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Intervención del Senador



Sen.


Senador Electo por el Principio de Primera Minoría
Suplente:
Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 16 de octubre de 2018


Intervención

Comparecencia del Dr. Alfonso Navarrete Prida, Secretario de Gobernación, en el marco del Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Interior

El Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida: De nuevo muchas gracias a todas las Senadoras y los Senadores por permitirme acudir a este diálogo republicano que está enmarcado en nuestra Constitución General de la República.

Quisiera brevemente dar respuestas a algunos cuestionamientos serios, documentados que he recibido, y con esa misma seriedad poder dar y aportar la información con la que cuenta el Gobierno de la República.

Algunas cuestiones son de diálogo republicano sobre el tema del reconocimiento de una crisis nacional.

Desde el Gobierno de la República no se puede reconocer, afirmar, o siquiera suponer que existe una crisis nacional.

Tenemos un país con problemas, con muchísimos problemas, con retos formidables hacia adelante y con un enorme esfuerzo de millones de mexicanos que pensar o suponer que están en crisis es menospreciar su esfuerzo de organizaciones civiles, de instituciones, de cientos de corporaciones, de sistema de salud, de sistema educativo, de sistema de protección civil, que le han costado transversalmente al país muchos lustros de esfuerzo y que, desde luego, hay retos formidables que hay que analizar, críticamente hay que reconocer qué es lo que no está funcionando o qué pudo haber sucedido o qué pudo hacerse cambiado y debe de cambiarse y hacia dónde tenemos que poner el énfasis.

Uno de ellos, desde luego, tiene que ver con la impunidad, y mientras no se resuelva ese tema con claridad, con independencia, con certeza hacia la gente no puede haber seguridad y mucho menos pensar que se resuelven temas como corrupción, parte de la naturaleza humana, que si no hay sanción es una provocación a la repetición de acciones.

Yo no entraría a la calificación de casos concretos, si algo aprendí en mi paso por instancias de procuración de justicia es que un procurador o un ex procurador no especula, si afirma es porque prueba, y si no solicita y exige con claridad que se actúe en los órganos de procuración de justicia, que para eso existen.

En relación al tema de protección a periodistas, que sí es un tema que preocupa porque amenaza una de nuestras libertades fundamentales, que es la seguridad de las personas y, la otra, la capacidad para ser libre y expresar lo que uno cree.

Desde el inicio de operaciones del mecanismo de protección de periodistas, en octubre del 2012 al 31 de agosto de 2018, 900 personas se han incorporado al mecanismo de protección federal; 542 defensoras de derechos humanos y 448 periodistas.

De ahí se han otorgado 365 medidas de protección en materia de infraestructura para la protección y 2 mil 995 acciones de coordinación.

Este año, 2018, es el año en que se ha dotado del mayor monto de recursos para el mecanismo de protección de periodistas, que es 200 millones de pesos y fue insuficiente, y se tendrá que reponer ese fideicomiso que existe, ese fondo, en esta semana una vez que sea reabierto el sistema en Hacienda y no está en riesgo la continuidad de los recursos para apoyo a este importante programa que representa mucho para todos.

En relación a César Duarte y algunos otros casos donde autoridades estatales han estado involucradas en asuntos que tienen que ver con procuración de justicia y persecución de delitos.

De las 15 órdenes de aprehensión que se han solicitado para la extradición de César Duarte, 10 órdenes del fuero común fueron entregadas en 2017 por el gobierno de Chihuahua, se han entregado ya en este momento más de 12 solicitudes de extradición.

Los delitos por los que se ha acusado al ex gobernador, César Duarte, son delitos que por la propia ley son delitos no graves; es decir, si fuese resultado de enfrentar un procedimiento penal lo podría enfrentar en libertad.

¿Qué significa?

Que la tramitación que está obligada la Federación para entregar una solicitud de extradición al Departamento de Estado Norteamericano pasa por un principio de equivalencia de qué tipo de delito es, y sobre eso la calificación se hace y se sigue el procedimiento, no es una detención inmediata con fin de extradición porque el propio delito por el cual se le acusa en la instancia, en el estado de origen, es un delito no grave.

¿Qué le corresponde al Departamento de Estado Norteamericano? Procesarlo.

