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Inicio de Sesión:11:18:00

Término de Sesión:19:11:00

SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

ÍNDICE

ORDEN DEL DÍA

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

ACUERDOS DE LA MESA DIRECTIVA

Uno, por el que se modifica el resolutivo TERCERO del aprobado el 9 de octubre de 2018, por el que se realizará sesión solemne en conmemoración del 65 aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES

Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que el expediente de la solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen en la "Exponaval 2018", que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la ciudad de Valparaíso, Chile, se turne a comisiones

Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que el expediente con las propuestas de ratificación de Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, recibidas en la Sexagésima Tercera Legislatura, se turnen a comisiones

Una, del Sen. Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva, por la que determina que los expedientes de las 94 proposiciones correspondientes a la Sexagésima Cuarta Legislatura, se turnen a comisiones

Comunicaciones de las Comisiones de: Federalismo y Desarrollo Municipal, Salud y Seguridad Social, por las que informan que han quedado formalmente instaladas

COMUNICACIONES Y CORRESPONDENCIA
PODER EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Oficio con el que remite el informe sobre los resultados del Ejercicio Multinacional UNITAS ATLÁNTICO 2018, que se llevó a cabo del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2018, por personal de la Armada de México, en la costa de Cartagena de Indias, Colombia

CONGRESOS DE LOS ESTADOS

Oficio del congreso del estado de San Luis Potosí, con el que remite acuerdo que exhorta a los Diputados y Senadores a formar una comisión especial de estudio del tema fracking y que a la brevedad se lleven a cabo modificaciones legales para evitar el daño al territorio nacional y a los mexicanos por la práctica de esa forma de extracción de hidrocarburos

RECESO PARA CELEBRAR SESIÓN SOLEMNE EN CONMEMORACIÓN DEL 65 ANIVERSARIO DEL DERECHO AL VOTO DE LAS MUJERES EN MÉXICO

COMPARECENCIA DEL DR. ALFONSO NAVARRETE PRIDA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN, EN EL MARCO DEL ANÁLISIS DEL VI INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN MATERIA DE POLÍTICA INTERIOR

INTERVENCIÓN INICIAL DEL DOCTOR ALFONSO NAVARRETE PRIDA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
PRIMERA RONDA DE INTERVENCIONES
Senador Emilio Álvarez Icaza (Sin grupo)

Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
MINUTO DE SILENCIO EN TORNO A LA OLA DE HOMICIDIOS EN EL PAÍS
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional

INTERVENCIÓN DEL DR. ALFONSO NAVARRETE PRIDA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

SEGUNDA RONDA DE INTERVENCIONES
Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Socia
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional

INTERVENCIÓN DEL DR. ALFONSO NAVARRETE PRIDA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

INICIATIVAS

De la Sen. Claudia Esther Balderas Espinoza, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

De la Sen. Josefina Eugenia Vázquez Mota, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal

Del Sen. Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud

De la Senadora Verónica Delgadillo García del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que adiciona el 137 y reforma la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Del Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Del Senador Ismael García Cabeza de Vaca, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 72 constitucionales

De la Senadora Indira Kempis Martínez, a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal

De la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de Morena con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales

De la Senadora Kenia López Rabadán, a nombre de las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 constitucional

De la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 constitucional

De los Senadores Armando Guadiana Tijerina y el Senador Daniel Gutiérrez Castorena con un proyecto de decreto que reforma diversos artículos constitucionales en materia de no reelección

De la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre

De la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario de Morena, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

ACUERDOS DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y DE LA MESA DIRECTIVA

Uno, por el que se designó a la Senadora Vanessa Rubio Márquez como Vicepresidenta por México ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, ParLatino

Uno, por el que se establecen las fechas para llevar a cabo las reuniones de trabajo ante comisiones con motivo del Análisis del Sexto Informe de Gobierno

Uno, por el que se designa a la Senadora Kenia López Rabadán, como Representante por México a la Tercera Evaluación ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas

Uno, por el que se exhorta a implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia

Uno, por el que se modifica la denominación de la Comisión de Zonas Metropolitanas por la de Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad

Uno, que establece que los asuntos pendientes de la anterior Comisión de la Ciudad de México sean turnados a la Comisión de Gobernación

AMPLIACIONES DE TURNO

EFEMÉRIDES

CITA


SESIÓN ORDINARIA DE LA H. CÁMARA DE SENADORES,
CELEBRADA EL MARTES 16 DE OCTUBRE DE 2018

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (11:18 horas) Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de las señoras Senadoras y de los señores Senadores.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia, se han acreditado 77 ciudadanas Senadoras y Senadores.

En consecuencia, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se abre la sesión del martes 16 de octubre correspondiente al Primer Período Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIV Legislatura.

El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños; con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy.

El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el acta referida.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Se aprueba, señor presidente.

 El Senador Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Secretaria.

Esta Presidencia les da la bienvenida a los alumnos de sexto de preparatoria del Instituto Asunción de México, quienes vienen con su maestra Margarita Zavala.

Bienvenidos y bienvenidas.

(Aplausos)

Honorable Asamblea:

Hago de su conocimiento que los integrantes de la Mesa Directiva suscribimos un acuerdo por el que se modifica el formato de la sesión solemne en conmemoración del 65 Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México.

Solicito a la Secretaría dé cuenta con su punto resolutivo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al resolutivo del acuerdo.

Único.- Se modifica el Resolutivo Tercero del acuerdo por el que se aprueba llevar a cabo una sesión solemne para conmemorar el 65 Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México, para quedar como sigue.

Tercero.- La sesión solemne se realizará conforme al formato que a continuación se indica.

a). La Senadora en funciones de la Presidencia de la Mesa Directiva dirigirá un mensaje de bienvenida a las personas invitadas.

Habrá un mensaje institucional de la Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género.

Asimismo, habrá una intervención del Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria, hasta por tres minutos, previa a la de los grupos parlamentarios.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Consulte a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque no se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el acuerdo por el que se modifica el Resolutivo Tercero del similar aprobado el 9 de octubre pasado en torno a la sesión solemne en conmemoración del 65 Aniversario del Derecho al Voto de las Mujeres en México.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura a la comunicación que suscribe el Presidente de la Mesa Directiva en relación con la solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México para que participen en la “Exponaval 2018”, que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la Ciudad de Valparaíso, Chile.

Honorable Asamblea del Senado de la República. Presente.

En ejercicio de la facultad dispuesta en el artículo 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General, y en cumplimiento de lo que establece el artículo 131, numerales 2 y 3 del Reglamento del Senado, se determina que el expediente de la solicitud de autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México fuera de los límites del país, a fin de que participen en la Exposición y Conferencia Internacional Marítima y Naval para América Latina “Exponaval 2018” que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2018, en la Ciudad de Valparaíso, Chile, recibida en la Comisión Permanente el 16 de mayo del año en curso y que quedó pendiente de análisis y dictamen en la anterior Legislatura, se remita a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina de la LXIV Legislatura del Senado.

Se instruye a la Secretaría de la Mesa Directiva para que dé cumplimiento al turno en los términos determinados por esta Presidencia y se haga llegar a las comisiones el expediente del asunto antes referido, y se publique el turno en la Gaceta del Senado.

Atentamente, Senador Martí Batres Guadarrama.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Instruyo a la Secretaría a turnar a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Marina el expediente de la salida de tropas en cumplimiento del turno dictado y publicado en la Gaceta del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura a otra comunicación que suscribe el Presidente de la Mesa Directiva en relación con las propuestas de ratificación de Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, recibidas en la LXIII Legislatura.

Honorable Asamblea del Senado de la República. Presente.

En ejercicio de la facultad dispuesta por el artículo 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General, y en cumplimiento de lo que establece el artículo 131, numerales 2 y 3 del Reglamento del Senado, se determina que el expediente que contiene la propuesta de ratificación como Magistrados del Tribunal Unitario Agrario, recibida el 27 de octubre de 2016, a favor de los ciudadanos Imelda Carlos Basurto y Rubén Gallardo Zúñiga, se turne a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la República, para su análisis y dictamen.

Se instruye a la Secretaría de la Mesa Directiva para que dé cumplimiento al turno en los términos determinados por esta Presidencia y se haga llegar a las comisiones el expediente del asunto antes referido, y se publique el turno en la Gaceta de Senado.

Atentamente, Senador Martí Batres Guadarrama.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Instruyo a la Secretaría a turnar a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia el expediente de las propuestas de ratificación en cumplimiento del turno dictado y publicado en la Gaceta del Senado.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura a otra comunicación del Presidente de la Mesa Directiva en relación con el turno de 94 proposiciones pendientes de turno, y que corresponden a esta LXIV Legislatura.

Honorable Asamblea del Senado de la República.

En ejercicio de las facultad dispuesta por el artículo 67, párrafo 1, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General, y el artículo 164 del Reglamento del Senado, se determina que las 94 proposiciones con punto de acuerdo presentadas desde el inicio de la Legislatura hasta la sesión del pasado 9 de octubre, que no recibieron la dispensa de trámites para su discusión y su votación de inmediato, se turnen a las comisiones en la forma en que se indica en el anexo que acompaña a esta comunicación.

El turno se aplica de forma que se haga la adecuación de las denominaciones y competencias de las competencias de las comisiones de la LXIV Legislatura creadas por el acuerdo del 27 de septiembre, aprobado por el Pleno del Senado.

Se instruye a la Secretaría de la Mesa Directiva para que dé cumplimiento a los turnos en los términos determinados por esta Presidencia, se hagan llegar a las respectivas comisiones los expedientes de las proposiciones con punto de acuerdo y se publiquen los turnos en la Gaceta del Senado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Les informo que las 94 proposiciones presentadas desde el inicio de esta Legislatura y hasta el pasado 9 de octubre, que no recibieron dispensa de trámites, se turnarán a las comisiones en la materia conforme al anexo que acompaña a la comunicación leída por la Secretaría.

Instruyo a la Secretaría remitir a las comisiones las proposiciones en cumplimiento del turno dictado.

Asimismo, publicar la relación de asuntos en la Gaceta y notificarlo a los grupos parlamentarios.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Recibimos de la Mesa Directiva las comunicaciones de las Comisiones de Federalismo y Desarrollo Municipal; de Salud; y de Seguridad Social, por las que informan que han quedado formalmente instaladas.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el informe sobre los resultados del Ejercicio Multinacional UNITAS Atlántico 2018, que se llevó a cabo del 31 de agosto al 11 de septiembre pasados, el personal de la Armada de México en la costa de Cartagena de Indias, Colombia.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: La Asamblea ha quedado enterada.

Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores  y de Marina.

Pasamos al siguiente asunto.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Se recibió un oficio del Congreso del estado de San Luis Potosí, con acuerdo que exhorta a los Diputados y Senadores a formar una Comisión Especial de Estudio del tema fracking, y que a la brevedad se lleven a cabo modificaciones legales para evitar el daño a territorio nacional y a los mexicanos por la práctica de esa forma de extracción de hidrocarburos.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Túrnese a la Comisión de Energía.

Esta Presidencia declara un receso en nuestra sesión ordinaria para dar paso a la sesión solemne, que será presidida por la Senadora Vicepresidenta de esta Mesa Directiva, Mónica Fernández.

(Receso)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: (13:20 horas) Honorable Asamblea:

A fin de dar cumplimiento a los acuerdos de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política, aprobados el pasado 20 de septiembre, que establecen las comparecencias de servidores públicos y el formato para el Análisis del Sexto Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, este día recibimos la comparecencia del doctor Alfonso Navarrete Prida, Titular de la Secretaría de Gobernación, para analizar la política interior del país.

Con esta comparecencia concluiremos las previstas para realizarse ante el Pleno de esta Asamblea.

El acuerdo del 20 de septiembre dispone que las siguientes jornadas de Análisis del Informe Presidencial se realicen ante las comisiones de esta Cámara.

En el salón contiguo a este recinto, se encuentra el doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, por lo que solicito a las Senadoras y Senadores:

Cristóbal Arias Solís.

Nadia Navarro Acevedo.

Beatriz Paredes Rangel.

Alejandra del Carmen León Gastélum.

Rogelio Israel Zamora Guzmán.

Antonio García Conejo.

Eunice Renata Romo Molina.

Nestora Salgado García.

Imelda Castro Castro, acudan a recibirlo y lo acompañen a entrar a este Salón de Sesiones.

(La comisión cumple)

Se reanuda la sesión.

Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, sea bienvenido a esta comparecencia a la que se le convocó por motivo del Análisis del Sexto Informe de Gobierno que presentó el ciudadano Presidente de la República, el 1º de septiembre pasado.

Asiste usted en cumplimiento a la obligación establecida en el Segundo Párrafo del artículo 69, y de conformidad con el artículo 93, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como es de su conocimiento, el artículo 69 constitucional compromete a los servidores públicos que asisten en comparecencia a informar bajo protesta de decir verdad.

En consecuencia, procederé a tomarle la protesta correspondiente.

Solicito a la Asamblea ponerse de pie.

(Todos de pie)

Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, en los términos de lo dispuesto por los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, le pregunto:

“¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga ante esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras y los señores Senadores?”

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida: “¡Sí, protesto!”

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: De no cumplir con el compromiso que asume ante este Pleno, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar.

Pueden todos tomar asiento.

La comparecencia tendrá un formato que asegure a la participación de todos los grupos parlamentarios representados en esta Asamblea para formular preguntas.

Asimismo, el servidor público dispone de dos ocasiones para responder a las preguntas de las señoras y señores Senadores.

Previamente habrá una intervención inicial del doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, hasta por diez minutos.

Señor Secretario, tiene usted el uso de la palabra.

El Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, señoras Senadoras y Senadores de la República.

Señor Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Senado de la República.

Muy respetables, señoras y señores Senadores:

En cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acudo al Senado de la República para ampliar la información sobre las políticas, acciones y resultados en materia de política interior, de los que se ha dado cuenta en el Sexto Informe de Gobierno del Presidente de la República Enrique Peña Nieto.

Comparezco ante una Cámara de Senadores plural, producto de la elección más concurrida de la historia de nuestro país con la participación de más de 56 millones de mexicanos, una elección que, pese a su complejidad, con más de 18 mil cargos de elección en juego y cerca de 80 mil candidatos transcurrió en paz y demostró la madurez y la fortaleza de nuestras instituciones democráticas.

La jornada electoral del pasado 1º de julio es resultado de una reforma política surgida del diálogo y consenso entre las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión en el marco del Pacto por México, reforma que permitió por primera vez en la historia de México, tengamos prácticamente paridad de género en el Congreso de la Unión y en los congresos locales, que favoreció la equidad en las contiendas mediante la regulación de la propaganda de los partidos políticos, que fortaleció a la autoridad electoral al transformar al Instituto Federal Electoral en el Instituto Nacional Electoral, dotándole de mayores capacidades y a los institutos estatales en organismos públicos locales electorales que podrán ser apoyados para el desarrollo de sus procesos electorales, el INE.

Es en ese marco, el trabajo efectivo de presidentes municipales y legisladores que ahora puede ser evaluado, calificado y reconocido por la ciudadanía mediante la reelección.

La renovación de las Cámaras del Congreso de la Unión y de la titularidad del Poder Ejecutivo Federal de forma ordenada, fue también posible gracias al intenso diálogo con dirigentes de partidos, gobernadores, candidatos, líderes sociales y autoridades electorales para garantizar las condiciones de gobernabilidad necesarias para que se llevara a cabo con paz y con certeza.

Ese ha sido un objetivo prioritario de la política interior, que tengo el honor de encabezar, garantizar la gobernabilidad, la estabilidad política y paz social, tarea que corresponde a todos, a los poderes de la Unión, a los órdenes de gobierno y a la sociedad en su conjunto.

Este gobierno ha privilegiado, ante todo, la política, el diálogo y la construcción de acuerdos como la vía para la transformación del país.

Garantizar la gobernabilidad, la estabilidad política y la paz social es un asunto del Estado mexicano en su conjunto, exige seguir trabajando en corresponsabilidad, haciendo del diálogo la mejor herramienta para alcanzar acuerdos y superar retos por la vía de las instituciones que con el trabajo de muchas generaciones nos hemos dado los mexicanos es como hemos resuelto nuestros conflictos y nuestras diferencias.

Es a través de las instituciones que se han puesto en marcha políticas públicas que incluyen a la gente, que son transversales, que mejoran la vida de las familias mexicanas y se ha trabajado para fortalecer el Estado de derecho, aprovechando las capacidades y recursos a nuestro alcance para hacer frente a diversos desafíos, uno de ellos de enorme complejidad que es la seguridad nacional y la seguridad pública.

Es de reconocer que a pesar de intensos esfuerzos, los problemas en materia de seguridad pública siguen siendo enormes y que los niveles de violencia alcanzados en algunas regiones del país exigen reforzar acciones concretas para devolver niveles necesarios para la seguridad de las familias de nuestro país.

Se ha sido sensible al reclamo ciudadano de mayor seguridad y comprometidos a combatir la seguridad que nos preocupa y que nos ofende a todos los mexicanos.

La violencia tiene causas multifactoriales, muchas de ellas asociadas con algunos factores externos como la expansión de actividades ilícitas de los grupos delictivos vinculados con crimen trasnacional que aprovechan la porosidad de las fronteras y han sofisticado sus métodos sirviéndose de avances tecnológicos, lo que incrementa los retos y otros de carácter interno como son los procesos de urbanización del país, el cambio en su pirámide poblacional y la transición epidemiológica que experimenta nuestra sociedad desde hace ya algunas décadas. Ante ello, esta administración emprendió un esfuerzo sin precedente para fortalecer las instituciones de seguridad del Estado.

Se destinaron en esta administración 82 mil millones de pesos, es decir, casi un 25 % más recursos que en la administración inmediata anterior para las autoridades de seguridad locales, para el mejoramiento y modernización de instalaciones, además de la capacitación y dignificación de la policía federal.

Existe una enorme debilidad institucional que presentan algunas corporaciones de seguridad pública estatales y municipales.

Cuando uno de cada cuatro municipios del país no tiene capacidad de cumplir con la obligación constitucional de brindar seguridad pública al carecer de un cuerpo de policía, las tareas de seguridad han sido asumidas de manera subsidiaria y temporal por nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Federal. 

Soldados, marinos y policías federales han hecho su mayor esfuerzo con valentía, con lealtad, arriesgando su vida en auxilio de comunidades afectadas por la delincuencia. Para ellos el mayor reconocimiento del gobierno federal.

El profesionalismo, la dedicación de los integrantes de la Policía Federal ha sido patente en todo momento en que se ha solicitado y requerido de su ayuda en cualquier rincón del país.

La participación de fuerzas federales en materia de seguridad pública requiere, no obstante, una definición del marco legal para resolver el reto que representa la convivencia de soldados y de civiles en tareas de seguridad en tiempos de paz como lo establece la Constitución, siempre con irrestricto apego a los derechos humanos.

A nivel federal se realizaron acciones significativas de fortalecimiento institucional a través de la capacitación y la profesionalización de las corporaciones de seguridad federales, estatales y municipales.

Destaco, entre otras, la creación de la Coordinación Nacional Antisecuestro y el fortalecimiento de las unidades especializadas en el combate a este delito en las entidades federativas, para coordinar y dar seguimiento a las acciones y para hacer frente a este grave delito. Esto ha permitido, constatado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública reducir la incidencia del delito de secuestro en 54 % al comparar a agosto del 2018 contra el mes de octubre de 2013, cuando este delito alcanzó su máximo histórico.

También se puso en operación el número único de atención a llamadas de emergencia, el 911, que hoy tiene cobertura en todo el país, significó pasar de 600 números de emergencia que existían en el país a sólo uno, lo que ha facilitado su identificación nacional y mejorado operación y eficacia.

Se creó el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia que concentra la información y define estrategias, así como cinco centros regionales para mejorar el intercambio de datos, la coordinación y la implementación de soluciones locales.

Por otro lado, la Comisión Intersecretarial para Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia ha encabezado un esfuerzo nacional e internacional para construir una política intersectorial en la materia.

Se puso en marcha el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para complementar la estrategia de seguridad del gobierno federal. Este es el primer programa transversal a nivel nacional en el que de manera coordinada las dependencias federales y los gobiernos estatales participan en la reducción de factores de riesgo y a su vez en la creación de factores de protección para la población más vulnerable, sea a nivel primario o sea a nivel secundario en prevención social.

Además, a través del Programa Nacional de Prevención del Delito, el Pronapred, se destinaron 8 mil 500 millones de pesos a 121 polígonos de atención prioritaria en todo el país, con lo que se desarrollaron 13 mil acciones en materia preventiva.

En materia de protección civil se ha consolidado un gran sistema nacional donde hay protocolos, normas, sistemas de monitoreo y de comunicación de vanguardia que es reconocido a nivel internacional como un modelo a seguir.

Este sistema se puso a prueba en varios momentos con los huracanes INGRID Y MANUEL, en 2013; ODILE en 2014; y PATRICIA en 2015.

En 2017 con el mayor desafío que enfrentó esta administración, no sólo como gobierno, sino como país, fueron los sismos del 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca; y del 19 de septiembre en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Estado de México y nuevamente Oaxaca.

Frente a estos fenómenos de la naturaleza y sus consecuencias, especialmente en el caso de los sismos, el país pudo demostrar lo mucho que hemos avanzado en protección civil, en sistemas de monitoreo y de respuesta ante emergencias en más de 35 años.

Gracias a ello y a pesar de la magnitud destructiva de estos fenómenos, la lamentable pérdida de vidas no se dio en la proporción que podría haber sucedido, sin el avance que como país hemos logrado en materia de protección civil.

Ante estos hechos quedó demostrada nuevamente la unidad y solidaridad de los mexicanos, ya que juntos sociedad y gobierno pudimos superar la emergencia.

Asimismo, hemos impulsado una política de derechos humanos integral. Durante esta administración se amplió y fortaleció el entramado institucional para su protección, promoción y defensa, así lo acredita, entre otras cosas, la política nacional de igualdad implementada por esta administración que ha permitido avanzar en el ejercicio de los derechos de las mujeres, particularmente en el derecho a vivir una vida libre de violencia y sin discriminación por razones de género.

También la construcción de más de 30 centros de justicia para las mujeres, casi la totalidad de los 40 centros de justicia que existen en operación el día de hoy se construyó en esa administración y se puso en operación.

Muy importante ha sido de igual manera el avance en la atención y protección de los derechos de las víctimas, uno de los primeros compromisos cumplidos por el Presidente de la República fue la emisión de la Ley General de Víctimas que creó la Comisión Ejecutiva de Atención a las mismas.

Para mejorar la atención de las personas menores de edad, el Ejecutivo Federal presentó como Iniciativa Preferente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que fue aprobada por la LXII Legislatura, con lo que entró en operación todo un sistema nacional para su protección.

De especial relevancia fue la reforma al artículo constitucional, al artículo 123 que prohíbe el trabajo a menores de 15 años, y que permitió que México ratificara uno de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.

Asimismo, el año pasado con opinión y acompañamiento de los colectivos de familiares de personas desaparecidas se aprobó la Ley General en la materia de Desaparición Forzada de Personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Persona que mandata la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.

La cual ya está en funcionamiento y dando resultados.

A este marco jurídico se suma la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas aprobada el pasado mes de abril, la cual facilita gestiones y trámites diversos de familiares de personas desaparecidas a partir de una declaratoria que se hace en el nivel federal.

Se publicó en 2017 la Ley General para Prevenir y Sancionar la Tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes para investigar y perseguir de oficio este grave delito.

Se fortaleció la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas a través de la coordinación y colaboración entre dependencias federales, los poderes legislativo y judicial y los otros órdenes de gobierno, desde la cual se pusieron en marcha campañas para hacer visible y concientizar el hacer frente a este flagelo.

Para atender problemas y demandas de los pueblos y comunidades originarias del país, en 2013, se crea la Comisión para el diálogo con los pueblos indígenas de México, en ella se han celebrado más de mil 700 foros de consulta con comunidades indígenas de todo el país.

En esta administración se asumió la responsabilidad de concluir la fase de implementación y avanzar en la consolidación del Sistema Penal Acusatorio.

Para ello, este gobierno invirtió cerca de 18 mil millones de pesos, representó el 90 % del total de los recursos federales asignados al proceso desde su implementación que arrancó hace ya 10 años.

Mientras que en 2006 un procedimiento penal se resolvía en promedio en 263 días en el fuero federal y 185 días en el fuero común, actualmente, el 77 % de los procedimientos penales se resuelven en menos de 30 días y van directamente ante un juez.

Además, este nuevo sistema da privilegio a la reparación del daño a las víctimas, la protección de los derechos humanos y el principio de presunción de inocencia de las personas.

Sin embargo, este nuevo sistema de justicia presenta enormes desafíos en varios aspectos, con lo que se ha llamado la puerta giratoria, que deben, sin duda atenderse a la brevedad.

A todo esto, se suma la reducción del número de recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Administración Pública Federal.

Se redujo en un 14 % el número de recomendaciones respecto al sexenio pasado, menos del 1 % de las quejas derivan en recomendaciones, y las que lo han hecho se han aceptado en su totalidad y se han atendido, tan sólo este año se han atendido más de 30 recomendaciones y se espera cerrar con otro buen número.

En materia de migración, se ha desplegado una estrategia integral desde un enfoque de derechos humanos, para proteger a los mexicanos que viven en el exterior y vuelven al país, se fortaleció el programa “Paisano”, y para facilitar la reinserción social y económica de los mexicanos que retornan en forma definitiva se puso en marcha la estrategia “Somos mexicanos”.

Con estas acciones se ha dado apoyo a un millón de mexicanos desde 2014, de igual manera para garantizar los derechos y la dignidad de los migrantes que ingresan al país por nuestra frontera sur, se puso en marcha el programa “Frontera Sur” y se entregaron casi  90 mil tarjetas de visitante trabajador fronterizo y más de 500 mil tarjetas de visitante regional.

Esto, permite a los migrantes empoderarse frente a cualquier situación vejatoria que se les intente cometer, porque tienen un instrumento de identificación y de regularización, independientemente de su condición en el momento en el que están en el país.

Desde el 20 de junio pasado, la Secretaría de Gobernación expidió cerca de 100 mil CURPs a extranjeros solicitantes de residencia temporal, asilo o refugio humanitario, garantizando así su derecho a la identidad y el acceso a diversos trámites y servicios.

Por primera ocasión, contar con un documento de identificación que permite empoderar a esta población y evitar por sí mismo que se puedan cometer abusos en su perjuicio.

En conjunto, con estas acciones se ha trabajado con Guatemala, El Salvador y Honduras en la búsqueda de soluciones, desde la óptica del desarrollo de oportunidades, de capacitación en materia laboral y de ingreso a sus países.

Se está convencido que tendiendo puentes y abriendo nuestras puertas a quienes enfrentan amenazas y se encuentran vulnerables, México fortalece internamente y sienta la pauta para que otros países sigan su ejemplo.

Es así, como en la administración del Presidente Enrique Peña hemos trabajado en favor de México y los mexicanos.

El gobierno de la República escuchó reclamos, reconoció pendientes y ha aceptado errores.

Sin embargo es claro que los retos del país requieren corresponsabilidad y de un esfuerzo de Estado.

Reconocemos, reitero, que los retos son muchos e importantes, no obstante ello, este gobierno no deja ni crisis, ni política, ni económica, ni social, por el contrario, el Presidente de la República ha cumplido prácticamente con los compromisos que hizo a los mexicanos y con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Se alcanzaron cifras récord de inversión extranjera directa, 182 mil millones de dólares que representa 50 % más que en la pasada administración.

Se tendrá una cifra histórica de 4 millones de empleos formales, adicionales, con seguridad social al concluir la administración.

Se llevan 22 trimestres consecutivos de crecimiento económico sostenido, acumulando así un crecimiento 13 % mayor al registrado en la administración anterior que fue de 6.8 % y la antepasada que fue de 7.4 %.

Pasamos por ello del lugar 15 al 6 en visitantes extranjeros en sólo 6 años.

Se han otorgado más de 10 millones de créditos para la compra, construcción o mejora de vivienda, significa que uno de cada 3 créditos en la historia del Infonavit se entregó en esta administración.

Más de 2.2 millones de mexicanos superaron la condición de pobreza extrema en los primeros cuatro años de la administración.

6.2 millones de mexicanos más obtuvieron acceso al sistema de salud pública, los datos son del Inegi y del Coneval.

