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Intervención de la Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu



Sen. María Hilaria
Domínguez Arvizu


Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
Lista Nacional
Senadora Electa por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Senador(a) Suplente del Senador(a): Arely Gómez González

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 04 Oficina 22, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53 45 30 00 Ext. 3813

E-mail: hilariadominguez@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 12 de septiembre de 2017


Presentación de Iniciativa


Proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, Senador  Presidente.

Queridas compañeras y compañeros.

Presidentas, Vicepresidentas y Secretarias y Secretarios de la Mesa Directiva.

Apreciables Senadoras y Senadores:

Vengo con ustedes a conversar sobre algún proyecto e inquietudes que traemos los campesinos mexicanos con las reformas diversas a varios artículos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.

Como ustedes y yo sabemos, la propiedad social en México, representamos el 52 % de la superficie  del territorio nacional; 105 millones de hectáreas pertenecen a los núcleos agrarios, los cuales están conformados por ejidos y comunidades, actualmente en México, se tiene un registro de 32 mil 83 núcleos agrarios, donde radican más de 32 millones de personas que pertenecemos al sector rural.

Tanto la población urbana como la rural, están sufriendo un cambio radical, dentro de una estructura, pues  en el año del 1950 y hasta el 2010, la población urbana se incrementó del 42.6 %. Es decir, el 77 % toda la migración hacia la ciudad.

Esto advierte que seguimos sufriendo grandemente una migración y un abandono en el campo para trasladarlos a la ciudad.

Nuestra población rural se está encontrando un poco lejana y las ciudades se están haciendo difíciles de alcanzar y se tiene que hacer mano de terrenos o cambio del uso de suelo o de vocación de la tierra ejidal y comunal para convertirla en zonas urbanas.

Durante la administración de nuestro Presidente Enrique Peña Nieto, se ha puesto en marcha una nueva política nacional urbana y de vivienda que se ha estado implementando a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario,  Territorial y Urbano, con la convicción de elevar la calidad de vida y consolidar las ciudades más competitivas, productivas y sustentables.

Se ha promulgado la nueva Ley General de Asentamientos Humanos y de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que fue aprobada por nosotros y por la Cámara de Diputados el 6 de octubre y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de noviembre del 2006.

Esta nueva ley contempla la creación de un conjunto entre tres órdenes de gobierno, de una estrategia que permita aprovechar al máximo el espacio disponible de las zonas conurbadas, garantizando que la ciudadanía que carezca de bienes y servicios, pueda tener  lo más básico que da, la vivienda.

El derecho a la ciudad garantiza a todos los habitantes de un asentamiento humano o centro de población en acceso a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos, a partir de los derechos reconocidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bajo esa premisa, es indispensable señalar que a pesar de contar con un ordenamiento autorizado, como es la Ley General de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, aún estamos lejos de garantizar un clima de convivencia armónica entre la población urbana y rural.

Nuestra Carta Magna establece en su artículo 27 la obligatoriedad del Estado para respetar y proteger las tierras y aguas de uso común y respetar la vida comunitaria de los ejidos y de las comunidades.

Reconocer en esta última como la forma de asociación, permitir y aprovechar los recursos productivos, prominentes de las tierras y que pertenezcan, y dichos recursos sirva para elevar la calidad de vida de los integrantes de los núcleos agrarios.

En este tenor, el artículo 27 señala que será la Asamblea General de Ejidatarios, el órgano supremo que tomará las decisiones y el control de los núcleos agrarios, además como complemento al artículo 9 de la Ley Agraria, señala, el objetivo de esta iniciativa es armonizar la nueva Ley de Asentamiento Humano Territorial, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el marco normativo que protege a todos los sujetos  agrarios en cuanto a la protección de sus derechos como titulares de la propiedad social.

¿Qué pretendemos con esta nueva propuesta, con estas nuevas adiciones a estos articulados? Que vaya muy de la mano con lo que establece el artículo 27 constitucional y vaya muy de la mano con lo que establece la Ley Agraria.

Hemos realizado la ley y en los órganos de mando, tanto nacional, estatal y municipal no están considerados los comisariados ejidales y los consejos de vigilancia, tampoco la voluntad suprema de la Asamblea General de Ejidatarios.