Ahí está y creo que debemos de hacer un esfuerzo para transparentar más esta información y que pueda, sobre todo, a la sociedad de Chihuahua dejar constancia clara de qué está ocurriendo en este caso en particular.

Los mecanismos y el Sistema de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes no está degradado, es un órgano desconcentrado que tiene capacidad de actuación autónoma, la propia naturaleza de los órganos desconcentrados en materia administrativa están hechos para que funcionen con el apoyo que requiera de la autoridad central, pero para que no se subordinen y esperen que en todo  momento sea la autoridad superior la que determine qué tiene que hacer.

Ese mecanismo funciona, se está trabajando en él y ahí se publica periódicamente lo que se está haciendo, junto con otras medidas transversales.

¿Qué sucede con el tema de los migrantes? Y es un tema que se ha repetido constantemente en las respetuosas y amables preguntas que han formulado.

Existe nuestra legislación que tiene que ver con una Ley General de Población.

Esta Ley General de Población establece requisitos para el otorgamiento de visas humanitarias, que no necesitan visa, así lo señala la ley, aquellos extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: Que sean solicitantes de condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor.

No existe connacional hondureño que se encuentre en esta condición.

La expresión sobre la solicitud ha sido para una caravana migrante y el gobierno de México está siendo claro en esta situación, que no engañen a la población migrante o sea utilizada con fines que no tienen que ver con la propia migración, por las características que sea.

El ir y adentrarse en una caravana, sin recursos, sin documentación, con menores no acompañados o con menores acompañados en condición de vulnerabilidad, es un enorme riesgo. Más cuando tenemos los países del triángulo norte de Centroamérica y México, la misma posición de respeto a los derechos humanos de los migrantes, frente a actitudes que se pueden interpretar como xenófobas por parte del vecino norteamericano y que tienen aplicación de sus leyes, hay respeto a esa aplicación y no significa que no haya condena a los resultados de esa política que es separación de familias.

Eso es lo que se ha estado encargando de decir y de señalar el  gobierno mexicano constantemente, de que venir a un país sin la documentación necesaria,  siendo objeto de un movimiento que no tiene como una finalidad específica la migración, sino la propia caravana en condición de vulnerabilidad, sí es un riesgo para la población y se tiene que advertir y cuando entran a territorio nacional gozan de las garantías que da nuestra Constitución, con todos los problemas que eso significa, en el transcurso y recorrido, sea en tren, sea en camión, sea por tierra, para poder otorgar alimento, las casa de refugio, la vigilancia respectiva, el diálogo con los líderes y no ha habido una sola que no haya llegado a su destino, muchos de ellos Tijuana o Tamaulipas, con muchas vejaciones.

Quiero dejar firme la posición del gobierno de México, de un rechazo absoluto a cualquier posición xenófoba, que pretenda separar a familias así sea en la aplicación  de  la ley de un país  si ésta no se apega al respeto de derechos humanos. Y menos, separar familias.

El gobierno mexicano actuará, en consecuencia, en esta circunstancia.

Sobre el tema de ese Informe y la política que se debe seguir y se ha seguido en materia de derechos humanos, no es una política que haya comenzado en este sexenio.

En el año 2011, la Sexagésima Tercera Legislatura aprobó la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos más importante que se ha dado en el país en los últimos 20 años.

Lo sé porque la bancada a la que orgullosamente pertenecí, que es la del Partido Revolucionario Institucional, la apoyó, la impulsó y la hizo vigente y posible.

Su servidor era Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Esa política de derechos humanos que implicó la construcción de distintos ordenamientos normativos en legislación secundaria, hoy se empieza apenas a aplicar.

Sólo en materia de desapariciones forzadas o desapariciones por particulares, la legislación fue promulgada apenas este año, el 16 de enero y tiene que empezarse a aplicar transversalmente porque es la construcción de sistemas que se tienen que hacer y de comisiones intersecretariales, tanto en la Federación, como en los estados.

De todos los casos que en este momento se presentan de investigación y de auditoría, lo que diría con claridad es: Esperemos el resultado de la auditoria y de lo que ella concluya, sin satanizar, lucrar o tratar de dar una opinión por más de buena fe que se tenga sobre un caso que pueda molestar, herir o indignar, si no se cuenta con las definiciones y las pruebas correspondientes.

Sé que la Senadora Eunice Renata ha dejado claramente señalado que quedan varias preguntas por responder, que no alcanzaba por tiempo.