Se amplió la cobertura de la educación media superior de 66 a 84% y la educación superior de 32 a 38 % en estos seis años.

Se impulsó un desarrollo sostenible, promoviendo siete zonas económicas especiales para llevar inversión y empleo a comunidades con mayor rezago y se han establecido reservas ecológicas, entre ellas la del Parque Nacional de Revillagigedo y sus islas.

Todos estos y otros resultados son signos inequívocos que México ha avanzado con firmeza en seis años. No se puede escatimar, como no se puede tampoco disimular los retos que quedan por venir

A poco tiempo de que concluya el gobierno del Presidente Peña Nieto, hoy tenemos un país con gobernabilidad democrática, con instituciones fuertes, con una imagen internacional sólida, con finanzas sanas y con una economía estable.

Ahí están resultados que permiten poner en perspectiva que México aún tiene retos formidables en una sociedad dinámica como la nuestra, pero cuenta, sin duda, con significativos avances que dan certidumbre, confianza y estabilidad para seguir construyendo un México que todos deseamos.

Quedo respetuosamente atento a sus preguntas y cuestionamientos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Iniciamos la primera ronda de preguntas conforme lo establece el numeral 2 del Resolutivo Segundo del acuerdo aprobado.

En esta fase, los grupos parlamentarios tendrán cinco minutos para plantear su pregunta.

Al término de ellas el compareciente responderá en una sola exposición a cada una de ellas.

Asimismo, conforme a lo aprobado el pasado 20 de septiembre, el Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria tendrá una participación de cinco minutos, previa a la de los grupos parlamentarios.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el Senador Emilio Álvarez Icaza.

El Senador Emilio Álvarez Icaza Longoria: Buenas tardes.

Señor Secretario, bienvenido.

Junto con su equipo sean bienvenidos, un diálogo vital para la República.

Muchas gracias por su presencia.

Hace seis años, el 28 de mayo de 2012, en el Diálogo por la Paz de las Víctimas de las Violencias con la y los candidatos a la Presidencia de la República, mismo que voy a honrar parafraseando en distintas ocasiones.

Se hizo un primerísimo diagnóstico de lo que podría representar el entonces candidato, luego Presidente, Enrique Peña Nieto. Hoy prácticamente ex titular en funciones del Ejecutivo Federal.

La verdad de las cosas, Secretario, es que ese diagnóstico se cumplió.

Cito lo que se decía en ese momento: “se dijo que representaba el regreso al origen de la corrupción de las instituciones, que ya desbordadas desde entonces por todas partes y cuyo rostro no era sólo la violencia, el dolor, la impunidad y la guerra, sino la imposición de una Presidencia imperial de uso patrimonialista de la Nación y de la manipulación mediática frente a las legítimas protestas de la miseria y moral, la arrogancia y los intereses de los monopolios de comunicación”, Termino la cita.

Debo decir, Secretario, que sí hubo expectativas al inicio, la aprobación de la Ley de Víctimas, el Plan Nacional de Desarrollo, o incluso algunos programas sectoriales como, por ejemplo, el de la Prevención Social de la Violencia, que luego quedó sin recursos, o el de Derechos Humanos, son prueba de ello.

Pero también quiero decirle, señor Secretario, que su gobierno se traicionó a sí mismo.

Su gobierno se traicionó a sí mismo y a la confianza depositada.

A partir de la crisis ética, producto de esa naturaleza de este sistema que hoy usted está representando aquí, señor Secretario.

Y la verdad es que este sexenio tuvo un quebranto ético en dos de los ejes icónicos más importantes de la vida pública: derechos humanos y corrupción, ahí estuvo el quiebre que llevó a una caída precipitada en la confianza y en la credibilidad en este gobierno.

En materia de derechos humanos se presentaron violaciones gravísimas, citaré sólo la tardía y luego artificiosa respuesta en la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y múltiples casos más.

Y, por supuesto, se suma todo un raudal de violaciones graves de más de 37 mil personas desaparecidas, cientos de personas torturadas, también cientos de miles de personas desplazadas internamente que ni siquiera se reconoce o, por ejemplo, las más de 200 mil personas ejecutadas, y su espejo en personas sin identificar que llenan servicios forenses, tráiler o campos, fosas en cualquier lugar de la patria.

La verdad, señor Secretario, este sexenio deja una estela de violaciones a los derechos humanos, su insensibilidad ante la crisis humanitaria ha sido fábrica de víctimas y, además, se ha recrudecido en los pobres.

En materia de corrupción, que fue la otra gran crisis de este gobierno, la verdad es que la protección al sistema de corrupción, en el que incluso se ha presumido o se presume el directo involucramiento del titular del Ejecutivo, por ejemplo, en los casos de Grupo Higa, la Casa Blanca, Odebrecht, OHL, el socavón, la estafa maestra, y a saber cuántos más, según los informes que nos pueda presentar la Auditoría Superior de la Federación.

Este sexenio, señor Secretario, será recordado por los 43, por la Casa Blanca, pero, sobre todo, por dejar crecer las redes de Macrocriminalidad que han generado, sí, un sustento para un pacto de impunidad que mucho nos ha dañado.

La verdad es que terminamos en un estado de emergencia con un vacío donde el vacío del Estado es enorme.

Y la verdad difiero un poco lo que usted ha dicho, señor Secretario, su administración no escuchó el corazón dolido de la gente como lo demandaron las víctimas de la violencia, de la impunidad y de la corrupción, de la marginalidad y la pobreza en aquel 2012 y de manera subsecuente.

Quiero formularle cinco preguntas, señor Secretario:

1. ¿Qué tiene que pasar para que el gobierno que usted representa entienda que vivimos una emergencia nacional en materia de violaciones a los derechos humanos?

2. ¿Qué hará para que el mecanismo de defensa de personas defensoras y periodistas, radicado en su Secretaría, tenga los recursos suficientes para terminar el año y no dejar en la desprotección a más de las 700 personas defensoras que protege?

3. ¿Por qué al llegar a la Secretaría de Gobernación en lugar de fortalecer el nuevo Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes lo degradó restando la importancia, entre otras cosas, a la capacidad de interlocución con todas las instancias del Estado?

Esa decisión, señor Secretario, representa la más acabada expresión del interés inferior del niño y de la niña contrario a lo que dice la Convención.

4. ¿Qué esperan para detener a César Duarte, su palabra empeñada vale algo?

5. ¿Por qué en lugar de amenazar a los migrantes que vienen de Honduras no utiliza usted las facultades establecidas en la Ley de Migración, donde se cita al menos 19 veces el concepto humanitario o, por ejemplo, invocar la fracción III, artículo 37, inciso e), para otorgar visas humanitarias a quien viene viajando en una condición donde hoy hay más muertos por día en Centroamérica que cuando las guerras civiles?

Termino, Senador Presidente.

Es fundamental reconocer que hay una emergencia nacional, y ustedes entregan un país en emergencia nacional, y es vital también que el nuevo gobierno tenga absoluta claridad de ese contexto para el diseño de política pública, acciones gubernamentales porque si no el desencanto será mayor por la expectativa; pero tenemos que partir de asumir que hay una emergencia nacional.

Y por eso no hay que cometer el mismo error, señor Secretario.

La verdad es que en estos casos queda absolutamente necesario marcar ni perdón, ni olvido, sino exigir justicia.

Por su atención, muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.

Tiene el uso de la palabra la Senador Eunice Renata Romo Molina, del Partido Encuentro Social.

Adelante.

La Senadora Eunice Renata Romo Molina: Muchas gracias.

Compañeras, compañeros.

Con su venia, Presidente.

Señor Secretario Navarrete:

Como representante de la “Coalición Juntos Haremos Historia”, le doy a usted  y a su equipo de trabajo la más cordial de las bienvenidas al Senado de la República y a esta comparecencia.

Debo comentar que me fue complicado elegir uno de los temas sobre política interior.

Pero bueno, voy a iniciar con los temas que me parecieron importantes.

Para mí grupo parlamentario es difícil imaginar un México mejor, cuando la conducta imperante de este gobierno fue la de aprovechar los espacios del servicio público para impulsar intereses personales, especialmente cuando siendo de conocimiento popular los implicados en escándalos de corrupción no enfrentaron las consecuencias políticas y legales de sus actos.

Es verdad que a lo largo de este sexenio se trabajó con la sociedad civil y el congreso para construir un Sistema Nacional Anticorrupción y llevar a cabo reformas legales que permitan su correcto funcionamiento.

Pero de nada sirvió, pues el propio sistema enfrentó la resistencia de parte de los legisladores del partido en el poder, particularmente en los espacios de participación ciudadana.

Tanto así, que  a la fecha los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción siguen trabajando en oficinas prestadas y sin una remuneración definida, además se ha entorpecido el avance de la investigación sobre uno de los casos de corrupción más grandes e importantes en la historia de América Latina, el caso Odebrecht.

Esto se suma a los ya públicos e indignantes casos de abuso por parte de los ex gobernadores de Veracruz,  Chihuahua, Quintana Roo y recientemente Nayarit.

¿Cómo construir un país más equitativo, justo y próspero, cuando las responsabilidades de conducir la política pública del país utilizan sus propias responsabilidades para enriquecerse de manera personal o realizar aportes al margen de la ley para campañas políticas en todo el país?

Y la más clara muestre de ello, es la investigación periodística conocida como la “estafa maestra”, que muestra cómo desde diferentes Secretarías se aplicaron mecanismos de licitación con universidades públicas y empresas fantasmas para desviar recursos que deberían llegar a programas en pro del bienestar de los mexicanos.

En este sentido, señor Secretario, le pregunto: ¿Qué se hizo desde la Secretaría encargada de la política interior para enfrenta el grave problema de corrupción que afecta la gobernabilidad y legitimidad del gobierno que usted representa?

¿Qué hizo usted desde el ámbito de su competencia para denunciar y castigar las faltas y abusos cometidos a lo largo de este sexenio?

¿Cómo justifica, señor Secretario, que el legado de este gobierno sea uno de corrupción e impunidad?

Lamentablemente su responsabilidad por omisión ha ocasionado muchas heridas al país.

La Secretaría de Gobernación tampoco pudo cumplir con el objetivo de salvaguardar a la población y a sus bienes ante un desastre de origen natural.

Tan solo en la Ciudad de México, persisten 11 mil 495 damnificados.

Quisiera preguntarle: ¿Qué efecto tuvieron las estrategias del Gobierno Federal para la reconstrucción y reparación de las viviendas de las familias afectadas?

¿Cómo funcionó la propuesta del Presidente de armar tandas?

¿Qué seguimiento se le dio al Programa Nacional de Protección Civil 2014-2018?

Las preguntas van en el sentido de saber realmente la efectividad para salvaguardar la vida de la población, sus bienes y su entorno.

Me refiero a acciones efectivas como el número o porcentaje de programas de Protección Civil Estatales y Municipales, que incluyeron medidas de seguridad para asentamientos humanos ya establecidos en zonas de alto riesgo.

México es reconocido a nivel mundial por su legislación y experiencia en materia de Protección Civil, pero ese reconocimiento a la experiencia es debido a la memoria y a la solidaridad de su pueblo.

Como le comentaba, tengo varios temas por cuestionar, por preguntar, por saber, y no sólo yo, el pueblo de México. Pero hasta aquí sería la primera parte de mi intervención.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora.

Tiene el uso de la tribuna el Senador Juan Manuel Zepeda Hernández, del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias, Presidente.

Compañeros, compañeras Senadoras.

Secretario y al personal que lo acompaña.

Público asistente y medios de comunicación.

Cada seis años acudimos a un ritual,  a un ritual de esperanza, de ilusión, de mucha expectativa, de que cada gobierno entrante nos pueda traer a nuestro país seguridad, paz, armonía, combate frontal a la corrupción y a la impunidad, pero sobre todo, que tengamos justicia.

Y cada seis años acudimos a un ritual de desencanto, de decepción, porque los resultados no son los que cada gobierno en turno al inicio de su gestión le prometió a los mexicanos.

Así nos pasó hace seis años con este gobierno saliente, con unas altas expectativas de que en México cambiara esa cruda realidad que asola a lo largo y ancho a nuestro país. Pero también ocurrió hace 12 años, hace 18, hace 24.

Y estamos hace unos días de que nuevamente este ritual de esperanza empiece su ciclo.

Culpar a unos y culpar a otros es eludir responsabilidades.

¿Cómo llegamos a este momento donde México no tiene paz, no tiene seguridad y que no es difícil encontrar temas para posicionar hoy aquí en esta Glosa del Informe?

El gran déficit es el tema de la Seguridad.

Voy, señor Secretario, a leer una declaración de usted.

El martes 9 de octubre de este año, en la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, usted declaró: “Que hay 37 mil 485 personas desaparecidas y que seguramente es mucho más grande este número”.

Abundó: “Que se cuenta con 26 mil registros completos con identidad digital para su búsqueda y localización y sólo 17 mil 661 cuentan con ficha, con huella y con foto”.

Dijo  usted: Que sólo cinco mil 316 cadáveres han sido entregados gracias a este cotejo de registros biométricos”.

Esa es la realidad de México.

Seguramente, señor Secretario, estas más de 37 mil  personas desaparecidas no son durante este sexenio, hay que reconocerlo. Pero sí el gobierno en turno es responsable de encontrar la solución a este problema. Para eso fueron electos.

Un dato de este Sexto Informe, indica que: “Solamente en el año 2018 hubo 24 mil 206 homicidios registrados en todo el país”. Eso es una cifra escalofriante.

Recientemente en los medios de comunicación nos enteramos de algo gravísimo y que nos enteramos por los medios, pero esa es la realidad.

Entre enero y agosto de este año, en todo el país ha habido 554 feminicidios con el alto grado de violencia que ser personaliza en un feminicidio. Un crimen de odio contra las mujeres.

Aprovecho para exhortarlo, señor Secretario de Gobernación, porque muchos estados están solicitando la alerta de violencia de género en sus entidades. Eso seguramente me dirán que no resuelve el problema de los feminicidios, no, pero lo visibiliza para que podamos como gobierno y sociedad emprender acciones para que eso termine.

Ese dato, según el Inegi es brutal, de acuerdo a cifras del Inegi entre el 2007 y 2016 fueron localizados los cadáveres o restos de 22 mil 482 mujeres que fueron mutiladas, asfixiadas, ahogadas, ahorcadas, degolladas, quemadas, apuñaladas o baleadas. Tenemos que hacer algo, necesariamente.

Aquí entre nosotros está la Senadora Olga Sánchez Cordero y está el Senador Alfonso Durazo, a partir del primero de diciembre cada muerte que ocurra en México será responsabilidad de ustedes, pero también estas cifras serán responsabilidad de ustedes porque se van a tener que investigar y resolver estos casos.

Señor Secretario, no le voy a formular ninguna pregunta, porque el formato de estas comparecencias permiten cosas tan aberrantes, como cuando la Senadora María Antonia Cárdenas le preguntó al Secretario de Hacienda, que estaba bajo juramento, que si el salario mínimo le alcanzaba para comer, y rehusó contestar algo que es totalmente público o lo que ocurrió con el Secretario de Economía, ante la pregunta del Senador Víctor Fuentes, que declaró desafortunadamente que los pobres no comen gasolina, sino pollo, tortilla, etcétera.

Y, seguramente muchos Senadores y Senadoras preguntaron aquí en esta tribuna y el Secretario en turno vino a eludir con cifras, con estadísticas respuestas que son obvias y que son evidentes.

Quiero en esta última parte, yo solicitar a toda la Asamblea, señor Presidente de la Mesa Directiva que hagamos un minuto de silencio. Un minuto de silencio que no se interprete como un minuto de silencio de desencanto; de un minuto de silencio donde abdiquemos nuestro derecho a exigir justicia; que sea un minuto de silencio para que se escuche el clamor de estos familiares de  las víctimas por homicidios, por desapariciones, por feminicidios; que sea ese minuto de silencio la reflexión para que en los próximos seis años que entra este proyecto que inicia con ese ciclo de esperanza, entre todos los mexicanos podamos traerle a México la tan añorada paz y justicia que estamos buscando.

Señor Presidente, si puede solicitar un minuto de silencio.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Se ruega a todos ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio.

(Todos de pie)

(Se guarda un minuto de silencio)

El Senador Juan Manuel Zepeda Hernández: Gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pueden tomar asiento.

Gracias Senador.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora Verónica Noemí Camino Farjat, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

La Senadora Verónica Noemí Camino Farjat: Buenas tardes compañeras y compañeros.

Con el permiso del Presidente de la Mesa Directiva, agradecemos al doctor Navarrete Prida que esté aquí con nosotros, Secretario de Gobernación.

Quienes hicimos campaña durante el proceso electoral pasado, recorriendo casa por casa y cada uno de los municipios que integras nuestros estados, sabemos perfectamente lo que la gente requiere, lo que más le preocupa, y lo que esperan, por supuesto de nosotros, sus representantes populares.

Está claro que una de las demandas más sentidas de la población es tener mayor seguridad, garantizar el respeto a la persona, a nosotros, a nuestras personas, a nuestra gente, a nuestros bienes, y que en caso de cualquier ilícito el derecho sirva como la herramienta, así como la justicia para resarcir los daños y materializar una efectiva procuración e impartición de justicia.

Afortunadamente en mi estado, en Yucatán, en su capital Mérida, así como en la mayoría de sus municipios somos identificados como de los sitios más seguros del país por diversos estudios, como el Índice de Paz de México 2018, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, o la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del 2018, del Inegi.

Y quiero decirles que esto se debe a la gran voluntad de todos, y lo puedo decir en mayúsculas, de todos los órdenes de gobierno y de sus titulares.

¿Por qué?

Porque la voluntad se demuestra con las acciones, y Yucatán es el resultado de esa voluntad de todos los órdenes de gobierno.

Aquí aprovecho para agradecerle al Secretario el acompañamiento que nos dieron en Yucatán para cambiar, perfeccionar nuestra normativa para poder identificar y mejorar los protocolos tanto para el feminicidio que fueron parte de un tema de una alerta de género, que la verdad, llegó a muy buen fin también con el acompañamiento de muchas organizaciones de la sociedad civil.

Por otra parte, como Senadora y también como ciudadana mexicana no puedo ser indiferente a lo que nos sucede en otros estados, al flagelo de la inseguridad que influye en la tranquilidad de las personas y, por supuesto, de la capacidad que tenemos para desarrollarnos en toda plenitud.

Desde el inicio de este sexenio el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con la finalidad de desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública, integrarla a la Secretaría de Gobernación con el objetivo de dar cohesión a las acciones que en esta materia e incorporarla con un componente de política interior.

Aquí le reitero lo que dice también en pasadas intervenciones, con la Secretaría o sin la Secretaría estando coordinados o bajo un mando único la voluntad es lo único que nos llevará al éxito, de igual forma, insisto, es voluntad con responsabilidad.

Reconocemos desde el Partido Verde la labor valiente y leal de hombres y mujeres que sirven a nuestro país desde la Policía Federal, desde el Ejército, desde la Marina, los cuerpos de seguridad pública en los estados y también  en los municipios.

En este mismo sentido considero que una política integral debe considerar la perspectiva preventiva, que se enfoque no sólo en hacer frente a la violencia y la delincuencia, sino también a prevenir y a erradicar las causas que lo provocan y los factores que pudieran favorecerla y den pie a la delincuencia; que priorice la reconstrucción del tejido social y la generación de oportunidades laborales y de desarrollo para los jóvenes; que haga de la reconstrucción y recuperación de espacios públicos sanos el elemento fundamental para generar mejores condiciones de vida para las familias y las comunidades.

Es así que celebro que en el inicio de esta administración la prevención se convirtiera, por primera vez, en un componente clave de la estrategia de seguridad, y lo digo con toda convicción, porque fui la primera Directora del Centro de Prevención al Delito de mi estado, de Yucatán.

Por ello, señor Secretario, me extraña y preocupa que en los últimos dos años esta política de prevención fuera, de cierta forma, relegada, y no lo digo a propósito, pero parece relegada por este gobierno que la impulsó.

En los dos últimos años su presupuesto, prácticamente desapareció, y es ahí donde nos gustaría saber, a mí y a mi bancada. ¿Qué pasó con esa política de prevención?

Si bien es cierto que la Cámara de Diputados tiene una responsabilidad importante en esto, porque ahí donde se destinan los recursos, me atrevo a preguntar. ¿Si es un fracaso de la dependencia? Y si lo es así ¿Por qué falló?

¿En dónde quedaron esos millones de pesos, que señaló en su intervención, fueron destinados?

Y ¿qué seguimiento se le dio a esos recursos en los estados?

Por último, me gustaría saber su opinión sobre ¿si este programa debiera o no continuar? Y yo ruego porque su convicción sea que sí, y también del gobierno que entra. 

Desde el grupo parlamentario del Verde Ecologista, le agradezco sus respuestas y le reitero nuestro reconocimiento institucional por su apertura y también al diálogo.

Muchas gracias.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Gracias, Senadora.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, del Partido del Trabajo.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Con su venia, señor Presidente.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Primero que nada, agradecerles su solidad y su apoyo a todos y cada uno de ustedes por los hechos que acontecieron en mi familia la semana pasada.

Muchas gracias.

Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, sea usted bienvenido al Senado de la República.

No quiero generar un debate conceptual afirmando que los mexicanos vivimos en un Estado fallido por la ineficiencia que se ha tenido en el combate contra la delincuencia organizada y en los intentos para pacificar el país.

Tampoco, porque nuestras instituciones de seguridad pública y procuración de justicia han sido gravemente infiltradas y corrompidas por las bandas delictivas a las que ha sido imposible desarticular, ni siquiera por la existencia de cuerpos paramilitares y grupos de autodefensas en varias entidades de la federación como Morelos, Michoacán, Guerrero y Tabasco, por mencionar algunos ejemplos, ni porque cada vez son más frecuentes los casos de linchamiento y otras formas en los que los ciudadanos buscan hacer justicia por su propia mano, o por otros indicadores económicos y sociales que revela la desigualdad persistente en nuestra sociedad y una preocupante falta de oportunidades de desarrollo cultural, académico y material para millones de mexicanos.

 No, no voy a cuestionar si vivimos en un Estado fallido o frágil. Pero de lo que sí podemos estar seguros es que el gobierno encargado de conducir el Estado mexicano le ha fallado a los mexicanos, principalmente en materia de seguridad pública y la protección a los derechos humanos, porque durante el tiempo en que se desarrolle esta comparecencia en México, aproximadamente 17 personas sufrirán una muerte violenta; una va a ser secuestrada, 9 van a desaparecer, se cometerán 10 robos en unidades de transporte público y 53 en distintos negocios; 9 transeúntes serán asaltados, se detectarán 6 nuevas tomas clandestinas de hidrocarburos y cientos de mexicanos serán víctimas de uno de los mil 37 delitos de todo tipo que se cometerán en nuestro país durante estas horas.

Aunque en realidad la cifra es mucho mayor, ya que el 93 % de los delitos no se denuncias por la desconfianza que los ciudadanos sienten hacia las autoridades.

Al respecto, el Inegi estima que el año pasado, 25 millones de mexicanos de 18 años o más fueron víctimas de algún delito, denunciándose sólo el 7 % de ellos. Por eso no es ningún secreto que el Estado mexicano atraviesa una crisis de seguridad pública y derechos humanos que serán irresponsable negar, pues la política de  negación de la realidad bajo la cual se han conducido en las últimas administraciones, sólo ha contribuido a intensificar este problema y a reducir las posibilidades de solucionarlo.

Al respecto, desde aquí se reconoce que el propio Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha aceptado personalmente que las estrategias que se implementaron durante su administración para resolver esta crisis, no han dado los logros y los resultados que se trazaron, literal.

Es un pequeño eufemismo para aceptar un gigantesco fracaso, pero es un buen principio para que todas las fuerzas políticas lleguemos por común acuerdo a la conclusión de que la fuerza bruta, la arbitrariedad y la derrama de sangre no constituyen el camino que nos llevará a lograr la paz social que con tanto dolor esperamos todos los mexicanos.

En virtud de lo anterior, le pido a usted, señor Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sólo dos cosas en esta primera ronda:

Primero. Que exponga ante esta Cámara ¿cuáles son los motivos precisos por las que las acciones realizadas durante este sexenio para disminuir los índices de violencia y de incidencia delictiva, no fueron efectivas en vista de los más de 60 mil millones de pesos anuales que le fueron asignados a la Secretaría que dirige y a la gran estructura operativo con la que cuenta?

Segundo. Que nos indique ¿cuáles son los ajustes que considera que debieron de hacerse a estas acciones y por qué no se hicieron en su momento?

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Alejandra León Gastélum.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Indira Kempis Martínez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La Senadora Indira Kempis Martínez: Con el permiso de la Presidencia.

Buenas tardes a todos y todas.

Es innegable que hoy nuestro país vive una grave violencia y violaciones a los derechos humanos.

Tan sólo unas cifras de sangre: 110 mil homicidios, 15 mil feminicidios, 35 mil desaparecidos y desaparecidas duelen, porque no son cifras, tienen nombre, tienen familia.

Tenemos un sistema de justicia ineficaz que sigue perpetuando a la impunidad y un Sistema de Atención a Víctimas insuficiente que le sigue negando la verdad a millones de mexicanos y mexicanas.

Ante esta crisis, el Gobierno Federal decidió darle continuidad a una estrategia fallida de seguridad.

Las muestras, sólo en condición de la Ley de Seguridad Interior y la cancelación de la necesaria reforma para el fortalecimiento de las policías, a esto se suma el debilitamiento de las instituciones, principalmente las de seguridad y procuración de justicia, y el intento de imponer a un fiscal carnal, interviniendo para ese propósito en la vida e independencia del Poder Legislativo.

Por esto nos hacemos dos preguntas:

La primera. ¿A qué obedece que el Gobierno Federal le diera continuidad a una estrategia que no nos ha permitido alcanzar la paz mínima?

¿Por qué el gobierno federal decidió renunciar a su responsabilidad de Estado, de fortalecer y mejorar las policías y las instituciones civiles de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, cuando ésta es la tarea más importante que tenía en sus manos?

Segundo tema, la migración.

En esta materia organizaciones como Amnistía Internacional nos colocan en el mismo nivel que Estados Unidos.

Hace unos meses esta organización señaló que “México y los Estados Unidos continúan discutiendo formas de aumentar las detenciones y deportaciones de familias y personas que huyen de países golpeados por la violencia, como El Salvador, Nicaragua, Venezuela, Honduras”.

También Amnistía Internacional ha evidenciado que el gobierno mexicano no está cumpliendo con sus obligaciones establecidas en los tratados de derecho internacional que estipulan el pleno respeto de los derechos de las personas migrantes.

El Sexto Informe de Gobierno señala que se han llevado a cabo diferentes acciones de ayuda humanitaria; sin embargo, lo que también nos revela es la visión del Estado mexicano que tiene sobre los migrantes, ya que las acciones que presume se encuentran bajo el título de fortalecer la inteligencia del Estado mexicano para identificar, prevenir y contrarrestar riesgos y amenazas a la seguridad nacional, es decir, que nos hemos adoptado de la misma filosofía de Donald Trump que utiliza contra los mexicanos para discriminar y abusar de los migrantes en nuestro propio territorio nacional al considerarlos y considerarlas como amenazas.

Un claro ejemplo de esta política migratoria es como lo documentó la BBC que las autoridades migratorias mexicanas detuvieron a más de 138 mil menores migrantes durante la administración de Enrique Peña Nieto, 73 mil acompañados y 65 mil sin ninguna compañía, quienes fueron trasladados a alguna de las seis estaciones concentradoras donde en algunos casos fueron separados de sus padres y donde su estancia pudo alargarse durante meses, generando condiciones y consecuencias similares a la de los infantes migrantes en Estados Unidos.

No podemos dar lo que no tenemos.

La Secretaría de Gobernación, según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la instancia responsable de la política migratoria y, por lo tanto, la pregunta, la segunda pregunta es:

¿Con qué argumento podemos exigirle a Estados Unidos el respeto a los derechos de nuestros connacionales en ese país, si aquí actuamos con las mismas prácticas discriminatorias y violatorias de los derechos humanos de los migrantes?

Y, por último, una pregunta adicional que como saben me gusta hacerle a cada funcionario público y me la hago como Senadora.

¿Cómo evalúa Alfonso Navarrete su ética frente a los retos de su gestión?

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Indira Kempis.

