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Intervención del Senador Eviel Pérez Magaña



Sen. Eviel
Pérez Magaña


Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
Oaxaca
Senador Electo por el Principio de Primera Minoría
Suplente: Jorge Toledo Luis

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 5 Oficina 7, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3045, 5068

E-mail: eviel.perez@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 05 de abril de 2016


Fundamentar el Dictamen

DICTÁMENES A DISCUSIÓN Y VOTACIÓN

Uno, de la Comisión de Asuntos Indígenas, la que contiene punto de acuerdo:
Que exhorta a la Secretaría de Cultura a investigar la veracidad de las circunstancias sucedidas en 2015, en las que se involucraron la vestimenta, bordados y tejidos propios de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, del estado de Oaxaca, en la producción de las empresas Isabel Marant y Antik Batik; así como la existencia de procedimientos administrativos o judiciales, nacionales o internacionales, por los cuales se autorice el uso con fines de lucro de dichas expresiones de arte popular.

El Senador Eviel Pérez Magaña:  El primero de los dictámenes que someto a la consideración, corresponde a la atinada proposición de la Senadora Mely Romero Celis, con el objetivo de exhortar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a que fortalezca e impulse medidas de prevenir y eliminar actos de discriminación en contra de las mujeres rurales indígenas, y para que informe a este Senado de las acciones implementadas y sus resultados.

Sabemos que el varón y la mujer son iguales ante la ley, y que la Federación, los estados, los municipios, deben promover la igualdad de oportunidades para que la población indígena y así poder eliminar cualquier práctica discriminatoria, así lo dice el texto constitucional, pero sería ingenuo suponer que el mandato constitucional se traduce en una realidad social que está muy lejos de corresponder a esas normas.

Esta realidad, hay que decirlo una y otra vez, es de desigualdad, de discriminación y de rezago social.

Permítame citar algunos de los datos, en 2010, los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Discriminación en México, señalan que la situación de discriminación y  desigualdad  que sufren las mujeres en nuestro país es un  problema de arraigo, con raíces fortalecidas por construcciones sociales que han permitido su reproducción natural y han incidido en su invisibilización.

De acuerdo con las Encuesta Intercensal 2015,  el promedio nacional de escolaridad de 9.3 años entre los hombres y de 9.0 años entre las mujeres, pero tratándose de hablantes de lenguas indígenas se convierte en el caso de los hombres  de 6.2 años y de 5.1 años para las mujeres.

Es aún más contrastante el porcentaje de analfabetismo de la población de 15 años y más, pues la medida nacional es de 5.5, pero en el caso de los hombres hablantes de lenguas indígenas, se incrementa a 16.4 y el porcentaje de las mujeres hablantes de la lengua indígena de analfabetismo se eleva aún más  acerca del 21.2 por ciento.

También debe aclararse que no todas las mujeres rurales son indígenas y tampoco todas las mujeres indígenas viven en comunidades rurales.

Por diversos factores de migración interna, el porcentaje de mujeres indígenas que en 1990 vivían en localidades rurales  pasó de 66.4 en 1990 a 59.6 en el año del 2000.

Por ello, esta comisión estima procedente exhortar a la Conapred para que fortalezca e impulse las medidas necesarias que permitan prevenir y eliminar actos de discriminación en contra de las mujeres rurales e indígenas del país, y para que informen a este Senado de las acciones implementadas y sus resultados.

Esto implica desde luego, que en los diversos órdenes de gobierno se asuma esa responsabilidad.

Se vigile y se observe desde el actuar cotidiano hasta la creación de normas jurídicas y su implementación a través de políticas públicas.

Sin duda,  la erradicación de esta desigualdad requiere de grandes esfuerzos y trabajo conjunto, pero esto es ineludible, y en el Senado debemos empeñarnos en ello.

En el segundo dictamen que  nos permitimos presentar es el segundo  asunto dictaminado que trata de la proposición que en noviembre del año pasado presentó el Senador Benjamín Robles Montoya, que se generó en una noticia que se difundió ampliamente  en las redes sociales.

Una diseñadora francesa presentó un vestido con diseños idénticos a los huipiles propios de la comunidad de indígena de Santa María Tlahuitoltepec, que pertenece al pueblo mixe en el estado de Oaxaca.

