Senado de la República.
LXIII Legislatura, Tercer Año de Ejercicio.
Lunes 21 de mayo de 2018
Gaceta del Senado
    
    

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Jueves 4 de Octubre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-24/37237
Jueves 4 de Octubre de 2012
Gaceta: LXII/1PPO-24/37237

De la Sen. Martha Elena García Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a crear la comisión especial de los derechos de la niñez y de la adolescencia.

Se turnó a la Junta de Coordinación Política.

Sen. Martha Elena
García Gómez

Sen. Ernesto Cordero Arroyo.
Presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión.
P r e s e n t e.

La que suscribe, Martha Elena García Gómez, Senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 8, numeral 1, fracción II, y 276 del Reglamento del Senado de la República, somete a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo que crea la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Un objetivo impostergable para las sociedades democráticas, es el fortalecimiento de las condiciones que hacen posible el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos. Estas prerrogativas se refieren a las condiciones que toda persona, sin distinción de edad, sexo, religión, clase social, etc. debe tener para desarrollarse plenamente en todos los ámbitos de la vida, con igualdad, libertad y dignidad con las demás personas.

A partir de la reforma constitucional de derechos humanos publicada el 10 de junio de 2011, se establece un parte aguas en el avance, el reconocimiento y la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes al incluir que toda persona goza de los derechos humanos y las garantías reconocidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado Mexicano. Es por eso que la protección de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia es responsabilidad de las y los legisladores que conformamos el Congreso de la Unión, exigir su cumplimiento, desde el punto de vista legislativo, requiere de su inclusión en el marco legal mexicano.

Por su parte, el artículo 133 establece que será la Constitución, junto con las leyes del Congreso que de ella emanen y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, son la Ley Suprema de la Unión.

En este sentido, en el ámbito del reconocimiento y la protección de los derechos de la infancia, con la reciente modificación de los artículos 4 y 73[1], se reconoce a nivel constitucional la obligación de velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez en todas las decisiones y actuaciones del Estado.

Este principio, parte del reconocimiento de que las niñas y los niños son sujetos de derechos y de responsabilidades, y establece una amplia gama de derechos individuales y colectivos de los que goza la niñez, transformándose la visión del menor de edad en un enfoque garantista reconociendo que las niñas, niños y adolescentes son seres humanos titulares de derechos exigibles por el Estado Mexicano. Su objetivo fundamental, es facilitar las interpretaciones jurídicas que reconozcan el carácter integral de los derechos de la niñez; orientar a los padres y tutores, así como al Estado para que ejerzan las medidas necesarias para proteger y desarrollar la autonomía de la niña y el niño en el ejercicio de sus derechos, permitiendo que estos, prevalezcan sobre otros intereses.
La evolución del reconocimiento de los derechos de la niñez, ha sido paulatina iniciándose en las familias y ampliándose posteriormente al Estado. Durante este proceso, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de la infancia han sido el punto de referencia tanto a nivel teórico, como en la praxis a partir del desarrollo de mecanismos y acciones a implementar por las autoridades gubernamentales.

En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, por unanimidad, la Declaración de los Derechos del Niño. En ella se instituyeron diez principios[2] o derechos fundamentales de la niñez, que representan una obligación a cada uno de los estados miembros de la ONU.

Treinta años después, se estimo pertinente contar con un tratado multilateral vinculante para aquellos estados que lo ratificaran. En 1989, surge la Convención de los Derechos del Niño (CDN), en la que se reconoce una gama de derechos civiles, culturales económicos, políticos y sociales y establece una serie de principios fundamentales, entre los que se encuentran: la no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el respeto de los puntos de vista de la niñez.
Es importante destacar que en materia de protección de los derechos humanos de la niñez existen instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes que crean obligaciones específicas al Estado Mexicano.