Tiene el uso de la palabra el Senador Manuel Añorve Baños, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Manuel Añorve Baños: Con su venia, señor Presidente.

Señor Secretario, sea muy bienvenido a este recinto parlamentario y a este ejercicio de diálogo republicano.

Compañeras y compañeros Senadores:

Este año concluye un gobierno que se ha caracterizado por saber impulsar cambios y transformaciones de fondo, pero siempre manteniendo la gobernabilidad democrática.

Y me explico y me explico bien.

Este sexenio ha sido el primero desde la transición democrática en el que las fuerzas políticas se sentaron a la mesa y lograron ponerse de acuerdo en temas que iban más allá de lo electoral y que tenían que ver con lo que a la gente le interesa.

Desde la calidad de la educación de sus hijos, el acceso a créditos más baratos o el dejar de pagar larga distancia, roaming automático, hasta una mayor transparencia del manejo de los recursos públicos o una mejor justicia, sin dejar de mencionar a la reforma política, gracias a la cual prácticamente hay paridad de género en la integración de esta soberanía y, por supuesto, de este Senado de la República.

Todo lo anterior fue posible gracias a que desde un principio el gobierno entendió que no se trataba del logro de un partido, sino de un logro para el país y buscar los acuerdos y los consensos que los mexicanos requerían.

Fue así anteponiendo el interés general al interés de grupo como más allá de la competencia por el poder se pudo convocar al acuerdo entre quienes pensamos distintos.

Fue así con buena política como el gobierno dividido dejó de ser sinónimo de parálisis legislativa y comenzó a significar construcción desde la pluralidad.

Lo anterior fue posible porque en este gobierno se escucharon todas las voces y nadie fue excluido, y se hizo así porque partimos del principio de que las decisiones adquieren mayor legitimidad cuando todos participan.

También se trabajó de la mano no sólo con otras fuerzas políticas, sino con la sociedad, desde campesinos, estudiantes, empresarios, académicos, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil.

Por eso afirmamos que en los últimos casi seis años se ha actuado con altura de miras, manteniendo este gobierno un diálogo permanente con los municipios, con los gobiernos del Estado, con las legislaturas locales, con el Congreso de la Unión y con el Poder Judicial.

Y fue así como se articularon las políticas de Estado que México requiere, entendiendo que puede haber críticas en este país de libertades, pero nadie puede negar los avances en México.

Por ejemplo.

La transformación del Sistema de Justicia Penal, para avanzar decididamente en cerrarle el paso a la impunidad y pasar de juicios largos, opacos y costosos a juicios ágiles, transparentes y confiables, y esto debemos reconocerlo.

O a la articulación en materia de protección civil, una tarea sin duda prioritaria para un país como el nuestro que por su posición geográfica tiene que hacer frente a fenómenos naturales de gran intensidad y que Guerrero, Sinaloa, Chiapas, entre otros estados, son un ejemplo de lo que aquí expongo.

Lo mismo se puede decir respecto a los derechos humanos, y en particular a violaciones graves, como la desaparición forzada.

Hoy se cuentan con leyes e instancias en la materia que se construyeron de la mano de colectivos de víctimas, tomando en cuenta la experiencia de los estados y con el apoyo de expertos internacionales.

Y así podría seguir con una larga lista que va desde los grandes esfuerzos que se han hecho en materia de migración y población hasta lo relacionado con la seguridad.

Este último es un tema de gran preocupación para las y los mexicanos, y ante el cual nuestro país presenta desafíos. Desafíos que deben de afrontarse desde el trabajo conjunto, la coordinación y la corresponsabilidad, porque se trata de un asunto que es de Estado, no de gobierno.

Y es por eso que esta administración federal, por conducto de la Secretaría de Gobernación y el Gabinete de Seguridad, siempre brindó un apoyo absoluto a las entidades federativas por igual.

A pesar de lo anterior reconocemos que hay un camino por recorrer.

Es por ello, señor Secretario, que quiero preguntarle:

¿Dónde ve los principales retos en materia de seguridad y cuáles son las áreas prioritarias que debemos seguir atendiendo desde el Poder Legislativo, para seguir consolidando el Estado de derecho en todos los rincones del país?

Por su respuesta, muchas gracias, señor Secretario.

Felicidades por su trabajo.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Añorve Baños.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Nadia Navarro Acevedo, del Partido Acción Nacional.

La Senadora Nadia Navarro Acevedo: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Senadores.

Bienvenido, Secretario, Alfonso Navarrete Prida.

A nombre del grupo parlamentario del  Partido Acción Nacional expongo:

El Estado requiere de un gobierno que sea expresión auténtica de la colectividad, un ejercicio de autoridad que tenga como fin la realización del bien común, que implica la justicia y la seguridad y simultáneamente la defensa, el respeto, la protección de la persona y la promoción del bien colectivo.

En el Plan Nacional de Desarrollo, documento rector de esta administración, se estableció el objetivo de garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos.

Sin embargo en 2017, al presentar su informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, evidenció que en nuestro país aún tenemos muchas áreas de oportunidad.

De acuerdo con dicha comisión, la falta de cumplimiento y respeto a los derechos humanos, abarcó diferentes instituciones, entre 2012 y 2017 el organismo formuló un total de 284 recomendaciones, registró 274 expedientes de queja calificados como tortura, contabilizó 5 mil 86  por detención arbitraria, 195 por privación de la vida, 11 por ejecución sumaria o extrajudicial, así como 89 por desaparición forzada.

Señor Secretario, siendo los derechos humanos materia de la Secretaría que usted representa, es pertinente preguntar, ¿a qué atribuye usted los resultados mencionados en este informe?

¿Cuáles son las acciones y asignaturas pendientes  que debe desarrollar en esta materia la administración que usted representa?

Sin duda alguna, una pregunta obligada que tiene que ver con un tema que sigue lastimando a millones de familias mexicanas en nuestro país, tenemos que tocar.

No hace mucho fue noticia nacional lo acontecido en el estado de Jalisco, cuando para sorpresa de todos se anunció  que fueron localizados en contenedores de tráileres, cuerpos de personas que no habían sido identificados por el servicio médico forense y por consecuencia no habían sido reclamados por nadie.

Los hechos son ampliamente conocidos y no quisiera  repetir esta historia, pero hoy les pido que no pensemos en números, pensemos en personas, pensemos en familias, en madres y padres que hoy están buscando de manera incansable respuestas para su dolor.

Ante este lamentable escenario que no mira ni  clase social, ni condición económica, le pregunto, Secretario, qué acciones está realizando  hoy la Secretaría a su encargo para la localización y la identificación de las personas desaparecidas  y especialmente  para encontrar con vida a quienes sus familias han denunciado como desaparecidos.

De igual forma, la libertad de expresión es un derecho fundamental para la vida democrática de un país, la labor periodística tiene inmersa una función social que permite a los ciudadanos  accesar a la información y que lleva de manera intrínseca el ejercicio de un derecho.

Por ello, resulta indispensable garantizar la seguridad y la integridad de quienes ejercen esta profesión.

Desgraciadamente el escenario en nuestro país para este sector resulta desalentador, la organización, artículo 19 destaca la violencia contra la libertad de expresión en nuestro país.

Por su parte, la organización Reportero Sin Fronteras, en su clasificación mundial de la libertad de prensa, México aparece como uno de los países que representan mayor riesgo para ejercer esta profesión.

Señor Secretario, ¿qué acciones se han llevado a cabo para atender  esta grave problemática?

¿Cuáles son las acciones  pendientes para desarrollar en esta materia?

Por último, en materia de migración las políticas y acciones de la administración del Presidente Trump han estado provocando consecuencias graves para millones de familias migrantes y comunidades, los impactos incluyen largos períodos de detención, previa a la deportación, audiencia  ante jueces de migración sin contar con un abogado y deportaciones expeditas sin derecho de audiencia.

A nivel familiar, esto ha generado la separación de los migrantes indocumentados y sus cónyuges o hijos nacidos en Estados Unidos.

La era Trump ha provocado un clima de ansiedad y temor en las comunidades de migrantes, ante la posibilidad de ser aprehendidos o deportados.

Señor Secretario, termino.

¿Qué acciones están llevando a cabo el gobierno de México para proteger los derechos humanos de quienes son forzados a regresar a nuestro país?

¿Qué se está haciendo para lograr una reinserción exitosa de los mismos?

Respecto al flujo de migrantes procedentes de Centroamérica, ¿qué medidas está tomando la autoridad para respetar sus derechos humanos?

Por su respuesta y atención, muchas gracias, compañeros.

Es cuanto, Presidente.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.

Tiene ahora el uso de la tribuna para cerrar esta primera ronda de preguntas, el Senador Cristóbal Arias Solís, del grupo parlamentario de Morena.

El Senador Cristóbal Arias Solís: Muchas gracias, señor Presidente de la Mesa Directiva, con su permiso.

Señor Secretario de Gobernación, bienvenido a esta comparecencia.

Senadoras, Senadores:

Quiero empezar mi intervención recordando la pregunta que el periodista Santiago Zavala o Zavalita, como se le conocía, protagonista principal de la obra “Conversación en la Catedral” del Premio Nobel Mario Vargas Llosa, cuando pregunta, ¿en qué momento se jodió el Perú?

Así yo también retomo y pregunto, y cabe, señor Secretario, ¿en qué momento se jodió México?

¿En qué momento se jodió México en la política de seguridad que afecta y agrava a la gran mayoría de los mexicanos?

Siendo la esencia fundamental de cualquier Estado y de garantizar en los hechos  la integridad física ya patrimonial de los gobernadores por parte del gobierno, así como de su patrimonio, garantizar la paz y la tranquilidad pública, sin embargo, lamentablemente en nuestro país, durante varias décadas y en este sexenio, no ha ocurrido así.

Los propios  datos estadísticos que el Sistema Nacional de Seguridad Pública da a conocer cotidianamente, como usted y nosotros lo sabemos, apuntan a que no tan sólo fue posible en esta administración que termina, contener y mucho menos  disminuir la inseguridad y la violencia criminal, sino que se agudizó.

Quizás podría argumentarse en defensa de esta política en materia de seguridad y de procuración de justicia que se hizo lo posible, porque es herencia de otros gobiernos, pero eso no lo justifica.

Sigue siendo noticia diaria que ofende, que causa llanto, dolor y sufrimiento, la alta tasa de homicidios, de feminicidios, de desaparición forzada de personas, de secuestros, de extorsiones, de violación a los derechos humanos, de impunidad y de corrupción en los cuerpos policiales, lo que pone en evidencia la falta o el fracaso del modelo y de la estrategia en materia de seguridad y de procuración  de  justicia en nuestro país.

Cabría también preguntar que como parte de esa herencia que se deja a nuestro país y al próximo gobierno, ¿cómo quedará, cómo queda, por ejemplo, el caso Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, las masacres en Apatzingán, en Tanhuato?

Queda en la impunidad, como en mi caso que soy representante del estado de Michoacán, que forma parte del Pacto Federal, parte integrante de la Federación, el excesivo y, a mi juicio, irregular nombramiento que hizo el titular del Poder Ejecutivo Federal a un paisano suyo, del Presidente; Alfredo Castillo, como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del Estado, que ni nos dejó en absoluta seguridad y mucho menos, habría que entender en qué consiste, mucho menos el desarrollo integral del Estado.

Creo que lo que estamos recibiendo de herencia los mexicanos, señor Secretario, lamentablemente es el fracaso de una política en materia de seguridad y no únicamente de seguridad pública, sino también de seguridad interior que ha rayado peligrosamente en la seguridad nacional, que ha puesto en riesgo por las amenazas y hechos reales de la delincuencia organizada, ha desafiado a las instituciones y a los elementos constitutivos del Estado mexicano llevándolo a aquello que los estudiosos de las ciencias políticas llaman Estado fallido o, por lo menos, gobiernos fallidos.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador.

Señor Secretario de Gobernación, de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del Resolutivo Segundo del acuerdo aprobado por esta Asamblea, le solicito haga uso de la tribuna para responder a los planteamientos que se han expuesto.

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida: De nuevo muchas gracias a todas las Senadoras y los Senadores por permitirme acudir a este diálogo republicano que está enmarcado en nuestra Constitución General de la República.

Quisiera brevemente dar respuestas a algunos cuestionamientos serios, documentados que he recibido, y con esa misma seriedad poder dar y aportar la información con la que cuenta el Gobierno de la República.

Algunas cuestiones son de diálogo republicano sobre el tema del reconocimiento de una crisis nacional.

Desde el Gobierno de la República no se puede reconocer, afirmar, o siquiera suponer que existe una crisis nacional.

Tenemos un país con problemas, con muchísimos problemas, con retos formidables hacia adelante y con un enorme esfuerzo de millones de mexicanos que pensar o suponer que están en crisis es menospreciar su esfuerzo de organizaciones civiles, de instituciones, de cientos de corporaciones, de sistema de salud, de sistema educativo, de sistema de protección civil, que le han costado transversalmente al país muchos lustros de esfuerzo y que, desde luego, hay retos formidables que hay que analizar, críticamente hay que reconocer qué es lo que no está funcionando o qué pudo haber sucedido o qué pudo hacerse cambiado y debe de cambiarse y hacia dónde tenemos que poner el énfasis.

Uno de ellos, desde luego, tiene que ver con la impunidad, y mientras no se resuelva ese tema con claridad, con independencia, con certeza hacia la gente no puede haber seguridad y mucho menos pensar que se resuelven temas como corrupción, parte de la naturaleza humana, que si no hay sanción es una provocación a la repetición de acciones.

Yo no entraría a la calificación de casos concretos, si algo aprendí en mi paso por instancias de procuración de justicia es que un procurador o un ex procurador no especula, si afirma es porque prueba, y si no solicita y exige con claridad que se actúe en los órganos de procuración de justicia, que para eso existen.

En relación al tema de protección a periodistas, que sí es un tema que preocupa porque amenaza una de nuestras libertades fundamentales, que es la seguridad de las personas y, la otra, la capacidad para ser libre y expresar lo que uno cree.

Desde el inicio de operaciones del mecanismo de protección de periodistas, en octubre del 2012 al 31 de agosto de 2018, 900 personas se han incorporado al mecanismo de protección federal; 542 defensoras de derechos humanos y 448 periodistas.

De ahí se han otorgado 365 medidas de protección en materia de infraestructura para la protección y 2 mil 995 acciones de coordinación.

Este año, 2018, es el año en que se ha dotado del mayor monto de recursos para el mecanismo de protección de periodistas, que es 200 millones de pesos y fue insuficiente, y se tendrá que reponer ese fideicomiso que existe, ese fondo, en esta semana una vez que sea reabierto el sistema en Hacienda y no está en riesgo la continuidad de los recursos para apoyo a este importante programa que representa mucho para todos.

En relación a César Duarte y algunos otros casos donde autoridades estatales han estado involucradas en asuntos que tienen que ver con procuración de justicia y persecución de delitos.

De las 15 órdenes de aprehensión que se han solicitado para la extradición de César Duarte, 10 órdenes del fuero común fueron entregadas en 2017 por el gobierno de Chihuahua, se han entregado ya en este momento más de 12 solicitudes de extradición.

Los delitos por los que se ha acusado al ex gobernador, César Duarte, son delitos que por la propia ley son delitos no graves; es decir, si fuese resultado de enfrentar un procedimiento penal lo podría enfrentar en libertad.

¿Qué significa?

Que la tramitación que está obligada la Federación para entregar una solicitud de extradición al Departamento de Estado Norteamericano pasa por un principio de equivalencia de qué tipo de delito es, y sobre eso la calificación se hace y se sigue el procedimiento, no es una detención inmediata con fin de extradición porque el propio delito por el cual se le acusa en la instancia, en el estado de origen, es un delito no grave.

¿Qué le corresponde al Departamento de Estado Norteamericano? Procesarlo.

Ahí está y creo que debemos de hacer un esfuerzo para transparentar más esta información y que pueda, sobre todo, a la sociedad de Chihuahua dejar constancia clara de qué está ocurriendo en este caso en particular.

Los mecanismos y el Sistema de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes no está degradado, es un órgano desconcentrado que tiene capacidad de actuación autónoma, la propia naturaleza de los órganos desconcentrados en materia administrativa están hechos para que funcionen con el apoyo que requiera de la autoridad central, pero para que no se subordinen y esperen que en todo  momento sea la autoridad superior la que determine qué tiene que hacer.

Ese mecanismo funciona, se está trabajando en él y ahí se publica periódicamente lo que se está haciendo, junto con otras medidas transversales.

¿Qué sucede con el tema de los migrantes? Y es un tema que se ha repetido constantemente en las respetuosas y amables preguntas que han formulado.

Existe nuestra legislación que tiene que ver con una Ley General de Población.

Esta Ley General de Población establece requisitos para el otorgamiento de visas humanitarias, que no necesitan visa, así lo señala la ley, aquellos extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: Que sean solicitantes de condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor.

No existe connacional hondureño que se encuentre en esta condición.

La expresión sobre la solicitud ha sido para una caravana migrante y el gobierno de México está siendo claro en esta situación, que no engañen a la población migrante o sea utilizada con fines que no tienen que ver con la propia migración, por las características que sea.

El ir y adentrarse en una caravana, sin recursos, sin documentación, con menores no acompañados o con menores acompañados en condición de vulnerabilidad, es un enorme riesgo. Más cuando tenemos los países del triángulo norte de Centroamérica y México, la misma posición de respeto a los derechos humanos de los migrantes, frente a actitudes que se pueden interpretar como xenófobas por parte del vecino norteamericano y que tienen aplicación de sus leyes, hay respeto a esa aplicación y no significa que no haya condena a los resultados de esa política que es separación de familias.

Eso es lo que se ha estado encargando de decir y de señalar el  gobierno mexicano constantemente, de que venir a un país sin la documentación necesaria,  siendo objeto de un movimiento que no tiene como una finalidad específica la migración, sino la propia caravana en condición de vulnerabilidad, sí es un riesgo para la población y se tiene que advertir y cuando entran a territorio nacional gozan de las garantías que da nuestra Constitución, con todos los problemas que eso significa, en el transcurso y recorrido, sea en tren, sea en camión, sea por tierra, para poder otorgar alimento, las casa de refugio, la vigilancia respectiva, el diálogo con los líderes y no ha habido una sola que no haya llegado a su destino, muchos de ellos Tijuana o Tamaulipas, con muchas vejaciones.

Quiero dejar firme la posición del gobierno de México, de un rechazo absoluto a cualquier posición xenófoba, que pretenda separar a familias así sea en la aplicación  de  la ley de un país  si ésta no se apega al respeto de derechos humanos. Y menos, separar familias.

El gobierno mexicano actuará, en consecuencia, en esta circunstancia.

Sobre el tema de ese Informe y la política que se debe seguir y se ha seguido en materia de derechos humanos, no es una política que haya comenzado en este sexenio.

En el año 2011, la Sexagésima Tercera Legislatura aprobó la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos más importante que se ha dado en el país en los últimos 20 años.

Lo sé porque la bancada a la que orgullosamente pertenecí, que es la del Partido Revolucionario Institucional, la apoyó, la impulsó y la hizo vigente y posible.

Su servidor era Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Esa política de derechos humanos que implicó la construcción de distintos ordenamientos normativos en legislación secundaria, hoy se empieza apenas a aplicar.

Sólo en materia de desapariciones forzadas o desapariciones por particulares, la legislación fue promulgada apenas este año, el 16 de enero y tiene que empezarse a aplicar transversalmente porque es la construcción de sistemas que se tienen que hacer y de comisiones intersecretariales, tanto en la Federación, como en los estados.

De todos los casos que en este momento se presentan de investigación y de auditoría, lo que diría con claridad es: Esperemos el resultado de la auditoria y de lo que ella concluya, sin satanizar, lucrar o tratar de dar una opinión por más de buena fe que se tenga sobre un caso que pueda molestar, herir o indignar, si no se cuenta con las definiciones y las pruebas correspondientes.

Sé que la Senadora Eunice Renata ha dejado claramente señalado que quedan varias preguntas por responder, que no alcanzaba por tiempo.

Y con mucho gusto, tal como lo establecen también los Reglamentos, las Reglas, las Prácticas Parlamentarias y la Constitución, si las formulan y nos las hacen llegar, de inmediato, a través de la Mesa Directiva, que es el conducto que se tiene que seguir, daremos respuesta a ellas de forma puntual.

Con respecto al paisano, Senador, don Juan Zepeda, lo que el martes 9 de octubre su servidor declaró, es un hecho importante, trascedente de lo que implica un primer esfuerzo en un tema muy doloroso, que es el tema de las desapariciones forzosas y el no encontrar a familiares desaparecidos desde hace lustros.

El esfuerzo consistió en lo siguiente y el coordinador de la bancada a la cual pertenece el Senador lo sabe y lo conoce muy bien, porque él fue promotor de un sistema similar y la presentación de una iniciativa apenas la semana pasada al respecto.

La ley se aprobó el 16 de enero, se tuvo que esperar un tiempo a que el Senado de la República aprobara quién era el Comisionado encargado de búsqueda de personas.

De ahí la ley, la misma ley señala que a través de una amplia consulta debía constituirse el Consejo Técnico, eso tomó por lo menos otro mes más y de ahí empezar a establecer los mecanismos de funcionamiento.

En lo que se ha trabajado es primero tener un Registro Nacional de Personas que se hayan denunciado como desaparecidas y que la ley no distingue entre ausentes, que pueden ser voluntariamente o desaparecidos de manera forzosa.

El número que se dio de 37 mil y un poco más, tiene que ver con lo que dice la ley. Contar por primera vez con un registro y de ahí tener que empezar a depurar datos ya con nombre y apellido.

Y es un esfuerzo que se tiene que hacer.

En los colectivos de persona desaparecidas y en las familias, lo que encontramos son historias de dolor, no encontramos necesariamente un argumento racional, porque no tendrían por qué tenerlo. Es una exigencia y un reclamo y no concibo cómo puede haber un dolor más grande que el que no sepa una mamá o un papá dónde quedó su hijo, independientemente de la causa por la cual haya desaparecido.

Lo que se ha hecho con cuidado es ver de todos los Semefos que tienen una forma de registrar huellas dactilares, que tiene que ser de impresión, compararlos con las demás bases de datos y plataformas que tenemos para buscar coincidencias.

En el Semefo se encuentra un desconocido aparentemente y se inicia una carpeta de investigación.

Lo que se tiene en el ámbito civil de registros civiles y en el ámbito federal de licencias o la plataforma que tenemos para poder corroborar datos, tiene un sistema distinto que es de huella rodada, no compatible. Había que buscarse hacer compatible los dos sistemas.

Eso fue lo que arrojó 26 mil coincidencias, 16 mil que se podía iniciar  ya un proceso muy serio de identificación.  Y ahí agradezco el invaluable apoyo del INE, que sí tiene un sistema y una plataforma de huellas dactilares, con foto y con nombre.

Esas arrojaron cuatro mil 500 personas ya con nombre y fotografía que puede ser dado a conocer a los familiares, qué ha pasado o dónde está su familiar que se había señalado como desaparecido.

Se pidió que se hiciera un doble chequeo.

¿Por qué?

Porque poder que el INE, la credencial de elector, por alguna razón no coincida y sería un doble dolor asegurar una afirmación de algo que al final puede no resultar cierto.

El dato que se tiene en este tiempo son 350 personas, 300 de ellas con más de diez años de haberse denunciado desaparecidos.

Es un primer esfuerzo, ¿insuficiente?, absolutamente; es un tema de lustros, pero sí se tiene un camino que se puede seguir y se puede complementar con registros biométricos con el mismo sistema que se está conformando, y que ahora permite tener en ausencias, no desapariciones forzosas, un registro para personas con vida, que pueden estar en refugios, en asilos, en hospitales o haber desaparecido voluntariamente.

Y que se pueda también tener la capacidad para informarle a las familias dónde está la persona, a eso se refiere esta nota que se dio a conocer el 9 de octubre, y que es un esfuerzo que, en mi opinión deberíamos de continuar porque ahí detrás de esto hay actos de justicia, no completa, seguiría la persecución de delitos en el caso de asesinatos; sí el mínimo necesario para saber y darle respuesta a familias que tienen todo el derecho a exigir qué ha pasado con sus familiares.

A la Senadora del Partido Verde.

El tema de las estructuras administrativas, y si debe ser una Secretaría la que se encargue de los temas de seguridad o depender de una Secretaría de Estado, es un tema que a este país le ha costado debates de muchos años, y no del México reciente.

Simplemente en el inicio del México del siglo XX el Procurador General de la República pertenecía y participaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La policía estaba adscrita el Poder Judicial, por eso se le llama policía judicial, se le quedó el nombre.

La ubicación de si existe una Secretaría de Seguridad Pública, si existe una agencia, si existe un organismo desconcentrado es un tema que se ha discutido mucho, importa el resultado de que efectivamente se cubran niveles de seguridad adecuados.

¿Qué ha sucedido?

En treinta años partidos políticos nacionales, desde luego, ahora uno que empieza en funciones en el estado de Morelos, y a nivel federal con el nuevo gobierno que entrará en vigencia a partir del primero de diciembre, pero prácticamente todos los partidos del espectro político nacional, sin excepción han sido gobierno.

Y, no ha habido un solo partido en gobierno que haya podido darle una respuesta definitiva al tema de la seguridad pública.

¿Hacia dónde creo que debemos encaminar el esfuerzo, y qué sí se ha hecho bien?

Hoy tenemos policías con plataforma, hoy tenemos policías en algunas entidades y en la Federación con sistemas, con servicio civil de carrera, con metodología y con protocolos de investigación, con capacitación constante, con capacidad para tener un avance en la vida y promociones que tiene que ver más con el mérito que con el amigo, con sistemas que abandonan un sistema de caudillos y de comandantes a un sistema de instituciones que puedan dar respuesta. Esta parte hay que conservarla.

Se ha pensado que es el sistema de justicia, no porque no necesite perfeccionarse, se han invertido ocho años en un sistema alternativo de justicia penal, 82 mil millones de pesos, y el sistema arroja enormes retos como la puerta giratoria, donde el catálogo de delitos hace que una persona que traiga armas salga de la misma manera en que entró rápidamente, y no existe un solo gobernador, uno solo que no haya señalado y solicitado que se hagan ajustes a la legislación.

En mi opinión, porque esa fue la pregunta, se tiene que concentrar el esfuerzo en el modelo de investigación policial.

En este país cuya pirámide y embudo determina impunidad, donde el 20 % de delitos se denuncian, donde el 10 % la mitad, del 50 % de esos delitos llegan a un proceso penal y donde al final solamente hay cinco sentencias condenatorias, de cien conductas delictivas es una apuesta la impunidad.

Cambiar una de las  válvulas del sistema, hacerlo más ágil, poner prisión preventiva de oficio significa atrofiar otras válvulas del sistema, como era la sobrepoblación carcelaria.

Y lo que era un problema de sobrepoblación carcelaria, hoy se convierte en un tema de que se tienen una mayoría de espacios penitenciarios que se tiene que volver a reconsiderar qué hacer con esos centros penitenciarios o hacia dónde conducirse, como está pasando en algunas entidades.

El tema doloroso del proceso de justicia es que los que llegan a proceso en un modelo de reacción policíaca donde solamente se persigue o se detiene en flagrancia hace que el juez, lo que tenga en sus manos en el momento mejor de los casos que llega a sentencia es una sola conducta delictiva, es primodelincuente, y por lo tanto se le impone una pena mínima, aunque haya cometido 80 conductas, que no están registradas, y el país pelea por aumentar las penas máximas, ya vamos en penas de 140 años, porque la Constitución prohíbe la cadena perpetua, que no se aplica; el     98 % de las sentencias en México  se aplica la pena mínima, y ahí entra el beneficio preliberacional, y el delincuente vuelve a salir. No es un temor la cárcel.

Si el modelo e investigación policíaca no cambia a poder concatenar conductas compartimentadas y la detención de organizaciones criminales con varios hechos delictivos por más sistemas orales, no orales, escritos, aumento de penas no va a funcionar. Y es una tarea pendiente de todos, sin tratar de señalar culpas o errores, así está el sistema.

En materia de prevención de la delincuencia sí hubo una disminución de recursos a uno de los programas. La disminución no obedeció a un capricho, de parte de la autoridad del Ejecutivo Federal; obedeció a una decisión de que ante la caída de materias primas en los años pasados, que significó una caída contundente del precio del petróleo, la opción que se tomó no fue generar más impuestos o deudas, sino disminuir el gasto público, y esto constituyó más de tres puntos del PIB, que lo hizo el gobierno federal, sin detrimento del presupuesto de los estados, y significa, en palabras llanas priorizar.

