Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Lunes 21 de mayo de 2018
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Jueves 5 de Septiembre de 2013
Gaceta: LXII/2PPO-4/43209
Jueves 5 de Septiembre de 2013
Gaceta: LXII/2PPO-4/43209

De la Sen. Luisa María Calderón Hinojosa, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública.

SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE DE JUSTICIA, DE ASUNTOS INDÍGENAS Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.

ASUNTO CONCLUIDO DE CONFORMIDAD CON EL "ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA LA CONCLUSIÓN DE INICIATIVAS PRESENTADAS POR SENADORES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE DICTAMEN EN LA CÁMARA DE SENADORES", DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2018.

Sen. Luisa María
Calderón Hinojosa
Sin Grupo

La que suscribe LUISA MARÍA DE GUADALUPE CALDERÓN HINOJOSA, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, 164 y 169 del Reglamento del Senado de laRepública, somete a la consideración del Pleno de esta H. Asamblea, lasiguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSASDISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA, al tenor de lasiguiente:

Exposición de Motivos

Actualmente en nuestro país son muchos los ordenamientos que velan por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, especialmente en el tema de acceso a la justicia en forma equitativa, respetando su cultura, su lengua, sus usos y costumbres.

Tal es el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece en su artículo 2 Apartado A fracción VIII el derecho de los pueblos y comunidades indígenas de acceder a la jurisdicción del Estado. Para garantizar en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. “Los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.”

Sin embargo, en el cumplimiento de este derecho hay algunos obstáculos a resolver para otorgar una defensa de calidad a los indígenas, y son principalmente tres:

a.- El defensor de oficio es un conocedor de las leyes, pero carece de preparación como traductor o intérprete en lenguas indígenas, además las más de las veces desconoce su cultura, su lengua, los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Según cifras del Instituto Federal de Defensoría Pública 2012, dicho instituto cuenta con 24 defensores especializados en lenguas y cultura indígena, lo cual resulta insuficiente para la atención de todos y cada uno de los indiciados y procesados ante la existencia de 364 variantes lingüísticas en México de las cuales 64 están en riesgo de desaparecer (según cifras del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas al 31 de mayo 2013).

Es urgente asegurar que dentro de los procesos penales, los pueblos indígenas cuenten con defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas, dada la entrada en operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal y el cual es eminentemente oral.

b.- Los traductores o intérpretes certificados conocen la lengua indígena pero carecen de formación académica necesaria para la correcta defensa del indígena, además no cuentan con título de licenciado en derecho, requisito indispensable para poder fungir como defensor en una causa penal.

c.- Para lograr una impartición de justicia pronta y expedita en favor de los indígenas, es indispensable que la Defensoría de Oficio cuente con el personal capacitado como abogado, traductor e intérprete, garantizando de esa forma, una adecuada asesoría en todo momento del proceso penal, sin olvidar la relación de apoyo interinstitucional con dependencias como la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) o el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI).

Hay muchos esfuerzos de instituciones como la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), por proporcionar ayuda a los indígenas en situación de cárcel, tal y como se refleja en el Acuerdo por el que se modifican los Lineamientos Generales y Específicos para el proyecto Excarcelación de Presos Indígenas, mediante el cual se otorga apoyo económico para la libertad provisional o definitiva de los posibles beneficiarios a través de la aplicación de medidas cautelares (garantía económica, reparación del daño, multa, sanción pecuniaria) siempre y cuando se siga todo un trámite administrativo para que el indígena “posible beneficiario”, acceda al apoyo.

Sin embargo, este tipo de apoyo no es suficiente en virtud de que, las primeras horas dentro de un proceso penal son determinantes en la resolución de la situación jurídica, y dentro de las cuales el indígena carece de asesoría legal en su idioma; otra modalidad de los Lineamientos de la CDI en comento, es la de intérpretes-traductores en lenguas indígenas, la cual es igualmente insuficiente, pues está sujeto a:

-La existencia de un traductor disponible.

-Que la autoridad competente formule por escrito su requerimiento en cada diligencia.

-Que entre la fecha de recepción de la solicitud y el desahogo de la diligencia respectiva, medien cuando menos 3 días hábiles para la atención del mismo.

En múltiples ocasiones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha manifestado su preocupación por la falta de Jueces, Agentes del Ministerio Público, y defensores que tengan conocimiento de los usos, costumbres, cultura e idioma de los pueblos indígenas.

Ante ello, ha puesto en marcha el Programa de Atención de Indígenas en Reclusión, que tan solo en el año 2012, realizaron 68 visitas a centros penitenciarios con población indígena, y mediante acciones como el análisis de expedientes y una correcta orientación jurídica, se logró la liberación anticipada de 245 indígenas sentenciados que no debían estar en prisión. Para este 2013, ha realizado 612 trámites con el propósito de que analicen sus expedientes y determinen si procede o no la libertad anticipada.

La iniciativa que hoy presento, propone cumplimentar el derecho que tienen los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas a ser asistidos por un defensor público que tenga conocimiento de su lengua y cultura, mandato constitucional plasmado desde el año 2001 y que hasta el día de hoy no se ha realizado a cabalidad.

Por las razones y fundamentos anteriormente expuestos, propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa:

Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Defensoría Pública.

Único.- Se reforma el artículo 4; el artículo 10; el artículo 26; y se adiciona un párrafo segundo al artículo 5; una fracción V y una fracción VI al artículo 11, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes; una fracción V y una fracción VI al artículo 12, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes; una fracción VII al artículo 12 bis, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes; un párrafo segundo al artículo 24; una fracción III al artículo 36, recorriéndose en su orden natural las subsecuentes, todos de la Ley Federal de Defensoría Pública para quedar como siguen:

Artículo 4. Los servicios de defensoría pública se prestarán a través de:

I. Defensores públicos, en los asuntos del orden penal federal y de la Justicia Federal para Adolescentes, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas;

II. Defensores públicos especializados en pueblos indígenas en los asuntos del orden penal federal, desde la averiguación previa o investigación hasta la ejecución de las penas o medidas; y

III. Asesores jurídicos, en asuntos de orden no penal, salvo los expresamente otorgados por la Ley a otras instituciones.

