+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Intervención del Senador Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez



Sen. Alejandro de Jesús
Encinas Rodríguez


Sin Grupo
México
Senador Electo por el Principio de Primera Minoría
Suplente: Manuel Crisóstomo Reyes

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 03 Oficina 09, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3112, 3961

E-mail: aencinas@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Miércoles 25 de abril de 2018


Voto Particular

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Comunicación Social.

 

El Senador Alejandro  Encinas Rodríguez: Muchas gracias, señor Presidente.

Es en contra, los votos particulares siempre son en contra.

Bueno, como lo hemos señalado, vengo a presentar el voto particular que hemos suscrito la Senadora Dolores Padierna y un servidor en contra del dictamen que expide la Ley General de Comunicación Social.

Más allá de los argumentos jurídicos que expondré más adelante, a nuestro juicio este dictamen representa la regresión final promovida por el actual gobierno para limitar los derechos y libertades de los mexicanos, particularmente el de la libertad de expresión.

Durante casi seis años hemos sido testigos de cómo se han venido imponiendo una serie de medidas que han tenido como fin limitar el pluralismo en la información, la libertad de opinión y el pensamiento crítico de los ciudadanos.

Desde dotar de un mayor poder económico al duopolio televisivo, limitar los derechos de las audiencias y el ejercicio de la réplica, hasta las más terribles prácticas, como la persecución, la violencia, la censura periodística y las múltiples represalias contra comunicadores a lo que se suma la violencia contra el ejercicio del periodismo.

No en balde hoy nuestro país es el segundo país más violento contra los periodistas, donde se registra en promedio 1.5 agresiones todos los días, y lamentablemente acredita un nivel de homicidio de periodistas en ejercicio de sus funciones.

Ahora con este dictamen se pretende legalizar un modelo de comunicación que se ha caracterizado por el uso excesivo y discrecional de los recursos públicos, con el único fin de mantener el control de los medios de comunicación y legitimar la imagen de un Presidente que ha alcanzado los niveles más altos de reprobación por parte de la ciudadanía a partir del dispendio de recursos públicos que en materia de propaganda gubernamental, durante el gobierno de Peña Nieto, les ha costado, nos ha costado a todos los mexicanos 40 mil millones de pesos, de los cuales cerca de 28 mil 270 millones han sido por la vía del sobre ejercicio, del presupuesto autorizado por la Cámara de los Diputados.

De esos recursos el 56 % del gasto de publicidad oficial se ha destinado únicamente a 20 medios de comunicación, entre los cuales empresas como Televisa o Televisión Azteca concentran casi el 20 % del gasto total en materia de propaganda gubernamental.

Este es el modelo que quieren legalizar con este dictamen, un modelo que reivindica, como lo dijo aquí el Senador Héctor Larios, la máxima de José López Portillo: “no te pago para que me peguen”. Y por supuesto quien apoya al gobierno es el principal beneficiario de estos recursos.

Es lamentable que la mayoría parlamentaria de este Senado vaya a aprobar, bajo el argumento de dar cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, un dictamen para instaurar un modelo de comunicación que va en contra de la Reforma Constitucional de 2017, y que vulnera, sobre todo los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y limita la pluralidad informativa y el pensamiento crítico de los ciudadanos.

Los 45 artículos que contiene este dictamen no atiende las cuestiones de fondo que discutió la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar el derecho a la libertad de expresión ni atiende las demandas de la sociedad civil para construir una ley que erradicara los excesos del gobierno y el control político sobre los medios de comunicación.

Hoy se nos presenta una propuesta regresiva que instaura un modelo autoritario y conculca el derecho a la verdad, el acceso a la información y la libertad de ideas.

Los promotores de este dictamen pretenden mantener el derroche del dinero de los mexicanos para promover la imagen de un Presidente que no ha cumplido con sus responsabilidades y que buscan establecer una sobre exposición en los medios de comunicación sin reglas y favoreciendo el uso discrecional de la publicidad oficial.

Estamos en contra de este dictamen, entre otras razones, porque, en primer lugar, no establece un umbral máximo para los entes públicos federales respecto de los topes de gastos en comunicación social que puedan realizar ni tampoco establece disposiciones que impidan el sobre ejercicio del gasto en la materia.

Al respecto, la relatoría para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos ha sostenido que cuando el Estado asigna recursos en forma discriminatoria, ya sea positiva o negativa, se viola el derecho fundamental a la libertad de expresión.

Estamos en contra también porque reproduce un esquema de comunicación que permite mantener a los medios de comunicación bajo el control político de la Secretaría de Gobernación, ya que a través del Padrón Nacional de Medios de Comunicación, que administrará esta Secretaría, estará facultada para administrar y organizar de manera unilateral y discrecional los mecanismos de participación, asignación y contratación de los medios de comunicación para las campañas de comunicación social del gobierno, dejando a potestad de la Secretaría de Gobernación la elección de los medios de comunicación que considere convenientes para llevar a cabo las campañas de publicidad oficial.

Estamos en contra porque no establece ninguna disposición que permita fomentar la diversidad y el pluralismo informativo en nuestro país, lo que perpetúa un modelo que reside en las viejas prácticas del control sobre los medios de comunicación.

Estamos en contra porque no establece mecanismos o directrices respecto a los procesos de contratación de la pauta estatal a fin de que estos sean abiertos, transparentes y objetivos.

Y estamos en contra también porque no existe un control externo integrado por ciudadanos y un ente independiente al gobierno que permita participar dentro de los procesos de asignación y contratación de publicidad oficial, pues todo lo remite a la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Estamos también en contra porque tampoco genera mecanismos de rendición de cuentas, ya que solo propone la entrega de información semestral al Congreso sin que funda y motive de manera amplia y detallada el uso de los recursos presupuestados, tanto también como los extraordinarios.

Y estamos en contra porque omite la creación o integración de algún ente regulador de la publicidad oficial que no dependa del Ejecutivo Federal.

Estamos convencido que es necesario atender la resolución emitida por la Suprema Corte a efecto de cumplir con el paso establecido para establecer una ley reglamentaria del apartado octavo del artículo 134 constitucional, pero también consideramos que el diseño de dicha norma debe contemplar las diversas opiniones y propuestas que se presentaron aquí en el Senado, como también debe establecerse una norma que le garantice la libertad de expresión, el derecho a la información y el pluralismo informativo.

En el afán de algunos legisladores de dar cumplimiento al plazo de la resolución de la Corte, la mayoría del Senado va a transigir los derechos humanos fundamentales, ya que rompe con el espíritu que aquí mismo aprobamos durante las reformas al artículo 134 constitucional para garantizar la democratización de los medios de comunicación.

Reitero, coincidimos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se vulneraron componentes esenciales de la democracia, los derechos de acceso a la información, la libertad de expresión y la participación ciudadana informada, pero no por ello aprobaremos una ley que reproduce dichas vulneraciones, y peor aún, que las legaliza, ya que esto implica incurrir en una doble irresponsabilidad, pues, por una parte el Poder Legislativo mantiene la omisión de no legislar necesariamente en tiempo y forma, y la segunda por legislar violentando los derechos de las mexicanas y los mexicanos.

Por esta razón nuestro voto en contra del presente dictamen.

Muchas gracias, señor Presidente.