A nivel nacional, México reconoce a partir del texto constitucional y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la prohibición de discriminar a las personas por motivos tales como la edad. Asimismo, se establece como ley reglamentaria de acuerdo con el párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene por objeto,  garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

No obstante, en la LXI Legislatura fueron presentadas más de 35 iniciativas para regular la materia de la niñez, mismas que fueron compiladas para ser dictaminadas en su conjunto y crear la Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez. Lo anterior, manifiesta que el camino legislativo en lo que concierne a la incorporación del principio del interés superior de la niñez contemplado en nuestra Constitución, es una tarea pendiente para la armonización de la legislación en la materia.

En este sentido, la información estadística, es considerada una herramienta que nos permite revalorar la situación actual e identificar los factores que se relacionan con diversas situaciones tales como la discriminación de la niñez.

En México, de acuerdo con la UNICEF la población entre 0 y 5 años de edad fue de 11.6 millones en 2009, de los cuales 5.9 millones eran niños y 5.7 eran niñas. El 61.2% de ellos se encontraban en condiciones de pobreza patrimonial y el 27.4% en condiciones de pobreza alimentaria. Asimismo, señala que la desigualdad de sus ingresos y oportunidades varían con la geografía del país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS) 2010, elaborada por la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) y UNICEF México, las expresiones de discriminación hacia niñas, niños y adolescentes tienen un impacto fuerte en sus vidas. De acuerdo con la ENADIS 2010, dos de cada tres personas dicen estar de acuerdo con que deben respetarse los derechos de los niños y niñas establecidos en la ley. El resto considera que sólo los padres deberían definir los derechos de la infancia o que éstos no tienen derechos al ser menores de edad.

La casa y la escuela son espacios donde casi el 100% de las niñas y los niños debe sentirse feliz. Sin embargo, 2.3 y 5.1% se sienten tristes, enojados o con miedo en estos lugares. Más de seis de cada diez niños y niñas no sienten rechazo alguno de sus padres y maestros cuando hacen sugerencias, aunque alrededor de uno de cada cinco percibe enojo de ambos cuando sugieren algo.

Según la ENADIS, los motivos más frecuentes de maltrato en casa que reportan las niñas y los niños son haberlos hecho llorar, haberlos golpeado y haberles quitado o escondido sus cosas (en todos ellos entre una quinta y una cuarta parte sin mucha diferencia entre uno y otro sexo). Resalta que los niños que informan haber sido ignorados son casi el doble que las niñas (12 y 6% respectivamente).

En el norte[3] y centro del país es más frecuente que las niñas y niños hayan sido objeto de agresión verbal (10 y 11% respectivamente) que en el sur (5%), cuya proporción representa menos de la mitad del promedio nacional (9%).

Hoy en día, el acoso escolar también conocido como bullyng, es el tipo de violencia que más padecen las niñas, los niños y los adolescentes en los centros escolares. Este tipo de violencia, se caracteriza por una reiteración de violencia que intimida a la víctima e implica un abuso de poder ejercida por el agresor. El sujeto del maltrato queda expuesto física y emocionalmente, causándole una serie de secuelas psicológicas graves que incluso pueden llevar al suicidio.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en México 7.5 millones de alumnas (os) de primara y secundaria son víctima de bullying, es decir el 40% de esta población son hostigados, intimidados y víctimas de discriminación o golpeados en su entorno escolar. Asimismo, expresa la CNDH que 3 de cada 10 alumnos de primaria han sufrido alguna agresión física por parte de algún compañero.

De acuerdo con UNICEF, “El desarrollo de la infancia entre los 6 y los 11 años de edad es decisivo para consolidar las capacidades físicas e intelectuales, para la socialización con las demás personas y para  formar la identidad y la autoestima de los individuos. La familia, la comunidad y la escuela son esenciales en esta etapa de crecimiento acelerado que requiere las condiciones adecuadas para lograr un mejor desarrollo para el aprendizaje, el juego y el descubrimiento, así como para estimular la motricidad y la creatividad. Esta etapa es fundamental también para aprender normas sociales y adquirir valores como la solidaridad y el sentido de justicia”.
No obstante en México en el año 2008, más de 357 mil niños y niñas entre 5 y 11 años de edad no asistían a la escuela debido a diversas causas. La principal causa se relaciona con la pobreza y el trabajo infantil: en 2007, se estimó que 556 mil niñas y niños entre los 5 y los 11 años trabajaban.

