+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Intervención de la Senadora Angélica De la Peña Gómez



Sen. Angélica
De la Peña Gómez


Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática
Lista Nacional
Senadora Electa por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Suplente: Adriana Noemí Ortíz Ortega

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 03 Oficina 07, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3127, 3519

E-mail: angelicadelapena@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Jueves 14 de diciembre de 2017


Presentar Reservas

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores.

Nos reservamos el artículo único del decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior, ya que el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en esta materia, el mismo fundamento lo planteamos en la reserva de los artículos 1, 2 y 3, adicionalmente podemos agregar que esta minuta establece que la seguridad interior, la seguridad nacional y la seguridad pública son lo mismo, lo cual resulta inexacto, por lo que algunas definiciones del artículo 4 y 5 no establecen con claridad los alcances y de la actuación de las Fuerzas Armadas en esta ley.

Dos. Resulta preocupante que esta minuta carezca de mecanismos sólidos de control que garanticen que las operaciones de las Fuerzas Armadas se lleven a cabo con pleno respeto a los derechos humanos, artículo 5.

De aprobarse esta minuta las autoridades federales, incluidas las Fuerzas Armadas, pueden realizar de manera permanente acciones de seguridad interior sin necesidad de declaratoria de protección.

Artículo 6 y 26, y sin establecer prevenciones generales para la afectación o restricción de derechos.

Artículo 7. Pero además ponen en riesgo las garantías de libre manifestación al establecer expresamente una disposición que las pueda considerar como un amenaza a la seguridad interior.

Artículo 8.

Respecto al artículo 9, trasgrede la cláusula establecida en el artículo 5 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual dispone que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y plantea una indeterminación de  normas al establecer como supletoria de la ley las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional y, en su caso, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, artículo 10.

Proponemos derogar los capítulos relativos a los supuestos del procedimiento para emitir la declaratoria de protección a la seguridad interior, así como el que dispone la intervención de las autoridades federales, artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

Los capítulos que proponemos derogar permiten que las Fuerzas Armadas actúe de manera autónoma en esta materia y no necesariamente bajo la subordinación de las autoridades civiles o en coordinación con ellas, con lo cual se elimina la posibilidad de que la autoridad civil participe en la coordinación y dirección de los grupos interinstitucionales que para el efecto se integren y sea quien elabore los protocolos de actuación para establecer responsabilidades: canales de comunicación y coordinación de las autoridades militares y civiles participantes.

No menos grave es la subordinación de la operatividad logística y la coordinación de las acciones derivadas de la declaratoria de protección a la seguridad interior que estarán a cargo de un militar designado por el Presidente de la República, a propuesta de los Secretarios de Marina y Defensa, violentando con ello no sólo la soberanía de las entidades federativas, sino el propio artículo 49 constitucional que dispone que no podrán reunirse dos o más poderes en una sola persona o cooperación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Pero lo más grave es que la seguridad, vinculada a la personas, debe estar a cargo de instituciones de carácter civil, artículos 23, 24 y 25.

Proponemos derogar los artículos 27 y 28, ya que le da una participación preponderante a las Fuerzas Armadas, que tiene que ver con las funciones que son propias del Ministerio Público establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Asimismo, planteamos la derogación del capítulo relativo a la inteligencia para la seguridad interior, artículos 29, 30 y 31, ya que a diferencia del Cisen y la Policía Federal, que cuenta con un respaldo jurídico para llevar a cabo sus legítimas acciones de inteligencia a través de la Ley de Seguridad Nacional de 2005, las Fuerzas Armadas no cuentan con una ley de inteligencia militar, incluirla en esta minuta representa un grave riesgo para la población.

La minuta tampoco establece controles parlamentarios, ni jurisdiccionales, artículo 32 y 33, y el único mecanismo de control contemplado en esta minuta es el envío de un informe a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional.

Asimismo, se establece que el incumplimiento a las obligaciones, establecidas en esta ley, será sancionado conforme a las leyes aplicables en la materia, por lo que es evidente que el dictamen adolece de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en las acciones militares.

De igual manera no prevé la subordinación de éstas a las autoridades civiles, de igual manera es omiso respecto a sanciones del ámbito penal por la comisión de delitos o por violaciones graves a los derechos humanos, sobre todo cometido por los integrantes de las Fuerzas Armadas, artículo 34.

Respecto al régimen transitorio.

Transitorio Primero. Consideramos que resulta fundamental que ante la inminente aprobación de esta minuta su vigencia debe ser al año siguiente en la entrada en vigor a la Ley Reglamentaria del artículo 29 constitucional.

Una vez que el Congreso de la Unión concluya el proceso legislativo para expedir la Ley Reglamentaria que le mandata el Artículo Cuarto Transitorio del decreto, por el que se modifica la denominación del Capítulo I, del Título Primero, y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, asimismo, proponemos derogar el régimen de transitoriedad.
Proponemos también derogar el régimen de transitoriedad del Transitorio Quinto, en ese sentido, y con esto voy a terminar, ¿a quién debemos agradecerle este Quinto Transitorio?

Dicen que con este transitorio se resuelve todo, ¿para qué entonces discutir un nuevo modelo de seguridad pública?, ¿para qué reformar los artículos 21, 73, 76, 115, 116 y 123 de la Constitución, si con un solo transitorio se resuelve todo?

La discusión del modelo que descansaría en dos reglas básicas: la primera, consistente en que las funciones de seguridad pública estarían originariamente a cargo de la Federación y de los estados; la segunda, en que las funciones de proximidad estarían a cargo de los municipios, quedó sepultada por un transitorio.

¿Para qué una ley de seguridad pública basada en un Mando Mixto?

¿Para qué una discusión a fondo del modelo de corporaciones policiacas que se necesitan?

¿Para qué discutir los derechos de las policías a recibir un salario digno y los derechos laborales que les corresponde?

¿Para qué insistir en reformar el 123 de la Constitución?

¿Para qué determinar la capacitación especializada que se necesita para cada corporación, a fin de atender verdaderamente las diferentes vertientes de la seguridad pública basada en un modelo de respeto de los derechos humanos?

Siempre estuvimos equivocados, un dictamen emitido por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo resuelve todo.

“Absurda solución, lo absurdo no son las cosas, lo absurdo es que las cosas estén ahí y las sintamos como absurdas”, decía Julio Cortázar.

Lo que sí resuelve este Transitorio Quinto es lo que tácitamente dice, lo que quisieron llamar siempre Seguridad Interior se llama, se ha llamado siempre Seguridad Pública.

Aprovecho para aclarar que quienes estamos en contra de esta ley no culpamos a las Fuerzas Armadas por la extensa violación a los derechos humanos en nuestro país.

No, señoras y señores, la responsabilidad de la violación a los derechos humanos es una responsabilidad del Estado mexicano, quienes decidieron poner a las Fuerzas Armadas a realizar un trabajo que ellos mismos han dicho que no les corresponde y para el que no están capacitados, ellos cargarán en su conciencia por este estado de cosas.

Si alguien muere a causa de un disparo de un arma de fuego, no es culpa de la bala, es culpa de quien jala el gatillo.

Por lo anteriormente expuesto, también reservamos el Transitorio Quinto.

Gracias por su atención.