno de las Comisiones respecto a la competencia de la materia aplicable.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer sobre la competencia de las Comisiones, así como de la asignación de iniciativas o proyectos conforme a la materia que corresponda.

La aplicación del turno a las Comisiones de Relaciones Exteriores, conforme el artículo 76 fracciones I, II, y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que el Senado de la República tiene facultades exclusivas en materia de política exterior, que se refieren a los siguientes aspectos:

a) Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso,

b) Aprobación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

c) Ratificación de los embajadores y cónsules generales, en los términos que disponga la ley, y

d) Autorizar al Ejecutivo Federal para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas mexicanas.

No. de Expediente: 23 Legislatura: LXII Fecha: 2013-09-11 Archivo PDF: 18-023_LXII.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Parlamentario: En materia Reglamentaria del Senado de la República.

Rango de Clasificación: EXP. 023 LXII Legislatura. Opinión jurídica. Sobre el documento denominado 'Denuncia Administrativa ante la Mesa Directiva del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo', presentada por el Sen. Manuel Bartlett Díaz, que refiere a la averiguación en contra de los Presidentes de las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, sobre posibles violaciones en los trabajos que cómo Comisiones Unidas llevaron a cabo en el estudio, debate y votación, del dictamen emitido sobre la Ley general del Servicio Profesional Docente, en el que acusa de haberse cometido ocho presuntas irregularidades al Reglamento del Senado (artículos 37, fracción IV, 113, 130, 139, 140, 149, 183 y 184); así como a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (artículo 8 fracciones I y XXIV), por lo que pide se les sancione y se invalide la Ley aprobada por considerarla inconstitucional.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre el documento denominado 'Denuncia Administrativa ante la Mesa Directiva del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo', presentada por el Sen. Manuel Bartlett Díaz, que refiere a la averiguación en contra de los Presidentes de las Comisiones de Educación y de Estudios Legislativos, sobre posibles violaciones en los trabajos que cómo Comisiones Unidas llevaron a cabo en el estudio, debate y votación, del dictamen emitido sobre la Ley general del Servicio Profesional Docente, en el que acusa de haberse cometido ocho presuntas irregularidades al Reglamento del Senado (artículos 37, fracción IV, 113, 130, 139, 140, 149, 183 y 184); así como a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (artículo 8 fracciones I y XXIV), por lo que pide se les sancione y se invalide la Ley aprobada por considerarla inconstitucional.

Utilidad: Determinar si hubo violaciones en los trabajos que como Comisiones llevaron a cabo en el estudio para la elaboración del dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Aportación al Usuario: El usuario conocerá un estudio de fondo, a través de los ordenamientos jurídicos que se presentan en el documento denominado 'denuncia'. Así mismo, podrá hacer una debida interpretación de los preceptos legales que se invocan, tener en claro cuál es la materia que norma la ley.

Se aportan al usuario criterios de la Suprema Corte, sobre violaciones de carácter formal en el Proceso Legislativo, mismos que son irrelevantes si no trascienden de manera fundamental a la norma.

Criterios de la Corte:

Tesis del Pleno identificada como, P/J94/2001. Las Comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario.

No. de Expediente: 22 Legislatura: LXII Fecha: 2013-08-19 Archivo PDF: 39-022-LXII.pdf

Solicitante: Sen. Ninfa Salinas Sada, Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Ambiental:En materia de restauración del ecosistema marino.

Rango de Clasificación: EXP. 022 LXII Legislatura. Análisis sobre la coherencia y uniformidad con los principios constitucionales de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo IV, que se denominará 'Establecimiento y Manejo de las Concesiones Marinas para la Restauración', al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Análisis Jurídico: Sobre la coherencia y uniformidad con los principios constitucionales de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Capítulo IV, que se denominará 'Establecimiento y Manejo de las Concesiones Marinas para la Restauración', al título segundo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Utilidad: Impulsar figuras jurídicas con una visión eco sistemática, que incentive la corresponsabilidad de las comunidades costeras en actividades para la restauración y protección de ecosistemas marinos.

Aportación al Usuario: El usuario podrá saber que el medio marino desde un enfoque eco sistemático cuenta con una interrelación entre las especies y su hábitat. Por lo que las especies marinas juegan un papel dentro de la biodiversidad marina en la provisión de bienes y servicios ambientales.

En tal sentido, se destaca que la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) se encarga de la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección del ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

No. de Expediente: 153 Legislatura: LXIII Fecha: 2016-09-27 Archivo PDF: 153-021-LXII.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Senador Pablo Escudero Madero, Presidente de la Mesa Directiva.

Apartado Temático y Materia / Derecho Parlamentario: En materia de Licencia Temporal, y de Solicitud para Declarar la Vacancia del Cargo de Senador por Ausencia del Propietario y del Suplente de Primera Minoría en el Estado México.

Rango de Clasificación: EXP. 021 de la LXIII Legislatura. Opinión jurídica conjunta con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado de la República, respecto a las comunicaciones suscritas por el senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y el ciudadano Emilio Ulloa Pérez, para analizar la procedencia o improcedencia de la solicitud para declarar la vacancia del cargo a senador por ausencia del propietario y del suplente de primera minoría en el estado de México, como consecuencia de una licencia temporal, a partir de los fundamentos legales invocados en los documentos referenciados.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica Conjunta con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, y la Consultoría Jurídica Legislativa del Senado de la República: Respecto a las comunicaciones suscritas por el senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez y el ciudadano Emilio Ulloa Pérez, para analizar la procedencia o improcedencia de la solicitud para declarar la vacancia del cargo a senador por ausencia del propietario y del suplente de primera minoría en el estado de México, como consecuencia de una licencia temporal, a partir de los fundamentos legales invocados en los documentos referenciados.

Utilidad: Se analizará la procedencia o improcedencia de la solicitud para declarar la vacancia del cargo de senador por ausencia del propietario y del suplente de primera minoría en el Estado de México, como consecuencia de una licencia temporal, a partir de los fundamentos legales invocados en los documentos.

Aportación al Usuario: Artículo 8

1. Son derechos de los senadores:

XIII. Solicitar y, en su caso, obtener licencia cuando así lo requiera, para separarse temporalmente del ejercicio de su cargo; y

Como puede observarse del dispositivo reglamentario transcrito es un derecho de los senadores a solicitar y obtener licencia, a fin de separarse temporalmente de su cargo.

La doctrina define a la licencia parlamentaria de la siguiente manera: Permiso o autorización que se otorga a un legislador para separarse temporalmente de su cargo sin que esto implique una renuncia. Los reglamentos del Senado y de la Cámara de Diputados enumeran las causas previstas para solicitar licencia y el procedimiento para obtenerla. La petición requiere ser aprobada por el Pleno de la Cámara respectiva con el voto de la mayoría simple de los legisladores presentes. Ante la ausencia del legislador propietario se llama al suplente. En el caso de los diputados, la norma prevé que no se conocerá licencia a más de la cuarta parte de los integrantes de la Cámara .

El artículo 11 del Senado de la República, señala:

Artículo 11

1. La licencia es la anuencia que otorga el Senado, o en su caso la Comisión Permanente, a la decisión de los senadores de separarse temporalmente del ejercicio de su cargo.

Como puede observarse en este artículo, igualmente se hace alusión a la temporalidad, lo que sin duda robustece la línea de que el cargo de senador de primera minoría por el Estado de México no se encuentra vacante.

El artículo 13 del mismo ordenamiento, reitera las hipótesis de procedencia para la solicitud y obtención de licencia por el Pleno, a saber:

Artículo 13

1. Los senadores y las senadoras tienen derecho a solicitar y, en su caso, obtener licencia del Pleno por las siguientes causas:

I. Enfermedad que los incapacita temporalmente para el desempeño de la función;

II. Hasta por tres meses por estado de gravidez o de post-parto;

III. Desempeñar empleo, cargo o comisión de carácter público por el que se perciba remuneración;

IV. Postularse a otro cargo de elección popular cuando la licencia sea condición establecida en las disposiciones electorales correspondientes o en la normativa interna del partido político de que se trate; y

V. Otras diversas a las señaladas en las fracciones anteriores.

2. Conforme a las solicitudes presentadas, el Pleno decide el otorgamiento de las licencias tomando en consideración la debida integración del Senado.

El artículo 14 del Reglamento del Senado de la República, señala que el Presidente de la Mesa Directiva debe llamar al suplente para que asuma el ejercicio del cargo de senador.

Artículo 14

1. Aprobada la licencia, el Presidente de la Mesa llama al suplente para que asuma el ejercicio del cargo de senador. Una vez que rinde la protesta constitucional, entra en funciones hasta en tanto el propietario se encuentre en posibilidad de reasumir el cargo.

2. Para reincorporarse al ejercicio de las actividades legislativas, el senador con licencia lo informa por escrito al Presidente de la Mesa, quien toma la nota correspondiente, notifica al suplente para que cese en el ejercicio del cargo en la fecha que se indique y lo hace del conocimiento del Pleno, para los efectos legales conducentes.

En este artículo, alude el solicitante, '…que se encuentra vacante la curul de senador…' (sic), lo que consiste en el punto medular de su solicitud, para lo que conviene tener presente lo siguiente:

1. El C. Crisóstomo Reyes Manuel, fue registrado como suplente de la Fórmula del Estado de México por el principio de primera minoría encabezada por el Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez;
2. El C. Crisóstomo Reyes Manuel, falleció el 3 de abril de 2015.
3. El Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, solicitó una licencia temporal.
4. De conformidad con el artículo 17 del Reglamento del Senado de la República, la vacante a la que alude el C. Emilio Ulloa Pérez, derivada de la licencia del Senador Encinas y el fallecimiento para la declaratoria de la vacante de referencia como sigue:

Artículo 17

1. La vacante de senador a que se refiere el artículo anterior, se origina por las siguientes causas:

I. Haber sido sancionado con la pérdida del cargo en términos de lo dispuesto por el artículo 62 constitucional;

II. Entenderse que no acepta el cargo al no haber concurrido al desempeño de su función, en los términos que dispone el primer párrafo del artículo 63 constitucional;

III. Muerte o por enfermedad que provoca una incapacidad total permanente;

IV. Haber optado por otro cargo de elección popular, en los términos del artículo 125 constitucional;

V. Resolución firme que lo destituya del cargo, en términos del artículo 110 constitucional; y

VI. Cualquier otra situación jurídica que implique la pérdida del cargo.

De la lectura de los fundamentos reglamentarios, se reitera que no ha lugar a declarar la vacancia en virtud de que esta se da cuando hay ausencia del propietario y del suplente de manera definitiva y para el caso que nos ocupa como ya fue señalado la licencia que solicitó el Senador Alejandro Encinas Rodríguez es de carácter temporal.

Conclusiones.

1. El artículo 17 transcrito señala una serie de causales por las cuales se puede declarar la vacante y en este caso en particular ninguna de estas se actualiza. Por lo que resulta improcedente obsequiarle al peticionario su solicitud.
2. EL ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS EN RELACIÓN CON LA ASISTENCIA DE SENADORES QUE SE DESEMPEÑARAN COMO DIPUTADOS CONSTITUYENTES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, dispone que no hay impedimento para que los senadores que fueron nombrados Diputados Constituyentes, ejerzan simultáneamente los dos cargos, con base en lo que dispone el artículo Séptimo Transitorio del Decreto de Reforma Política de la Ciudad de México.
3. La licencia que fue solicita por el Senador Alejandro Encinas Rodríguez es de carácter temporal, en lo que se desempeña como diputado constituyente, cargo que culmina el 31 de enero de 2017.

En caso de declarar la vacante de la senaduría correspondiente a la primera minoría del Estado de México, se afectaría el derecho adquirido del Senador Alejandro Encinas Rodríguez, ya que al sustituirse en su totalidad la primera fórmula, misma que resultó electa, se estaría dejando prácticamente imposibilitada su reincorporación para continuar con el cargo de Senador que ha venido desempeñando. Berlín Valenzuela, Francisco, Diccionario de Términos Parlamentarios, 1197.

Pedroza de la Llave, Susana Thalía, El Control del Gobierno: función del Poder Legislativo, 1996/El Congreso de la Unión, Instituto d investigaciones Jurídicas- UNAM, 1997 Serna de la Garza, José María, Derecho Parlamentario, Mc, Graw Hill, 1997 Arts. 62 y 63 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, del 11 al 14 y el 17 Reglamento del Senado.

No. de Expediente: 18 Legislatura: LXII Fecha: 2013-05-31 Archivo PDF: 98-018-LXII.pdf

Solicitante: Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Penal: En materia de Atención a Víctimas.

Rango de Clasificación: Expediente 018 LXII Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la iniciativa con proyecto de derecho por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Víctimas. (En sentido negativo).

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Derecho por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Víctimas.

Utilidad: Se podrá apreciar de los documentos que la iniciativa la suscriben diversos ciudadanos, en razón a las reformas aprobadas con fecha 9 de agosto de 2012, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de reforma constitucional, por virtud del cual, se otorga a la ciudadanía el derecho de iniciar leyes ante el Congreso General.

Aportación al Usuario: Como aportación al usuario se establece en la opinión jurídica lo siguiente:

Primero.- La propuesta de iniciativa que proponen diversos ciudadanos, es improcedente por no cumplir el requisito cuantitativo del mínimo de ciento seis mil trescientos sesenta ciudadanos que la suscriban.

Segundo.- En el supuesto que alguna Senadora y/o Senador llegase a hacer suyo el contenido de la propuesta, ya sea en forma íntegra o en parte de ella y en consecuencia la promoviera con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendría viabilidad de transitar por el procedimiento ordinario legislativo.

No. de Expediente: 17 Legislatura: LXII Fecha: 2013-06-20 Archivo PDF: 07-017-LXII.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Electoral: En materia legal, reglamentaria y estatutaria del Partido Político.

Rango de Clasificación: Expediente 017 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica, para conocer si las modificaciones al estatuto del Grupo Parlamentario del PAN se realizaron conforme al proceso que establecen las disposiciones legales, reglamentarias, y demás aspectos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Para conocer lo siguiente:

1. Si las modificaciones al estatuto del Grupo Parlamentario del PAN se realizaron conforme al proceso que establecen las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias aplicables.
2. La participación que le corresponde a la Mesa Directiva en este asunto, a partir de la notificación que le extienden los Senadores del Grupo Parlamentario del PAN.
3. La participación que le corresponde al Presidente de la Mesa Directiva en este asunto, en ejercicio de sus atribuciones, respecto a la notificación que le hacen los Senadores del Grupo Parlamentario del PAN.
4. La participación que corresponde al Secretario General de Servicios Parlamentarios en este asunto, en ejercicio de sus atribuciones, respecto a la notificación que le hacen los Senadores del GrupoParlamentario del PAN.

El trámite que debe asignarse a los documentos contenidos en la notificación del 20 de junio de 2013, que hacen los Senadores del Grupo Parlamentario del PAN.

Utilidad: Conocer las modificaciones al Estatuto del Grupo Parlamentario del PAN, así como la participación que le corresponde a la Mesa Directiva, al Presidente de la Mesa Directiva y al Secretario General de Servicios Parlamentarios sobre este asunto; y de si estas se realizaron conforme las disposiciones legales reglamentarias y estatutarias aplicables.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer los requisitos esenciales que deben contener los Estatutos de los Grupos Parlamentarios para su integración, tal y como lo establece el artículo 31 del Reglamento del Senado de la República, fracción X que establece 'El procedimiento para la reforma estatutaria'.

No. de Expediente: 16 Legislatura: LXII Fecha: 2013-03-07 Archivo PDF: 97-016-LXII.pdf

Solicitante: Sen. Graciela Ortiz González, Presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Agrario: En materia de Derecho Agrario.

Rango de Clasificación: Expediente 016 LXII Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adicionan diversas disposiciones de la Ley Agraria.

Utilidad: La iniciativa propone que mediante los mecanismos de coordinación con los Estados y municipios del país, que se plantean para el Registro Agrario Nacional, éste cuente con los elementos para ampliar los alcances del catastro ya que la integración y actualización de la información de la propiedad ejidal y comunal en uno sólo, cumple varios objetivos; la certeza jurídica en los derechos de propiedad y el fortalecimiento de la cultura documental y registral en el campo; contribuye a evitar el acaparamiento de tierras ejidales y de propiedad privada, así como eliminar factores de incertidumbre.

Aportación al Usuario: De los argumentos vertidos en la opinión jurídica el usuario podrá analizar:

Primero.- El fundamento constitucional para legislar en la materia que nos ocupa, por otro lado es de precisar que el artículo 26 inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que se establece que el Estado contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica cuyos datos serán considerados como oficiales.

Para la federación, Estados, Distrito Federal y municipios los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley.

Segundo.- El proyecto que se propone ya cumple su objetivo, con apego a lo señalado en la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica; por lo que, hace a integrar la información del catastral de Estados y municipios en el Registro Agrario Nacional, derivado del análisis vertido, se considera que en el artículo 149, el Registro ya está facultado para coordinarse estrechamente con las autoridades de las entidades federativas y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, a fin de dar cumplimiento con lo que establece la fracción VII del artículo 27. Es así que al establecer la coordinación entre el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y la información que se encuentra dentro del Subsistema Nacional de Información Geográfica y Medio Ambiente, respecto de los datos catastrales Estatales y municipales y la facultad del Registro Nacional Agrario para apoyarse de esta información, se da por satisfecho el objeto del presente decreto.

Tercero.- Del criterio de la Consultoría Jurídica se considera que la iniciativa se encuentra superada, y se estaría presentando una figura de sobre regulación, normando una situación que ya se encuentra regulada y por otro lado una duplicidad de funciones, al dar la misma facultad al INEGI y al Registro Nacional Agrario.

No. de Expediente: 15 Legislatura: LXII Fecha: 2013-05-15 Archivo PDF: 17-015-LXII.pdf

Solicitante: Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva.

Apartado Temático y Materia / Derecho Internacional: En materia de Cooperación entre el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Concejo de Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

Rango de Clasificación: EXP. 015 LXII Legislatura. Acuerdo de Cooperación. El Presidente de la Mesa Directiva solicita revisión, análisis y en su caso, comentarios sobre el Acuerdo de Cooperación que suscriben la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Concejo de Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Acuerdo de Cooperación: El Presidente de la Mesa Directiva solicita revisión, análisis y en su caso, comentarios sobre el Acuerdo de Cooperación que suscriben la Cámara de Senadores del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Concejo de Federación de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia.

Utilidad: Conocer los tipos de documentos internacionales.

Aportación al Usuario: El usuario conocerá que históricamente basándose en relaciones de amistad los diferentes documentos firmados, en los cuales se reconoce la importancia del fortalecimiento y la ampliación de la Cooperación Interparlamentaria, para desarrollar las relaciones de cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y la Federación de Rusia.

No. de Expediente: 14 Legislatura: LXII Fecha: 2013-04-17Archivo PDF: 06-014-LXII.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios.

Rango de Clasificación: Expediente 014 de la LXII Legislatura. Opinión jurídica, sobre la facultad del Senado para iniciar la discusión de proyectos de reforma Constitucional en materia de disciplina financiera de los estados y municipios. En el sentido de si sería válida legalmente la eventualidad de que la Mesa Directiva de la Colegisladora se rehusé a dar entrada al proyecto de referencia por considerar que su discusión debió iniciar en aquélla Cámara, por la materia con la que está relacionada.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre la facultad del Senado para iniciar la discusión de proyectos de reforma Constitucional en materia de disciplina financiera de los estados y municipios. En el sentido de si sería válida legalmente la eventualidad de que la Mesa Directiva de la Colegisladora se rehusé a dar entrada al proyecto de referencia por considerar que su discusión debió iniciar en aquélla Cámara, por la materia con la que está relacionada.

Utilidad: Se determinará si es válida legalmente la eventualidad de que la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados se rehúse a dar entrada al proyecto, por considerar que la discusión debió iniciar en el Senado, por la materia con la que está relacionada.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer que en nuestro Sistema Jurídico Mexicano, no está previsto vía o procedimiento alguno, dirimir judicialmente los diferendos entre las Cámaras que conforman el Poder Legislativo Federal, y en especial promovidos por alguna de las Cámaras que lo integran, Grupos Parlamentarios o Legislador alguno.

Se reconocerá que la Iniciativa de la Reforma Constitucional no versa exclusivamente sobre temas de 'empréstitos', ya que está toca otros temas que no están estrechamente vinculados con estos, como lo son en materia de responsabilidad hacendaria y endeudamiento público y otros conceptos, teniendo presente que no todo endeudamiento público necesariamente emana de un empréstito, siendo posible separar la materia respectiva en la que la Colegisladora se asume competente como Cámara de Origen sin agraviar los derechos de cada una en sus esferas de atribuciones y sus respectivos órganos de dirección.

No. de Expediente: 166 Legislatura: LXII Fecha: 2013-03-15 Archivo PDF: 166-012 LXII.pdf

Solicitante: Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Administración Pública Federal; Asentamientos Humanos; y de Desarrollo Metropolitano.

Rango de Clasificación: EXP. 012 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica respecto a los documentos siguientes:

• Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma, Adiciona y Deroga la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenación Territorial.
• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos.
• Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Desarrollo Metropolitano.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opiniones Jurídicas: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma, Adiciona y Deroga la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenación Territorial.

Respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos. Del Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Desarrollo Metropolitanos.

Utilidad: Se observará de los diversos instrumentos, los aspectos siguientes:

• Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenación Territorial; que existen dos iniciativas y en revisión de cada uno de los proyectos el contenido es el mismo en coincidencias de fondo, casi en su totalidad, aunque algunos casos con diferentes numerales.

En razón de sus respectivas causas y efectos y alcances se plantea por una parte los Conceptos Generales que se refieren a los tiempos de los instrumentos, con sus correspondientes impactos jurídicos, en la secuela procesal legislativa, las reformas con sus consecuencias de reserva de jerarquía y fundamentación jurídica, tanto el Proyecto de Decreto como de ambas iniciativas, el objeto de estudio, así como la compatibilidad en la materia que se propone regular en la nueva estructura de la Administración Pública Federal; por otra parte, el desarrollo de los conceptos particulares, que dan contestación a las interrogantes planteadas en la solicitud.

Aportación al Usuario: La aportación del documento de opinión destaca:

Antecedentes

Estudio histórico-jurídico, de los documentos que intervienen, con la finalidad de justificar las interrogantes planteadas.

Conceptos Generales

Se ofrece al usuario un estudio exhaustivo a partir de todos los instrumentos involucrados, su concatenación de forma y de fondo, que da consistencia a la conformación de un sistema jurídico operativo funcional.

Conclusiones

En lo correspondiente a la vigencia legislativa del Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desarrollo Metropolitano, recibida en el Senado con fecha 28 de abril de 2011; así como la iniciativa por la que se reforma, adiciona y deroga la Ley General de Asentamientos Humanos y Ordenación Territorial; en criterio de esta Consultoría Jurídica Legislativa resultan viables los escenarios siguientes:

• En el caso de que el Presidente de la República, en el ejercicio de su derecho previsto en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa en materia de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en concordancia con las atribuciones establecidas en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, facultad incorporada al derecho positivo vigente, dejará tanto a la Minuta como a la Iniciativa, objeto de este estudio, sin materia.
• Las Comisiones que tienen en su competencia tanto la Minuta como la Iniciativa, pueden dictaminar en sentido negativo, de así considerarlo, con base en lo señalado en el capítulo de argumentación jurídica de este escrito.

No. de Expediente: 13 Legislatura: LXII Fecha: 2013-04-05 Archivo PDF: 05-013-LXII.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia Reglamentaria del Senado de la República.

Rango de Clasificación: Expediente 013 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica: Sobre el alcance del párrafo 1 del artículo 178 del Reglamento del Senado. Ante la eventualidad de que un proyecto legislativo se turne a más de tres comisiones.

Asunto 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre el alcance del párrafo Primero del artículo 178 del Reglamento del Senado.

Ante la eventualidad de que un proyecto legislativo se turne a más de tres comisiones.

Utilidad: Se conocerán las disposiciones jurídicas ante el supuesto de que un proyecto legislativo se turne a más de tres comisiones.

Aportación al Usuario: El usuario podrá determinar una debida y justa interpretación de los alcances del artículo 178 del Reglamento del Senado, en el supuesto de que 'un proyecto legislativo que se turne a más de tres comisiones, pudiera ser motivo de una impugnación y eventual anulación por parte de la instancia judicial, bajo la figura de fallas en el procedimiento legislativo'.

No. de Expediente: 11 Legislatura: LXII Fecha: 2013-03-13 Archivo PDF: 38-011-LXII.pdf

Solicitante: Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo, Presidenta de la Comisión Especial para el Desarrollo Metropolitano.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Planeación del Desarrollo Nacional.

Rango de Clasificación: EXP. 011 LXII Legislatura. Opinión jurídica de la Minuta con Proyecto de Decreto, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desarrollo Metropolitano.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: En torno al Proyecto de Decreto, por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desarrollo Metropolitano.

Utilidad: Conocer de la actividad económica para el desarrollo nacional, de manera equilibrada y sustentable de las diferentes regiones que conforman al país.

Aportación al Usuario: El usuario podrá saber del proyecto nacional contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la planeación democrática y participativa, integral y de largo plazo, mediante la concurrencia de los tres órdenes de gobierno y la participación de los diversos sectores sociales.

Es de resaltarse que en el caso de municipios cuyo territorio forme parte de una zona metropolitana, sus ayuntamientos en coordinación con las autoridades estatales y federales, en el ámbito de sus atribuciones,, deberán crear de manera conjunta y coordinada organismos públicos cuyo objeto sea planeación, financiamiento y ejecución de planes, programas, funciones y servicios públicos para el ordenamiento territorial y el desarrollo sustentable en el espacio que comprenda dicha zona, en los temas y materias metropolitanas.

No. de Expediente: 9 Legislatura: LXII Fecha: 2013-02-19 Archivo PDF: 37-009-LXII.pdf

Solicitante: Sen. Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de las facultades del Congreso para legislar en la materia de desplazamiento interno.

Rango de Clasificación: EXP. 009 LXII Legislatura (Negativo). Análisis jurídico respecto a los temas: Las Facultades del Congreso para legislar en la materia del desplazamiento interno. En su caso, revisar la procedencia para la expedición de la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazado Interno. En relación con la Iniciativa presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto en dicha materia.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Análisis jurídico respecto a los temas:

• Las Facultades del Congreso para legislar en la materia del desplazamiento interno.
• En su caso, revisar la procedencia para la expedición de la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazado Interno.

Lo anterior en relación con la Iniciativa presentada por el Senador Zoé Robledo Aburto en dicha materia.

Utilidad: Conocer que el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla las facultades y atribuciones del Poder Legislativo Federal.

Aportación al Usuario: El usuario podrá saber que dentro de las atribuciones que tiene la Cámara de Senadores para expedir, reformar o derogar leyes, se contemplan en sí como actos de autoridad, lo cual se establece en el artículo 16 Constitucional, que a la letra dice:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Así mismo, es de resaltarse que el Congreso General en una ley secundaria que carece de fundamento constitucional, en la materia regulada, en esa circunstancia pretenda que las autoridades locales sean sujetos obligados, como lo menciona el artículo 124 Constitucional, que señala lo siguiente:

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

Por lo que al no existir un artículo constitucional que explícitamente conceda facultades a los 'legisladores federales' para legislar en materia de prevención y atención del desplazamiento interno, luego entonces se debe entender que dichas facultades se estarán reservadas a los funcionarios competentes de los Congresos de los Estados, y los Legisladores de la Asamblea de Diputados del Distrito Federal.

No. de Expediente: 7 Legislatura: LXII Fecha: 2013-01-17 Archivo PDF: 36-007-LXII.pdf

Solicitante: Sen. Francisco Burquez Valenzuela, Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Administración Pública.

Rango de Clasificación: EXP. 007 LXII Legislatura. Opinión respecto de conocer con precisión las leyes y normas, así como su articulado, que necesariamente tendrán que modificarse como efecto del reciente cambio del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); en virtud del cual, la antigua Secretaría de la Reforma Agraria, cambió a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, asumiendo con ello funciones que correspondían a la Secretaría de Desarrollo Social.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de conocer con precisión las leyes y normas, así como su articulado, que necesariamente tendrán que modificarse como efecto del reciente cambio del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF); en virtud del cual, la antigua Secretaría de la Reforma Agraria, cambió a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, asumiendo con ello funciones que correspondían a la Secretaría de Desarrollo Social.

Utilidad: Conocer que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano impulsa en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el ordenamiento del territorio nacional, conforme a las siguientes políticas: el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población, la regulación de la propiedad agraria y sus diversas figuras como los ejidos, parcelas, tierras ejidales y comunales, así como también conocer del desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las ciudades metropolitanas del país, la planeación habitacional y del desarrollo de la vivienda y por último el aprovechamiento de las ventajas productivas de las diversas regiones del país.

Aportación al Usuario: Se identificarán diversos ordenamientos jurídicos tales como: Ley General de Población, la Ley de Vivienda, la Ley General de Asentamientos Humanos y la Ley General de Bienes Nacionales contemplan nuevas atribuciones, así como la estructura y operatividad de la cual se regirá la Secretaría de Desarrollo Agrario, y la expedición en el momento procesal oportuno de reglamentos que recaigan a las leyes secundarias como consecuencia de la modificación estructural a la administración pública federal.

No. de Expediente: 6 Legislatura: LXII Fecha: 2013-01-07 Archivo PDF: 72-006-LXII.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Parlamentario: En materia de Facultades de las Comisiones Ordinarias del Senado de la República.

Rango de Clasificación: Expediente 006 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica, en torno al Acuerdo de Cooperación que propone celebrar el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda A.C. 'CONOREVI' con la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura del Senado de la República.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: En torno al Acuerdo de Cooperación que propone celebrar el Consejo Nacional de Organismos Estatales de Vivienda A.C. 'CONOREVI' con la Comisión de Vivienda de la LXII Legislatura del Senado de la República.

Utilidad: Se podrá observar la importancia de que las Comisiones del Senado se alleguen de opiniones y experiencia de las organizaciones y asociaciones civiles relacionadas con la materia y objeto de las propias Comisiones para el mejor desarrollo de sus funciones.

Aportación al Usuario: Se atiende en la opinión jurídica que las Comisiones del Senado de la República, tienen a su cargo, el análisis y dictamen de las iniciativas de leyes y decretos de su competencia, para lo cual podrán asistirse entre otros, de representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las personas que las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el asunto de que se trate, a invitación de las mismas.

Se podrá corroborar que la colaboración directamente a la Comisión de referencia, sin mediación de convenio o acuerdo alguno, se observa en apego a las funciones y facultades de las comisiones ordinarias, en el ámbito de sus respectivas reuniones de trabajo, para la discusión y preparación de sus tareas legislativas, como se desprende del artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

No. de Expediente: 112 Legislatura: LXII Fecha: 2013-01-28 Archivo PDF: 112-005LXII.pdf

Solicitante: Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia del Control Administrativo del Canal del Congreso.

Rango de Clasificación: Expediente 005 de la LXII Legislatura. Opinión Jurídica respecto a la implementación de una Figura Jurídico-Administrativa Única, que permita optimizar el control administrativo del Canal del Congreso.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: En torno a la diversa emitida por esta Consultoría Jurídica en el año 2004, respecto de la implementación de una figura jurídico-administrativa Única, que permita optimizar el control administrativo del Canal del Congreso.

Utilidad: Se observará de la opinión jurídica:

Con fecha 25 de noviembre de 2004, esta consultoría Jurídica Legislativa, bajo la Dirección del entonces Titular del área, Licenciado Gerardo Perdomo, emitió un estudio cuyo resolutivo manifiesta la procedencia en torno a la adecuación de la estructura del Canal del Congreso bajo la figura administrativa de '…Órgano Desconcentrado… lo que permitiría una normatividad aplicable y válida para ambas Cámaras…'. el desarrollo del proceso legislativo del dictamen.

Esta Consultoría, coincide plenamente con lo expuesto en la diversa, por cuanto hace a las características que se refieren respecto de los Órganos desconcentrados, no obstante difiere de manera contundente, en cuanto a la pertinencia y adecuación de un Órgano Desconcentrado denominado Canal del Congreso.

Aportación al Usuario: Dentro de las Aportaciónes, se señalan:

Marco Jurídico: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 90 refiere las formas en que se organiza la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, de lo que se colige que la Desconcentración, reviste una figura propia de la Administración Pública Federal, que implica un sistema de delegación de funciones, a través del cual se confían acciones a órganos que no cuentan con personalidad jurídica y patrimonio diverso a la del delegante.

Argumentación Jurídica: Del documento de opinión se observa que del Marco Jurídico se desprende la naturaleza jurídica de los Órganos Desconcentrados, en el ámbito administrativo, concretamente en la Administración Pública Federal, y no en el ámbito del Poder Legislativo.

No. de Expediente: 4 Legislatura: LXII Fecha: 2012-12-13 Archivo PDF: 35-004-LXII.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de mujeres a una vida libre sin violencia.

Rango de Clasificación: EXP. 004 LXII Legislatura (Negativo). Opinión jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, el 13 de noviembre de 2012.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por la Sen. Lucero Saldaña Pérez, del Grupo Parlamentario del PRI, el 13 de noviembre de 2012.

Utilidad: Atiende las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una o varias personas, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de sus familias, en ejercicio de la representación política, para impedir, restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad de la ley.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer de las diferentes disposiciones aplicables a las mujeres para que tengan una vida libre de violencia, así como la aplicación de la 'Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer'.

Es de mencionarse, la legislación internacional que radica en la Convención conocida como 'Belém Do Pará' fue suscrita por el Estado Mexicano en 1995 y ratificada en el Senado de la República en 1998, entrando en vigor el mismo año. Este instrumento internacional de naturaleza jurídica y carácter vinculante, los Estados Parte afirman que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.

No. de Expediente: 2 Legislatura: LXII Fecha: 2012-11-16 Archivo PDF: 34-002-LXII.pdf

Solicitante: Sen. Aarón Irízar López, Presidente de la Comisión de Recursos Hidraúlicos

Apartado Temático y Materia / Derecho Administrativo: En materia de agua potable y saneamiento.

Rango de Clasificación: EXP. 002 LXII Legislatura (Negativo). Opinión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Agua Potable y Saneamiento, Presentada por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD, en sesión ordinaria del 27 de septiembre de 2012.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Agua Potable y Saneamiento, Presentada por el Sen. Fidel Demédicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del PRD, en sesión ordinaria del 27 de septiembre de 2012.

Utilidad: Se establece la regulación de las actividades relativas al drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

De igual forma se instaura que los gobiernos de los Estados, los municipios y el Distrito Federal garantizan que toda persona tenga derecho al continuo consumo personal y doméstico de agua potable salubre.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer del desarrollo y distribución del agua potable, así como de su accesibilidad y suficiencia para cualquier persona, sin que exista discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social o cualquier otra que atente con la dignidad humana. Es de señalarse, la creación del Instituto Nacional de Agua Potable y Saneamiento, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. Entre algunas e funciones se destaca que: funge como autoridad ténico-normativa en materia de servicios de agua potable y saneamiento; formular y proponer los criterios y lineamientos que permitan dar unidad y congruencia a las acciones de los gobiernos de los estados y de los municipios, etc.

No. de Expediente: 165 Legislatura: LXI Fecha: 2012-04-24 Archivo PDF: 165-267-LXI.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Doctor Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Penal: En materia Penal y de Delincuencia Organizada.

Rango de Clasificación: EXP. 267 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto al Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del código de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, en materia de Hidrocarburos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto al Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de Hidrocarburos.

Utilidad: Se apreciará que el objeto del Proyecto de Decreto es sancionar a quien de manera ilícita posea hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados y altere los instrumentos de medición para enajenar o suministrar los mismos, aumentando la sanción hasta en una mitad cuando se trate de un servidor público de Petróleos Mexicanos, o de sus organismos subsidiarios. Asimismo, establece que será el Ministerio Público quien vigilará y entregará a PEMEX o a sus organismos subsidiarios el petróleo o derivados asegurados para que proceda a su disposición final.

Aportación al Usuario: Se observará del documento de opinión de esta Consultoría Jurídica Legislativa:

Argumentación Jurídica: Las reformas contenidas en el Proyecto de Decreto, han quedado inmersas dentro del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre del 2001.

Lo anterior se sustenta a través de un cuadro comparativo que señala lo que establecen por una parte el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Contra Delincuencia Organizada y por otra, las reformas que contiene el Proyecto de Decreto.

Es importante señalar que el espíritu del Proyecto de Decreto en comento fue retomado y plasmado por el Senador Alejandro González Alcocer, en la Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, presentada el 18 de agosto de 2010, en la Cámara de Senadores. Iniciativa que forma parte de los documentos legislativos aprobados en el Congreso para la emisión del Decreto publicado por el Ejecutivo Federal con fecha 24 de octubre de 2011.

Conclusión: Derivado de los argumentos vertidos en el documento de opinión se observará que las reformas contenidas en la Minuta, ya se encuentran reguladas en los ordenamientos jurídicos correspondientes, por lo que dichos preceptos legales ya forman parte del Derecho Positivo y por consecuencia el Proyecto de Decreto en estudio ha quedado sin materia.

No. de Expediente: 266 Legislatura: LXI Fecha: 2012-03-16 Archivo PDF: 33-266-LXI.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Penal: En materia de tráfico de menores.

Rango de Clasificación: EXP. 266 LXI Legislatura. Opinión jurídica respecto a la Minuta que contiene Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 366 Ter del código Penal Federal, turnada a la Cámara de Diputados en su carácter de Cámara de origen a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República en su carácter de Cámara revisora con fecha 29 de abril de 2011, y con número de identificación 38 de los proyectos correspondientes a la LXI Legislatura.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto a la Minuta que contiene Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 366 Ter del código Penal Federal, turnada a la Cámara de Diputados en su carácter de Cámara de origen a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, del Senado de la República en su carácter de Cámara revisora con fecha 29 de abril de 2011, y con número de identificación 38 de los proyectos correspondientes a la LXI Legislatura.

