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Intervención del Senador Roberto Gil Zuarth



Sen. Roberto
Gil Zuarth


Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional
Lista Nacional
Senador Electo por Representación Proporcional Basado en el Capítulo II, Sección I Artículo 56
de la CPEUM
Suplente: Adriana Loaiza Garzón

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 06 Oficina 27, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3084, 3569

E-mail: roberto.gil@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Jueves 14 de diciembre de 2017


Intervención a favor

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Gobernación; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Seguridad Interior.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Co su permiso, señor Presidente.

En los últimos días, en esta misma sesión, hemos escuchado la afirmación de que el fracaso en materia de seguridad se debe a las Fuerzas Armadas.

Hemos escuchado también la frívola acusación de que la situación de los derechos humanos se debe fundamentalmente al actuar de las Fuerzas Armadas.

Se ha dicho incluso que el índice delictivo y sobre todo los homicidios en nuestro país encuentran causa en las Fuerzas Armadas.

Habría que decir aquí con toda responsabilidad que esta afirmación, estas afirmaciones, no solamente son mezquinas, sino también resultan ser profundamente irresponsables.

El fracaso en materia de seguridad no es de las Fuerzas Armadas, es del Estado mexicano en su conjunto.

De los órdenes de gobierno que no han hecho su trabajo a lo largo de muchos años.

De municipios que se han arrodillado frente al crimen organizado.

De entidades federativas que no han generado capacidades institucionales propias.

De entidades federativas que han buscado el auxilio de la Federación para dedicarse a otra cosa distinta a proveer a sus ciudadanos de seguridad y de justicia.

La responsabilidad de decisiones que hemos tomado también a nivel federal en los últimos años.

De la ausencia de una política de Estado integral.

De la ausencia de un compromiso democrático para no partirizar la seguridad y la justicia, para no usar la seguridad como arena electoral.

Nada más revelador de esa ausencia de un consejo democrático que en la víspera de las elecciones de 2018 estemos intentando capitalizar el drama de la seguridad electoralmente.

Hay un falso dilema en el que se insiste y en el que no se dice de manera completa la verdad, “militares a la calle o militares a los cuarteles”.

Ese dilema es falso, o por lo menos es históricamente distorsionado.

Las Fuerzas Armadas no pueden regresar a los cuarteles por la sencilla razón de que tienen funciones permanentes, las tienen desde nuestro texto constitucional, desde que se institucionalizaron como organizaciones permanente armadas y han ganado funciones permanentes a lo largo del tiempo, en reformas que ha hecho el Congreso de la Unión y decisiones que ha tomado su Comandante Supremo, no en las últimas administraciones, sino por más de 40 años, o hay que recordar quién se encarga, por ejemplo, de custodiar el espacio aéreo mexicano.

¿Quién se encarga de fungir como policía marítima en las aguas territoriales mexicanas?

¿Quién se encarga, por ejemplo, del control de los armamentos?

¿Quién es autoridad administrativa en materia de armas, fuegos y explosivos?

¿Quién se encarga de cuidar las instalaciones estratégicas?

¿Quién se encarga de las operaciones de rescate y salvamento en el mar?

¿Quién se encarga en buena medida de auxiliar a la población en situaciones de necesidad, o que incluso colabora con organizaciones civiles en materia de salubridad, como son las campañas de vacunación?

Pero lo que tenemos que reconocer es que fueron los poderes públicos los que les hemos dado atribuciones en materia de seguridad.

Y no fue la última administración anterior a esta, sino es el supuesto consenso viene desde los años 90.

Y no me refiero a aquella utilización política de las Fuerzas Armadas, como cuando se les mandaba a hacer operaciones de carácter político, a lastimar a la sociedad, o bien como recurso de presión contra los ciudadanos, me refiero a la decisión que tomamos, que tomó el país en materia de delincuencia organizada.

En los años 90s, o partir de los años 90s, en ese período que comprende desde 1996 hasta lo que llevamos del siglo XXI, hemos hecho tres cosas esencialmente en materia de delincuencia organizada.

En primer lugar hemos federalizado la responsabilidad de combatir el crimen organizado, antes estaba en el ámbito local, antes todos los fenómenos criminales eran responsabilidad directa de estados y municipios.

Conforme fue creciendo el problema del crimen organizado tomamos la decisión de federalizar su combate y ahí estas las reformas de los años 90s, creamos el régimen de crimen organizado con instrumentos especiales, muchos de ellos ventajas procesales e instituciones que le daban una posibilidad mayor al Estado frente a quienes delinquían.

