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Intervención del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya



Sen. Ángel Benjamín
Robles Montoya


Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo
Oaxaca
Senador Electo por el Principio de Mayoría Relativa
Suplente: Félix Benjamín Hernández Ruiz

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 3 Oficina 1, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3118, 3117, 5132

E-mail: benjaminrobles@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Jueves 22 de marzo de 2018


Presentación de Iniciativa

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al Sector Social de la Economía.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, Senador Presidente.

Honorable Asamblea.

Ciudadanos que nos siguen por el Canal del Congreso.

Medios de comunicación que nos acompañan.

Compañeras:

Hoy estamos viviendo la mayor inflación de este sexenio, sin que a la fecha el Ejecutivo Federal ejerza alguna acción política pública para estabilizar los precios.

La iniciativa que presentamos es el trabajo y la síntesis de las demandas de varias organizaciones ciudadanas y campesinas que se han manifestado por establecer un mecanismo más eficaz de protección del Estado mexicano precisamente para proteger los precios de la canasta básica popular y a quienes agradezco su apoyo en los trabajos de redacción de la iniciativa.

La reforma energética que nos prometió bajar el precio de la gasolina, del diésel y la luz eléctrica, ha significado en el incremento de sus precios desde el mes de enero del 2017 en un beneficio exclusivo para los vendedores de la última instancia y un costo adicional para la producción de alimentos que a la fecha, en lo que se refiere a la canasta básica de alimentos, la velocidad y el crecimiento de precios se ha incrementado tres veces.

La iniciativa de la Ley de Protección de los Precios de Bienes de Consumo Socialmente Necesarios, tiene por objeto establecer un mecanismo de protección de los precios y de los bienes de los servicios socialmente necesarios y los insumos y artículos necesarios para el funcionamiento de la economía.

Me parece inaceptable cerrar nuestros oídos a los gritos de hambre a costa de los beneficios de unos pocos. Me cuesta trabajo aceptar el silencio de la Administración Pública, o los informes del Banco de México donde sólo recitan que es parte del mecanismo de ajuste de precios, de la liberalización de precios de los energéticos.

Ese silencio los hace cómplices de un conjunto de prácticas regionales donde la ausencia del Estado y sus instituciones sólo perpetúa las humillantes condiciones de pobreza alimentaria que se vive hoy, y que este gobierno ha sido incapaz de combatir a pesar de los sendos recursos que les aprobamos en la reforma fiscal del 2013.

Si bien es cierto que el Estado mexicano reconoce, garantiza y fomenta a través de sus instituciones la competencia y la libre concurrencia en la economía nacional, sin embargo, en ocasiones el mercado presenta anomalías en su comportamiento que vulneran estos principios ocasionando prácticas de acaparamiento y especulación en bienes de consumo popular, incluso el acaparamiento de productos que, a nuestra consideración, es un atentado contra la economía familiar.

La iniciativa que presentamos tiene fundamento constitucional en el tercer párrafo del artículo 28 y en el artículo 9 de la Ley Federal de Competencia Económica para establecer un mecanismo de control de precios que se activa por razones de orden público e interés social.

La iniciativa obliga al Ejecutivo Federal a tomar medidas transitorias para restaurar el precio de artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la operación de las actividades de la economía nacional, o la canasta de consumo popular con el objeto de proteger la economía familiar y la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo la rectoría del Estado en el desarrollo nacional.

El Presidente debe emitir decreto cuando un bien de consumo popular se incremente por arriba del 10 % por prácticas de acaparamiento, especulación o cualquier acción que tenga por objeto generar usufructos con precios exagerados.

El contenido del decreto establecerá qué productos, los plazos y los precios máximos de los bienes que constituyan la canasta básica de productos de consumo popular cuando éstos sean alterados por cualquier conducta contraria a lo establecido a los principios de la libre competencia y a través de la Comisión Intersecretarial de Vigilancia de Precios.

Esta iniciativa es, desde nuestro punto de vista, es una política complementaria y de enfoque regional a la política monetaria del Banco de México, donde se busca fortalecer una política de Estado para garantizar la estabilidad de precios, pero con un enfoque de protección de consumo popular y de aquellos insumos que requiere el funcionamiento de nuestra economía, como la electricidad, la gasolina y el diésel.

Como mencionamos, proponemos crear la Comisión Intersecretarial de Precios Máximos como un órgano de apoyo al Presidente de la República, es un órgano permanente de vigilancia con facultades para establecer precios máximos, sanciones a los infractores o suspensión de actividades.