Y con mucho gusto, tal como lo establecen también los Reglamentos, las Reglas, las Prácticas Parlamentarias y la Constitución, si las formulan y nos las hacen llegar, de inmediato, a través de la Mesa Directiva, que es el conducto que se tiene que seguir, daremos respuesta a ellas de forma puntual.

Con respecto al paisano, Senador, don Juan Zepeda, lo que el martes 9 de octubre su servidor declaró, es un hecho importante, trascedente de lo que implica un primer esfuerzo en un tema muy doloroso, que es el tema de las desapariciones forzosas y el no encontrar a familiares desaparecidos desde hace lustros.

El esfuerzo consistió en lo siguiente y el coordinador de la bancada a la cual pertenece el Senador lo sabe y lo conoce muy bien, porque él fue promotor de un sistema similar y la presentación de una iniciativa apenas la semana pasada al respecto.

La ley se aprobó el 16 de enero, se tuvo que esperar un tiempo a que el Senado de la República aprobara quién era el Comisionado encargado de búsqueda de personas.

De ahí la ley, la misma ley señala que a través de una amplia consulta debía constituirse el Consejo Técnico, eso tomó por lo menos otro mes más y de ahí empezar a establecer los mecanismos de funcionamiento.

En lo que se ha trabajado es primero tener un Registro Nacional de Personas que se hayan denunciado como desaparecidas y que la ley no distingue entre ausentes, que pueden ser voluntariamente o desaparecidos de manera forzosa.

El número que se dio de 37 mil y un poco más, tiene que ver con lo que dice la ley. Contar por primera vez con un registro y de ahí tener que empezar a depurar datos ya con nombre y apellido.

Y es un esfuerzo que se tiene que hacer.

En los colectivos de persona desaparecidas y en las familias, lo que encontramos son historias de dolor, no encontramos necesariamente un argumento racional, porque no tendrían por qué tenerlo. Es una exigencia y un reclamo y no concibo cómo puede haber un dolor más grande que el que no sepa una mamá o un papá dónde quedó su hijo, independientemente de la causa por la cual haya desaparecido.

Lo que se ha hecho con cuidado es ver de todos los Semefos que tienen una forma de registrar huellas dactilares, que tiene que ser de impresión, compararlos con las demás bases de datos y plataformas que tenemos para buscar coincidencias.

En el Semefo se encuentra un desconocido aparentemente y se inicia una carpeta de investigación.

Lo que se tiene en el ámbito civil de registros civiles y en el ámbito federal de licencias o la plataforma que tenemos para poder corroborar datos, tiene un sistema distinto que es de huella rodada, no compatible. Había que buscarse hacer compatible los dos sistemas.

Eso fue lo que arrojó 26 mil coincidencias, 16 mil que se podía iniciar  ya un proceso muy serio de identificación.  Y ahí agradezco el invaluable apoyo del INE, que sí tiene un sistema y una plataforma de huellas dactilares, con foto y con nombre.

Esas arrojaron cuatro mil 500 personas ya con nombre y fotografía que puede ser dado a conocer a los familiares, qué ha pasado o dónde está su familiar que se había señalado como desaparecido.

Se pidió que se hiciera un doble chequeo.

¿Por qué?

Porque poder que el INE, la credencial de elector, por alguna razón no coincida y sería un doble dolor asegurar una afirmación de algo que al final puede no resultar cierto.

El dato que se tiene en este tiempo son 350 personas, 300 de ellas con más de diez años de haberse denunciado desaparecidos.

Es un primer esfuerzo, ¿insuficiente?, absolutamente; es un tema de lustros, pero sí se tiene un camino que se puede seguir y se puede complementar con registros biométricos con el mismo sistema que se está conformando, y que ahora permite tener en ausencias, no desapariciones forzosas, un registro para personas con vida, que pueden estar en refugios, en asilos, en hospitales o haber desaparecido voluntariamente.

Y que se pueda también tener la capacidad para informarle a las familias dónde está la persona, a eso se refiere esta nota que se dio a conocer el 9 de octubre, y que es un esfuerzo que, en mi opinión deberíamos de continuar porque ahí detrás de esto hay actos de justicia, no completa, seguiría la persecución de delitos en el caso de asesinatos; sí el mínimo necesario para saber y darle respuesta a familias que tienen todo el derecho a exigir qué ha pasado con sus familiares.