Utilidad: Pretender que se establezca el verbo 'sustraer' al tipo penal del delito de tráfico de menores, a efecto de sancionar a quien traslade o entregue a un menor de 16 años de edad a un tercero de manera ilícita, sino también a quien lo sustraiga.

Aportación al Usuario: El usuario podrá identificar que existen diversos Estados de la República tales como: Durango, Sonora, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, entre otros que establecen en los Códigos Penales como se sustraen las conductas ilícitas referente al tráfico de menores, toda vez que participan en la sustracción, el traslado y la entrega de menores a personas que no pertenecen al núcleo familiar del menor.

Así mismo, proceder penalmente en los casos en los que servidores públicos o profesionistas que en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, cometan el ilícito en comento.

No. de Expediente: 227 Legislatura: LXI Fecha: 2010-09-14 Archivo PDF: 32-227-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Humberto Andrade Quezada Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de migración.

Rango de Clasificación: EXP. 227 LXI Legislatura. Opinión Jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 37 de la Ley de Migración, presentada por el Sen. Manuel Velasco Coello, del PVEM, el 13 de septiembre de 2011.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 37 de la Ley de Migración, presentada por el Sen. Manuel Velasco Coello, del PVEM, el 13 de septiembre de 2011.

Utilidad: Se establece que los extranjeros, nacionales no necesitan visa en países como: Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y aquellos que se encuentren en este supuesto, la autoridad migratoria deberá expedir un documento que lo identifique.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados Internacionales se encargan de la protección de las garantías de cada persona, así como también que cada autoridad en el ámbito de su competencia tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos e conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

No. de Expediente: 224 Legislatura: LXI Fecha: 2010-11-16 Archivo PDF: 96-224-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En Materia de Concesiones o Permisos sobre Aguas Nacionales.

Rango de Clasificación: Expediente 224 LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al Artículo 23 y se adiciona la fracción XVIII al Artículo 29 de la Ley de Aguas Nacionales.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo cuarto al Artículo 23 y se adiciona la fracción XVIII al Artículo 29 de la Ley de Aguas Nacionales.

Utilidad: Se conocerá de las concesiones o permisos sobre aguas nacionales, así como evitar que el concesionario exceda o sobre explote el volumen total concesionado.

En estos casos, se establecerá la procedencia en el desarrollo sustentable; toda vez que es un término que surgió a raíz de los diferentes acontecimientos provocados por el agotamiento del ozono, los cambios climáticos y la pérdida de la biodiversidad, los cuales entre otros, están teniendo efectos en el medio ambiente y repercuten en la economía mundial.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer de las alternativas para solucionar los conflictos que se generan cuando una concesión o permiso de aprovechamiento o explotación de aguas nacionales otorgados por los organismos de cuenca correspondientes, existen dos o más infraestructuras hidráulicas para la explotación de dos o más pozos, sin que exceda del volumen total concesionado.

En ese sentido, se establece que la Ley de Aguas Nacionales regula diversas modalidades con relación al otorgamiento de concesiones, permisos y autorizaciones por parte de las autoridades competentes.

Por tal motivo, se salvaguardan los derechos de los concesionarios o permisionarios, a efecto de regular la posibilidad de que cuando existan dos o más pozos y se utilicen para la explotación de un volumen total concesionado, se le indique al concesionario la forma y los tiempos necesarios para actuar en caso de que, por diversas causas, se tenga que sobreexplotar o reducir el consumo de volumen de agua por cada pozo.

No. de Expediente: 216 Legislatura: LXI Fecha: 2011-04-14 Archivo PDF: 95-216-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Uso y Aprovechamiento de las Aguas de Jurisdicción Federal; y de Medio Ambiente.

Rango de Clasificación: Expediente 216 LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del Artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del Artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.

Utilidad: Se conocerá que el objeto de la iniciativa tiene como prioridad establecer la definición de 'desarrollo sustentable', la cual utiliza la Ley de Aguas Nacionales, para que se haga referencia al fenómeno del cambio climático y a las herramientas con las que pueden enfrentarse los mismos.

Aportación al Usuario: De la opinión jurídica se establece el criterio de la Consultoría, respecto a lo siguiente:

En el cual el usuario podrá apreciar que dentro del desarrollo sustentable, el agua es el principal medio a través del cual el cambio climático influye en los ecosistemas de la tierra y los medios de vida y el bienestar de la gente.

Los cambios en las precipitaciones que se prevén a consecuencia del aumento de las temperaturas medias y extremas afectarán la disponibilidad de recursos hídricos debido a los cambios en la forma, la frecuencia, la intensidad y la distribución de las precipitaciones, la humedad del suelo, la fusión de los glaciares y el hielo, y el curso de los ríos y las aguas subterráneas, y darán lugar a un mayor deterioro de la calidad del agua.

Se observará del documento que México se enfrenta a la urgente necesidad de redefinir sus decisiones políticas, jurídicas y sociales en relación a la gestión de los recursos hídricos. Dado que los efectos de cambio climático son inevitables a corto y mediano plazo, para nuestro país, la necesidad de adaptación frente a los efectos del cambio, deben considerarse una prioridad del Estado mexicano e involucrar a todos los actores políticos, sociales y económicos.

Se consideran como criterios fundamentares para ser incorporados en la Ley de Aguas Nacionales, dos herramientas fundamentales con los que la humedad enfrentará las consecuencias del cambio climático son la adaptación y la mitigación. Estas herramientas que ya son asumidas a nivel global, como la posibilidad de que las sociedades encuentren opciones de sustentabilidad deben incorporarse a los instrumentos normativos con los que el Estado mexicano determina sus políticas públicas en materia de administración de los recursos hídricos.

También del contenido del documento, el usuario apreciará diversos instrumentos internacionales consistentes en la preservación del equilibrio hidrológico, lo relativo a las políticas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático global para mejorar la calidad de vida y productividad de las personas.

No. de Expediente: 199 Legislatura: LXI Fecha: 2011-01-24 Archivo PDF: 94-199-LXI.pdf

Solicitante: Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Proceso Legislativo, y del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Rango de Clasificación: Expediente 199 LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto al proyecto de decreto que reforma los artículos 47, fracción III y 86; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del Artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del proyecto de decreto que reforma los artículos 47, fracción III y 86; y se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 12 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Utilidad: Se podrá observar del proyecto de decreto, como se establece el fortalecimiento, la eficacia, y de la eficiencia de los dictámenes.

Respecto a lo anterior, podemos conocer del análisis y valoración que realizan las Comisiones de las Cámaras respecto de los asuntos turnados, en lo que se refiere a las iniciativas, las comisiones hacen una evaluación de su procedencia y pertinencia constitucional y jurídica; para lo que pueden proponer dentro del cuerpo del mismo; modificaciones al texto original, aceptarlo total o parcialmente o bien desecharlo.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer del Proceso Legislativo, siendo aquel que se encarga de crear, modificar, suprimir y poner en vigor leyes o decretos; asimismo se inicia con el ejercicio del derecho de presentación del documento que contiene una iniciativa de ley o decreto, el cual queda debidamente fundamentado en su artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, se entiende por dictamen, al documento escrito que acredita y justifica el cumplimiento de un requisito de trámite procesal legislativo; y que es expedido por un órgano del Congreso.

Por lo antes expuesto, se destaca que tanto las iniciativas como los dictámenes, son etapas intermedias del proceso legislativo, mismas que no admiten recursos de impugnación como se dan en el ámbito jurisdiccional.

No. de Expediente: 194 Legislatura: LXI Fecha: 2010-11-17 Archivo PDF: 16-194_LXI.pdf

Solicitante: Sen. José González Morfín, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de límites territoriales de las Entidades Federativas.

Rango de Clasificación: EXP. 194 BIS LXI Legislatura. Proyecto de Iniciativa de la Junta de Coordinación Política con fecha 09 de noviembre de 2010, solicitó a la Consultoría Jurídica la elaboración de un Proyecto de Iniciativa de Reforma Constitucional, a fin de que se traslade la facultad que tiene el Senado sobre los conflictos sobre límites territoriales de las Entidades Federativas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Proyecto de Iniciativa:

La Junta de Coordinación Política con fecha 09 de noviembre de 2010, solicitó a la Consultoría Jurídica la elaboración de un Proyecto de Iniciativa de Reforma Constitucional, a fin de que se traslade la facultad que tiene el Senado sobre los conflictos sobre límites territoriales de las Entidades Federativas, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Utilidad: Conocer que la iniciativa tiene como propósito que la facultad que tiene el Senado sobre los conflictos de límites territoriales de las Entidades Federativas, se traslade a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Aportación al Usuario: El usuario conocerá los antecedentes históricos, así como los argumentos jurídicos del los Estados que desde aquella época ya figuraban como territorios que se encontraban en conflictos de límites, mismos que se manifestaron en el diagnóstico, lo cual resalta por ser una realidad que ha perdurado.

Se aporta al usuario las diferentes Controversias Constitucionales, sobre los conflictos de límites territoriales entre los Estados, remitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No. de Expediente: 191 Legislatura: LXI Fecha: 2011-02-14 Archivo PDF: 93-191-LXI.pdf

Solicitante: Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Responsabilidad Hacendaria.

Rango de Clasificación: Expediente 191 LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un último párrafo al Artículo 16 de la Ley General de Deuda Pública y dos párrafos al Artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan un último párrafo al artículo 16 de la Ley General de Deuda Pública y dos párrafos al artículo 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Utilidad: Se podrá apreciar que el objetivo de la iniciativa es adicionar diversos párrafos a la Ley General de Deuda Pública y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para establecer explícitamente que los compromisos financieros del Gobierno Federal y Entidades Federativas y del Gobierno del Distrito Federal, que obliguen al pago de intereses y pagos corrientes futuros, que tenga su expresión en el presupuesto de Egresos, deberán considerarse como deuda pública y tener como contrapartida el registro del pasivo a que dé lugar ese pago.

Aportación al Usuario: Dentro de las Aportaciónes al usuario, se podrá observar de la Argumentación jurídica:

Marco Constitucional: Es de precisarse que nuestra Carta Magna delimita expresamente que la materia presupuestaria corresponde, en su formulación, control y fiscalización, a la Cámara de Diputados, de acuerdo con los artículos 74, 75 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Legislación Secundaria:

Se observará que la deuda pública es desde luego un rubro importante dentro de la economía y las finanzas del país.

Asimismo, el usuario podrá apreciar que la contratación de deuda pública a nivel federal puede ser hecha por las dependencias y entidades que señala el artículo 1° de la Ley General de Deuda Pública. Y de los diversos ordenamientos se observará que el gasto público en México se da a través de la coordinación intergubernamental entre la Federación, los estados y los municipios, y con la aplicación de políticas públicas orientadas al gasto a nivel nacional, en las que se asumen criterios generales para su ejercicio.

Del documento también se dará cuenta entre otras que la medición de la deuda pública no siempre refleja la verdadera posición de la deuda del sector gubernativo, es decir, el registro de algunas de las operaciones que se realizan son con un enfoque contable en lugar de económico, lo que dicha cobertura no considera todas las actividades del sector público.

No. de Expediente: 162 Legislatura: LXI Fecha: 2010-11-23 Archivo PDF: 162-172-LXI.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Senador Humberto Rueda Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: Derecho Constitucional En materia de Suscripción de Convenios con Centros de Investigación Internacionales

Rango de Clasificación: EXP. 172 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto del Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Ley General de Protección Civil.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Protección Civil.

Utilidad: Conocer de la inclusión de Universidades, Institutos de Educación Superior y Centros de Investigación Nacionales e Internacionales, como partes integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil.

Así mismo, se establecerá que la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Civil, podrá celebrar convenios de colaboración en materia de su competencia, mismos que deberá compartirlos al Sistema Nacional de Protección Civil, para garantizar mediante la adecuada planeación, la prevención, auxilio y recuperación de la población y de su entorno ante situaciones de desastre, incorporando la participación activa y comprometida de las investigaciones desarrolladas por los mismos en el país.

Aportación al Usuario: El usuario podrá apreciar que el objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es suscribir convenios con Centros de Investigación Nacionales e Internacionales, a fin de, advertir a las autoridades para que activen las medidas preventivas a desastres naturales y tomen las medidas necesarias, así como los métodos y procedimientos destinados a la protección contra peligros que se presenten y a la recuperación de la población.

A lo anterior, podemos invocar la aplicación de la Ley General de Protección Civil, a efecto de establecer las bases de coordinación en materia de protección civil, entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, en ese sentido el artículo 2° de la ley citada, establece lo siguiente:

'La política pública a seguir en materia de protección civil, se ajustará a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, y tendrá como propósito esencial promover la prevención y el trabajo independiente y coordinado de los órdenes locales de gobierno.

El Sistema Nacional de Protección Civil se integra con las normas, instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones en la presente Ley, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la protección civil'.

Así mismo, es de indicar que la ley en comento en su artículo 10 marca el objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil como 'el encargado de proteger a la persona y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales, el daño a la naturaleza y la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad, así como el de procurar la recuperación de la población y su entorno a las condiciones de vida que tenían antes del desastre'.

En ese sentido, es de citarse que el 19 de septiembre de 1988, se crea el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), con el carácter de organismo administrativo desconcentrado y jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación, quien aporta la estructura organizacional y provee los recursos para su operación. Así mismo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, se encargará de realizar actividades de investigación, capacitación, instrumentación y difusión acerca de fenómenos naturales y antropogénicos que pueden originar situaciones de desastre, así como acciones para reducir y mitigar los efectos negativos de tales fenómenos, para coadyuvar a una mejor preparación de la población para enfrentarlos.

Finalmente, el Consejo Nacional de Protección Civil, incorpora a las Universidades, Institutos de Educación Superior y Centros de Investigación, a efecto de fortalecer la protección civil en México.

No. de Expediente: 171 Legislatura: LXI Fecha: 2010-11-18Archivo PDF: 92-171-LXI.pdf

Solicitante: Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Medio Ambiente y de Federalismo del Agua.

Rango de Clasificación: Expediente 171 LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales, en materia de Federalismo del Agua.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Aguas Nacionales, en materia de Federalismo del Agua.

Utilidad: Del proyecto de decreto se conocerá de la propuesta de crear el Centro de Investigación, Monitoreo y Predicción de la Sequía (CIMPS) responsable de generar conocimiento sobre la sequía en México, que permita a su vez diseñar estrategias de reducción de vulnerabilidad ante dicho fenómeno. Es decir, el Centro de Investigación, Monitoreo y Predicción de la Sequía, se establecerá como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión con domicilio en el Estado de Zacatecas.

Aportación al Usuario: El usuario podrá contar con la información, que establece las funciones que desempeña el Centro de Investigación, Monitoreo y Predicción de la Sequía, tal y como establece por ejemplo: dar cumplimiento a su objeto, así como establecerá delegaciones o coordinaciones regionales o estatales en el territorio nacional, correspondiente a la coordinación sectorial del CIMPS y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De igual forma, se destaca que el CIMPS contará con una Junta de Gobierno; un Comité Técnico; un Comité de Investigadores Especialistas en Sequía; un Director General; y un Órgano de Control.

En ese sentido, la Junta realizará sesiones de manera ordinaria una vez cada tres meses, previa convocatoria del Director General del CIMPS o de forma extraordinaria cuando las dos terceras partes de los integrantes de Junta lo estimen necesario.

No. de Expediente: 170 Legislatura: LXI Fecha: 2010-11-17 Archivo PDF: 91-170-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Rogelio H. Rueda Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Económico: En materia de Política Financiera.

Rango de Clasificación: Expediente 170 LXI Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto que crea la Ley de Encaje Legal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del proyecto de decreto que crea la Ley de Encaje Legal.

Utilidad: El usuario podrá conocer que el objeto de la iniciativa plantea que mediante una decisión de política de Estado en materia de regulación de la banca, se reimplante el encaje legal para dotar al Banco Central de un instrumento de operación directa para incidir sobre la intermediación financiera, liberación y canalización del crédito bancario a las actividades productivas estratégicas, para el desarrollo económico nacional.

Aportación al Usuario: Se destaca del documento que el Sistema de Encaje Legal y Canalización selectiva del crédito, en los porcentajes establecidos por las autoridades financieras de acuerdo con la ley, se particulariza en las instituciones bancarias comerciales o privadas, dado por lo que corresponde a la banda oficial, esto es, la Banca de Desarrollo, las Instituciones de este último segmento del Sistema Bancario son establecidas y operan teniendo precisamente como función otorgar su financiamiento a los sectores de la economía de su objeto.

Tal es el caso, por ejemplo, de los actuales Banco de Comercio Exterior, 'BACOMEXT', que evidentemente atiende al sector de las exportaciones; el Banco del Ejército, Fuerza Aérea y Armada 'BANJERCITO', que financia a las entidades que su denominación misma expresa; 'BANOBRAS', que se ocupa esencialmente de financiar la obra pública y la presentación de servicios de la misma índole a cargo de las instancias gubernamentales, especialmente destinados a la infraestructura y el equipamiento urbano, o la Financiera Rural, dedicada a financiar las actividades agropecuarias, por solamente citar estos casos representativos.

No. de Expediente: 158 Legislatura: LXI Fecha: 2010-11-16 Archivo PDF: 158-168-LXI.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Senador Rogelio Rueda Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: Derecho Constitucional En materia de Ciencia y Tecnología y Generación de Energías Renovables.

Rango de Clasificación: EXP. 168 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de Ciencia y Tecnología.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de Ciencia y Tecnología.

Utilidad: Conocer que el objeto de la Iniciativa es proponer que la actividad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que realicen directamente las dependencias y entidades del sector público se oriente preferentemente a incrementar la calidad de los recursos naturales y facilitar la generación de energías renovables, a fin de que sea un principio más que rija el apoyo que el gobierno federal está obligado a otorgar.

Aportación al Usuario: El usuario podrá valorar de la argumentación jurídica los fundamentos normativos que rigen la materia, así como los alcances que podría tener la Iniciativa, a fin de clarificar la pretensión de la reforma en estudio.

Argumentación Jurídica: El Estado promoverá y apoyará la investigación científica y tecnológica. Como puede apreciarse en el texto del artículo 3°, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. …

Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; …

Se observará que, de conformidad con este precepto, el Estado mexicano debe promover y apoyar la investigación científica y tecnológica, lo cual esta intrínsecamente ligado a la reforma en estudio pues el artículo 12 de la Ley de Ciencia y Tecnología lo establece.

Artículo 12. Los principios que regirán el apoyo que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como en particular las actividades de investigación que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, serán los siguientes:

I. Las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación deberán apegarse a los procesos generales de planeación que establecen ésta y las demás leyes aplicables;

II. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que sean objeto de apoyos en términos de esta Ley serán invariablemente evaluados y se tomarán en cuenta para el otorgamiento de apoyos posteriores;

III. La toma de decisiones, desde la determinación de políticas generales y presupuestales en materia de ciencia, tecnología e innovación hasta las orientaciones de asignación de recursos a proyectos específicos, se llevará a cabo con la participación de las comunidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo y de servicios;

IV. …

V. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno Federal fomente y apoye la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación deberán buscar el mayor efecto benéfico, de estas actividades, en la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, en la calidad de la educación, particularmente de la educación superior, en la vinculación con el sector productivo y de servicios, así como incentivar la participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres y el desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos;

VI. … VII. Se promoverá mediante la creación de incentivos fiscales y de otros mecanismos de fomento que el sector privado realice inversiones crecientes para la innovación y el desarrollo tecnológicos;

VIII. a XII. …

XIII. La actividad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que realicen directamente las dependencias y entidades del sector público se orientará preferentemente a procurar la identificación y solución de problemas y retos de interés general, contribuir significativamente a avanzar la frontera del conocimiento, mejorar la competitividad y la productividad de los sectores económicos del país, incrementar la calidad de vida de la población y del medio ambiente y apoyar la formación de personal especializado en ciencia y tecnología;

XIV. a XX.…

Instrumentos Internacionales: El Protocolo de Kyoto convoca una reducción de las emisiones de los gases de invernadero. (CO2, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos,perfluorocarbonos y hexafloruro de azufre) a los países desarrollados y a algunos países con economías en transición. Esta iniciativa surgida en diciembre de 1997 bajo la Convención Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, podría tener en el futuro profundos efectos sobre el uso de combustibles de los países que lo ratifiquen. Cabe señalar que México firmó su adhesión a este protocolo como país miembro del Anexo II el 9 de junio de 1998 y la ratificó el Senado de la República el 7 de septiembre de 2000.

Bajo los términos del Protocolo de Kyoto, los países se agrupan en dos anexos. El anexo I incluye a la mayoría de los países industrializados, mientras que el Anexo II incluye a los países en vías de desarrollo. De esta forma, para el período de 2008 a 2012, los países del Anexo I se comprometerán a reducir sus emisiones totales de gases de invernadero en al menos 5% respecto a los niveles de 1990. Las metas cuantificadas de emisión son establecidas para cada país de manera diferenciada. En la Conferencia Internacional para las Energías Renovables que tuvo lugar en la Ciudad de Bonn del 1 al 4 de junio de 2004, contando con la participación de 154 países entre ellos México. La declaración política resultante estableció entre los puntos más importantes lo siguiente:

'6. El apoyo al fortalecimiento de las capacidades humanas e instituciones en energías renovables a través de:

• Desarrollo de capacidades para análisis de políticas y el asesoramiento tecnológico, la educación y la integración de la dimensión de género.
• Aumentar la conciencia de los beneficios de estas energías entre los tomadores de decisiones y las entidades financieras.
• Promover la demanda de tecnologías de energías renovables.
• Apoyar el desarrollo del mercadeo, mantenimiento y otras capacidades de servicio.
• Fomentar la colaboración nacional e internacional y la participación de las partes interesadas, incluidos grupos de mujeres, para favorecer el acceso a la información, las buenas prácticas y el intercambio.
• Se recalca la necesidad de realizar más investigación y desarrollo sobre energías renovables, específicamente en países en desarrollo, enfatizando su carácter asequible y su costo reducido, y la innovación tanto de modelos de negocios y financiamiento como en modelos de efectividad y reducción de costos para los consumidores.'

El usuario podrá percatarse del documento de opinión y la revisión de los puntos de evidencia, la labor política, educativa y tecnológica que deberá realizarse a nivel internacional e internacional en los próximos años para lograr un mayor desarrollo de las energías renovables, sin embargo, constituye un excelente punto de partida para que estas acciones permitan el arranque armonioso y efectivo de una nueva transición energética.

Conclusiones: Se deduce, conforme al estudio que se contiene en este documento de opinión, que el proyecto no contiene elementos que pudieran ser contradictorios del orden jurídico nacional establecidos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas.

Se encuentra que el Proyecto de Decreto es congruente con la Exposición de Motivos. De igual forma, que no hay impedimento jurídico para que las Comisiones lo aprueben y pueda ser sometido a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores.

No. de Expediente: 163 Legislatura: LXI Fecha: 2010-08-20 Archivo PDF: 163-162-LXI.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Senador Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Electoral: Derecho Constitucional, Derecho Electoral y Juicio de Amparo En materia de Improcedencia del Juicio de Amparo.

Rango de Clasificación: EXP. 162 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto del Proyecto de Decreto que Deroga la Fracción VII del Artículo 73 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Decreto que Deroga la Fracción VII del Artículo 73 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: Se conocerá que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 73 fracción VII, que el juicio de amparo es improcedente en contra de las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, situación que deja en estado de indefensión a los ciudadanos.

En tal sentido, se puede observar que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en su artículo 3°, numeral 2, precisa los diversos procedimientos de los cuales corresponde conocer y resolver al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los cuales el ciudadano no tiene en todos los casos legitimación para promoverlos y defender sus derechos político-electorales, cuando considera que éstos le han sido vulnerados. Lo antes dicho, con el argumento de que la Litis no tiene relación con los derechos de votar, ser votado en elecciones populares, ni de asociarse individual y libremente para tomar parte, en forma pacífica en los asuntos políticos o de afiliarse libre e individualmente a los partidos.

Aportación al Usuario: El usuario podrá apreciar como los ciudadanos pueden hacer valer mediante el establecimiento de una demanda, la existencia de una presunta violación a un derecho político-electoral.

En relación a lo establecido anteriormente, se podrá observar que el artículo 60 constitucional, prevé la competencia del Instituto Federal Electoral (IFE), para declarar la validez de las elecciones de los Diputados y Senadores al Congreso General.

Atendiendo a lo citado, se puede observar que el artículo en comento establece un sistema contencioso electoral de plena jurisdicción, donde los individuos interesados en impugnar una declaración de validez de elecciones, así como el otorgamiento de constancias electorales, pueden cuestionar las decisiones de este órgano por considerar que existieron violaciones en el proceso electoral.

Así mismo, el Tribunal Electoral compete resolver únicamente respecto de la inconstitucionalidad de actos o resoluciones emitidas por las autoridades electorales, de estricta materia electoral, en congruencia con lo preceptuado por el artículo 99 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que refiere, que el Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

No. de Expediente: 159 Legislatura: LXI Fecha: 2010-11-04 Archivo PDF: 55-159-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Rosario Green Macías. Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia Laboral (régimen sancionatorio aplicable a los servidores públicos de la Federación, que deviene del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reconduce por vía de la legislación secundaria a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos).

Rango de Clasificación: Expediente 159 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 60 y 61, y se adiciona el artículo 65 bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada por los CC. Senadores Fernando Castro Trenti y Renan Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de fecha 02 de junio de 2010.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 60 y 61, y se adiciona el artículo 65 bis a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, presentada por los CC. Senadores Fernando Castro Trenti y Renan Cleominio Zoreda Novelo, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de fecha 02 de junio de 2010.

Utilidad: Se conocerá que los promoventes de la iniciativa tratan de adecuar la Ley del Servicio Exterior Mexicano en la parte relativa al procedimiento disciplinario aplicable a los miembros del servicio exterior mexicano.

Aportación al Usuario: Como aportación al usuario se presenta del análisis de la iniciativa los criterios de la Consultoría Jurídica en los que se desprende entre otros lo siguiente:

Que de acuerdo con la Exposición de Motivos de la Iniciativa, la intención de los senadores promoventes es adecuar la Ley del Servicio Exterior Mexicano en la parte relativa al procedimiento disciplinario aplicable a los miembros del Servicio Exterior mexicano, a fin de que se ajuste a los criterios contenidos en la resolución emitida en el expediente 2226/2009 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que declaró inconstitucional el procedimiento sancionatorio contenido en el artículo 60 de la Ley, por considerar que resulta atentatorio a una defensa adecuada que prescribe la Carta Magna.

Respecto de la resolución referida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el boletín del 24 de marzo de 2010. SCJN.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional el artículo 60 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano relativo al Procedimiento sancionatorio en contra de funcionarios de dicho Servicio, ello en virtud de que es violatorio del derecho fundamental a una defensa adecuada prevista en el artículo 14 Constitucional.

Lo anterior se resolvió en sesión de 24 de febrero del año en curso, al conceder el amparo 2226/2009.

No. de Expediente: 135 Legislatura: LXI Fecha: 2010-08-11 Archivo PDF: 90-135-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Seguridad Pública.

Rango de Clasificación: Expediente 135 LXI Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia.

Utilidad: Conocer lo referente a la expedición de la Ley General para la Prevención Social de Violencia y la Delincuencia, la cual parte principalmente de ejes básicos como: la prevención de la violencia y de la delincuencia, se considera como el eje fundamental de las políticas públicas diseñadas e implementadas para combatir la inseguridad; y la participación ciudadana como principio rector de las políticas públicas en materia de seguridad pública.

Aportación al Usuario: La Consultoría Jurídica coincide con la colegisladora, en cuanto a que la Ley, reviste el carácter de ley general; toda vez que distribuye las competencias entre los tres órdenes de gobierno en materia de la prevención social de la delincuencia, a la luz de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 73 fracción XXIII y 124, con relación al artículo 41, primer párrafo, como normas atributivas que determinan la concurrencia federal, estatal y municipal, en materia de Seguridad Pública.

Asimismo, se reviste la regulación de esta materia, tomando en consideración que la prevención del delito es una función pública fundamental para abatir el fenómeno criminógeno en la sociedad.

No. de Expediente: 136 Legislatura: LXI Fecha: 2010-08-16 Archivo PDF: 54-136-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Castro Trenti. Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados.

Rango de Clasificación: Expediente 136 de la LXI Legislatura. Opinión jurídica, respecto al Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan los artículos 3 y 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2010.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3 y 6 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación social de Sentenciados, aprobada por la Cámara de Diputados el 27 de abril de 2010.

Utilidad: El usuario podrá apreciar de la síntesis de la exposición de motivos de las iniciativas las problemáticas, la invisibilidad de los derechos de las madres que purgan alguna sentencia.

Ambas iniciativas responden a la necesidad de ir adecuando el marco normativo para garantizar el ejercicio y disfrute de derechos fundamentales.

Aportación al Usuario: El usuario conocerá los diversos criterios que determinaron la aprobación en la Cámara de Diputados a través de la transcripción del Proyecto de Decreto.

De la Opinión Jurídica podrá apreciar la Argumentación Jurídica desde el Marco Constitucional, Legislación Secundaria, Supremacía de la Ley, Normatividad en las Entidades Federativas; así como las conclusiones a las que llegó la Consultoría Jurídica Legislativa.

No. de Expediente: 134 Legislatura: LXI Fecha: 2010-08-11 Archivo PDF: 31-134_LXI.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Seguridad Nacional.

Rango de Clasificación: EXP. 134 LXI Legislatura. Opinión jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el Sen. Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del PRI, el 15 de abril de 2010.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley de Seguridad Nacional, presentada por el Sen. Francisco Herrera León, del Grupo Parlamentario del PRI, el 15 de abril de 2010.

Utilidad: Se conocerá que en materia de Seguridad Nacional se establece la condición imprescindible para mantener la integridad, estabilidad y permanencia de la nación basada en la preservación de la soberanía e independencia nacional y la defensa del territorio.

Aportación al Usuario: Como aportación se conocerá de la Legislación secundaria que:

La Ley de Seguridad Nacional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero de 2005. En la exposición de motivos que dio vida jurídica a este ordenamiento legal se argumentó lo siguiente:

'…en la iniciativa se hace explicita la Seguridad Nacional como la condición imprescindible para mantener la integridad, estabilidad y permanencia de la Nación, basada en la preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio; el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno, así como la unidad nacional la cohesión social y la protección de la vida y los derechos de los mexicanos; la defensa legítima de los intereses vitales de la nación respecto del exterior y la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes.'

No. de Expediente: 133 Legislatura: LXI Fecha: 2010-08-09 Archivo PDF: 15-133-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y de colaboración.

Rango de Clasificación: EXP. 133 LXI Legislatura. (Negativo). Opinión jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica y adiciona la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de adicionar dentro de las atribuciones a cargo de la Comisión las relativas a que elabore un diagnóstico nacional anual vinculatorio de la situación en los centros penitenciarios del país, en el que se destaque las cifras de los hechos ilícitos cometidos en su interior, y asimismo, para que colabore con la subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública, en la elaboración de políticas públicas en materia penitenciaria. Presentada en la Sesión del 18 de marzo de 2010.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto que modifica y adiciona la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el fin de adicionar dentro de las atribuciones a cargo de la Comisión las relativas a que se elabore un diagnóstico nacional anual vinculatorio de la situación en los centros penitenciarios del país, en el que se destaque las cifras de los hechos ilícitos cometidos en su interior, y asimismo, para que colabore con la subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad Pública, en la elaboración de políticas públicas en materia penitenciaria. Presentada en la Sesión del 18 de marzo de 2010.

Utilidad: Se conocerá en el documento de opinión que la iniciativa contiene elementos contradictorios con el orden jurídico nacional, particularmente respecto al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para emitir recomendaciones sin efectos vinculatorios, por el contrario la iniciativa propone que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice acciones conjuntas y vinculatorios con la Secretaría de Seguridad Pública del Ejecutivo Federal, en este caso a través de la elaboración de políticas públicas en materia penitenciaria del país.

En consecuencia de lo anterior y como causa-efecto, se determina que se violenta el principio de supremacía constitucional amparado en el artículo 133 de la Ley Fundamental, que ordena que ninguna ley secundaria debe estar por encima ni en contrario a lo dispuesto por ella.

Aportación al Usuario: El usuario podrá encontrar que dentro la Legislación Secundaria, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dispone los siguientes elementos legales:

'Artículo 6.- La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: I a II. …

III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;'.

Se podrá apreciar que la Ley de la materia reproduce el principio constitucional relativo a que la CNDH actúa en queja ante las autoridades involucradas, con efectos no vinculatorios.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece:

'Artículo 30 Bis.- a la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I a XII. …

XIII.- Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar información para la prevención de los delitos, mediante métodos que garanticen el estricto respeto a los derechos humanos;

XIV. Elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno delictivo.

Se podrá constatar que en el ejercicio de dicha atribución, la Secretaría de Seguridad Pública tiene también como campo de actuación la realidad que existe al interior de los centros penitenciarios.

No. de Expediente: 132 Legislatura: LXI Fecha: 2010-08-05 Archivo PDF: 30-132_LXI.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia penal.

Rango de Clasificación: EXP. 132 LXI Legislatura. Opinión Jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 5 del Código Penal Federal, presentada por el Sen. Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN, el 16 de marzo de 2010.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 5 del Código Penal Federal, presentada por el Sen. Sebastián Calderón Centeno, del Grupo Parlamentario del PAN, el 16 de marzo de 2010.

Utilidad: El usuario conocerá sobre los delitos cometidos abordo de un buque extranjero surto en puerto nacional o en aguas territoriales de la República, si se turbare la tranquilidad pública o si el delincuente o el ofendido no fueren de la tripulación.

Aportación al Usuario: Como aportación el usuario podrá distinguir de la Constitución Política que se establece como garantía individual, la prohibición de que se aplique pena alguna a través de interpretar la ley por analogía o por mayoría de razón, así como de imponer dicha clase de sanción cuando no se encuentre prevista en la ley que resulte exactamente aplicable al delito cometido. Artículo 14, párrafo tercero Constitucional.

En materia internacional: La Convención del Mar (CONVEMAR), adoptada en Montego Bay, Jamaica, el 10 de diciembre de 1982 por el Gobierno de México, habiendo sido aprobada por el Senado de la República el 18 de marzo de 1983.

Convención del Derecho del Mar.- El Artículo 27, establece la Jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero.

Legislación secundaria: Código Penal Federal. Artículo 5, para efectos de la Soberanía Nacional y no el de establecer delito alguno que amerite para su tipificación la causación de la perturbación de la paz pública.

El Usuario apreciará que el artículo 5 del Código Federal en su conjunto, regula la fijación de la jurisdicción federal mexicana en materia penal, a partir de salvaguardar la Soberanía Nacional, solamente por lo que se refiere al ejercicio de dicha función de gobierno, bajo el principio de reciprocidad internacional.

No. de Expediente: 121 Legislatura: LXI Fecha: 2010-07-29 Archivo PDF: 69-121-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Ángel Aguirre Rivero. Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público: En materia de Vías Generales de Comunicación; de Servicios Aéreos, y de Tratados Internacionales.

Rango de Clasificación: Expediente 121 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto al proyecto de dictamen del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Jamaica, firmado en Montego Bay, Jamaica el 5 de noviembre de 2009.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Dictamen del Convenio sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de Jamaica, firmado en Montego Bay, Jamaica; el 5 de noviembre de 2009.

Utilidad: El usuario podrá observar las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regula la Ley sobre la Celebración de Tratados.

Aportación al Usuario: El criterio de la Consultoría Jurídica, establece que el Convenio se encuentra debidamente sustentado conforme a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables para el otorgamiento de los instrumentos internacionales.

No. de Expediente: 101 Legislatura: LXI Fecha: 2010-05-12 Archivo PDF: 04-101-LXI.pdf

Solicitante: Comisión del Distrito Federal. 01 de junio de 2010 Lic. Edgard Delgado Aguilar Secretario Técnico de la Comisión del Distrito Federal.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Vías de Comunicación.

Rango de Clasificación: Expediente 101 de la LXI Legislatura. Opinión jurídica, obre la naturaleza jurídica del aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Existe duda si es una empresa paraestatal o una empresa a la que se le otorgó una concesión, y de qué tipo son los actos que se emanan de ésta.

Asunto 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre la naturaleza jurídica del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En cuanto la existencia de duda si es una empresa paraestatal o una empresa a la que se le otorgó una concesión, y de qué tipo son los actos que se emanan de ésta.

Utilidad: Determinar la naturaleza jurídica del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer los diversos criterios legales, doctrinales y jurídicos que determinan la naturaleza jurídica del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a través del Acuerdo que expidió el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el 29 de junio de 1998, el cual otorga concesión a favor de una empresa de participación estatal mayoritaria, denominada Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A., de C.V.

El Acuerdo en comento se publicó el 1° de junio de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, fecha en que entró en vigor 5 de junio de 2004.

En el que refiere lo siguiente:

Los actos de autoridades que ejercen en el espacio jurisdiccional del Aeropuerto Internacional de México Benito Juárez, atiende a lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley de Aeropuertos que a la letra dispone:

' Artículo 3.- Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, administración, operación y explotación de aeródromos civiles'.

Finalmente se estima de utilidad relacionar los diferentes servicios que se prestan y su clasificación de desarrollo. El Artículo 48 de la Ley de Aeropuertos establece entre otros:

'Servicios Aeroportuarios; Servicios Complementarios; y Servicios Comerciales'.

No. de Expediente: 101 Legislatura: LXI Fecha: 2010-06-02 Archivo PDF: 14-101-LXI.pdf

Solicitante: Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Comisión del Distrito Federal

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de organización de la Administración Pública Paraestatal.

Rango de Clasificación: EXP. 101 BIS LXI Legislatura. Opinión Jurídica. Sobre los actos que realiza el Grupo Aeroportuario Ciudad de México, S.A. de C.V. en su carácter de persona moral particular, tiene atribuciones o no para realizar 'actos de autoridad', y si estos tienen efectos vinculantes.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre los actos que realiza el Grupo Aeroportuario Ciudad de México, S.A. de C.V. en su carácter de persona moral particular, tiene atribuciones o no para realizar 'actos de autoridad', y si estos tienen efectos vinculantes.

Utilidad: Determinar si los actos emanados por entidades paraestatales, se consideran actos de autoridad.

