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Intervención del Senador Ángel Benjamín Robles Montoya



Sen. Ángel Benjamín
Robles Montoya


Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo
Oaxaca
Senador Electo por el Principio de Mayoría Relativa
Suplente: Félix Benjamín Hernández Ruiz

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 3 Oficina 1, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53-45-30-00 Ext. 3118, 3117, 5132

E-mail: benjaminrobles@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Jueves 01 de marzo de 2018


Presentación de Iniciativa

Del Sen. Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El Senador Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, Senador Presidente.

Compañeras, compañeros Senadores:

La expedición de la legislación en materia de combate a la corrupción desde la Reforma Constitucional hasta la expedición de la legislación secundaria, constituyó un importante logro producto de los largos años de una lucha social y política ante un sistema que torcía el poder para protegerse a sí mismo, como lo sigue haciendo.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas entró en vigor en julio del 2017, pero remontémonos a la discusión de las tres leyes mencionadas en el Senado de la República.

En aquella oportunidad señalamos que a pesar del descrédito del que es objeto la clase gobernante, del descontento social que existe en nuestro país, del repudio que tienen en nuestro país y expresan los ciudadanos hacia las autoridades y las instituciones, este Senado pretendía seguirle impidiendo que las y los ciudadanos accedieran a la información a la que tienen derecho.

Entonces, el entonces proyecto de ley adolecía de diversos preceptos que prácticamente legalizaban la opacidad y la impunidad, lastimosamente varios de esos preceptos no fueron modificados y finalmente quedaron contemplados en la ley que hoy se encuentra en vigor.

Algunas disposiciones nos preocuparon de manera especialmente significativa, el artículo 5° que excluye como servidores públicos a los consejeros independientes de los órganos de gobierno de empresas productivas del Estado y de entes públicos, también excluye a los consejeros independientes que en su caso integren los órganos de gobierno de entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades comerciales.

Jamás se dio una explicación convincente del por qué semejante exclusión.

Otra de las disposiciones más controversiales fue el artículo 50 que establece la posibilidad de que la autoridad resolutora, se abstenga de sancionar cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública, o el patrimonio de los entes públicos no exceda de dos mil veces el salario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado.

Desde nuestra perspectiva, este precepto permite robar, “pero poquito”, como dirían algunos, así por lo menos lo muestran muchos clásicos ya.

Por tal razón, la presente iniciativa tiene el propósito de corregir algunas de estas disposiciones contenidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas a fin de perfeccionar una norma que verdaderamente sirva para combatir eficazmente la corrupción y no como una herramienta de servidores públicos corruptos para evadir su responsabilidad sin consecuencias.

Proponemos, en primer lugar, que los consejeros independientes de los órganos de gobierno de las empresas productivas del Estado, y de los entes públicos y órganos de gobierno de las entidades de la Administración Pública Federal que realicen actividades comerciales, sean considerados como servidores públicos para los efectos de dicha ley.

No hay razón para que no lo sean, máxime cuando realizan una función para dichos entes y por esa función reciben una remuneración y prebendas institucionales. Es una incongruencia que ante todo ello no se les considere servidores públicos.

En un segundo término planteamos que en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y particulares sancionados en la plataforma digital nacional, no únicamente se inscriban las sanciones por faltas graves, sino también las sanciones por faltas consideradas no graves, pues dicho sistema es una herramienta de información para el combate a la corrupción, y por ello es necesario que refleje con precisión e integralidad el historial de sanciones del servidor público o particular.

El hecho de que una conducta no sea considerada grave, no significa que no sea sancionable y, por ello, es necesario contar con esa información. De otra manera un servidor público o particular que cometa faltas no graves de manera reiterada quedaría exento y, por ende, el sistema estaría incumpliendo su función primordial.

En tercer lugar, proponemos eliminar la posibilidad de que la autoridad resolutora se abstenga de imponer sanciones cuando el daño o perjuicio a la Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos no exceda las dos mil veces el salario diario de la Unidad de Medida y Actualización y el daño haya sido resarcido o recuperado, porque desde nuestra perspectiva dicha disposición representa una carta de impunidad que no debe formar parte de una ley verdaderamente eficaz para combatir la corrupción, aun cuando el resarcimiento del daño pudiese ser aceptable como atenuante, la conducta fue cometida y es sancionable aunque sea con menor rigor.

Por otro lado, la recuperación no debiese ser por sí sola un excluyente de responsabilidad, pues dicha recuperación no necesariamente se da con la voluntad o cooperación del infractor, y en tal caso el infractor puede quedar impune aunque no haya cooperado o colaborado, se trata evidentemente de una norma laxa y condescendiente que deja la puerta abierta a la impunidad.

En síntesis, compañeras, compañeros, la presente iniciativa plantea algunos ajustes para fortalecer la Ley General de Responsabilidades Administrativas eliminando resquicios de impunidad que intencionalmente o no quedaron plasmados en su contenido.

Es cuanto, Senador Presidente.