La deserción escolar, representa una de los efectos más graves de la pobreza y el trabajo infantil, las cuales revelan la discriminación a la que se enfrenta la niñez mexicana contraria al ejercicio pleno de sus derechos humanos.

Como representantes de la Nación, tenemos una deuda con la ciudadanía mexicana. Es urgente transversalizar el principio del interés superior de la niñez contemplado en la Constitución tanto en el marco jurídico federal como en el estatal, por ello resulta necesario la creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, cuyo objetivo fundamental sería incorporar el principio del interés superior de la niñez y proteger los derechos humanos que la ley y los tratados internacionales a la niñez, les conceden, buscando impulsar desde este recinto la homologación del marco legal en las tres esferas de gobierno.

La Comisión especias de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia tendrá como principales atribuciones las siguientes:

  • Emitir su opinión a las Comisiones ordinarias, en todos los casos en que se dictaminen iniciativas y puntos de acuerdo cuya materia sea la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las opiniones de la Comisión especial, procurarán que en todo momento se haga valer el interés superior de la infancia.
  • Organizar foros, seminarios, congresos y otros eventos con la finalidad de revisar constantemente la legislación en la materia, para proponer ante el Senado de la República, las iniciativas de ley necesarias para perfeccionar el marco jurídico vigente.
  • Emitir su opinión cuando se analicen los instrumentos internacionales en la materia, procurando que en todo momento se haga valer el interés superior de la infancia.
  • Trabajar de manera transversal con las comisiones ordinarias o especiales del Senado o de la Cámara de Diputados, en el estudio, análisis y en resolución de asuntos cuya materia sea la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
  • Colaborar con las autoridades federales y locales cuya función sea la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
  • Establecer el diálogo permanente con organizaciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organismos internacionales y expertas en el tema de niñez, lo cual expresará una comisión plural e incluyente de todos los sectores de la sociedad a fin de establecer una estrategia e implementar diversas acciones para la armonización de la legislación en materia de niñez.
  • Exhortar a las legislaturas estatales a realizar las modificaciones al marco legal estatal, que permita tener un sistema jurídico garantista en la protección integral de los derechos humanos de la niñez y la adolescencia.
  • Y demás que se deriven del marco jurídico del Congreso y otras disposiciones aplicables.

Compañeras y Compañeros: las y los legisladores debemos estar comprometidos con las niñas y los niños mexicanos, es por eso que esta comisión especial obedece a las demandas e intereses más sentidas de la ciudadanía, cuyos principios y congruencia social permitan realizar múltiples acciones desde el ámbito federal para proporcionar un marco jurídico integral con base en los derechos que les son inherentes a quienes son el futuro de México.

Por lo expuesto, de conformidad con los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, fracción II, 119 y 276 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración y aprobación del Pleno de la Honorable Cámara de Senador el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Unico. Se exhorta a la Junta de Coordinación Política para que en uso de sus atribuciones legales, acuerde la creación de la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia.

Dado en el salón de Sesiones del Senado de la República, a los 4 días del mes de octubre de 2012.

Sen. Martha Elena García Gómez (rubrica).


[1] Publicada en el DOF 12 de octubre de 2011.

[2] 1)Reconocimiento de sus derechos sin distinción ni discriminación; 2) Derecho a la protección especial y oportunidades en condiciones de libertad y dignidad; 3) Derecho a un nombre y una nacionalidad; 4) Derecho a seguridad social, alimentación, vivienda, servicios médicos y recreo; 5)Derecho a que las niñas y niños con algún impedimento físico o social reciban atención especial; 6)Derecho a crecer en un ambiente de afecto y seguridad moral y material; 7)Derecho a la educación gratuita y obligatoria en igualdad de oportunidades; 8) Derecho a recibir protección y socorro; 9) Derecho a no ser objeto de abandono, crueldad, explotación y trata; 10) Derecho a ser protegido contra la discriminación racial, religiosa o de cualquier índole (CEAMEG, 2008)

[3] La región norte comprende: Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La región Centro comprende: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La región Sur comprende: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

http://www.senado.gob.mx:80/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37237