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Intervención del Senador Roberto Gil Zuarth



Sen. Roberto
Gil Zuarth


Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional
Lista Nacional
Senador Electo por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Suplente: Adriana Loaiza Garzón

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 06 Oficina 27, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3084, 3569

E-mail: roberto.gil@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 10 de marzo de 2015


Fundamentar el Dictamen

De la Comisión de Justicia, el que contiene puntos de acuerdo que determinan que los ciudadanos propuestos en la terna presentada por el Presidente de la República para sustituir al Ministro Sergio Armando Valls Hernández, reúnen los requisitos de elegibilidad para ocupar el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Con el permiso de la Presidencia. Señoras Senadoras, señores Senadores:

Con el dictamen que la Comisión de Justicia presenta a este Pleno, se detona el procedimiento para cumplir el deber constitucional de analizar y escrutar la terna enviada por el Presidente de la República, para suplir la vacante generada por el fallecimiento del Ministro Sergio Armando Valls Hernández.

El Presidente de la República ha presentado una terna, con profesionales del derecho. Dos magistrados integrantes del Poder Judicial de la Federación, miembros de carrera, y un perfil externo con amplia trayectoria en el servicio público.

Como nunca antes, este proceso ha motivado un intenso interés en la sociedad civil. Organizaciones y ciudadanos se han movilizado para expresar sus puntos de vista, todos respetables, sobre lo que a su juicio representa e implica la decisión que a continuación habremos de tomar.

Pero también, como nunca antes, hemos desahogado un proceso de auscultación público, transparente, que ha comprendido la participación de la sociedad en el marco de los tiempos y condiciones que nos establece y nos impone la Constitución.

Y es que en efecto, nuestro sistema constitucional tiene un conjunto de particularidades para la integración del máximo órgano del tercer poder del Estado, que es también, por cierto, nuestro tribunal constitucional.

Hace unos días, un analista criticaba la supuesta prisa en el posicionamiento de la terna. Ponía el ejemplo de Estados Unidos, donde las nominaciones presidenciales pueden durante meses en el Parlamento.

Nuestro sistema es diferente. El modelo de ternas, por un lado, difumina la responsabilidad del Presidente en la nominación; de modo que su deber de razonar, su propuesta, tiende a ser mínima.

El mecanismo constitucional incluye un conjunto de cláusulas que favorecen al Ejecutivo frente al Congreso. En 30 días, sin pronunciamiento, el Senado pierde la facultad de nombramiento y la asume a plenitud el Ejecutivo. El rechazo de la primera terna por parte del Senado, crea incentivos perversos para nominaciones que rompen los equilibrios políticos, pero abre ocasión para el nombramiento por sí y ante sí, en caso de no bloqueo.

Así pues, el tiempo y la falta de acuerdos siempre favorecen al Ejecutivo, en detrimento de la representación popular.

Ese es el modelo constitucional que nos hemos dado.

Este proceso, sin embargo, por su intensidad debe derivar en una nueva mecánica de nombramiento y en una nueva dinámica de entendimiento sobre esta crucial decisión para la conformación del Estado, para la vigencia y protección de los derechos humanos y para la pacificación de los conflictos sociales.

La Comisión de Justicia ha revisado el cumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere la Constitución General de la República: ciudadanía, habilitación para ejercer derechos políticos, edad, antigüedad en la profesión del derecho, la inexistencia de antecedentes penales que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, residencia, incompatibilidades para ejercicio de cargo público previo.

Hemos concluido que los tres integrantes de la terna enviada por el Ejecutivo cumplen estos requisitos, como se razona en el dictamen.

Corresponde, sin embargo, a este Pleno, la calificación de la idoneidad subjetiva de los perfiles que integran la terna. Y esa calificación se realiza previa comparecencia de los integrantes de la terna ante este Pleno, y se decide la libertad de voto de cada una y de cada uno de sus integrantes.

El sistema de voto secreto tiene como fin romper cualquier lógica o motivación partidaria o de grupo. Es una contradicción apelar a la conciencia individual de cada Senadora o Senador en esta decisión y exigir, al mismo tiempo, anuencias o bloqueos partidarios o grupales.

El voto secreto es un dispositivo antiquísimo en la elección de personas en el parlamentarismo mexicano, sobre todo frente a diversas opciones, como es el caso de la mecánica de ternas, porque fue diseñado como una garantía de la libertad de conciencia.

La decisión que habremos de tomar a continuación, es una decisión política. Significa la conformación de un consenso político, sobre una persona, una trayectoria, una biografía y un talante.

Quien resulte electo, no recibe un favor del Presidente o de una mayoría del Senado, que habrá de pagar con lealtad, disciplina o complicidad. Recibe un mandato de la República, será depositario de un conjunto de deberes de Estado, que no admiten apartamiento alguno por razones de índole personal o partidario.

Cada día, por el resto de los próximos 15 años, en caso de que tomemos la decisión, deberá rendir tributo al alto honor que hoy recibe.

Cada día será una prueba de capacidad, honorabilidad, sentido de bien. Porque las instituciones, incluida la Suprema Corte de Justicia, no tienen más dueño que los mexicanos; no lo somos, por supuesto, quienes integramos los poderes públicos; pero tampoco son quienes se asumen como la conciencia moral de la sociedad o pretenden encarnar el único progresismo jurídico válido.

Ningún proceso de integración del guardián de la Constitución, está exento de tensiones ideológicas y políticas. La interpretación y aplicación de la Constitución es la difícil tarea de armonizar y ponderar los valores que inevitablemente están en juego en una sociedad abierta y plural.

Esa es la razón por la cual se ha encomendado esa responsabilidad a la representación popular democráticamente electa.

Y como representación de la prioridad social, que somos de la nación, seremos juzgados. El juicio democrático sobre nuestras decisiones serán lo que resulte del ejercicio de nuestra conciencia.

El deber es de todos, de la representación y de quienes integramos este poder público.

Que sea para bien de las instituciones de nuestro país y que sea para bien del destino de nuestro Constitución y de la vigencia de los derechos.

Por su atención, muchísimas gracias.