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Intervención de la Senadora Gabriela Cuevas Barron



Sen. Gabriela
Cuevas Barron


Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo
Lista Nacional
Senadora Electa por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Suplente: Blanca Belia Márquez Espinoza

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 06 Oficina 29, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3213, 3214

E-mail: gabriela.cuevas@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Jueves 15 de marzo de 2018


Presentación de Iniciativa

De la Sen. Gabriela Cuevas Barron, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político.

La Senadora Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, Presidente.

Compañeras, compañeros Senadores:

Por cada minuto transcurrido hay 20 personas desplazadas como consecuencia de conflictos o persecución en su país.

La mayoría de las personas no quieren emigrar, se ven obligadas a hacerlo.

Son casi 22.5 millones de personas quienes se encuentran en calidad de refugiados, de los cuales la mitad son menores de 18 años.

Aproximadamente 10 millones de personas apátridas se ven marginados, ya que no tienen acceso a los derechos básicos, como son: la educación, la atención médica, el empleo y el libre tránsito, derechos humanos inherentes a la persona, por lo que partiremos de ese concepto para la presentación de esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, porque ninguna autoridad puede vulnerar un derecho humano de manera legal o justificada.

En México va en aumento el número de personas que solicitan refugio o asilo político.

En 2014, conforme a datos de la Agencia de la ONU para Refugiados, la ACNUR, 2 mil 137 personas solicitaron asilo en nuestro país. En 2017 esta cifra se elevó a 14 mil 596.

México debe estar preparado con los instrumentos jurídicos para afrontar esta problemática, en virtud de que del año 2016 al 2017 se incrementaron en 165 % las solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiados en nuestro país.

Conforme a los datos de ACNUR, menor del 1 % de las personas originarias del denominado Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, se incrementan a nuestro país de manera irregular, solicitan asilo menos del 1 % debido principalmente a la falta de información que se les proporciona en territorio mexicano; es decir, una vez que llegan a nuestro país ni siquiera reciben la mínima explicación sobre sus derechos.

O podemos también analizar el reciente fenómeno venezolano, que si bien en 2017 apenas se contaban algunas solicitudes de venezolanos para ser refugiados en nuestro país, para el año pasado el 17.7 % del  total de los solicitantes tenía por  nacionalidad la venezolana.

Si comparamos al día de hoy, hay un millón de venezolanos en Colombia, representan el         4 % de la población panameña; 200 mil venezolanos residen en Santiago, capital de Chile, más las que se encuentran en Ecuador, en Estados Unidos y en Argentina.

En nuestro país en todo 2017, si bien únicamente tuvimos cuatro mil solicitudes, el Estado mexicano aprobó menos del 25 %. Estamos hablando de únicamente 907 casos reconocidos para ser refugiados en nuestro país.

México ha realizado acciones para afrontar esta problemática mundial, pero vemos claramente que no son suficientes.

En 2011 nuestro país llevó a cabo la Reforma Constitucional más importante en su historia en materia de derechos humanos. Sin embargo, el artículo 11 constitucional quedó un tanto olvidado.

En toda esta gran reforma de derechos humanos, el artículo 11 nunca tuvo la claridad conceptual que México debe responder a la luz de los tratados internacionales de los que somos parte.

Y fue hasta hace dos años que logramos reformar nuestra Constitución y hoy el artículo 11 constitucional, sí refleja nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos y, sobre todo, también en materia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Ahora es tiempo de que nuestra Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, también refleje esos compromisos y México pueda realmente contar con un marco jurídico profundamente respetuoso de los derechos humanos.

Si bien además de tener este profundo compromiso internacional, también hay que recordar que México se ha comprometido a impulsar toda la Agenda del Desarrollo 20-30, en donde también se inscribe la Agenda Humanitaria.

Es importante resaltar que la actual sí marcó un parteaguas en términos del reconocimiento de las capacidades de respuesta y de las condiciones de protección internacional.

Se logró integrar de manera armónica la figura de “Protección Complementaria”, ratificándolo a todo extranjero que no habiendo sido reconocido como refugiado en términos de la ley, el Estado mexicano se comprometía a no devolverlo a su país de origen si su vida, integridad o derechos humanos se venían amenazados.

No obstante, más allá de los avances que se ha tenido en nuestro país, hoy es indispensable que perfeccionemos esta legislación tanto en materia de reconocimiento de derechos, de protección y, sobre todo, de hacer efectivas las políticas públicas para dar plena vigencia, protección y garantía a los derechos humanos.

Esta iniciativa tiene tres ejes principales:

Primero. Armonizar el reconocimiento de la condición de refugiado.

Es decir, la legislación actual todavía conserva los vicios del anterior artículo 11 constitucional, donde no hay plena claridad entre el asilo político, el reconocimiento de la condición de refugiado y la protección complementaria.