Aportación al Usuario: Se podrá diferenciar a través del análisis jurídico comparativo entre empresas de participación estatal mayoritaria que tienen competencia en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Conocerán el concepto de 'Acto de autoridad', su naturaleza, objeto y alcance, en base a la doctrina jurídica; el criterio de la Suprema Corte, en razón a que el Congreso de la Unión cuenta con facultades implícitas para conferir a los organismos descentralizados atribuciones que les permitan emitir auténticos actos de autoridad que válidamente modifiquen unilateralmente la esfera de los gobernados.

No. de Expediente: 100 Legislatura: LXI Fecha: 2015-02-12Archivo PDF: 50-100_LXI.pdf

Solicitante: Sen. Aldolfo Toledo Infanzón

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de migración.

Rango de Clasificación: EXP. 100 LXI Legislatura. Opinión Jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Población.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Población, del 11 de febrero de 2010.

Utilidad: Se podrá observar que la finalidad de la Iniciativa tiene por objeto asegurar el respeto a los derechos humanos de los migrantes.

Aportación al Usuario: Como aportación al usuario se podrá constatar en el contenido de la Iniciativa que los extranjeros que ingresen de manera irregular al país tengan derecho a recibir un trato digno y justo, sin que por ningún medio se menoscabe el goce y el ejercicio de sus derechos fundamentales y que cuenten con el derecho a acceder a los servicios otorgados por las instituciones públicas especialmente a los de salud y justicia, en forma gratuita.

No. de Expediente: 90 Legislatura: LXI Fecha: 2010-01-20Archivo PDF: 03-090-LXI.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por la Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Comisión del Distrito Federal.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia para legislar en torno al Distrito Federal.

Rango de Clasificación: Expediente 090 de la LXI Legislatura. Estudio Jurídico, Referente a las facultades constitucionales que el Congreso de la Unión tiene para legislar en torno al Distrito Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Estudio jurídico: Referente a las facultades constitucionales que el Congreso de la Unión tiene para legislar en torno al Distrito Federal.

Utilidad: Se conocerán los antecedentes del Distrito Federal, a través de las Constituciones de 1824, 1857, y 1917; las principales reformas que han transformado a la Entidad; así como la naturaleza jurídica del Distrito Federal, partiendo desde que México adoptó en la Constitución un Sistema Federal.

Aportación al Usuario: El usuario conocerá las diferentes reformas que sentaron las bases para la transformación política del Distrito Federal, y tuvo por objeto reconocer los derechos políticos de los ciudadanos de la entidad federativa.

Así como los preceptos constitucionales sobre las facultades que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia del Distrito Federal.

Los diferentes criterios Jurisprudenciales, relativos a la distribución de competencias entre la Federación y las Entidades Federativas; el Sistema de distribución de competencias referente al Distrito Federal; Facultades expresas de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; Facultades Concurrentes; entre otras.

No. de Expediente: 137 Legislatura: LXI Fecha: 2010-03-09Archivo PDF: 137-088LXI.pdf

Solicitante: Senador Eloy Cantú Segovia, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Internacional: En materia de Celebración de Tratados.

Rango de Clasificación: EXP. 088 de la LXI legislatura. Opinión Jurídica respecto a la procedencia de que en la nueva Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, se establece en el artículo Segundo Transitorio que se abrogan tanto la Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992 y como la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, publicada el 2 de diciembre de 2004.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto a la procedencia de que, en la nueva Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, se establece en el Artículo Segundo Transitorio que se abrogan tanto la Ley sobre la Celebración de Tratados, publicada en el diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992; y como la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, publicada el 2 de diciembre de 2004.

Utilidad: La Opinión que se solicita, es sobre la procedencia de que, en la nueva Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, actualmente en el proyecto, se establece en su artículo Segundo Transitorio que se abrogan tanto la Ley Sobre la Celebración de Tratados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992; y la Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, publicada el 2 de septiembre de 2004. Situación que manifiesta, de no compartir la idea de abrogar la precitada legislación en materia económica, sino que subsistan ambos ordenamientos por considerarla que su contenido normativo es viable.

Aportación al Usuario: De la Opinión Jurídica, se observará un Cuadro comparativo, para efectos de conocer si en el caso de que proceda la abrogación de la Ley sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, se extingue la regulación hasta ahora vigente o, en su caso, ya sea de manera total o parcial, se trasladan las disposiciones respectivas a la nueva Ley General sobre Celebración y aprobación de Tratados.

El usuario podrá apreciar las excepciones de la regulación contenida en el articulado de la vigente Ley Sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica; que se traslada al proyecto de nueva Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, por lo que no puede afirmarse que respecto de dichas disposiciones legales sería impropio sostener que quedan abrogadas y por consiguiente queda extinguida dicha normatividad jurídica. La regulación que se traslada es entre otros conceptos del Tratado, los relativos a: objetivos generales y particulares que se deben seguir para su celebración; procedimientos a observar para su otorgamiento; informes que se deben rendir al Senado por cuanto a las fases de negociación y su celebración, así como respecto al cumplimiento de los objetivos buscados; requisitos a cumplir para la aprobación de tratados ya firmados y, participación de los poderes de las entidades federativas y de las organizaciones empresariales, ciudadanas y sindicales.

Por lo tanto, este asunto legislativo se traduce en la eliminación de un cuerpo normativo específico, con la consecuencia de que el nuevo cuerpo normativo específico, con la consecuencia de la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, que reúne de manera especial lo relativo a los tratados internacionales en materia económica, como igualmente podría incorporar otras especialidades y materias conforme los diferentes ramos del gobierno, mediante una distribución en la nueva Ley, a base de diferentes libros, títulos, capítulos o secciones.

El documento de opinión, también muestra, por excepción, aquellos artículos y conceptos que tienen otro destino, es decir, que son congruentes en la figura de abrogación del instrumento jurídico del que forman parte y por lo tanto su efecto es su extinción, a saber.

En criterio de esta Consultoría Jurídica Legislativa, entre otras apreciaciones se observará que el texto de la nueva Ley General sobre la Celebración y Aprobación de Tratados, actualmente en proyecto, materialmente no produce efectos de anulación de la regulación sustancial que se contiene en la vigente Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, dado que dicha regulación está siendo incorporada en la nueva Ley en comento.

No. de Expediente: 136 Legislatura: LXI Fecha: 2010-01-18 Archivo PDF: 136-087LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes; y de los Niños Repatriados o Menores no Acompañados.

Rango de Clasificación: Expediente 087 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto del proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes, y a la Ley General de Población.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes y a la Ley General de Población.

Utilidad: El objeto de la iniciativa es establecer un marco jurídico para la protección de los menores migrantes que son repatriados a sus lugares de origen a través de las fronteras norte y sur de nuestro país, sin la compañía de un familiar adulto, con base en los principios del interés superior del niño, la reunificación familiar y el respeto pleno a sus derechos humanos. Por ello, el proyecto propone modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de establecer un capítulo en el que se contemplan los derechos específicos que deben respetar las autoridades mexicanas, de los tres niveles de gobierno, a los menores migrantes no acompañados. Estos derechos especiales serían aplicables a los niños que son repatriados de Estados Unidos a México, en lo que corresponde a su trayecto de la frontera norte hasta sus lugares de origen; así como a los niños que son repatriados de México a Centroamérica, en lo que corresponde a su repatriación par parte de las autoridades mexicanas.

Aportación al Usuario: Los niños y niñas tienen derechos como seres humanos y necesitan también cuidados y protección especiales, de ahí que las leyes secundarias, cada vez busquen con especial cuidado la protección de los menores, al mismo tiempo que se da cumplimiento con los instrumentos internacionales a los cuales México se suscribe.

El artículo 133 de la Constitución mexicana establece que los tratados celebrados por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán, junto con la Constitución y las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, Ley Suprema de toda la Unión. Asimismo, la tesis jurisprudencial LXXVII/99, de noviembre de 1999, establece que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente después de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por encima de las leyes federales y locales. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y, por lo tanto, comprometen a todas sus autoridades; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al Presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, al Senado a intervenir como representante de la voluntad de las entidades federativas.

Legislación Internacional: Respecto de los diferentes instrumentos internacionales es necesario hacer referencia a las Convenciones que contemplan lineamientos aplicables a los niños, niñas y adolescentes que han sido separados de sus padres por diferentes circunstancias, entre éstos debemos considerar la Convención de los Derechos del Niño, así como los Protocolos Facultativos que de ésta emanan como son; el 'Relativo a la Venta de Niños', 'Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía'; el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo Sobre las Peores formas de Trabajo Infantil'; La Convención Interamericana Sobre Tráfico Internacional de Menores; Los cuatro Convenios de Ginebra y sus dos protocolos adicionales, así como, 'La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo'.

En la reunión celebrada los días 25 y 26 de septiembre de 2008 en la Ciudad de México, se llevó a cabo un Seminario para la elaboración de los Lineamientos Regionales para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes. El principal propósito de estos lineamientos es fomentar la colaboración en la protección y repatriación entre los países miembros de la Conferencia Regional de Migración (CRM) y fungir como guía, desde el momento de su detección hasta el de su repatriación, siempre salvaguardando sus derechos y su interés superior.

En estos lineamientos se define al 'menor de edad no acompañado' a todo aquel migrante que sea menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad y que no se encuentre acompañado por padre, tutor o cualquier adulto quien por ley o costumbre sea responsable de él (CIM).

Legislación Secundaria: México cuenta con dos ordenamientos que para este caso en concreto es requisito sine qua non, sea consideradas para este estudio, La Ley General de Población, misma que tiene por objeto regular los fenómenos que afectan a la población; y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Finalmente, por lo que respecta la constitucionalidad del proyecto, se estima que es acorde en términos de lo que establece el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que la propuesta se encuentra apegada a lo estipulado en la convención de los Derechos del Niño, la cual establece el principio de salvaguardar prioritariamente el interés superior de la niñez, mismo que es acorde con lo ratificado por este Senado, en la Convención, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990.

En lo que respecta a las recomendaciones, observaciones e informes realizados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por la Oficina Internacional para las Migraciones y la comisión Nacional de los Derechos Humanos, que cita el Senador promovente en el proyecto, se estaría subsanando gran parte de ellas al legislar respecto de los derechos de los menores migrantes no acompañados, cumpliendo así con los compromisos que México tiene frente a los instrumentos internacionales, privilegiando en todo momento el principio del interés superior de la niñez.

Convención Sobre los Derechos del Niño.

No. de Expediente: 135 Legislatura: LXI Fecha: 2010-03-22 Archivo PDF: 135-086LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia Laboral y de Seguridad Social.

Rango de Clasificación: Expediente 086 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del proyecto de decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social.

Utilidad: El proyecto tiene por objeto, reformar la Ley del Seguro Social, para establecer la prohibición al empleador de descontarle al trabajador las cotizaciones semanales acumuladas, en aquellos casos en que, justamente en su condición de retenedor, no lo ha hecho oportunamente al Instituto Mexicano del Seguro Social de las cuotas correspondientes.

Aportación al Usuario: Se conocerán dos conceptos necesarios para el análisis de la iniciativa, el primero de ellos es la relación jurídico-tributaria, que debemos entender por el vínculo que une a diferentes sujetos respecto de la generación de consecuencias jurídica, referentes a los derechos y obligaciones en materia de contribuciones. El segundo concepto, es el de la obligación tributaria, que debe entenderse por esta, 'toda conducta que el sujeto debe realizar cuando se coloca en el supuesto que establece la norma tributaria'.

Del documento de opinión, se observará que, en el caso de las Aportaciónes de seguridad social, el sujeto activo de la relación jurídico –tributaria es el organismo fiscal autónomo y para la cuestión en particular que nos ocupa, es el Instituto Mexicano del Seguro Social.

El sujeto pasivo de esta relación, es la persona quien tiene a su cargo el cumplimiento de la obligación tributaria en virtud de encontrarse en el supuesto jurídico establecido en la norma. Para tal efecto, cabe destacar que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley del Seguro Social, las cuotas de seguridad social están a cargo de patrones y trabajadores.

Destaca entonces, que el Instituto Mexicano del Seguro Social, como un ente público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, está facultado para actuar como sujeto activo de la relación tributaria.

Jurisprudencia: Referente al carácter de contribución de las Aportaciónes de seguridad social –cuotas obrero patronales-, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el año de 1995, establece jurisprudencia firme en el sentido de que las Aportaciónes de seguridad social se rigen por los principios de proporcionalidad y equidad.

Tesis: P./J18/95. Jurisprudencia, Novena Época. SEGURIDAD SOCIAL, CUOTAS DEL. SON CONTRIBUCIONES Y SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIAS.

Finalmente se podrá ver del estudio de opinión una interpretación armónica de los textos legales citados en la argumentación y de la doctrina aplicable a la materia, el interés social laboral de los trabajadores, sobre los intereses de los patrones. Es así que de lo anteriormente expuesto, se desprende que el patrón es el obligado solidario, por lo que corresponde a este por mandato de Ley hacer las retenciones a los trabajadores de su parte de las cuotas obrero patronales y que de no hacerlo en tiempo y forma es sólo este quien deberá responder ante el Instituto Mexicano del Seguro social de las cuotas omitidas, quedando a su cargo garantizar a dicho organismo el pago oportuno de las mismas y no gravar y menos en cuanto al salario del trabajador toda vez que éste no ha cometido conducta antijurídica alguna.

DELGADILLO, Luis Humberto, Principios de Derecho Tributario. Pág. 90. Ed. Limusa. 5ª. Edición.

No. de Expediente: 134 Legislatura: LXI Fecha: 2010-03-22 Archivo PDF: 134-085LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Civil: En materia de Patria Potestad, y Adopción.

Rango de Clasificación: EXP. 085 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Civil Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adiciona el Código Civil Federal.

Utilidad: El proyecto plantea diversas reformas al Código Civil Federal, relativas a la figura de la Patria Potestad, con el propósito de agilizar los trámites de adopción.

Aportación al Usuario: Del documento de opinión se observará que, de la Argumentación Jurídica, se destacan diversas precisiones:

Definición doctrinaria de Patria Potestad:

'Una fusión en la que los padres y abuelos tienen determinadas facultades o derechos concedidos por la Ley para que cuiden de la persona y los bienes de sus descendientes, administren sus bienes y los representen. El ascendiente está obligado a la guarda, manutención y educación del menor por lo que éste no debe abandonar la casa del progenitor ni celebrar actos jurídicos sin la asistencia del mismo' .

Características de esta figura legal son:

Constituye, ante todo, un deber u obligación que no puede excusarse, debiendo realizarse personalmente. Tiene carácter inalienable, no siendo eficaz contra ella otro instituto que el de la adopción. Representa un deber positivo de tracto continuo, que exige y requiere un despliegue eficaz y constante de una conducta que llene el cometido de la patria potestad.

Ámbito Internacional: México firmó la Convención de los Derechos del Niño el 26 de enero de 1990, que fue aprobada por el Senado de la República el 19 de junio del mismo año y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1990, con lo que nuestro país adquirió compromisos internacionales en materia de protección de los derechos de los menores.

Definición doctrinal de tutela:

'Institución para familiar que tiene por objeto el cuidado de la persona de los menores de edad no sujetos a patria potestad y de los mayores incapacitados, la administración de sus bienes y su representación en sus negocios jurídicos y actuaciones judiciales.

Por tanto, son sujetos de la tutela los menores de edad que no estén sometidos a la patria potestad de sus padres o abuelos excepto cuando éstos tengan un interés opuesto al de sus descendientes, pes en este caso debe nombrarse un tutor especial para el caso ….'

Documento intitulado 'Diagnóstico de la Adopción en México', los tiempos utilizados en diferentes etapas y procedimientos de la adopción son: en cuanto al proceso llevado a cabo a través de un Sistema Estatal DIF, 14 meses; el utilizado en lista de espera para asignación, 14.5 meses; en el juicio de adopción 3.3.meses; formación y capacitación para los padres adoptivos, 3.7 meses; en el juicio de adopción 3.3 mese; formación y capacitación para los padres adoptivos, 3.7 mese; integración niño-familia 2.7 meses; determinación de idoneidad de los solicitantes de adopción 3.9 meses y el tiempo promedio utilizado en el juicio de pérdida de patria potestad 9.7 meses.

La iniciativa en la exposición de motivos argumenta como necesidad de la misma, que resulta impostergable resolver la situación jurídica de los 'menores institucionalizados' –esta expresión es utilizada para referirse a los menores dados en adopción en las instituciones especializadas facultadas para tales fines, como son casas hogar casas cuna, el DIF, etc. – para que se agilice el proceso de adopción, para lo cual plantea que únicamente los padres sean los que puedan ejercer la patria potestad de los menores y no así los abuelos como lo marca la legislación vigente, sin embargo, se recomienda tomar en consideración que el quitar el derecho de los abuelos de ejercer la figura jurídica de la patria potestad y darles cómo se señala en la iniciativa de mérito, la tutela legítima preferente igualmente implica la realización de un juicio lo que significa la inversión de tiempo jurisdiccional para el propósito de suspender el ejercicio de la tutela legítima preferente y proceder con los trámites relativos a la adopción de los menores.

BAQUEIRO Rojas Edgar. Diccionarios Jurídicos temáticos. Derecho Civil. Volumen 1. Ed. Oxford. Pág. 79.

DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA, ED. Espasa Siglo XXI, pág. 1001.

BAQUEIRO Rojas Edgar. Diccionarios jurídicos temáticos. Derecho civil. Volumen 1. Ed. Oxford. Pág. 109.

No. de Expediente: 133 Legislatura: LXI Fecha: 2010-03-17 Archivo PDF: 133-084LXI.pdf

Solicitante: Carlos Jiménez Macías, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Internacional: En materia de Acuerdos Interinstitucionales.

Rango de Clasificación: Expediente 084 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, en el que se establece que el Distrito Federal, los Órganos Constitucionales Autónomos y la Procuraduría General de la República pueden suscribir Acuerdos Interinstitucionales.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados, en el que se establece que el Distrito Federal, los Órganos Constitucionales Autónomos y la Procuraduría General de la República pueden suscribir Acuerdos Interinstitucionales.

Utilidad: De los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores; se plantea saber la naturaleza jurídica que actualmente detenta la Procuraduría General de la República (PGR), cuando se señala en las consideraciones del proyecto de dictamen que la PGR no forma parte de la administración pública Federal, y derivado de ello incorporarla o no en el texto del artículo 2 del decreto que plantea la creación de la Ley General sobre Celebración y Aprobación de Tratados. Con la expedición de la nueva Ley, se pretende que el Distrito Federal, los órganos constitucionales autónomos y la PGR puedan suscribir también este tipo de instrumentos de corte internacional, pero lo que respecta a la PGR entra dentro de la calidad de 'dependencia de la administración pública federal'.

Aportación al Usuario: De la Opinión Jurídica, se observará la Argumentación Jurídica los conceptos del Derecho Público; Administración Pública; Procuraduría General de la República y Acuerdo Interinstitucional. El usuario podrá apreciar en el documento diversas definiciones en las que se advierte que mediante la administración Pública se logra también un equilibrio entre las facultades que se otorgan a partir del principio de división de poderes, en donde uno limita al otro en beneficio de la libertad del gobernado. Se destaca de la definición que la administración pública federal en México se encuentra incorporada en el ámbito de competencia del Poder ejecutivo Federal, que desde luego ejerce el Presidente de la República. Se conocerá del estudio el concepto de administración pública centralizada y paraestatal, que dispone el Artículo 90 constitucional. Por lo que corresponde a la administración pública centralizada, las dependencias que la conforman se identifican en razón de las características de: poder o facultad de mando delegada por el Presidente de la República; el nombramiento y remoción de los titulares es facultad discrecional del Ejecutivo Federal; ejercen sus atribuciones de políticas públicas atendiendo disposiciones del Presidente de la República y; la ley secundaria que las rige es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. De acuerdo a las consideraciones legales que se exponen en el documento de opinión y los razonamientos jurídicos expresados, esta Consultoría Jurídica, concluye en los puntos siguientes: Se comparte con el Senador Carlos Jiménez Macías el criterio en el sentido de que la Procuraduría General de la República si forma parte de la administración pública federal, en mérito a lo que disponen los artículos 21 y 102 apartado A) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo un órgano de gobierno con autonomía técnica, lo que la excluye de ubicarla en las modalidades de la administración pública centralizada y paraestatal. La Procuraduría General de la república sí goza de legitimación activa para suscribir acuerdos interinstitucionales, tal y como ya lo ha hecho, al haber celebrado a nombre del Gobierno Mexicano con el Gobierno de la República de Polonia, el que tuvo por objeto la Cooperación para combatir la delincuencia organizada y otros tipos de delitos, firmado en nuestro país el 25 de noviembre de 2002, por el entonces Procurador General de la República, General Rafael Macedo de la Concha, mismo que fue publicado en el diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2004.

No. de Expediente: 132 Legislatura: LXI Fecha: 2010-03-10 Archivo PDF: 132-083LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Penal: En materia de Derechos y Garantía de Igualdad de las personas.

Rango de Clasificación: Expediente 083 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 24 y 25 de la Ley Federal de Defensoría Pública.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 15, 24 y 25 de la Ley Federal de Defensoría Pública.

Utilidad: El objeto de la Iniciativa, es reformar los artículos 14, 24 y 25 de la Ley de Defensoría Pública, a efecto de que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de su Instituto especializado, incluya de manera preferencial dentro de sus servicios de asesoría jurídica, a los extranjeros que se hayan internado en el país, independientemente de su calidad migratoria o de que puedan acreditar la legalidad de su estancia. De lo anterior, el Instituto Federal de Defensoría Pública designaría para cada delegación y estación migratorias, cuando menos a un defensor público y al personal de auxilio necesario.

Aportación al Usuario: De la Argumentación Jurídica de la Opinión Jurídica, el usuario podrá apreciar que en atención a lo que propone la iniciativa en su exposición de motivos, con apoyo en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo que se encuentre en territorio mexicano goza de las garantías individuales que ella le otorga y que por lo tanto, toda persona que se establezca temporal o definitivamente en la República Mexicana, tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes.

Los extranjeros que se establezcan temporal o definitivamente en nuestro territorio o que transiten por él, son favorecidos por las garantías de seguridad jurídica, dentro de las que se incluye la asistencia o asesoría legal. No se omite referir el caso de excepción que configura nuestra Carta Magna, consistente en que el Ejecutivo de la Unión, tiene la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente, como se dispone en el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En este sentido, la doctrina jurídica indica:

'Dentro del estado mexicano todo extranjero, independientemente de su condición migratoria, es titular de las garantías constitucionales, independientemente llamadas 'individuales', casi con la misma amplitud como lo son los mexicanos. Esa titularidad se declara en los artículos 33 y primero de la Constitución cuyo ordenamiento, que es la ley suprema y fundamental de México, es el único que con validez jurídica puede restringir o vedar a los extranjeros el goce y disfrute de los derechos públicos inherentes a dichas garantías'.

Criterios Jurisprudenciales: La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre el particular, sin embargo, ha emitido criterios respecto de la igualdad de los extranjeros en relación con la garantía de la libertad del trabajo, por lo que se estima que el criterio sirve para ilustrar el principio general de la igualdad de todos los sujetos frente a la ley.

Tesis. 1ª. XCI/2008. Materia Constitucional, Administrativa.

'EXTRANJEROS. LOS ARTÍCULOS 37 Y 60 DE LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, ASÍ COMO LOS NUMERALES 106 Y 139 DE SU REGLAMENTO, RESPETAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, EN RELACIÓN CON LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO'.

Ignacio Burgoa O., DICCIONARIO DE DERECHO CONSTITUCIONAL GARANTÍAS Y AMPARO, Editorial Porrúa, sexta edición, página 162.

No. de Expediente: 131 Legislatura: LXI Fecha: 2010-03-08 Archivo PDF: 131-082LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Laboral: En materia Laboral.

Rango de Clasificación: Expediente 082 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto del proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo Decimoquinto Transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo Decimoquinto Transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural.

Utilidad: La iniciativa propone establecer los criterios interpretativos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y garantizar el otorgamiento de todas las prestaciones establecidas por la Institución, así como la obligación de la misma para cubrir las cuotas del Seguro social y autorizar el pago de prestaciones económicas y de despensa, que reclaman y tienen derecho los jubilados y pensionados del sistema BANRURAL'.

Aportación al Usuario: El proyecto que reforma y adiciona el artículo Decimoquinto Transitorio de la Ley Orgánica de la Financiera Rural, establece los criterios interpretativos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, garantizando el otorgamiento de todas prestaciones establecidas por la institución, así como la obligación de la misma para cubrir cuotas del Seguro Social y autorizar el pago de prestaciones económicas y de despensa, que reclaman y tienen derecho los jubilados y pensionados del sistema BANRURAL.

Como aportación al usuario en el documento de Opinión Jurídica, se presen Jurisprudencia en relación con el asunto; se han promovido Juicios de Garantías que han dado como resultado el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Tesis de Jurisprudencia: 2ª./J.113/2004 y en la Tesis Aislada: 2ª. XVIII/2004 en Materia: Laboral, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito. La primera Tesis y de mayor relevancia señala:

Jurisprudencia: 'BANRURAL C. CONFORME AL ARTÍCULO DECÍMOQUINTO TRANSITORIO, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FINANCIERA RURAL, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 26 DE DICIEMBRE DE 2002, LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE DICHO SISTEMA CONTINUARÁN RECIBIENDO LAS PRESTACIONES DE LA MISMA FORMA Y CIRCUNSTANCIAS EN QUE LO HACÍAN DURANTE LA VIGENCIA DE LAS CONDICIONES GENERAL DE TRABAJO.'

Esta Consultoría Jurídica Legislativa establece, que conforme al estudio que contiene la Opinión Jurídica, que el proyecto que se analiza es acorde con Derecho, sin que contenga elementos que pudieran ser contradictorios o violatorios con el orden jurídico nacional establecido en el artículo 133 Constitucional.

Se concluye, que la propuesta legislativa, favorece a la certeza jurídica indispensable, de modo tal que los jubilados y pensionados del entonces sistema Banrural, reciban con normalidad las prestaciones que alcanzaron por sus servicios durante su vida laboral, cuya obligación de pago corresponde a la Financiera Rural, tal y como lo confirmó la Suprema Corte.

No. de Expediente: 130 Legislatura: LXI Fecha: 2010-03-03 Archivo PDF: 130-081LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Desarrollo Social.

Rango de Clasificación: Expediente 081 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto del proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social.

Utilidad: El objeto de la iniciativa es establecer que la política de desarrollo social se sujetará entre otros principios, al de difusión en aras de generar la debida divulgación de las acciones que promueven el desarrollo social tendiente a garantizar el conocimiento sobre los programas, sus reglas de operación, recursos y cobertura.

Aportación al Usuario: De la Opinión Jurídica la Argumentación Jurídica destaca lo siguiente:

La Ley General de Desarrollo Social, publicada el 20 de enero de 2004 en el 'Diario Oficial de la Federación' no ha sufrido reforma alguna, a pesar de las múltiples iniciativas presentadas desde la LIX Legislatura.

Esta ley ha constituido un avance significativo para establecer jurídicamente, las medidas que aseguren el acceso de los mexicanos al desarrollo social, instituyendo una normatividad que articula en forma coherente, las políticas públicas que concurren en los tres niveles de gobierno mediante la planeación, diseño y ejecución de las acciones, así como la participación de los sectores público, social y privado. En Opinión de esta Consultoría Jurídica Legislativa deduce, conforme al estudio que se contiene en el documento, que el proyecto no contiene elementos que pudieran ser contradictorios o violatorios del orden jurídico nacional establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El proyecto es coherente con el contenido de la Ley General de Desarrollo social y propicia el establecimiento en la ley de la materia, de una figura adecuada para llevar a cabo los objetivos de la política de desarrollo social en el país, sobre la base de que su aplicación se ejerza en todos los casos conforme a derecho, de modo que observen las disposiciones legales y administrativas aplicables, así como atender aquellas que la restringen, como es el caso, de lo previsto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafo octavo. ' Artículo 134.-…

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.'

No. de Expediente: 80 Legislatura: LXI Fecha: 2010-03-03 Archivo PDF: 89-080-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia Financiera.

Rango de Clasificación: Expediente 080 LXI Legislatura. Opinión Jurídica sobre el proyecto de decreto que reforma la fracción I del Artículo 2, se adiciona el Artículo 2 Bis, se reforma y adiciona el Artículo 21, se reforma el segundo y tercer párrafo del Artículo 23, el Artículo 51, y la fracción XXII del Artículo 60 y la fracción VI del Artículo 68 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre el proyecto de decreto que reforma la fracción I del Artículo 2, se adiciona el Artículo 2 Bis, se reforma y adiciona el Artículo 21, se reforma el segundo y tercer párrafo del Artículo 23, el Artículo 51, y la fracción XXII del artículo 60 y la fracción VI del Artículo 68 de la Ley para Regular las sociedades de Información Crediticia.

Utilidad: Se podrá examinar del proyecto de decreto las diversas modificaciones a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, en torno al funcionamiento del denominado Buró de Crédito, a fin, de proporcionar mayor certeza jurídica a los usuarios de sus servicios.

En ese sentido, como principales puntos se atiende a lo siguiente:

I. Establecer el concepto de 'Cartera Vencida'.

II. Modificar el catálogo de las denominadas 'claves de prevención u observación', a efecto de que éstas reflejen con veracidad y justeza el comportamiento crediticio de los particulares.

III. Reducir de 70 a 60 meses la vigencia en los registros de la Base Primaria de Datos, toda vez que en ese término prescribe la mayoría de las acciones legales tanto civiles, como administrativas y fiscales; y

IV. Perfeccionar las disposiciones en materia de sanciones previstas en la Ley de referencia, a fin de sancionar adecuadamente con el pago de daños y perjuicios a quienes produzcan errores en la Base Primaria de Datos a cargo de las sociedades de Información Crediticia, que ocasionen un daño económico o moral a los usuarios del crédito.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer de las sociedades de información crediticia, las cuales se constituyen como Instituciones Financieras que proporcionan servicios de recopilación, manejo, oferta y entrega de información, relativa al historial crediticio de personas físicas y morales.

Las Sociedades de Información Crediticia (SIC) operan principalmente bajo la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la opinión previa del Banco de México y de la Comisión Bancaria y de Valores.

Así mismo, las Sociedades de Información Crediticia, participan relevantemente dentro del sistema financiero y comercial del país, en virtud del conocimiento de la información crediticia, relativa al incumplimiento de las obligaciones de pago en que indistintamente incurren diferentes acreditados dentro de la relación crediticia financiera y comercial.

En ese sentido, se establece jurídicamente el condujo a la inscripción respectiva en la Base de Datos del Buró de Crédito de los deudores.

No. de Expediente: 170 Legislatura: LXI Fecha: 2010-03-02 Archivo PDF: 170-079 LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Programas Operativos de Desarrollo Social.

Rango de Clasificación: EXP. 079 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Social.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Social.

Utilidad: La iniciativa tiene por objeto que los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal hagan del conocimiento público cada año sus programas operativos de desarrollo social, a través de los medios más accesibles a la población, en los que se incluirá el monto total asignado de los mismos, así como el número de beneficiarios, y, en caso de que existan, las organizaciones participantes, en un plazo máximo de 90 días a partir de la aprobación de sus presupuestos de egresos anuales respectivos.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer de las Instituciones responsables del Desarrollo Social, los lineamientos a lo que debe sujetarse la Política Nacional de Desarrollo Social.

Así mismo, que el proyecto prevé establecer el Sistema de Desarrollo Social, en la que participarán los gobiernos municipales, de las entidades federativas y el Federal.

De lo anterior, podemos referir que el artículo 3° de la Ley General de Desarrollo Social, contempla los principios rectores a los que deberá sujetarse la Política de Desarrollo Social.

'Artículo 3°. La Política de Desarrollo Social se sujetará a los siguientes principios:

I. a VIII. …

IX. Transparencia: La información relativa al desarrollo social es pública en los términos de las leyes en la materia. Las autoridades del país garantizarán que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz'.

Atendiendo a lo citado, también es de precisar que la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), tiene como objeto coordinar la política social del gobierno federal y ejecutarla en forma corresponsable con la sociedad. Asimismo, es de referir que la Secretaría de Desarrollo Social, desarrolla programas sociales, tales como: Programa 3x1 para Migrantes, Programas 70 y más, Programas de Atención a Jornaleros Agrícola, Programa de Empleo Temporal, Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, etc.; por otra parte, es de mencionarse que los programas actualmente hacen del conocimiento público los informes de presupuesto ejercido, los beneficiarios de los programas, y los lineamientos de cada uno de ellos.

No. de Expediente: 167 Legislatura: LXI Fecha: 2010-03-02 Archivo PDF: 167-078 LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Campañas de Control de Natalidad y de Prevención de Embarazos en Adolescentes.

Rango de Clasificación: EXP. 078 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Social.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley General de Desarrollo Social.

Utilidad: Impulsar el establecimiento de programas adecuados en el control de natalidad.

Así como instaurar políticas en materia de salud reproductiva y planificación familiar, tal y como se funda en la Ley General de Salud, en su artículo 1°, que a la letra dice:

'Artículo 1°.- La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4° de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social'.

Aportación al Usuario: El usuario conocerá de la regulación a los derechos reproductivos, así como del organismo que se encarga de promover ante las dependencias competentes las medidas necesarias, para realizar programas de planeación familiar y de salud pública, conforme lo establece el artículo 3° de la Ley de Población, que refiere lo siguiente:

'Artículo 3°.- Para los fines de esta Ley, la Secretaría de Gobernación dictará y ejecutará o en su caso promoverá ante las dependencias competentes o entidades correspondientes, las medidas necesarias para:

…

II. Realizar programas de planeación familiar a través de los servicios educativos y de salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realicen organismos privados, se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales del hombre y preserven la dignidad de las familias, con el objeto de regular racionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país;

III a XIV......

Así mismo, la Ley General de Salud, establece que es prioritario la planificación familiar como parte de los servicios de salud, al proporcionar información y orientar oportuna, eficaz y educativamente a los adolescentes y jóvenes.

No obstante, a lo anterior, actualmente el Programa Nacional de Salud, 'Por un México Sano' (2007-2012), construye alianzas para una mejor salud, instituyendo la promoción de la salud sexual y reproductiva; la cual coordina el Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva, y que desarrollan las instituciones de salud.

Finalmente, la Ley de Desarrollo Social parte del interés social de crear campañas de natalidad y de prevención de embarazos en adolescentes, y con ello, evitar enfermedades de transmisión y embarazos a temprana edad.

No. de Expediente: 76 Legislatura: LXI Fecha: 2010-02-24 Archivo PDF: 29-076-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Privado: En materia mercantil.

Rango de Clasificación: EXP. 076 LXI Legislatura. Opinión jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, presentada por los Senadores Carlos Jiménez Macías y Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del PRI, el 12 de noviembre de 2009.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona un artículo 72 Ter a la Ley de Instituciones de Crédito, presentada por los Senadores Carlos Jiménez Macías y Ramiro Hernández García, del Grupo Parlamentario del PRI, el 12 de noviembre de 2009.

Utilidad: Se reconocerá en diferentes ordenamientos jurídicos la protección del salario de los trabajadores en México.

Aportación al Usuario: La iniciativa tiene por objeto establecer que en la celebración de contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, mediante la expedición de tarjetas de crédito, no podrá pactarse el cobro de los adeudos no cubiertos en tiempo y forma con los recursos captados del mismo cliente en distinta cuenta de ahorro, pero solo cuando se refiera a cuentas de ahorro en las que el empleador o patrón del cliente transfiera de manera electrónica su salario y demás prestaciones laborales. Asimismo, se podrá conocer que dentro del Marco Jurídico Nacional queda contemplada la protección al salario:

Constitución Política la protección del salario como derecho fundamental, artículo 5, y el artículo 123, Apartado A, fracciones VI y VIII.

La Ley Federal del Trabajo: artículo 82 refiere al salario como la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.

Artículo 98, establece que los trabajadores tienen derecho a disponer libremente de sus salarios, y se aprecia también que cualquier disposición o medida que desvirtué este derecho será nula; entre otras.

Ley de Instituciones de Crédito: Regula el servicio de Banca y Crédito; la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano.

Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servidores Financieros: Regula las comisiones y cuotas de intercambio, así como otros aspectos relacionados con los servicios financieros y el otorgamiento de crédito de cualquier naturaleza que realicen las entidades, con el fin de garantizar la transparencia, la eficacia del sistema de pagos y proteger los intereses del público; entre otras.

Jurisprudencia:

La Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el salario es inembargable, que no está sujeto a compensación o descuento alguno, y que tal regulación debe ser respetada por los jueces de todos los estados, a pesar de las disposiciones en contrario que fuere. (Séptima Época Registro: 243069, Instancia: Cuarta Sala Jurisprudencia, Fuente: Seminario Judicial de la Federación, Volumen: 151-156, Quinta parte, Materia: Laboral Tesis: página 211.)

No. de Expediente: 75 Legislatura: LXI Fecha: 2010-02-23 Archivo PDF: 28-075_LXI.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de regulación del uso de tecnología para la seguridad pública.

Rango de Clasificación: EXP. 075 LXI Legislatura. Opinión jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Federal que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública, presentada por el Sen. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN, el 17 de noviembre de 2009.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley Federal que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública, presentada por el Sen. Federico Döring Casar, del Grupo Parlamentario del PAN, el 17 de noviembre de 2009.

Utilidad: La Iniciativa hace referencia a ocho ordenamientos secundarios que se fundamentan en la materia objeto de estudio y la Constitución, es decir, por lo menos se advierte que en las diversas disposiciones se establece la atribución de llevar a cabo el registro en medios magnéticos o electrónicos de los datos relativos a la Seguridad Pública, que es coincidente con lo que el iniciante plantea en su exposición de motivos de lo cual se deduce que el Derecho positivo ya prevé la intención que se pretende normar en una nueva ley.

Aportación al Usuario: El usuario podrá realizar un análisis de diversos preceptos legales, así como de la aplicación de la Técnica Legislativa; los ordenamientos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 02 de enero de 2009, el ordenamiento jurídico tiene por objeto regular la integración, organización y fundamento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para establecer la distribución de competencias y las bases de la coordinación entre la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios.

