Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Viernes 23 de febrero de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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Martes 11 de Febrero de 2014
Gaceta: LXII/2SPO-79/45621
Martes 11 de Febrero de 2014
Gaceta: LXII/2SPO-79/45621

Del Sen. Jorge Luis Lavalle Maury, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción IV al artículo 21, recorriéndose a V la actual fracción IV de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.

Sen. Jorge Luis
Lavalle Maury

El que suscribe, JORGE LUIS LAVALLE MAURY , Senador de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración del pleno de la Cámara de Senadores la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 21, RECORRIÉNDOSE A V LA ACTUAL FRACCIÓN IV, DE LA LEY GENERAL PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD , con base en la siguiente,

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo primero de nuestra Constitución garantizaa todos los mexicanos el goce pleno de los Derechos Humanos contenidos en la misma, y en ese sentido prohíbe expresamente cualquier tipo de discriminación que esté motivada porcausas relacionadas con la salud y la discapacidad, entre otras. Del mismo modo, existen instrumentos legales internacionales aplicables a México que salvaguardan estos derechos a todos los mexicanos y en particular a aquellos que sufren algún tipo de discapacidad.

Entre esos instrumentos legales que han sido suscritos porMéxico y los cuales el Estado Mexicano está obligado a atender, se encuentran los siguientes: La Carta Universal de los Derechos Humanos; la Carta Interamericana de los Derechos Humanos; la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y; el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Derivado de lo anterior, nuestro marco jurídico ha sido adecuado a estas expresionesjurídicas, buscando articular y especificar las condiciones legales bajo las cuales habrá de cumplirse este mandato.

Un ejemplo de ello es la publicación en mayo de 2011 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual establece los mediosa través de los cuales el Estado deberá promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de las personas que viven en esta condición, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades.

Dicho ordenamiento, junto con la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, son referentes jurídicos fundamentales en nuestro paíspara la defensa y protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, y también para el establecimiento de políticas y medidas que favorecen la inclusión social de estas personas, pues les conceden derechos, que les permiten recibir una atención especial en diversas materias como la salud, la asistencia social y el fomento al desarrollo de cualidades artísticas o laborales dentro de la sociedad.

Sin embargo, el factor principal de esta problemática, y que hasta ahora no ha sido contemplado por la legislación y las políticas sociales dirigidas a este grupo poblacional, son los gastos permanentes que se generan alrededor de una vida de estas características, que a todas luces se encarece debido a las necesidadesque se generan adicionalmente a la alimentación y manutención de una persona con una problemática de esta índole, las cuales consisten en pagar terapias, trasporte (en algunos casos especializado), comprar medicamentos, adquirir aparatos ortopédicos o auditivos, etcétera; y a la limitación laboral y productiva de las personas que sufren esta problemática, lo cual provoca que sean sus familias quienes asuman este costo, mismo que en repetidas ocasiones no pueden cubrir por falta de recursos.

Lo anterior resulta preocupante si se considera que muchas de las personas que sufren limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales viven en condiciones de pobreza y que incluso, su incapacidad se debe a esa condición de pobreza porque no pudieron prevenir enfermedades por no tener acceso a los servicios de salud, o porque sus condiciones de vida y trabajo son riesgosas y/o insalubres.

Los resultados de la Encuesta Mundial de Salud, realizada por la Organización Mundial de la Salud,asegura que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los países de ingresos bajos que en los países de ingresos más elevados, toda vez que ésta es más frecuente entre las personas que se ubican en el quintil más pobre de la población. Asimismo, la encuesta revela que las mujeres y los ancianos, también presentan una mayor prevalencia al igual que las personas con pocos ingresos, sin trabajo o con poca formación académica.[1]

Acorde con lo anterior, el Banco Mundial asegura que una de cada cinco personas que viven con menos de un dólar al día, es decir aquellas personas que se encuentran por debajo de la línea mínima de bienestar, sufre algún tipo de discapacidad, debido principalmente a dos causas.

La primera de ellas consiste en que las labores o condiciones de vida bajo las que viven estas personas se dan en muchos casos de manera insegura y sin ningún tipo de garantías, lo cual pone en riesgo su vida y en consecuencia su integridad. La segunda causa está relacionada a enfermedades que no son debidamente atendidas por carecer de acceso a la salud o en su caso, a los medicamentos necesarios para sanar enfermedades que de no ser atendidas provocan algún tipo de discapacidad. De tal suerte que puede observarse un círculo vicioso que consiste en que las malas condiciones de vida, provocadas por la precariedad laboral son a menudo fuente de enfermedades que, mal tratadas, conducen a una discapacidad.[2]

La Organización Mundial de la Salud, reconoce los siguientes tipos de discapacidad:

  • La Discapacidad física: Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes, las cuales son secuelas de poliomielitis, lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) y amputaciones.
  • Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una disminución de las funciones mentales superiores (inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome Down y la parálisis cerebral.
  • Discapacidad psíquica: Las personas sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales.
  • Discapacidad sensorial: Comprende a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje.