Al estar estos conceptos todavía mezclados y sin claridad, la posibilidad de los solicitantes para que realmente sean reconocidos es menor.

Así que:

1.- Es importante reconocer el conocimiento de la condición de refugiado.

2.- Sistematizar las bases para la atención y asistencia de asilados políticos, refugiados y personas a las que se les ha otorgado la protección complementaria, así como a solicitantes de las condiciones antes referidas que se encuentren en territorio nacional. Es decir, entrarle a la política pública de los derechos.

3.- Garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas que buscan y reciben asilo en nuestro país.

 De manera enunciativa, esta iniciativa propone:

1.- Dar claridad a los términos de asilo, asilo político y asilado político.

2.- Pondera el principio de unidad familiar al priorizar la reunificación familiar dentro del territorio nacional de los familiares de niños, niñas y adolescentes refugiados o beneficiarios de la protección complementaria.

3.- Protege a los menores de edad, garantizando el Principio del Interés Superior del Niño, reconociendo el Principio de no Privación de la Libertad dentro del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado de forma conjunta con el principio antes mencionado.

4.- Reconoce el derecho de toda persona a no ser expulsada o devuelta al territorio de otro país donde existan razones fundadas para considerar que se encontraría en peligro de ser sometido a Desaparición Forzada, Tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. O bien, que sería juzgado por tribunales de excepción o ad hoc.

5.- Establece la perspectiva de género como un criterio observado por el Estado mexicano, el cual reconoce las necesidades específicas de protección de mujeres y miembros de la comunidad LGBTTTI, quienes experimentan un riesgo adicional de vulnerabilidad por razones de género.

6.- Incluye en su articulado de manera expresa la protección de Datos Personales y el Principio Pro persona, cuya relevancia radica en que la interpretación de las normas de derechos humanos debe realizarse de conformidad con lo establecido en la propia Constitución y en los tratados internacionales.

7.- Anexa el Principio de Transparencia como parte de los compromisos del Estado mexicano a nivel interno e internacional, para favorecer la generación de conocimiento público, a transparentar la gestión pública por medio de la difusión oportuna.

8.- Reconoce que el principio fundamental a garantizar a los solicitantes de la condición de refugiado es el debido proceso. Por lo que se plantea la urgencia de cumplir con las garantías mínimas, que a pesar de estar detallada en la ley han presentado serias dificultades para su implementación.

Estas van desde la correcta información respecto a los motivos de la detención de migrantes, la duración de dicha detención, el derecho que tienen para solicitar asilo y a comunicarse, además de la oportuna intervención y ayuda de intérpretes para facilitar la comunicación entre las autoridades y los solicitantes de asilo.

Toda decisión debe estar fundada y motivada tal cual lo establece ya nuestra Constitución, pero que en la práctica aún no sucede.

9.- La inclusión expresa del derecho de toda persona solicitante de recibir orientación, asistencia y representación jurídica adecuada a lo largo de todo el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, debido a las circunstancias de vulnerabilidad que estas personas presentan dada su condición.

10.- Propone de manera fundamental establecer el carácter excepcional de la detención migratoria, atendiendo a lo señalado en distintas recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.

Y en este sentido, reafirmar los criterios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad que debe satisfacer la aplicación de esta medida, sumada a las garantías del debido proceso que deben satisfacerse una vez empleada esta detención.

11.- Garantiza a los solicitantes de la condición de refugiado el derecho a la libre circulación dentro del territorio nacional y el derecho a la privacidad de las comunicaciones entre el solicitante del reconocimiento de la condición de refugiado don su representante legal.

12.- Establece que los solicitantes de la condición de refugiado tienen los siguientes derechos: Acceder a servicios educativos, a una vivienda digna y decorosa, a una alimentación de calidad y otras medidas para cubrir sus necesidades básicas, recibir atención médica con el fin de prevenir, proteger y restaurar su salud y a un trabajo remunerado, incluyendo el acceso a la formación y capacitación profesional.

México durante muchas décadas fue ejemplo de apoyo, fue ejemplo de un hogar para miles de familias que huían de las dictaduras, que huían de la persecución, que tenían sus vidas corriendo peligro únicamente por sus ideales y por sus sueños.

Desgraciadamente, parece que esta tradición mexicana quedó un tanto olvidada en el siglo pasado.

Hoy es momento que le demos plena vigencia a la modificación que hicimos al artículo 11 constitucional y que tengamos la elemental congruencia que de aquello que estamos exigiendo a los Estados Unidos de trato para nuestros migrantes, seamos también capaces de ofrecerlo a nuestros hermanos en la frontera sur que están pidiendo lo mismo a México, la elemental protección para que su vida y la de sus hijos no corra peligros.

Muchas gracias y muchas gracias por todo el trabajo que hemos hecho juntos en este Senado de la República sobre la Agenda Humanitaria y en particular sobre Migración y Refugiados.