Finalmente, la iniciativa define una lista de productos que componen de manera genérica la canasta de alimentos de consumo popular, incluyendo como objeto de vigilancia a la energía eléctrica, el diésel, la gasolina como insumos indispensables de la economía popular.

Por lo anteriormente expuesto y agradeciendo de antemano, apreciaré, Senador Presidente, que se pueda incluir en el Diario de los Debates la iniciativa en su conjunto.

Y un tema adicional.

El día de hoy, como está en el orden del día, estoy solicitando licencia para separarme del cargo y por eso le agradecería que me dé la oportunidad en esta intervención de presentar la segunda iniciativa que tengo registrada en el orden del día, que tiene que ver con la Ley de Economía Social.

Si usted es tan generoso, señor Presidente.

El Presidente Senador César Octavio Pedroza Gaitán: Con gusto se obsequia su solicitud, agradeciéndole encarecidamente tratar de ceñirse al menor tiempo posible, señor Senador.

El Senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Así será.

Compañeras, compañeros:

En relación a la iniciativa de Ley General de Economía Social y Solidaria, que también estamos presentando hoy, quiero decir que la pobreza y la desigualdad están generando hoy en día peligrosamente el rompimiento de nuestro tejido social.

Po ello resulta imprescindible establecer nuevas bases sólidas y viables que permitan la participación del sector social, de la economía como concurrente en el desarrollo nacional junto con los sectores públicos y privado como lo determina nuestra Carta Magna.

Ciertamente todo principio económico presenta a la vez ventajas y desventajas. La realidad económica es compleja, por consiguiente el objetivo no es constituir una buena economía a partir de un principio único, muchas veces concebido y sostenido dogmáticamente, sino al contrario, dirigirse hacia una economía que admita y aliente una diversidad de principios en los que se fomente la redistribución y la reciprocidad como instrumentos de la justicia social y la sostenibilidad ecológica.

Este cambio de paradigma, compañeras y compañeros, supone una nueva concepción en las premisas de las políticas públicas, particularmente en lo concerniente a la regulación y al fomento de los actores que constituyen el sector social de la economía.

Miren, en los últimos 30 años, en México, se amplió la desigualdad social y regional, especialmente entre los habitantes del centro norte del país y del sur sureste. Por ello se hace necesario construir políticas públicas apropiadas y suficientes para el sano desenvolvimiento del sector social de la economía y con ello empezar a modificar la tendencia del comportamiento económico general del país que ha sido insuficiente para propiciar las condiciones de bienestar colectivo.

Por ello, la reorganización en cadenas de valor, articuladas apropiada y solidariamente en las unidades de la economía social, impulsarán la generación del empleo y el desarrollo y la competitividad regional aportando, según nuestros cálculos, entre 1 y 2 % adicional del crecimiento del Producto Interno Bruto.

Y es por eso compañeras y compañeros, entre otras cosas, que proponemos se expida una Ley General de Economía Social y Solidaria que funja como Ley Marco, siendo una observancia general en toda la República en materia del sector social de la economía, correspondiendo su aplicación en forma concurrente al Ejecutivo Federal por conducto de la Sedesol, y en el ámbito de sus respectivas competencias a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a los estados, la Ciudad de México, los municipios y las alcaldías.

Adicionalmente, con este proyecto de ley buscamos fortalecer el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), mismo que actualmente no cuenta con el marco jurídico y presupuestal apropiado para cumplir adecuadamente con lo que mandata nuestra Constitución en lo referente al sector social de la economía.

Es así que proponemos descentralizar el Inaes, transformarlo en el organismo responsable del  mandato constitucional de expandir al sector social de la economía mediante la aplicación de políticas públicas, estratégicas y prioritarias y dotarlo con mayores recursos presupuestales.

Compañeras y compañeros, el sector social de la economía no solamente protege las fuentes del empleo existentes y facilita la creación de nuevas, incrementando la demanda de bienes y servicios fortaleciendo los mercados internos, sino que además y muy especialmente genera formas autogestivas de producción, consumo y financiamiento, factores tan esenciales en una época en que los recursos son muy limitados y deben usarse con inteligencia y mesura.

Es por todo lo anterior, que también presento a todos ustedes esta iniciativa, pidiendo su apoyo a esta noble causa, me refiero a la Ley General de la Economía Social.

Muchísimas gracias.

Es cuanto, ciudadano Presidente.