Y los programas de prevención de la delincuencia no solamente están en este programa que disminuyó y no se perdió, se otorgaron 300 millones de pesos por año, sino se fortalecieron otros programas transversales que permiten seguir atacando el tema de la prevención primaria de la delincuencia que es con parques públicos, con labores educativas, la Ciudad de México lo hace, y lo hace además muy bien, y poner mayor énfasis en la prevención secundaria, que es la persecución inicial de la comisión de delitos y en la capacitación de la policía de proximidad. Los resultados son insuficientes, pero no por una desaparición de un programa o un menosprecio, sino por razones que están documentadas y existen el por qué.

Sí duele, a la Senadora Kempis, de Movimiento Ciudadano, sí duele, y duele en la cifra de personas desaparecidas.

Detrás de cada historia de un desaparecido es una historia de dolor, de exigencia, y es real.

La pregunta, es, por qué siguió una estrategia fallida, no es un tema de estrategia fallida, es un tema de indefinición de una política nacional que no ha quedado clara en décadas.

¿Cuál es el modelo de policía que tiene que tener el nivel municipal y el nivel estatal?

Y se lleva discutiendo en esto en el Congreso de la Unión más de ocho años, sin que pueda haber una definición como tal.

La debilidad institucional donde el 25 % de  los municipios de México o no tienen policía o no tienen armas, o no están ni siquiera evaluados inicialmente, y los salarios son salarios muy pequeños, dan una idea de la complejidad del problema.

El tema de la violencia y de los homicidios violentos que también se tocó aquí, el 50 % de los homicidios violentos se da en el 2% de los municipios del país, en 57.

Ahí debemos concentrar mucho de la estrategia en este fenómeno, y por otro lado, desde hace 30 años, todos los gobiernos, sin excepción, recurrieron al auxilio de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, particularmente de seguridad pública.

Y la convivencia de fueros, como señalaba al inicio de la presentación, de fuero castrense y de fuero civil en tiempos de paz, en un problema tan complejo como la delincuencia, generar enormes riesgos, inclusive de violación a derechos humanos o de violencia en sí mismo por ausencia de protocolos y de legislación, lo que está analizando la Corte, independientemente de la posición que se adopte con respecto a la Constitución, que será precisamente que digan que es constitucional y no, es de la mayor trascendencia hacia la gente.

¿Hasta dónde el fuero castrense tiene capacidad constitucional para apoyar las tareas de seguridad pública? Y ¿Hasta dónde no? y ¿Bajo qué protocolos?

Sé que preguntó, hizo una pregunta importante, además, sobre la ética dentro de los cargos.

Yo sostengo esto, y no lo sostengo yo, lo decía Aristóteles: “El mínimo ético que existe es la ley”, y ese es el que tenemos que cumplir todos, independientemente de lo que uno piense o no.

No hablamos nunca de detenidos, por cierto, en materia de migración, se habla de gente rescatada; y sí se habla de detenidos en el tráfico de personas, en la trata de personas, en la explotación que se hace de las mismas y de la población vulnerable migrante.

En el Poder Legislativo, al Senador Añorve, y creo que ya hablé sobre los retos que veo en materia de seguridad, ojalá sirvan como una opinión, tienen que definirse decisiones legislativas de la mayor importancia sobre lo que va a venir en los próximos meses sobre la propia estrategia de seguridad.

Los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Nochixtlán, Oxchuc, tienen que ser resueltos claramente conforme a la ley.

Aquí volvería a repetir, como ex procurador y persona dedicada a estos temas: “No se vale especular”, que se den las instancias que la ley permita y se llegue a la conclusiones que el expediente soporte con claridad y a la verdad, a la legal y a la real, y en eso, sin duda alguna, cuentan con el apoyo de esta Secretaría y del Gobierno Federal.

Creo que son todas las preguntas que se me han formulado, y quedo atentamente a la siguiente ronda de preguntas y cuestionamientos de parte de ustedes.

Muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, doctor Alfonso Navarrete Prida.

Como lo señala el numeral 4 del Resolutivo Segundo del acuerdo aprobado, iniciamos la segunda ronda de preguntas, para lo cual tiene el uso de la tribuna la Senadora Katya Ávila Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, hasta por cinco minutos.

La Senadora Katy Elizabeth Ávila Vázquez: Bienvenido nuevamente, señor Secretario.

Con su venia, Senador Presidente.

Senadoras y Senadores:

Otro de los temas pendientes de este gobierno es la deuda con las mujeres. En lo que va de este año se han registrado nueve asesinatos contra mujeres por día, cifra que supera los ya gravísimos siete asesinatos diarios contabilizados en los últimos tres años de gobierno en el territorio nacional.

La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia faculta a la Secretaría de Gobernación para operar los mecanismos dirigidos a erradicar la violencia feminicida, y nada de lo mandatado ha sido debidamente implementado.

Se han activado 15 alertas de género en el territorio nacional, y desde su activación, la violencia no disminuye, por el contrario, va en aumento, y para muestra basta un botón.

El Estado de México lanzó la alerta de género en 2015, y para 2017 el número de feminicidios había aumentado en un 33 %.

Es obvio que la alerta de género no está funcionando, y el problema no es su diseño, sino porque, como ya han apuntado diversas organizaciones de la sociedad civil faltan recursos, atención, voluntad política y seguimiento por parte de las entidades de gobierno responsables.

Otros encargos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Secretaría de Gobernación, son el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres. En ambos casos, observamos una implementación tardía y una conveniente mesura en la publicación de datos.

Por lo anterior, me atrevo a plantear dos preguntas: El seguimiento que se ha dado a las alertas de género ¿Ha dado alguna luz para resolver el alarmante problema de seguridad que vivimos las mujeres en México?

El Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres ¿cuenta ya con datos suficientes para implementar política pública dirigida a erradicar la violencia contra las mujeres?

La realidad concreta, es que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó 8 mil 904 asesinatos de mujeres entre 2014 y 2017, sólo el 24 % fueron investigados como feminicidios por omisión del Gobierno Federal.

En ese sentido, le hago una tercera pregunta, señor Secretario.

Además de la invisibilización ¿qué acciones llevaron a cabo, usted y su predecesor?

Es claro que en materia de feminicidios la omisión, simulación e ineficacia son el sello de la administración del Presidente Peña Nieto y su gabinete.

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.

Para continuar, tiene el uso de la tribuna el Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa: Muy buenas tardes a mis compañeras y compañeros Senadores.

Gracias, Presidente.

Señor Secretario, sea usted muy bienvenido al Senado de la República y, déjeme iniciar mencionando algo que usted ya apuntó, precisamente la fecha de publicación de esta importante ley en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares, y del Sistema Nacional de Búsqueda.

Me ha quedado ya, digamos, despejada alguna parte de lo que pensaba yo abordar en esta intervención.

Es decir, advierto que usted señala y reconoce la eficacia de este sistema, de lo que acabamos de plantear, como bien también señaló en una iniciativa del grupo parlamentario del PRD, que agradecí en su momento el apoyo de mis compañeras y compañeros Senadores.

Es decir, cambiar el protocolo para poder localizar a las personas que están con ese carácter de no identificadas, para poder lograr la identificación de ese número, muy amplio, muy grande de personas que llegan a los servicios médicos forenses, a los institutos forenses.

Y a propósito de eso, yo quisiera preguntarle algunas cosas. ¿Qué se está haciendo y en qué paró Plataforma México?

¿Cómo interviene?

¿Si interviene Plataforma México? porque fue un programa, que pude conocer de manera personal, y unas instalaciones que pude conocer de manera personal, que son de última tecnología, al menos hasta esas fechas que yo las pude conocer.

Y me imagino que Plataforma México pudiera ser una respuesta muy importante.

Entonces, si en esto, porque hemos planteado ya la Iniciativa y queremos seguirla impulsando, se puede contar con Plataforma México.

¿Qué va a ser de Plataforma México, esta inversión importantísima del gobierno de nuestro país, y que debe de estar al servicio de esto que es el tema de la seguridad, porque hoy el derrotero es poder sumar a la ciencia, a la tecnología en el combate al delito, entonces, cuál es, si es que tiene una participación Plataforma México?

También preguntarle a usted.

¿Qué se está haciendo con los servicios médicos forenses?

Yo creo que muchos de mis compañeros y compañeras aquí de los estados de la República no me dejarán mentir. Hay lugares en donde las necropsias se realizaron o se realizan en las funerarias.

¿Cómo vamos a tener datos científicos con estas prácticas difícilmente si no invertimos en los institutos forenses o en los servicios médicos forenses?

¿Qué es lo que está planteando este gobierno, el gobierno que usted representa, en materia de presupuesto, porque será una responsabilidad, hasta donde hemos escuchado, en los medios de comunicación compartida?

Y ahí déjenme cerrar esta idea.

Presupuesto para prevención.

A mí me tocó, como Jefe de Gobierno, que tuviéramos un recorte importantísimo en materia de presupuesto que le pedimos a la Secretaría de Hacienda que no se hiciera, y nos dejaron con presupuesto cero para prevención.

¿Qué se va a hacer?

¿Qué se va a plantear en materia de prevención?

¿Qué se va a plantear para cumplir con las medidas precautorias, porque tenemos que utilizar los brazaletes, y es un sistema por demás caro?

¿Cómo se va a plantear el nuevo esquema de presupuesto para la seguridad en nuestro país?

¿Qué es lo que se ha platicado ahí?

¿Y qué se va a hacer con los municipios en donde no hay policía hoy? Porque hablamos de modernizar la policía, pero ni siquiera se tiene policía.

Y el número usted lo tendrá mejor que yo, y quizá no lo puede aclarar, porque hablamos de 600, 500 ó 400 cuando menos municipios que hoy no tienen policía.

¿Entonces, Secretario, cuál es la perspectiva en materia de presupuesto para poder tener claridad?

¿Qué nos espera en materia de seguridad para el próximo ejercicio de gobierno con los recursos que se requieren para poder tener una implementación exitosa de las políticas públicas de combate a la delincuencia?

Por su respuesta, muchísimas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Mancera.

Se concede ahora el uso de la palabra al Senador Raúl Bolaños Cacho Cué, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

El Senador Raúl Bolaños Cacho Cué: Con su venia, señor Presidente.

Señor Secretario, Navarrete Prida, sea usted bienvenido a esta soberanía.

Compañeras y compañeros legisladores:

El día de hoy damos cuenta de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto en materia de política interior.

Y hablar de política interior es hablar de poder garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de una nación, para la cual es imperante tener una estrecha coordinación entre todas las dependencias de la administración pública en los tres niveles de gobierno: federal, local y municipal. Así como una comunicación fluida con los sectores sociales, públicos y privados, es decir, se requiere hacer política y buena política.

Política para atender puentes.

Política para poner el poder al servicio de la gente.

Y es de reconocerse la conducción política de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto que hizo del diálogo permanente el mejor método para construir los acuerdos.

Quedarán, sin duda, grabadas numerosas críticas a la presente administración. Críticas que vale la pena resaltar siempre fueron acompañadas por una franca tolerancia de este gobierno.

Pero así también quedarán grabados episodios de franca apertura al diálogo, episodios que permitieron construir el Pacto por México que trajo consigo una serie de reformas que eran sumamente necesarias para el momento que vivía nuestra nación.

Momentos quedarán grabados también en los cuales, incluso, el propio Secretario de Gobernación se reunió personalmente con distintos grupos sociales, con líderes estudiantes, con líderes magisteriales, siempre demostrando la apertura al diálogo como una de las piezas fundamentales para ejercer la política de manera positiva en un país tan plural y con profundas desigualdades como lo es México.

Y déjeme decir a título personal que también quedará grabada en la memoria de muchos mexicanos, y sobre todo de mis paisanos oaxaqueños, la oportuna intervención de las autoridades en materia de protección civil para atender las contingencias que desgraciadamente sucedieron durante esta administración por fenómenos naturales en nuestro país.

Todo esto fue clave para garantizar la gobernabilidad de este país durante seis años, un país que vale la pena mencionar vivió la fiesta de la democracia más grande de su historia este 1° de julio.

Pero si bien celebramos la apertura al diálogo y la voluntad de conciliación, no podemos perder la capacidad de autocrítica para ver en dónde nos quedamos cortos y qué problemas le siguen aquejando a la nación.

Y me viene a la memoria lo que mencionaba aquel gran Secretario de Gobernación, don Jesús Reyes Heroles, que es precisamente por la existencia de los problemas que los hombres nos vemos obligados a hacer política.

Y no podemos dejar pasar que uno de los problemas más grandes de nuestro país es en el rubro de seguridad, máxime cuando vemos que el 93 % de los crímenes no son si quiera denunciados o que las autoridades no inician una averiguación previa, o que ni siquiera se abre una carpeta de investigación.

Esperamos todos los mexicanos que el próximo gobierno de la mano con cada uno de los legisladores, independiente de nuestra afiliación partidista, redobles esfuerzos para poder garantizar que cada uno de nuestros hijos pueda desenvolverse en un entorno de paz y de tranquilidad.

En mi carácter de oaxaqueño no puedo dejar pasar una gran preocupación de mis paisanos, todos aquellos que se vieron afectados durante los trágicos sismos del año pasado en su patrimonio, al día de hoy la incertidumbre les invade cada día más con el proceso de reconstrucción.

Y hay un tema poco debatido pero que vale la pena mencionar y que nos preocupa mucho en la bancada del Partido Verde. Actualmente en nuestro país nacen alrededor de 400 mil hijos al año de adolescentes entre los 10 y 19 años. Decía hace unos días el Secretario de Salud, el doctor José Narro, que solamente en 2017 más de 9 mil niños eran hijos de mujeres de entre 10 y 14 años, truncando así con el futuro y la vida de estos adolescentes.

Por eso, señor Secretario, quisiera nos pudiera contestar las siguientes tres preguntas.

¿Cuál es su opinión sobre las omisiones y áreas de oportunidad para mejorar la seguridad en nuestro país en el corto y mediano plazo?

¿Cuál es el avance en el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos del año pasado y cuánto tiempo habrá que esperar para concluirlo?

Y tercero.

¿Qué acciones ha emprendido de gobierno de la República para prevenir el embarazo adolescente y cuáles son sus resultados?

Es cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Bolaños Cacho.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, a nombre de la bancada del Partido del Trabajo.

La Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum: Con su venia, señor Presidente.

Compañeras Senadoras y Senadores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, bienvenido al Senado de la República.

Los números no mienten y por ello desafortunadamente en el tema que hoy nos ocupa no podemos decir que ha habido avances, sino más bien retrocesos, pues ya a punto de terminar la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, lamentablemente se registraron más de 100 mil homicidios dolosos, un poco más de los registrados durante el sexenio de Felipe Calderón, y sumando el número de los casos registrados de este delito durante ambos períodos, tenemos que la ola de violencia que ha azotado a México en los últimos doce años, ya ha cobrado más de 200 mil vidas.

Sí, más de 200 mil vidas, ha sido el costo humano de combatir la delincuencia  de manera necia y negligente, ya que creer que la inseguridad en la que vivimos es un problema que se puede resolver a fuerza de balas, ha llevado a este gobierno a repetir los mismos errores  del anterior.

Abandonar el camino de la prevención del delito y a reconocer muy tarde y de manera casi indirecta que la política de seguridad no iba ni va por un buen camino, porque además de las muerte asociadas al enfrentamiento  entre grupos de la delincuencia organizada, México tiene cosas, más cosas que lamentarse, como el hecho  de que entre el 2012 y el 2018 hubo más de 10 mil  898 secuestros reportados de acuerdo con  la organización  Alto al Secuestro, lo que evidencia que la protección a la seguridad física y la libertad personal de miles de mexicanos es un derecho que le está siendo vulnerado y cuya garantía se está convirtiendo en una imperiosa necesidad que el Estado está siendo incapaz de satisfacer y que ahora depende de las posibilidades económicas, particulares  que tiene cada individuo para protegerse a sí mismo y a los suyos.

Por otro lado, desde el 2006, en nuestro país  se han registrado más de 35 mil personas como desaparecidas y lo más preocupante de esta cifra es que distintas organizaciones  defensoras de los derechos humanos, señalan que un número aún indeterminado   de ellas están involucradas diversas autoridades, en otras palabras, la desaparición forzada es una práctica real cometida por agentes del Estado mexicano al amparo de la ilegalidad y la impunidad que protege a quienes abusan  del poder depositado en sus manos y los mantiene alejados del castigo, haciendo de la justicia una aspiración inalcanzable para las víctimas y sus familias.

Además, otra dolorosa realidad es que en México, casi 400 mil personas son víctimas de algún tipo de trata, ya sea con fines de explotación sexual, laboral o para la extracción de órganos.

Esto de acuerdo con organizaciones especializadas en la materia, como la comisión “Unidos contra la Trata”  y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Siendo entre el 80 y el 84 % de las víctimas mujeres y niñas, por lo que deshonrosamente nuestro país ocupa el 5º lugar a nivel mundial en este delito, de acuerdo con el propio Comisionado Nacional de Seguridad, así que desafortunadamente esta batalla también se perdió y México sigue siendo un país de origen tránsito y destino de miles de personas condenadas a la esclavitud del siglo XXI.

Por lo expuesto anteriormente, no se pretende hacer una simple e infructífera distribución de culpas y reproches, todo lo contrario, lo que se busca es discutir con la mayor claridad posible  el panorama delictivo al que nos enfrentamos y que pone riesgo la gobernabilidad de nuestro país, pues como ya nos hemos dado cuenta, el narcotráfico no es el único gran problema que tenemos que resolver en vista de que el impacto de la violencia y la delincuencia se deja sentir en todas las esferas de la vida nacional.

Recordemos que de septiembre del 2017 a agosto del presente año, lo que reporta la consultora de Telec, se registraron   850 agresiones contra políticos en todo el país, de las cuales 175 terminaron en la muerte de algún candidato o un puesto de elección popular o la de un gobernante electo.

A esto hay que agregar también que desde el año 2000, 116 periodistas han sido asesinados y que desde el 12017 a la fecha van más de 700 agresiones reportadas contra los miembros de este gremio, razón por la cual hoy en día, México es uno de los países más peligrosos del  mundo para ejercer el periodismo y la política.

Por ello, en vista del riesgo que enfrenta la gobernabilidad democrática y la libertad de expresión ante la amenaza del poder de la delincuencia organizada y las violaciones cometidas al Estado de derecho por las propias autoridades, es que vemos con preocupación el saldo que este gobierno deja en materia de seguridad y defensa de los derechos humanos, por lo cual el 75.9 % de los mexicanos vive sintiéndose inseguros en sus ciudades, según el Inegi.

Ya para concluir, sólo me queda hacerle una pregunta, señor Secretario, por qué después de 6 años de experiencia previa y casi otros 6 de gobierno aún seguimos defendiendo principalmente de nuestras  Fuerzas Armadas para hacer frente a la delincuencia organizada y seguimos sin contar con instituciones civiles de seguridad pública capaces de enfrentar y resolver este problema a pesar de los recursos destinados a este objetivo.

En otras palabras, qué es lo que ha fallado al respecto  para que injustamente nuestros militares y marinos sigan realizando tareas que no les corresponde de acuerdo a la naturaleza de sus funciones.

Es cuanto.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora.

Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora Verónica Delgadillo García, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. 

La Senadora Verónica Delgadillo García: Con el permiso de la Presidencia.

Señoras Senadoras y señores Senadores, señor Secretario:

Los momentos finales de cualquier gobierno son un gran momento para hacer una reflexión y sin duda ver los aciertos, pero también los errores, por dos razones, porque nos permiten saber y entender la realidad que vivimos y también nos permite tener claridad de los errores que no queremos que se vuelvan a repetir.

En este sentido, señor Secretario hoy tenemos mucho que decir, porque si México brilló en algo, en este sexenio fue en la ausencia de una política interior, que pudiera hacer frente a todos y cada uno de los desafíos que se presentaban en nuestro país todos los días.

Este gobierno tuvo una tentación centralista que quedó muy clara con la creación de una súper-Secretaría para poder manejar el gobierno sin pesos ni contrapesos, que se manejaba bajo un lema que nos llevaría a México, que movería a México en la dirección correcta.

Hoy como saldo de este sexenio le puedo decir que sí, efectivamente movieron a México, pero no fue en la dirección correcta.

Hoy tenemos que decirlo con todas y cada una de sus letras, la seguridad, la justicia, el respeto a los derechos humanos fue un fracaso de este sexenio y también ha sido un fracaso de esta década.

Tristemente no hemos hecho lo que se tenía que hacer en temas de seguridad, porque ahí se dijo que se iba a cambiar todo, pero se cambió para dejarlo igual, continuamos con una política de seguridad fallida que sólo ha traído más dolor, más inseguridad y menos paz a todos los mexicanos, y no lo digo yo, lo dicen los más de 112 mil homicidios dolosos que han sucedido en este sexenio hasta julio pasado, simplemente agosto fue el mes más violento en muchísimos años, nada más  y nada menos con 2 mil 861 homicidios, cuatro asesinatos por hora.

Mire, este país se ha convertido en un país de desaparecidos, porque  en los dos primeros años de este sexenio, cada día desaparecían 13 personas, 40 % de ellos jóvenes ahí, incluidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa que nos siguen haciendo falta.

También en este país hay más de 37 mil familias que todos los días buscan a sus seres queridos, que fueron desaparecidos, que se les llevaron con vida y que no han regresado.

Por cierto, en un momento le voy a entregar el Registro Nacional de Datos de Persona extraviadas y desaparecidas.

Le entrego el registro de los 37 mil, esperando que los puedan atender a ellos y a sus familias.

Lamentablemente en México ser mujer también es un gran peligro, porque en lo que va de este sexenio se han asesinado a 16 mil 340 mujeres y sólo el 30 % han sido reconocidas  como, investigadas como feminicidios.

Pero, mire, los feminicidios son la expresión máxima de una cadena de violencia que las mujeres experimentamos de muchísimas formas, hay millones de mujeres en este país que son víctimas de trata, casi el 80 % de ellas son utilizadas para la explotación sexual, y la gran mayoría de ellas son niñas.

Una de cada cuatro niñas en nuestro país se casan siendo menores de edad y con eso se ven vulnerados sus derechos y su crecimiento y desarrollo.

Miren, este sexenio ha permitido una serie de sucesos realmente grotescos y vergonzosos. Un ejemplo es lo que pasó hace unas semanas cuando en Jalisco y en diferentes estados de la República circulaban tráiler con cadáveres, imagínense lo que eso refleja, la profunda descomposición que vive en nuestro país, que nos dolió a muchísimos mexicanos.

Por eso yo le puedo decir, señor Secretario, que este gobierno no entendió o no quiso entender que la seguridad, la inseguridad y la violencia no se combaten con más violencia, se combaten con oportunidades, con empleo, con educación, con un salario digno.

Por eso, señor Presidente, hoy le quiero preguntar lo siguiente:

¿Por qué este gobierno decidió hacer una política de seguridad fallida a pesar de que muchas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales se manifestaron en contra?

¿Por qué, señor Secretario, por qué intentaron o cuáles fueron los intereses para intentar imponer un Fiscal carnal?

Señor Secretario, ¿de qué han servido los 400 millones de pesos destinado a la búsqueda de las personas desaparecidas?, ¿cómo han apoyado a sus familias?, ¿qué harán para traer justicia y verdad a esas 37 mil familias?

Yo le pregunto, señor Secretario, ¿si usted fuera mujer caminaría tranquilo por las calles, por el transporte público, realmente podría circular por todo lo ancho de este país sintiéndose seguro?

Y le quiero decir otra cosa para terminar.

También nos queda claro que en este gobierno sus prioridades no fueron las prioridades de la gente y al parecer tampoco fueron las prioridades de esta Cámara de Senadores, le voy a poner un ejemplo.

Hace unos días fue aprobado por unanimidad de este Pleno un acuerdo de urgente y obvia resolución para que fuera enviado a la Corte Penal Internacional de La Haya sobre los delitos de lesa humanidad en los que está involucrado Javier Duarte.

¿Por qué si fue recibido por su oficina el 28 de septiembre, hoy que nuestro compañero Samuel está ahí defendiendo la voz de los Senadores en La Haya no les ha llegado la notificación, ni siquiera les llegó el acuerdo que, como le digo, era de urgente y obvia resolución, el primero que aprobamos por unanimidad de este Pleno?

Yo sólo quiero decirles, para terminar, que así como inicié, que este ejercicio nos tiene que permitir reflexionar sobre los errores, yo invito a la mayoría de Morena y al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que no nos sigamos equivocando de camino, que si queremos echar abajo la Ley de Seguridad Interior, que si queremos tener una Comisión de la Verdad, si queremos cumplir con todos los mexicanos aquí están los votos de Movimiento Ciudadano.

Es cuanto.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Delgadillo.

Tiene ahora el uso de la tribuna el Senador Eruviel Ávila Villegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El Senador Eruviel Ávila Villegas: Con su anuencia, señor Presidente.

Muy buenas tardes tengan todas, todos ustedes.

Quiero, primeramente, darle la más cordial de las bienvenidas a mi paisano y amigo, el Secretario de Gobernación, licenciado Navarrete Prida.

Bienvenido a esta Cámara de Senadores y el grupo parlamentario del PRI, su partido, le da mucho que esté en este día rindiendo cuentas.

Las Senadoras, los Senadores del PRI lo recibimos conscientes, señor Secretario, de los grandes retos que enfrenta aún nuestro país, pero también con la claridad que son muchos los avances alcanzados.

Yo respeto, desde luego, los comentarios de mis compañeras, compañeros Senadores, Senadoras, todos merecen respeto, pero, desde luego, que ha habido avances muy importantes que debemos destacar.

No estoy de acuerdo con aquellas voces que dicen que en estos últimos seis años no se avanzó nada, como tampoco estoy de acuerdo con aquellas voces que dicen “que todo está resuelto”, “que todo se entrega al cien por ciento”.

Yo quiero detenerme un momento en el tema de seguridad, ya mi compañero Añorve refería el tema, pero es importante destacar que en materia de seguridad pública si bien el gobierno federal ha sido y es responsable, también son los otros órdenes de gobierno, los ejecutivos estatales, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, no lo digo yo, está muy claro y plasmado en el artículo 21 de nuestra Carta Magna.

Por eso hace un momento cuando se refería al caso de Michoacán vale la pena referir que en enero de 2014, cuando el Presidente de la República, el Presidente Peña Nieto, decide de manera responsable enviar a funcionarios públicos del gobierno federal para apoyar a este gran estado, a petición del gobernante local en turno, era por la serie de problemas muy serios en materia de seguridad.

Michoacán vivió prácticamente secuestrado por este delincuente, por todos conocido, creo yo, denominado, conocido como “La Tuta”.

Tengo yo presente, les comparto compañeras y compañeros, que en el Consejo Nacional de Seguridad, del cual sesionamos seis años autoridades federales, estatales, hasta municipales también había representación desde luego, siempre había solicitudes de gobiernos locales al Gobierno de la República y particularmente a la Secretaría de Gobernación.

Hoy quiero destacar que esta petición, esta solicitud de apoyo de gobiernos locales al gobierno federal, a las Fuerzas Armadas, fue de diferentes gobernadores, de diferentes partidos políticos que no viene, creo yo, ese momento al caso citar cuáles sí y cuáles no.

Lo que sí puedo decir es que en esos consejos nacionales de seguridad siempre existió reconocimiento, gratitud de estos gobiernos locales de diferentes partidos al gobierno federal y a las Fuerzas Armadas.

¿Que falta por hacer? Sí, falta mucho por hacer, desde luego, y estoy cierto que si todos ponemos de nuestra parte, hacemos la parte que nos corresponde, asumimos todos nuestra responsabilidad vamos a logarlo.

Y quiero, si me permiten en estos ya muy poco minutos que me quedan, hacer referencia, señor Secretario de Gobernación, a diferentes acciones que fueron muy importantes y que impulsó la Secretaría en los últimos seis años, la Secretaría de Gobernación y usted en lo particular Secretario Navarrete Prida.

Quiero destacar la importancia que le dio la Secretaría de Gobernación a la política de población.

