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Intervención de la Senadora Angélica De la Peña Gómez



Sen. Angélica
De la Peña Gómez


Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática
Lista Nacional
Senadora Electa por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Suplente: Adriana Noemí Ortíz Ortega

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 03 Oficina 07, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3127, 3519

E-mail: angelicadelapena@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Jueves 23 de noviembre de 2017


Presentación de Iniciativa

Proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Con su venia, señora Presidenta.

Señoras Senadoras y señores Senadores:

La iniciativa con proyecto de decreto que hoy ponemos a su consideración para que sea revisada en comisiones tiene que ver con la problemática del desplazamiento forzado interno como un problema que México debiese reconocer como un asunto prioritario en nuestra agenda política, particularmente de los pendientes porque hasta la fecha no se ha fundamentado una legislación que de manera sistemática reconozca la problemática de manera integral, también como una violación a los derechos humanos, inherente a las personas afectadas por el desplazamiento forzoso interno, por lo que hoy estamos presentando esta iniciativa para que pueda ser considera a partir de lo que es.

Hay una evasión permanente de responsabilidades por parte de las autoridades administrativas, por supuesto también las autoridades judiciales, y el problema es tan complejo que tiene que ver con que México no acredita, así incluso lo establece la Unidad para Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que México no acredita la existencia de ninguno de los elementos necesarios para la presencia de un desplazamiento forzado interno, por lo que no es posible su reconocimiento.

Aunque dice, también, más adelante, que si bien existe movilidad por causa de la violencia ésta no es de carácter generalizado; es decir, nos parece que lo que está planteando esta unidad del gobierno, de la Secretaría de Gobernación, no está tomando en consideración la realidad que cada vez es más evidente en nuestro país.

Y la problemática es tan compleja al grado de que no tenemos una estadística oficial que pueda determinar con toda puntualidad la gravedad del problema, lo que tenemos siempre son quejas de grupos sociales, lo que tenemos es lo que comprobamos incluso en la cotidianidad cuando estamos o llegamos a un lugar y vemos prácticamente colonias vacías, calles y calles vacía; poblados que se encuentran en una situación prácticamente de abandono y, por supuesto, nos preocupa mucho que estas estadísticas no estén actualizadas.

La última formal que se tiene es la de 2004 donde se reconoce que había más o menos entre 3 mil o 60 mil personas desplazadas y esgrime derivados de causas relacionadas por prácticas religiosas, conflictos por tierras, entre los que se cuentan las invasiones ilegales; mencionan también uno de los elementos referidos al tráfico de drogas, desalojos forzados por parte de autoridades gubernamentales o grupos armados irregulares y que emigran dentro del territorio mexicano.

Bien, el Programa Nacional de Derechos Humanos de 2004 y 2008 incluyó de manera clara como una problemática el desplazamiento interno; sin embargo, a partir de entonces no hemos encontrado una visibilización de la magnitud del problema y, sobre todo, cómo ha crecido en los últimos años, y necesitamos tomar en consideración algunos estudios importantes que nos llaman la atención a la gravedad del problema.
Por ejemplo, el informe global del 2014, del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, establece que la expansión de la violencia criminal, en particular las actividades de los grupos delictivos y las operaciones militares a gran escala, implementadas para combatirles, ha sido la causa de desplazamiento de decenas de miles de personas, y la situaba una cifra global en el país de alrededor de 160 mil personas desplazadas.

También la Comisión Interamericana de Derecho Humanos ha referido que es necesario que el país tome en cuenta que los derechos humanos de los migrantes y otras personas, en contexto de movilidad humana en México, también se encuentran en una situación de gran riesgo, de gran vulnerabilidad y que tienen que ser atendidas por nuestro país, sobre todo al evidenciar que una de las causas del desplazamiento de miles y miles de personas en los últimos años tiene que ver también con la tendencia de que las autoridades mexicanas han, están encaminadas siempre a minimizar el fenómeno asumiéndolo como una incómoda consecuencia de la situación de violencia, pero nunca tomando determinaciones como tendría que hacerse.

Quiero destacar que el informe del 2015, de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, particularmente en un análisis que hace sobre la situación de los derechos humanos en México, está señalando que el desplazamiento forzado interno en nuestro país es de tal gravedad, pero, sobre todo, llama la atención a que se trabaje en el diseño del diagnóstico y se especifiquen de manera formal las cifras que reflejen la magnitud del problema, pero que necesariamente la falta de reconocimiento por parte de las autoridades mexicanas conllevan a que haya una invisibilización del problema.