A la Senadora del Partido Verde.

El tema de las estructuras administrativas, y si debe ser una Secretaría la que se encargue de los temas de seguridad o depender de una Secretaría de Estado, es un tema que a este país le ha costado debates de muchos años, y no del México reciente.

Simplemente en el inicio del México del siglo XX el Procurador General de la República pertenecía y participaba en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La policía estaba adscrita el Poder Judicial, por eso se le llama policía judicial, se le quedó el nombre.

La ubicación de si existe una Secretaría de Seguridad Pública, si existe una agencia, si existe un organismo desconcentrado es un tema que se ha discutido mucho, importa el resultado de que efectivamente se cubran niveles de seguridad adecuados.

¿Qué ha sucedido?

En treinta años partidos políticos nacionales, desde luego, ahora uno que empieza en funciones en el estado de Morelos, y a nivel federal con el nuevo gobierno que entrará en vigencia a partir del primero de diciembre, pero prácticamente todos los partidos del espectro político nacional, sin excepción han sido gobierno.

Y, no ha habido un solo partido en gobierno que haya podido darle una respuesta definitiva al tema de la seguridad pública.

¿Hacia dónde creo que debemos encaminar el esfuerzo, y qué sí se ha hecho bien?

Hoy tenemos policías con plataforma, hoy tenemos policías en algunas entidades y en la Federación con sistemas, con servicio civil de carrera, con metodología y con protocolos de investigación, con capacitación constante, con capacidad para tener un avance en la vida y promociones que tiene que ver más con el mérito que con el amigo, con sistemas que abandonan un sistema de caudillos y de comandantes a un sistema de instituciones que puedan dar respuesta. Esta parte hay que conservarla.

Se ha pensado que es el sistema de justicia, no porque no necesite perfeccionarse, se han invertido ocho años en un sistema alternativo de justicia penal, 82 mil millones de pesos, y el sistema arroja enormes retos como la puerta giratoria, donde el catálogo de delitos hace que una persona que traiga armas salga de la misma manera en que entró rápidamente, y no existe un solo gobernador, uno solo que no haya señalado y solicitado que se hagan ajustes a la legislación.

En mi opinión, porque esa fue la pregunta, se tiene que concentrar el esfuerzo en el modelo de investigación policial.

En este país cuya pirámide y embudo determina impunidad, donde el 20 % de delitos se denuncian, donde el 10 % la mitad, del 50 % de esos delitos llegan a un proceso penal y donde al final solamente hay cinco sentencias condenatorias, de cien conductas delictivas es una apuesta la impunidad.

Cambiar una de las  válvulas del sistema, hacerlo más ágil, poner prisión preventiva de oficio significa atrofiar otras válvulas del sistema, como era la sobrepoblación carcelaria.

Y lo que era un problema de sobrepoblación carcelaria, hoy se convierte en un tema de que se tienen una mayoría de espacios penitenciarios que se tiene que volver a reconsiderar qué hacer con esos centros penitenciarios o hacia dónde conducirse, como está pasando en algunas entidades.

El tema doloroso del proceso de justicia es que los que llegan a proceso en un modelo de reacción policíaca donde solamente se persigue o se detiene en flagrancia hace que el juez, lo que tenga en sus manos en el momento mejor de los casos que llega a sentencia es una sola conducta delictiva, es primodelincuente, y por lo tanto se le impone una pena mínima, aunque haya cometido 80 conductas, que no están registradas, y el país pelea por aumentar las penas máximas, ya vamos en penas de 140 años, porque la Constitución prohíbe la cadena perpetua, que no se aplica; el     98 % de las sentencias en México  se aplica la pena mínima, y ahí entra el beneficio preliberacional, y el delincuente vuelve a salir. No es un temor la cárcel.

Si el modelo e investigación policíaca no cambia a poder concatenar conductas compartimentadas y la detención de organizaciones criminales con varios hechos delictivos por más sistemas orales, no orales, escritos, aumento de penas no va a funcionar. Y es una tarea pendiente de todos, sin tratar de señalar culpas o errores, así está el sistema.

