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Intervención de la Senadora Soraya Pérez Munguía



Sen. Soraya
Pérez Munguía


Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional
Senadora Electa por el Principio de Mayoría Relativa
Suplente:
Integración en Comisiones.

Intervencion del día Miércoles 07 de agosto de 2019


Presentación de Iniciativa

 

Iniciativas de Ciudadanos Legisladores

De los diputados Dulce María Sauri Riancho, Mariana Rodríguez Mier y Terán, Claudia Pastor Badillo, Enrique Ochoa Reza, Fernando Galindo Favela y el Dip Pedro Pablo Treviño Villareal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Diputada Soraya Pérez Munguía:   Con su permiso, Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores:

El pasado 25 de julio de 2019 durante el tercer período extraordinario de la Cámara de Diputados se aprobó la minuta que expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de nuestra Constitución.

Dicha ley ha generado  fundada preocupación en diferentes sectores de la sociedad, académicos, empresarios, investigadores, partidos políticos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre muchos otros.

¿Por qué? Porque considera que los procedimientos previstos en la misma  atentan contra el debido proceso la presunción de inocencia, el respeto a la propiedad privada y en general contra el Estado de derecho de nuestra nación.

Si bien la esencia de esta nueva ley es dar respuesta a las demandas de la ciudadanía para combatir la inseguridad, la corrupción y hacer frente al crimen organizado dándole al Estado los instrumentos necesarios  para afectar su poderío económico, sus finanzas y sus bienes, esta esencia se ve tristemente tergiversada por diversos elementos que generan incertidumbre a los ciudadanos.

Quiero mencionarles algunos ejemplos.

En primera, la ley faculta al gobierno para vender anticipadamente los bienes de los presuntos responsables sin  que exista una sentencia condenatoria, esto hubiera sido posible y acorde a la Ley Marco de la ONU si hubiera sido solamente para los delitos más graves, pero recuerden que abrimos el panorama a 245 delitos, no todos graves, sino incluso unos menores.

Y peor aún, si  el ciudadano resulta inocente y sus bienes ya fueron vendidos, el Estado se lo paga al precio que a su criterio considere, lo determina directamente el SAE o ahora el nuevo Instituto de Administración y Bienes y se le descuentan incluso los gastos de administración.

Segundo. El Ministerio Público tiene 10 años  para investigar el patrimonio del ciudadano, en cambio el ciudadano sólo tiene 10 días para  demostrar la legitimidad de sus bienes en caso de que inicie el proceso en su contra. Esto tampoco va acorde a la ley marco que se tomó de referencia que mencionan al menos 20 días.

Tercero. La ley deja en desventaja y desprotegidos a los ciudadanos terceros de buena fe, es decir, si la gente renta un departamento y este es usado por el inquilino para cometer un delito, dicho inmueble puede ser sujeto a un proceso de extinción de dominio y mientras se define la legitimidad del bien, el tercero interesado de buena fe es perjudicado en su patrimonio.

Cuarto. Los recursos obtenidos derivados del proceso de extinción de dominio pueden ser utilizados en programas sociales otorgándole al Ejecutivo Federal una gran discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Dichos recursos deberían estar sujetos a la rendición de cuentas, a la transparencia y a la fiscalización como cualquier otro recurso federal, lo anterior atendiendo el principio de máxima transparencia.

Esos son solamente algunos ejemplos que muestran que dicha ley tiene que ser perfeccionada para no vulnerar los derechos de los ciudadanos.

Durante su discusión en el Pleno, el grupo parlamentario del PRI presentamos varias reservas para intentan convencer a la mayoría sobre la importancia de realizar diversas adecuaciones; sin embargo, todas y cada una de las reservas presentadas fueron rechazadas sin ni siquiera abrir el espacio parlamentario para su debida discusión.

Esta práctica antidemocrática también fue aplicada por el grupo parlamentario de la mayoría para reservas de otras fuerzas políticas. Incluso para modificaciones presentadas por legisladoras del partido del gobierno.

En consecuencia, lo que estamos proponiendo varios diputados de mi grupo parlamentario, incluyendo una servidora, es considerar en el artículo 22 constitucional el delito de delincuencia organizada y eliminar del texto los seis antes mencionados. Con lo anterior se limita a la autoridad para que su facultad de iniciar el procedimiento de extinción dependa de la modalidad en la que se cometió el delito; es decir, y no en el delito en sí mismo.

En el procedimiento de extinción de dominio el ciudadano se enfrenta al Estado mismo. Dicho proceso es agresivo y lo es así porque su finalidad es hacerle frente al crimen organizado, el cual muchas veces sí tiene la capacidad y los recursos para enfrentarlo, pero no así el ciudadano común y corriente que muchísimas veces sí actúa de buena fe y no tendrá los recursos ni económicos ni humanos para poder enfrentar al Estado mexicano.

La presente reforma no busca darle una salida a aquellas personas que pretendan delinquir; ese no es el objetivo de esta reforma, lo que sí busca es proteger a la ciudadanía que precisamente no tiene la intención de cometer ningún delito, pero que sí está expuesta a la inseguridad que todos vivimos.

La propuesta que estamos presentando busca proteger a aquellos ciudadanos que rentan sus departamentos a personas que podrían o no cometer un ilícito, a los ciudadanos que tienen negocios y por cuestiones ajenas a ellos pueden verse involucrados en alguna situación compleja, y ello no puede ser motivo para que la autoridad mediante procesos agresivos, como los que se establecen en esta nueva Ley de Extinción de Dominio, atente contra la propiedad privada de las personas, contra su patrimonio y contra sus derechos fundamentales.

La presente iniciativa parte del hecho de que la ciudadanía no es el enemigo, parte del hecho de que la figura de extinción de dominio debe combatir la inseguridad, la corrupción y hacer frente al crimen organizado. Esa es la principal razón de esta ley, y tenemos que asegurarnos que así sea y que las reglas que aplican para las personas involucradas en actividades delictivas no puede ser la regla general para toda la ciudadanía.

Esta iniciativa de Reforma Constitucional busca garantizar, como ya lo he mencionado, que el patrimonio de los ciudadanos no se vea afectado por la discrecionalidad del uso de esta figura o las fallas que puede haber en el sistema y que todos muy bien conocemos.

Con estas modificaciones estamos seguros de que podremos hacer frente al crimen organizado, que es el objeto primordial de estas reformas y, a su vez, salvaguardar los derechos y la propiedad de las personas honestas y honradas de nuestro país.

Es cuanto, Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Diputada.