La segunda decisión es que convertimos al crimen organizado en una materia de seguridad nacional, la sacamos de la órbita y la respuesta primaria de la seguridad pública y la llevamos al régimen de seguridad nacional, y en esa medida le dimos funciones permanentes a las Fuerzas Armadas para actuar en contra del crimen organizado, fue el régimen o es el régimen de seguridad nacional que deriva de la Reforma del 2004 y su Ley Reglamentaria en 2005 que le da actuación a las Fuerzas Armadas en contra del crimen organizado.

Aquí hay quien dice que fue una decisión de la administración 2006 y 2012, hay que leer qué responsabilidades tenía el Estado mexicano, qué responsabilidades tenía la Federación y qué deberes tenían las Fuerzas Armadas desde que decidimos convertir la delincuencia organizada en una cuestión de seguridad nacional y no en un fenómeno que se atendería desde los instrumentos de la seguridad pública.

Y la tercera cosa que hicimos o que hemos hecho, incluyendo esta Legislatura, es ir ampliando progresivamente los fenómenos criminales que se tratan desde la óptica, desde el ángulo, desde el régimen de la delincuencia organizada.

Hemos reformado profusamente ese régimen, 13 decretos reformatorios, 26 categorías de delitos, desde por supuesto narcotráfico hasta robo de vehículos, hasta piratería o delitos asociados a los derechos de propiedad.

Mientras estén esos delitos en el régimen de seguridad nacional que no nos extrañe que las Fuerzas Armadas tengan tareas permanentes en esa materia.

(Aplausos)

Y en la medida en la que se ha diversificado y pulverizado el crimen organizado y en la medida en la que nuestras instituciones civiles han mostrado debilidad, hemos aumentado la responsabilidad de las Fuerzas Armadas, se han convertido desafortunadamente en primeros respondientes y no en el último recurso del Estado mexicano.

Y eso ha sido posible porque en nuestra Constitución hay una función, una facultad presidencial no reglada, la multicitada fracción VI del artículo 89 de la Constitución, que dice: “que el Presidente de la República tiene la facultad de disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para efectos de seguridad interior y defensa exterior”.

Por cierto, una redacción que no fue modificada, ni en la reforma de seguridad nacional, ni en la reforma al artículo 21 constitucional en materia de seguridad pública, una función que lleva varios siglos en nuestro texto constitucional y que es el fundamento por el cual el Presidente de la República, en las últimas cinco administraciones, ha desplegado Fuerzas Armadas para tareas de seguridad hasta el grado de que se han convertido en primeros respondientes.

De tal suerte que no es intelectualmente honesto, ni políticamente responsable decir que las Fuerzas Armadas tienen que regresarse a los cuarteles sin resolver el problema de fondo, que es el régimen de delincuencia organizada.

Habría que complementar esa afirmación de que tenemos que regresar a los cuarteles a los militares.

¿Quién está proponiendo que las Fuerzas Armadas dejen de combatir el crimen organizado?

¿Quién está proponiendo que dejen esa tarea que le ha dado la Republica?

¿Quién está proponiendo que la delincuencia organizada quede en manos de estados y municipios o, de plano, que nadie las combata?

México no se puede dar el lujo de reducir la presión y la inhibición hacia el crimen organizado, a menos que ya estemos dispuestos a entregarles la República y nuestra convivencia.

De lo que se trata esta ley es de regular una función presidencial, una facultad exclusiva del Presidente, una facultad que debe coexistir con la plena vigencia de los derechos fundamentales porque la reglamentación de la seguridad interior no implica excepción a la aplicación estricta de los derechos y libertades públicas consagrados en la Constitución.

Es una función que está asociada a la necesidad de generar marcos de paz y que debe, insisto, coexistir con la plena vigencia de los derechos fundamentales.

Hemos escuchado, desafortunadamente, propuestas de que nuestro país tiene que ir a las suspensiones de garantías, a los estados de excepción para enfrentar los problemas de seguridad.

Nada más irresponsable, nada más inconstitucional que resolver los problemas de delincuencia común desde el régimen de excepción.

Y les recuerdo, por cierto, les recuerdo, por cierto, que está inconvencionalmente, convencionalmente prohibido utilizar el régimen de excepción, la suspensión de garantías para enfrentar problemas de delincuencia, aún en su versión de delincuencia organizada.