En materia de prevención de la delincuencia sí hubo una disminución de recursos a uno de los programas. La disminución no obedeció a un capricho, de parte de la autoridad del Ejecutivo Federal; obedeció a una decisión de que ante la caída de materias primas en los años pasados, que significó una caída contundente del precio del petróleo, la opción que se tomó no fue generar más impuestos o deudas, sino disminuir el gasto público, y esto constituyó más de tres puntos del PIB, que lo hizo el gobierno federal, sin detrimento del presupuesto de los estados, y significa, en palabras llanas priorizar.

Y los programas de prevención de la delincuencia no solamente están en este programa que disminuyó y no se perdió, se otorgaron 300 millones de pesos por año, sino se fortalecieron otros programas transversales que permiten seguir atacando el tema de la prevención primaria de la delincuencia que es con parques públicos, con labores educativas, la Ciudad de México lo hace, y lo hace además muy bien, y poner mayor énfasis en la prevención secundaria, que es la persecución inicial de la comisión de delitos y en la capacitación de la policía de proximidad. Los resultados son insuficientes, pero no por una desaparición de un programa o un menosprecio, sino por razones que están documentadas y existen el por qué.

Sí duele, a la Senadora Kempis, de Movimiento Ciudadano, sí duele, y duele en la cifra de personas desaparecidas.

Detrás de cada historia de un desaparecido es una historia de dolor, de exigencia, y es real.

La pregunta, es, por qué siguió una estrategia fallida, no es un tema de estrategia fallida, es un tema de indefinición de una política nacional que no ha quedado clara en décadas.

¿Cuál es el modelo de policía que tiene que tener el nivel municipal y el nivel estatal?

Y se lleva discutiendo en esto en el Congreso de la Unión más de ocho años, sin que pueda haber una definición como tal.

La debilidad institucional donde el 25 % de  los municipios de México o no tienen policía o no tienen armas, o no están ni siquiera evaluados inicialmente, y los salarios son salarios muy pequeños, dan una idea de la complejidad del problema.

El tema de la violencia y de los homicidios violentos que también se tocó aquí, el 50 % de los homicidios violentos se da en el 2% de los municipios del país, en 57.

Ahí debemos concentrar mucho de la estrategia en este fenómeno, y por otro lado, desde hace 30 años, todos los gobiernos, sin excepción, recurrieron al auxilio de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, particularmente de seguridad pública.

Y la convivencia de fueros, como señalaba al inicio de la presentación, de fuero castrense y de fuero civil en tiempos de paz, en un problema tan complejo como la delincuencia, generar enormes riesgos, inclusive de violación a derechos humanos o de violencia en sí mismo por ausencia de protocolos y de legislación, lo que está analizando la Corte, independientemente de la posición que se adopte con respecto a la Constitución, que será precisamente que digan que es constitucional y no, es de la mayor trascendencia hacia la gente.

¿Hasta dónde el fuero castrense tiene capacidad constitucional para apoyar las tareas de seguridad pública? Y ¿Hasta dónde no? y ¿Bajo qué protocolos?

Sé que preguntó, hizo una pregunta importante, además, sobre la ética dentro de los cargos.

Yo sostengo esto, y no lo sostengo yo, lo decía Aristóteles: “El mínimo ético que existe es la ley”, y ese es el que tenemos que cumplir todos, independientemente de lo que uno piense o no.

No hablamos nunca de detenidos, por cierto, en materia de migración, se habla de gente rescatada; y sí se habla de detenidos en el tráfico de personas, en la trata de personas, en la explotación que se hace de las mismas y de la población vulnerable migrante.

En el Poder Legislativo, al Senador Añorve, y creo que ya hablé sobre los retos que veo en materia de seguridad, ojalá sirvan como una opinión, tienen que definirse decisiones legislativas de la mayor importancia sobre lo que va a venir en los próximos meses sobre la propia estrategia de seguridad.

Los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán, Nochixtlán, Oxchuc, tienen que ser resueltos claramente conforme a la ley.

Aquí volvería a repetir, como ex procurador y persona dedicada a estos temas: “No se vale especular”, que se den las instancias que la ley permita y se llegue a la conclusiones que el expediente soporte con claridad y a la verdad, a la legal y a la real, y en eso, sin duda alguna, cuentan con el apoyo de esta Secretaría y del Gobierno Federal.

Creo que son todas las preguntas que se me han formulado, y quedo atentamente a la siguiente ronda de preguntas y cuestionamientos de parte de ustedes.

Muchas gracias.