No. de Expediente: 74 Legislatura: LXI Fecha: 2010-02-17Archivo PDF: 27-074-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Laboral: En materia de seguridad social para las mujeres embarazadas.

Rango de Clasificación: EXP. 074 LXI Legislatura. Opinión jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción I del artículo 102 y el párrafo segundo del artículo 103 de la Ley del Seguro Social y por el que se adiciona el artículo 170 bis a la Ley Federal del Trabajo, presentada por los Senadores María del Socorro García Quíroz, Fernando Castro Trenti, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Adolfo Toledo Infanzón y Ricardo Pacheco Rodríguez, el 20 de octubre de 2009.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se deroga la fracción I del artículo 102 y el párrafo segundo del artículo 103 de la Ley del Seguro Social y por el que se adiciona el artículo 170 Bis, a la Ley Federal del Trabajo, presentada por los Senadores María del Socorro García Quíroz, Fernando Castro Trenti, Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, Adolfo Toledo Infanzón y Ricardo Pacheco Rodríguez, el 20 de octubre de 2009.

Utilidad: Conocer los derechos laborales de las mujeres embarazadas.

Aportación al Usuario: Del análisis de la iniciativa, el usuario se dará cuenta que la propuesta reviste un importante avance con metas laborales en pro de las trabajadoras en condición de ser madres.

En cuando a la materia, en la especie, no se percibe en la Iniciativa que exista contradicción al marco legal que la rige, y sí en cambio favorece las condiciones laborales para la mujer embarazada, así como la calidad del Sistema de Seguridad Social Nacional respecto de la forma en que la legislación laboral respalda las prestaciones y asegura la estancia de la trabajadora durante su embarazo.

No. de Expediente: 71 Legislatura: LXI Fecha: 2010-02-15 Archivo PDF: 12-071-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. 13 de febrero de 2007. Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Penal: En materia de portación de armas de fuego y posesión de cartuchos.

Rango de Clasificación: EXP. 071 LXI Legislatura. (Negativo). Opinión Jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III, numeral 1, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que sean delitos graves la aportación de armas de fuego y posesión de cartuchos mayores a las permitidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada el 24 de noviembre de 2009.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción III, numeral 1, del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que sean delitos graves la portación de armas de fuego y posesión de cartuchos mayores a las permitidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, presentada el 24 de noviembre de 2009.

Utilidad: Determinar los delitos graves en razón a la portación de armas de fuego y posesión de cartuchos mayores a las permitidas por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Aportación al Usuario: Podrán analizar en la opinión jurídica que los artículos 9 y 10 transcritos, se colige la inviabilidad de incorporar este tipo de armas al numeral 1 de la fracción III del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, toda vez que, el numeral de referencia circunscribe la hipótesis normativa a la posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y las armas que alude la hipótesis normativa de los artículos 9 y 10 de la propia ley, no son de uso exclusivo, por lo que en el caso de prosperar la iniciativa en sus términos, incorpora elementos de transgresión constitucional al artículo 10 de la Carta Magna, en carácter de garantía individual.

Derecho Comparado: Se aporta el estudio de las Constituciones de países como Chile, Panamá y Alemania, en el que se establecen las bases para la posesión y tenencia de armas.

Criterios Jurisprudenciales: La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en tesis respecto al tema de Portación de Armas Prohibidas. Delito de portación de Arma prohibida.

No. de Expediente: 169 Legislatura: LXI Fecha: 2009-12-15 Archivo PDF: 169-069 LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Control Sanitario de los Sistemas de Agua.

Rango de Clasificación: EXP. 069 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica sobre la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Utilidad: La propuesta plantea diversas reformas, para el fortalecimiento de facultades de la Secretaría de Salud y de la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con el fin de lograr una regulación y control sanitario sobre los diferentes servicios de suministro, tratamiento y distribución del agua para consumo humano.

Lo anterior, a fin de alcanzar una adecuada sistematización de las atribuciones que les corresponden a las autoridades federales y locales.

Aportación al Usuario: En el documento de opinión, se presenta el modelo que permite a los órganos de gobierno, instaurar las atribuciones correctas, de normalización, asistencia y vigilancia federal, a fin de garantizar los servicios de suministro, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

'Artículo 4°. … …

Toda persona tiene derecho a la protección de salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y de las Entidades Federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución'.

Así mismo, es de señalarse que la Ley General de Salud en sus artículos 118 fracción II y 119 primer párrafo, fracción II establecen la competencia de la Secretaría de Salud, el primero indica que debe 'emitir las normas técnicas a que deberá sujetarse el tratamiento del agua para uso y consumo humano'; y el segundo, refiere que 'corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia: II. Vigilar y certificar la calidad del agua para su uso y consumo humano,'.

Aunado a lo anterior, el artículo 457 de la ley citada, prevé la sanción que deberá aplicarse a quien contamine algún cuerpo de agua destinado para uso o consumo humano, que versa de 'uno a ocho años de prisión y multa por el equivalente de cien a dos mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate,…'; así mismo, la Ley de Aguas Nacionales, destaca como principio de la política hídrica nacional, la competencia del Ejecutivo Federal para establecer las medidas necesarias, para mantener una adecuada calidad de agua en el consumo humano.

Finalmente, es de resaltarse que la Secretaría de Salud a través de la emisión de Normas Oficiales Mexicanas (NOMs), prevé la sanción para las personas que contaminen un cuerpo de agua, ya sea de manera superficial o subterráneo, y estos sean destinados para su consumo humano y pongan en riesgo la salud de la población.

No. de Expediente: 173 Legislatura: LXI Fecha: 2009-12-17Archivo PDF: 173-067 LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Prevención de la Discriminación, y de Características Genéticas.

Rango de Clasificación: EXP. 067 de la LXIII Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa que reforma el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa que reforma el Artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Utilidad: La Iniciativa propone agregar el concepto de 'características genéticas' al artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Aportación al Usuario: Argumentación Jurídica

El avance científico en nuestro país como en todo el mundo, ha logrado un gran desarrollo en la medicina, la biología, la química, etc., lo que ha permitido que la genética tenga progreso en el perfeccionamiento de los genes del ser humano. Por ello, cada individuo tiene el derecho y la libertad de hacerse valer de los procesos genéticos, sin que éstos provoquen algún tipo de discriminación contra los adquirientes de este beneficio, por lo que se considera muy oportuna la Iniciativa objeto de este estudio y por igual congruente con el marco jurídico que le antecede.

Instrumentos Internacionales

• 'Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos'; el cual establece en su artículo 2°, que prevalece el respeto a la dignidad, la libertad y los derechos de cada persona, así como la prohibición de toda forma de discriminación indistintamente de sus características genéticas.
• Declaración Internacional en Datos Genéticos Humanos .
• Declaración Ibero-Latinoamericana sobre Derecho, Bioética y Genoma Humano .
• Convenio Europeo sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina .
• Criterios Jurisprudenciales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estudiar la interpretación del marco jurídico de esta materia y su respectiva aplicación a casos concretos, que ha tenido bajo su competencia ha establecido los criterios en los que resultan obligados los tribunales de atender en la resolución de los juicios que les toque conocer y cuyo objeto de Litis sea en materia de la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, a saber:

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 154/2005-PS de la que derivó la jurisprudencia 1ª./J. 101/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXV, marzo 2007, página 111, con el rubro: 'JUICIOS DE PATERNIDAD. EN LOS CASOS EN QUE A PESAR DE LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE APREMIO LOSPRESUNTOS ASCENDIENTES SE NIEGAN A PRACTICARSE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE GENÉTICA (ADN), OPERA LA PRESUNCIÓN DE LA FILIACIÓN.

Conclusión: Se comparte la finalidad del proyecto, la cual versa sobre la erradicación de la discriminación en contra de cualquier persona, debido a sus características genéticas, es decir, sin importar las características psíquicas y físicas que se transmiten de padres a hijos.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 16 de octubre de 2003. Declaración de Manzanillo de 1996, revisada en Buenos Aires en 1998 y en Santiago en 2001.

Consejo de Europa, del 4 de abril de 1997.

No. de Expediente: 64 Legislatura: LXI Fecha: 2010-02-04 Archivo PDF: 68-064-LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti. Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Observación de los Derechos Humanos en la Impartición de la Educación en los Centros Escolares.

Rango de Clasificación: Expediente 064 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley General de Educación, presentada por la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan, diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley General de Educación, presentada por la Senadora Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, el 3 de diciembre de 2009.

Utilidad: El usuario podrá apreciar que la Iniciativa tiene por objeto ampliar las facultades y atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la supervisión y observancia de los derechos humanos en la impartición de la educación, particularmente dentro de los centros escolares.

Aportación al Usuario: Dentro de las Aportaciónes al usuario, el criterio de la Consultoría Jurídica establece lo siguiente:

No se estima sustancial la reforma y adición al artículo 6° de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda vez, que el texto vigente ya tutela el bien jurídico que se busca proteger; y por consiguiente son múltiples los entornos en los que se suscitan diversos tipos o prácticas de discriminación que requieren al igual que en el sistema educativo la supervisión y observancia de los derechos humanos. Es por ello que el objeto esencial de la ley que se analiza es la protección, observancia, promoción, estudio, y divulgación de dichos derechos de manera genérica, mismos que ampara el orden jurídico mexicano en todo el territorio nacional sin hacer especial hincapié en algún sector.

En cuanto a las reformas a la Ley General de Educación, se establece que básicamente fomentan el valor de la dignidad humana, desarrollando y estimulando el conocimiento de los derechos humanos tanto dentro como fuera de los centros educativos de todo el país, por lo que con las reformas planteadas, se intensifica la enseñanza y el respeto por los derechos humanos.

No. de Expediente: 63 Legislatura: LXI Fecha: 2010-01-27 Archivo PDF: 88-063-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia Educativa.

Rango de Clasificación: Expediente 063 LXI Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto que adiciona el Artículo 48 de la Ley General de Educación.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del proyecto de decreto que adiciona el artículo 48 de la Ley General de Educación.

Utilidad: Resaltar de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se encarga de elaborar y coordinar un Plan Emergente de Educación Complementaria, como un mecanismo auxiliar que se activará en caso de contingencia sanitaria, climatológica o de otra índole que afecte el desarrollo escolar.

Del Plan de Contingencia se pueden destacar los siguientes elementos, tales como:

I.- Un sistema de asesoría;

II.- Material educativo de apoyo físico y multimedios;

III.- La definición clara y estructurada de los objetivos trazados por mes y semana; y

IV.- Un sistema de evaluación a seguir.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer de los casos en los que se presenta, eventualmente la suspensión de clases y cierre de escuelas por un alto nivel de contagios de enfermedades, tal y como la influenza AH1N1, que se propago en los centros escolares de todo el país; por lo que la Secretaría de Educación Pública considera que maestros de preescolar, primaria y secundaria de planteles públicos y privados, amplíen su jornada de clases por 30 minutos, trabajar los sábados o en turnos distintos a los asignados; así como, ejecutar las recomendaciones de higiene y de prevención de la Secretaría de Salud, a fin, de elaborar conjuntamente y en coordinación un Plan Emergente de Educación Complementaria, mismo que se activara en caso de contingencia sanitaria, climatológica o de otra índole, que pueda afectar el buen desarrollo del ciclo escolar, y con ello los estudiantes continúen aprendiendo y no retrasen su educación.

Es de resaltarse, que actualmente al secretaría de Educación Pública ya cuenta con recursos de aprendizaje generados y construidos a través de varios años, tales como los contenidos televisivos en la Telesecundaria, materiales digitales de Red Escolar del Instituto de Comunicación Educativa (ILCE), los propios libros de texto, el sistema abierto de educación y otros recursos como canales de televisión y satelitales, que bien se utilizaran para el desarrollo del Plan Emergente de Educación

No. de Expediente: 172 Legislatura: LXI Fecha: 2009-10-29 Archivo PDF: 172-062 LXI.pdf

Solicitante: Senador Humberto Andrade Quezada, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Regulación de las llamadas 'Casas del Migrante'.

Rango de Clasificación: EXP. 062 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica referente al Acuerdo del Congreso del Estado de Coahuila, por el que solicita al Congreso de la Unión realice modificaciones pertinentes a la Ley General de Población, para regular las llamadas 'casas del migrante'.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Relativa al Acuerdo del Congreso de Coahuila, por el que solicita al Congreso de la Unión realice las modificaciones pertinentes a la Ley General de Población, para regular las llamadas 'casas del migrante'.

Utilidad: Conocer que el objetivo del Acuerdo del Congreso del Coahuila, por el que solicita al Congreso de la Unión realice las modificaciones pertinentes a la Ley General de Población, para regular las llamadas 'casas del migrante'.

Aportación al Usuario: Objeto del Instrumento: De la lectura del presente Acuerdo se interpreta, que ponen a disposición de las comisiones correspondientes la propuesta de regular en la Ley General de Población las llamadas 'casas del migrante', a fin de que la hagan suya, presentando la Iniciativa con Proyecto de Decreto correspondiente, cubriendo cada etapa del proceso legislativo constitucional, dando cumplimiento de esta forma a la solicitud enviada por el Congreso del Estado de Coahuila.

Argumentación Jurídica: El Estado mexicano tiene todo el derecho de regular las actividades que se relacionen con aquellas personas que tengan otra nacionalidad y se encuentren dentro del país. En tal virtud, es que el Congreso del Unión expide la Ley General de Población, en la cual se establecen mecanismos para controlar las actividades de los extranjeros. Es así, que en ejercicio del derecho soberano del que goza, el Congreso de la Unión instauró en la Ley General de Población determinadas sanciones con el fin de que extranjeros que se internen en el territorio nacional. El principal de esos mecanismos es la calidad migratoria , y de esta depende las actividades que pueden o no realizar los extranjeros.

Documentos Internacionales: Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana, el cual deriva de la 'XVI Cumbre Iberoamericana', y del que México es signatario; este compromiso en su numeral 17 establece lo siguiente: 'Migrar no es ningún delito, por lo que los estados no desarrollarán políticas orientadas a criminalizar al migrante' .

Conclusión: Esta Consultoría Jurídica Legislativa considera que el oficio recibido del Congreso del Estado de Coahuila, está encaminado a que la propuesta legislativa que contiene sea, en su caso, presentada por la Comisión al Pleno en su modalidad de Iniciativa cumpliendo con los requisitos de formalidad y solemnidad que la propia Constitución y la Ley Orgánica del Congreso General conciben, esto en caso de considerar como viable y factible la petición.

De los argumentos esgrimidos en el documento se concluye que estas instituciones son Organizaciones no gubernamentales, mismas que en la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil ya se encuentran reguladas; de igual forma se considera que establecer una legislación como se pide, abriría la figura de autorización administrativa a favor de particulares para ordinariamente coadyuvar con el Estado en esa actividad, situación que además ocasionaría que estas organizaciones (ONG’s) tuviesen que abandonar su actual naturaleza jurídica.

Ley General de Población.

Artículo 41.

Compromiso de Montevideo sobre Migraciones y Desarrollo de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Iberoamericana, 2006.

No. de Expediente: 61 Legislatura: LXI Fecha: 2009-11-19Archivo PDF: 26-061_LXI.pdf

Solicitante: Sen. Humberto Andrade Quezada, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de migración

Rango de Clasificación: EXP. 061 LXI Legislatura. Opinión jurídica de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un artículo 35 Bis a la Ley General de Población, presentada por la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del PVEM, el 12 de noviembre de 2009.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con proyecto de decreto por el que adiciona un artículo 35 Bis a la Ley General de Población, presentada por la Sen. Ludivina Menchaca Castellanos, del PVEM, el 12 de noviembre de 2009.

Utilidad: Reconocer una nueva calidad migratoria bajo razones humanitarias de protección a través de la Ley.

Aportación al Usuario: En el Ámbito Nacional:

El usuario podrá conocer que en la Ley de Población, se establecen mecanismos para controlar el tránsito de los extranjeros que se internen en el territorio nacional, su calidad migratoria. Además de la disposición de que los extranjeros se pueden internar legalmente al país, solo con las calidades de 'No inmigrante' e 'Inmigrante', cada una de estas calidades migratorias autorizan al extranjero a realizar ciertas actividades y le prohíbe otras.

Calidades migratorias, que se otorgan con permiso de la Secretaría de Gobernación, con el fin de que el extranjero se interne en el país, bajo alguna de las características que la propia ley dispone.

En el ámbito legislativo:

Se reconocerá la competencia del Congreso para poder legislar sobre la condición jurídica de los extranjeros, emigración, inmigración y salubridad entre otros.

En el Ámbito Internacional:

Conocer que el Estado mexicano ha formado parte de diversos documentos internacionales en los cuales se compromete a legislar a favor de la protección de las víctimas de la trata de personas, amparando en todo momento sus derechos internacionales reconocidos.

El 'Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional'.

No. de Expediente: 171 Legislatura: LXI Fecha: 2009-11-12Archivo PDF: 171-058 LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Víctimas de Violencia Doméstica o Abuso Sexual

Rango de Clasificación: EXP. 058 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos a); b); y c); y se adiciona un inciso d) al artículo 4° de la Ley de Asistencia Social.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Relativa al Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos a); b); y c); y se adiciona un inciso d) al artículo 4° de la Ley de Asistencia Social.

Utilidad: La iniciativa señala sustancialmente la necesidad de incluir a las víctimas de violencia doméstica o abuso sexual, en el diseño y ejecución de políticas públicas tendientes a mejorar las condiciones de este grupo vulnerable, a través de la reforma planteada al artículo 4° de la Ley de Asistencia Social.

Aportación al Usuario: Se conocerá de la naturaleza jurídica de la asistencia social, que comprende principalmente las acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación en aquellas personas con desventaja física y mental, hasta logar su incorporación a una vida plena y productiva.

Así mismo, la Ley de Asistencia Social, prevé como sujetos de asistencia social, a todos aquellos que por cualquier causa se encuentren en situación de vulnerabilidad, y que para su integración requieren de servicios especializados para su plena integración y bienestar.

Con base a lo expuesto esta Unidad Técnica sugiere las siguientes Consideraciones:

• Se coincide plenamente con los iniciantes, respecto de la importancia de salvaguardar la integridad de las mujeres, en situación vulnerable.
• La legislación penal contempla puntualmente la tipificación y sanciones correspondientes a los delitos correlativos.
• La iniciativa en sus términos resulta constitucional y legalmente procedente.

Lo anterior tomando en cuenta que el Decreto planteado por la Iniciativa, no se hace cargo de ampliar las previsiones de referencia para el derecho a la asistencia social en beneficio de las mujeres, como pretende el espíritu de la Iniciativa.

No. de Expediente: 168 Legislatura: LXI Fecha: 2010-01-27Archivo PDF: 168-057 LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Penal: En materia de Conductas Delictivas en Guarderías, o en establecimientos que tengan bajo su protección el cuidado de menores.

Rango de Clasificación: EXP. 057 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto al Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 62Bis al Código Penal Federal y se reforma el numeral 1) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto por el que se adiciona el artículo 62 Bis al Código Penal Federal y se reforma el numeral 1) de la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Utilidad: Conocer del castigo que se imponga al personal que preste sus servicios en una guardería o en cualquier establecimiento, que tenga bajo su cuidado o custodia a niños o adolescentes y al propietario de dichos establecimientos, y su conducta fuera delictiva para los infantes, así como en la falta de cuidado en las instalaciones y operación del servicio, por actos u omisiones que ocasionen la muerte de dos o más personas.

Lo anterior, atendiendo al principio toral en materia de derechos de la infancia, el cual consiste en que el Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez.

Aportación al Usuario: La opinión jurídica se centra en aquellas personas que cometan negligencia grave en perjuicio de las niñas, niños y adolescentes; y provoquen la perdida de la vida de un infante, que tengan a su cuidado, por servicio de Guardería.

En tal sentido, se busca que el Código Penal Federal contemple con mayor intensidad el bien jurídico tutelado, en aquellos padres, maestros, guarderías, instalaciones deportivas, transportes, etc., que tomen a la ligera el deber de cuidar y tener la responsabilidad de seres de formación.

Lo anterior, versa sobre la incorporación de un nuevo tipo penal en el Código Penal, dentro del catálogo de los delitos culposos, en el cual se estipula que cuando la comisión de cualquier ilícito de los clasificados como culposos sea cometido en perjuicio en dos o más personas menores de seis o mayores de sesenta y cinco años, o en contra de personas que padezcan alguna discapacidad, que se encuentre en alguna guardería, estancia, albergue, asilo, casa de apoyo o cualquier lugar o entidad pública, social o privada, que se dedique a su guarda, custodia, protección, curación o rehabilitación, la pena será de 5 a 20 años de prisión, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza.

A fin de tipificar lo citado, el Código Penal Federal otorgara facultades a las autoridades judiciales federales para actuar en el ámbito de su competencia, es decir, para los delitos en el orden federal, quedando comprendidos todos los empleados federales, así como en aquellos inmuebles federales en los cuales se haya cometido el delito.

Ahora bien, en el caso concreto del Código Penal local del Congreso de Sonora, se establece el otorgamiento de facultades a las autoridades judiciales locales, de conocer las concesiones de las guarderías que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgue a los particulares, sin embrago, no hay que dejar de considerar, que las autoridades federales conocerán de delitos del fuero común, cuando haya conexidad con delitos federales.

No. de Expediente: 175 Legislatura: LXI Fecha: 2009-11-30Archivo PDF: 175-054BIS LXI.pdf

Solicitante: Senador Humberto Andrade Quezada, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Migración.

Rango de Clasificación: EXP. 054 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley General de Población.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 118 de la Ley General de Población.

Utilidad: El objeto de la iniciativa consiste en derogar del texto de la ley en la materia, las disposiciones que aplican una multa administrativa a los migrantes que se internan de forma ilegal en el país, comúnmente por dos causales y de igual forma, se propone reducir el monto mínimo y máximo de la multa administrativa en general.

Aportación al Usuario: Marco Jurídico

Partiendo de la carta fundamental que brinda, protege y garantiza los derechos y obligaciones de las personas en nuestro país, al disponer en el primer párrafo del artículo 1° que 'En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en casos y con las condiciones que ella misma establece'. De esta cita se puede deducir, que las garantías individuales no son exclusivas de los mexicanos, sino que todo individuo que se encuentre dentro del territorio nacional, por ese solo hecho, goza de todas ellas.

Se sabrá que tanto los mexicanos como los extranjeros tienen el derecho de internarse de forma legal en el país, independientemente de cual sea su arribo al territorio nacional, tal y como lo establece el siguiente ordenamiento: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

'Artículo 11.- Todo hombre tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El derecho de este ejercicio estará subordinado a las facultades… de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país'.

En ese sentido, y por cuanto hace a los extranjeros tenemos que el artículo 33 de la Carta Magna, establece que: 'Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tiene derecho a las garantías que otorga el capítulo I, título primero de la presente Constitución;…'.

Atendiendo a lo citado, se destaca de las restricciones a los extranjeros, básicamente, éstos tienen los mismos derechos que los ciudadanos de nacionalidad mexicana, sin embargo, prevalecen restricciones tales como: adquisición de propiedad privada, el desempeño en ciertos cargos, derechos políticos, entre otros.

Por tal motivo, la Ley General de Población instaura los mecanismos para controlar las actividades de los extranjeros que se internen en el territorio nacional; sólo con la calidad de 'No Inmigrante' e 'Inmigrante', cada una de estas disposiciones migratorias autorizan al extranjero a realizar ciertas actividades y le prohíbe otras.

Instrumentos Internacionales

'Convenio de Montevideo' , que suscribe México en su numeral 17, establece que la condición de migrante no es un delito; toda vez, que la legislación mexicana en materia de población no lo sanciona por tal condición, sino por el incumplimiento a los mecanismos.

Conclusiones: Se coincide con la intención de los legisladores respecto de la disminución al monto establecido en el primer párrafo del artículo 118, apegándonos a los criterios constitucionales del artículo 22, el cual prohíbe las multas excesivas, de igual forma se considera el hecho de que la mayoría de migrantes que se enfrentan a las hipótesis marcadas en los incisos de este artículo, se encuentran en condiciones económicas muy precarias o no cuentan con el dinero suficiente para cumplir con la sanción impuesta.

Por lo que hace a la propuesta para derogar los incisos a) y f), se llegó a la conclusión que ésta es jurídicamente inviable, ya que dejar sin vigencia dichos incisos sería consentir que los extranjeros que hayan sido expulsados insistan regresar y permanecer en México, a pesar de que la causa de su deportación haya sido la infracción de alguna norma que signifique el quebrantamiento del orden legal en el país, lo que equivaldría a cancelar la soberana potestad de México para expulsar a los extranjeros que incumplan la ley.

Compromiso de Montevideo, aprobado a principios de 2006 por los jefes de Estados y el Gobierno de la comunidad Iberoamericana.

No. de Expediente: 174 Legislatura: LXI Fecha: 2009-12-17 Archivo PDF: 174-055 LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Penal: En materia de Derechos de Autor.

Rango de Clasificación: EXP. 055 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona el artículo 424 quáter al Código Penal Federal; se reforma el artículo 148, y se adiciona un tercer párrafo a la fracción IV del mismo artículo de la Ley Federal de Derecho de Autor.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del Proyecto de Decreto que Adiciona el Artículo 424 Quáter al Código Penal Federal; así mismo se reforma el Artículo 148 y se adiciona un Tercer Párrafo a la Fracción IV del mismo Artículo, de la ley Federal del Derecho de Autor.

Utilidad: Conocerá de la naturaleza jurídica que contribuye al abatimiento eficaz de las conductas delictivas que socavan los derechos de autor, aún aquellas que se cometen sin ánimo de lucro.

Aportación al Usuario: El usuario podrá saber de la facultad que tiene el Congreso de la Unión, para conocer lo referente a la propiedad intelectual, así como de los derechos de autor.

Lo anterior, a razón de fomentar el respeto al derecho de explotar comercialmente obras de autores, creadores y artistas, no sólo con el objetivo económico; sino con el fin, de constituir un aliciente a los productores de tales creaciones, para resguardar sus obras como expresiones culturales, merecedoras de protección.

Así mismo, es de precisarse que, con la finalidad de proteger los derechos de autor por el Estado mexicano, se implementa el propósito de agravar la pena para la comisión del delito que involucra la piratería, incluyendo como parte activa del delito, la reproducción de la obra, cualquiera que sea, por cualquier medio, ya sea durante su exhibición pública, interpretación o ejecución.

No. de Expediente: 179 Legislatura: LXI Fecha: 2009-11-06Archivo PDF: 179-050 LXI.pdf

Solicitante: Senador Antonio Mejía Haro, Presidente de la Comisión de Estudios Hidráulicos.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Aguas Nacionales.

Rango de Clasificación: EXP. 050 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica del Proyecto de Decreto por el que se Reforma la Fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto al proyecto de Decreto por el que se Reforma la Fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales.

Utilidad: El Proyecto tiene por objeto reformar la fracción LIX del artículo 3 de la Ley de Aguas Nacionales, para aclarar la definición que da el ordenamiento jurídico aludido de 'Uso Pecuario', con el fin de incluir que la actividad de rastro es la única forma de preparar al animal para su primera enajenación

Aportación al Usuario: En el documento de Opinión el usuario podrá revisar los Argumentos de la Colegisladora para dictaminar en sentido favorable la propuesta.

Podrá apreciar en criterio de esta unidad Técnica, una interpretación armónica de todos los preceptos. Legales citados.

Finalmente se infiere que la motivación del Proyecto de Decreto, es reformar el concepto de uso pecuario contenido en el Ley de Aguas Nacionales, para agregar la actividad de rastro como parte de ese uso, y que con ellos los rastros y los establecimientos denominados TIF queden exentos del pago de derechos por uso de agua.

En opinión de esta Consultoría, el proyecto podría prestarse a discusión el hecho de que, a través de una legislación diversa a la fiscal, se obtenga la exención del pago de derechos por el uso de agua, en este caso a usuarios de grandes cantidades del líquido vital. Adicionalmente, se estima prudente considerar que en la agenda política nacional figura el tema de la optimización del uso del agua, así como de los mecanismos para el pago de su consumo, en los tres órdenes de gobierno.

No. de Expediente: 178 Legislatura: LXI Fecha: 2009-11-06Archivo PDF: 178-049 LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Penal: En materia de Delitos Informáticos (Email).

Rango de Clasificación: EXP. 049 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 177 del Código Penal Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 177 del Código Penal Federal.

Utilidad: La iniciativa tiene por objeto sancionar a quien por sí mismo o a través de un tercero acceda, copie, imprima, difunda o altere mensajes de correo electrónico o cualesquiera información o documentos anexos a los mismos, sin el consentimiento del usuario registrado en la empresa que presta el servicio en la Red de Internet, así mismo se propone que cuando los padres de familia de los menores de dieciocho años

Aportación al Usuario: EL proyecto establece entre otros aspectos que para garantizar la privacidad de la comunicación realizada a través del correo electrónico debemos considerar que el Código Penal Federal es un catálogo cerrado de normas el cual contiene disposiciones normativas que al aplicarse a hechos concretos produce que la autoridad jurisdiccional quede obligada a observar el principio constitucional de legalidad, pro el que se determina que ningún hecho puede ser castigado si su punibilidad no está fijada en la ley antes que la conducta haya sido realizada. Por lo que se considera necesario garantizar la protección legal a la comunicación privada a través del correo electrónico en los términos similares que actualmente se establecen para la intervención de comunicaciones privadas.

Valoración jurídica: Cada día aparecen nuevas expresiones de la criminalidad, muchas de ellas vinculadas al uso de las nuevas tecnologías; entre ellas, se encuentran los delitos cibernéticos que constituyen actos criminales que pueden llegar a afectar incluso al gobierno y su estabilidad, la economía y la paz social, por lo que se requiere de atención especializada de la autoridad.

El proyecto tiene la necesidad de actualizar nuestra legislación para combatir este tipo de actividades delictivas; en opinión de esta Consultoría Jurídica se considera viable la reforma planteada. no obstante, se considera que, con el establecimiento de dicha penalidad, no se combate de raíz la comisión de los delitos cibernéticos.

Lo anterior debido a que la probabilidad de conocer con certeza quien cometió el delito cibernético es muy poca; ya que los ataques destructivos a información estratégica gubernamental, privada en general y muy en especial a la financiera, la manipulación de datos y programas, falsificaciones informáticas, la creación de virus, el sabotaje informático, las estafas electrónicas, las intrusiones, modificaciones, intercepciones, la copia de información no autorizada, la interrupción de las comunicaciones electrónicas, las violaciones a los derechos de autor, el spam (correos basura), el robo de identidad, entre otras actividades ilícitas, son realizadas por los llamados 'hackers' , o por personas en general que cuentan con habilidades para el manejo de sistemas informáticos y generalmente, por su situación laboral, ya que éstos se encuentran en lugares estratégicos donde se maneja información sensible o bien son hábiles en el uso de los sistemas informáticos.

En razón de contar con un catálogo de delitos cibernéticos y de profundizar las políticas públicas que los atiendan, se estima que las autoridades mexicanas deben estar a la par de otros países en el diseño de una estrategia continental contra la impunidad del 'cibercrimen', que incluya los aspectos de seguridad nacional.

Se observará de la Opinión Jurídica que esta Consultoría Jurídica Legislativa Legislativa, sugiere añadir a la redacción del segundo párrafo de la propuesta, que establece que: 'No se considera que vulneren la intimidad a los padres que accedan a los correos electrónicos de sus hijos menores de dieciocho años', el caso de los tutores, en este sentido, podría aprovecharse la redacción que contiene el artículo 174 del propio Código Penal Federal, mismo que señala: 'No se considera que obren delictuosamente los padres que abran o intercepten las comunicaciones escritas dirigidas a sus hijos menores de edad, y los tutores respecto de las personas que se hallen bajo su dependencia, y los cónyuges entre sí', quedando así, incluidas las dos figuras, es decir, tanto los padres como los tutores de los menores en el supuesto que se propone informar.

Finalmente se considera viable la propuesta planteada. Esta Consultoría Jurídica estima conveniente sean tomadas en consideración las observaciones planteadas en el documento de opinión.

Hacker: Usuario de ordenadores especializado en penetrar en las bases de datos de sistemas informáticos estables con el fin de obtener información secreta. En la actualidad, el término se identifica con el de delincuente informático, e incluye a los cibernautas que realizan operaciones delictivas a través de las redes de ordenadores existentes.

No. de Expediente: 177 Legislatura: LXI Fecha: 2009-10-28Archivo PDF: 177-047 LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Penal: En materia de Trata de Personas.

Rango de Clasificación: EXP. 047 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adiciona el Artículo 5° y se deroga el Párrafo Tercero al Artículo

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adiciona el Artículo 5° y se deroga el Párrafo Tercero al Artículo 6° de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Utilidad: El objetivo principal la Iniciativa prevé coordinar entre la Federación y los Estados la aplicación de la trata de personas, con la finalidad de ajustar todas las legislaciones en un mismo sentido y evitar con ello que los delincuentes evadan la aplicación de la justicia.

Aportación al Usuario: Observaciones Jurídicas: La trata de personas es un fenómeno social, que se constituye en un delito grave, es decir, va en contra de la integridad de una persona, el cual afecta sobre todo a los sectores más vulnerables de la población (analfabetas, discapacitados, migrantes, etc.), provocando con ello sometimiento o engaño a las personas, explotación laboral, explotación sexual e inclusive se utilizan como servidumbre y en ocasiones se encaminan a la esclavitud, entre otros.

Por tal motivo, se desprendió un impacto legislativo que originó diversas innovaciones tales como, reformas, adiciones, derogaciones a disposiciones como el Código Penal Federal y Estatal, al Código de Procedimientos Penales, así como a la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Como aportación al usuario también se podrá apreciar del documento de opinión un cuadro comparativo de las Entidades que incorporaron el concepto de trata de personas, acorde a su normatividad.

De acuerdo a lo previsto en el Cuadro Comparativo esta Consultoría de manera general, estima adecuado, desde la perspectiva jurídica y técnica legislativa, unificar la conceptualización, así como la sanción respecto a la trata de personas, es decir, determinar los aspectos que puedan incorporarse a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y a su vez se contemplen en la legislación federal y estatal.

Del documento de opinión observará un cuadro comparativo de la ley con la propuesta.

Del contenido de la propuesta, en conclusión, se considera constitucional y legalmente procedente la Iniciativa. En consideración de esta Consultoría Jurídica el usuario apreciará en el documento de opinión la propuesta del precepto reformado.

No. de Expediente: 182 Legislatura: LXI Fecha: 2009-11-05Archivo PDF: 182-041 LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos.

Rango de Clasificación: EXP. 041 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica en torno a la Minuta con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, relativo al Régimen Fiscal de Petróleos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Utilidad: Se observará que las reformas y adiciones objeto del Proyecto de Decreto se circunscriben a PEMEX Exploración y Producción, como sujeto obligado por la Ley

Aportación al Usuario: Del documento de opinión se observará entre otros los siguientes comentarios jurídicos:

• En cuanto a las facultades constitucionales, se aprecia que el Proyecto de Decreto se ajusta a la facultad del Congreso, contenida en la fracción XXIX-2 del artículo 73 de la Constitución.
• Por lo que se refiere al proceso legislativo, se aprecia también que el Proyecto de Decreto en cuestión se ajusta a lo dispuesto por el artículo 72 incisos a) y h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• Se sugiere tener presente que de acuerdo con lo que dispone la fracción IV del artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Ingresos de la Federación debe quedar aprobada por el Senado a más tardar el 31 de octubre de cada año, situación que se destaca, toda vez que la Ley Federal de Derechos, a que se refiere el Proyecto en opinión, indisolublemente tiene que ver con las estimaciones de dicha Ley de Ingresos.

Esta área de opinión encuentra que las reformas y adiciones objeto del Proyecto de Decreto se circunscriben a PEMEX Exploración y Producción, como sujeto obligado por la Ley, de cuyo contenido se aprecia que fundamentalmente tienen que ver con la forma y términos para enterar al fisco federal el pago de los derechos correspondientes por la extracción de los recursos petroleros, estableciendo puntualizaciones relativas a los registros de los costos y gastos industriales, tasas de cálculo, etc. En este sentido, se estima que se trata de conceptos jurídicos de aplicación fiscal tradicional, desde luego válidos, cuya autorización o prohibición en la ley a lo largo de los diferentes ejercicios fiscales proviene de determinaciones adoptadas con base en criterios económicos.

No. de Expediente: 181 Legislatura: LXI Fecha: 2009-10-22Archivo PDF: 181-040 LXI.pdf

Solicitante: Senadores Humberto Andrade Quezada, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo; y de Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Registro de Hijos Menores de Extranjeros.

Rango de Clasificación: EXP. 040 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Población.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 68 de la Ley General de Población.

Utilidad: El objeto del proyecto consiste en permitir registrar en cualquier momento a los hijos menores de 18 años- de extranjeros que no se encuentren de manera legal en el país.

Aportación al Usuario: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 30, inciso A) fracciones de la I a la IV establece los supuestos en los cuales se reconoce la nacionalidad por nacimiento.

Valoración Jurídica: Se apreciara del documento de opinión que la propuesta propone adicionar las frases 'menores de edad' y 'extemporáneos', como en la propia exposición de motivos se manifiesta los menores de edad son aquellos que van desde los 0 días de nacidos hasta los 18 años de edad, y hablar de extemporáneos es considerar a cualquier persona sin distingo de edad que no se encuentre inscrita en el Registro Civil, en este sentido con la propuesta de modificación ya no hay lugar a excepción alguna puesto que se consideran a todas las personas sin importar su edad. La propuesta no modifica el segundo párrafo del artículo materia de estudio establece que 'En todos los casos deberán asentarse las comprobaciones a que se refiere este artículo y darse aviso a la Secretaría de Gobernación del acto celebrado'; en tal virtud, se expone al extranjero sin legal comprobación de internamiento a ser remitido a las autoridades de migración correspondientes, debido a la responsabilidad en la que incurrían los servidores públicos que actuaren fuera del marco de la norma, la reforma que se propone se coloca en una situación de contradicción al establecer una excepción al no acreditar la legal estancia de los padres extranjeros y la obligación de dar aviso a la Secretaría de Gobernación de la celebración de todos los actos.

