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Intervención del Senador Fernando Yunes Márquez



Sen. Fernando
Yunes Márquez


Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional
Veracruz
Senador Electo por el Principio de Primera Minoría
Suplente: María del Rosario Guzmán Avilés

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 6 Oficina 13, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3325, 5458 Fax: 3609

E-mail: fernandoyunes@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Jueves 15 de diciembre de 2016


Fundamentar el Dictamen

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, Presidente.

Compañeras y compañeros:

Aprovecho antes de iniciar, saludar una vez más la presencia del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, doctor Miguel Ángel Mancera. Y en su nombre saludar a todos los gobernadores integrantes de la Conago.

Sea usted bienvenido una vez más.

El día de hoy, acudo a esta tribuna, a nombre de la Comisión de Justicia, para presentar el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Esta iniciativa que fue presentada por los Senadores Luis Humberto Fernández, Miguel Barbosa, Ismael Hernández, Ernesto Gándara, Zoé Robledo y su servidor, busca establecer un marco regulatorio que reclasifique las figuras penales e incremente la punibilidad y la sanción administrativa, por los actos y omisiones descritos en el Código Penal Federal, en lo relativo a la aportación y posesión, almacenamiento, compra-venta, tráfico, transportación, uso, destino de armas de fuego, explosivos y accesorios sin permiso, sin licencia y sin manifestación de la autoridad competente.

La seguridad de nuestro país, ha sido un tema que nos atañe a todos, por la inminente presencia de las organizaciones criminales dentro de nuestra sociedad.

Sin embargo, la aportación personal e ilegal de armas, no es la solución.

Un país seguro se basa en la confianza ciudadanía, en la protección de los derechos y en la seguridad de que, la aportación de armas compete en principio, a quienes tienen la potestad de proteger nuestra libertad y  nuestra seguridad.

El daño causado por las organizaciones criminales, ha provocado que personas inocentes sufran de tortura, violencia física e incluso pierdan la vida.

Debe destacarse que, en la mayoría de los casos donde se suscitan este tipo de violaciones a los derechos humanos, es utilizada  un arma de fuego que, por razones evidentes, es portada de manera ilegal.

Hoy en día, nuestra legislación permite portar algunas armas sin mayor consecuencia que una sanción administrativa.

Esto es, no existe una pena corporal para ello.

La deficiencia en la legislación vigente, pone en riesgo bienes jurídicos tutelados por el Estado, como lo son: la vida, la paz, la salud y la seguridad interior y nacional.

Tenemos, además, una aplicación legal discrepante en la integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación, por la presunta Comisión del Delito de portación de armas de fuego sin permiso, licencia y sin registro, así como la portación y posesión de armas de fuego, explosivos y accesorios, exclusivos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

Las reformas y adiciones que proponen el dictamen al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, se sustentan principalmente en el propósito de consolidar un marco legal que propicie una defensa más enérgica de la seguridad pública.

Para ello, el dictamen le propone una política criminal, basada en el incremento de la punibilidad de las figuras penales que describe.

Sin embargo, para el establecimiento de una política pública adecuada en materia penal, no basta con el endurecimiento de las penas o la severidad en el castigo.

Sin un estudio que revalorice y establezca un sistema de sanciones que sean proporcionales a la gravedad del daño causado por el mismo.

De tal modo que la sanción prevista para un acto típico antijurídico y punible que establezca la Ley Penal, debe ser proporcional a la posibilidad de daño que puede infringir en uno o varios bienes jurídicos tutelados.

Del mismo modo, el incremento de la pena debe ser proporcional a las condiciones actuales del país que ayuden a desincentivar la Comisión de Delitos con Armas de Fuego, no solo por el riesgo que representan, sino también por el desarrollo armónico y sano de la sociedad.

Bajo este tenor, en lo ilícitos cometidos con armas con mayor capacidad de daño, la penalización correctiva debe ser proporcionalmente justa para disminuir su uso.

Esto es, que en su rango de sanción, se otorga al juzgador la facultad de incrementar la pena proporcionalmente a las circunstancias específicas de cada caso.

En este contexto, el dictamen que esta Comisión de Justicia propone, se basa principalmente en la jurisprudencia de la proporcionalidad de las penas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello con el fin de que este incremento de sanciones que obedece a un fin noble quede blindada en su constitucionalidad cuando sea puesta en jaque en los tribunales.

Esto es, que estas penas nunca pueden ser consideradas como excesivas o desproporcionales, sino que responden a los principios del Estado constitucional.

Señoras y señores Senadores:

El dictamen que tienen a su consideración hace un incremento de las sanciones que están previstas en los ordenamientos jurídicos que castigan la portación ilegal de armas, tanto ilícitas como aquellas que están reservadas para uso exclusivo de las fuerzas armadas, en dos supuestos.

Hemos convertido dos delitos no graves a graves, pues, antes nuestro ordenamiento jurídico no los consideraba con la máxima pena.

Esto es, con la privación de la libertad oficiosa, son la portación de armas de uso exclusivo del Ejército: magnum 9 milímetros y similares; así como el delito de posesión de cartuchos de todos los demás de alto calibre que también están reservadas para el uso de las fuerzas armadas.

Esta será una herramienta más de política criminal que este Senado de la República emitirá para el fortalecimiento de la seguridad de nuestro país.

Este dictamen es un paso al frente en la pacificación de México que tanto deseamos: un país sin armas, es un país más seguro.

Les pido por el bien de nuestro país que voten a favor del presente dictamen.

Es cuanto Presidente.