Quiero destacar que en estos últimos años se interconectaron los registros civiles haciendo más práctica la forma de expedir las actas de nacimiento solamente con un clic evitando ir a otros estados por su acta de nacimiento.

Quiero destacar y reconocer que este sistema les permitió a muchas personas poder tener acceso a programas sociales o también programas de seguridad social.

Quiero destacar y reconocer ese programa que impulsó la Secretaría de Gobernación con la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas para que también se pudiesen emitir estas actas en lenguas originarias, reconociendo, sí, a nuestras diferentes etnias de nuestro país.

Y aquí también dejo claro el compromiso y la preocupación del grupo parlamentario del PRI para decirles a mis diferentes compañeras y compañeros, que también nos ocupa el programa en materia para prevenir el embarazo adolescente.

Hubo logros importante, que de hecho no existían, se implementaron en esta administración, pero también es importante reconocer que falta mucho por hacer.

Y me concentro, Presidente, si me permite, ya en tres preguntas muy, pero muy concretas al señor Secretario de Gobernación.

Primero. ¿Qué acciones, señor Secretario, podría emprender México para coadyuvar a que la migración proveniente de la frontera sur disminuya de intensidad y se realice siempre de manera segura, de manera ordenada, con estricto apego a los derechos humanos?
Que es lo más importante.

Segundo. ¿Qué medidas han impulsado para garantizar que se respeten los derechos humanos en nuestros connacionales que son retornados en la frontera norte, ya sea por diferentes circunstancias legales o provocadas por el gobierno del país del norte?

Y, por último. ¿Qué se ha hecho y qué debemos hacer, la autoridad especialmente, la autoridad federal, para que nunca más suceda un operativo como el que conocemos, como el “Rápido y Furioso”, para evitar el ingreso de armas por la frontera norte y que se siga atentando contra la inseguridad de los mexicanos y de las mexicanas?

Por su respuesta, muchas gracias.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador Eruviel Ávila.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez: Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores.

Señor Secretario de Gobernación.

Una de las funciones fundamentales del Estado, es precisamente proporcionar seguridad y protección a las personas, su familia y su patrimonio.

El Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración, propuso mejorar las condiciones de seguridad y justicia en nuestro país.

Desgraciadamente, el país atraviesa por una grave crisis de violencia, con cifras históricas en distintos delitos como son los homicidios dolosos, secuestros, robo de combustible, narcotráfico, entre otros.

En el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que se requiere una instancia especializada para atender el tema de la seguridad.

Consideramos que es momento de que el Estado asuma ante la sociedad una de sus más importantes obligaciones que es la de brindad seguridad a partir de un enfoque que priorice la prevención de la violencia y la delincuencia, redefiniendo la actuación para atender en forma prioritaria los delitos que más lastiman a la sociedad.

Las Senadoras y los Senadores de Acción Nacional, hemos propuesto separar las funciones de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, creando una nueva Secretaría en la materia, pero con un enfoque ciudadano.

Proponemos una nueva política de seguridad, bajo los siguientes ejes: Protección de las personas, garantizar los derechos humanos, fortalecer la participación ciudadana.

Diversos sectores de la sociedad han propuesto éste y otros modelos de operación en la materia.

El gobierno electo ha informado que propone separar de igual manera las funciones de la Secretaría de Gobernación a su cargo, para crear una nueva Secretaria de Seguridad.

Señor Secretario, habiendo usted ejercicio el cargo bajo el esquema actual, ¿Cuál es su balance y opinión al respecto?
¿Qué acciones considera tienen que reforzarse para obtener mejores resultados?

¿Con los elementos comentados, cómo considera debe funcionar la organización en materia de seguridad? 

¿Considera adecuado e esquema actual o estaría de acuerdo en las propuestas de separación de funciones de Seguridad Pública ya comentadas?

En Acción Nacional consideramos necesario fortalecer el modelo de la policía actual, para que la sociedad recupere la confianza en su actuación.

Por ello, consideramos oportuno y adecuado insistir en nuestra propuesta de construir un mando mixto policial, cuya premisa fundamental sea el principio de subsidiaridad.

Subsidiaridad que es complementariedad y ayuda escalonada.

La ayuda debe prestarse cuando sea necesario en la medida de lo necesario y durante el tiempo necesario.

Se deben fortalecer las instituciones en todos los niveles de gobierno.

Nuestra propuesta busca preservar las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno, siempre y cuando satisfagan estándares que aseguren un buen funcionamiento, así como diseñar mecanismos de intervención, sustitución y colaboración subsidiaria en las instituciones de Seguridad Pública de los distintos órdenes de gobierno cuando sea necesaria.

Esta propuesta encontró eco en el Senado en la pasada Legislatura, pero fue detenida en la Cámara de Diputados por falta de consenso.

Públicamente en aquel entonces el Gobierno Federal manifestó su preferencia hacia el modelo del Mando Único Policiaco.

Señor Secretario, ¿cuál es su opinión respecto de ambos modelos? ¿Cuál considera usted el adecuado para atender el problema de seguridad en los años venideros?

En otro orden de ideas, una de las funciones que hoy en día tiene la Secretaría de Gobernación, es, sin duda, la de la inteligencia.

Ha trascendido que el nuevo gobierno tiene la intención de desaparecer el Cisen y trasladar los servicios de inteligencia a la Secretaría de Seguridad Pública que pretende crear.

¿Considera usted, señor Secretario, esta acción adecuada? En su opinión, ¿qué implicaciones en la Seguridad Nacional puede tener esta decisión?

Otro objetivo de la Secretaría, es salvaguardar a la población  y a sus bienes y al entorno, ante un desastre de origen natural o humano, a través de la Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil.

México ha vivido, sin duda, algunos desastres naturales que han tenido un fuerte impacto, como lo fueron los sismos de 2017.

De acuerdo a lo reportado en el Sexto Informe de Gobierno, los avances en la reconstrucción de los sismos,  no han sido al ritmo que la población afectada demanda.

En el Informe se establece que los avances físicos y financieros son menores al 50 % de los recursos del Fonden y de una bolsa global de 38 mil millones de pesos.

Si partimos de que son más de 170 mil las viviendas afectadas en el país por este fenómeno, ¿a qué se debe este retraso que continúa afectando a miles de personas y familias damnificadas?

Considerando en lo general las distintas acciones para atender y poner remedio a los daños ocasionados por los desastres naturales y a los señalamientos de tardanza en los apoyos, ¿qué acciones considera usted se requieren para mejorar la funcionalidad del modelo actual y transitar a un modelo más oportuno, más eficaz en la atención de los desastres?

Finalmente, señor Secretario y aun cuando ya usted abordó este tema, quiero aprovechar su asistencia para platicar sobre la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

A dos años de concluido el plazo para la implementación y a 10 de la aprobación de la Reforma Constitucional en materia de seguridad y justicia, es evidente, que el proceso de transformación del Sistema de Justicia continúe inacabado y que hoy la consolidación plantea grandes desafíos, que implican replicar y reforzar los aciertos y corregir los desatinos los rezagos.

Señor Secretario, ¿en su opinión cuáles son los restos del sistema? ¿qué hace falta hacer para consolidarlo?

El gobierno federal comparte la visión que este modelo ha incrementado la inseguridad o bien la visión de muchos jueces y académicos que señalan que esta percepción es falsa y lo que hace falta es una correcta implementación.

Por sus respuestas muchas gracias, señor Secretario.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Guadalupe Murguía.

Para terminar con esta segunda ronda de intervenciones, el grupo parlamentario de Morena ha partido su segunda intervención en dos. Por lo cual una parte estará a cargo de la Senadora Nestora Salgado y la otra de la Senadora Imelda Castro Castro.

Para comenzar tiene el uso de la palabra la Senadora Nestora Salgado.

La Senadora  Nestora Salgado García: Muy buenas tardes, pleno de la Cámara.

Senadoras y Senadores de la República:

Venimos a escuchar el desinforme sobre el manejo de la política interior que el moribundo viejo régimen político nos quiso preparar para su despedida.

El saldo más reciente de los últimos seis años de atropellos al pueblo dan como resultado 6 mil 582 casos de secuestros en lo que lleva de este sexenio. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 62 homicidios de periodistas y comunicadores, según cifras oficiales de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

Tan sólo del proceso electoral reciente fueron 102 asesinatos contra políticos y candidatos de algún cargo de elección popular.

Mientras algunos organismos privados dan cuenta de casi 401 agresiones globales contra políticos y candidatos, donde, por cierto, mi estado ocupa, el nada grato, primer lugar.

A octubre del año 2016 suman 36 mil903 desapariciones forzadas reportadas tan sólo por el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas.

De 8 mil 904 asesinatos de mujeres documentados desde 2014 a 2017, sólo el 24 %, es decir, 2 mil 188 fueron investigados como feminicidios.

Ha llegado su fin, ese estilo de antigobierno porque siempre se hacía todo sin consultar ni considerar al pueblo, violando el principio constitucional consagrado en el artículo 39 constitucional.

El nuevo gobierno que impulsará la cuarta transformación de la República recibe una nación depredada, saqueada, despedazada y humillada por la simulación  de la negligencia dolosa de quienes han dirigido las instituciones nacionales alineadas a intereses de grupos políticos delictivos.

El saldo histórico de la Secretaría de Gobernación que ustedes entregan es de un ente oscuro, perverso y lastre de la vida democrática.

Un cuarto oscuro de negociaciones sucias, un aparato político represor que está por desaparecer.

Mi reflexión inicial es que a partir del primero de diciembre siempre estará por encima la participación y voluntad del pueblo, nunca más se permitirá que se victimicen los delincuentes de cuello blanco.

La impunidad de los delitos no se canjeará por dádivas y monedas de cambio, no se perseguirá la libre expresión ni determinación de los pueblos originarios.

Tampoco se hostigará a verdaderos líderes sociales, no se formarán grupos paramilitares desde esta Secretaría, y menos no se permitirá que la administración de justicia se pacten o traben en acuerdos oscuros de los aparatos políticos represores.

Finalmente no existirán presos políticos ni de conciencia.

Las únicas preguntas que tengo son, si tienen  un registro preciso de presos políticos y de conciencia en México, cómo justifican que los tipos penales, característicos por los que consignan o no a la mayoría de los presos políticos y de conciencia en México, sean de secuestro, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, robo y autoría material de homicidios y terrorismo.

Y, por último, quiero saber por qué de manera sistemática nunca se han interesado por la salud de los presos políticos que están en sus manos.

Muchas gracias señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senadora Nestora Salgado.

Tiene ahora el uso de la palabra para completar la intervención de Morena, la Senadora Imelda Castro Castro.

Sonido en el escaño del Senador Dante Delgado, por favor.

El Senador Dante Delgado Rannauro: Desde su escaño) Con todo respeto, Presidente.

Es la enésima vez que la segunda intervención de Morena la divide usted en dos, sin tener facultades para ello, primero.

Y, segundo, la primera ocasión que se permitió fue porque correspondía a una distinguidísima mexicana como es la maestra Ifigenia Martínez Navarrete, pero espero que no lo hayan tomado como pretexto.

Yo ruego a usted cumpla los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Senador, no es una decisión mía que se parta la intervención en dos intervenciones.

Es una petición de un grupo parlamentario, no es el único caso donde ha sucedido, tenemos varios antecedentes de otros grupos parlamentarios y también incluso en la presentación de iniciativas se ha hecho lo mismo al respecto, incluso en la presentación plural de diversas iniciativas.

En todo caso haremos el llamado a los grupos parlamentarios a procurar que sus intervenciones sean a partir de una sola Senadora o Senador en lo sucesivo.

Sonido en el escaño del Senador Dante Delgado, y después en el escaño del Senador Manuel Añorve.

El Senador Dante Delgado Rannauro: (Desde su escaño) Es que si hacemos una reflexión, el único grupo parlamentario que está tomando esa práctica es el suyo, y como usted es el que da la palabra, lo está haciendo de manera indebida, porque, si lo fueran a dividir, faltan 7 segundos, porque son 4 minutos 53 segundos, y de acuerdo a los criterios que se adoptaron, dan 5 minutos.

No vamos a discutir si son 3 o 4 más, lo que estamos planteando aquí es que usted siempre se reserva en la segunda intervención para darle a su grupo parlamentario una doble intervención, y desde mi punto de vista, al amparo de los acuerdos adoptados, se está rompiendo la equidad política.

Muchas gracias.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Le reitero, Senador, que yo no soy el que decide las intervenciones de ningún grupo parlamentario ni del grupo parlamentario al que pertenezco, soy completamente ajeno a ello.

En todo caso, cada uno de los grupos parlamentarios que lo ha solicitado, no sólo es el caso de Morena, también ha sucedido en otra intervención, al principio del período ordinario de sesiones por el Partido Acción Nacional quien también solicitó partir su propia intervención en dos intervenciones.

Por favor, sonido en el escaño del Senador Manuel Añorve.

El Senador Manuel Añorve Baños: (Desde su escaño) Señor Presidente, solamente el tema que debemos de cuidar y respetar es el tiempo.

Es la sugerencia puntual que queremos hacer, porque en términos de tiempo, pues todos hemos circunscrito el poder cumplirle a la Mesa Directiva, y si se parte en dos, pues necesitamos también tener definición precisa en cuanto al tiempo de los cinco minutos.

Es cuanto.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Recojo la solicitud.

Hemos tenido flexibilidad en el caso del tiempo, son cinco minutos, hay quienes se pasan un poco o no tan poquito, de todas maneras no hemos interrumpido ninguna intervención con el propósito de que se puedan expresar los puntos de vista.

Pido a la Senadora Imelda Castro, ser lo más breve y sucinta posible.

Adelante, por favor.

La Senadora Imelda Castro Castro: Muchas gracias, Senador Presidente.

Yo quiero plantearles, incluso, la posibilidad de entregar mi intervención para que se pueda considerar para efectos de no incomodar la discusión y no poder robarme dos minutos más. ¿No?

(Aplausos)

Muchísimas gracias, y voy a respetar la inquietud que se ha planteado aquí.

Con su permiso, Senador Presidente.

Compañeros Senadores.

Compañeras Senadoras.

Secretario de Gobernación, doctor Alfonso Navarrete Prida:

Su Secretaría ha convertido a la frontera sur en el brazo armado de la política migratoria que ha recorrido las fronteras migratorias de Estados Unidos miles de kilómetros atrás, hasta llegar a Tapachula, y que nos ha costado el llamado de atención severos de las organizaciones de derechos humanos.

México tiene el triste récord de superar a Estados Unidos en deportaciones a hermanos centroamericanos, pero esta política antimigratoria tiene su lado más doloroso, justamente en el caso de los menores deportados.

Sólo en el 2018, México ha deportado a más de mil niños salvadoreños, 20 veces más que Estados Unidos.

Por eso quiero preguntarle. ¿Qué mecanismos de protección puso en marchar para garantizar la dignidad, integridad y derechos de los menores deportados?

¿Qué medidas especiales se tomaron, en el caso de los menores, que por cierto, fueron deportados a su país, completamente solos?

En materia de población. Mientras tanto los avances en aprovechamiento y proyección poblacional, también los resultados son grises.

México continua desperdiciando el bono demográfico juvenil, y la única esperanza que hoy tenemos es no desperdiciar también el bono de género.

Por eso le pregunto. ¿Cuáles han sido las estrategias desarrolladas por su Secretaría para que el bono demográfico, por género, no sea otra de las muchas oportunidades perdidas en esta administración saliente?

En protección civil. Antes del sismo, la Organización No Gubernamental, Oxfam, observó tres cosas:

Primero. La carencia de sistemas para monitorear todos los fenómenos que afectan al país.

Segundo. El Atlas Nacional de Riesgos no fue utilizado como marco de referencia para elaborar estrategias preventivas.

Tercero. Falta de diagnósticos que permitan detectar las necesidades de profesionalización de los servidores públicos en materia de protección civil.

Por eso le pregunto. ¿Cómo se ha avanzado en las estrategias y protocolos de protección civil para mejorar los problemas que Oxfam ha señalado?

Por cuestión de tiempo, pues, vamos a dejarla hasta ahí.

Nada más quisiera preguntar en esta parte. México tiene 2 mil 500 municipios, 2 mil 457, según el Inegi, con una enorme diversidad climática y problemáticas, sísmicas y niveles de riesgo por las características regionales de los estados.

¿Cómo explica usted que sólo se cuenten con 372 mapas municipales de riesgo, repito, cuando tenemos casi 2 mil 500 municipios en nuestro país?

Muchas gracias.

Agradezco, de verás, muchísimo la tolerancia de esta intervención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senadora Imelda Castro Castro.

Enseguida tiene el uso de la palabra, nuevamente, el doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, para responder a las preguntas planteadas en la segunda ronda.

Adelante, Secretario.

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida: Muchas gracias.

De nueva cuenta, por permitirme dirigirme a ustedes en ésta, la última intervención de su servidor.

Y agradezco de antemano todas las intervenciones, comentarios, críticas serias, fundadas, agudas con respecto a la ejecución de política pública que ha hecho el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto.

El tema de la violencia de género es un tema del cual nuestro país no escapa, y es un tema muy complejo, más allá de la expresión que por motivos de género concluya o pueda concluir, incluso, en la pérdida de la vida de una mujer.

Es complejo, porque los datos arrojan una realidad que se tiene que atender y que  es mucho más difícil que la sola sanción que necesita ser ejemplar hacia quien ejerce violencia sobre la mujer.

Las cifras que se tienen, que permiten identificar los temas de violencia de género, se rescatan de las procuradurías locales, de las procuradurías estatales. Esas arrojan un registro.

La realidad es que de los 290 mil registros que hay de violencia de género que hay denunciada, el 93 % obedecen a problemas de violencia intrafamiliar, y por eso es un tema bastante más complejo, porque se encuentra en el seno de la familia, y si nos hiciéramos el seguimiento de cuántas de esas denuncias que están enmarcadas en violencia intrafamiliar, que repercuten en violencia de género, no prosperan y llegan a sentencia, la cifra es dramática, porque admite el perdón, porque muchas veces el propio proveedor o acreedor alimentario es el generador de la violencia.

Es un tema que se tiene que tratar con mayor amplitud, que se tienen que hacer medidas precautorias, cautelares, serias, que no atenten, además, contra la propia familia y su núcleo, y del que el sistema que se está construyendo va atrasado, es incipiente y es una realidad sobre apenas a la cual se le está poniendo el foco, la atención, y que se ha hecho a través del Congreso Federal y a través de congresos locales mucha política afirmativa, y acciones afirmativas que tiendan en los hechos a generar una política de empoderamiento que es el único camino de la mujer con educación, con trabajo y con apoyos en la independencia y en la subsistencia.

En relación al cuestionamiento del Senador Miguel Ángel Mancera ¿si se hacía necesario cambiar de protocolos?

Se hace necesario concentrarse más en la Plataforma México. La Plataforma México tiene en este momento 800 millones de datos útiles que son pocamente compartidos con las autoridades locales por muchas razones, pero lo cierto es que son compartidos y con sistemas que son incompatibles entre propias autoridades federales porque obedecen a lenguajes distintos que no sea hablan entre sí y no están comunicados, no de ahorita, tiene por lo menos 20 años el problema entre una plataforma llamada P25 Motorola y otra plataforma llamada Tetrapol que tenía que ver con un sistema Matra, y que si a ustedes les interesa el tema desde luego la información está a su disposición y se tienen que unificar.

El tema de los apoyos a los forenses, a los sistemas forenses por parte de la Federación ha corrido a cargo de un sistema que se llama FAS desde inicios de la administración a cargo del hoy Senador Miguel Osorio, se han destinado 3 mil 600 millones de pesos para este propósito, 2 mil 277 sólo para fortalecer capacidades de criminalística y, desde luego, falta mucho por hacer, pero mucho por hacer para que no suceda lo que en un estado, que es de los estados fuertes, desde el punto de vista económico, emblemáticos en su ubicación geográfica, pudimos enterarnos de lo que estaba ocurriendo con tráileres, y que seguramente es un tema importante que se corregirá en muy breve tiempo en ese estado de la República.

El tema de la trata que preguntaba la Senadora Verónica Delgadillo y de la ausencia de política interior, precisamente la Secretaría de Gobernación lo que trató es de concentrar una política que permitiera de manera transversal a las demás Secretarías acompasar el esfuerzo en una materia que incide en muchas ramas: la penal, la social, la cultural, incluso, la migratoria que es precisamente la explotación de una persona y que se denomina trata, que por cierto no es un tema exclusivo de México.

Este es uno de los delitos específicos que la legislación llegó a través de la suscripción de convenios internacionales, particularmente del Protocolo de Palermo y de un antecesor del Protocolo de Palermo del año de 1996 sobre delincuencia organizada, tan antiguo como que en el siglo XIX la ley protectora en la sociedad inglesa era la de trata de blancas que se llevaban al continente africano.

En México hay un sistema robusto en materia de combate, de prevención y de erradicación de la trata que va mucho más allá de lo que otras legislaciones en el continente y en el mundo tienen, porque atiende un componente adicional que es la víctima, con medidas de intervención, con medidas de protección, con medidas de cuidado de su nombre y con medidas de reinserción social efectiva a quien tiene y padece lo que ha sido la explotación de un ser humano sobre otro.

La inseguridad, desde la pregunta que me hacían, no sólo es un tema de inseguridad de género, es un tema de inseguridad social y general. Es vulnerable un niño, es vulnerable una niña, es vulnerable un adulto mayor, es vulnerable un hombre y es vulnerable una mujer, en ciertas condiciones el riesgo aumento y la obligación desde luego es proteger a todos.

El tema del Fonden, para aclararlo, se han destinado en los sismos del año pasado, que fue una pregunta que se repitió en dos o tres ocasiones, alrededor de 30 mil millones de pesos en el Fonden; 12 mil millones que se destinaron para el sismo del 7 de septiembre del año pasado y que iban destinados únicamente para lo que las reglas de operación del Fonden otorgan, obligan que es la reconstrucción de infraestructura, no de vivienda de particulares, de infraestructura.

Las reglas se modificaron y hubo una autorización con el sismo del 19 de septiembre para que 17 mil millones de pesos fueran utilizados para infraestructura y para reconstrucción de vivienda con apoyo de bolsas que tenían que apoyar los estados de la República y fondos transversales que también tenían que aportar distintas instancias del gobierno federal. Secretaría de Cultura, en el tema de templos e iglesias; Secretaría de Educación en el tema de escuelas.  

Los recursos están auditados, no existe manera de hacer una declaratoria de emergencia por parte del Fonden si no la pide el gobernador del estado, el titular del Ejecutivo estatal. No es un tema que la soliciten particulares, asociaciones o que la gente misma lo pida, las reglas de operación y la norma que emanó del Congreso obliga a que sean autoridades locales.

A la Senadora Gastélum aprovecho para externarme la solidaridad por los lamentables hechos del año pasado del cual de inmediato dentro de las facultades de la Secretaría de Gobernación y la Policía Federal acudimos en auxilio, se habló del delito de secuestro, y este es un tema importante a señalar, esta es una de las historias de éxito que se ha tenido en el modelo de justicia que se implementó.

La reducción significativa en un 54 % del delito de secuestro de 2013 para acá, de uno de los delitos que implica perfeccionamiento de estructuras delincuenciales, de delincuencia organizada con estructura de protección institucional, es una historia de éxito, independientemente de que sigan existiendo secuestros, toda la criminalidad en el mundo y en el país evoluciona.

Quien comienza robándose un tapón de coche y después tiene capacidad para robarse un espejo, y después tiene capacidad para ir con otro grupo de personas a un cajero automático y ahí conoce al primer elemento de autoridad policía que considera que es corrupción permisible y tiene el primer elemento de protección institucional, si no se detiene en etapas tempranas y evoluciona, termina en una de sus posibilidades pudiendo constituirse en estructuras criminales dedicadas al secuestro, con supra subordinación, con especialización del trabajo de quién contacta, quién negocia, quién aprieta, quién cuida, quién libera, quién pone a la víctima.

Y por lo tanto cuando se descabeza una organización criminal dedicada al secuestro, lo que se está quitando es una historia criminal de mucho tiempo.

El combate exitoso a ese delito significa que muchas cosas están sucediendo bien, para qué dedicar recursos de inteligencia, de capacidad negociadora, de prueba de vida, de análisis de quién son la red de vínculos, están funcionando entre las procuradurías estatales y las instancias federales.

La pregunta es:

¿Por qué aquí sí el modelo funciona, el propio modelo de justicia y no así en el resto de los delitos? Y tiene que ver con los niveles de coordinación.

Y es un tema que valdría la pena que fuera analizado en dónde se tendrían que hacer modificaciones legislativas que efectivamente funcionen.

No mide el secuestro el tema del nivel económico, mide el nivel de vulnerabilidad. Y por eso ha aumentado el delito de extorsión en la misma correspondencia, porque el delito de extorsión que está surgiendo desde cárceles donde no están funcionando los sistemas de monitoreo hace que se haya sacado a una estructura criminal que no tiene capacidad para operarla, pero sí tiene el modo de operación para utilizarlo, el temor a través de la solicitud de dinero o la pena o la so pena en el secuestro.

En el tema de migración y muerte de candidatos en el proceso electoral, al inicio de este año se vivía una situación extraordinariamente compleja, hubo cerca de 70, ya sean decesos, homicidios o lesiones a candidatos, precandidatos o autoridades electas. A nivel federal solamente hubo una.

El esfuerzo consistió desde luego en combatir lo que estaba ocurriendo en algunas regiones del país, particularmente Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla y Jalisco, y hacer un esfuerzo para que el propio proceso electoral resultara en lo que ocurrió, un proceso electoral limpio, pacífico, sin violencia y con una gran expresión ciudadana no alentada por el miedo.

¿Por qué seguimos dependiendo de las Fuerzas Armadas?

Porque no hemos podido construir una fuerza civil sólida que permita hacerle frente a los embates de la delincuencia, y porque prescindir de las Fuerzas Armadas en esta condición, sería mucho mayor riesgo para la sociedad que modificar, acotar y ceñir muy fuertemente a protocolos a las propias fuerzas armadas que están haciendo un trabajo sobre el cual no lo pidieron, se les solicitó intervenir.

Queda ahí el tema de, ¿qué va a pasar con la convivencia de fueros y esta Ley de Seguridad Interior?

Michoacán, quiero señalarlo, fue una historia, en el tiempo que duró ese operativo, exitosa, y además con una lógica que también otros gobiernos siguen ante una crisis, se centraliza el mando, la idea era centralizar al conjunto de recursos federales para poder con todas las dependencias federales acotar un problema.

Esa es una estrategia normal en términos de lógica, en cuanto hubo oportunidad se retiró y sí habría que hacer un balance con mayor amplitud de qué ocurrió en ese operativo, sobre todo en función de los nuevos retos que tiene el próximo gobierno y la forma de enfrentarlos.

Los registros civiles, efectivamente, sí ha sido un éxito la posibilidad de complementar y compartir información.

¿Qué acciones se pueden tomar para que la migración en el sur mejore?

La acción es clara, mientras no existan programas de empleo, de retención de población, seguirá habiendo expulsión de personas que emigren hacia otras partes del mundo.

No es un problema exclusivo de México.

En el mundo se calcula que hay 250 millones de personas migrando en algunos lugares con crisis humanitaria como en el caso de Siria.

El tema de la migración seguirá en aumento, porque las cifras de empleo y la OIT son indicadoras, de aquí a los próximos 5 años, el cálculo que se hace en materia de desempleo será entre 5 y 50 millones de personas que ahorita tienen un empleo y lo van a perder.

La razón es que el mundo no termina de crecer a la capacidad económica que tenía el ritmo de crecimiento económico de antes de la crisis del 2008, no sólo eso, hay economías en decrecimiento, particularmente en Latinoamérica y las consecuencias están a la vista.

Si no entendemos el crecimiento económico del país que se refleja en empleo real, es decir, en formalización de empleo, es la solución en materia de migración y de retención de población migrante, ese fenómeno no se va a detener con muros, sin muros,  con policía o con Ejército, va a haber violación de derechos humanos.

En Centroamérica, ¿cuál sería la solución? Analizar las vocaciones productivas.

Mayormente, El Salvador, que tiene la tasa de crecimiento económico más bajo de Centroamérica, 1.4 % y menos a veces, tiene una vocación natural al sector primario.

Honduras tiene una vocación hacia el sector de los textiles en algunas ciudades y hacia el sector turístico.