Es responsabilidad del Ejecutivo Nacional a través de la Secretaría de Gobernación atender y vigilar los asuntos de orden migratorio entre los cuales en el último párrafo del artículo 7 de la ley se establece que deberá velar por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar de los sujetos a la ley en materia de población, bajo esta perspectiva el proyecto de reforma expone a todos aquellos extranjeros, que si bien buscan que le sean otorgados los derechos y prerrogativas que como nacionales mexicanos merecen, además de la seguridad y certeza jurídica, a ser remitidos a las autoridades migratorias en cumplimiento de lo establecido por la propia ley. En caso de tratarse de la inscripción de un menor se estaría cayendo en una contradicción procurando los derechos constitucionales del menor y exponiendo a los padres a ser separados de los hijos.

Por todo lo anterior en criterio de esta Consultoría Jurídica Legislativa, se estima que el proyecto debe ser analizado de forma minuciosa, ya que es posible que en pro de procurar los derechos de los menores al ser considerado de nacionalidad mexicana y del interés superior que tiene a contar con una identidad propia, se traduzcan en una norma de aplicación a contrario sensu, que busque proteger un derecho menor al derecho que tienen los hijos del cuidado de sus padres.

No. de Expediente: 180 Legislatura: LXI Fecha: 2009-11-05Archivo PDF: 180-039 LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Penal: En materia de Protección de Datos Personales.

Rango de Clasificación: EXP. 039 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica de la Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversos artículos del Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adicionan diversos artículos del Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales.

Utilidad: El proyecto propone entre otros, sancionar e inhibir el uso indebido o doloso de datos personales; Implementar una multa, al que haga uso de datos personales y utilice el servicio telefónico u otros medios electrónicos; Se establece que la grabación de las llamadas o mensajes, realizada por la víctima mediante cualquier equipo surtirá prueba plena.

Aportación al Usuario: Se observará que la propuesta tiende a proteger la privacidad de los datos personales, cumpliendo con lo establecido con el segundo párrafo del artículo 16 constitucional.

Artículo 16. …

'Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.'.

No. de Expediente: 176 Legislatura: LXI Fecha: 2009-10-14Archivo PDF: 176-038 LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Servicio de las Guarderías para el Cuidado Infantil.

Rango de Clasificación: EXP. 038 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que Regula el Servicio de las Guarderías para el Cuidado Infantil.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley que Regula el Servicio de las Guarderías para el Cuidado Infantil.

Utilidad: Que la Iniciativa tiene como principal objetivo que se regule la unificación de criterios, principios y estrategias en cuanto a los prestadores del servicio de Guarderías Infantiles, así como establecer los requisitos que deberán cubrir las instalaciones donde se establezcan las mismas, el objeto de su financiamiento y la admisión de niños con capacidades diferentes y el seguimiento de los procedimientos de admisión.

Aportación al Usuario: Del documento de Opinión, se presentan entre otras las observaciones jurídicas siguientes:

En principio se considera que la Iniciativa podría ser sustentada a través de la fracción XXX del artículo 73 Constitucional:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ' Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.'.

De igual forma, es necesario precisar que no hay facultad para el gobierno federal y el gobierno de los estados para legislar en materia de guarderías, salvo lo relativo a la prestación de seguridad social que se prevé en el artículo 123 constitucional que más adelante se explica. Así mismo, las guarderías son actividades que pueden ejercer libremente los particulares, sujetos a las disposiciones que emitan las autoridades locales y municipales en los términos del artículo 124 Constitucional:

'Articulo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.'.

Se sugiere pertinente se reencause la presente Iniciativa, en materia laboral general o lo relacionado a burócratas federales, tal y como lo establece el artículo 123, apartado 'A' fracción XXIX y el apartado 'B' fracción XI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer las reformas pertinentes a normas ya establecidas, como lo es la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Conclusión: En opinión de esta Unidad Técnica, se sugiere tomar en cuenta los puntos de vista contenidos en la Opinión Jurídica.

No. de Expediente: 35 Legislatura: LXII Fecha: 2013-12-11Archivo PDF: 71-035-LXII.pdf

Solicitante: Lic. Enrique A. Icaza Pro, Director General de Asuntos Jurídicos.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materias de Facultades del Congreso de la Unión y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para Legislar los temas Procedimental Penal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y de Ejecución de Penas.

Rango de Clasificación: Expediente 035 de la LXII Legislatura Opinión Jurídica sobre el tema de la invasión de competencias en la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión. En relación a las reformas realizadas al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal, y a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre el tema de la invasión de competencias en la esfera de atribuciones del Congreso de la Unión. En relación a las reformas realizadas al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a la Ley de Justicia para Adolescentes para el Distrito Federal y a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Utilidad: Se podrán conocer de la publicación de las reformas al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que transgrede lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al invadir las Facultades que expresamente se le otorgan al Congreso de la Unión.

Aportación al Usuario: En razón al artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el usuario podrá apreciar de la facultad de la Asamblea Legislativa para legislar en aquellas materias que le son conferidas expresamente por la ley; de lo que se desprende que el Congreso de la Unión tiene facultad de legislar en materias que no estén conferidas expresamente a la Asamblea Legislativa.

No. de Expediente: 144 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-28Archivo PDF: 144-015LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Laboral: En materia de Prestación de Servicios del Sector Público.

Rango de Clasificación: Expediente 015 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 204 de la Ley del Seguro Social y el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma y adiciona el artículo 204 de la Ley del Seguro Social y el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Utilidad: La iniciativa propone modificar la Ley del Seguro Social y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para contemplar expresamente la figura de la subrogación en la prestación de los servicios de guardería. Asimismo, plantea obligar expresamente a que la subrogación de prestación de dichos servicios se apegue a los lineamientos que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores.

Aportación al Usuario: Se apreciará del documento de opinión entre otras observaciones jurídicas y técnicas:

En nuestro sistema jurídico, existen distintos niveles de normatividad: la emitida por el Poder Legislativo está caracterizada por abarcar supuestos y lineamientos generales, que se pueden aplicar a un amplio número de hipótesis; mientras que la emanada del Poder ejecutivo, por estar llamada a proveer a la exacta observancia de la legislación expedida por el Congreso de la Unión, por lo que tienen la particularidad de ser especializada. Al respecto, nos ilustra el tratadista Rodolfo Ríos Vázquez:

Emanan del Poder Ejecutivo por disposición constitucional y deben referirse a las leyes previamente expedidas por el Congreso de la Unión, detallándolas y pormenorizándolas para su mejor aplicación, pero cuyo contenido normativo no debe rebasar.

Es de considerarse que, por su naturaleza, la legislación emitida por el Poder Legislativo pertenece a una índole superior a la emitida por el Ejecutivo. Las normas oficiales mexicanas son parte de la reglamentación producida por el Ejecutivo y pueden sufrir modificaciones sin aprobación del Congreso de la Unión. Cualquier cambio en la norma oficial especificada en la Ley afectaría instantáneamente la legislación aprobada por el Poder Legislativo; una simple variación en su denominación haría inaplicable el párrafo que se pretende adicionar, por lo que se estima inconveniente hacer referencia a una norma oficial mexicana en concreto. Diferentes leyes hacen de una manera genérica, por lo que esta Consultoría sugiere modificar los párrafos de los artículos adicionados por la iniciativa en que se refiere a la Norma Oficial Mexicana.

Ríos Vázquez, Rodolfo, La facultad reglamentaria del Presidente de la República y su impugnación constitucional. México, Ed. Jus. 1991, pp.16 y 17.

No. de Expediente: 143 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-28Archivo PDF: 143-014LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Salud Reproductiva.

Rango de Clasificación: Expediente 014 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto del proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en Materia de Reproducción Humana Asistida.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en Materia de Reproducción Humana Asistida.

Utilidad: La iniciativa tiene por objeto legislar sobre los aspectos fundamentales de la reproducción humana asistida y brindar seguridad jurídica tanto a quienes necesitan auxiliarse de la misma para procrear, como a quienes los asisten para lograr ese objetivo; contempla crear el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida, y señala sanciones de 6 a 17 años de prisión y multa por equivalente de 8,000 a 17,000 días de salario mínimo al que realice transferencias de óvulos fertilizados entre especies o lleve a cabo experimentos con el propósito de crear seres humanos por clonación o de producir híbridos o quimeras con fines reproductivos.

Aportación al Usuario: Del documento de opinión el usuario podrá conocer entre otras observaciones las siguientes:

La Iniciativa tiene por objeto regular el acceso a los servicios públicos y privados de salud reproductiva, en materia de reproducción humana asistida, a fin de dar solución a los problemas reproductivos de hombres y mujeres derivados de la esterilidad o infertilidad. Para ello, se plantea la creación de la Ley de Reproducción Humana Asistida, además de reformar los artículos 3, 313, 314 y 315 de la Ley General de Salud.

El proyecto referido, abarca el tema de una manera muy completa, cuenta con un amplio catálogo de definiciones, un capítulo dedicado a la Protección del Embrión, el tema de Bancos de Crioconservación, de las Técnicas de Reproducción Asistida, de la Donación y los Donantes, así como de los contratos tanto de donación, de Depósito de óvulos, espermatozoides y embriones, de cómo los contratos tanto de Donación, de Depósito de Óvulos, espermatozoides y embriones, de los receptores, de la Mujer Gestante, cuenta con un Capítulo referente a la investigación, de las medidas de seguridad, sanciones administrativas, delitos y el recurso de inconformidad, sobre las medidas de seguridad, de las personas administrativas, los delitos, y de las autoridades que tienen injerencia en el tema como lo son la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Bioética, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el Registro Nacional de Reproducción Humana Asistida.

Esta consultoría Jurídica Legislativa, considera viable el proyecto de iniciativa, sin embargo, sugiere se tomen en cuenta las observaciones vertidas con anterioridad.

Así mismo, es importante señalar que con fecha 28 de agosto de 2008, el Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y el Senador Ernesto Saro Boardman, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron el Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Reproducción Humana Asistida y se reforman distintos artículos de la Ley General de Salud, misma que fue turnada a las Comisiones de Salud y Estudios Legislativos, Primera, para análisis y dictamen.

No. de Expediente: 13 Legislatura: LXI Fecha: 2009-08-12 Archivo PDF: 47-013-LXI.pdf

Solicitante: Sen. Ricardo Monreal Avila.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Fuero Constitucional.

Rango de Clasificación: EXP. 013 LXI Legislatura Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo Segundo al Artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo Segundo al Artículo 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: Se podrá observar que la reforma pretende modificar la figura del Fuero Constitucional con el que cuentan los legisladores, a fin de que al conceder licencia a los parlamentarios estos no gocen de los derechos constitucionales y legales inherentes al cargo.

Aportación al Usuario: Como aportación al usuario se destaca que durante el tiempo de la licencia, los legisladores cesarán en el ejercicio de sus funciones representativas y no gozarán, por tanto, de los derechos que establece la Constitución Federal.

Se observará que el contenido de la opinión jurídica destaca los siguientes ordenamientos:

El Artículo 61, párrafo primero Constitucional indica que 'Los Diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas', es decir, la finalidad de esta prerrogativa es que los diputados y senadores puedan desempeñar sus cargos con libertad, independencia y sin presiones con motivo de la expresión de sus opiniones.

Es de destacarse que la inmunidad parlamentaria, también conocida como Fuero Constitucional o exigencia de declaración de procedencia, consiste en 'la protección contra toda acción penal de que gozan los representantes populares durante el tiempo de su representación'.

En tal sentido el Artículo 111 de la Constitución Política establece que 'para proceder penalmente contra los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General de la República, y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el Consejero Presidente y los Consejeros Electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la Comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado'.

No. de Expediente: 138 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-22Archivo PDF: 138-012 LXI.pdf

Solicitante: Senador Antonio Mejía Haro, Presidente de la Comisión de Estudios Hidráulicos.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Aguas Nacionales.

Rango de Clasificación: Expediente 012 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica en torno a seis Dictámenes de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: En torno a seis (6) Dictámenes de la Comisión de Recursos Hidráulicos.

Utilidad: Se conocerá de los diversos dictámenes de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Estudios Legislativos:

• Reforma a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica las fracciones III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales.
• Reforma del Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 1 de la Ley de Aguas Nacionales.
• Reforma a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona un Artículo 40 Bis a la Ley de Aguas Nacionales.
• Dictamen con Punto de Acuerdo sobre Preservación, Tratamiento y Reutilización de los Recursos Hídricos.
• Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través del Director General de la comisión Nacional del Agua, presente un Informe sobre la Situación Actual que guardan las presas en nuestro país.
• Dictamen con Punto de Acuerdo al Suministro de Agua en el Valle de México.

Aportación al Usuario: Como aportación al usuario se conocerá de los diversos dictámenes el contenido de cada uno, como antecedentes, consideraciones, así como el proyecto final de las Comisiones.

De igual forma se podrá conocer el documento de opinión en torno a los seis dictámenes siguientes:

1. Dictamen a la Reforma de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que modifica las fracciones III y IV del artículo 9 de la Ley de Aguas Nacionales; que entre otras consideraciones del dictamen se observa lo siguiente:

Que actualmente la demanda de agua se ha incrementado considerablemente debido, entre otras causas, al crecimiento poblacional, por lo que le corresponde a la Administración Pública Federal atender esta situación.

Que en el norte y centro se encuentra en promedio el 9% de precipitación, en tanto que casi el 70% de esta misma, se da en el sur y sureste.

1. Además de que existe una responsabilidad tanto del Ejecutivo Federal y de los miembros de esta H. Asamblea, para generar los mecanismos para conservar y distribuir de la mejor manera este recurso natural indispensable para la población y para el desarrollo de México.

Del Proyecto de Decreto que Reforma el artículo 1 de la Ley de Aguas Nacionales, se observa lo siguiente:

La Reforma al artículo 1 refiere a la importancia en virtud de que son propiedad de la Nación, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional, las aguas marinas interiores, las de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar.

Reforma a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Adiciona un artículo 40 Bis a la Ley de Aguas Nacionales; entre otras consideraciones del dictamen se observa lo siguiente:

Que los Recursos Hídricos accesibles para su aprovechamiento por el hombre tienen su origen de manera natural en la precipitación pluvial que ocurre sobre la tierra, y el 70% del volumen de agua precipitado retorna a la atmósfera por evaporación, el resto, escurre superficialmente por las redes de drenes naturales arroyos y ríos hasta el mar o a cuerpos de agua, o se infiltra y circula a través de acuíferos que, a su vez descargan a cuerpos y cursos superficiales, a través de manantiales o subterráneamente al mar.

Se señala en la iniciativa que el agua que no es desviada de manera artificial desde las fuentes hasta sus salidas al mar, en la parte baja de una cuenca interna o al interior de una unidad hidrogeológica, se desarrolla un sistema natural o virgen. Antes que el hombre alterara el equilibrio hidrológico para satisfacer sus necesidades, el escurrimiento virgen sustentaba a ecosistemas.

La Ley de aguas nacionales en su artículo 38 dispone que: el Ejecutivo Federal, previos los estudios técnicos que al efecto se elaboren y publiquen, y considerando los programas nacional hídrico y por cuenca hidrológica y las necesidades del ordenamiento territorial nacional, regional y local, podrá decretar zonas de veda o declarar la reserva de aguas.

1. Dictamen con Punto de Acuerdo sobre preservación, tratamiento y reutilización de los Recursos Hídricos; entre las consideraciones del dictamen se observa que:

La contaminación de aguas en México es cada día mayor e involucra riesgos sanitarios crecientes. No basta con multiplicar las plantas de tratamiento o reforzar los canales de desagüe o incrementar la capacidad de almacenamiento o desfogue.

De no atenderse con prontitud y con acciones integrales de saneamiento y protección ecológica los costos a pagar, en términos de salud y degradación ecológica, serán inconmensurables.

Por lo que resulta clara que existe la necesidad de contar con un espacio de discusión al que puedan convocarse a instituciones académicas e investigadores con experiencia en materia de preservación, tratamiento y reutilización de los recursos hídricos, para analizar a fondo la problemática que vive México.

• Dictamen con Punto de Acuerdo por el que se Exhorta al Titular del Ejecutivo Federal para que a través del Director General de la Comisión Nacional del Agua, presente un informe sobre la situación actual que guardan las presas en nuestro país; entre otras consideraciones del dictamen se observa lo siguiente:

Las condiciones respecto del estado actual de la infraestructura hidráulica en nuestro país es un tema de interés público, ya que en años anteriores la falta de previsión en los planes de contingencia generó graves afectaciones a un sector de la población en el sureste de nuestro país, y previendo que nuevamente se pudiera generar otra situación de emergencia, cobra relevancia conocer las políticas públicas y programas que se están aplicando en la materia para evitar o minimizar las posibles afectaciones en caso de ocurrir un fenómeno similar.

Los integrantes de la comisión dictaminadora coinciden con los proponentes en la conveniencia de que esta Soberanía cuente con la información precisa y oportuna respecto del diagnóstico exacto de las condiciones de las presas y los riesgos que se tienen en las mismas, tanto para la población y para el sector agropecuario.

Dictamen con Punto de Acuerdo al Suministro de Agua en el Valle de México; del que se destacan entre otras las siguientes consideraciones: Con la reducción de agua potable proveniente del sistema Cutzamala se pretendía restringir aproximadamente 10 millones de metros cúbicos a la población con el objeto de aminorar la situación generada por la época de estiaje, meta que presuntamente no se alcanzó debido a que, durante la contingencia en lugar de disminuir el bombeo a la zona metropolitana, la autoridad del agua se vio en la necesidad de aumentarla en un metro cúbico por segundo.

Respecto a la Opinión Jurídica, la Consultoría Jurídica finalmente establece que los proyectos de dictamen referidos, resultan jurídicamente viables, ello, de conformidad con lo dispuesto en los párrafos VI y VII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con las fracciones XVII y XXX del artículo 73 del mismo ordenamiento, que faculta al Congreso de la Unión para legislar en este material.

No. de Expediente: 142 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-24Archivo PDF: 142-011LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Penal: En materia Penal y en relación con los hechos que ocurrieron en la Guardería Infantil en el Estado de Sonora.

Rango de Clasificación: Expediente 011 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto al proyecto de decreto presentado por el Congreso del Estado de Sonora, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto al Proyecto de Decreto presentado por el Congreso del Estado de Sonora, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, y del Código Federal de Procedimientos Penales.

Utilidad: El proyecto de Decreto propone la incorporación de un nuevo tipo en el Código Penal dentro del catálogo de delitos culposos, en el cual se estipula que cuando la comisión de cualquier ilícito de los clasificados como culposos sea cometido en perjuicio de dos o más personas menores de seis o mayores de sesenta y cinco años, o en contra de personas que padezcan alguna discapacidad, que se encuentren en alguna guardería, estancia, albergue, asilo, casa de apoyo o cualquier lugar o entidad pública, social o privada que se dedique a su cuidado, guarda, custodia, protección, curación o rehabilitación, la pena será de cinco a veinte años de prisión, destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza.

Independientemente de las sanciones que le correspondan por la comisión de otros delitos, para todos los efectos legales, se considerará coautor del delito culposo referido en el párrafo anterior, a todo servidor público o persona física que omita realizar inspecciones o visitas de reconocimiento o vigilancia conforme al programa anual de inspecciones establecido, o habiéndolas practicado, haga constar o proporcione datos falsos respecto de las características de construcción, medidas, materiales o elementos de seguridad de los lugares ahí referidos; así como al servidor público que, teniendo atribución y competencia de emitir resoluciones sobre medidas correctivas y de seguridad con base en los resultados de dichas diligencias, no las emita o emitiéndolas, no cuide de su debida y oportuna ejecución dentro de los plazos de ley.

Igualmente se considerará coautor del delito culposo anteriormente mencionado, a quien tenga a su cargo la responsabilidad de atender las instrucciones o señalamientos resultantes de las inspecciones o visitas de reconocimiento o vigilancia y haga caso omiso de ellas.

Aportación al Usuario: Dentro de las Aportaciónes al usuario se observará que el Senado de la República se encuentra facultado para legislar en la materia con base en la fracción XXI, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Entre las consideraciones se destaca lo siguiente:

La facultad de iniciar leyes o decretos por parte de la Legislatura Estatal de Sonora es con base en la fracción III, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta de reformar y adicionar el Código Penal Federal, en la Iniciativa que se analiza, es de considerarse viable para la aplicación de la pena de prisión de cinco a veinte años al homicidio culposo, ubicándose en agravio de dos o más personas menores de seis años o mayores de sesenta o de aquellas que padezcan alguna discapacidad que se encuentren en alguna guardería, estancia, albergue, asilo, casa de apoyo, o cualquier lugar o entidad pública, social o privada que se dedique a su cuidado, guarda, custodia, protección, curación o rehabilitación; en virtud de que se está protegiendo la integridad física de un grupo vulnerable de nuestra sociedad, a su vez, justifica la legislatura local, que surge la iniciativa en virtud de los acontecimientos recientes en el Estado de Sonora, donde en una guardería infantil, que se incendió, perdieron la vida 48 niños, además de que la legislación estatal del orden penal fue adecuado conforme a las disposiciones que se analizan.

En lo tocante a reformar el Código Federal de Procedimientos Penales, de la Iniciativa en análisis, es de resultar procedente la propuesta al incluir dentro de los delitos graves el Homicidio por culpa.

No. de Expediente: 141 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-24Archivo PDF: 141-010LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Rango de Clasificación: Expediente 010 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Utilidad: La Iniciativa pretende modificar el artículo 109 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Mediante la reforma propuesta al precepto legal, se busca impulsar formas más idóneas, de colaboración entre la sociedad civil organizada y las dependencias de la Administración Pública Federal en cuanto a la fiscalización de los recursos públicos.

Establecer de manera más concreta, el derecho por parte de las personas jurídicas de la sociedad civil organizada a presentar peticiones, solicitudes, denuncias fundadas y motivadas, determinando la consecuencia de dar el debido seguimiento en forma obligatoria a la autoridad, específicamente, a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Aportación al Usuario: Del análisis jurídico de la Iniciativa, se formulan entre otros los siguientes comentarios:

De la redacción propuesta para el artículo 109 de la Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se establece la obligatoriedad por parte de la autoridad, específicamente la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del congreso de la Unión de recibir peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas por las organizaciones de la Sociedad Civil inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y del Sistema de Información.

Aunado a lo anterior, por medio de la norma propuesta, se obliga imperativamente además a la citada autoridad a considerar dichos actos, al momento de llevar a cabo el programa anual de auditorías, visitas e inspecciones, debiendo constituirse como parte del Informe del Resultado. En atención a lo propuesto, esta Consultoría Jurídica Legislativa, considera que es jurídicamente viable; toda vez que corresponde al Estado asegurarse de ofrecer el debido sustento legislativo en materia de fiscalización superior, atendiendo al sistema jurídico que establece en sus principios rectores, la participación ciudadana en aras de la legalidad, la certeza y la transparencia en el ejercicio del gasto público, y el uso de los recursos del erario.

No. de Expediente: 140 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-24Archivo PDF: 140-009LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Substanciación del Juicio Amparo y el Uso de la Firma Electrónica.

Rango de Clasificación: Expediente 009 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto del proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, remitida por el Ejecutivo Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, remitida por el Ejecutivo Federal.

Utilidad: La iniciativa plantea otorgar mayor certidumbre jurídica a los justiciables ante los órganos jurisdiccionales, mediante incorporación a la Ley de Amparo, de la regulación del mecanismo de firma electrónica, y otros temas que coadyuvan en la agilidad del procedimiento, optimizando a su vez la participación de las autoridades responsables de promulgar y publicar, en tratándose de amparo contra leyes. Con el propósito de simplificar la actuación procesal tanto para los órganos jurisdiccionales, como para los usuarios del sistema de impartición de justicia.

Aportación al Usuario: Del documento de opinión se presentan entre otras las consideraciones siguientes: La importancia del Juicio de Amparo, como medio de Control Constitucional; el dispendio de recursos concretamente en documentos de notificación e insumos y diligencias en general, relacionadas con la substanciación del juicio; mensajería, almacenamiento y lo que podría abatirse mediante el uso de firma electrónica en el seguimiento de expedientes, tramitación, notificaciones de acuerdos y resoluciones. La iniciativa, propone el establecimiento de las promociones a través de la firma electrónica, entendida ésta, como la clave de acceso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como la opción para quien así lo solicite; para consultar; enviar; y recibir promociones; documentos; acuerdos; resoluciones; sentencias; comunicaciones y notificaciones oficiales, de la competencia de los órganos jurisdiccionales, con efectos jurídicos idénticos a los que produce actualmente la firma autógrafa, y las mismas reglas para el cómputo de los términos del Juicio de Amparo.

No. de Expediente: 139 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-24Archivo PDF: 139-008LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Laboral: En materia de Seguridad Social, Derechos de los Trabajadores con Cesantía de Edad Avanzada o Vejez.

Rango de Clasificación: Expediente 008 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto al Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto al Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Utilidad: La Iniciativa tiene por objeto otorgar al Instituto Mexicano del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a notificar a los trabajadores cuando se encuentren en aptitud de gozar de sus derechos en el ramo de cesantía en edad avanzada o vejez.

Aportación al Usuario: El congreso de la Unión se encuentra debidamente facultado para legislar en materia de seguridad social, conforme lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como aportación al usuario se aprecia del dictamen que aparece ampliamente justificado el ánimo legislativo del promovente, dada la importancia que conlleva garantizar eficientemente a los trabajadores su derecho a una pensión de cesantía en edad avanzada o vejez, por lo que es viable que las instituciones de seguridad social citadas, den aviso a las personas que se han hecho acreedoras a estas prestaciones conforme sus respectivos marcos regulatorios.

No. de Expediente: 129 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-24Archivo PDF: 129-007LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Penal: En materia de Delincuencia Organizada.

Rango de Clasificación: EXP. 007 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Utilidad: El Proyecto propone clarificar en la legislación, la definición de delincuencia organizada y ajustar con ello el derecho interno a los compromisos adquiridos por el Estado mexicano a nivel internacional.

Aportación al Usuario: Respecto al Marco Legal Internacional sobre Delincuencia Organizada, es importante referir que actualmente existe una gran diversidad de instrumentos internacionales dirigidos a erradicar este flagelo, principalmente en la Unión Europea y Latinoamérica:

Se hace referencia a la convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, debido a la importancia e impacto que generó el referido instrumento internacional por su carácter multilateral, marcando pauta en muchas definiciones del tema e integrando a una gran variedad de Estados de todo el mundo bajo el objetivo común, la lucha contra la delincuencia organizada.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de Palermo, Italia, el 12 de diciembre de 2000; cuenta en la actualidad con 147 signatarios y 93 ratificaciones, entre ellas México, compromiso adquirido cuando aceptó ser Estado Parte de la Convención de Palermo, al filmar los acuerdos emanados de ésta el 13 de diciembre de 2000.

Valoración Jurídica: En primer término, conforme a las fracciones I a VI del artículo 2 de la Ley que nos ocupa, las conductas ahí tipificadas son desde luego delitos graves, situación que se comenta para el efecto de que se aprecie que en este sentido la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada no tiene insuficiencias respecto al texto adoptado por la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, mejor conocida como Convención de Palermo.

Igualmente es de comentarse que los delitos señalados en la Convención se identifican con los contenidos en el artículo 2 de nuestra Ley, por lo que en este caso tampoco hay insuficiencias en la legislación mexicana.

De manera particular, el texto de la convención de Palermo y la propuesta contenida en la iniciativa, contienen la precisión de que para la tipificación del ilícito que nos ocupa, el objetivo que persiguen los delincuentes debe consistir en la obtención de un lucro para sí o para terceros, elementos constitutivos que se consideran apropiados puesto que fortalecen la tipificación de la conducta ilícita. De aprobarse la reforma se fortalecería la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, quedando como un efectivo instrumento de combate a la delincuencia organizada, coherente al interior de sus disposiciones, así como en relación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otras leyes relativas; y congruente con la realidad de este fenómeno, tomando en cuenta el contexto global.

No. de Expediente: 128 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-22Archivo PDF: 128-006LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Penal: En materia de Extinción de Dominio de Bienes; y de Delincuencia Organizada.

Rango de Clasificación: EXP. 006 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica sobre el proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reforma y adiciona la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre el Proyecto de Decreto que expide la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reforma y adiciona la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: El proyecto tiene por objeto regular lo referente a la extinción de dominio de bienes a favor del Estado, así como el procedimiento correspondiente, la actuación de las autoridades competentes, los efectos de la resolución que se emita y los medios para la intervención de terceros que se consideren afectados por la misma. La extinción de dominio se ejercerá respecto de los bienes relacionados o vinculados con los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas. Se observará del proyecto que en caso de declararse improcedente la acción de extinción de dominio, de todos o de alguno de los bienes, se ordenará la devolución de los bienes no extintos en un plazo no mayor de seis meses o cuando no sea posible, ordenará la entrega de su valor a su legítimo propietario o poseedor.

Aportación al Usuario: De la Opinión Jurídica, se podrá conocer el estado parlamentario que guarda el proyecto, así como el objeto que tiene regular la extinción de dominio de bienes a favor del Estado. Se conocerá que la Ley Reglamentaria del artículo 22 constitucional 'Ley de Extinción de Dominio y las correlativas reformas a la Ley de Amparo', responde a una necesidad de la sociedad y al deber de las autoridades encargadas de impartir justicia, en cuanto a que los bienes inmuebles que se han adquirido por la delincuencia organizada, por delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, conforme a la facción II del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puedan ser motivo de adjudicación por parte del gobierno federal, para dejar de servir a los autores de dichos actos delictivos, salvaguardando a aquellos bienes inmuebles que no sean de origen ilícito y, que en su caso, puedan ser reivindicados a los legítimos causahabientes.

No. de Expediente: 127 Legislatura: LIX Fecha: 2009-09-22Archivo PDF: 127-005LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario: En materia de Facultades del Congreso para Legislar Leyes que versen en Turismo.

Rango de Clasificación: Expediente 005 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica de la Iniciativa con proyecto de derecho que adiciona el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Turismo.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Opinión Jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Derecho que adiciona el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de y Turismo.

Utilidad: El documento tiene por objeto, respecto de la Ley de Turismo, elevar la competitividad de los servicios turísticos, define al prestador del servicio turístico y al turista, así como los servicios turísticos, la planeación turística, el fomento a la creación de empresas turísticas en los tres niveles de gobierno, así como atribuciones del Consejo de Promoción Turísticos y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Se faculta a la Secretaría de Turismo a conducir en políticas multisectoriales y transversales de desarrollo de la actividad turística con las entidades federativas, municipios y sector social.

Aportación al Usuario: Se podrá analizar de la opinión jurídica, que de la iniciativa se desprenden diversas modificaciones todas ellas a la Ley Federal de Turismo, y que las mismas no presentan impedimento legal para su aprobación, en virtud de que no transgreden las facultades de las legislaturas locales, para legislar en la materia; por lo dichas modificaciones, quedan sujetas a lo dispuesto por el artículo 73 fracción XXIX-K de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sin embargo, se observa que las modificaciones a los artículos 10, 14 y 15 de la Ley que nos ocupa, ameritan ser reflexionadas, toda vez que en el primero de ellos, se menciona que las atribuciones ahí conferidas serán realizadas en coordinación con las Entidades Federativas, también lo es el que se estaría dotando de facultades a las Entidades Federativas y Municipios, lo que se aleja de la atribución constitucional en comento; y en lo que toca a los dos últimos artículos, también se dota de atribuciones con las mismas características que al artículo 10, con la diferencia de no se establece en ningún momento la coordinación o concurrencia entre autoridades Federales y Locales. Igual reflexión se sugiere en lo relativo a las adiciones que se proponen al artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a lo que cabe añadir que conviene esperar a lo que resulte de las reformas en general de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Por otra parte, en lo que se refiere al contenido del artículo 56 de nueva creación, en donde se establece que los ingresos que la Federación obtenga efectivamente de multas por infracciones a la Ley Federal de Turismo, se destinarán en un cincuenta por ciento a la creación de infraestructura turística en el lugar en que se generaron, no resulta viable su aprobación, en virtud de que se trata de créditos fiscales, cuyo reparto es responsabilidad directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal y como lo establece la Ley de Coordinación Fiscal.

No. de Expediente: 126 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-21Archivo PDF: 126-004LXI.pdf

Solicitante: Doctor Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Penal: En materia Abusos a los Derechos de los Menores.

Rango de Clasificación: Expediente 004 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica sobre el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Educación, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, con fecha 23 de abril de 2009.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre el Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, de la Ley General de Educación, de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, de la Ley Federal de Protección al consumidor y de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, con fecha 23 de abril de 2009.

Utilidad: El proyecto refiere que se sancionará a todas aquellas personas (adultos ya sea familiares, empresarios, maestros, entre otros) que abusen sexualmente de los menores ocasionando sufrimiento o que atenten contra la salud mental o física e integridad de la niña, niño o adolescente que lo sufra.

Aportación al Usuario: Se observará de la Opinión Jurídica que el proyecto determina que actualmente muchos niños y adolescentes en México se ven afectados por diversos abusos, sobre todo en la educación, alimentación, dignidad, etc., por lo que las autoridades y órganos de gobierno se ven obligados en proveer mecanismos que ayuden a establecer mejores condiciones a las niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

Por ello se propone crear el tipo penal de pederastia, que tiene como propósito sancionar a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene frente a un menor de edad, derivada de los distintos vínculos que se pueden presentar de la relación que los une y que perjudica su sano desarrollo; así como obligarlo o inducirlo o convencerlo a ejecutar cualquier acto sexual, independientemente de que infante otorgue o no su consentimiento. Lo anterior, también deberá ser sancionado cuando la víctima no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de resistirlo.

Dentro de las Valoraciones Jurídicas el documento establece:

Que, en México, actualmente el índice de abusos a los derechos de los menores va en aumento, entre algunos se encuentra el educativo, deportivo, religioso, cultural, recreativo, etcétera; por ello, el interés de que el Estado implemente condiciones favorables que permitan que los menores puedan desarrollarse con una mayor calidad de vida.

Lo anterior, en razón a que los niños gocen plenamente del respeto de sus derechos, así como de aquellos beneficios propios de su edad.

Por lo que se considera que cualquier tipo de abuso sexual a un menor deba ser sancionado y reparado, es decir, que se indemnice con un tratamiento psicológico o curativo que requieran las víctimas por dicho atentado que pone en riesgo su integridad física o mental.

El proyecto es considerado Constitucionalmente viable, toda vez que la Colegisladora resolvió refiriendo que se sancionará a todas aquellas personas (adultos ya sea familiares, empresarios, maestros, entre otros) que abusen sexualmente de los menores ocasionando sufrimiento o que atenten contra la salud mental o física e integridad de la niña, niño o adolescente que lo sufra.

No. de Expediente: 125 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-21Archivo PDF: 125-003LXI.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de las Tecnologías de la Información y Comunicación

Rango de Clasificación: Expediente 003 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica sobre el proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, remitido a esta Cámara el 2 de abril de 2009.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, remitido a esta Cámara el 2 de abril de 2009.

Utilidad: El proyecto propone como obligación del Ejecutivo Federal, implementar una estrategia digital integral que propicie la accesibilidad y el uso masivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Aportación al Usuario: Valoración Jurídica:

De la opinión de esta área técnica del Senado, se recomienda revisar acuciosamente el proyecto, con el objeto de realizar un dictamen que enriquezca el proyecto de Ley que se propone.

Se hace alusión a que el Poder Ejecutivo Federal deberá elaborar el Programa Especial para el Desarrollo de la Sociedad de la Información, y en el resto del texto que se propone no se indican los lineamientos mínimos del citado Programa.

Se omite señalar, el nivel jerárquico de los suplentes de los titulares de las dependencias de la Administración Pública Federal que integran la Comisión Intersecretarial, por lo que resulta necesario subsanar esa deficiencia.

En lo que respecta al impacto presupuestario, y la redacción del artículo 4° Transitorio, cabe destacar que aun cuando el centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Colegisladora, indicó que no tiene impacto presupuestal, es preciso destacar que el marco normativo que se propone es omiso a la forma en que las dependencias de la Administración Pública Federal aportarán recursos para la operatividad de la Ley y los programas que se proponen.

Se propone que la Secretaría que presida la Comisión Intersecretarial, sea la que se encargue del 'gobierno electrónico', que de conformidad con el artículo 37 fracción XXVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la Función Pública. Por lo que no se tiene que perder de vista la propuesta del Ejecutivo de desaparecer esa autoridad.

El texto es omiso respecto de los requisitos que se deben reunir para poder acceder al cargo de secretario ejecutivo de la Comisión Intersecretarial.

En opinión de esta Unidad Técnica del Senado, el proyecto que se analiza adolece de diversos temas que son relevantes cuando se habla de la 'sociedad de la información', por lo que se estima que debe ser analizada exhaustivamente y solicitar opinión de especialistas en materia de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC´s).

No. de Expediente: 124 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-03Archivo PDF: 124-002LXI.pdf

Solicitante: Senador Carlos Jiménez Macías. Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Impuestos sobre la Renta.

Rango de Clasificación: Expediente 002 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto del anteproyecto de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversos párrafos al artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan diversos párrafos al artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Utilidad: Se conocerá que conforme a lo dispuesto en el artículo 72 inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión se encuentra debidamente facultado para legislar en la materia.

Aportación al Usuario: Constitucionalmente se podrá apreciar del artículo 72 inciso h, que la iniciativa será presentada en la Cámara de Senadores y turnada a la Colegisladora, quien fungirá en su carácter de Cámara de Origen en cumplimiento a lo establecido en la Carta Magna, debido a que el ordenamiento, es referente a la materia de impuestos sobre la renta. Del documento de opinión se aprecia un cuadro de exposición de la Ley Vigente con su correlativo a las propuestas de adición.

