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Intervención de la Senadora Patricia Mercado

Intervencion del día Martes 10 de septiembre de 2019


Presentación de Iniciativa

 

Iniciativas

De la Sen. Patricia Mercado Castro, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

La Senadora Patricia Mercado Castro: Gracias, Presidenta.

Como saben o sabemos, el Senado se ha puesto al frente de una serie de propuestas que hemos presentado distintos Senadores y Senadoras, para garantizar que en este país dejen de morir 16 mil personas al año, 44 diarias, por hechos que pueden ser absolutamente prevenibles.

Esto inició con la presentación por parte de organizaciones de la sociedad civil, de una iniciativa del Senador Martí Batres, en ese momento como Presidente del Senado tomó esta propuesta y desde la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, como Senadores y Senadoras en lo individual acompañamos esta propuesta.

Tenemos meses discutiendo las diferentes propuestas para lograr la seguridad vial en el país. Hicimos ocho foros, nos fuimos a todos los estados, secretarios de Movilidad, de Transporte, encargadas de estas tareas en sus estados; las comisiones de Movilidad y también las pertinentes de los congresos locales.

Escuchamos una serie de planteamientos sobre lo que esto significa en el conjunto del país. La idea es que esta Ley General, que esperemos ya sea el momento de poderla dictaminar, que esta Ley General simplemente es como un piso común de ciertos elementos, que todos a lo ancho y largo del país estemos de acuerdo y necesitemos impulsar.

Así es que en estos foros una de las discusiones y de las propuestas que salieron es que para hacer una Ley General de Seguridad Vial necesitamos una reforma constitucional.

En primer lugar, el Senador Primo Dothé presentó una propuesta de reforma constitucional, después la Senadora Xóchitl Gálvez presentó otra propuesta de reforma constitucional y ahora me permito también… He trabajado con algunos expertos, expertas en el tema, para proponer esta reforma constitucional y que sea nuestro compañero Senador Eduardo Ramírez, que preside la Comisión de Puntos Constitucionales, que pueda estudiar estas distintas propuestas, unas confluyen, algunas tienen diferencias, pero finalmente tomar una decisión para poder después legislar sobre la Ley General de Seguridad Vial.

Hay una cifra alarmante, también lo hemos, para Naciones Unidas incluso es uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, hay 1.35 millones de personas que en el mundo mueren por estos hechos viales, incluso supera las muertes en el mundo por enfermedades como la Tuberculosis o el VIH-Sida. Y también es la principal causa de muerte entre niñas y niños adolescentes y jóvenes de cinco a 29 años.

La Agenda 2030 planteó, dentro de su tercer objetivo, garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. La meta de reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo, para el 2030. Evidentemente no vamos…

Primero fue el decenio de la OMS, se cumple el año que entra, imposible, no vamos a poder estar ni siquiera cerca de poder alcanzar esta reducción de la mitad, pero muy posiblemente para el 2030, si hacemos este modelo donde se ponga el piso básico que todos respetemos en todo el país, para poder evitar estos accidentes.

Y ya cada municipio, cada estado, camina hacia adelante, pone otras reglas, toma sus competencias, pero finalmente hacer este piso común, que tiene que ver con cinturón de seguridad, que tiene que ver con casco en las motocicletas, que tiene que ver con cómo tienen que ir los niños en los automóviles, cuatro, cinco elementos que nos pueden homogeneizar.

Es necesario que desde el Poder Legislativo se impulse una legislación nacional para regular la movilidad y la seguridad vial, que ponga en el centro de las políticas a las personas que se desplazan por las calles.

Es necesario proteger a los usuarios más vulnerables de la vía, así como reforzar la aplicación de la ley y promover la conducción adecuada de vehículos mediante mejores dispositivos y capacidades de las autoridades responsables.

Debemos de celebrar realmente el interés que este tema ha despertado, somos más de 20 Senadores y Senadoras, con el liderazgo de Martí Batres y también en la Cámara de Diputados, el Diputado Javier Hidalgo ya presentó una iniciativa. Estamos tratando de trabajar juntos para poder sacar adelante esta reforma constitucional, cualquiera de las tres que se ha presentado o una combinación y por supuesto después la Ley General de Seguridad Vial, que en el Senado vamos muy adelante y seguramente nuestras comisiones de Desarrollo Urbano y de Movilidad podremos tomar decisiones lo más pronto posible. Pero antes tiene que venir esta reforma constitucional.

Planteamos abrir paso a una eventual regulación, decía, en materia de seguridad vial, que comprenda la gestión de la seguridad vial, la infraestructura vial, la seguridad de los vehículos, el comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito y la atención después de los incidentes.

En específico, planteamos en esta propuesta que estoy haciendo, modificaciones a cuatro artículos de la Constitución, para otorgar al Congreso de la Unión la facultad para expedir una Ley General, donde se establezca la concurrencia del gobierno federal, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

En la evolución de nuestro marco jurídico hay nuevas facultades, que se han diseñado para que la autoridad federal pueda incidir en los ámbitos locales mediante normas generales, directivas, políticas y regulación.

Incluso se ha llegado al punto de centralizar ciertas facultades de manera total.

Nuestra intención es completamente diferente, pues más que centralización, lo que se requiere es coordinación y planeación para lograr que la movilidad y la seguridad vial se implemente de manera eficaz.

Pensamos que la ubicación idónea de esta propuesta es el artículo 27 constitucional, que es el que regula las relaciones entre el interés público y las actividades privadas, específicamente dentro de la materia de asentamientos humanos; es decir, que los más altos estándares de movilidad y seguridad vial, a través de las mejore prácticas, se incluyan como objetivos del artículo 27.

Planteamos dos metas para esta reforma.

La efectividad de la Ley General para orientar la acción del Estado y la exigibilidad de su contenido como un instrumento para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos.

Tenemos el desafío de lograr una movilidad eficiente, segura y accesible; las urbes deben transitar hacia un equilibrio entre los diversos modos en que se ejerce la movilidad y hacerlo sin riesgos, solo de esta manera la movilidad será una herramienta para impulsar la productividad del país y la calidad de vida de las personas.

Nos anima una visión de corresponsabilidad que implica desde los poderes de la Unión, hasta las conductoras y conductores, pasando por empresas automotrices, gobiernos municipales o policías de tránsito.

Las normas para la seguridad vial pueden causar molestias, incomodidades y gastos a las personas, empresas e instituciones, pero adaptarnos a estas normas es un costo muy pequeño frente al incalculable costo de una vida humana.

Muchísimas gracias por su atención.

Senador Martí, gracias.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senadora Patricia Mercado.