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Intervención de la Senadora María Cristina Díaz Salazar



Sen. María Cristina
Díaz Salazar


Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
Lista Nacional
Senadora Electa por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Suplente: María Esther Terán Velázquez

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 04 Oficina 15, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3345, 3454

E-mail: cristina.diazs09@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Miércoles 27 de abril de 2016


Fundamentar el Dictamen

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

De las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; de Gobernación; y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal; y se adicionan las fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal.

La Senadora Cristina Díaz Salazar: Con su venia, señora Presidenta del Senado.

Honorable Asamblea: El proceso de dictaminación de la Ley Nacional de Ejecución Penal ha sido uno de los más intensos e interesantes que hemos  llevado a cabo en la Comisión de Gobernación.

El presente dictamen ha sido elaborado mediante un proceso de tres años en los que han intervenido organizaciones de la sociedad civil, mismas que mencionó oportunamente la Senadora Angélica de la Peña, por académicos destacados, expertos, autoridades de las diversas áreas del gobierno federal y la Conferencia Nacional Penitenciaria.

Quiero destacar que en este proyecto hemos trabajado desde el mes de marzo de 2013, primero en la construcción de una iniciativa entre  los Senadores Roberto Gil, Presidente hoy del Senado; Angélica de la Peña y la de la voz.

Posteriormente convocamos a un proceso de discusión y análisis a través de mesas de trabajo donde hubo una gran participación de las organizaciones de la sociedad civil, y representantes de la Setec, de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Gobernación.

Secretarios Técnicos de las Comisiones Unidas de Justicia; de Derechos Humanos; Gobernación; y Estudios Legislativos, como es, Julio Rivera, Eduardo Muñiz, Luis Felipe Nava, Gabriel Delgadillo, y desde luego la participación de Jaime Rivera.

Así también la participación muy importante de los Senadores Roberto Gil Zuarth, Arely Gómez, Manuel Camacho, que en paz descanse, Benjamín Robles Montoya, Omar Fayad Meneses, María del Pilar Ortega, Luisa María Calderón, Angélica de la Peña, Graciela Ortiz, incluyendo a la de la voz.

A todos ellos, a todos los compañeros, Secretarios Técnicos y asesores, y a mis amigos Senadores reconozco especialmente su dedicación sobre este tema que es de la mayor trascendencia e importancia para México.

Quienes participamos de este proceso teníamos un fin común: la expedición de una ley que sentará las bases para el tratamiento de las personas privadas de la libertad, que modifique y enfoque los votos del régimen penitenciario actual: los vicios.

Con todo esto sabemos hoy el día, las condiciones de encierro de los centros penitenciarios  que da lugar a violaciones sistemáticas a derechos humanos como consecuencia de los vicios en un sistema de cumplimiento de penas que privilegien encierro y obstaculice en desarrollo personal.

Ante esta realidad, y con la urgencia de cumplimentar el sistema de  justicia penal construimos la Ley Nacional de Ejecución Penal.

Esta ley tiene por objeto establecer las normas que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial condenatoria.

En ellas se establecen los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, así como condiciones normativas que permitan una verdadera reinserción social de las personas privadas de su libertad.

Se establece claramente un sistema penitenciario que deje ser el centro de convivencia y desarrollo de la delincuencia comúnmente conocido como “escuela de crimen”.

Se sientan las bases para establecer un sistema que asegure el cumplimiento de la pena de prisión sin  menoscabo a la dignidad y desarrollo de las personas sobre la base de los principios, garantías y derechos humanos.

Parta ello se prevé la homologación del procedimiento de ejecución con el fin de dar trámite a la ejecución de sentencias e iniciar con el cumplimiento al fallo emitido por el  juez de control o el tribunal de enjuiciamiento.

Dicho procedimiento está regido esencialmente por los principios de debido proceso aunado a la implementación de protocolos emitidos por la Conferencia Nacional de Sistema Penitenciario con el fin de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, permitiendo al Estado el cumplimiento de sus obligaciones de manera eficaz en esta materia.

La autoridad penitenciaria habrá de realizar un expediente de ejecución integrado por registros  con información precisa y actualizada de la resolución no privativa de la libertad, las resoluciones que recaigan en las peticiones, los procedimientos judiciales y los documentos que tengan un efecto en la situación jurídica de la persona.

Entre los aspectos más relevantes para generar el cambio de paradigma en el sistema penitenciario están: el reconocimiento de la persona privada de la libertad como sujeto de  derechos y no más como reo o prisionero, ya superado así en la norma constitucional.

Especialmente se desarrollan los cinco ejes de reinserción social:

Primero. Respeto a los derechos humanos.

Segundo. Trabajo y capacitación para el mismo.

Tercero. Educación.

Cuarto. Salud.

Quinto. Deporte.

Esto, para que las personas privadas de la libertad no sientan una merma mayor en su desarrollo,  que aquella que derive estrictamente de la sanción punitiva.