Hacer grandes inversiones como están planteando equivocadamente, curiosamente por parte del gobierno norteamericano, sí reduce efectivamente la migración en el mediano y largo plazo, no en el corto plazo y desde luego saldría mucho más barato generar programas de retención de población que genere empleo en estas regiones,  que estar poniendo guardias y guardia civil que estar presionando a los países amigos del hemisferio.

Eso fue lo que se discutió la semana pasada en una reunión en la ciudad de Washington, precisamente ese tema por parte de los presidentes centroamericanos.

Las medidas que se han adoptado para el regreso seguro de nuestros connacionales, primero habría que entender  cuál es la realidad que tienen en estos momentos nuestros connacionales, desde hace diez años el saldo migratorio es deficitario, es decir, hay más mexicanos que regresan al país que los que ingresan a los Estados Unidos de forma ilegal, y sobre ese saldo migratorio se generó una estrategia que se llama “Somos mexicanos”, y se ha logrado atender acerca de 7 millones 343 mil persona a través de 28 dependencias.

Qué importaría hacer un círculo virtuoso con gente que viene con una capacitación adicional mayormente y que en sus lugares de origen  de la migración desplazan a otra población que no tiene sus capacidades para hacer frente a la demanda o a la oferta de trabajo, habría que equipararlas a través de un  aumento quizás en el Servicio Nacional de Empleo que le permite equiparar capacidades y mejorar por lo tanto la capacidad productiva de la gente, programa que se tiene no concatenado a esa estrategia de “Somos mexicanos” al día de hoy.

Para que Rápido y Furioso no suceda, lo que tiene que quedar es la posición del gobierno de México de cero cooperación en algo que no se le informe.

Y aquí hay un tema pendiente con el gobierno norteamericano, que explica el aumento de la violencia y de las muertes violentas.

Mientras en 2007, el 37 % de los homicidios en México se cometían con armas de fuego; en el 2017 el 77 % de los homicidios en México  se cometen con armas de fuego y el 93 % de esas armas entra por la frontera de los Estados Unidos y nunca nos informan de detenciones, aseguramientos de armas al margen de su segunda enmienda que permita o no la venta indiscriminada de armas a particulares.

Ciertamente la función del Estado es seguridad y protección.

Sobre si es una Secretaría independiente con funciones aisladas que preguntaba la Senadora Guadalupe Murguía, o el modelo actual, lo que importa es el modelo que funcione, el modelo que orgánicamente acople toda la estructura del gobierno federal hacia un mismo propósito.

Si la Secretaría de Seguridad Pública implica  el cambio y modificación orgánica de la Fiscalía General o Procuraduría General de la República, habrá que hacerlo y qué labores se quedan en prevención, qué labores en persecución de delitos y sobre todo, quien se encarga de la investigación de delitos en qué términos, no sería yo el indicado para opinar sobre ello, será desde luego esta soberanía quien se encargue de decidir  las propuestas que sobre eso lleguen.

Tampoco creo que hablar sobre dónde queda adscrita hoy la estructura de inteligencia civil que tiene el país, es un tema de seguridad pública o seguridad nacional, yo estoy seguro que en la iniciativa que se presente estará contemplado el tema de que no solamente será una Secretaría de Seguridad Pública, sino que sus funciones serán sobre seguridad en general, tanto en un ámbito como en otro ámbito.

El nuevo sistema de justicia penal, preguntaba la Senadora opinión personal, nuestro sistema de justicia penal, desafortunadamente es un ornitorrinco, por un lado es extraordinariamente garantista, tiene patas de pato, cola de pato, pico de pato, pelo de castor, es mamífero, pero pone huevos, vive en el agua, por otro lado es extraordinariamente inquisidor, penas de 140 años de cárcel, por otro lado se basa en la oralidad absolutamente, pero no termina de acompañar el otro tipo de pruebas, mientras no sea uniforme, en escuelas de derecho, la Constitución sigue el causalismo de la acción penal, pasamos de eliminar los tipos penales de la  escuela finalista de la acción penal, ahora están hablando de funcionalismo en el sistema de política criminal, mientras más uniforme y tienen expertos en esa materia, el sistema no funciona, porque una cosa atrofia a la otra, incluso es hasta contradictoria una cosa de la otra, eso simplemente como opinión.

Del bono de género lo grave es el bono demográfico.

Nuestro país de aquí a los próximo 20 años va a tener el mayor número de jóvenes que por pura edad van a entrar al mercado laboral, curiosamente en el país más educado de su historia quitemos el tema de la discusión de la calidad educativa.

La cantidad de gente y de jóvenes que egresan de la educación primaria, secundaria, media y profesional es la más grande que ha tenido México en su historia. Darles trabajo a 800 mil jóvenes por año, que por pura edad ingresan al mercado laboral, significaría tener un crecimiento económico anual promedio de cuatro puntos, 4 %.

Cada punto porcentual de crecimiento económico equivale a 200 mil empleos dependiendo el sector.

Si este tema no se atiende con claridad, analizar las vocaciones productivas regionales, la vinculación del sistema educativo a las necesidades reales y vocaciones productivas, el tipo de educación pública que se tiene que dar y hacia dónde invertir el recurso y la vinculación con empresas, el resultado es frustrante para un país que tiene mayoría de jóvenes, y me preguntaron opinión personal, es un reto que se tiene que seguir y en esa va el bono de género también integrada.

Yo quisiera reconocer claramente el esfuerzo de mi antecesor en la Secretaría de Gobernación, y no es lo mismo decirlo de fuera que haberlo vivido y dejar con claridad que con todo lo que un gobierno y una política pública puede quedar corto o ser insuficiente o faltar hacer más, sí se cambió muchas cosas para bien en este país, que hoy son realidad, y la primera fue la capacidad para llegar a acuerdos incluyentes a todos, con todos construir un Pacto por México y darle un nuevo rostro.

Y hoy tenemos, gracias a una reforma laboral, la capacidad de tener cuatro millones de empleos que significarían economía real, no en la de las cifras macroeconómicas, sino de quién tiene empleo, la capacidad que este país en economía real estuviera creciendo al 4.5 % porque no es nuevo empleo, el nuevo empleo solamente se da por crecimiento económico y ese fue de 2 % en promedio, la otra mitad fue formalización de empleo.

Que hoy la planta de empleo está íntegra con cuatro años prácticamente sin huelgas.

Que hoy se tiene una capacitación mejor de los jóvenes que ingresan a trabajo.

Que hoy se cuenta con una cadena de televisión más y no un duopolio.

Que hoy no se cobran largas distancias y eso no significa que se hizo por arte de magia, significa que alguien dejó de ganar dinero en miles de millones.

Que hoy se tiene una reforma fiscal que evitó que el 90 % de los  privilegios fiscales solamente fueran al 10 % de los contribuyentes más ricos de este país.

Que hoy se tienen condiciones para poder hablar de cambios con instituciones sólidas en democracia y con el mejor de los deseos genuinos para el próximo gobierno federal que encabeza el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Muchas gracias por su presencia y su atención para conmigo.

Hasta luego.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, doctor Alfonso Navarrete Prida.

Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, es frecuente que al hablar de gobernabilidad en México irremediablemente hablemos de violencia e inseguridad.

Las cifras de estos años son, en efecto, impresionantes. Desde esa óptica nuestra gobernabilidad parece vivir en un filo crítico permanentemente; sin embargo, con gran esfuerzo, una pluralidad de actores sociales y políticos contribuye a mantener la estabilidad institucional del país.

En el terreno de la política es mucho lo que puede reconstruirse y recuperarse de estabilidad y certidumbre institucional.

La política en su propia esfera, distinta del tema, de la fuerza y la seguridad, es un espacio de construcción cotidiana.

En ese contexto no se puede dejar de reconocer que la difícil gobernabilidad del país se vio fortalecida recientemente por el respeto al voto ciudadano el pasado 1º de julio por parte del Presidente de la República y los órganos electorales.

Como se ha dicho, realizamos como país una doble alternancia de partido y de proyecto, inimaginable hace algunos años, y lo hemos hecho en paz y con tranquilidad.

Más allá de la política, no obstante, los factores económicos y sociales hacen presencia y modulan la gobernabilidad.

La polarización social, la debilidad del tejido productivo son campo fértil para la violencia y la crispación.

Acaso sea el momento de reconocer también que la gobernabilidad es consecuencia del equilibrio económico y de la justicia social, por eso se ha llegado a decir que la mejor política de seguridad pública debe ser la política económica y social.

Ya el General Lázaro Cárdenas demostró, hace muchos años, que una buena política energética, por ejemplo, sí influye en el bienestar de la población.

Es deseable que las autoridades tomen en cuenta el debate que cuestiona las causas de la desigualdad actual y, por ende, aquella discusión sobre los posibles efectos polarizantes de las privatizaciones.

La paz y la tranquilidad son anhelos de una sociedad que ansía más armonía con igualdad y menos conflicto y carencia.

Desde el Senado de la República ratificamos nuestro compromiso con la gobernabilidad democrática que señala la ley, basada en la división de poderes, el federalismo, las libertades, el pluralismo y el diálogo, y también en la aprobación de legislaciones que procuren la recuperación del bienestar social de la amplia mayoría de la población.

Doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, el Senado de la República agradece los aportes que ha hecho el día de hoy durante su participación en la glosa que esta Cámara está realizando a partir del último Informe Presidencial de la Administración Federal 2012-2018.

Muchas gracias, Secretario.

(Aplausos)

Concluimos la sesión de análisis de la política interior.

Agradecemos la presencia del doctor Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación.

En cumplimiento al artículo 7 de la Ley Orgánica del Congreso y el Resolutivo Cuarto del acuerdo aprobado, la versión estenográfica de esta comparecencia se remitirá al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

Solicito a la comisión designada acompañe al doctor Alfonso Navarrete Prida cuando deseé retirarse del salón.

(La comisión cumple)

Como comenté al inicio de la comparecencia, las siguientes jornadas de análisis se realizarán ante las comisiones de esta Cámara.

La primera comparecencia ante Comisiones es la del día de mañana  miércoles 17 de octubre, a las 12:00  horas, en la que la Comisión de Comunicaciones y  Transportes recibirá al Titular del Ramo, como lo establece el Acuerdo aprobado el pasado día 9.

Antes de continuar con el despacho de los asuntos de la agenda, les informo que iniciamos esta sesión a las 11:19 de la mañana.

Como lo marca el Artículo 50 del Reglamento del Senado, las sesiones ordinarias duran hasta cuatro horas.

Ese tiempo ya lo hemos cumplido.

Para conocer si es posible continuar con los asuntos del orden del día, consultaremos a la Asamblea.

Por lo que solicito a la Secretaría consulte, en votación económica, si autoriza continuar con la sesión.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza a continuar con los asuntos del orden del día.

Quienes estén porque se continúe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se autoriza, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Continuamos con el despacho de los asuntos del orden de día.

El siguiente rubro es la presentación de iniciativas.

En una primera ronda, tiene el uso de la tribuna la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en materia de residuos sólidos urbanos.

La Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

El inadecuado manejo de los residuos que generamos diariamente constituye a nivel mundial un problema ambiental e incluso de salud pública para cualquier país, que podría traer consecuencias desastrosas si no se atiende adecuadamente, debido principalmente a factores como el rápido crecimiento demográfico, la mala planeación de las zonas urbanas, los cambios en los patrones de consumo, la falta de políticas adecuadas y de cultura del cuidado del medio ambiente.

Han incrementado su generación y, por lo tanto, la contaminación.

De acuerdo con cifras de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, se generan diariamente 104 mil 350 toneladas de residuos, de los cuales se recolectan casi el 84 % y de depositan en sitios de disposición final o rellenos sanitarios.

El 78 % reciclándose únicamente el 9.63 % de los residuos generales, siendo que el promedio un habitante genera 853 gramos de basura al día.

Sorprendentemente sólo en seis entidades federativas se recolecta casi la mitad de los residuos generados a nivel nacional, ocupando el primer lugar la ciudad de México, posteriormente le siguen el Estado de México, Jalisco, Veracruz, Michoacán y Nuevo León.

Asimismo, el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones del año 2017, refiere que sólo el 2.5 % de los municipios y delegaciones ahora alcaldías del país cuentan con un servicio de recolección, disposición final y tratamiento de residuos; mientras que el 7.3 % del total de las demarcaciones no cuentan siquiera con un servicio de recolección de residuos, predominando la mayor parte del país del manejo básico de la basura que consiste en recolectar y disponerla en rellenos sanitarios a cielo abierto, desaprovechando por tanto que haya residuos que son susceptibles a reciclarse.

En comparación de países como Suiza, Alemania, Bélgica, Austria y Dinamarca donde la disposición final de los residuos que generan es de menos del 5 % en rellenos sanitarios.

Aunque, en lo que sí somos líderes dentro del continente americano es en el acopio y reciclaje del polietilenotereftalato, conocido como PET, ya que recuperamos casi el 58 % de los pocos más de 722 mil toneladas que consumimos de PRT al año, lo cual es a causa de que lamentablemente ocupemos el segundo lugar a nivel mundial como consumidores de envases de PET, y el primero para recipientes de agua embotellada.

Actualmente existen millones de toneladas de basura confinadas en el subsuelo nacional que están emitiendo gases a la atmósfera, y líquidos al subsuelo, los cuales podrían tener una alternativa distinta para ser aprovechados en la generación de energías renovables, mediante la implementación de procesos tecnológicos como la biodigestión y termovalorización de los residuos sólidos urbanos que a su vez contribuirían para resolver problemas ambientales relacionados con la reducción de emisión de gases de efecto invernadero, mal olores y vectores de transmisión de enfermedades.

Como sociedad sólo separamos el 11 % de los residuos sólidos urbanos que generamos, siendo que es una de las medidas más simples y útiles para poder realizar, iniciando por nuestros hogares, lugares de trabajo y cualquier parte donde nos encontremos, ya que separando de una manera tan simple como lo es en orgánicos e inorgánicos no reciclables ayudaríamos a contribuir con su manejo integral y disminuiríamos la contaminación del medio ambiente.

Lo cual resulta en la necesidad de plantear que con esta iniciativa se establezcan dentro de los principios programas y planes de manejo de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

La gestión integral o separación primaria y la valoración de los residuos sólidos urbanos para su reciclaje, reutilización y aprovechamiento en la generación de energía como alternativa de un último recurso, ya que primordialmente se establece la finalidad de fomentar una cultura de consumo responsable y manejo adecuado de la basura generada.

Es todo, Gracias.

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Balderas.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y de Estudios Legislativos.

Es el turno de presentar iniciativa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Josefina Vázquez Mota, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia de matrimonios infantiles.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: Muy buenas tardes, con su venia Presidenta.

Muy estimadas compañeras y compañeros Senadores:

El día de hoy vengo a presentar una propuesta que incide directamente en el desarrollo integral de las niñas y también de las adolescentes.

Vengo a proponer la prohibición total y definitiva del matrimonio infantil.

El matrimonio temprano, precoz o forzoso como todas y todos los que estamos aquí lo sabemos, no es exclusivo de México ni mucho menos.

Vengo aquí ciertamente en mi calidad de Senadora, pero vengo también aquí en mi calidad de madre de familia, de tres hijas que comparto con muchas y muchos de ustedes esta gran responsabilidad, y por eso quiero no solamente convocar y unirnos en torno a esta prohibición, sino hacer propia esta tarea que me parece es urgente en nuestro país.

Déjenme compartirles que en el mundo 15 millones de niñas son casadas cada año, esto significa 28 niñas cada minuto; una niña cada 2 segundos.

En México se estima que casi 7 millones de nuestras compatriotas contrajeron matrimonio antes de cumplir los 18 años de edad.

Para nuestro pesar, insisto, para nuestro pesar México sigue siendo parte de los 10 países con mayor número de matrimonios infantiles con casi 1 millón 300 mil casos cada año.

Con estas cifras México es el octavo país del mundo con mayor número de matrimonios infantiles, sólo por debajo de la India, Bangladesh, Nigeria, Brasil, Etiopía, Pakistán e Indonesia, y sólo, sólo apenas después del Congo y también de Tanzania.

Así las cosas en nuestro país, 1 de cada 5 mujeres contraen una unión conyugal antes de cumplir los 18 años, y los efectos son realmente muy lastimosos.

Casi el 50 % de las mujeres que se casaron antes de los 18 años sufren violencia física; casi el 70 % sufren de violencia sexual; y el 16 % padecen violencia económica.

Es falso, y quiero insistir en ello, porque aquí se ha dado una premisa que ha hecho muchísimo daño, es falso que una mujer menor a 18 años que no ha contraído matrimonio queda excluida de los servicios de salud, incluyendo la atención en el embarazo.

Quiero citar textual el artículo 4º, párrafo tercero de nuestra Constitución política que señala: Que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en su artículo 17 estipula como derecho de prioridad se brinde protección y socorro en cualquier circunstancia y con la oportunidad necesaria, así como de ser atendida de manera prioritaria en todos los servicios, garantizando que las niñas, los niños y los adolescentes siempre cuentan con acceso a los servicios de salud, insisto, bajo cualquier circunstancia y en cualquier situación, porque se han dado argumentos y algunas y algunos de ustedes me lo han compartido, que llegan a solicitar que se apruebe este matrimonio a menores de 18 años porque si no, no tendrán derecho a servicios de salud, particularmente en estado de embarazo.

Es importante señalar que esta premisa es totalmente falsa, y que no tiene que contraer matrimonio para tener la protección de la salud.

Todos los organismos internacionales y nacionales especializados en derechos humanos convergen en el criterio de que el matrimonio temprano es una violación a los más básicos derechos de la infancia.

Con base en ello hoy vengo a pedir su acompañamiento porque es urgente que nuestro Código Civil Federal pueda armonizarse y pueda establecer la edad para las mujeres de 18 años y no como actualmente sucede que la mantiene en 14 años de edad.

Debo decir también, con aliento, que la gran mayoría de los estados han armonizado su legislación local para cumplir con la edad mínima de 18 años.

La propuesta que hoy traemos a este Pleno pretende reformar el Código Civil Federal. Ya hay compañeras Senadoras que han hecho esta propuesta y compañeros Senadores, sin embargo, no he encontrado una respuesta favorable.

Es urgente que este delicado asunto sea atendido por el Estado mexicano.

De manera muy respetuosa, pero urgente, convoco a todas y todos los Senadores para adherirse a esta propuesta y que nos acompañemos, que la hagamos propia de esta Legislatura y de este Senado de la República.

Es por el bien de lo mejor que México tiene: nuestras niñas, nuestras adolescentes.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchas gracias a todos ustedes.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Vázquez Mota.

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: (Desde su escaño) Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido, por favor, al escaño de la Senadora Cruz, y posteriormente de la Senadora Minerva Hernández.

La Senadora Gina Andrea Cruz Blackledge: (Desde su escaño) Gracias, Presidenta.

Nada más para solicitar a la Senadora Josefina Vázquez Mota la posibilidad de suscribirme a su iniciativa, de todo el grupo parlamentario.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Todo el grupo parlamentario del PAN.

Solicita, Senadora, sumarse a su iniciativa el Senador Álvarez Icaza, con el mismo fin, la Senadora Antonia Cárdenas, el Senador, todo el grupo parlamentario del PRI.

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong: (Desde su escaño) ¿Me permite, Presidenta?

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido, por favor, al escaño del Senador Osorio Chong.

El Senador Miguel Ángel Osorio Chong: (Desde su escaño) Pedirle a la Senadora Vázquez Mota, que también a todo el grupo, a las Senadoras y Senadores nos permitan adherirnos a su propuesta, a su iniciativa.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador.

La Senadora Verónica Delgadillo García: (Desde su escaño) Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño de la Senadora Verónica Delgadillo.

La Senadora Verónica Delgadillo García: (Desde su escaño) Para sumarnos, a nombre de todo mi grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, y también agradecerle que forme parte también de la campaña de Lucha como Niña.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sí la Senadora Vázquez Mota lo tiene a bien, el grupo parlamentario del PRI, el del PAN y de Movimiento Ciudadano, del Verde, del PRD, y el Senador Emilio Álvarez Icaza, se sumarían a su iniciativa.

La Senadora Josefina Vázquez Mota: (Desde su escaño) Con gusto, Presidenta.

Aprovecho para pedirle que sea de urgente y obvia resolución.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Se turna a la Comisión, y en la Comisión se pediría que fuera de urgente.

El grupo parlamentario de Morena solicita también adherirse a la iniciativa.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

(Aplausos)

Enseguida tiene el uso de la tribuna el Senador Ángel García Yáñez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud, en materia de medicina tradicional indígena.

El Senador Ángel García Yáñez: Con su permiso, Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante, por favor.

El Senador Ángel García Yáñez: Compañeras y compañeros Senadores.

Iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud.

El que suscribe, Ángel García Yáñez, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXIV Legislatura de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 8º, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1; 169 y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, que presenta esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

La Organización Mundial de la Salud se señala que: La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, por tal motivo es un derecho humano fundamental, y por tanto se deberá de buscar el grado más alto de salud.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de años, y sus practicantes han contribuido enormemente a la salud humana.

En particular, como proveedores de la atención primaria de salud al nivel de la comunidad, la medicina tradicional ha mantenido su popularidad en todo el mundo.

La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basadas en teorías, creencias y experiencias, desde los pueblos indígenas de las diferentes culturas.

Los términos: medicina complementaria, medicina alternativa y medicina natural utilizados indistintamente, junto con el mencionado medicina tradicional.

En algunos países hacen referencia a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia tradición del país, y no están integradas en el sistema sanitario principal.

El concepto de medicamentos herbarios abarca, desde hierbas, material herbario, preparaciones herbarias y productos herbarios acabados, que contienen como principios activos parte de plantas u otros materiales vegetales o combinaciones de esos elementos.

Su uso está bien establecido y ampliamente reconocido como inocuo y eficaz, y puede ser aceptado por las autoridades nacionales.

Se considera medicina tradicional mexicana al conjunto de sistemas de atención a la salud que tiene sus raíces en profundos conocimientos sobre la salud y la enfermedad que diferentes pueblos indígenas y rurales de nuestro país han acumulado a través de su historia.

Gracias a los aportes de intelectuales como Guillermo Bonfil Batalla, y a los movimientos reivindicativos de los pueblos indígenas, no sólo en México, sino en diferentes países de América Latina.

Las políticas públicas cambiaron de rumbo en el último cuarto del siglo XX. Producto de estas influencias, en 1992, en México se llevó a cabo la reforma constitucional que estableció que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sostenida originalmente en sus pueblos indígenas generando un marco a los procesos reivindicativos de los pueblos indígenas en el estado de Chiapas, concretándose las reformas constitucionales de carácter nacional en los años 2001 y 2004.

Con ello, en la Constitución Política de nuestro país y con la modificación del artículo 2º se reconocen los derechos de los pueblos indígenas a preservar todos los elementos de su identidad cultural, así como a aprovechar debidamente la medicina tradicional.

No obstante, la medicina tradicional todavía no ha sido incorporada dentro de los Sistemas de Salud Nacional de la mayoría de los países en desarrollo, por tal motivo, los servicios suministrados están lejos de ser plenamente aprovechados.

Actualmente, el 60 % de los pacientes que acuden a una consulta médica familiar, tienen algún tipo de contacto con la medicina tradicional y alternativa.

En el último año, más del 80 % de los mexicanos han tomado alguna infusión herbolaria o usado algún producto natural.

Por lo anterior, es importante que la Secretaría de Salud, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades educativas en la materia y en coordinación con estas, impulse el estudio, profesionalización, capacitación y actualización de los profesionales de la medicina tradicional y alternativa.

Por lo expuesto, se somete a consideración de la presente iniciativa con proyecto de decreto:

Primero.- Se adiciona la fracción VI Bis del artículo 6º de la Ley General de Salud para quedar como sigue.

Artículo 6º. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos:

6º Bis. Promover el conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena complementaria, alternativa, doméstica y natural, así como sus prácticas en condiciones adecuadas.

Segundo.- Se reforma el artículo 93 de la Ley General de Salud para quedar como sigue.

El artículo 93 de la Secretaría de Educación Pública en coordinación con la Secretaría de Salud, promoverá el establecimiento de un sistema de profesionalización a nivel de enseñanza superior y de enseñanza superior y de enseñanza continua en materia de salud.

De la misma manera reconocerá, respetará y promoverá el desarrollo de la medicina alternativa indígena complementaria, alternativa, doméstica y natural.

Los programas de prestación de la salud, de atención primaria que se desarrolla en comunidades indígenas deberá adaptarse a su estructura social y administrativa, así como su concepción de la salud de la relación del paciente con el profesional de la salud, respetando siempre los derechos humanos y en las zonas no indígenas se garantice el derecho a elegir la forma de tratar su enfermedad.

Por su atención, gracias.

Es cuanto, Senadora Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador García.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos Primera.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Verónica Delgadillo García, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano un proyecto de decreto que adiciona y reforma los artículos 76 y 137 constitucionales, en materia de política exterior.

La Senadora Verónica Delgadillo García: Con su venia, Presidenta.

Señoras y señores Senadoras y Senadores:

La existencia de todos los seres que habitan en este planeta depende del bienestar de la propia naturaleza.

La naturaleza al contrario de lo que muchos creen no le pertenece a nadie, es un bien común que tenemos que proteger y preservar no sólo para la propia supervivencia del ser humano, sino también por una responsabilidad ética y moral, porque si hablamos del respeto a la vida y a los derechos, tenemos que hablar necesariamente del respeto a la naturaleza.

México durante los últimos años ha avanzado en la construcción y modificación de leyes entorno a la protección de la naturaleza; sin embargo, hoy seguimos teniendo grandes pendientes.

Lamentablemente hoy en México las políticas que se han desarrollado no han sido suficientes por una sencilla razón, que la política medioambiental en este país ha permanecido bajo los intereses de unos cuantos y ha sido reducida a una moneda de cambio de favores, sólo así se explica lo que hemos visto durante los últimos años, y les voy a poner algunos ejemplos.

En Tajamar, donde se destruyó todo un manglar y mató a cientos de miles de especies.

Vimos también cómo la política nacional en torno al medio ambiente realmente no ha permitido ni la conservación ni la protección ni la ampliación de áreas naturales protegidas.

Hemos visto cómo los programas de medio ambiente son constantemente observados por la Auditoría Superior de la Federación por los malos manejos que se hacen de los recursos públicos.

También hemos visto cómo se deteriora el medio ambiente, la calidad del aire, del suelo, de los recursos y del patrimonio natural ante los graves problemas que enfrentan nadie hace nada. Y ahí les puedo mencionar que está el caso de la Isla Espíritu Santo, que fue publicado hace algunos días en Animal Político, y también los constantes derrames de Pemex.

Lamentablemente para muchas autoridades lo más sencillo es voltear la cara y cerrar los ojos, porque parece que con eso se resuelve el problema.

En Movimiento Ciudadano lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, cuando hablamos de naturaleza nos referimos al aire que respiramos, al agua que tomamos, a los alimentos que consumimos y al espacio que habitamos. Por eso, no nos podemos quedar con los brazos cruzados.

Es por ello que junto con mis compañeros Senadores de Movimiento Ciudadano hoy presento esta iniciativa que forma parte de toda una agenda que busca reconocer los derechos de la naturaleza. Es parte de una serie de esfuerzos que busca que esta Legislatura se caracterice por una agenda avanzada en términos de la naturaleza y la protección del medio ambiente.

Nuestra propuesta es muy concreta, adicionar el título décimo en la Constitución Política para que estemos convencidos de que el respeto y el cuidado a la naturaleza tiene un efecto transversal en la protección y el ejercicio de los derechos de todas y de todos.

Reconocer los derechos de la naturaleza en la Carta Magna tiene implicaciones que no son solamente simbólicas o retóricas, sino que desde luego tiene implicaciones muy profundas, y aquí les puedo enumerar algunas de ellas.

La primera, que busca establecer obligaciones concretas para que el Estado y la población garanticen los derechos de la naturaleza, particularmente en su responsabilidad de mantener en equilibrio con las políticas de desarrollo y la protección del medio ambiente.

Instaurar bases para que el cuidado del suelo, del aire, del agua y de la biodiversidad, así como la preservación del patrimonio natural, sea considerado como prioridad de interés público nacional.

