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Intervención del Senador Fernando Yunes Márquez



Sen. Fernando
Yunes Márquez


Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional
Veracruz
Senador Electo por el Principio de Primera Minoría
Suplente: María del Rosario Guzmán Avilés

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 6 Oficina 13, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3325, 5458 Fax: 3609

E-mail: fernandoyunes@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 13 de diciembre de 2016


Intervención

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN


De las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda, el que contiene proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil.

El Senador Fernando Yunes Márquez: Con su venia, Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Vengo a presentar el presente dictamen a nombre de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; Estudios Legislativos, Segunda; y Justicia.

EL dictamen que ponemos  a su consideración, es producto de una iniciativa presentada  por su servidor a nombre de los magistrados electorales  de todo el país. Se trata de un tema fundamental por el cual llevan años luchando, que es lograr la autonomía financiera  al interior de los tribunales electorales y órganos electorales de todo el país.

Como ustedes saben, cada año los magistrados de  estos tribunales acuden con los diputados de las diferentes legislaturas  a gestionar los recursos económicos para asegurar un adecuado funcionamiento de sus labores.

Es nuestra responsabilidad otorgar una plena autonomía financiera para que cumplan con tan importante función en la vida democrática de nuestro país.

Como resultado de la reforma constitucional en materia política electoral publicada  el 10 de febrero en el Diario Oficial de la Federación, cuyo objetivo es el fortalecimiento e independencia de los órganos jurisdiccionales locales, se aseguró que el día de hoy los tribunales electorales de los estados, cuenten con autonomía técnica y de gestión en su funcionamiento.

Esta autonomía se ha visto impulsada por una necesidad política e histórica de depositar en una autoridad independiente  de los partidos políticos y de gobierno el desarrollo de las elecciones.

De igual modo, en la necesidad de implementar medidas que fortalezcan la credibilidad de los órganos encargados de sancionar las controversias que surjan con motivo de las elecciones a nivel local.

Sin embargo, la autonomía no implica que tales órganos dejen de ser parte del Estado o dejen de tener una interrelación con los poderes constituidos  y estos órganos autónomos. Por ello, es necesario proveer los recursos económicos  para realizar sus funciones de manera independiente, eficiente y eficaz.

En este contexto,  debe decirse que la reforma constitucional no logró resolver la autonomía financiera de los tribunales  electorales locales.

Esta autonomía o independencia exige que su presupuesto no esté prescrito por la ley secundaria, por el contrario, esta autonomía debe de quedar establecida en una disposición constitucional, que determine las bases sobre las cuales puede ser garantizada.

En consecuencia, el presupuesto de los tribunales electorales locales, no debe continuar inmerso en las disposiciones de las constituciones locales.

En este contexto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece la responsabilidad de las entidades federativas para regular las remuneraciones que persiguen los magistrados electorales, así como el presupuesto que debe de ejercer el órgano jurisdiccional en su conjunto, de acuerdo a la Constitución general.

Sin embargo, en nuestro país, algunos órganos jurisdiccionales cuentan con recursos económicos escasos, lo que les obstaculiza realizar sus funciones mínimas. Esto ha traído como consecuencia el riesgo de un desempeño indeficiente, pues, si el presupuesto asignado es insuficiente, no se puede contar con los recursos  humanos, tecnológicos y materiales necesarios para la impartición de la justicia electoral.

Por estas razones, es primordial que resolvamos los retos y problemas que enfrentan los tribunales electorales locales, a través de las reformas legales y constitucionales adecuadas, que permitan que se destinen los recursos económicos, necesarios  y suficientes, y que la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 tenga plena vigencia y efectivo cumplimiento.

Por ello, este dictamen tiene  por objeto establecer en el concepto  constitucional, que los tribunales electorales  gocen de un presupuesto propio, adecuado, suficiente y fijo, que garantice la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad de los procesos electorales locales, mejor aún, que garantice la consolidación del sistema democrático mexicano.

Por otro lado, el dictamen plantea que, a fin de asegurar la autonomía administrativa jurisdiccional, laboral de las entidades federativas en la materia electoral, se permita a los tribunales electorales locales, conocer  y resolver los conflictos laborales que surjan entre los organismos públicos locales y las autoridades jurisdiccionales con sus respectivos servidores públicos, a fin de  contar con un jurídico de recurso idóneo en el ámbito jurisdiccional, local.

Sobre este tema, las constituciones y legislaciones electorales son diversas, mientras que en estados como Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, entre otros, se contemple un juicio para dirimir conflictos laborales del Tribunal Electoral y del organismo público electoral local y sus respectivos servidores públicos, del cual resuelve el mismo tribunal electoral, el resto de los estados no cuentan con ningún juicio o procedimiento para dirimir los conflictos laborales en su normatividad electoral.

De esta forma, con la incorporación de un medio de impugnación  que asegure y permita a los tribunales electorales locales, conocer de los conflictos laborales que se presentan en el ámbito local  entre los servidores electorales, se abonará la autonomía de la que han sido dotados, permitiendo además, rendición de resoluciones de manera expedita.

Con esta reforma, se proporcionará seguridad jurídica a los actores en los mismos, al sujetarse a los plazos que para la resolución se pueda establecer en las legislaciones correspondientes.

Por estos motivos, el dictamen plantea una reforma constitucional  consistente en la adición de los párrafos octavo y noveno al inciso c) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que:

En primer lugar, los organismos públicos locales electorales y las autoridades electorales jurisdiccionales tengan capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto, de modo que, con base en las disposiciones en materia de responsabilidad hacendaria, las legislaturas locales deban garantizar la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias.

En segundo lugar, que las autoridades electorales jurisdiccionales conozcan y resuelvan los conflictos o diferencias laborales que surjan con sus servidores públicos, así como de los que presenten entre los órganos públicos, locales, electorales y sus trabajadores.

Compañeras y compañeros Senadores:

El pilar más fuerte de un buen gobierno es la verdadera administración de justicia, no podemos permitir que nuestro país las autoridades electorales jurisdiccionales tengan aún que negociar con diversos actores políticos para asegurar un presupuesto que les dé independencia.

De igual modo, en un Estado federal, debemos asegurar que sus resoluciones, incluyendo a aquellas que se ocupan de las diferencias laborales, queden en la esfera de las entidades federativas, es por ello que esta reforma asegura su autonomía y seguridad en el ejercicio de su misión constitucional.

Es cuanto, señor Presidente.