Tenemos también que referir otro estudio importante del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer el informe especial sobre desplazamiento forzado interno, y en dicho informe la comisión sí recaba cifras, sobre todo las de la última década; hace un diagnóstico de lo que han estudiado diversas instancias especializadas tanto nacionales como internacionales que están preocupadas particularmente por el fenómeno del desplazamiento forzado interno.

Y, por supuesto, toma en cuenta a la sociedad civil, a la Academia y también a algunas instituciones del sector público que han aportado distintas informaciones que, como ya dije, están en este diagnóstico de este informe de la comisión.

Me voy a referir algunas de ellas, por ejemplo, esta muestra que evidencia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, establece la urgente necesidad de poner marcha un censo de personas víctimas de desplazamiento forzado interno a efecto de proyectar y poner en funcionamiento acciones desde el Estado a su favor y, sobre todo, cumplir con el deber legal constitucional y convencional en la materia, pues enuncia la Comisión de los Derechos Humanos ante la inexistencia de un registro oficial, confiable y veraz se limita seriamente la toma decisiones gubernamentales y sociales en torno a las víctimas. 

Aun con todos estos problemas es importante reconocer que ya el Senado a la revisión a la Ley General  de Atención a Víctimas, estas reformas importantísimas que hicimos, llevaron a la determinación de si bien  reconocer el fenómeno del desplazamiento interno si la solicitud por parte de los ámbitos gubernamentales a que no tuviera también el apellido de forzada.

Nos parecía que en el estándar internacional no importaba que no dijera el forzado, el simple hecho de reconocer el desplazamiento interno en  nuestro país nos parece de una gran relevancia.

¿Cuáles son las características que es necesario recordar de lo que ya establece la Ley General de Atención a Víctimas?

En primer lugar que las políticas públicas que son implementadas con base en esta ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en la atención a  las personas en situación de desplazamiento interno.

Nos importa saber cuántos son hombres, cuántas son mujeres, cuántas son niñas, niños, y las características de estas familias; es muy importante esta información que plantea la Ley de Atención a Víctimas para que se puedan implementar políticas públicas fundadas precisamente en este enfoque transversal de género y diferencial.

Además, señala con toda puntualidad que es obligación de que reciban ayuda médica y psicológica, lo establecemos en el artículo 8; igual en el artículo 28, que los servicios de ayuda tomen en cuenta si la víctima es una persona en situación de desplazamiento interno.

También establece que el Sistema Nacional del DIF o similar o correlativo a las entidades federativas brinde directamente alojamiento y alimentación en condiciones de seguridad y dignidad de las víctimas y, particularmente, tomar en cuenta cuáles son las características de ese desplazamiento, insisto, para que puedan tener una atención especializada.

También la ley establece en su artículo 45 las responsabilidades de las secretarías y dependencias y organismos de las entidades del orden federal y de las entidades federativas en diversas   materias y derechos como es la salud, la educación, desarrollo social, y otros derechos importantes.

En fin, nos parece que hoy el Senado de la República, que puede ser la cámara de origen de una gran discusión para hacer finalmente un trabajo legislativo que pueda responder a este grave problema en México, a partir de que en primer lugar, reconozcamos el desplazamiento forzoso o forzado interno tiene que ver y es resultado con conflictos armados, con situaciones de violencia, con violaciones de los derechos humanos, por supuesto, desastres naturales humanos, y también la consecuencia de proyectos en desarrollo conocidos como megaproyectos.

Yo creo que esta reforma a la Constitución nos puede dar la oportunidad de responder a estos reclamos y estas recomendaciones que han surgido desde los organismos internacionales y, por supuesto, atender lo que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en su informe, y recomienda, en este caso, al Congreso de la Unión, al Congreso Permanente a diseñar una única ley general para todo el país.

Pero, tenemos que partir, en primer lugar, de la reforma constitucional  para otorgarnos este mandato y poder hacer la ley, y podemos trabajarla, y mientras sigue el proceso legislativo de esta reforma que hoy estoy proponiendo al artículo 73 en la fracción XXI en el inciso a).

Es cuanto, muchas gracias por su atención.

Gracias, Presidenta, por permitirme pasarme algún tiempo del reglamentario.