No. de Expediente: 123 Legislatura: LXI Fecha: 2009-09-10Archivo PDF: 123-001LXI.pdf

Solicitante: Senador Humberto Andrade Quezada, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo; Solicitud presentada por el Senador Fernando Jorge Castro Treinti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Identificación Ciudadana.

Rango de Clasificación: Expediente 001 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone derogar los artículos del 97 al 112 de la Ley General de Población, presentada por la Senadora Claudia Corichi García, el 03 de septiembre de 2009.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se propone derogar los artículos del 97 al 112 de la Ley General de Población, presentada por la Senadora Claudia Corichi García, el 03 de septiembre de 2009.

Utilidad: El usuario podrá observar que el objeto de la Iniciativa señala que la reforma del 22 de julio de 1992, a la Ley General de Población, se agregó el Capítulo VII denominado 'Registro Nacional de ciudadanos y cédula de Identidad Ciudadana', en el que se establecen los lineamientos para emitir la Cedula de Identidad Ciudadana; disposición que, siendo vigente, aún no se ha puesto en práctica.

Por otra parte, el proyecto señala que el Presidente de la República, informó la expedición de una nueva cédula de identidad ciudadana, a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Aportación al Usuario: El usuario podrá observar de los documentos de opinión la valoración jurídica de la Iniciativa de estudio, que, sin ser antijurídica, ha perdido su oportunidad legislativa.

Valoración Jurídica:

Se considera que son atendibles los razonamientos de la Legisladora, por cuanto a que la duplicidad de medios de identificación ciudadana representa un esfuerzo institucional relativamente innecesario y al mismo tiempo una erogación presupuestal importante, dadas las altas e inocultables dificultades económicas.

La intención de la Legisladora consiste en que las derogaciones de las disposiciones en cuestión desaparecerían los fundamentos legales en la materia pasando por alto la propuesta que dichos fundamentos legales ya sirvieron al Ejecutivo Federal para dar curso a la expedición de la Cédula de Identidad Ciudadana, destinando los recursos presupuestales para tales fines.

Desde un punto de vista jurídico formal, se observará que en tanto dos leyes distintas autoricen la emisión de instrumentos de identificación diferentes, resulta procedente que las autoridades de estos ramos actúen separadamente al respecto.

En la especie jurídica, la materia poblacional, es diametralmente distinta a la electoral y la circunstancia de que la legislación involucrada no establezca medios de aprovechamiento de las fuentes disponibles de datos, se explica jurídica y administrativamente por el hecho de que es atribuible al Poder Legislativo, a lo largo del tiempo, la ponderación y diseño del objeto específico y aplicaciones especiales que a través de las respectivas leyes dispuso para cada medio de identificación, lo que incluye aspectos muy particulares como formas de expedición, renovación y cancelación, pero fundamentalmente el ámbito de validez que a cada medio de identificación corresponde. En este sentido, conviene precisar que la óptica jurídica adecuada sobre este asunto está en que se trata de medios o sistemas de legitimación ciudadana de naturaleza distinta, lo que está muy por encima de ser meros medios de identificación de las personas.

Lo anterior se traduce en que conforme el diseño que ha propuesto el Ejecutivo para la Cédula de Identidad Ciudadana, al amparo de la vigente Ley de Población, se trata de un instrumento que tendrá aplicaciones que no puede brindar la credencial para votar, situación que se añade a lo ya comentado respecto de la naturaleza, fines y funciones legales distintos entre cada sistema.

Conviene tener presente que el mandato de la inscripción de los ciudadanos en el Registro correspondiente, proviene expresamente de la fracción I del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el sustento fundamental de lo que en este asunto reproduce la Ley General de Población y correlativamente la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, así como las atribuciones de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal.

No. de Expediente: 886 Legislatura: LX Fecha: 2009-06-18Archivo PDF: 70-886-LX.pdf

Solicitante: Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas. Presidenta de la Comisión del Distrito Federal.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Facultades para Legislar la Ley de Seguridad pública y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Rango de Clasificación: Expediente 886 de la LX Legislatura Opinión Jurídica en torno a la identificación del Órgano Legislativo en el que reside la facultad de legislar para expedir en el ámbito del Distrito Federal las Leyes en materia de Seguridad Pública y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: En torno a la identificación del Órgano Legislativo en el que reside la facultad de legislar para expedir en el ámbito del Distrito Federal las Leyes en materia de Seguridad Pública y en la Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Utilidad: Se conocerá del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades expresas para el Congreso y las conferidas a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Aportación al Usuario: De la Opinión Jurídica se establece el criterio de la Consultoría:

El Congreso de la Unión, está facultado para legislar las bases de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en materia de seguridad pública y únicamente organizar las instituciones encargadas de esa materia a nivel federal.

Se desprende del párrafo noveno, del artículo 21 constitucional, que la seguridad pública es materia concurrente por lo que cada entidad federativa debe legislar en la competencia que a cada una corresponde, como lo reafirma el artículo 7° Transitorio del Decreto de Reforma Constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.

Respecto a la facultad de la Asamblea Legislativa para legislar sobre la organización de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, cabe destacar que de conformidad al inciso g) de la fracción V Base Primera Apartado C, del artículo 122 constitucional, puede dicha Asamblea Legislar en materia de Administración Pública Local.

Las disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, son concordantes con las correlativas disposiciones contenidas en el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tal virtud, es de interpretarse que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es la instancia facultada para legislar en materia de seguridad pública para el Distrito Federal, y también para expedir la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

No. de Expediente: 614 Legislatura: LXI Fecha: 2008-08-14Archivo PDF: 53-614-LX.pdf

Solicitante: Dr. Arturo Garita, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Aprobación o Ratificación de Nombramientos Hechos por el Ejecutivo Federal.

Rango de Clasificación: Expediente 614 de la LXI Legislatura. Opinión Jurídica en torno a los cuestionamientos expuestos por el Senador Pablo Gómez Álvarez, con motivo del procedimiento iniciado por el Ejecutivo Federal para la incorporación del C. Eduardo Sojo como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Información, Estadística y Geografía (INEGI) y como presidente del mismo organismo.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: En torno a los cuestionamientos expuestos por el Senador Pablo Gómez Álvarez, con motivo del procedimiento iniciado por el Ejecutivo Federal para la incorporación del C. Eduardo Sojo como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Información, Estadística y Geografía (INEGI) y como presidente del mismo organismo.

Utilidad: Se conocerán los cuestionamientos expuestos en razón al procedimiento iniciado por el ejecutivo Federal para la incorporación del C. Eduardo Sojo, como integrante de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Información, Estadística y Geografía (INEGI), y como Presidente de ese Organismo.

Aportación al Usuario: El usuario conocerá el criterio de la Consultoría al referir la regla jurídica general aplicable, que consiste en que los actos formal y materialmente legislativos, atendiendo la naturaleza del Proceso Legislativo que dimana del artículo 72 Constitucional, así como de la Ley Orgánica del Congreso y su Reglamento, las Cámaras están facultadas para el perfeccionamiento de las iniciativas legislativas hasta llegar a la definición de los términos en que deben ser expedidas o bien a la conclusión de que deben ser rechazadas, en tratándose de los actos administrativos a cargo de las Cámaras o de la Comisión Permanente, como es el caso, se está en la obligada condición de resolverlos con apego a las disposiciones legales sustantivas y procedimentales especialmente aplicables a cada caso.

Se observará que los cuestionamientos del Senador Pablo Gómez, se concentran en señalar la aplicación descrita en el párrafo anterior, apreciará lo que se estima como procedente en lo general, porque conviene acotar que también, conforme a Derecho, que si bien la Comisión Permanente, como cualquier otro órgano público, no puede proveer en exceso a lo que la Constitución y la Ley le asigna, también es jurídicamente exacto que sí puede emitir sus resoluciones ajustándolas dentro de la extensión de su competencia, sin pronunciarse o dejando a salvo a favor del promovente todo aquello que no sea de su ámbito resolver.

No. de Expediente: 613 Legislatura: LX Fecha: 2008-07-23Archivo PDF: 46-613_LX.pdf

Solicitante: Sen. Luis Walton Aburto.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de órganos y comités para tener acceso y transparencia de la información al Comité del Senado de la República.

Rango de Clasificación: EXP. 613 LX Legislatura Opinión Jurídica respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo Quinto a fin de adicionar la Sección Primera, la Sección Cuarta y el Artículo 105 Bis, del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto a la Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo Quinto a fin de adicionar la Sección Primera, la Sección Cuarta y el Artículo 105 Bis, del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: Se conocerá que la reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objeto regular a los órganos denominados comités, para así dotar de soporte jurídico al Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información y al Comité para el Fomento de la Competitividad del Senado de la República.

Aportación al Usuario: Dentro de las aportaciones al usuario se podrá observar que la opinión jurídica contempla que los Comités del Senado de la República, cuando emitan sus resoluciones cuenten con el debido sustento legal y sean emitidas en el ejercicio de sus funciones.

Enseguida se destacan algunas disposiciones:

El artículo 61 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que índica que 'El Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente y la Auditoría Superior de la Federación; el Poder Judicial de la Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal Federal Electoral; los Órganos Constitucionales Autónomos y los Tribunales Administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán mediante reglamentos y acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en esta ley'.

El Artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece tres comités permanentes a saber: el Comité de Administración, el Comité de Decanos y el Comité de Información, Gestoría y Quejas'.

No. de Expediente: 612 Legislatura: LX Fecha: 2008-08-06Archivo PDF: 45-612-LX.pdf

Solicitante: Sen. María de los Ángeles Moreno Uriegas, Presidenta de la Comisión del Distrito Federal.

Apartado Temático y Materia / Derecho Administrativo: En materia de Facultad del Congreso de la Unión para legislar en torno al Distrito Federal.

Rango de Clasificación: EXP. 612 LX Legislatura Opinión Jurídica relativa a establecer si compete al Congreso de la Unión legislar en torno a la organización y funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Relativa a establecer si compete al Congreso de la Unión legislar en torno a la organización y funcionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.

Utilidad: Se apreciará de de la opinión Jurídica que la doctrina del Derecho, así como la uniformidad y concordancia frente a las disposiciones vigentes deben prevalecer para normar los criterios del legislador cuando se ocupa de materias esencialmente jurídicas, resulta también cierto que en la evolución del Derecho, que se genera por recreación de su misma doctrina, puede suceder que el legislador adopte en determinadas ocasiones modalidades o formas distintas, mismas que enseguida serán explicadas, calificadas y concordadas por la propia teoría jurídica.

En el Derecho Administrativo, que es la materia de esta consulta, es de frecuente realidad y se considera oportuno su señalamiento, toda vez que la dependencia objeto de esta opinión se encuentra regulada en su organización y funcionamiento a través del reglamento interior, sin que exista en realidad un impedimento de Derecho para que en su caso se sustituyese éste por una ley orgánica, en la inteligencia de que de hacerse así se modificaría en ese aspecto la uniformidad del esquema administrativo vigente, teniendo entre otras consecuencias, por ejemplo, la de dotar de personalidad jurídica y patrimonio propios a dicha dependencia, además de cierta o total autonomía respecto del titular del Poder Ejecutivo local.

Aportación al Usuario: Dentro de las aportaciones al usuario se podrá observar que la opinión jurídica contempla diversos ordenamientos en cuanto a la competencia del Congreso de la Unión para legislar en el ramo.

Enseguida se destacan algunas disposiciones:

El artículo 122 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su primer párrafo que el gobierno del Distrito Federal está a cargo de los poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales.

El artículo 71 de la constitución concede la prerrogativa de iniciar leyes y decretos ante el Congreso a los diputados y senadores miembros del mismo, al Presidente de la República y a las legislaturas de los Estados.

El artículo 73 fracción XXI, segundo párrafo, dispone (un tanto fuera de la mejor técnica legislativa constitucional) que ' las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales' y por su parte el tercer párrafo del mismo precepto y fracción que índica que 'en las materias concurrentes previstas en esta constitución, las leyes federales establecerán los supuestos en que las autoridades del Fuero común podrán conocer y resolver sobre delitos federales'.

El Artículo 7 segundo párrafo del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, dispone que 'La distribución de atribuciones entre los poderes federales y los órganos de gobierno del Distrito Federal, está determinada además de lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que dispone este Estatuto'.

El Artículo 10 del propio Estatuto, en su párrafo primero indica que 'El Ministerio Público del Distrito Federal será presidido por el Jefe de gobierno del Distrito Federal con la aprobación del Presidente de la República'.

El Artículo 32 fracción II, del mismo Estatuto de Gobierno dispone que compete al Presidente de la República 'Iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión en las materias de competencia de éste, relativas al Gobierno del Distrito Federal'.

El Artículo 36 del repetido Estatuto dispone que 'la función legislativa del Distrito Federal corresponde a la Asamblea Legislativa en las materias que expresamente le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'.

El Artículo 42 fracción XI del Estatuto faculta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para 'legislar en materia de Administración Pública Local, su régimen interno y los procedimientos administrativos'.

El Artículo 67 del Estatuto que se refiere a las facultades y obligaciones del jefe de Gobierno del Distrito Federal dispone en su fracción XX, último párrafo, que 'Las bases de integración de los servicios de seguridad pública en la organización de la Administración Pública se establecerán de acuerdo con las leyes que en la materia expidan el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias'.

El Artículo 87 del Estatuto establece efectivamente que la Administración Pública del Distrito Federal será 'Centralizada, descentralizada, y paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la Ley Orgánica que expida la Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal'.

El Artículo 88 del Estatuto dispone que 'Las atribuciones de las unidades administrativas, así como en la forma en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias, se determinarán en el Reglamento Interior que expedirá el Jefe de Gobierno'.

Cabe precisar que la organización y funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se encuentra desde luego establecida en su Ley Orgánica, misma que expide el congreso de la Unión en aplicación a contrario sensu del artículo 122apartado C, Base Primera, fracción V de la Constitución, en relación con el Apartado A, fracción I del mismo precepto constitucional, por el hecho de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no cuenta con facultades expresas para ello, como lo prescribe la Constitución y el Estatuto de Gobierno.

No. de Expediente: 611 Legislatura: LX Fecha: 2008-08-05Archivo PDF: 44-611_LX.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Administrativo y de Derecho Económico: En materia de Comercio Exterior y Arancelario.

Rango de Clasificación: EXP. 611 LX Legislatura Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Utilidad: El propósito de las reformas, es con el efecto de incorporar un sistema de monitoreo de la comercialización de productos y de prevención a la aparición de barreras no arancelarias en los países destino.

Aportación al Usuario: En la opinión jurídica el usuario podrá constatar que la propuesta no contraviene disposición constitucional o legal alguna y se ubica en el ordenamiento adecuado. Sin embargo la Consultoría Jurídica estima pertinente redactarse una nueva fracción exclusiva de la facultad del Ejecutivo para vigilar y coordinar el monitoreo y comercialización de productos y la prevención a la aparición de barrera no arancelarias. Se puede observar de la Opinión Jurídica que se proponen modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley del Servicio Exterior Mexicano, cabe mencionar que las atribuciones que se pretenden no son de índole económico, sino que son medidas de regulación y restricción no arancelarias. Que en opinión de la Consultoría la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Economía únicamente pueden coadyuvar en la obtención de información para que tome las medidas necesarias en cuanto a la prevención de la aparición de medidas no arancelarias.

No. de Expediente: 610 Legislatura: LX Fecha: 2008-07-30Archivo PDF: 52-610-LX.pdf

Solicitante: Sen. Ángel Heladio Aguirre Rivero. Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Servicios Públicos.

Rango de Clasificación: Expediente 610 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica con Estudio Comparativo, con el objeto de construir una propuesta jurídicamente viable, tendiente a frenar los abusos que se cometen en matería de tarifas en estacionamientos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Con Estudio Comparativo, con el objeto de construir una propuesta jurídicamente viable tendiente a frenar los abusos que se cometen en materia de tarifas en estacionamientos.

Utilidad: Se reconocerá que la reglamentación de estacionamientos constituye materia local, al no ser considerada expresamente como facultad concedida a los funcionarios federales, las entidades federativas tienen atribuciones para emitir reglas generales en la materia.

Aportación al Usuario: En cuanto a Derecho Constitucional el usuario conocerá de una interpretación sistemática del artículo 124 en relación con el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la reglamentación de los estacionamientos constituye materia local.

En cuanto al Distrito Federal, el artículo 122, Base Primera, Fracción V, inciso j) de la Constitución, establece la facultad que tiene la Asamblea Legislativa para legislar, entre otras materias, en lo relativo a estacionamientos.

El usuario podrá apreciar dos cuadros comparativos con información a los criterios utilizados en la materia de estacionamientos aplicados en otros territorios de la República Mexicana, y otras naciones.

Así mismo, se podrá observar de los criterios planteados que el Congreso de la Unión no cuenta con facultades para legislar en materia de estacionamientos, por lo que cualquier iniciativa tendiente a modificar las disposiciones existentes sería jurídicamente inviable.

No. de Expediente: 571 Legislatura: LX Fecha: 2008-04-09Archivo PDF: 85-571-LX.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y de la Vida Silvestre.

Rango de Clasificación: Expediente 571 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de la Ley General de la Vida Silvestre.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio y la Protección al Ambiente y de la Ley General de Vida Silvestre.

Utilidad: El usuario podrá apreciar que la iniciativa tiene por objeto legislar sobre las medidas de prevención y de manejo de las especies exóticas invasoras, tomando en consideración el daño que estas especies invasoras, pueden provocar al medio ambiente, los ecosistemas, las especies, la economía y la salud humana.

Aportación al Usuario: En opinión de la Consultoría Jurídica Legislativa, se estima que el proyecto de mérito no contraviene la Ley Suprema, así como ningún ordenamiento legal, en consecuencia para que la propuesta sea jurídica y legislativamente viable, es necesario considerar las observaciones vertidas en el documento.

No. de Expediente: 570 Legislatura: LX Fecha: 2008-04-23Archivo PDF: 87-570-LX.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Penal: En materia de Penal Federal.

Rango de Clasificación: Expediente 570 LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto del proyecto de decreto por el que se reforma el Artículo 420, fracción II Bis del Código Penal Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 420 fracción II Bis del Código Penal Federal.

Utilidad: Se podrá observar de la propuesta de reforma al proyecto de decreto, en el que el artículo 420 del Código Penal Federal, refiere a la protección de las especies acuáticas llamadas abulón y langosta, para reducir a 5 de los 10 kilogramos que se tiene como límite permitido, para que una persona capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie con dichas especies de manera dolosa. Asimismo, propone eliminar el requisito de que, para ser perseguida, dicha conducta debe ser realizada por una asociación delictuosa.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer de la preservación de la fauna, que exigen acciones gubernamentales de prohibición de la sobreexplotación por medio de la veda a la cacería, pesca o destrucción de especies en peligro.

Es decir, los datos sobre la pesca irregular de abulón y langosta, son lastimosas realidades que se repiten respecto a más de una especie; consciente del especial peligro que corren las mismas.

No. de Expediente: 532 Legislatura: LX Fecha: 2008-03-26Archivo PDF: 86-532-LX.pdf

Solicitante: Sen. Ángel Aguirre Rivero, Presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Vías Generales de Comunicación.

Rango de Clasificación: Expediente 532 LX Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de dictamen por el que se adicionan los artículos 47 y 48 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. (En sentido negativo).

Asunto: La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre el proyecto de dictamen por el que se adiciona los artículos 47 y 48 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Utilidad: La iniciativa señala sustancialmente como motivación de la misma, adicionar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, a fin de otorgar al servicio de autotransporte, automotores modificados o acondicionados de servicios turísticos, permiso extensivo para transportar pasajeros a puertos marítimos, terminales de pasajeros y aeropuertos.

Aportación al Usuario: Se destaca del criterio de la Consultoría Jurídica Legislativa que la opinión jurídica refiere a que la jerarquía normativa destaca que el Legislador Federal está facultado para reformar las normas de la materia, y el Ejecutivo hará lo conducente respecto del Reglamento, no obstante y en congruencia con la opinión emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con relación a la iniciativa que reforma los artículos 47 y 48 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

En alcance a la opinión, se observa la inviabilidad de la iniciativa de mérito en sus términos considerando que su viabilidad dependerá de que el Poder Legislativo cambie las reglas técnicas y de seguridad de operación de este tipo de servicios, lo cual implicará reformar el marco jurídico de la materia, incluyendo las normas oficiales mexicanas y los reglamentos respectivos, a fin, de garantizar la congruencia y sistemática del orden normativo del mismo.

No. de Expediente: 482 Legislatura: LX Fecha: 2008-01-07 Archivo PDF: 02-482-LX.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Castro Trenti, Integrante del Grupo Parlamentario del PRI.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Salud Reproductiva.

Rango de Clasificación: Expediente 482 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Reproducción Humana Asistida.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Reproducción Humana Asistida, presentada por el Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI.

Utilidad: Reconocer en el contenido del Proyecto de Decreto representa el desarrollo legislativo consagrado en el artículo 4° Constitucional.

Aportación al Usuario: En cuanto a Derecho Constitucional el usuario conocerá el fundamento del artículo 4 que establece 'Que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos'.

En el Ámbito Internacional: La Cuarta Conferencia Mundial sobre población y Desarrollo, que estableció que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para los derechos humanos y el desarrollo, El Cairo, 1994.

No. de Expediente: 466 Legislatura: LX Fecha: 2007-11-29Archivo PDF: 84-466-LX.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia Parlamentaria.

Rango de Clasificación: Expediente 466 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del Artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 1 del Artículo 104 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: Se observará que el objetivo de la reforma pretende modificar la integración de las Comisiones Ordinarias del Senado de la República, hasta por trece miembros en lugar de los quince que prevé actualmente la Ley Orgánica; y que en lugar de que cada Senador pueda pertenecer a no más de cuatro Comisiones, sino a cinco.

Aportación al Usuario: El usuario podrá encontrar como aportación que el documento es jurídicamente viable, en virtud de que el Congreso de la Unión está facultado para legislar esta materia, conforme a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No. de Expediente: 120 Legislatura: LX Fecha: 2007-11-21Archivo PDF: 120-428LX.pdf

Solicitante: Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario: En materia de Facultades del Congreso sobre el Cambio Climático.

Rango de Clasificación: Expediente. 428 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 39 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Senadora María Elena Orantes López.

Utilidad: El usuario podrá conocer que la iniciativa tiene como propósitos:

La creación de una Comisión Ordinaria, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores respecto a la 'Atención al Impacto del Cambio Climático'.

El Proyecto contempla la adición de una fracción IV al artículo 39 y de una fracción IV al artículo 90, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Aportación al Usuario: Se observará del documento de opinión qué en su parte conducente a la exposición de motivos, se señala entre otros aspectos que:

El impacto del cambio climático atraviesa transversalmente las políticas públicas de diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, y su competencia rebasa sustancialmente las facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y por ende, a las comisiones legislativas que corresponden a esta Secretaría de Estado.

El proyecto pretende que desde el Congreso de la Unión se motiven cambios para conjuntar esfuerzos del Gobierno Federal, los estatales, y municipales para emprender acciones que coordinadamente permitan reducir la emisión de gases que dañan la atmósfera.

En opinión de esta Consultoría, la propuesta contenida en la Iniciativa es jurídicamente procedente, ello en razón de que el párrafo segundo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia.

No. de Expediente: 119 Legislatura: LX Fecha: 2007-11-21 Archivo PDF: 119-427LX.pdf

Solicitante: Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Protección Civil.

Rango de Clasificación: Expediente. 427 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XVII del artículo 12 de la Ley General de Protección Civil.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XVII del artículo 12 de la Ley General de Protección Civil, presentada por el Senador Adolfo Toledo Infanzón, el 29 de octubre de 2007

Utilidad: Se podrá apreciar que el Sistema Nacional de Protección Civil, es un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con las autoridades de los estados, el Distrito Federal y los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, destinadas a la protección contra los peligros que se presenten y a la recuperación de la población, en la eventualidad de un desastre.

Aportación al Usuario: De la opinión jurídica el usuario podrá conocer que la Iniciativa tiene por objeto que los tres órdenes de gobierno coadyuven en la actualización del Atlas Nacional de Riesgos, con el fin de recopilar la información actualizada de las diversas fuentes, como son Centros de Investigación, Organismos Federales de Monitoreo y Detección de Fenómenos destructivos, Centro de Estudios Superiores o Especializados y Dependencias del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y del Gobierno del Distrito Federal.

En criterio de la Consultoría Jurídica Legislativa, se considera que el proyecto es jurídica y legislativamente viable, ya que una de las atribuciones del Sistema es 'desarrollar y actualizar el Atlas Nacional de Riesgos', que el propio Sistema Nacional ya considera a los tres órdenes de gobierno como parte fundamental para coadyuvar en las tareas de desarrollo y actualización de la información mediante la cual se construye el Atlas Nacional de Riesgos.

No. de Expediente: 421 Legislatura: LX Fecha: 2007-11-07 Archivo PDF: 73-421-LX.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Baeza Melendez.

Apartado Temático y Materia / Derecho Penal: En materia de Explotación Sexual Infantil.

Rango de Clasificación: Expediente 421 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Derecho por el que se modifican algunas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra Delincuencia Organizada en Materia de Explotación Sexual Infantil.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la iniciativa con proyecto de Derecho por el que se modifican algunas disposiciones del Código Penal Federal, del código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal Contra Delincuencia Organizada en Materia de Explotación Sexual Infantil.

Utilidad: Se reconoce que el derecho al 'libre desarrollo de la personalidad', protege tanto a los menores como a las personas con capacidades distintas.

Se reconoce a la figura de la mendicidad con fines de explotación y que constituye uno de los supuestos en los cuales se puede actualizar el delito de la trata de personas.

Se identificará como la comisión de un delito 'al que obligue, induzca, facilite o procure 'a la formación de asociaciones delictuosas cuando los sujetos pasivos sean menores de edad, personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o que no tengan capacidad para resistirlo.

Se destaca la distinción de la palabra lesivo y sexual, constituyendo ambos conceptos hipótesis de conductas punibles.

Se destaca la figura de la retroactividad de la ley, contemplada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aportación al Usuario: El usuario podrá tener referencia de instrumentos internacionales relativos al tema para prevenir, reprimir, y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

Así mismo, se aporta la referencia histórica de la aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

No. de Expediente: 420 Legislatura: LX Fecha: 2007-11-07Archivo PDF: 67-420-LX.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti. Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia Atribuciones del Senado de la República.

Rango de Clasificación: Expediente 420 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Senador Fernando Castro Trenti, del Grupo Parlamentario del PRI.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: Se observará de la iniciativa que las reformas que se pretenden, tienen la finalidad de otorgar diversas atribuciones a la Contraloría Interna de la Cámara de Senadores.

Aportación al Usuario: Como aportación, el usuario podrá percatarse que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 70 faculta al Congreso de la Unión para legislar en esta materia.

'El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos'. Artículo 70 Constitucional.

No. de Expediente: 253 Legislatura: LX Fecha: 2007-05-14 Archivo PDF: 51-253-LX.pdf

Solicitante: Sen. Rubén Fernando Velázquez López, Ortega Barnés. Presidente de la Comisión de Límites de las Entidades Federativas.

Apartado Temático y Materia / Derecho Parlamentario: En materia de Reglamentaria del Senado de la República.

Rango de Clasificación: Expediente 253 de la LX Legislatura, Opinión Jurídica, en relación a la solicitud de copias certificadas de los expedientes 'Controversias Constitucionales 3/98 y 51/04', relativos al conflicto territorial entre los estados de Jalisco y Colima.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: En relación a la solicitud de copias certificadas de los expedientes 'Controversias Constitucionales 3/98 y 51/04', relativos al conflicto territorial entre los estados de Jalisco y Colima, documentación remitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Utilidad: Dentro de las observaciones el usuario podrá reconocer que la condicionante de la solicitud sea tramitada a través de la Unidad de Enlace.

Aportación al Usuario: En el Ámbito Reglamentario de la Cámara de Senadores:

Se reconocerá que la solicitud formulada por el Senador, y considerando que dicha persona forma parte del órgano mismo a quien se está haciendo la solicitud, se estima que ésta deberá ser cumplimentada, ya que, de lo dispuesto por el artículo 92 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, puede asistir sin voto a las conferencias de las Comisiones y exponer libremente en ellas su parecer sobre el asunto. Se podrá reconocer que dicha documentación sólo puede ser obsequiada por esa Comisión en copia simple, al carecer de facultades de certificación.

Por otra parte, el usuario podrá observar que las obligaciones relativas al Acceso a la Información que tiene la Cámara de Senadores se contienen en el artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como al Acuerdo Parlamentario para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y al Acceso a la Información Pública Gubernamental de la Cámara de Senadores.

No. de Expediente: 228 Legislatura: LX Fecha: 2007-04-18Archivo PDF: 01-228-LX.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Ortega Barnés.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Derecho a la vida.

Rango de Clasificación: Expediente 228 de la LX Legislatura, Opinión Jurídica, de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a la protección del Derecho a la Vida.

Asunto 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación a la protección del derecho a la vida.

Utilidad: Reconocer que el Derecho a la Vida es un presupuesto básico y fundamental del que depende la existencia y perfeccionamiento del resto de los Derechos reconocidos en el texto Constitucional.

Aportación al Usuario: En el Ámbito Internacional:

Se cita la Primera Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos, Proclamada en Teherán en 1968. En la cual 'Por primera vez, se reconoce el derecho de los padres a determinar libremente el número de sus hijos y los intervalos entre los nacimientos'.

Conferencia Mundial de las Naciones Unidas, celebrada en el Cairo 1994. 'Reconoce la necesidad de tratar los temas de los derechos reproductivos de la mujer incluyendo el tema del aborto inseguro'.

Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, celebrada en México en el año de 1975. En la que se destaca el reconocimiento del derecho a su integridad física y decidir sobre su propio cuerpo, incluyendo la maternidad opcional'.

Derecho Comparado:

Se aporta el estudio de las leyes fundamentales que contemplan dentro de sus textos la protección a la vida y a la seguridad e integridad de las personas. (Panamá, Irlanda, España, Finlandia, y Costa Rica, entre otros).

No. de Expediente: 187 Legislatura: LXI Fecha: 2010-11-05Archivo PDF: 187-164 LXI.pdf

Solicitante: Senador Rogelio Rueda Sánchez, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia del Sistema Educativo Telesecundaria.

Rango de Clasificación: EXP. 164 de la LXI Legislatura. (Negativo). Opinión Jurídica respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Educación.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona la Ley General de Educación.

Utilidad: El proyecto tiene por objeto que en todas las entidades federativas haya un Sistema Educativo de Telesecundaria coordinado con la Secretaría de Educación Pública.

Aportación al Usuario: Antecedentes

La telesecundaria es un servicio de educación básica, público y escolarizado, que ha atendido el nivel de secundaria principalmente en las zonas rurales, mediante una metodología propia apoyada con materiales didácticos específicos, tanto impresos como televisivos.

Su misión es brindar a los grupos más vulnerables del país educación secundaria, con una sólida formación en cada disciplina con principios éticos y de solidaridad social, que les permita desarrollar sus aptitudes y capacidades para que sus egresados sean capaces de desempeñarse exitosamente en educación media, así como de aprovechar responsablemente los recursos locales para mejorar su calidad de vida, a través de espacios educativos, materiales, equipo informático, uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y métodos pedagógicos acordes a sus necesidades específicas.

Argumentación Jurídica: La constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de los mexicanos a recibir educación, misma que habrá de desarrollar armónicamente las facultades del ser humano y fomentar el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia, Como lo establece el texto del artículo 3° de la Carta Magna.

El artículo tercero defiende también los alcances de la obligación obligatoria, así como los fines y criterios que orientan la instrucción pública y los tipos y modalidades educativos que, fuera del contexto de obligatoriedad, ha de atender el Estado para contribuir al desarrollo nacional, además de señalar los términos de la autonomía universitaria y la participación que, en el proceso educativo, tendrán los particulares a quienes les sea conferida por la autoridad la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios.

De acuerdo con el texto constitucional, el Congreso de la Unión está facultado para emitir leyes que contribuyen a unificar y coordinar en toda la República Mexicana, con el fin de distribuir la función social educativa entre la Federación, los estados y los municipios, y para fijar las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio, así como para señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas, lo mismo que a todos aquellos que las infrinjan. De la misma forma, la fracción XXV del mismo artículo determina que el Poder Legislativo podrá establecer, organizar y sostener en toda la República, escuelas de nivel elemental, secundarias, superiores y profesionales, técnicas, de bellas artes y centros de investigación, entre otras, y legislar lo relacionado con las mismas.

La Ley General de Educación es una norma que establece la concurrencia de los órdenes Federal, Estatal y Municipal de gobierno y de los actores sociales involucrados en la educación que se brinda a través de las instituciones educativas y regula la participación de los particulares.

Sus disposiciones definen los elementos que integran el Sistema Educativo Nacional y sus relaciones, la educación obligatoria, los fines y criterios de la educación pública, los mecanismos que habrán de garantizar el acceso de todos los mexicanos a la educación, los tipos y modalidades educativos, la evaluación en el sistema educativo, así como la responsabilidad sobre la elaboración de los planes y programas de estudios, entre otros aspectos.

En el caso particular del Distrito Federal, dada su naturaleza sociopolítica como sede de los poderes de la Unión, se encuentra regulado por el artículo 122 constitucional, mediante un Estatuto Jurídico, el que desde luego es necesario tener presente, para efectos de la competencia y participación en las políticas públicas de la materia educativa que se encuentran reguladas por la propia Secretaría de Educación Pública Federal, mediante una subsecretaría y no del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo que incluso no afecta al presupuesto de Gobierno de la Ciudad de México.

Así mismo, derivado de lo señalado en el artículo 124 Constitucional, se puede entender que todas las facultades están reservadas a los Estados, con excepción de las que se encuentren expresamente concedidas a los funcionarios federales, por vía constitucional, a saber:

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.

En tal sentido, derivado de lo anterior, son las Constituciones locales y los Reglamentos Interiores de cada Secretaría y los estatutos orgánicos de cada entidad, los que en dado caso establecen la distribución y competencia específicas de cada una de sus unidades administrativas, lo que se destaca para comentar que tal labor no compete a una Ley General.

Por lo cual, la propuesta de que sea a nivel de dirección las áreas que atiendan el sistema de telesecundaria, resulta en una invasión de competencias entre los órdenes de gobierno y no encuentra fundamento para estar concebida dicha disposición dentro de la Ley General de Educación.

No. de Expediente: 143 Legislatura: LX Fecha: 2007-04-12Archivo PDF: 83-143-LX.pdf

Solicitante: Sen. Arturo Escobar y Vega, Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Educación Ambiental.

Rango de Clasificación: Expediente 143 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación Ambiental.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Educación Ambiental.

Utilidad: El proyecto de Ley tiene como objeto, incorporar la educación ambiental en el sistema educativo formal y no formal, mediante modos alternativos de comunicación y educación, garantizando la promoción de la educación ambiental en todas las modalidades y niveles de Gobierno.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer de los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente, como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y de la sociedad.

De igual forma, se podrá observar que la Secretaría de Educación Pública, de acuerdo al artículo 48 de la Ley General de Educación, es la responsable de determinar los planes y programas de estudio, aplicables y obligatorios en toda la República Mexicana, de conformidad a los principios y criterios establecidos en los artículos 7 y 8 de la misma Ley.

Así mismo, la Secretaría tiene bajo su responsabilidad las revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas de los planes y programas de educación, para mantener permanentemente actualizados, sobre la educación ambiental que se encuentra contenida en los planes y programas de educación, misma que es evaluada y actualizada para una mejor impartición y promoción de la cultura ambiental a los educandos.

No. de Expediente: 138 Legislatura: LX Fecha: 2007-02-20Archivo PDF: 43-138-LX.pdf

Solicitante: Sen. Alfonso Elías Serrano.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Variedades Vegetales.

Rango de Clasificación: EXP. 138 LX Legislatura Opinión Jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales.

Utilidad: El usuario conocerá del desarrollo de la Agricultura, la Horticultura y la Silvicultura, considerando el fitomejoramiento en semillas o árboles que contribuyen a garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país.

Aportación al Usuario: Del análisis de la Opinión Jurídica podrá apreciar que el Proyecto de Decreto contempla el uso de la Biotecnología y el incremento de las patentes, a efecto de garantizar los derechos de los obtentores con nuevas disposiciones que dan certeza a las innovaciones de variedades vegetales y, a la vez, permitan a los agricultores acceder a dichas innovaciones.

No. de Expediente: 136 Legislatura: LX Fecha: 2007-02-13Archivo PDF: 82-136-LX.pdf

Solicitante: Sen. Jorge Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Servicio Profesional Docente.

Rango de Clasificación: Expediente 136 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. (En sentido negativo).

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Utilidad: Se observará que el Proyecto de Decreto tiene el propósito de agregar un Premio Nacional a la Prestación del Servicio Social Comunitario, en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, dicho premio se otorgará a los estudiantes e instituciones que lleven a cabo alguna acción destacada en la prestación del servicio social en beneficio de la sociedad.

Aportación al Usuario: Del estudio y contenido del Proyecto de Decreto, sin duda se observará que el objetivo de inculcación de la solidaridad y asistencia social en los estudiantes e instituciones, es loable y positivo.

Sin embargo, del criterio de la Consultoría se observa que se propone adicionar una fracción XII al artículo 6, y un capítulo XXII, recorriéndose el capítulo XXII de 'Disposiciones Generales' actual para ser el Capítulo XXIII de la mencionada ley, cuando ya existe una fracción XVII en el artículo 6, destinada al Premio Nacional a la Cerámica. El Capítulo XII se refiere a ese premio, no a las 'Disposiciones Generales' que ya ocupan el Capítulo XIII.

Por lo anterior, se concluye que la Minuta se considerada no viable, y se recomiendan algunas modificaciones

No. de Expediente: 135 Legislatura: LX Fecha: 2006-12-20Archivo PDF: 81-135-LX.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Amparo y de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Rango de Clasificación: Expediente 135 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica en relación a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Artículo 80 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: En relación a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Artículo 80 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: El usuario podrá apreciar que en la exposición de motivos del documento se señala que el mismo destaca la importancia del juicio de amparo, como medio de control constitucional por excelencia al que los particulares acuden para solicitar a la autoridad jurisdiccional competente, que se les restituya en el goce de las garantías individuales que estimen violadas en su perjuicio.