También diseñar las bases para que los ciudadanos defiendan los derechos de la naturaleza y puedan exigir las reparaciones de los daños ocasionados, porque si ya reconocemos el derecho humano a un medio ambiente sano que está declarado en el artículo 4° constitucional, ahora le tendríamos que dar a los ciudadanos las herramientas para que hagan valer este derecho.

Quinto. También buscamos que el que ocupe la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deba ser ratificado por la Cámara de Diputados.

Miren, reconocer los derechos de la naturaleza hará mucho más difícil dejar en total impunidad el deterioro ambiental, permitirá construir una nueva política nacional para la protección de nuestro medio ambiente. Con esta propuesta buscamos que la política medioambiental de México esté en el nivel que merece y que nunca se le ha dado.

Quiero terminar mi participación citando una parte del discurso de Francia Márquez, una colombiana que ganó el Goldman Prize al Nobel de Medio Ambiente, que dice lo siguiente:

“Ser parte de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, bosques y páramos, de aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte, para darnos paso a construir un modelo que garantice la vida. Es momento de entender que los derechos no se negocian, que los derechos no se regatean y el derecho a un medio ambiente sano no le debe pertenecer a unos cuantos, sino a todos los mexicanos”.

Alcemos la voz y hagamos que valga.

Es cuanto.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Delgadillo.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, Segunda.

Le pedimos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que si la Senadora Delgadillo lo tiene a bien pasen a recabar las firmas de los Senadores que se quieren adherir a la propuesta, no sólo a los del PAN, sino al Senador José Luis Pech, a la Senadora Susana Harp, a la Senadora Minerva Hernández, a la Senadora Gina Cruz, al Senador Fuentes, al Senador Madero, al Senador Guadiana, a la Senadora Nestora y la Senadora Alejandra del Carmen León Gastélum, por favor.

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Juan Manuel Fócil Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales en materia de juicio político y declaración de procedencia.

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez: Muchas gracias, compañera Presidenta.

Y compañeras y compañeros Senadores buenas tardes.

El 27 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la Constitución Política Federal en materia de combate a la corrupción, tuvo como objetivo principal crear un efectivo Sistema Nacional Anticorrupción, así como mejorar los estándares de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas; sin embargo, aún sus resultados no se ven, pues el índice de percepción de corrupción en el 2015 estábamos en el lugar 95; en el 2016 pasamos al 123, o sea, descendimos 28 lugares; y en el 2017 seguimos descendiendo al lugar 135.

Un claro ejemplo de que continua acentuándose la problemática de hechos de corrupción por parte de servidores públicos, entre los que se presume que ha participado en actual Presidente de la República, casos investigados por la Auditoría Superior de la Federación como el de la empresa Evya, Oceanografía, proyecto al Tren México-Querétaro, del grupo Higa también este de México-Querétaro, la construcción de la Casa Blanca, la estafa maestra, la autopista México-Cuernavaca, donde se formó un socavón, la Línea 12 del Metro, en fin, son ejemplos de corrupción muy grande que ha habido en el país y que nos ha ocasionado graves problemas de gobernabilidad y legitimidad.

Otro caso reciente que está sucediendo en mi estado es la aprobación, el estado de Tabasco que el pasado 27 de septiembre realizó el congreso de Tabasco respecto al dictamen donde se reforman y adicionan la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas   y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del estado de Tabasco.

En términos generales se estableció que cuando se trate de obras necesarias para proyectos estratégicos y adquisiciones, arrendamientos y servicios que detonen el empleo y mejoren la infraestructura impulsando el desarrollo económico y social, o bien, que sean convenidas con la Federación o con las empresas productivas del Estado respecto a las actividades en materia energética, estas obras y compras podrán ser adjudicadas directamente, sin pasar de una licitación pública de nada que las regule y vale la pena resaltar que las mejores prácticas de contrataciones establece que en toda adjudicación directa deben de existir límites en los montos, sin embargo en estas leyes en Tabasco se están estableciendo injustificadamente excepciones, lo que permitirá el aumento desmedido de  actos de corrupción por parte de servidores públicos y particulares.

Podemos decir que en Tabasco ya se está legalizando la corrupción de la que formará parte, tristemente la construcción de la refinería considerada como proyecto estratégico.

Esta falta de principios que rigen el servicio público y el constante abuso del fuero constitucional por parte de los servidores públicos ha creado una sociedad distante y desconfiada al observar que mientras unos pequeños grupos siguen enriqueciéndose con la aprobación de leyes y proyectos a modo, la pobreza, la desigualdad y la marginación social cada vez irán más en aumento.

Ahora bien, entre las facultades de la Cámara del Congreso está la de calificar la responsabilidad política de los servidores públicos, la forma y procedimientos, por lo que se puede exigir y los órganos que intervienen en la aplicación.

En este orden de ideas, las formas de proceder hoy en contra de los servidores por medio del órgano legislativo son el juicio político que tiene como objetivo sancionar con  destitución o inhabilitación a los servidores públicos señalados en el artículo 110 constitucional, los altos servidores públicos de nivel jerárquico, serían Senadores, diputados, magistrados, secretarios de despacho, consejeros, directores, etcétera.

Esto cuando se le demuestre que hay actos u omisiones en el desempeño de su cargo, empleo o comisión que ocasione perjuicio a los intereses públicos fundamentales o violaciones graves a la Constitución Federal.

En este procedimiento, la Cámara de Diputados conoce de las imputaciones que hace  cualquier ciudadano, sustancia el procedimiento y actúa como órgano instructor, o sea, investiga y de reunirse lo elementos necesarios que declaren procedente la denuncia,  lo cual no sucede en el   99 % de los casos, funge como órgano de acusación ante el Senado, quien actúa como órgano de sentencia, destituyendo o inhabilitando al funcionario, sin que haya sanción económica o pena corporal.

El otro proceso es la declaración de procedencia ante una denuncia penal o cuando actúa por oficio el Ministerio Público, se inicia una investigación y es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados que cuando el Ministerio Público le presente las pruebas, el propósito de presentarle pruebas será  que la Cámara de Diputados pueda eliminar el fuero constitucional  y separar a los funcionarios públicos de sus funciones para poderlos poner ante los tribunales penales cuando sean acusados por algún delito.

Sin embargo, este procedimiento ha perdido sentido, ya que al llegar a la Cámara de Diputados, se responde más a intereses políticos partidistas, dando como resultado el famoso carpetazo, lo que resta toda legitimidad a las instituciones públicas.

La Constitución Federal establece las responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos por faltas administrativas graves o hechos de corrupción, no obstante en el caso del Ejecutivo Federal existe una excepción a la regla, ya que el juicio político no procede en su contra y por otro lado, operar un procedimiento más complejo que tenga que pasar por la Cámara de Diputados o Senadores, pues realmente hace que se pueda  exigir responsabilidad penal para el Presidente.

En síntesis,  parafraseando al Presidente electo de la República, la corrupción como las escaleras se deben de barrer de arriba hasta abajo, por ello es necesario que:

Primero. El Presidente de la República forme parte de  los servidores públicos sujetos a juicio político, que pueda ser sancionado con destitución o inhabilitación, con la finalidad de inhibir los actos  que debiliten el quehacer del servicio y el interés público.

Segundo. Eliminar del texto constitucional el término “fuero constitucional y la declaración de procedencia”, ya que son  figuras obsoletas y descalificadas por la sociedad que inhibe el proceso para poder exigir responsabilidad penal a cualquier servidor público.

Tercero. Se establezca en el segundo párrafo del artículo 108 constitucional que el Presidente de la República pueda ser acusado  durante el período de su encargo por delitos en materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en la Constitución  y en el Código Nacional de Procedimientos Penales,  como son la delincuencia organizada, homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, secuestro, trata de personas, etcétera.

Cuarto. Con el fin de preservar el buen desempeño de las funciones del Presidente de la República, es necesario incorporarlo con los demás servidores públicos en una nueva redacción al artículo 111 de la Constitución Federal que garantice los principios y derechos en el procedimiento penal, entre ellos, la presunción de inocencia y el debido proceso como a cualquier particular.

La separación obligatoria del cargo  de los servidores públicos señalados en el artículo 111 constitucional, a partir del momento en que se dicte el acto de vinculación a proceso para someterse a la jurisdicción de los tribunales correspondientes en materia penal como cualquier ciudadano.

Finalmente, compañeras y compañeros legisladores, con estas  modificaciones constitucionales daremos cumplimiento a una gran demanda de nuestra sociedad que votó el primero de julio, y que de ser aprobada, estoy seguro, disminuirá la enorme percepción de corrupción, asimismo, legitimaremos la función de los servidores públicos, dejando en claro que el desempeño de algún empleo, cargo o comisión no es sinónimo de impunidad.

Es cuanto, muchas gracias, compañeros.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Fócil.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación; y de Estudio Legislativos, Primera.

En la segunda ronda de iniciativas tiene el uso de la tribuna el Senador Ricardo Monreal Ávila, del grupo parlamentario de Morena, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de paridad de género.

El Senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadana Presidenta.

Acudo a esta tribuna, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversos artículos de la Ley Orgánica  del Poder Judicial Federal, con el propósito de impulsar la paridad de género en el Poder Judicial.

Hoy este día, que se cumplen 65 años  del reconocimiento de la participación política de las mujeres.

Siempre admiré y admiro a muchas escritoras en el mundo,  una de ellas Flora Tristán, que era una feminista  francesa, de las pioneras, pensadora socialista, en 1803 nació, murió muy joven, 1840 y tantos, tenía apenas 39 o 40 años. 

Y la recuerdo, porque afirmaba que todas las desgracias del mundo, subrayo, “todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio que hasta ahora se ha hecho de las mujeres”, decía ella.

Del desprecio que se tiene sobre sus derechos naturales y sobre sus derechos imprescriptibles, hablo de mil ochocientos veintitantos, por eso es que ahora presento esta iniciativa que modifica varios artículos.

Yo reconozco la lucha de las mujeres de los últimos 30 años porque es cuando he participado en la lucha política. Ha habido unidad de todos los partidos para lograr lo que hasta ahora se ha logrado, no ha sido gratuito la lucha que las mujeres han emprendido.

Y en el Poder Ejecutivo, y más en el Poder Legislativo cuando se modificó el artículo 41 del Cofipe, todas las mujeres de todos los grupos parlamentarios y de la sociedad civil impulsaron y empujaron la modificación de la paridad de género, y ahora aquí están los resultados.

Casi la mitad, la mitad de mujeres participa e integra este Congreso de la Unión. Pero en el Poder Judicial no es así, ni tampoco en el Ejecutivo tratándose de embajadoras y cónsules, ni en los estados tampoco existe la paridad de género, incluso en el Poder Judicial apenas el 20 % de juezas y magistradas frente al 80 %, es una disparidad impresionante.

En juezas y magistradas apenas el 20 %, pero en magistradas de Tribunales Unitarios de Circuito el 18 %; en la Corte, 19 % contra el 81; en el Tribunal Federal, 80-20; en el Consejo de la Judicatura, 80-20.

Incluso, en marzo del presente año, el Presidente de la Corte afirmó que se iban a hacer concursos sólo para mujeres, para un poco acortar la brecha que existe en la equidad y en la paridad de género, no ha ocurrido así y sigue el 80-20 o el 82-18.

A pesar de que me consta, hay en el Poder Judicial, Actuarias, Secretarias de Estudio y Cuenta, Proyectistas, Secretarias de Acuerdos, mujeres extraordinarias que deberían de estar de Magistradas de Circuito o de Tribunales Unitarios o de Juezas de Distrito.

Por eso planteo esta modificación a estos artículos, porque a veces cuando se plantean modificaciones por este poder, que es el que nos corresponde como auténtico control del Poder Judicial, surgen notas otro día de voceros y de plumas de algunos ministros y dicen: “es que con esa iniciativa nos están atacando al Poder Judicial”.

No es así, es nuestra función formal modificar leyes.

¿Por qué tenemos que hacer caso de un pronunciamiento de un miembro del Poder Judicial que diga gratuitamente: “a partir de este año sí voy a lograr colocar más juezas y ministras o magistradas en el Poder Judicial”?

No dejemos a la voluntad política o al ánimo momentáneo del Juez o el Ministro lo que por ley debe de ser, y lo que yo planteo es que sea la ley la que determine la paridad de género en la integración de Jueces de Distrito o Juezas de Distrito, de Magistrados de Circuito o de Unitarios de Circuito, e incluso de Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia.

¿Qué modificamos si se aprobara todo el proceso formal del legislativo?

Modificar el 12, el 33, el 41, el 105 y el 114 de la Ley Orgánica.

¿Qué contienen estos artículos?

Contienen “garantizar la alternancia de género en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, “garantizar la integración paritaria en la conformación de los Tribunales Unitarios Colegiados de Circuito y Jueces de Distrito”.

¿Qué contiene además de eso?

Que haya concursos para que entren sólo mujeres y podamos estrechar, acortar el número tan desproporcionado que existe actualmente de jueces y juezas, repito, 80-20.

¿Por qué acudimos a este proceso formal?

Porque es el que más conviene al país y a la patria lograrlo, por eso yo hablo de que el Poder Judicial debe tener una revisión profunda.

El Poder Judicial tiene un déficit de credibilidad, la impartición de justicia está gravemente afectada social y ciudadanamente.

Yo recuerdo a otra gran mujer que era líder del Movimiento Sufragista o del Sufragio en Gran Bretaña.

Y ella decía cuando la atacaba por estar solicitando reformas, decía: “no queremos quebrantar la ley, no queremos quebrantar las leyes, lo que queremos es redactar las leyes; nosotros no queremos quebrantar al Poder Judicial, no queremos confrontación con el Poder Judicial, que remos redactar leyes que establezcan equidad y género, paridad”.

Es hora ya después de 65 años de estar a la espera de una verdadera reforma en el Poder Judicial.

(Aplausos)

Presidente.

Presidenta, le pido, por la falta del tiempo, aunque fueron muy tolerantes.

Muchas gracias.

Le pido que plasme íntegra la iniciativa que presentaré y que presento a esta Asamblea.

Gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Monreal.

Se pide a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios que la iniciativa se integre íntegra al Diario de los Debates.

Y le pregunto al Senador Monreal si permite que me adhiera a esta iniciativa.

Todo el grupo parlamentario de Morena, el grupo parlamentario del PT, el grupo parlamentario del Partido Encuentro Social nos sumamos a esta iniciativa del Senador Monreal.

El grupo parlamentario, ¿o el Senador en lo individual?

Sonido al escaño, por favor, del Senador Zamora Gastélum.

El Senador Mario Zamora Gastélum: (Desde su escaño) El grupo parlamentario del PRI también nos queremos adherir, por favor.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: El grupo parlamentario del PRI.

Sonido, por favor.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista se suma también.

La Senadora Patricia Mercado.

El Senador Miguel Ángel Mancera.

El Senador Álvarez Icaza.

Todos han solicitado sumarse a la iniciativa que acaba de presentar el Senador Ricardo Monreal.

Si lo tiene a bien, le pedimos a la Secretaría de Asuntos Parlamentarios, que recabe las firmas conducentes.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, con opinión de la Comisión para la Igualdad de Género.

Se concede ahora el uso de la tribuna al Senador Ismael García Cabeza de Vaca, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 72 constitucionales, en materia de extinción de dominio.

El Senador Ismael García Cabeza de Vaca: Muchas gracias.

Con tu permiso, Presidenta.

Muy buenas tardes, Senadoras y Senadores.

El día de hoy hago uso de la tribuna para presentar a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, esta iniciativa que reforma el artículo 22 y la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Carta Magna, en materia de extinción de dominio.

El objetivo de esta Reforma Constitucional, en primer término, es establecer las disposiciones que permitan fortalecer la institución de la extinción de dominio.

Segundo. Otorgar facultades al Congreso para emitir la Ley General en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Y por último, la Legislación Única Sustantiva y Procedimental en Materia de Extinción de Dominio y Administración de Bienes, objeto de dicha figura que regirá en el país en el orden federal y en el fuero común.

Comenzaré por señalar, que la extinción de dominio se incorporó a nuestra Constitución por reforma a su artículo 22, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, con tres objetivos fundamentales.,

1.- Proporcionar a las instituciones de fiscalización, administración y procuración de justicia, un instrumento legal para atacar frontalmente la comisión de delitos.

2.- Permitir a la autoridad judicial determinar la pérdida de dominio de bienes de procedencia ilícita a favor de la Federación.

3.- Facultar a las autoridades a actuar directamente sobre los bienes resultado de actividades ilícitas y así afectar la economía de los delincuentes.

El problema es que la realidad ha superado esa reforma inicial y hoy en día la corrupción también ha dado origen que existan fortunas, bienes mal habidos y que las personas que los obtienen ilegalmente los disfruten, sin que se les pueda quitar mediante una disposición legal.

A partir de lo anterior, se considera que la extinción de dominio se justifica en caso de que exista un incremento patrimonial infundado, no se compruebe el origen lícito de los bienes o mercancías y que aún y cuando dichos bienes sean de procedencia lícita, se utilicen para actividades ilícitas.

Tomando en consideración lo anterior, el Partido Acción Nacional, propone la extinción de dominio sea retrospectiva e imprescriptible.

Es decir, se tomen en cuenta los hechos y acciones del pasado para poder acceder a la acción y a la extinción que esta acción no prescriba por el paso del tiempo.

Ligado al tema de la extinción de dominio, se encuentra la corrupción y las operaciones con recurso de procedencia ilícita.

Podemos afirmar que la corrupción es el segundo delito que más fondos genera para el lavado de dinero en México, tan sólo superando por los recursos que el crimen organizado tiene a través del tráfico de drogas y de personas.

Pero las autoridades de nuestro país no contemplan este delito como un factor determinante en el lavado de activos.

Las operaciones de procedencia ilícita es una forma atípica y antijurídica de delinquir organizadamente, dando como consecuencia que las ganancias producidas por el delito se transformen en ingresos aparentemente bien habidos que son manipulados por instituciones financieras, así por otro tipo de empresas como si fueran ganancias lícitas.

Me voy a tomar un poco más de tiempo para terminar, Presidenta.

Es por ello, que en esta iniciativa Acción Nacional propone que la acción de extinción de dominio se ejercite a través de un procedimiento jurisdiccional, adversarial, oral y autónomo de la materia penal, sobre bienes de cualquier naturaleza que sea el instrumento, objeto o producto de actos de corrupción u otras actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público de los testimonios que señala la ley.

De igual forma, como grupo parlamentario, proponemos dos puntos principales en esta iniciativa.

El primero. Otorgar la facultad al Congreso para emitir la  Ley General en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Segundo. Otorgar la facultad al Congreso para emitir legislaciones únicas en materia sustantiva y procedimental de extinción de dominio y administración de bienes que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común.

Para el Partido Acción Nacional, la corrupción es uno de los principales flagelos del México contemporáneo y junto con ella la deformación jurídica que le da origen a la impunidad.

En el PAN tenemos muy claro que la corrupción se combate con base en el cumplimiento irrestricto de la ley, en la aplicación de una política de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad.

Sin embargo, también tenemos claro que el modelo de combate a la impunidad debe pasar por una reforma profunda al Sistema de Procuración, Administración e Impartición de Justicia, muy de la mano con la modernización de las leyes y procedimientos.

Es cuanto, Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador García.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.

Enseguida tiene el uso de la tribuna la Senadora Indira Kempis Martínez, para presentar a nombre de los Senadores del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, un proyecto de decreto que reforma los artículos 51 y 325 del Código Penal Federal, en materia de delitos de género.

La Senadora Indira Kempis Martínez: Buenas tardes. Tenía muchas ganas de que llegara el momento de decir: “Con su permiso, Presidenta”.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Adelante, por favor.

(Aplausos)

La Senadora Indira Kempis Martínez: A nombre del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, hoy comunicamos esta iniciativa a sabiendas que la violencia de género nos afecta a todos y a todas.

El piso no está parejo y esto incluye el andamiaje de lo penal. Uno de los problemas más graves y una de las razones por la que no hemos podido combatir de manera efectiva la violencia de género, es por la carencia de instrumentos adecuados para identificar y dimensionar estas violencias al interior del Sistema de Procuración e Impartición de Justicia.

Tenemos un Estado indolente e insensible ante esta problemática, como lo demuestran su carencia de políticas públicas efectivas, sus eficientes o inexistentes estadísticas y la impunidad generalizada en estos delitos.

Igualmente lo demuestran los innumerables casos de violencia de género y feminicidios, donde los  Ministerios Públicos y los Jueces no dimensionan adecuadamente este tipo de crímenes a costa de dejar en la total impunidad a los culpables, y además revictimizar a las mujeres.

Esta evidencia la necesidad urgente de concebir, diseñar y consolidar instituciones con perspectiva de género, y este ha sido un compromiso que lo hemos asumido en Movimiento Ciudadano durante muchos años.

Por ello proponemos una reforma al Código Penal Federal para que cualquier delito que sea cometido tenga una pena agravada cuando concurran razones de género, es decir, para que tengamos perspectiva de género en todo el andamiaje penal mexicano.

Porque cuando hablamos de delitos de género no solamente estamos refiriéndonos a los feminicidios, hay otras formas de agresión que se cometen por esas mismas razones y no están siendo clasificadas correctamente por nuestras instituciones.

Lo que siguen perpetuando la impunidad y la revictimización de nosotras las mujeres.

Con esta reforma las instituciones de procuración e impartición de justicia tendrán instrumentos para dimensionar la violencia de género y castigarla de manera efectiva.

Enfrentar la violencia de género debe ser un compromiso, pero sobre todo, ante los problemas que tenemos en la parte penal debe ser una acción estratégica para lograr una sociedad más justa.

Hoy decíamos, en la mañana, si se garantizan los derechos de las mujeres, entonces, podemos llamar a un México como país democrático, y esta es una parte muy importante en atención a todos los agravios, las violencias y las injusticias que todavía, que se cometen en la realidad, vamos y nos enfrentamos a esta indolencia en el sistema de justicia.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Kempis Martínez.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos.

Sonido al escaño de la Senadora Malú Micher.

La Senadora Martha Lucía Micher Camarena: (Desde su escaño) Gracias, Presidenta.

Y es para pedirle que también nos turnen la iniciativa, si es tan amable.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Senadora, Kempis, solicita la Senadora Malú Micher que sea turnada también a la Comisión de Igualdad de Género.

¿Está usted de acuerdo?

Gracias.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia; de Igualdad de Género; y Estudios Legislativos.

En la tercera ronda de iniciativas tiene el uso de la tribuna la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, para presentar a nombre propio y de la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena.

Le pedimos a la Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena que, a nombre de las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido de Morena pase a presentar el proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, en materia de paridad de género.

La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena: Con su venia, señora Presidenta.

Esta iniciativa es presentada por la Senadora Martha Lucia Micher Camarena, y su servidora, Bertha Alicia Caraveo Camarena.

Decía el filósofo Michel Foucault: “que sería hipócrita e ingenuo creer que la ley se ha hecho para todo el mundo, en nombre de todo el mundo”.

Es más cruel que reconocer que se ha hecho para algunos, y que recae sobre otros.

En ese sentido, compañeras y compañeros debemos dejar atrás la ingenuidad de pensar que la ley escrita por los hombres y para los hombres durante siglos nos representa automáticamente también a las mujeres.

Reconozcamos que, al contrario, la ley como un producto histórico que deviene de una cultura profundamente patriarcal nos ha excluido sistemáticamente como sujetas de derechos, y nos ha marginado de los espacios de poder.

Porque el lenguaje que da forma al mundo, tal y como lo entendemos es vital también para la igualdad jurídica de una sociedad.

Resulta impostergable armonizar el marco jurídico nacional para dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los organismos internacionales a los que México pertenece, estableciendo en la Constitución el principio de paridad para los procesos de elección e integración de los órganos de representación, deliberación y toma de decisiones de la vida pública del país.

La presente iniciativa de reformas tiene como propósito proteger y garantizar que el principio de igualdad sustantiva se traduzca en un  mandato para la participación paritaria en aquellos espacios donde persisten desigualdades entre hombres mujeres, como son los puestos de elección popular, la administración pública, la impartición de justicia, los organismos autónomos constitucionales y jurisdiccionales electorales en los tres órdenes de gobierno.

De tal suerte que ninguna mujer sea discriminada por razones de preferencia o condición sexual, étnicas, etarias, de discapacidad o cualquier otra que comprometa el pleno ejercicio de sus derechos humanos, incluidos sus derechos políticos.

Así, esta iniciativa que hoy presentamos pretende establecer que:

1.- En el Poder Ejecutivo deberá garantizarse una integración paritaria del gabinete presidencial tanto  legal como ampliado.

2.- En los ayuntamientos y las alcaldías deberán observarse los principios de paridad horizontal y vertical.

3.- En el poder legislativo se exigirá la paridad de género en el encabezamiento de las comisiones y órganos de gobierno.

Las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional deberán estar encabezadas por fórmulas de mujeres.

Asimismo, resulta indispensable que 50 de las 500 diputaciones, así como 13 de las 128 senadurías, sujetándose al principio de paridad de género sean ocupadas paritariamente por mujeres y hombres auténticamente integrantes de nuestros pueblos y comunidades indígenas.

4.- En el Poder Judicial cuyos cargos no son de elección popular la propuesta se dirige a los órganos del Senado responsables de la designación de Ministros y Ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e integrantes del Consejo de la Judicatura Federal debiendo garantizar en su designación el principio de paridad de género.

5.- La misma lógica deberá aplicar el Consejo de la Judicatura Federal en los nombramientos de magistraturas para los Tribunales Colegiados de Circuito y titularidades de los Juzgados de Distrito.

6.- Lo anterior deberá reproducirse en sus respectivos ámbitos, y según proceda en cada una de las 32 entidades federativas, tanto a nivel estatal como municipal.

7.- En idénticos términos será la integración de los máximos órganos de dirección de los organismos públicos autónomos, tales como el Instituto Nacional Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Banco de México, Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otros.

En todos los casos, la composición de las dependencias y organismos gubernamentales deberá ser paritaria, recomendándose que su Presidencia sea asumida alternadamente por una persona de sexo distinto en los términos de sus períodos correspondientes.

De igual forma, cuando el número de integrantes de un órgano colegiado sea impar, se considerará la posibilidad de privilegiar una mayor presencia de mujeres con el propósito de revertir la desigualdad histórica de que han sido objeto.

Es importante destacar que a las formas constitucionales encaminadas al reconocimiento e instrumentación de la paridad deben sumarse un conjunto de medidas administrativas legales y judiciales que garanticen que las mujeres ejerzan sus derechos políticos en condiciones de igualdad, seguridad, libres de violencia y discriminación.

Es por eso, mi convencimiento, de que esta iniciativa es un paso más en ese objetivo que durante tantos siglos de lucha, las mujeres hemos anhelado en todo el mundo la igualdad real en los espacios públicos y de decisión, sintiéndonos especialmente, sintiéndome yo, especialmente, emocionada de presentar esta iniciativa hoy, 65 aniversario del Derecho a Voto de las Mujeres en México.

Este Senado tiene la obligación de pasar de las palabras a las acciones para que la democracia sea de todos y todas, para todos y todas, con todos y todas.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Caraveo.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Presidenta.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Sonido al escaño del Senador Madero, por favor.

El Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: (Desde su escaño) Por su conducto, Presidente, si se puede consultar a la Senadora Caraveo si me permite suscribir su iniciativa y felicitarla por la misma.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias.

La Senadora Patricia Mercado, con el mismo objeto.

Senadora Caraveo, si está usted de acuerdo.

La Senadora Bertha Alicia Caraveo Camarena: (Desde su escaño) Claro que sí.

Muchas gracias.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: OK.

Muchas gracias.

Senadora Gricelda, es a nombre del grupo parlamentario.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos, Primera.

Voy a repetir el turno que ya di, Senadora Malú Micher.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; para la Igualdad de Género, y de Estudios Legislativos, Primera.

Tiene ahora el uso de la palabra la Senadora Kenia López Rabadán, para presentar a nombre de las Senadoras y Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 35 constitucional, en materia de plebiscito y referéndum.

La Senadora Kenia López Rabadán: Con su venia, señora Presidenta.

Vengo a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, porque durante los últimos meses hemos escuchado la palabra consulta de forma consuetudinaria.

Sin lugar a dudas, la consulta ciudadana que más especulación ha generado es la relativa al Nuevo Aeropuerto Internacional de México, ya que aunque se ha anunciado que se instalarán mesas de recepción, del 25 al 28 de octubre, en plazas públicas, en 538 municipios del país, y con posterioridad habrá una encuesta, dicho anuncio generó más dudas que certezas.