Artículo 5. Para ingresar y permanecer como defensor público o asesor jurídico se requiere:

I. a VI.

Para ser defensor público especializado en pueblos indígenas, además de cumplir con los requisitos de las fracciones anteriores, deberá tener conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres, así como contar con la acreditación profesional en observancia con la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.

Artículo 10. Los defensores públicos, los defensores públicos especializados en pueblos indígenas, y los defensores públicos para adolescentes serán asignados inmediatamente por el Instituto Federal de Defensoría Pública, sin más requisitos que la solicitud formulada por el indígena, adolescente o adulto joven al que se le esté aplicando la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, por el indiciado en la averiguación previa, el inculpado en el proceso penal, el sentenciado, y el Agente del Ministerio Público o el Agente del Ministerio Público Federal para Adolescentes, o el órgano jurisdiccional, según sea el caso.

Artículo 11. El servicio de defensoría pública ante el Ministerio Público de la Federación comprende:

I. a IV.

V. Solicitar intérprete o traductor que tenga conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres, en caso de que sea indígena;

VI. Coadyuvar con las instituciones afines con el objeto de allegarse de los beneficios existentes para los indígenas;

VII. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en todo el proceso para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular;

VIII. Analizar las constancias que obren en el expediente a fin de contar con mayores elementos para la defensa;

IX. Procurar la continuidad y uniformidad de criterios en la defensa, y

X. Las demás promociones necesarias para realizar una defensa conforme a Derecho y que propicie una impartición de justicia expedita y pronta.

Artículo 12. El servicio de defensoría pública, ante los Juzgados y Tribunales Federales comprende:

I. a IV.

V. Solicitar intérprete o traductor que tenga conocimiento de su lengua, cultura, usos y costumbres, en caso de que sea indígena;

VI. Coadyuvar con las instituciones afines para allegarse de los beneficios existentes para los indígenas;

VII. Formular las conclusiones a que se refiere el Código Federal de Procedimientos Penales, en el momento procesal oportuno;

VIII. Informar al defendido o a sus familiares del trámite legal que deberá desarrollarse en la fase de apelación para establecer con ellos una comunicación estrecha sobre el particular;

IX. Analizar las constancias que obren en autos a fin de contar con mayores elementos para la formulación de los agravios respectivos en el momento procesal oportuno, durante la tramitación de la segunda instancia;

X. Practicar las visitas que sean necesarias a los centros de reclusión con el objeto de comunicar a su defendido el estado procesal en que se encuentra su asunto, informar los requisitos para su libertad provisional bajo caución, así como aquellos para obtener los beneficios preliberacionales que en su caso correspondan;

XI. Vigilar el adecuado cumplimiento de las sentencias, procurando para sus representados los beneficios que, en su caso, establezcan las disposiciones legales aplicables, y

XII. Las demás promociones que sean necesarias para una adecuada defensa conforme a Derecho.

Artículo 12 Bis. A los defensores públicos para adolescentes, además de las atribuciones que procedan señaladas en los artículos anteriores, las siguientes:

I. a VI.

VII. Tomar en cuenta en todo momento del proceso, la cultura, lengua, usos y costumbres de su defendido, y en su caso, exponer y solicitar penas alternativas;

VIII. Solicitar al Ministerio Público de la Federación para Adolescentes el no ejercicio de la remisión ante el Juez de Distrito Especializado para Adolescentes, cuando no se encuentren reunidos los elementos necesarios para ello, y

IX. Realizar todos los trámites o gestiones necesarios, en tiempo y conforme a derecho para una eficaz defensa del adolescente o adulto joven, incluyendo ofrecimiento y desahogo de pruebas, realización de careos, formulación de alegatos, agravios, conclusiones, interposición de recursos, incidentes y demás actos conducentes.

Artículo 24. El Instituto Federal de Defensoría Pública designará por cada Unidad investigadora del Ministerio Público de la Federación, Tribunal de Circuito y por cada Juzgado Federal que conozca de materia penal, cuando menos a un defensor público y al personal de auxilio necesario.

En localidades con población indígena, el Instituto Federal de Defensoría Pública designará un defensor público especializado en pueblos indígenas.

Artículo 26. Para el adecuado cumplimiento de sus funciones, el Instituto Federal de Defensoría Pública, promoverá la celebración de convenios de coordinación con todos aquellos que puedan coadyuvar en la consecución de los fines de esta ley, en especial con las instituciones que atiendan a los gruposindígenas.

Artículo 36. Para el mejor desempeño del personal del Instituto Federal de Defensoría Pública se elaborará un Plan Anual de Capacitación y Estímulo, de acuerdo con los criterios siguientes:

I. y II.

III. Se brindará capacitación continua a los defensores públicos especializados en pueblos indígenas;

IV. Se procurará extender la capacitación a los trabajadores sociales y peritos, en lo que corresponda y para interrelacionar a todos los profesionales del Instituto Federal de Defensoría Pública y optimar su preparación y el servicio que prestan, y

V. Se preverán estímulos económicos para el personal cuyo desempeño lo amerite.

Artículos Transitorios

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Suscribe

Sen. Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa

Dado en salón de sesiones a dos días del mes de septiembre del año dos mil trece.

http://www.senado.gob.mx:80/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=43209