Aportación al Usuario: El usuario se podrá conocer de la Opinión Jurídica que los artículos 103 y 107 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, refieren a la procedencia del Juicio de Amparo, respecto de Actos que sean violatorios de las garantías individuales.

A juicio de la Consultoría Jurídica se concluye, que las pretensiones de la iniciativa en estudio no son propias de la materia del amparo en términos de los artículos referidos, razón por la cual, la propuesta carece de sustento.

No. de Expediente: 123 Legislatura: LX Fecha: 2007-01-30Archivo PDF: 80-123-LX.pdf

Solicitante: Sen. Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Ciencia y Tecnología.

Rango de Clasificación: Expediente 123 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto del proyecto de decreto que reforma los artículos 36 y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología. (En sentido negativo).

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del proyecto de decreto que reforma los artículos 36 y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Utilidad: El usuario conocerá del Proyecto de Decreto que reforma los artículos 36 y 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, tiene como propósito que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico se integre, entre otros, con la participación de un representante del consejo consultivo de ciencias de la Presidencia de la República, así como por dos representantes de los consejos y Organismos Estales de Ciencia y Tecnología.

Aportación al Usuario: El usuario podrá valorar del Proyecto de Decreto que el dictamen concluye con propuestas y modificaciones a sus características, tales como la referencia expresa que existe a los centros públicos orientados a la modernización innovación y desarrollo tecnológico los cuáles actualmente cuentan con facultades para promover la conformación de asociaciones para procurar la incorporación de investigadores formados en sus propios centros.

De la opinión jurídica, se determina que no existe coincidencia entre lo expresado en el cuerpo del dictamen y el texto de la minuta que se concluyó, por lo que no se advierte la existencia de argumentos o juicios de valor suficientes para poder dictaminar positivamente.

No. de Expediente: 107 Legislatura: LX Fecha: 2007-01-12Archivo PDF: 25-107-LX.pdf

Solicitante: Sen. Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia penal

Rango de Clasificación: EXP. 107 LX Legislatura. Opinión jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, el 12 de diciembre de 2006.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por la Sen. Martha Leticia Sosa Govea, el 12 de diciembre de 2006.

Utilidad: Reconocer el derecho a la presunción de inocencia, mismo que no pretende impedir el ejercicio de la función que tiene el Estado, sino evitar decisiones arbitrarias, y lógicas o no racionales previas a la determinación de la situación jurídica del gobernado.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer que como garantía al proceso se cuenta con la presunción de inocencia, el cual no es un principio sino un derecho fundamental.

En el Ámbito Nacional: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 17 como se llevará a cabo la Administración de Justicia así mismo, el artículo 20 señala las garantías en materia Penal que tiene el inculpado.

En el Ámbito Internacional: Los instrumentos internacionales que en materia de Derechos Humanos tienen relación directa con el tema: Para la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la presunción de inocencia significa que nadie puede ser condenado por un delito mientras no se establezca plena culpabilidad. Este Derecho se encuentra establecido en los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, específicamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 11.1 que señala: 'Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se pruebe culpabilidad'.

No. de Expediente: 106 Legislatura: LX Fecha: 2007-01-12Archivo PDF: 24-106-LX.pdf

Solicitante: Sen. Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Elección del Presidente de la República y duración del cargo.

Rango de Clasificación: EXP. 106 LX Legislatura. Opinión jurídica de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Sen. Ramiro Hernández García, el 7 de diciembre de 2006.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 66 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Sen. Ramiro Hernández García, el 7 de diciembre de 2006.

Utilidad: Conocer el régimen electoral de la Carta Magna, así como las condiciones políticas que se producen cuando el Presidente Electo toma posesión del cargo.

Aportación al Usuario: Se podrá analizar que la reforma planteada al artículo 83 que propone la modificación del artículo 66 de la Ley Fundamental, es en la parteen que prolonga el primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso hasta al 31 de diciembre del año en que el Presidente de la República Inicia su encargo, lo cual resultaría innecesario si la toma de posesión se adelanta al primero de octubre del año de la elección.

No. de Expediente: 188 Legislatura: LX Fecha: 2007-01-11Archivo PDF: 188-102 LX.pdf

Solicitante: Senador Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Renovación de Mandato, a través de un Plebiscito.

Rango de Clasificación: EXP. 102 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y seis fracciones al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo y seis fracciones al artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: Las modificaciones propuestas al artículo 39 constitucional, consisten esencialmente en establecer en este ordenamiento la figura de revocación de mandato, a través de un plebiscito. Asimismo, los servidores públicos que se propone sean susceptibles de ser sometidos a esta figura, son los siguientes: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, gobernadores de los Estados de la Unión, y Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Aportación al Usuario: Del documento de opinión se observará que se coincide con el espíritu de la iniciativa, en el sentido de que es necesario implementar en nuestra Carta Magna, nuevas figuras que permitan a la ciudadanía participar de una forma más directa en los asuntos públicos. En este contexto, contemplar la institución del mandato revocatorio, sería un elemento con el que los gobernados contarían a fin de decidir sobre la conveniencia de que uno de sus gobernantes, permanezca o no en su cargo.

En la mayoría de las democracias actuales, se acepta como un elemento fundamental el contar con elecciones libres, periódicas y auténticas, las que permiten la constitución de una estructura intermedia entre la voluntad popular y las decisiones públicas que afectan al Estado, conformándose lo que se conoce como sistema representativo (democracia indirecta). Sin embargo, dentro de la doctrina política actual, se acepta a las figuras de la iniciativa y veto populares, referéndum, plebiscito y la revocación, como mecanismos de participación directa de la ciudadanía, que pueden incorporarse a los sistemas jurídicos-políticos que cuentan con un sistema representativo, configurándose como instrumentos de 'democracia semidirecta'. Es decir, a través de estos mecanismos de democracia semidirecta, la voluntad del Estado se conforma ya no sólo de forma indirecta a través de los representantes populares, sino que permite una participación más directa y real de la ciudadanía en dicha voluntad.

En cuanto a la revocación de mandato, Sánchez Bringas la define de la siguiente manera:' La revocación -recall- es el procedimiento por virtud del cual un número determinado del cuerpo electoral pone en duda la conveniencia de que un servidor público de elección popular permanezca en un cargo. Si la ciudadanía se pronuncia de acuerdo con los objetantes, el efecto que se produce consiste en la destitución del funcionario público'.

Se podrá observar de la opinión jurídica la transcripción de diversos artículos de constituciones de otros países que contemplan esta figura.

Respecto al marco constitucional mexicano, no debemos perder de vista que de conformidad con el artículo 40 de la Ley Suprema, nuestro país es una República representativa y democrática. Es decir, a través de las elecciones libres, auténticas y periódicas, tal y como lo ordena el artículo 41 constitucional, los ciudadanos mexicanos acuden a elegir a sus representantes en distintos niveles de gobierno, los cuales al ocupar sus cargos deben ejercerlos de forma que velen por el bienestar del país y de sus pobladores. En este sentido, es viable incorporar la figura del mandato revocatorio en nuestro sistema jurídico, en el espectro de servidores públicos electos mediante el voto popular.

Cfr. Enciplopedia Jurídica Mexicana, UNAM.IIJ.Porrúa, México, 2002, tomo III, D.E, p. 137.

Ilbidem, p. 138.

No. de Expediente: 189 Legislatura: LX Fecha: 2007-01-11Archivo PDF: 189-101 LX.pdf

Solicitante: Senador Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Electoral: En materia Electoral y de Partidos Políticos.

Rango de Clasificación: EXP. 101 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: El proyecto propone establecer en el texto constitucional que los partidos políticos no podrán integrar a organizaciones sociales o civiles de cualquier tipo, respetando el derecho que tienen los ciudadanos mexicanos de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

Aportación al Usuario: Se observará que la garantía de libertad de asociación ya ha sido estudiada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial:

CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA, AFILIACION OBLIGATORIA. EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY DE LA MATERIA VIOLA LA LIBERTAD DE ASOCIACION ESTABLECIDA POR EL ARTÍCULO 9º. CONSTITUCIONAL.

La libertad de asociación consagrada por el artículo 9º. Constitucional es el derecho de que gozan los particulares, tanto personas físicas como personas jurídico-colectivas, para crear un nuevo ente jurídico que tendrá personalidad propia y distinta de la de sus asociados. …, la esfera de protección deriva de la garantía constitucional de que se trata puede operar en tres posibles direcciones: 1º. Derecho de asociarse formando una organización o incorporándose a una ya existente: 2o. derecho a permanecer en la asociación o a renunciar a ella; y 3º. Derecho a no asociarse. …

Localización: Novena Época; Instancia: Pleno; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, octubre 1995; página: 5; Tesis; P./J.28/95 Jurisprudencia; Materia (s): Constitucional, Administrativa.

No. de Expediente: 192 Legislatura: LX Fecha: 2007-01-11Archivo PDF: 192-100 LX.pdf

Solicitante: Senador Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Pensión Alimentaria a los Adultos Mayores.

Rango de Clasificación: EXP. 100 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica de la Iniciativa que contiene el proyecto de Decreto que adiciona un párrafo noveno al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa que contiene el proyecto de Decreto que adiciona un párrafo noveno al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: La Iniciativa tiene como propósito elevar a rango constitucional la obligación del Estado de garantizar a los mexicanos adultos mayores de 70 años el derecho a una pensión alimentaria.

Aportación al Usuario: La pretensión contenida en el proyecto de adicionar un párrafo noveno al artículo 4° constitucional, para establecer en su texto el derecho a la pensión alimentaria para los mexicanos mayores de 70 años, resulta por demás noble en cuanto a su espíritu. No obstante, esta garantía sólo sería para el caso de aquellos que no hubieren estado sujetos a los distintos ordenamientos que rigen a las diversas Instituciones de Seguridad Social, tanto de carácter federal como estatales y que, por lo tanto, no tendrían derecho a obtener en los términos de la ley respectiva, una pensión por jubilación o incapacidad permanente.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece la obligación por parte del Ejecutivo Federal a través de las Secretarías de Estado y demás dependencias que integran la Administración Pública Federal, así como por las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados y empresas paraestatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, en torno a los derechos de las personas adultas mayores, entendiendo como sujetos de esta Ley, a las personas adultas mayores que cuenten con sesenta años o más, la Iniciativa que estudia, incrementa el margen de edad en diez años.

El artículo 4° de esta Ley prescribe la obligación no sólo de los diferentes órdenes de gobierno en esta materia sino aún más, regula en lo relativo a la participación del sector privado, en el marco de principios rectores como elemento de viabilidad para el apoyo económico sustentable a los adultos mayores.

Si bien es cierto que los ordenamientos de referencia regulan lo concerniente a los derechos de las personas Adultas Mayores, también lo es que no existe en la Constitución o en las leyes secundarias disposición alguna que mandate o regule una pensión alimentaria para los Adultos Mayores que no generaron este derecho a través de las aportaciones correspondientes en materia de Seguridad Social, de ahí la importancia y trascendencia de la iniciativa en comento.

No. de Expediente: 186 Legislatura: LX Fecha: 2007-04-17Archivo PDF: 186-098LX.pdf

Solicitante: Senador Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. 17 de abril de 2007. Solicitud presentada por el Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales (Derechos Humanos).

Rango de Clasificación: EXP. 098 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: El proyecto tiene la finalidad de reformar el artículo 133 Constitucional, para establecer que las disposiciones contenidas en los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos sean consideradas por los jueces federales y de cada Estado, como principios interpretativos en sus fallos y sentencias.

Aportación al Usuario: Observaciones:

Del estudio realizado a nuestra constitución Federal, se puede advertir que, salvo el principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133, por lo que se refiere a los demás ordenamientos que conforman nuestro orden jurídico, el esquema de fuentes del derecho está diseminado en gran parte de nuestro ordenamiento fundamental, sin lograr determinar la jerarquía de los tratados internacionales respecto de las leyes nacionales.

Lo anterior, las más de las veces, puede producir conflictos en la aplicación de los tratados internacionales, toda vez que se pueden presentar contradicciones con nuestra legislación, sin que actualmente se cuente con reglas claras para la aplicación preferente de alguno de los órdenes jurídicos.

De aquí se deduce que a quien corresponde en última instancia determinar la aplicación de una norma respecto de la otra en cuestiones de mera legalidad, es a los órganos jurisdiccionales, tanto federales como locales, ya que la solución a estos conflictos debe encontrarse siempre en el caso específico, no a través de criterios absolutos e inmutables, sino del análisis de las particularidades de cada asunto, por lo que se considera procedente la propuesta de facultar a los jueces para que en sus fallos y sentencias, consideren las disposiciones contenidas en los tratados internacionales aprobados por el Estado Mexicano.

Adicionalmente a lo anterior, el propio artículo 133 consagra la sujeción de la jurisdicción local a lo dispuesto por nuestra Carta Magna, a las leyes federales y a los tratados internacionales.

Por último, se coincide también con la intención de la iniciativa de acotar dicha reforma a los tratados en materia de derechos humanos, por contar estos con una naturaleza distinta de la de cualquier otro tratado internacional. Es preciso distinguir los tratados en materia de derechos humanos respecto de aquellos que no lo son, en virtud de que estos primeros tienen como objetivo principal el reconocimiento por parte de la comunidad internacional de que el ser humano es portador de derechos que le son inherentes y dimanan de la idea general de la dignidad de la persona.

Con la suscripción por parte de nuestro país de aquellos tratados en materia de derechos humanos, se pretende satisfacer una serie de exigencias que se consideran necesarias para el desarrollo de las personas, con el fin de lograr una vida digna que le corresponde por su propia naturaleza y que deben ser reconocida por cualquier autoridad.

No. de Expediente: 185 Legislatura: LX Fecha: 2007-01-10Archivo PDF: 185-097 LX.pdf

Solicitante: Senador Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Contribuciones Especiales a Sustancias Tóxicas.

Rango de Clasificación: EXP. 097 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos e), f) y g) y se adiciona un inciso h) al numeral 5 de la Fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los incisos e), f) y g) y se adiciona un inciso h) al numeral 5 de la Fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: Las modificaciones propuestas al artículo 73 Constitucional, fracción XXIX, numeral 5°, consisten esencialmente en facultar de manera expresa al Congreso de la Unión para que pueda establecer contribuciones especiales en materia de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables.

Aportación al Usuario: El autor de la Iniciativa, señala que estas sustancias ya han sido restringidas y sujetas a distintos reglamentos y gravámenes en muchos países pero que en nuestro país el marco jurídico que las regula continúa siendo uno de los aspectos más complicados y confusos del Derecho Ambiental, además de que actualmente no existen requisitos de revisión previa a la manufactura para el uso, fabricación o distribución de sustancias tóxicas nuevas, lo que ha provocado el uso indiscriminado de estas.

También hace mención que, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), ha establecido el principio de que aquellos agentes económicos que contaminen, deben asumir los costos totales de cualquier daño ocasionado por la producción de bienes o servicios contaminantes.

El proyecto advierte la necesidad de establecer medidas legislativas que permitan en el mediano y largo plazo, que los procesos productivos, de las empresas reduzcan el uso de este tipo sustancias, tanto para evitar daños graves a la salud de la población, como para proteger el medio ambiente en el que con desenvolvemos.

En este contexto, la propuesta se considera viable, sin embargo, la facultad prevista en el artículo 73 constitucional, fracción XXIX no es contradictoria con la fr. VII del mismo artículo, ya que se ha interpretado que la primera solo reserva ciertas materias para que sean gravadas exclusivamente por la federación, evitando una doble tributación con las autoridades locales, aunque se prevé la posibilidad de participar de su rendimiento a las entidades federativas, en la proporción que establezca la Legislación Secundaria Federal.

Conclusión: Conforme a lo anterior, el reformar la fracción XXIX, numeral 5° del artículo 73 de la Constitución, para establecer como un impuesto especial el gravamen que se imponga a las sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables, tendría el único efecto de evitar que los Estados pudieran gravar a su vez este mismo concepto. En este sentido de aprobarse la iniciativa, solo podría ser un Ley Federal.

En este contexto, aún y cuando no se aprobara la reforma de mérito por considerarse que no es conveniente que el gravamen propuesto sea exclusivo de la Federación; no implica que el Congreso de la Unión no pueda imponer esta contribución posteriormente, ya que no significa renunciar a su potestad tributaria de conformidad con los artículos 31, fracción IV, 73, fracción VII y 74 fracción IV de la Constitución Federal.

No. de Expediente: 86 Legislatura: LX Fecha: 2006-12-14Archivo PDF: 11-086_LX.pdf

Solicitante: Sen. Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. 13 de febrero de 2007. Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Casas de Empeño.

Rango de Clasificación: EXP. 086 LX Legislatura. (Negativo). Opinión jurídica de la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reconocerle al Congreso de la Unión competencia relacionada con las actividades de las casas de empeño.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de reconocerle al Congreso de la Unión competencia relacionada con las actividades de las casas de empeño.

Utilidad: Se podrá identificar si es necesario establecer una regulación para las casas de empeño.

Aportación al Usuario: El usuario podrá identificar que queda sin fundamento el argumento de la carencia de legislación. Pero que se desvirtúa la negativa de que el Congreso de la Unión tenga competencia para legislar en materia de casas de empeño, si consideramos que sus facultades se incluyen de modo implícito en la fracción X del artículo 73 Constitucional, que establece:

Artículo 73. El congreso tiene facultad:

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

No. de Expediente: 184 Legislatura: LX Fecha: 2013-12-13Archivo PDF: 184-074 LX.pdf

Solicitante: Doctor Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Límites Territoriales entre las Entidades Federativas.

Rango de Clasificación: EXP. 074 de la LX Legislatura Opinión Jurídica en relación con el Dictamen de las Comisiones Unidas de Límites de las Entidades Federativas y de Estudios Legislativos, por el que se aprueba la Iniciativa con Proyecto de Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 76 fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Ley Reglamentaria de los artículos 46 y 76 fracciones X y XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: Se conocerá de los convenios, así como del procedimiento al que se sujetará la resolución en materia de límites territoriales entre las Entidades Federativas.

También, es de precisarse que ante la división territorial virtual que existe en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podrá arreglar entre sí, y mediante acuerdo sus límites territoriales, el cual siempre deberá ser aprobado por la Cámara de Senadores para tener efectos.

Aportación al Usuario: El usuario podrá saber que la aplicación de la amnistía, propiamente es una medida de carácter legislativo, toda vez que extingue la acción y la pena pronunciada, que se dicta generalmente con relación a delitos políticos y militares, infundida en designios de 'apaciguamiento y olvido'.

En tal sentido, la amnistía es la encargada de extinguir la pretensión punitiva, la acción y la pena. Es decir, esta institución se encuentra prevista en la fracción XXII del artículo 73 constitucional, en la cual se contempla como facultad del Congreso de la Unión el poder 'conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los Tribunales de la Federación'.

Así mismo, el artículo 92 del Código Penal Federal refiere que la 'amnistía extingue la acción penal y las sanciones impuestas, excepto la reparación del daño, en los términos de la ley que se dictare concediéndola, y si no se expresaren, se entenderá que la acción penal y las sanciones impuestas se extinguen con todos sus defectos, con relación a todos los responsables del delito'.

Finalmente, la Suprema corte de Justicia se pronuncia al respecto, que 'la amnistía, ley de olvido, como acto del poder social, tiene por resultado que, olvidadas ciertas infracciones, se den por terminados los procesos y si ya fueron fallados, queden sin efecto las condenas impuestas con motivo de esas infracciones; produce sus efectos antes o después de la condena; pero en los dos casos borra los actos que han pagado antes de ella; suprime la infracción, la persecución por el delito, la formación de los juicios, en una palabra, borra todo el pasado y sólo se detiene delante de la imposibilidad de los hechos. Se justifica por la utilidad que puede tener para la sociedad, que se den al olvido ciertos hechos y tiene como efectos extinguir la acción pública de manera que el beneficio es irrenunciable y produciendo sus defectos extinguir la acción pública de manera que el beneficio es irrenunciable y produciendo sus efectos de pleno derecho, invalida la misma condena. Los sentenciados a penas corporales, recobran su libertad, las multas y gastos pagados al Erario deben ser restituidas y si los amnistiados cometen nuevos delitos, no son considerados como reincidentes; pero por excepción y por respeto al derecho de los terceros perjudicados por el delito, subsisten las consecuencias civiles de la infracción, y la parte civil perjudicada tiene derecho de demandar ante los tribunales, la reparación de los daños y perjuicios causados. La amnistía tiene como característica, que, a diferencia del indulto, se concede a cuantos hayan cometido el mismo delito político restableciéndoles en el goce de todos los derechos que por sola comisión del delito o por una condena, habían pedido …'.

No. de Expediente: 190 Legislatura: LVIII Fecha: 2006-12-18Archivo PDF: 190-070 LX.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Impartición de la Cultura Financiera en la Educación.

Rango de Clasificación: EXP. 070 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Educación. (promueve la Cultura Financiera).

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Utilidad: El objeto de la Iniciativa es incorporar la cultura financiera en el marco educativo como agente rector del desarrollo social y económico de todos los mexicanos, impulsando la formación de los aspectos básicos de las finanzas de las personas.

Aportación al Usuario: De la Opinión Jurídica, se destaca que la Iniciativa busca que la cultura financiera sea promovida por las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Se estima que las modificaciones propuestas, para la impartición de la cultura financiera en la educación, no contravienen a la Ley Suprema de nuestro país.

Sin embargo, esta área de opinión considera que sería oportuno que se retomara dentro del programa para educación primaria y secundaria la asignatura de educación cívica, ya que ésta tiene como objetivo que el alumno conozca y comprenda los derechos que tiene como mexicano y como ser humano; es decir, el comprender que al ejercer sus derechos adquiere compromisos y obligaciones con los demás, reconociendo la dualidad derecho-deber como la base de las relaciones sociales y de la permanencia de la sociedad.

Cabe recordar que, dentro de los planes educativos de nuestro país, para nivel secundaria se contempló en un tiempo, dentro de la asignatura de Educación cívica, temas como el hombre y la sociedad, así como el hombre y la economía. En tal virtud, sugerimos se tome en consideración la posibilidad de retomar la conformación de esta asignatura con los temas antes mencionados, a fin de fomentar de manera integral la cultura financiera.

No. de Expediente: 191 Legislatura: LX Fecha: 2006-11-28Archivo PDF: 191-066 LX.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Rango de Clasificación: EXP. 066 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto del Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto al Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Utilidad: El proyecto propone diversas modificaciones a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en temas de no discriminación, de impulso a una cultura de protección de los derechos de la infancia, contra cualquier forma de abandono, maltrato, explotación y abuso intencional o negligente; entre otros.

Aportación al Usuario: De la opinión jurídica se podrá observar que esta Unidad Técnica del Senado de la República concuerda con lo establecido en el Proyecto de Decreto enviado por la Cámara de Diputados.

Asimismo, que es obligación del Estado Mexicano garantizar en todo momento y en cualquier circunstancia los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que debe traducirse en la posibilidad de que se desarrollen física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones adecuadas.

Es evidente que las propuestas de modificación a diversos artículos, buscan el perfeccionamiento del marco normativo para garantizar a niños, niñas y adolescentes el respeto pleno de sus derechos plasmados en la Constitución y en sus ordenamientos secundarios, lo que permitirá dar coherencia y orden a la legislación en esta materia. Con estas reformas se pretende fortalecer los instrumentos para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y adicionar otros que no están contemplados en la legislación vigente, a fin de combatir de manera efectiva las distintas formas de discriminación, remarcar las sanciones para el trabajo infantil, proteger a los infantes y adolescentes del tráfico de personas, y fomentar la paternidad responsable, entre otras cuestiones de igual importancia.

No. de Expediente: 61 Legislatura: LX Fecha: 2010-02-16Archivo PDF: 13-061-LX.pdf

Solicitante: Sen. Humberto Andrade Quezada, Presidente de la Comisión de Población y Desarrollo.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de calidad migratoria a favor de los extranjeros que se internan ilegalmente en el país.

Rango de Clasificación: EXP. 061 BIS LX Legislatura. (Negativo). Opinión jurídica de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Artículo 41Bis a la Ley General de Población, con el fin de reconocer de manera expresa una calidad migratoria especial a favor de quienes cruzan las fronteras del territorio nacional de forma ilícita, a fin de que les sean respetadas sus garantías individuales. Presentada el 3 de febrero de 2010.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: De la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Artículo 41Bis a la Ley General de Población, con el fin de reconocer de manera expresa una calidad migratoria especial a favor de quienes cruzan las fronteras del territorio nacional de forma ilícita, a fin de que les sean respetadas sus garantías individuales. Presentada el 3 de febrero de 2010.

Utilidad: Conocer las disposiciones jurídicas que facultan al Congreso General para crear o reformar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración, inmigración y salubridad.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer debidamente los preceptos constitucionales que fundamentan la competencia del Congreso General para legislar en la materia. Así mismo, podrá comparar a partir del análisis jurídico de la propuesta vertida en la iniciativa, cuáles fueron los criterios jurídicos para considerarla inconstitucional.

Legislación Internacional: En materia internacional se podrá conocer los instrumentos internacionales que en materia de Derechos Humanos tienen relación directa con el tema:

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 1966, vigente a partir del 23 de marzo de 1973 y ratificado por el Senado Mexicano el 24 de marzo de 1981.

Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o conocida también como el Pacto de San José, Costa Rica, celebrado el 22 de noviembre de 1969, entró en vigor el 18 de julio de 1978 y es ratificado por el Estado Mexicano el 25 de marzo de 1981.

Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional.

No. de Expediente: 122 Legislatura: LX Fecha: 2006-12-08Archivo PDF: 122-061LX.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Laboral: En materia de Observación de los Derechos Humanos en la Impartición de la Educación en los Centros Escolares.

Rango de Clasificación: Expediente 061 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 163 Bis de la Ley Federal del Trabajo y 28 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, presentada por la Senadora Ludivina Menchaca Castellanos, el 24 de octubre de 2006.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona los artículos 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 163 Bis de la Ley Federal del Trabajo y 28 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores.

Utilidad: El usuario podrá conocer que la iniciativa parte de la idea de reconocer el papel protagónico que hasta este momento han tenido las mujeres en el mantenimiento de la familia; y que la Reproducción Humana, la crianza y la educación de los niños no es una tarea exclusivamente femenina, son actos que comprometen por igual a las madres como a los padres.

Se plantea establecer el permiso de paternidad, lo que fomentaría la corresponsabilidad de los hombres y, al mismo tiempo, facilitaría el camino hacia la conciliación de la vida familiar y laboral.

Aportación al Usuario: Se observará que el permiso de paternidad por cinco días facilitaría a ambos padres acudir a las primeras citas médicas, realizar la inscripción del menor en el registro civil, y en caso de complicación del parto, posibilita al padre el cuidado del hijo y de la madre.

Adicionalmente, dentro de las aportaciones al usuario, se observará que diversos países ya han incorporado en su legislación laboral el beneficio a estudio, pero con permisos de paternidad remunerado muy diversos.

Se podrá apreciar en el cuadro, que la tendencia mundial es a conceder un mayor número de días con sueldo parcial o totalmente pagado al trabajador que sea padre, para el cuidado de los hijos que procree.

No. de Expediente: 121 Legislatura: LX Fecha: 2005-11-23Archivo PDF: 121-060LX.pdf

Solicitante: Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario: En materia de Impacto Presupuestario.

Rango de Clasificación: Expediente 060 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por el Senador Carlos Lozano de la Torre, el 21 de noviembre de 2006.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, presentada por el Senador Carlos Lozano de la Torre, el 21 de noviembre de 2006.

Utilidad: Se observará que la Iniciativa plantea:

Eliminar el primer párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

La obligatoriedad de parte del legislador de elaborar una iniciativa de ingresos para toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de Presupuesto de Egresos, mandato que el propio Presupuesto de Egresos de la Federación para 2006 considera como opcional tanto para Diputados como para Senadores en su artículo 77. No obstante, se tiene la conciencia de que el trabajo relacionado con el dictamen de la propuesta que ya implica la valoración del impacto presupuestario de las mismas, deberán contemplar en su caso, la elaboración de la iniciativa de ingresos correspondiente, siendo responsabilidad de la Comisión Dictaminadora y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), considerarlos para la elaboración del dictamen y no del legislador en origen.

Aportación al Usuario: Como aportación, el usuario podrá percatarse que se fortalecen dos aspectos:

1. El mecanismo de obtención del impacto presupuestario de parte del Poder Legislativo y:
2. La colaboración en la elaboración de la Iniciativa de Ingresos del Poder Ejecutivo.

Lo anterior en razón de que el proyecto ordena a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la elaboración de los impactos presupuestarios relacionados con todas las propuestas de aumento o creación de gasto, en virtud de ser la generadora de información vital para estas actividades; al tiempo que se plantea que el Poder Legislativo podrá solicitar opinión para la elaboración de la iniciativa de ingresos relacionada.

Adicionalmente y acorde con la reforma, se añade también una nueva fracción XXIX que recorre la actual y siguientes en su orden, del artículo 2 de esta ley, para definir el concepto de 'Impacto Presupuestario', no contemplado en la ley.

No. de Expediente: 48 Legislatura: LX Fecha: 2006-11-03 Archivo PDF: 23-048-LX.pdf

Solicitante: Sen. Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Procuración de Justicia.

Rango de Clasificación: EXP. 048 LX Legislatura. Opinión jurídica de la Iniciativa que reforma los artículos 97 y 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, el 21 de noviembre de 2006.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Sobre la Iniciativa que reforma los artículos 97 y 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Sen. Fernando Jorge Castro Trenti, el 21 de noviembre de 2006.

Utilidad: Se sabrá sobre el desarrollo de las propuestas contenidas en el proyecto de iniciativa el cual está dividido en dos apartados:

a)Derogación del tercer párrafo del artículo 97 constitucional, los antecedentes históricos y argumentos jurídicos del tercer párrafo del artículo 97 constitucional para ser derogado, y b) Reforma al artículo 102 constitucional, Apartado B.

Así como de los antecedentes históricos, concepto y naturaleza, opiniones doctrinales; y los aspectos jurisprudenciales.

Aportación al Usuario: El usuario podrá conocer de las conclusiones vertidas por la Consultoría Jurídica respecto a la Iniciativa:

a) Derogación del tercer párrafo del artículo 97 constitucional: Del estudio se desprende que el origen y la utilidad de esta facultad dentro de nuestro sistema jurídico ha sido muy cuestionado por los estudiosos de la materia, sobre todo en cuanto que se considera que se aleja de la naturaleza propia de nuestro máximo órgano jurisdiccional, adentrándolo en el ámbito político más que jurídico, además de que ya se cuenta con toda una instancia jurisdiccional especializada enfocada a la resolución de los conflictos electorales, principalmente en lo correspondiente a los procesos electorales federales, lo cual implica la defensa del voto público emitido por la ciudadanía, por parte de órganos imparciales e independientes.

Así mismo, no se debe de perder de vista que la naturaleza esencial de la Suprema Corte no es investigar, como si lo es para el Ministerio Público, sino juzgar y resolver los asuntos que son sometidos a su consideración y que caen dentro de su ámbito de competencia.

b) Reforma al artículo 102 constitucional, Apartado B: La reforma se considera innecesaria, debido a que la excepción contemplada en su párrafo tercero, no es aplicable a la legitimación activa con que cuenta la CNDH, para ejercitar acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de Tratados Internacionales, proponiéndose solamente como condición para el ejercicio de esta última que se vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución.

En este sentido e considera que lo procedente es proponer las reformas necesarias a la Ley de la CNDH, a fin de esté en posibilidad de ejercitar esta nueva facultad de forma eficiente, así mismo, no se considera inconveniente el prever que los particulares puedan solicitar a la CNDH el ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 105 constitucional, siempre que sea esta la que decida si interpone o no esta acción; para ello también se sugiere que el procedimiento conforme al cual se pueda presentar esta solicitud sea uno diferente al de las quejas previstas en el artículo 102 constitucional y desarrolladas actualmente en su ley orgánica a fin de no confundir en un mimo procedimiento dos facultades totalmente diferentes.

No. de Expediente: 183 Legislatura: LX Fecha: 2014-09-29Archivo PDF: 183-044 LX.pdf

Solicitante: Senador Fernando Eutimio Ortega Bernés, Secretario de la Comisión de Estudios legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Política Espacial de México (Agencia Espacial Mexicana).

Rango de Clasificación: EXP. 044 de la LX Legislatura Opinión Jurídica respecto del Proyecto de Dictamen de las comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos Segunda, del Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA).

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología; y Estudios Legislativos, Segunda, de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que Crea la Agencia Espacial Mexicana (AEXA).

Utilidad: El proyecto de Decreto tiene por objeto crear la Agencia Espacial Mexicana, cuya finalidad es encargarse de proponer y ejecutar la política espacial de México, a fin de impulsar estudios y desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas, asociadas a la materia espacial, así como impulsar la profesionalización en la materia.

Aportación al Usuario: Lo anterior, en cumplimiento a los grandes impactos que se tiene en áreas de telecomunicaciones, o como la medicina, la robótica, la electrónica, el mejoramiento de técnicas de suelo agrícola, la ecológica, entre otras, que permiten mejorar las condiciones de vida en todos los órdenes, incluyendo la prevención de desastres.

Asimismo, instaura un alto impacto en el área académica, toda vez, que, al tener acceso a estas tecnologías, las universidades abren espacios a nuevos campos de estudio, preparando ingenieros y científicos a través de intercambios con instituciones de investigación de muchos otros países.

Conclusiones: Esta Consultoría Jurídica Legislativa, considera que la Iniciativa no se contrapone con ningún precepto constitucional, además el Congreso de la Unión se encuentra facultado para legislar en la materia, conforme a lo establecido en nuestra Carta Magna. La propuesta de la Minuta tiene plenamente justificados los objetivos de la agencia y el impacto benéfico para la sociedad mexicana en las áreas de telecomunicaciones, medicina, electrónica y en general en el avance para la ciencia y tecnología.

No. de Expediente: 145 Legislatura: LX Fecha: 2006-11-07Archivo PDF: 145-040LX.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Programas de Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Rango de Clasificación: Expediente 040 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de: I. La elaboración de una Iniciativa de ley para incluir a los pueblos afro mexicanos, ubicados en la costa de Guerrero y Oaxaca, en el ámbito de actuación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que les puedan ser aplicados todos los programas de desarrollo social que disfrutan éstos últimos. II. Respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los Capítulos I y II, así como los artículos 1, 2, 3, 12 y 13; y reforma el primer párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presentada por el Senador Ángel Heladio Aguirre Rivero, el 26 de octubre de 2006.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'. Opinión Jurídica: I. En torno a la propuesta de elaboración de una Iniciativa de ley para incluir a los pueblos afro mexicanos, ubicados en la costa de Guerrero y Oaxaca, en el ámbito de actuación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que les puedan ser aplicados todos los programas de desarrollo social de que disfrutan éstos últimos. II. Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma la denominación de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, los Capítulos I y II, así como los artículos 1, 2, 3, 12 y 13; y reforma el primer párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presentada por el Senador Ángel Heladio Aguirre Rivero, el 26 de octubre de 2006.

Utilidad: I. En torno a la elaboración de una iniciativa de ley para incluir a los pueblos afro mexicanos, ubicados en la costa de Guerrero y Oaxaca, en el ámbito de actuación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que les puedan ser aplicados todos los programas de desarrollo social de que disfrutan éstos últimos. II. Los objetivos de la iniciativa están plenamente justificados, toda vez que ésta va encaminada a establecer que el párrafo segundo del artículo 2° constitucional, reconoce la composición pluricultural de nuestra nación; pero que, sin embargo, los derechos otorgados a los pueblos y comunidades indígenas no han podido hacerse extensivos y verse reflejados en otros grupos étnicos, cuyas condiciones de vida resultan similares y en ocasiones de mayor desventaja respecto de los mismos.

Aportación al Usuario: Respecto al Documento con numeral uno, se podrá observar entre otras consideraciones las siguientes: I. En lo que se refiere al tema de los Derechos de los pueblos y comunidades indígenas, se advierte que éstos están consagrados en el artículo 2° de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, previniendo que dichos pueblos '…son aquellos que desciendes de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas …' 'La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas' 'Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres' Dicho precepto reconoce una serie de derechos para los pueblos indígenas, y previene también obligaciones a cargo tanto de la Federación como de los Estados y los Municipios, para la determinación de políticas sociales necesarias para su desarrollo. Debe destacarse que la hipótesis prevista en este artículo, reúne las condiciones de generalidad, impersonalidad y abstracción que son inherentes a una norma legal, debido a que no se refiere a un grupo indígena en particular, sino a todo un grupo de personas que se encuentran en una misma situación frente a la norma. En este sentido, expedir una ley para favorecer a un grupo de personas determinadas, sería improcedente debido a que se violentarían las características antes mencionadas, al referirse en concreto a asentamientos humanos ubicados en las costas de Oaxaca y Guerrero, excluyéndose a todos los demás grupos 'afro mexicanos' que pudieran existir en otras regiones del país. II. Del documento de opinión dos, el usuario podrá reconocer entre otras consideraciones las siguientes: La iniciativa plantea que la falta de aplicación, en favor de los pueblos afro mexicanos, de los planes y programas previstos actualmente para los pueblos y comunidades indígenas, en virtud de no estar previsto así en la ley de la materia, ocasiona que no resulten conducentes las acciones de apoyo otorgadas por la Comisión Nacional para el Desarrollo de dichos pueblos, por lo que es necesario realizar las adecuaciones pertinentes al marco legal aplicable, con el propósito de ampliar el ámbito de atribuciones de dicha comisión y propiciar que éste se haga extensivo a otros grupos étnicos como el citado.

No. de Expediente: 160 Legislatura: LX Fecha: 2007-02-09Archivo PDF: 160-039-LX.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por el Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Penal: Derecho Penal y de Derecho Civil. En materia de Libertad de Expresión y de la Aplicación de Sanciones.

