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Intervención de la Senadora Mónica Tzasna Arriola Gordillo



Sen. Mónica Tzasna
Arriola Gordillo


Sin Grupo
Lista Nacional
Senadora Electa por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Suplente: Manuel Cárdenas Fonseca

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 05 Oficina 21, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3302, 3237

E-mail: monica.arriola@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Jueves 05 de noviembre de 2015


Presentación de Iniciativa

De la Sen. Mónica T. Arriola Gordillo, con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Legisladores.

“Al pueblo de México”

En una crisis económica de seguridad, de corrupción y de derechos humanos, señalada por organismos internacionales, existe una sola solución, un Estado de derecho que ponga por sobre todas las cosas los derechos de la sociedad.  Argumentar otros caminos comienza a añejarse, y a los que contradicen esta condición caen en una obstinación ciega.

El respeto y la confianza de la sociedad, se gana con resultados y estos se han perdido actualmente.  La única manera de recuperarlas es a través de una actuación impecable de la autoridad,  desde el nivel más bajo, al nivel más alto de la jerarquía legislativa, administrativa y judicial.

Con la reforma constitucional en derechos humanos de junio de 2012, me pareció claro que los Poderes de la Unión habían optado por comenzar un camino en el cual la concepción de la supremacía de los derechos humanos antecedía cualquier acto de autoridad, cualquier decisión.

Sucesos recientes, y que se repiten crónicamente en el actuar gubernamental, nos ha provocado y nos ha probado que hemos estado equivocados.

Por si fueran insuficientes, recientemente varios juristas, expertos en la materia de derecho han señalado una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de agosto del año en curso, en el que el Diario Oficial de la Federación, en la resolución de expedientes varios dice, y señala:

“Que para determinar las obligaciones del Poder Judicial frente a una sentencia condenatoria de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los juzgadores deben tomar en cuanta, dentro de su análisis, siempre una serie de elementos, dentro de estos elementos a considerar está la relación que debe existir entre los derechos humanos de la Corte Interamericana que considera válidos, y con aquellos que se encuentran dispuestos en la constitución”

Señala que: “los compromisos de los tratados —dentro  de los cuales el Estado mexicano es parte—se  deben respetar, pero si algunos de los deberes del fallo implica el desconocimiento de una restricción constitucional deberá prevalecer la constitución”.

Además hace referencia a una jurisprudencia como sustento de lo anterior. En esta jurisprudencia se señala que en las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, y por tanto, cuando en la constitución haya una restricción expresa en el ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.

Es así como pretendemos hacer que este país sea:

Uno.- Respetuoso de los derechos humanos, y establecer un Estado de derecho.

¿Es así como el estado piensa recuperar el respeto y la confianza de las y los mexicanos y sus autoridades?

Desde un principio específico, la tesis de referencia y los conceptos que perturbaron a diversos abogados y a su servidora, suscriptora de esta Iniciativa, se refieren únicamente a las restricciones constitucionales en términos de fuero militar y los asuntos que son competencia del mismo.

Sin embargo, los términos versan sobre la restricción de los derechos humanos, y por lo tanto, debemos detener la evolución de los términos utilizados antes de que puedan ser utilizados por antecedentes para asuntos posteriores.

Adelantándonos a posteriores argumentos, nos parece inaceptable invocar el concepto añejo de la soberanía nacional para incumplir con las decisiones de la Corte, y por tanto, las obligaciones aceptadas en la Convención Americana de los Derechos Humanos.

La protección más amplia para los ciudadanos es lo único y más importante cuando se habla de violaciones a los derechos humanos, y en este sentido recurrir a la soberanía nacional y a la prevalencia de la Constitución sobre normas internacionales, debe ser considerado una trasgresión de los compromisos internacionales y las promesas nacionales con nuestra sociedad.

Además, recordemos que la Convención Americana de Derechos Humanos, establece en su artículo 68, que los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes.

Y en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, se precisa en sus artículos 26 y 27, que dentro de la observancia de los tratados y el principio Pacta sunt servanda: “Todo tratado en vigor obliga a las partes, y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.

Asimismo,  se señala que en el derecho interno y la observancia de los tratados, una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

Por lo que, de evolucionar los términos establecidos en la tesis, materia de la presente Iniciativa, no sólo se disminuiría la jerarquía de la protección más amplia de los derechos humanos a los ciudadanos, sino que se estaría ante una flagrante violación de los tratados internacionales de los que México firma y se hace parte.

Juristas respetados han dejado claro que en el momento en que un Estado asume las obligaciones establecidas en los mismos tratados internacionales que han suscrito o ratificado, en realidad, ese Estado ha renunciado a objetar su soberanía con respecto a las obligaciones del mismo.

¿Acaso el Estado mexicano aceptaría que una de las partes, en un juicio dentro de su jurisdicción, se rehusara a cumplir con la resolución emitida por la autoridad competente, destruyendo así la totalidad de los cimientos en lo que el Sistema de Procuración e Impartición de Justicia se construye?

La justicia mexicana no debe elaborar recovecos en los que posteriormente podrían invocar la violación de las resoluciones de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

México es un Estado parte en la Convención Americana, desde el 24 de marzo de 1981, y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de 1998.

Es por todo lo anterior, que me parece necesario y urgente modificar el artículo 1º de nuestra Constitución para poner freno a terminologías que generen confusión o ambigüedad, añadiendo un párrafo que especifique:

“Que el Estado mexicano se compromete a cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todo caso en que sea parte sin excepción”.

Podrá parecer reiterativo, sin embargo, después de leer la tesis que originó la preocupación de la sociedad, es menester evitar una regresión a la protección más amplia de los derechos humanos que opaque la nueva visión de Estado y de sociedad que hemos optado por defender.

Es así, compañeras y compañeros, que les pido su apoyo a la presente iniciativa para demostrar que este Senado no dará paso atrás ante las decisiones que ya se han tomado.

Es cuanto.

Muchas gracias.

Y le quiero agradecer también al Senador Lavalle que se haya suscrito a esta iniciativa.

Gracias, Senador.