En nuestro país se ha instalado un círculo vicioso, un círculo vicioso al que hay que encontrarle salida.

En estas zonas grises entre la responsabilidad federal y las responsabilidades locales, en la medida en que los estados y los municipios no tienen capacidades se ha recurrido a las Fuerzas Armadas, siempre es más barato, más rápido y más fácil recurrir a las reservas de militares y marinos que formar policías.

Y en la medida en la que los estados y los municipios tienen Fuerzas Armadas no han podido o no han querido regular, formar a sus policías.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) ¿Me permite una pregunta, Senador?

El Senador Roberto Gil Zuarth: Por supuesto, Senadora.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Le han aceptado la pregunta, Senadora Padierna.

Sonido en el escaño de la Senadora Dolores Padierna.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Gracias.

Senador Gil Zuarth, sólo preguntarle en todo este relato que usted está haciendo, preguntarle ¿cuáles son los resultados en materia de derechos humanos y qué le parecen a usted?

El Senador Roberto Gil Zuarth: Senadora, el problema de derechos humanos en el país es mucho más complejo que estigmatizar a las Fuerzas Armadas, porque los  primeros violadores de derechos humanos son los delincuentes que están en la calle.

(Aplausos)

En la medida en la que los estados y los municipios han tenido la ocasión y la oportunidad, el recurso de las Fuerzas Armadas no han formado policías, y de ese círculo vicioso tenemos que salir, y la salida es precisamente, creo que me están haciendo otra pregunta.

Voy a aceptar todas si me da más tiempo.

La Senadora Dolores Padierna Luna: (Desde su escaño) Presidente, nada más quiero que me conteste, ¿por qué no contesta?

El Senador Roberto Gil Zuarth: Ya le contesté, Senadora.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Senadora Dolores Padierna, me parece que su pregunta fue atendida.

Tiene la palabra para hacer una pregunta el Senador el Senador Mario Delgado.

El Senador Roberto Gil Zuarth: O si quiere también hablamos de la violación a derechos humanos a manos de los policías locales, de los policías estatales.
El problema de los derechos humanos es un problema estructural, es ausencia de Estado, es ausencia de Estado, y si ustedes creen que la forma de resolver el problema de los derechos humanos es este juego maniqueo de culpar a las Fuerzas Armadas, se les olvida la otra parte de la ecuación, que es justamente el drama de violencia que generan los delincuentes en el país por ausencia de Estado, empezando por el ámbito local.

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Sonido en el escaño del Senador Mario Delgado, por favor.

El Senador Mario Martín Delgado Carrillo: (Desde su escaño) La pregunta es para usted, Presidente.

¿Cómo valora el tiempo porque cuando yo les di voz a las víctimas no me permitió ni siquiera ocho minutos? ¿nada más cómo valora usted el tiempo de los oradores?

El Presidente Senador Ernesto Cordero Arroyo: Le respondo después, Senador Delgado.

Gracias.

Adelante, Senador Gil.

El Senador Roberto Gil Zuarth: Concluyo, Presidente.

Frente a los riesgos y a los problemas de seguridad en el país nos hemos aferrado a la respuesta de contención a cargo de las Fuerzas Armadas.

México ha adquirido una adicción a la respuesta de fuerza antes que a la paciente construcción de instituciones.

Debemos provocar una suerte de síndrome de abstinencia, dejar de dosificar gradualmente Fuerzas Armadas para que el cuerpo social recupere su capacidad de pensar y, sobre todo, de actuar con claridad.

Las soluciones están a la vista, pero la primera es atarle las manos a este Presidente o a los que siguen, de tal manera que el despliegue de fuerzas, de las Fuerzas Armadas no sea a discreción, ni a contentillo.

Que las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no está pidiendo un amparo para ir a hacer lo que quieran a los territorios de nuestro país.

Lo que piden es la certidumbre de cuándo pueden y deben ser llamado a servir a la República, que no sean primero respondientes, sino el último recurso que tiene el Estado mexicano para pacificar un territorio, resolver un problema criminal.

Concluyo, Presidente, diciendo que en México no hay dos Ejércitos, no hay el Ejército patriota, leal, diligente de la ayuda humanitaria en los sismos o en las inundaciones, y del otro lado el Ejército represor, violador de derechos humanos, causante de la violencia.

Es un solo Ejército y es el que está demandado certidumbre, seguridad jurídica y la renovación de un pacto sobre su lugar en nuestro sistema constitucional.

Por su atención, muchas gracias.