Rango de Clasificación: EXP. 039 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto al Proyecto de Decreto que deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Decreto que deroga diversas disposiciones del Código penal Federal y adiciona diversas disposiciones al Código Civil Federal.

Utilidad: Se conocerá del documento de opinión de aquellas personas que desempeñan la profesión del periodismo; así como del respeto a que deben ser sujetos los comunicadores que escriben o publican escritos sobre cualquier materia.

Aportación al Usuario: El usuario podrá estudiar del documento la existencia de la práctica periodística y de la susceptibilidad a que son sujetos las personas, por lo que se estima indispensable que subsistan los tipos penales de difamación y calumnias.

De lo anterior, podemos referir que el texto del Título Vigésimo del Libro Segundo del Código Penal Federal, relativo a los 'Delitos Contra el Honor (difamación y calumnia)' permita exceptuar de la aplicación de dichos preceptos a todas aquellas personas que se dedique al periodismo, en términos de lo dispuesto por el artículo 7° constitucional, que a la letra dice:

'Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.

Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.'

Con ello, se estima que no se afecten los derechos de persona alguna, ni se trastoquen los principios de generalidad, abstracción e impersonalidad. Por otra parte, se considera que el eventual abuso en el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los periodistas pudiera quedar impune; sin embrago, el Código Civil Federal contempla la reparación del daño.

No. de Expediente: 146 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-30Archivo PDF: 146-038LX.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Fondos de Apoyo Migratorio a Ex Trabajadores Mexicanos.

Rango de Clasificación: Expediente 038 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de: I. El proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos. II. La posibilidad de que las personas que conforme a la convocatoria emitida por la Secretaría de Gobernación conjuntamente con la Cámara de Diputados en el año 2003, hayan realizado trámites con el propósito de acreditar sus derechos, ya sea en calidad de ex trabajador migratorio o bien como beneficiarios de los mismos, para que éstos sean reconocidos al entrar en vigor las reformas y adiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Referente al Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos.

Opinión Jurídica: Respecto a la posibilidad de que las personas que conforme a la convocatoria emitida por la Secretaría de Gobernación conjuntamente con la Cámara de Diputados en el año 2003, hayan realizado trámites con el propósito de acreditar sus derechos, ya fuera en calidad de ex trabajador migratorio o bien como beneficiarios de los mismos, para que éstos sean reconocidos al entrar en vigor las reformas y adiciones a la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo social para Ex trabajadores Migratorios Mexicanos.

Utilidad: El propósito del Proyecto de decreto enviado por la Colegisladora, es que los ex trabajadores mexicanos que laboraron en los Estados Unidos conforme al Programa Bracero de 1942 a 1964, o sus cónyuges, hijos e hijas que sobrevivan, tengan mayores oportunidades de acceder a los recursos que otorga el Fideicomiso previsto en la Ley que se pretende modificar. El propósito del Proyecto de Decreto establece que un gran número de ex trabajadores migratorios de ese período perdieron la oportunidad de acceder a los beneficios que ha otorgado el Estado mexicano ante esta problemática, al no haberse podido inscribir en el padrón de la Secretaría de Gobernación.

Aportación al Usuario: El usuario podrá observar del documento de opinión de esta Consultoría Jurídica las propuestas de cambios al proyecto de decreto. De aprobarse los cambios el proyecto deberá devolverse a la Cámara de Origen, en este caso la Cámara de Diputados, para los efectos del artículo 72 constitucional, inciso e).

No. de Expediente: 147 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-25Archivo PDF: 147-037LX.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas en Actividades de Base Tecnológica.

Rango de Clasificación: Expediente 037 de la LX Legislatura, Opinión jurídica respecto del proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento a la Innovación y al Desarrollo de Empresas y Actividades de Base Tecnológica.

Utilidad: Del Proyecto de Decreto aprobado por la colegisladora, se advierte que la intención de incorporar dicho ordenamiento en nuestro sistema jurídico, tiene el propósito de reconocer que el desarrollo científico y tecnológico son el motor en el progreso de nuestro país. Se pretende generar una política de fomento para aquellos sectores de la economía basados en el uso intensivo y la aplicación comercial de conocimientos innovadores, científicos y tecnológicos, asignándoles recursos económicos, estableciéndoles metas concretando acciones y adquiriendo compromisos que permitan elevar su productividad y su competitividad.

Aportación al Usuario: Conforme al contenido del proyecto de decreto, se consideran viables y adecuados los propósitos, ya que contiene elementos suficientes de apoyo y fomento a las actividades productivas, que tan necesarias son en nuestro país, con la sola particularidad de que sean actividades y sectores económicos basados en el uso intensivo y la aplicación comercial de conocimiento. Se estima que las reforman contribuirán de manera sustancial tanto a incrementar la productividad, como a impulsar el desarrollo científico y tecnológico nacional.

Referente a la constitucionalidad del proyecto, se advierte que el Congreso de la Unión cuenta con facultades suficientes para legislar tanto en lo que hace a la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden económico, como en lo tocante a la generación, difusión y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, conforme a lo dispuesto por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones XXIX, 'E' y XXIX 'F'.

En lo que corresponde a las facultades de la Secretaría de Economía, tenemos que las responsabilidades y actividades que prevé el proyecto de Ley objeto de estudio, son coincidentes con las previstas para dicha dependencia por el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Específicamente, podemos encontrar que en la fracción XXV de dicho artículo se establece que de las de esta Secretaría es:

XXV.- Promover y, en su caso, organizar la investigación técnico-industrial.

De un modo general las facultades de la Secretaría de Economía se dirigen al fomento y regulación de las actividades industriales en la nación, la fracción XXIV establece la siguiente: XXIV.- Promover, orientar, fomentar y estimular la industria nacional.

Finalmente, no se encuentra inconveniente alguno con las facultades de los organismos públicos sean desarrolladas y especificadas en otros ordenamientos, como es el caso de la Ley objeto de estudio, en la que se individualizan y detallan las tareas comprendidas en las atribuciones referidas.

De la lectura del documento de opinión el usuario podrá conocer que del proyecto se desprende con claridad que éste abarca aspectos relacionados con el fomento de la aplicación de los avances científicos y tecnológicos en los procesos productivos de las empresas, a fin de impulsar el desarrollo económico nacional. En este sentido, no se debe de perder de vista algunos aspectos regulados en la Ley de Ciencia y Tecnología.

El artículo 1 de la Ley de ciencia y Tecnología señala como objeto de la misma, el regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica en general en el país. (fracción I), así como el establecer las instancias y los mecanismos de vinculación y participación de los sectores público, social y privado para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología, así como para la formación de profesionales de la ciencia y la tecnología (fracción IV).

A efecto de lograr lo anterior, la LCT en el artículo 2, fracción III, se establece como na base de la política de Estado que sustente la integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos productivos, para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional.

No. de Expediente: 148 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-30Archivo PDF: 148-036LX.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera. 20 de marzo de 2007. Solicitud presentada por el Senador Ángel Aguirre Rivero. 21 de marzo de 2007. Solicitud presentada por el Doctor Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Comunicaciones y Transportes.

Rango de Clasificación: Expediente 036 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto que reforma el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 46 de la Ley de Aeropuertos.

Utilidad: El proyecto de decreto radica en la necesidad de que los aeródromos civiles, cuenten con un módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, a fin de atender a los usuarios que así lo requieran.

Aportación al Usuario: Del documento de opinión se conocerá que el proyecto propone reformar el artículo 46 de la Ley de Aeropuertos, a fin de establecer claramente en la ley de la materia que el 'Artículo 46.- Corresponderá a los concesionarios o permisionarios, conforme a las disposiciones aplicables y con base en el título de concesión o permiso respectivo, asegurar que los aeródromos civiles cuenten con la infraestructura, instalaciones, equipo, señalización, módulo de primeros auxilios y emergencias médicas, servicios y sistemas de organización, adecuados y suficientes para que la operación y atención al usuario se lleve a cabo sobre bases de seguridad, eficiencia y calidad'. Es de destacar que el proyecto se considera viable, no contraviene ningún ordenamiento de la legislación aplicable, además de que consideramos que el Capítulo en el que se propone su inclusión, denominado 'De la Operación y Servicios'. Es el indicado.

No. de Expediente: 118 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-25Archivo PDF: 118-031LX.pdf

Solicitante: Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: EXP. 031 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Cámara de Diputados, el 19 de abril de 2006.

Rango de Clasificación: Expediente 031 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Cámara de Diputados, el 19 de abril de 2006.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del Proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Cámara de Diputados, el 19 de abril de 2006.

Utilidad: El Proyecto de Decreto señala que el texto vigente del artículo 108 Constitucional no incluye a todos los servidores públicos de los Poderes de la Unión, ni tampoco a los servidores de los organismos autónomos previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con excepción de los servidores del Instituto Federal Electoral, para que puedan ser sujetos del régimen de responsabilidades de los servidores públicos, establecido en el Titulo Cuarto de la Ley Suprema.

Aportación al Usuario: Se aprecia del documento de opinión que el texto de la reforma al artículo 108 constitucional, propuesto en el Proyecto de Decreto, se refiere genéricamente, como se encuentra previsto en la redacción vigente del artículo constitucional, a los miembros del Poder Juridicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, lo que supone que incluye a todas las personas que de alguna forma prestan sus servicios en dichos poderes; sin embargo, se considera que para dar mayor claridad y precisión a la reforma, y para evitar problemas de interpretación sobre a quienes se consideran como miembros de los Poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal, se sugiere incluir en la propuesta: 'a toda aquella persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, ya sea en el Poder Judicial Federal o en el Poder Judicial del Distrito Federal.

En opinión de esta Consultoría Jurídica Legislativa, se considera que en términos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 constitucional, el proyecto debe ser modificado para incluir como sujetos de responsabilidad como servidor público, a toda aquella persona que desempeñe algún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Poder Judicial Federal y en el Poder Judicial del Distrito Federal.

No. de Expediente: 117 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-25Archivo PDF: 117-030LX.pdf

Solicitante: Senador Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Supuestos de las Controversias Constitucionales.

Rango de Clasificación: Expediente 030 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto del proyecto de decreto que adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2006.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del Proyecto de Decreto que adiciona el inciso g) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Cámara de Diputados el 25 de abril de 2006.

Utilidad: Se podrá observar un comparativo del texto aprobado del Proyecto de Decreto, con el texto vigente del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Aportación al Usuario: En opinión de esta Consultoría Jurídica Legislativa, se considera que debería emitirse un dictamen en sentido negativo, ya que el texto propuesto es el actual vigente del artículo 105 constitucional.

No. de Expediente: 116 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-24Archivo PDF: 116-029LX.pdf

Solicitante: Doctor. Manuel Añorve Baños, Coordinador de Asesores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Aguas Nacionales.

Rango de Clasificación: Expediente 029 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, formulada por el Senador Alfonso Elías Serrano.

Utilidad: La propuesta de reforma, establece el desarrollo integral del uso o aprovechamiento del agua; así como su distribución, control de extracción, y preservación de la misma.

Aportación al Usuario: El usuario conocerá de los requisitos, que deberá cubrir el agricultor o productor pecuario, para solicitar la concesión o asignación de aguas nacionales.

Así mismo, se presenta la viabilidad de los requisitos que se deben constituir al momento de solicitar el uso pecuario, el volumen de extracción y el consumo del agua.

Respecto a la solicitud presentada ya sea por el agricultor o productor pecuario, tanto la documentación, como los datos que sirven de base, deberán estar en términos del volumen de consumo requerido o base para su cálculo, así como el uso inicial que se le dará al agua y las condiciones de cantidad y calidad de la descarga de aguas residuales respectivas. Por último, se establece que el Ejecutivo Federal, implantará las medidas para apoyar a los concesionarios o asignatarios agropecuarios, tanto en la producción, como en la conservación de estructura de riego y drenaje.

No. de Expediente: 115 Legislatura: LX Fecha: 2016-10-24Archivo PDF: 115-028LX.pdf

Solicitante: Senadora Rosario Green Macías.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Facultades del Presidente y del Senado de la República.

Rango de Clasificación: Expediente 028 de la LX Legislatura. Elaboración de Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman los artículos 76 en su fracción II y el 89 en su fracción IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Iniciativa con Proyecto de:

Decreto por el que se reforman los artículos 76 en su fracción II y el 89 en su fracción IV, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: Se conocerá del documento de opinión que tanto el Presidente, como la Cámara de Senadores, se encuentran facultados para ratificar los nombramientos de los servidores públicos.

Aportación al Usuario: El usuario conocerá los antecedentes históricos; los argumentos jurídicos y mecanismos, para promover que la política exterior sea una responsabilidad entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, a favor de la profesionalización de la administración pública.

En razón a lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Presidente de la República tiene la atribución para nombrar a los servidores públicos, los cuales se encargan de la ejecución de políticas, planes y programas de la Administración Pública Federal; sin embargo, la facultad del Ejecutivo, Federal, respecto del nombramiento de algunos de los servidores públicos, se encuentra sujeta a la aprobación del Senado de la República.

No. de Expediente: 113 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-23Archivo PDF: 113-027LX.pdf

Solicitante: Senador Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Educación, en toda la República.

Rango de Clasificación: Expediente 027 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto que adiciona una BASE SEXTA al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobado por la Cámara de Diputados, el 21 de septiembre de 2004.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y el inciso b) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitido por la Cámara de Diputados, el 23 de abril de 2003.

Utilidad: El Proyecto proviene de la Colegisladora, tiene la finalidad de reformar el primer párrafo y el inciso b) de la Ley Fundamental, con el objeto de establecer en el texto del citado artículo que, una vez que transcurra el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para realizar observaciones a las leyes o decretos que le fuesen remitidas para su promulgación y posterior publicación y no lo hiciere así, deberá considerarse como promulgada y el Presidente de la Cámara que lo envió ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Aportación al Usuario: El usuario podrá analizar del documento de opinión de que se presentan algunas reflexiones respecto de la Facultad del Ejecutivo de participar en el Proceso Legislativo, contenida en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se desprende del artículo 72 constitucional el derecho de veto que tiene el Ejecutivo, teniendo 10 días hábiles posteriores para su ejercicio, de lo contrario se considerará aprobado si no es devuelto con observaciones a la Cámara de origen. Se establece la interrupción del plazo en el caso de que el Congreso hubiese cerrado o suspendido las sesiones ordinarias, lo que en definitivo provoca la prolongación del inicio de vigencia de una ley o decreto.

No obstante, lo anterior se tiene que destacar que no existe disposición expresa que obligue al Ejecutivo a la publicación de leyes o decretos, por lo que éste puede postergar la publicación en el Diario Oficial de la Federación por tiempo indefinido, lo que sin duda obstaculiza y obstruye el trabajo legislativo para adecuar el marco legal a las circunstancias y necesidades de la actualidad.

En nuestro país el proceso legislativo evidencia una clara colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo; así, el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enumera quienes tienen la facultad de iniciar leyes, en donde se incluye al Presidente de la República; el artículo 72 contempla lo que es el procedimiento legislativo, la relación que existe entre ambas Cámaras integrantes del Congreso de la Unión, en cuanto a que sean de origen o en su caso revisora con el Ejecutivo, para los efectos de la promulgación de leyes y decretos, de conformidad con lo establecido en la primera fracción del artículo 89 del mismo ordenamiento.

De lo anterior se desprende que el Titular del Ejecutivo interviene en el proceso legislativo, al ejercer su derecho de iniciar leyes, al formular observaciones a los proyectos que les son remitidos por el Congreso y por el último en la promulgación de las leyes y los decretos.

Nuestra división del Poder se basa en un sistema de pesos y contrapesos, con lo que es clara la colaboración del Ejecutivo en el proceso legislativo. Sin embargo, esta Consultoría encuentra que el Congreso de la Unión se ve en un estado de indefensión ante la decisión del Ejecutivo al no promulgar y publicar las leyes y decretos que no fueron objeto de observaciones, por lo que resulta viable la propuesta contenida en la Minuta proveniente de la Colegisladora, pues así se estaría dando certidumbre jurídica a las decisiones del Congreso.

No. de Expediente: 114 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-23Archivo PDF: 114-026LX.pdf

Solicitante: Senador Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Parlamentario: En materia de Facultades del Ejecutivo Federal.

Rango de Clasificación: Expediente 026 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y el inciso b) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitido por la Cámara de Diputados, el 23 de abril de 2003.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del proyecto de decreto que reforma el primer párrafo y el inciso b) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitido por la Cámara de Diputados, el 23 de abril de 2003.

Utilidad: El Proyecto proviene de la Colegisladora, tiene la finalidad de reformar el primer párrafo y el inciso b) de la Ley Fundamental, con el objeto de establecer en el texto del citado artículo que, una vez que transcurra el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para realizar observaciones a las leyes o decretos que le fuesen remitidas para su promulgación y posterior publicación y no lo hiciere así, deberá considerarse como promulgada y el Presidente de la Cámara que lo envió ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Aportación al Usuario: El usuario podrá analizar del documento de opinión de que se presentan algunas reflexiones respecto de la Facultad del Ejecutivo de participar en el Proceso Legislativo, contenida en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Se desprende del artículo 72 constitucional el derecho de veto que tiene el Ejecutivo, teniendo 10 días hábiles posteriores para su ejercicio, de lo contrario se considerará aprobado si no es devuelto con observaciones a la Cámara de origen. Se establece la interrupción del plazo en el caso de que el Congreso hubiese cerrado o suspendido las sesiones ordinarias, lo que en definitivo provoca la prolongación del inicio de vigencia de una ley o decreto.

No obstante, lo anterior se tiene que destacar que no existe disposición expresa que obligue al Ejecutivo a la publicación de leyes o decretos, por lo que éste puede postergar la publicación en el Diario Oficial de la Federación por tiempo indefinido, lo que sin duda obstaculiza y obstruye el trabajo legislativo para adecuar el marco legal a las circunstancias y necesidades de la actualidad.

En nuestro país el proceso legislativo evidencia una clara colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo; así, el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enumera quienes tienen la facultad de iniciar leyes, en donde se incluye al Presidente de la República; el artículo 72 contempla lo que es el procedimiento legislativo, la relación que existe entre ambas Cámaras integrantes del Congreso de la Unión, en cuanto a que sean de origen o en su caso revisora con el Ejecutivo, para los efectos de la promulgación de leyes y decretos, de conformidad con lo establecido en la primera fracción del artículo 89 del mismo ordenamiento.

De lo anterior se desprende que el Titular del Ejecutivo interviene en el proceso legislativo, al ejercer su derecho de iniciar leyes, al formular observaciones a los proyectos que les son remitidos por el Congreso y por el último en la promulgación de las leyes y los decretos.

Nuestra división del Poder se basa en un sistema de pesos y contrapesos, con lo que es clara la colaboración del Ejecutivo en el proceso legislativo. Sin embargo, esta Consultoría encuentra que el Congreso de la Unión se ve en un estado de indefensión ante la decisión del Ejecutivo al no promulgar y publicar las leyes y decretos que no fueron objeto de observaciones, por lo que resulta viable la propuesta contenida en la Minuta proveniente de la Colegisladora, pues así se estaría dando certidumbre jurídica a las decisiones del Congreso.

No. de Expediente: 111 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-23Archivo PDF: 111-025LX.pdf

Solicitante: Senador Pedro Joaquín Coldwell, Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Facultades del Congreso.

Rango de Clasificación: Expediente 025 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica del proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 50, 64, 71, 72, 77, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviado por la Cámara de Diputados el 29 de junio de 2005.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto al Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 50, 64, 71, 72, 77, y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitido por la Cámara de Diputados el 29 de junio de 2005.

Utilidad: Se podrá valorar que el proyecto tiene como objetivo general establecer mecanismos que terminen con la inamovilidad legislativa, fortalecer el trabajo en comisiones y dar certeza a las últimas etapas del procedimiento legislativo.

Aportación al Usuario: Se destaca de la Opinión Jurídica las distintas propuestas que contiene el Proyecto de Decreto entre las siguientes:

• Con el objeto de dar mayor certeza a las etapas del proceso legislativo y para terminar con la comúnmente llamada 'congeladora legislativa', se propone adicionar el artículo 71 de nuestra Ley Fundamental, estableciendo en el texto del citado numeral la obligatoriedad de dictaminar en un plazo determinado las iniciativas que se presenten ante las Cámaras.
• Se proponen adiciones al artículo 72 constitucional, las que tienen como objeto el agilizar la promulgación y publicación de leyes y decretos que son remitidos al Poder Ejecutivo.
• Respecto a las adiciones al artículo 77 constitucional, propuestas en el proyecto de decreto que tienen como finalidad enriquecer el trabajo de ambas cámaras, proponiendo que puedan citar a comparecer a cualquier persona ante las comisiones que las integran, a fin de que se mejore el análisis y estudio de los asuntos propios de estas.

Con el fin de dar coherencia a las reformas propuestas, se incluye una adición al 78 constitucional, que hace referencia a la Comisión Permanente, proponiendo en ello establecer la facultad de la citada comisión para recibir las observaciones hechas por el Ejecutivo a los proyectos que fueron aprobados por el Congreso.

No. de Expediente: 193 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-17Archivo PDF: 193-024 LX.pdf

Solicitante: Senador Pedro Joaquín Coldwell. Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Servidores Públicos (la inclusión del Jefe de Gobierno del Distrito Federal).

Rango de Clasificación: EXP. 024 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto del Proyecto de Decreto que Reforma la Fracción VI del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto del Proyecto de Decreto que reforma la fracción VI del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: El Proyecto de Decreto tiene el propósito de reformar la fracción VI del artículo 82, a fin de incluir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal en el listado de servidores públicos que, para ser Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, deben separarse de su encargo seis meses antes del día de la elección. Asimismo, precisa de manera clara que los requisitos para ocupar un cargo de elección popular son las características mínimas necesarias que debe reunir una determinada persona, con el objeto de tener la posibilidad jurídica para aspirar a dicho cargo y, por consiguiente, participar en el proceso electoral con el status de candidato, en este caso concreto, a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Aportación al Usuario: El Proyecto de Decreto, adicionalmente, señala que las reglas en las democracias contemporáneas sugieren que el juego político debe darse a partir de circunstancias equitativas entre los contendientes, tanto en los partidos políticos como entre sus candidatos y, por tanto, debe prevalecer la equidad y la igualdad de condiciones institucionales para hacerse de un cargo público, partiendo de dos principios fundamentales: la competencia y la competitividad, por lo que ninguna fuerza política o candidato debe encontrarse en ventaja o desventaja con respecto a los demás.

De lo anterior, finalmente la Opinión Jurídica destaca que es viable el proyecto de Decreto que pretende reformar la fracción VI del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual se justifica en razón de que:

• El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en virtud del cargo que ostenta, además de su importante presencia en la opinión pública, goza de más elementos que pueden facilitarle sus aspiraciones al utilizarlos, por no tener que separarse de su encargo antes de la elección y, como consecuencia de esto, pueda realizar una campaña más ventajosa para él, en perjuicio de los demás candidatos, lo cual es contrario a las aspiraciones de un país por un proceso electoral transparente y equilibrado.

Además. No debe pasar inadvertido que las variantes en la nomenclatura burocrática, que ha modificado la denominación de los cargos públicos o creado otros, hace necesario actualizar la fracción VI del artículo 82 Constitucional, para que de manera clara se incluya la obligación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de separarse de su cargo con seis meses de antelación al día de la elección, en caso de que aspire a la investidura de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

No. de Expediente: 159 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-19 Archivo PDF: 159-021-LX

Solicitante: Solicitud presentada por el Senador Fernando Jorge Castro Trenti, Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: Derecho Constitucional En materia de Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Rango de Clasificación: EXP. 021 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y II, así como el párrafo último del artículo 11, y la fracción V del Artículo 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el artículo 222 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Del Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y II, así como el párrafo último del artículo 11, y la fracción V del artículo 14 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y el artículo 222 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

Utilidad: Se conocerá de la aplicación de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, respeto de la obligación que tiene la Secretaría de Economía, para realizar acciones específicas en grupos vulnerables, promoviendo su desenvolvimiento profesional de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Así mismo, se prevé el otorgamiento que presenta la Ley del Impuesto Sobre la Renta, respecto del incentivo fiscal a los patrones que contraten a las personas que se ubiquen en estos supuestos de vulnerabilidad laboral.

Aportación al Usuario: El usuario podrá saber de los motivos y de la orientación que persigue la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de incorporar y mantener a los sectores de la población en el mercado formal de la economía, logrando con ello su continua capacitación laboral, lo que finalmente repercutirá de forma positiva en el desarrollo económico del país.

Atendiendo a lo anterior, se contempla la ejecución de las políticas y acciones de fomento para la competitividad de las empresas, tomando en cuenta a los adultos mayores de 40 años, las madres solteras y la población discapacitada; así como, establecer la obligación de la Secretaría, a fin de promover la participación de los sectores público, privado y social, mediante la formación y capacitación de recursos humanos para el crecimiento con calidad, considerando la atención de estos grupos vulnerables. Así mismo, se contempla que la Secretaría firme convenios con las entidades federativas, municipios y los sectores (privado, social y del conocimiento) con el objeto de lograr una mayor efectividad de los programas de fomento a las MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos.

No. de Expediente: 195 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-13Archivo PDF: 195-017 LX.pdf

Solicitante: Doctor Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional y de Derecho Electoral: En materia de Renovación de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Rango de Clasificación: EXP. 017 de la LX Legislatura. Elaboración de Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Elaboración de Iniciativa:

Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Utilidad: El objeto de la Iniciativa es reformar la Carta Magna en el sentido de proveer nuevas reglas al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuando a la duración que tendrán sus magistrados, a fin de que la renovación de dicho cuerpo jurisdiccional no ocurra para todos los miembros al mismo tiempo, sino de forma escalonada, por períodos regulares.

Aportación al Usuario: Se aprecian diversos argumentos que sustenta la Iniciativa:

• Está previsto que haya cuerpos jurisdiccionales colegiados que diriman las controversias sometidas a su consideración, porque se ha considerado que la intervención de más de una persona asegura la objetividad, ecuanimidad y equilibrio en la apreciación de los asuntos sometidos a su consideración; además, el hecho de que la frecuente vaguedad en la interpretación de la ley sea la causa de que haya distintos enfoques sobre el mismo particular, suscita que el trabajo de un juez se vea enriquecido con los puntos de vista y amplitud de miras de otros juristas.
• Es natural que con el tiempo se llegue a consensos sobre distintos criterios, se vaya articulando una cierta manera de abordar los temas y se establezca un acervo de opiniones referentes a la interpretación de la ley. Dicha situación tiene la ventaja de que el cuerpo judicial se vuelve sólido y más confiable para los justiciables, en razón de que pueden esperar que el criterio que se aplique en cada caso es parecido o sigue las mimas reglas de interpretación y hermenéutica legal que, en las ocasiones pretéritas, lo que confiere seguridad jurídica a los actores y demandados en los procesos sometidos a su consideración.
• No obstante, el paso del tiempo, la naturaleza dinámica de la historia, la llegada de nuevas generaciones que vienen a sustituir a las anteriores, y las modificaciones de circunstancias de la realidad social, fuerzan a ese cuerpo colegiado de jueces a efectuar continuos cambios, no sólo en la exégesis de las normas, sino también en la propia conformación de sus miembros. Esas modificaciones son pertinentes no sólo en términos de su legitimación periódica, sino también en virtud de la conveniencia que supone lograr una adaptación a las cambiantes condiciones sociales, por parte de los nacientes criterios judiciales, además de evitar que los esquemas de interpretación de las leyes se conviertan en rígidos e inamovibles.
• De lo expuesto, podemos notar que coexisten dos principios, uno, el de la conveniencia de la permanencia de los criterios y la experiencia en el desempleo de la labor judicial; otro, el de la necesidad de efectuar modificaciones en los criterios que permitan la continua adaptación a la realidad. Ambos principios tienen su importancia y es apropiado que las normas que regulan la creación, organización y funcionamiento de los mencionados cuerpos colegiados jurisdiccionales establezcan mecanismos para protegerlos a ambos.

La reforma constitucional contenida en el artículo 99, dispone la renovación total de los magistrados de la Sala Superior, la cual conlleva lamentablemente la pérdida de su experiencia, más aún cuando, por mandato de la norma vigente, a ninguno de los seis magistrados que será necesario renovar que habrán acumulado diez años de experiencia, es dable prorrogar su mandato.

El horizonte político de nuestro país debe de ser una causa que incremente la relevancia del nombramiento de los magistrados integrantes del Tribunal Electoral, ya que la tendencia establecida en la actualidad, en la que predomina un electorado dividido, se mueve rápidamente en el sentido de la judicialización de los procesos electorales, cada vez más cerrados, de los que cada vez depende en mayor medida el efectivo ejercicio de la democracia.

Establece el proyecto que una propuesta de solución para evitar que una conformación de los poderes elegidos mediante sufragio afecte la conformación del Tribunal Electoral, la constituye como ya se mencionó, la implementación de un sistema de nombramientos escalonados para los magistrados que integren la Sala Superior. Soluciones similares están previstas en la constitución de otros países, tal es el caso de Panamá y de España, mismos que podrán observarse en el documento.

No. de Expediente: 194 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-11Archivo PDF: 194-016 LX.pdf

Solicitante: Solicitud presentada por la Junta de coordinación Política del Senado de la República.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano.

Rango de Clasificación: EXP. 016 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica en relación con el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, promovido por los Senadores Dante Delgado Rennauro, Luis Walton Aburto, José Luis Lobato Campos, Gabino Cue Monteagudo y Francisco Berganza Escorza, por el que se impugna el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración de las Comisiones Ordinarias y la resolución correspondiente de la H. Cámara de Senadores.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Explicación del Juicio para la Protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Utilidad: Explicación en relación con el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano.

Aportación al Usuario: El maestro Fix-Zamudio explica que inspirándose en la tesis norteamericana que distinguían entre los civil rights y los políticos rights, la Suprema Corte de Justicia ha venido considerando que los derechos políticos consagrados en la Constitución no son garantías individuales , por lo que no es procedente el juicio de amparo en contra de los actos de autoridad que sean lesivos a los mismos.

Continúa explicando el maestro Fix Zamudio 4, anteriormente a la reforma electoral de 1996, un sector de la doctrina advirtió la ausencia de un instrumento procesal para proteger los derechos políticos de carácter individual. Derivado de esa reforma electoral, en el Código Federal de Institucionales y Procedimientos Electorales (COFIPE) se reguló primeramente la figura del 'recurso de apelación', también conocido como 'apelación ciudadana', que se interponía ante el extinto Tribunal Federal Electoral.

De lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, que corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver en forma definitiva e inatacable sobre 'las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes'. Asimismo, con la expedición de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en adelante Ley de Medios) en el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre de 1996, se reguló en el Libro Tercero el Juicio para la Protección de los Derechos Político-electorales del Ciudadano.

Véase Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho Constitucional mexicano y comparado, 2ª. Edic., México, Porrúa-UNAM, 2001, p. 867 a 869. Derechos políticos. Improcedencia. La violación de los derechos políticos no da lugar al juicio de amparo, porque no se trata de garantías individuales. Tesis 623. Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, publicado en el año de 1988, Segunda Parte. Tesis comunes al Pleno y a las Salas, T. II, p. 1061.

Ley de Amparo. Artículo 73 El juicio de amparo es improcedente: VII, contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral.

No. de Expediente: 197 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-04Archivo PDF: 197-012 LX.pdf

Solicitante: Senador Luis Walton Aburto

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Participación del Congreso, en el Consejo Nacional de Seguridad Publica.

Rango de Clasificación: EXP. 012 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa que reforma y adiciona la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa que reforma y adiciona la Ley que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Publica.

Utilidad: El objeto del proyecto es que el Poder Legislativo Federal participe en el Consejo Nacional de Seguridad Pública,

Aportación al Usuario: Se observará que el promovente fundamenta el proyecto con el contenido del artículo 15 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que señala: 'El Consejo conocerá y resolverá los asuntos siguientes: Fr. VII. La elaboración de propuestas de reformas a leyes y reglamentos en materia de seguridad pública'.

Del análisis al proyecto, se destaca:

La intención de que el Poder Legislativo Federal podría invadir atribuciones que le son conferidas a los tres órdenes de gobierno, en los términos de lo que establece el artículo 21 de nuestra Ley Suprema y que señala en sus párrafos séptimo y octavo:

'La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.

La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.'

Por lo que se considera no procedente la inclusión del Título Tercero denominado DE LA PARTICIPACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, toda vez que en su contenido se le otorgan a la Comisión Bicamaral que se propone, diversas atribuciones que constitucionalmente no le son conferidas al Congreso de la Unión. Tal es el caso del artículo 52 que propone que: 'Las políticas y acciones relacionadas con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo Federal, por conducto de la Comisión Bicamaral,…'

Al respecto, se estima que no sería este ordenamiento el adecuado para crear una Comisión Bicamaral del Congreso de la Unión. Lo anterior, toda vez que el ordenamiento que contempla las comisiones Legislativas de ambas cámaras es la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, donde encontramos que existen dos comisiones Bicamarales: la del Canal de Televisión del Congreso de la Unión y la del Sistema de Bibliotecas (artículos 132 y 134, respectivamente). Es en esta Ley donde se señalan cómo se integran estas Comisiones Bicamarales.

Se apreciará en el documento de opinión en criterio de esta Consultoría Jurídica Legislativa considera que se debe adecuar la iniciativa, pues el contenido de la misma resulta contraria a la Constitución Federal. En efecto, como se mencionó con anterioridad, se está interfiriendo en la esfera de atribuciones de los tres órdenes de gobierno y facultades del Poder Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública.

Sin embargo, se considera que el Poder Legislativo puede participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, incluyendo en el Consejo Nacional a que hace referencia el artículo 12 del citado ordenamiento legal, a los Presidentes de las Comisiones competentes en la materia, de ambas Cámaras del Congreso de la Unión.

Por otra parte, con el fin de enriquecer el propósito del legislador y de que las propuestas legislativas presentadas, para efectos del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la competencia de quiénes pueden iniciar leyes o decretos, se estima necesario incluir en la adición del artículo 21 de la Ley General de Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dichas propuestas legislativas sean remitidas a los presidentes de las Comisiones, a que hace mención la fracción IX del artículo 12 del ordenamiento, quienes están faucltados para iniciar leyes o decretos de conformidad con la fracción II del artículo 71 de la Carta Magna, y de considerarlas viables las someterán al Pleno.

Finalmente, no es conveniente la conformación de una Comisión Bicamaral en la materia, toda vez que con fundamento en los artículos 39 fracción XXXIV y 90 fracción XXVIII de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ambas Cámaras cuentan con su respectiva Comisión de Seguridad Pública y, en términos del artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estas pueden trabajar en conferencia.

No. de Expediente: 196 Legislatura: LX Fecha: 2006-10-03Archivo PDF: 196-007 LX.pdf

Solicitante: Senador Fernando Castro Treinti.

Apartado Temático y Materia / Derecho Constitucional: En materia de Infraestructura Educativa y Cuotas Voluntarias.

Rango de Clasificación: EXP. 007 de la LX Legislatura. Opinión Jurídica respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona la Ley General de Educación en materia de Infraestructura Educativa y Cuotas Voluntarias.

Asunto: 'La presente Opinión Jurídica que emite la Consultoría Jurídica Legislativa, sin efectos vinculantes en su aplicación, sólo contiene argumentaciones de lógica jurídica, mismas que son a petición de parte interesada'.

Opinión Jurídica: Respecto de la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley General de Educación, en materia de Infraestructura Educativa y cuotas Voluntarias.

Utilidad: El proyecto de decreto tiene como objetivo realizar reformas a la Ley General de Educación en materia de Infraestructura Educativa y Cuotas Voluntarias.

Aportación al Usuario: De la opinión jurídica se podrán analizar las reformas propuestas en la Iniciativa.

Entre las que se destacan reforma a los artículos 12 y 25 de la Ley General de Educación, con respecto al mantenimiento y cuidado de las instalaciones, así como a la infraestructura, conservación y equipamiento de las mismas, es necesario tomar en cuenta que la educación de acuerdo al artículo 3° Constitucional es materia concurrente, ya que la Federación, los Estados y los Municipios son los encargados de impartir la educación básica obligatoria, de igual forma se debe considerar que la adición a estos artículos alteraría el sistema educativo ya que existen diversos Convenios y Acuerdos entre la Federación y los Estados en esta materia. La adición propuesta está otorgando atribuciones a la Federación, pero más que tratarse de una atribución se estaría estableciendo una obligación a cargo de la Federación, misma que rompería con la concurrencia en esta materia ya que se estaría afectando la descentralización de la educación y con ello se estaría incumpliendo con los Convenios y Acuerdos firmados por la Federación y los Estados.

En el proyecto de reformas y adiciones se contempla la posibilidad de modificar la fracción II del artículo 67, en el cual se detalla que las asociaciones de padres de familia coadyuvarán con las autoridades escolares de manera voluntaria en la medida de sus posibilidades, ya sea en forma económica o mediante el trabajo comunitario. Esta Consultoría estima que es necesario dentro de la redacción de esta fracción II, se considere incluir la idea que en ningún momento estas contribuciones serán condicionante alguna a los derechos de los educandos, esto con el fin de reforzar la idea central de proyecto de decreto como se propone en la reforma el artículo 6°.

En el proyecto de decreto se adiciona un artículo 67 Bis, el cual a consideración de esta Unidad Técnica resulta procedente, toda vez que el contenido de la misma abarca a la Asociación de Padres de familia y a los padres o tutores sobre las obligaciones que tienen de colaborar con las instituciones educativas y evita que los servicios educativos estén condicionados a las participaciones voluntarias que los padres o asociaciones no gubernamentales hagan.

El documento de opinión establece que no debemos tomar como sinónimos los términos 'infracción' y 'delito', ya que este último 'es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Una definición más completa lo considera como la conducta típica, antijurídica y culpable, cuya consecuencia generalmente es la pena'. De3 ahí que estamos hablando de dos ordenamientos que emanan de una naturaleza jurídica distinta.

La autoridad competente para averiguar el delito es el Ministerio Público, conforme a los artículos 16 y 21 constitucionales, 1°, fracción I, del Código de Procedimientos Penales en Materia Federal, no as&i