¿Bajo qué parámetros se diseñó la pregunta?

¿Por qué en esas fechas?

¿Por qué cuatro días?

¿Quiénes recibirán la votación y realizarán el escrutinio y cómputo de las opiniones de las y los mexicanos?

Es importante señalar que la consulta ciudadana no se encuentra reglamentada a nivel federal en ningún ordenamiento. Lo más parecido que existe es la consulta popular, sin embargo este instrumento de participación ciudadana tiene fines y alcances muy diferentes a lo que está buscando actualmente el Presidente electo.

Como habitante de la Ciudad de México, debo señalar que el Presidente electo López Obrador nos tiene acostumbrados a sus ocurrencias en cuanto a consultas se refiere, ejemplo de lo anterior se dio en el año 2001, cuando mediante un escueto sondeo telefónico supuestamente preguntó a los capitalinos ¿si estábamos de acuerdo con el horario de verano? Y como teóricamente no estuvimos de acuerdo, decidió enfrentarse con el entonces Presidente Fox, e intentó no aplicar el horario de verano.

Otro caso tristemente recordado se dio ese mismo año, ya que decidió preguntar, vía telefónica ¿si los capitalinos estábamos de acuerdo en aumentar el precio del boleto del Sistema de Transporte Colectivo Metro? Y como el supuesto resultado arrojó que más del 60 % estaba de acuerdo, pues entonces aumentó el precio del Metro.

Desde Acción Nacional puntualizamos que no existe un parámetro para decir qué acciones del gobierno van a consulta y cuáles no.

Si el aeropuerto va a consulta. ¿Por qué el tren Maya no?

Si el aeropuerto va a consulta ¿Por qué la construcción de las nuevas refinerías no?

Si el aeropuerto va a consulta ¿Por qué el corredor transístmico que propone, no?

Si el aeropuerto va a consulta ¿Por qué el precio de la gasolina no?

Consideramos que la propuesta más pulcra para llevar a cabo todas esas consultas es que el Congreso de la Unión incorpore ciertos instrumentos de democracia participativa, como lo es el plebiscito y el referéndum. Evidentemente necesitamos eso en nuestro sistema legal mexicano.

El plebiscito es un instrumento de participación ciudadana mediante el cual el Poder Ejecutivo somete a consideración de los ciudadanos y ciudadanas, para su aprobación o rechazo, y de manera previa a su ejecución, los actos o decisiones que a su juicio son trascendentes para la vida pública.

Igualmente se debe legislar para implementar la figura de referéndum, ya que dicho instrumento es el idóneo para consultar a la ciudadanía sobre la creación, reforma, derogación o abrogación de leyes.

Necesitamos certeza sobre la forma en que debe hacerse la pregunta, los tiempos en que debe de realizarse, la forma en que serán vinculantes los resultados del ejercicio, e inclusive, los medios de impugnación que proceden a alguna controversia que exista.

En la presente iniciativa se propone que sea el Instituto Nacional Electoral la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento y acreditación de los requisitos para que se lleve a cabo cualquier plebiscito o referéndum.

Garantizará la equitativa difusión de las opciones que se presenten a la ciudadanía, y será esta institución la responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

Se establece que los resultados de plebiscito y referéndum tengan carácter vinculatorio cuando una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y haya participado al menos la tercera parte del listado nominal de electores.

Igualmente se propone que las decisiones en las materias de derechos humanos penal o tributaria no sean sometidas a plebiscito o a referéndum.

Concluyo, Presidenta.

Asimismo, durante los procesos electorales no podrá convocarse a plebiscito o referéndum e igualmente no podrá realizarse más de un procedimiento de plebiscito o referéndum al año.

Se establece que las controversias relativas a plebiscito o referéndum sean resueltas por el Instituto Nacional Electoral y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de conformidad con la ley.

En nuestra opinión, si el gobierno electo sigue promoviendo consultas piratas, únicamente será para justificar una decisión que podría ya estar tomada.

En el PAN decimos: “Consultas sí, manipulaciones no”.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y Estudios Legislativos.

Se concede ahora el uso de la palabra a la Senadora María Leonor Noyola Cervantes, para presentar, con aval del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 2 constitucional, en materia de consulta a comunidades indígenas.

La Senadora María Leonor Noyola Cervantes: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras Senadoras y compañeros Senadores:

Las comunidades indígenas, de conformidad con el Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes, así como con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen condiciones sociales, culturales y económicas que los distinguen de la colectividad nacional, se rigen por sus propias costumbres y tradiciones, porque conservaron a través de la historia sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.

Incluso, para considerarse a un individuo como indígena éste debe tener conciencia e identidad de ello, tienen una libre determinación y autonomía en su organización política, económica y cultural, así como en la solución de conflictos, sistemas normativos y elección de representantes.

El artículo 6 del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes establece lo siguiente.

Primero. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio los gobiernos deberán:

Inciso a) Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

Del Informe emitido por la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita a México en el tema que nos ocupa, se destaca lo siguiente.

En relación con las distintas iniciativas para desarrollar una ley sobre consulta previa, es necesario subrayar que la ausencia de una legislación específica no exime al Estado del deber de consultar a los pueblos indígenas conforme a sus obligaciones internacionales.

La Relatora Especial alienta a los pueblos indígenas, al Estado y a otros factores a que incluyan en sus debates opciones adicionales, incluyendo los procesos de auto consulta a los protocolos de relación con el Estado, desarrollado por los pueblos indígenas.

Cualquier mecanismo utilizado por el Estado para cumplir con el deber de consultar debe ser en sí mismo el resultado del diálogo y consulta de acuerdo con los estándares internacionales.

En días recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a la comunidad de Bacanuchi, Sonora, contra la construcción de una presa de jales en la mina Buenavista del Cobre que opera el Grupo México, y resolvió que de conformidad con lo previsto en la Constitución General de la República, en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, Protocolo de San Salvador en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debió consultarse a los integrantes de la comunidad Bacanuchi, previo a la emisión de la autorización otorgada a la empresa para construir y operar una presa de jales mineros.

En aras de cumplir con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, para ello, para el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, es necesario que cualquier consulta sobre actividades o medidas legislativas administrativas o de cualquier otra índole que pudieran afectar a los pueblos indígenas debe ser previa y debe proporcionárseles información adecuada sobre los impactos sociales, ambientales y culturales de dichos proyectos y posibles medidas de mitigación, indemnización y beneficios, tomando en consideración que se haya obtenido su consentimiento libre, previo e informado.

La presente Iniciativa que reforma el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa un avance muy importante ya que estamos proponiendo que las consultas a los pueblos indígenas se hagan mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, lo cual reconoce el derecho de libre autodeterminación que tienen.

Es cuanto, señora Presidenta.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Noyola.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Asuntos Indígenas; y de Estudios Legislativos.

Hoy todos traen cambio de señales de última hora.

Tiene ahora el uso de la palabra, para presentar un proyecto de decreto que reforma diversos artículos constitucionales en materia de no reelección los Senadores Armando Guadiana Tijerina y el Senador Gutiérrez Castorena, ambos han acordado dividir el tiempo de presentación de esta Iniciativa.

Es un proyecto de decreto que reforma diversos artículos constitucionales en materia de no reelección.

El Senador Santana Armando Guadiana Tijerina: Con la venia señora Presidenta y miembros de la directiva.

Senadoras y Senadores:

En este día tan importante por los 65 años del Voto a la Mujer, voy a tratar rápidamente, no voy a leerlo porque ya es muy tarde y vamos a obviar tiempo, es sobre el tema que no estamos de acuerdo con la reelección continua de los legisladores federales, llámese Diputados y Senadores, así como los Diputados locales en los 32 estados; y tampoco estamos de acuerdo en la reelección inmediata de los miembros de los ayuntamientos.

Por lo tanto, pedimos las reformas a los artículos 59, 115, 116 y 122 de la Carta Magna a fin de que se elimine este tema de la reelección.

Quizá muchas gentes digan que porque la experiencia que se adquiere, pero yo creo que si aquí somos 128 Senadores y en la Cámara de Diputados 500 Diputados, y somos 128 millones de habitantes en el país, siempre habrá uno mejor para cada uno de los escaños que ocupamos aquí o de las curules de la Cámara de Diputados.

En el ayuntamiento, los ayuntamientos no deja de ser lo mismo, puesto que los alcaldes en funcione aprovechan su permanencia, su estancia en el poder para durante la mañana ir a levantar solicitudes y por la tarde ir a hacer campaña cumpliendo las solicitudes de la mañana, es realmente una falta de equidad en las elecciones.

Hay antecedentes desde 1857 cuando la reforma donde hubo la reelección para la Cámara de Diputados solamente porque no había Cámara de Senadores, en ese entonces.

Pero ya no voy a leer mucho, sino que solamente, ya les dije los artículos, creo que las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos tienen  la sapiencia para saber  las correcciones adecuadas para las modificaciones a los artículos que mencioné se hagan de la mejor manera.

Yo quisiera cederle la palabra a un compañero Senador con mayor sapiencia, experiencia y, sobre todo, conocimiento del derecho como lo es el doctor Daniel  Gutiérrez Castorena, del estado de Aguascalientes.

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Guadiana.

Para referirse al mismo proyecto de decreto, tiene el uso de la tribuna el Senador Daniel Gutiérrez Castorena.

El Senador Daniel Gutiérrez Castorena: Con su permiso, Senadoras y Senadores.

Muchas gracias al Senador Guadiana por sus comentarios tan elogiosos, creo que no los merezco, pero vamos a iniciar.

El 10 de febrero del 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral, así se estableció la elección consecutiva para los cargos de Senadores, Diputados Federales, Diputados de la legislaturas de los estados, Diputados de las legislaturas de la Ciudad de México y para los integrantes de los ayuntamientos.

Al efecto, fueron reformados los artículos 59, 115, 116 y 122 de la Carta Magna.

El tema de la reelección tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no es nuevo para la vida política nacional.

En las Siete Leyes de 1836, obra constitucional del Partido Conservador, no se establecía restricción alguna para ocupar en distintas ocasiones la Presidencia, y las bases de organización de la República Mexicana en 1843, así como en el acta constitutiva y de reformas de 1847 no se incorporaron artículos expresos que la prohibieran.

La Constitución Federal de 1857 no estableció ninguna prohibición para la reelección del Ejecutivo, el Plan de la Noria y el Plan de Tuxtepec, que fueron acciones políticas, cuyas propuestas giraban en torno a la no reelección.

La reforma constitucional de 1878, siendo ya Presidente  Porfirio Díaz, prohibió la reelección inmediata, por lo que Díaz, hubo de ceder la silla a su amigo Manuel González.

Con la reforma de 1887 ya no hubo ningún obstáculo para que el dictador se mantuviera indefinidamente en el poder  durante más de 30 años.

Por lo que respecta a la reelección de los legisladores, existen importantes precedentes desde el siglo XIX.

En las constituciones centralistas de 1836 y 1843 quedó implícita la reelección de Diputados y Senadores.

La Constitución de 1857 contemplaba la misma expresión en su vigencia solamente estaba contemplada la Cámara de Diputados, ya que el Poder Legislativo Federal era unicameral, hasta que se reinstaló en el Senado en 1874.

Ante lo anteriormente expuesto y por la falta de mecanismos de participación democrática, en 1910 surge el movimiento revolucionario mexicano con el principio “Sufragio Efectivo, no Reelección”, lo que trajo consigo que la Constitución de 1917 quedara prohibida la reelección para que no se volviera a ocupar el cargo de Presidencia de la República, aun con el carácter de sustituto.

Posteriormente la prohibición de la reelección legislativa inmediata se estableció con la reforma al artículo 59 constitucional.

Actualmente con la reforma constitucional del 2014, a partir del pasado 1º de julio, la reelección legislativa federal inmediata ya es una realidad,  cualquier Senador o Diputado podrá volverse a postular en el mismo cargo, siempre que sea candidato por el mismo partido o por algún partido de la coalición, salvo que deje de pertenecer al partido que lo postuló antes de la mitad del mandato.

De igual forma se aplican las mismas reglas para los diputados de las legislaturas locales de la Ciudad de México.

Asimismo, Presidentes municipales, regidores y síndicos, la postulación para los Diputados podrá ser hasta en cuatro ocasiones ya siendo jurisdicción federal o de las entidades federativas, los Senadores sólo podrán postularse hasta que en dos ocasiones y a nivel municipal por un período adicional.

Si bien es cierto, uno de los supuestos beneficios argumentados son convivencia, la conveniencia de que se premie el buen ejercicio de gobierno o legislativo, mediante la continuación del cargo, en similares términos se aduce que la  reelección consolida los vínculos positivos de representante popular con su población electoral.

Sin embargo, el fortalecimiento de esta relación también favorece la creación de cuadros que se vician con el paso del tiempo, es una forma de atentar con el principio democrático, es decir, con la estructura del poder se va generando la dependencia del ciudadano, con las dádivas participativas, creando prácticas de corrupción, no de rendición de cuentas, falta de transparencia en el ejercicio del gasto público, y beneficiando un grupo minoritario que ostente el poder.

Esto conlleva a una desigualdad en la contienda electoral, atentando contra los principios democráticos retomando las viejas prácticas antidemocráticas.

No hay duda de que el trabajo de gobierno y legislativo, su éxito radica en la ciudadanía, en elegir a candidatos con preparación académica que hayan participado en la vida en la vida social, económica, profesional.

La pluralidad y la rotación periódica, el cambio generacional harán el trabajo de un gobierno exitoso, productivo, sustancioso, sin que exista la posibilidad de mafias de poder incubadas desde los partidos políticos.

No  podemos olvidar el principio de la lucha  del momento revolucionario mexicano de 1910, el principio “Sufragio Efectivo, No Reelección”, se convirtió en la base de la construcción y funcionamiento de un sistema político  que tomó un valor simbólico para  la edificación del moderno Estado mexicano, el principio de la no reelección permitió tener durante más de un silgo la estabilidad política en nuestro país, garantizando la base para que la construcción de la democracia en la actualidad con las reformas estructurales se han adoptado viejas prácticas porfiristas, se han entregado a los extranjeros los hidrocarburos, los recursos hidráulicos metalúrgicos, etcétera.

Con la reelección estamos abriendo la puerta a la continuidad de actos de corrupción que ha dañado sustancialmente a nuestra sociedad, se ha demostrado que aún carecemos de una cultura de rendición de cuentas, de transparencia y de prácticas contra la corrupción, el Estado debe de garantizar primero mecanismos que fomenten la participación ciudadana en los espacios públicos, rendición de cuentas, transparencia, elecciones libres de violencia y equitativas, que garanticen los principios rectores de la democracia, los cuales se ha edificado este país.

Michels, el pensador alemán planteó que las élites se convierten en  lo que denominó la Ley de Hierro de la Oligarquía, la Organización en la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegadores.

Quien dice organización, dice oligarquía.

Necesitamos acabar con esas prácticas de corrupción.

Muchas gracias, señores.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Gutiérrez.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera.

Se concede ahora el uso de la tribuna a la Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, en materia de áreas de refugio.

La Senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros: Muchísimas gracias.

Con el permiso, Presidenta.

Compañeras y compañeros Senadores:

Gracias al grupo parlamentario del partido Verde por sumarse a esta iniciativa que viene de las comunidades de pescadores, de mi estado, de Baja California Sur, pero segura estoy que coincidirá con lo que también pasa en otros estados de la República.

Basta de acuerdos que son exclusivos de escritorio en materia ambiental.

La iniciativa que hoy me permito poner a consideración de esta soberanía, promueve la participación ciudadana, la participación social en materia ambiental de forma ordenada y técnicamente sustentada.

De hecho se estableció en la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en su Principio número 10, donde expresa que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos interesados”, lo cual se ha plasmado en otros instrumentos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 1996, fue el primer ordenamiento jurídico del país que recogió este tema; sin embargo, estos avances no fueron considerados ni mucho menos replicados en las leyes ambientales posteriores a ésta.

Las leyes generales de Vida Silvestre, de Desarrollo Forestal Sustentable y de Prevención y Gestión Integral de los Residuos carecen de instrumentos expresos de participación social que posibiliten a las personas individuales y en grupo su injerencia directa en la toma de decisiones sobre desarrollo sustentable, esto nos indica que es indispensable que esas leyes establezcan de forma expresa la obligación a cargo de las autoridades competentes de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho de participación social de las personas afectadas en la aplicación concreta de los ordenamientos jurídicos de su competencia.

Asimismo, en el texto de renegociación o modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, uno de los temas que se han fortalecido es precisamente éste, el ampliar los compromisos de las partes en materia de protección del ambiente, incluyendo fomento a la transparencia y, muy importante, participación de la sociedad en el cuidado del mismo.

En tal virtud, la presente iniciativa pretende ser instrumento legal de cumplimiento del Acuerdo de Escazú y de los demás compromisos internacionales en materia de participación social tratándose de actos de autoridad regulados por la Ley General de Vida Silvestre con objeto de protección de la biodiversidad.

La Ley General de Vida Silvestre establece dos figuras relevantes para la conservación y protección de especies de flora y fauna silvestres y los ecosistemas que conforman, que son los hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre y las áreas de refugio para proteger especies acuáticas.

En ambos casos, los hábitat críticos y las áreas de refugio se establecen a través de acuerdos secretariales que emite el titular de la Semarnat; pero los expedientes que se integran para la creación de éstas medidas de protección de la biodiversidad no cuentan con la participación de las personas que resulten o puedan resultar afectados por la expedición de dichos acuerdos secretariales, no es sino hasta después de que se publican estos acuerdos en el Diario Oficial de la Federación cuando la Semarnat toma en cuenta la participación social para la emisión de los planes de manejo tratándose de hábitat críticos y los programas de protección cuando son áreas de refugio.

Participación previa es respetuosa.

Participación posterior es paliativa.

Por tal razón, consideramos que estas personas deben ser informadas, opinar y ser consideradas por la Semarnat, de manera previa a la expedición del acuerdo secretarial correspondiente, para que dicho acuerdo cause las menores afectaciones posibles y para que incorpore a los afectados en la implementación de las medidas de manejo y conservación.

En tal virtud, la iniciativa señala que en el establecimiento, administración y manejo de hábitat críticos para la conservación de la vida silvestre y de áreas de refugio para proteger especies acuáticas, la Secretaría promoverá la participación de sus habitantes, propietarios o poseedores, gobiernos locales, pueblos y comunidades indígenas, y demás organizaciones sociales, públicas y privadas, con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protección, mitigación de impactos y conservación de las especies de interés y sus hábitat.

Para tal efecto, la Secretaría suscribirá con los interesados los acuerdos y convenios de coordinación correspondientes.

Compañeras y compañeros:

Participación social y desarrollo sustentable es un binomio que debe presentarse de manera indisoluble en la discusión y en la toma de decisiones públicas asociadas a la preservación, conservación, protección y aprovechamiento de los recursos naturales para el bienestar presente y de las generaciones venideras, por lo cual debemos incorporarlo en toda nuestra legislación ambiental.

Es cuanto, Presidenta.

Por su atención, muchas gracias.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DEL SENADOR
MARTÍ BATRES GUADARRAMA

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, así como de Estudios Legislativos, Segunda.

En la cuarta ronda de iniciativas recibimos de la Senadora Lucía Virginia Meza Guzmán, del grupo parlamentario de Morena, un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en materia de fechas conmemorativas para el cálculo de plazos que nos solicita la proponente sea incluida en el Diario de Debates de manera íntegra.

Y se turna a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

Esta Presidencia informa al Pleno del Senado que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva se designó a la Senadora Vanessa Rubio Márquez como Vicepresidenta por México ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, ParLatino.

(Aplausos)

La Junta de Coordinación Política remitió cinco acuerdos.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si autoriza que se incorporen los cinco acuerdos a la agenda de este día para su trámite.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si están de acuerdo en que se incorporen los asuntos a esta Asamblea.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Sí se aprueba, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Pasamos al trámite del primero de los acuerdos de la Junta de Coordinación Política.

Solicito a la Secretaría dé cuenta del contenido del acuerdo por el que se establecen las fechas para llevar a cabo las reuniones de trabajo ante comisiones con motivo del Análisis del Sexto Informe de Gobierno.

El acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños, por lo que solicito a la Secretaría dé cuenta de sus resolutivos únicamente.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura a los puntos resolutivos del acuerdo.

Primero. La reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para tratar la materia de política social, se llevará a cabo el miércoles 24 de octubre de 2018, a las 12:00 horas, en el salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, ante la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social.

Segundo. La reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para tratar la materia de política social, se llevará a cabo el miércoles 31 de octubre de 2018, a las 12:00 horas, en el salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, ante las Comisiones de Desarrollo y Bienestar Social y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda.

Tercero. La reunión de trabajo con el Titular de la Procuraduría General de la República, para tratar la materia de política interior, se llevará a cabo el miércoles 7 de noviembre de 2018, a las 12:00 horas, en el Salón de la Comisión Permanente del Senado de la República, ante las Comisiones de Gobernación y de Justica.

Cuarto. La Junta Directiva de cada una de las Comisiones acordará la metodología sobre la que se desarrollará la reunión de trabajo con los titulares citados para llevar a cabo cada una de las comparecencias.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el  Acuerdo.

De no haber intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Aprobado el Acuerdo por el que se establecen las fechas para llevar a cabo las reuniones de trabajo ante  Comisiones, con motivo del Análisis del Sexto Informe de Gobierno.

Comuníquese.

Dé cuenta la Secretaría ahora del contenido del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se designa a la Senadora Kenia López Rabadán, como Representante por México a la Tercera Evaluación ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la aprobación de la Mesa Directiva también.

El acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Por lo que solicito a la Secretaría, dé cuenta con sus resolutivos únicamente.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy lectura al resolutivo.

Único.- Se designa a la Senadora Kenia López Rabadán, como Representante por México a la Tercera Evaluación ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

El Acuerdo está a discusión.

Si no hay oradoras u oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias.

Aprobado el Acuerdo por el que designa a la Senadora Kenia López Rabadán, como Representante por México a la Tercera Evaluación ante el Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Comuníquese.

Enseguida, solicito a la Secretaría, dé cuenta del contenido del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta a implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.

El acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Por lo que solicito a la Secretaría, dé cuenta con sus resolutivos únicamente.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy cuenta de los puntos resolutivos del Acuerdo, Presidente.

Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a los  titulares de las 32 entidades federativas de la República Mexicana, para que en el ámbito de sus competencias implementen las acciones necesarias encaminadas a garantizar la seguridad de las mujeres y niñas, efectuando políticas públicas, a fin de erradicar la violencia y cualquier acto que vulnere sus derechos humanos, asegurando a las mujeres una vida libre de violencia.

Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a las autoridades de las entidades que cuentan con declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres, a dar puntual seguimiento a las medida de seguridad, prevención y justicia, así como todas aquellas que se requieran para garantizar a las mujeres y  niñas que se encuentran bajo su jurisdicción, el derecho de vivir una vida libre de violencia.

Tercero. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Conferencia Nacional de Gobernadores, para que en el ámbito de sus competencias coadyuve y fortalezca las políticas públicas para prevenir, combatir y erradicar la violencia de género en todas sus modalidades.

Es cuanto, Senador Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Secretaria Senadora.

Está a discusión el Acuerdo.

Si no hay oradoras u oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Aprobado el Acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos de las 32 entidades federativas, así como a las dependencias e instituciones involucradas, a implementar las acciones necesarias para garantizar el derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia.

Comuníquese.

A continuación, solicito a la Secretaría, dé cuenta del contenido del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se modifica la denominación de la Comisión de Zonas Metropolitanas por la de Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad.

El acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Por lo que solicito a la Secretaría, dé cuenta con sus resolutivos únicamente.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura a los puntos resolutivos del Acuerdo.

Primero. Se modifica la denominación de la Comisión de Zonas Metropolitanas por la de Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad.

Segundo. Las iniciativas y  minutas en materia de movilidad y demás asuntos que hayan sido turnados a la Comisión Especial de Movilidad durante la LXII Legislatura y  LXIII Legislaturas, serán turnadas a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad para  dictamen.

Tercero. Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios integre la relación de los asuntos en términos del presente Acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Está a discusión el Acuerdo.

Si no hay intervenciones, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias.

Aprobado el acuerdo por el que se modifica la denominación de la Comisión de Zonas Metropolitanas por la de Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad.

Comuníquese.

Por último, daremos a conocer el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que establece que los asuntos pendientes de la anterior Comisión de la Ciudad de México sean turnados a la Comisión de Gobernación.

El acuerdo está a su disposición en el monitor de sus escaños.

Por lo que solicito a la Secretaría, dé cuenta con sus resolutivos únicamente.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Doy lectura a los puntos resolutivos del Acuerdo.

Primero. Las iniciativas y minutas en materia de capitalidad y de coordinación entre Ciudad de México y las autoridades federales y locales que hayan sido turnadas en la anterior Comisión de la Ciudad de México, pasarán a la Comisión de Gobernación.

Segundo. La iniciativa y minutas en materia de Coordinación Metropolitana y demás asuntos que deriven del Apartado C, del artículo 122 constitucional, de la Reforma Política de la Ciudad de México, que hayan sido turnados a la Comisión de la Ciudad de México, pasarán a la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad.

Tercero. Se instruye a la Secretaría de Servicios Parlamentarios integre la relación de los asuntos en términos del presente acuerdo.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Está a discusión el Acuerdo.

Si no hay oradoras u oradores, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse.

La Secretaria Senadora Verónica Delgadillo García: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el Acuerdo.

Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano.

(La Asamblea asiente)

Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano.

(La Asamblea no asiente)

Aprobado, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Aprobado el Acuerdo que establece que los asuntos pendientes de la anterior Comisión de la Ciudad de México sean turnados a la Comisión de Gobernación.

Comuníquese.

Solicito a la Secretaría, de cuenta de las ampliaciones de turno que ha autorizado la Mesa Directiva en sus reuniones matutinas.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Doy cuenta.

Informo a la Asamblea que la Mesa Directiva en su reunión del pasado martes 9 de octubre autorizó ampliación del turno al proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Reglamento del Senado presentado el 4 de octubre para quedar en las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias; para la Igualdad de Género; y de Estudios Legislativos.

Asimismo, en su reunión del jueves 11 de octubre autorizó la ampliación de turno al proyecto de decreto que reforma la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, presentado el 2 de octubre pasado para quedar en las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Economía.

Igualmente en su reunión de este día autorizó las siguientes ampliaciones de turno, al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 20, 21 y 102 constitucionales presentado el 11 de octubre pasado para quedar en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Derechos Humanos.

Al proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia presentada el 11 de octubre pasado, para quedar en las Comisiones Unidas de Justicia; para la Igualdad de Género; y Estudios Legislativos.

Son todas las ampliaciones de turnos, señor Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, les comunico el acuerdo de la Mesa Directiva sobre las siguientes efemérides.

Las de la Senadora Claudia Esther Balderas Espinoza, del grupo parlamentario de Morena sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales. El Día Mundial de la Alimentación, y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

La de la Senadora Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del PAN sobre el Día del Derecho al Voto de la Mujer.

La del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sobre el Día Internacional de las Mujeres Rurales.

La de la Senadora María Antonia Cárdenas Mariscal del grupo parlamentario del Partido Encuentro Social, sobre el Día Mundial de la Alimentación.

Y las del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sobre el Día de la Alimentación en el Mundo.

El día en el que la mujer mexicana adquiere plenitud de derechos civiles y políticos conforme a las reformas de los artículos 34 y 35 constitucionales.

Y el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Todos los textos se encontrarán publicados en la Gaceta, y se integrarán al Diario de los Debates de la sesión de hoy.

Les recuerdo que si se desea mantener inscritas iniciativas y proposiciones para la siguiente sesión, deberá informarse a la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva.

De no recibirse avisos, se aplicará el correspondiente turno a comisiones, los cuales se publicarán en la Gaceta.

Continúe la Secretaría con los asuntos de la agenda.

La Secretaria Senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Se han agotado los asuntos en cartera, Presidente.

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Secretaria.

Se cita a la siguiente sesión el próximo jueves 18 de octubre, a las 11:00 horas, en la que se hará un reconocimiento al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en virtud del 15 Aniversario de la Fundación de esta institución.

Se levanta la sesión.

Se levantó la sesión a las 19:11 horas

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