Según datos del último censo de Población y Vivienda elaborado por el INEGI, en nuestro país existen 5 millones 739 mil 270 personas con al algún tipo de discapacidad, lo que significa alrededor del 5% de la población total de México. De este número de personas, el 39% la tiene porque sufrió alguna enfermedad; 23% están afectados por edad avanzada; 16% la adquirieron por herencia genética, ya sea durante el embarazo o al momento de nacer; 15% quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente, y; el 8% a otras causas diferentes a las anteriores.[3]

En México, más de la mitad de las personas con discapacidad no reciben ingresos y casi 20% gana menos de un salario mínimo. La situaciónes más apremiante entre las personas de discapacidad mental y las de discapacidad del lenguaje, pues del primer grupo, el 83% no recibe ingresos y en el segundo, tampoco recibe ingresos el 76.4%. De tal suerte que el 63% de las personas con discapacidad se encuentra entre los hogares más pobres del país, lo que demuestra su vulnerabilidad y la necesidad de establecer acciones focalizadas para contribuir a la igualdad de oportunidades y disminuir los índices de pobreza.[4]

Hasta ahora en nuestro país no se ha implementado a nivel federal algún programa que contemple la problemática que aquí se ha descrito y en consecuencia se apoye a las personas con discapacidad y/o sus familias, quienes en la gran mayoría de los casos son quienes requieren del apoyo en tanto que llegan incluso a abandonar su vida laboral, profesional y social, para atender de tiempo completo a algún familiar que sufre discapacidad.

Sin duda, ofrecer a este sector poblacional un apoyo económico de manera periódica, en mucho contribuirá a la economía familiar de estas personas, así como a mejorar las condiciones de vida de estas, con lo cual se avanzaría en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad, contemplado en el artículo primero de nuestra Constitución y en los marcos jurídicos que de esta disposición derivan, a fin de erradicar la discriminación y la marginación de nuestro país.

En diversos países del mundo existen este tipo de asistencias por parte delos gobiernos. En España, existe el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y los apoyos que ofrece consisten en diversas prestaciones como son económicas, atención médica residencial, teleasistencia, ayuda a domicilio en labores domésticas y de trasporte, entre otras. De igual modo ocurre en Uruguay, Argentina y Colombia que contemplan programas de apoyo económico permanente a las personas con discapacidades, así como ciertas asistencias en materia de salud y educación.

En México contamos con el marco jurídico que nos permite e incluso nosexige,atender de manera prioritaria a este sector poblacional, tenemos la infraestructura de un programa como oportunidades que distribuye apoyos de esta índole a familias que se encuentran en condiciones de pobreza. De tal manera que agregar a esa estructura que se encuentra actualmente en funcionamiento, un programa que apoye específicamente a las personas o familias de las que se hablado en esta exposición de motivos, es del todo viable y necesaria para apoyar a esos mexicanos que requieren que los apoyemos y los ayudemos a salir adelante.

Lo que propone esta iniciativa, es precisar que la SEDESOL otorguemensualmente un apoyo económico a aquellas familias que tengan entre sus miembros a una persona con cualquier tipo de discapacidad y que se encuentren en condiciones de pobreza. Esto bajo el esquema hasta ahora vigente de elegibilidad y permanencia que establece el Programa Oportunidades, sin duda la implementación de esta medida brindará una ayuda significativa a estas familias lo cual, sumado a otras acciones complementarias abonarán a garantizar el respeto de los DerechosFundamentales de estas personas, evitando su discriminación y exclusión social.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Honorable Soberanía el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se adiciona una fracción IV y se recorre la actual IV a V del artículo 21 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para quedar como sigue:

Artículo 21.- La Secretaría de Desarrollo Social promoverá el derecho de las personas con discapacidad a un mayor índice de desarrollo humano así como el de sus familias, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados y a la mejora continua de sus condiciones de vida, sin discriminación por motivos de discapacidad.

 

Para estos efectos, realizará las siguientes acciones:

I. a III…

IV.-Otorgar un apoyo económico mensuala los familiares o personas que se encarguen de los cuidados o en su caso, de la manutención de las personas que sufren de cualquier tipo de discapacidad;

V.- Todas las demás que tengan como objeto mejorar las condiciones sociales y permita potenciar las capacidades de las personas con discapacidad.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Secretaria de Salud llevará a cabo un censo sobre el numero de personas en nuestro país que sufren algún tipo de discapacidad, así como su ubicación y condición socioeconómica, mismo que deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor a un año después de la publicación del presente Decreto.

Tercero.- La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, delinearán los procedimientos necesarios para el funcionamiento presupuestal y técnico del presente Decreto.


Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los 11 días del mes de febrero de 2014.

1Informe Mundial Sobre la Discapacidad. Organización Mundial de la Salud, 2011. Disponible en: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_es.pdf consultado el 9 de octubre de 2013.

2Discapacidades e inclusión Social. Obra Social “la Caixa”, 2012. Disponible en: http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/201201/12/sociedad/20120112elpepusoc_1_Pes_PDF.pdf consultado el 9 de octubre de 2013.

3INEGI. Discapacidad en México. Disponible en:http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx consultado el 9 de octubre de 2013.

4Medición de la pobreza 2012. Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Informes/Coordinacion/Pobreza_2012/COMUNICADO_PRENSA_003_MEDICION_2012.pdf Consultado el 8 de octubre de 2013.

http://www.senado.gob.mx:80/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=45621