En el ir y venir de las redes sociales se supo que otra firma, también francesa, reclamó a la diseñadora haber empleado esos diseños que ya tenía patentados.

Se desata un escándalo mediático por la muy justificada indignación que causa la mercantilización y el supuesto registro  de derechos de marca disputados por esas dos empresas extranjeras, respecto a ancestrales diseños de huipiles mixes.

De redes, el tema pasó en el mes de diciembre a la Cámara de Diputados, en la que se presentaron y se encuentran en trámite dos  elaboradas iniciativas con proyecto de decreto para reformar la Ley Federal de Derechos de Autor y otros ordenamientos.

En el Senado, el 17 de febrero, se aprobó un dictamen con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Cultura a promover políticas de preservación, protección y fortalecimiento del patrimonio cultural textil nacional y la ampliación de los apoyos para la innovación y posicionamiento de los trajes típicos en los  mercados.

El 2 de marzo el Congreso del estado de Oaxaca aprobó un decreto que declara patrimonio cultural y material del estado de Oaxaca  los diseños, vestimentas y trajes regionales de las comunidades o pueblos indígenas, sus artesanías y sus lenguas.

Con esos antecedentes, analizamos la proposición del Senador Robles Montoya, que solicita, con acierto, se verifique la existencia de algún procedimiento que tenga como objeto patentar o cobrar regalías por los diseños tradicionales de Santa María Tlahuitoltepec, y de ser el caso, se garantice la defensa y salvaguarda de nuestro patrimonio cultural.

Analizando nuestros ordenamientos jurídicos encontramos que los vestidos típicos, hilados, textiles y labores de punto son obras de arte popular, cuyo autor no es identificable y se encuentran insuficientemente reguladas en el capítulo de Culturas Populares de la Ley Federal de Derechos de Autor y su  reglamento.

De estas disposiciones se desprende que no constituyen un derecho individual, sino un derecho de naturaleza colectiva que se genera por una razón cultural. 

Que la propia Ley Federal de Derechos de Autor establece que es libre el uso de estas expresiones de arte popular, pero se protegen de su deformación con objeto de causar demérito o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad a la que pertenecen, y que en su utilización deben mencionarse la comunidad o etnia de las que son propias, pero no determina sobre regalías por su comercialización.

Compañeras y compañeros: Es evidente la necesidad de reformar la ley para valorar los efectos de la mercantilización por los terceros y de estas expresiones culturales y el derecho a regalías a favor de las comunidades, pero éste es un dictamen relativo a  un punto de acuerdo y no de una iniciativa, por ello se consideró conveniente investigar con certeza la existencia de algún procedimiento administrativo o judicial, nacional o internacional por el cual se autorice o pretenda autorizar su uso con fines de lucro, para que de ser cierta esta información se ejerciten acciones legales para proteger a esta comunidad mixe.

Se propone exhortar a la Secretaría de Cultura, pues dentro de sus atribuciones se encuentra promover e impulsar la investigación, conservación y promoción de la historia, las tradiciones y el arte popular. Además se propone exhortar a la CDI, pues le corresponde orientar, coordinar, promover los programas, proyectos y estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas.

Compañeras y compañeros Senadores: Enfrentemos este reto mediante el análisis de los ordenamientos legales aplicables, considerando que la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU ha determinado que tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales, como lo son sus diseños y que los estados deben aportar medidas eficaces para reconocer y proteger el ejercicio de estos derechos,  el primer paso es tener certeza sobre lo que se difundió en redes para conocer sus alcances y en su caso, proteger los derechos de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca.

El siguiente paso es mediante el proceso legislativo que nos corresponde, establecer esta protección en el ordenamiento aplicable con eficacia, en términos generales y abstractos.

En nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas, solicito su voto aprobatorio para estos dos dictámenes.

Por su atención, muchas gracias.

La defensa del patrimonio intangible de los pueblos y comunidades indígenas es un reto ante su diversidad, ante la falta de atención de las autoridades y la ambición de quienes copian o alteran diseños originales y comercializan con ellos, sin ningún beneficio para las comunidades originarias.

Mil gracias.