Con las reformas al 92, la propiedad social hoy las y los campesinos mexicanos que  somos sujetos agrarios de ejidos y comunidades o ejidatarios o comuneros, somos dueños de la tierra, de su fruto y los bienes distintos a la tierra.

Al certificarse nuestros núcleos agrarios en tierras aparceladas para fines de cultivos o zonas urbanas y la selva territorial para urbano, ha sido la Asamblea, General de Ejidatarios, la que otorga  la autorización y los dueños de los títulos o certificados de derechos agrarios que tenemos individualmente, cuando se trata de ejidos y comunidades que están conurbados a las grandes ciudades como está ocurriendo, también aquí mismo, en la Ciudad de México.

Por eso, en su articulado, artículo 1 de esta ley, hemos agregado en su quinto número, en su fracción V, que quede también: “ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y avecindados”.

Y agregamos un numeral, una fracción más, que es el XXV: “verificar que en los casos de afectación por planes y programas de desarrollo urbano a tierras sujetas a régimen ejidal o comunal se cuente con el acta de Asamblea General de Ejidatarios y Comuneros”.

En el titular de, y proponemos en el artículo 15, que se omite a la Procuraduría Agraria por ser la rectora, y es la primera que implementa todo el levantamiento del procedimiento que se sigue legal, agrario jurídicamente hablando, para que se incorpore y quede dentro del artículo 15 la Procuraduría Agraria formando parte del Consejo Nacional, y en las entidades los delegados o representantes de la Procuraduría.

En su artículo 20 proponemos como comisariados ejidales y bienes comunales, porque habla en este: “garantizar que los consejos estatales estén representados conforme a un sistema de planeación democrática, en sus respectivos miembros, con perspectiva de género que estarán formados por el gobierno con el sector social y gubernamental de órdenes de gobierno correspondientes, colegios de profesionistas, instituciones académicas, órganos empresariales del sector expertos, entre otros, para participar en la formulación de planes y programas; pero no están contemplados los ejidos y las comunidades, mucho menos la Asamblea General de Ejidatarios.

Y si ellos son los dueños de la tierra, de la cual se va a tener que hacer uso para el cambio de destino en la zona urbana, pues no entendí entonces por qué se quedó afuera esta figura tan importante que debe de haber.

Proponemos también que en ese mismo articulado, en su fracción IV: “la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales en el ámbito de sus respectivas competencias garantizarán los derechos ejidales y comunales, cuyas tierras sean incorporadas al desarrollo urbano y rural”; es decir, que sean ellos también consultados.

Y tratándose de la autoridad estatal o municipal competente dará aviso público, inicio del proceso de planeación y de formulación de proyectos, planes y programas de desarrollo urbano a modificarse difundiéndola ampliamente. Tratándose de tierras de la propiedad ejidal o comunal deberá notificarse a las asambleas generales de ejidatarios o comuneros.

¿Por qué propongo esto?

Porque muchos presidentes municipales hacen su plan municipal de desarrollo urbano, no le notifican a los, no forman parte de los ejidos de este consejo, ellos arman su plan, integran la superficie de tierra, a veces hasta cultivable, la incorporan y la hacen como que fuera zona urbana en su plan municipal de desarrollo sin tomar en cuenta a los ejidos.

Y atropelladamente muchas veces el cabildo autoriza, se va a la Secretaría de Desarrollo Urbano, en el estado u obras públicas y al propio Congreso del Estado, como integrando un expediente que aparentemente están todas las partes, hay la aceptación y la anuencia, y resulta que no fueron tomados en cuenta los dueños de la tierra, y esto hace que, pues los campesinos al verse desprotegidos tendrán que acudir a los Tribunales Unitarios Agrarios o a promover sus amparos.

Y, bueno, pues en lugar de ayudar a resolver los problemas los agravaríamos más.

Por eso vengo ante ustedes para que estas propuestas que hacemos, y adecuaciones a esta Ley de Asentamientos, queden muy de la mano conjuntamente con nuestro articulado del artículo 27 constitucional y su ley reglamentaria, que es la Ley Agraria.

Muchas gracias.

Les aprecio mucho que me hayan escuchado.