Lo anterior, con la finalidad de generar un equilibrio entre la sanción y el establecimiento de una vida plena al cumplir la vida impuesta y reinsertarse en la sociedad.

Un cambio  relevante en el sistema, es el establecimiento de un plan de actividades que será diseñado con plena participación de la persona sentenciada, de acuerdo con su condición, en el que el trabajo ya no será exclusivamente único incentivo que tenga para lograr su desarrollo o la obtención de beneficios.

Es por esto que en el Capítulo de Trabajo, se reconocen nuevas modalidades de empleo, para que la persona privada de la libertad tenga la posibilidad de desempeñar una actividad productiva a través del autoempleo, a cuenta de terceros por contratación, o bien, a través de actividades productivas  para fines del sistema de reinserción.

Destaca un aporte fundamental en esta ley referente a las mujeres y, sobre todo, a quienes siendo madres tienen a sus hijos viviendo en prisión.

De acuerdo con los derechos de los niños y las niñas, se estableció que durante el tiempo que los hijos  vivan con sus madres en los centros penitenciarios, la autoridad deberá proveerles de medios y espacios dignos para lograr su desarrollo y que no tengan una merma mayor en su crecimiento.

Esto, con el fin de proteger a los llamados “niños invisibles”.

Como uno de los puntos más sobresalientes de la presente ley, está el apartado relativo a la justicia terapéutica.  Esto representa un beneficio de la sustitución de la ejecución de la pena, que determinará el juez de ejecución y tendrá como finalidad propiciar la rehabilitación e integración de las personas sentenciadas, relacionadas con el consumo de sustancias, bajo la supervisión del juez de ejecución logrando la reducción de los índices delictivos.

Otro punto relevante, es un proceso de justicia restaurativa, en los cuales podrá participar la víctima u ofendido, el sentenciado o la comunidad afectada, con el objeto de identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, coadyuvando a su reintegración.

La ley contempla también la integración de servicios pospenales, con el objeto de fomentar la creación y promoción de espacios de orientación, apoyo y desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, social y de capacitación, a efecto de facilitar la reinserción social, aunada a la promoción para  aceptación de la persona externada.

Se prevé para ello, que la autoridad penitenciaria y demás autoridades corresponsables, firmen convenios de colaboración con instituciones del sector público y privado para prestar funciones relacionadas con los servicios pospenales y así canalizar a las personas liberadas y a su familia y facilitar su reinserción social.

Existirá, de manera importante una coordinación entre la Federación y las entidades federativas para el óptimo cumplimiento de los objetivos de la reinserción.

Destaco, que posterior al acuerdo de las comisiones, los presidentes de las mismas hemos acordado presentar un documento con modificaciones que no cambian sustancialmente el proyecto, pero que servirán para dar mayor claridad a los fines  de las leyes.

Dichas modificaciones impactan de la siguiente manera:

En los artículos  3º y 7º, a efecto de integrar a la Secretarías de Gobernación y de Cultura, como corresponsables para los fines de esta Ley.

El artículo 6º, a efecto de que la autoridad penitenciaria procure la sustentabilidad de los centros penitenciarios.

El artículo 15, para modificar la aceptación de arraigo domiciliario o resguardo en propio domicilio.

Al artículo 22, es el efecto de esclarecer que la  Policía Penitenciaria estará a cargo de la Policía Federal o de las instituciones de seguridad pública o  de las entidades  federativas.

El artículo 29, a efecto de que el Inegi realice la Encuesta Nacional sobre Personas Privadas de Libertad con cargo a su presupuesto.

Al 135, a efecto de esclarecer el procedimiento para la tramitación y resolución de la apelación.

A los artículos primero y segundo transitorios, a efecto de establecer con claridad el inicio de vigencia de la ley, a través de una implementación progresiva de acuerdo con las obligaciones de cada una de las áreas encargadas de ellos.

A los transitorios sexto y séptimo, a efecto de garantizar la adecuada implementación, de acuerdo con los presupuestos aprobados y subsecuentes que para ello se destinen.

Al transitorio octavo, a efecto de establecer un máximo de cuatro años para cumplir con la obligación de capacitación y formación de los operadores del sistema, así como de contar plenamente con la infraestructura para su debida implementación.

Al transitorio décimo, a efecto de adecuar el porcentaje de posesión de cannabis, sativa, indica o marihuana, de manera que el procedimiento de excarcelación proceda en razón de los acuerdos que en esta materia determine el Congreso de la Unión, derivado de las iniciativas que se han presentado  por diversos legisladores y por el Poder Ejecutivo.

Se integra un artículo transitorio al resolutivo segundo del decreto, ya que se ha omitido el mismo.

Por lo anteriormente expuesto, estamos pidiendo a las Senadoras y a los Senadores, el apoyo para este presente dictamen.

Es cuanto, Presidente.