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Intervención del Senador Juan Manuel Fócil Pérez



Sen. Juan Manuel
Fócil Pérez


Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática
Tabasco
Senador Electo por el Principio de Primera Minoría
Suplente: Christian Gregorio Díaz Carrasco

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 5 Oficina 26, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 3850

E-mail: juan.focil@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 16 de octubre de 2018


Presentación de Iniciativa

Iniciativas

Del Sen. Juan Manuel Fócil Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Senador Juan Manuel Fócil Pérez: Muchas gracias, compañera Presidenta.

Y compañeras y compañeros Senadores buenas tardes.

El 27 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la Constitución Política Federal en materia de combate a la corrupción, tuvo como objetivo principal crear un efectivo Sistema Nacional Anticorrupción, así como mejorar los estándares de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas; sin embargo, aún sus resultados no se ven, pues el índice de percepción de corrupción en el 2015 estábamos en el lugar 95; en el 2016 pasamos al 123, o sea, descendimos 28 lugares; y en el 2017 seguimos descendiendo al lugar 135.

Un claro ejemplo de que continua acentuándose la problemática de hechos de corrupción por parte de servidores públicos, entre los que se presume que ha participado en actual Presidente de la República, casos investigados por la Auditoría Superior de la Federación como el de la empresa Evya, Oceanografía, proyecto al Tren México-Querétaro, del grupo Higa también este de México-Querétaro, la construcción de la Casa Blanca, la estafa maestra, la autopista México-Cuernavaca, donde se formó un socavón, la Línea 12 del Metro, en fin, son ejemplos de corrupción muy grande que ha habido en el país y que nos ha ocasionado graves problemas de gobernabilidad y legitimidad.

Otro caso reciente que está sucediendo en mi estado es la aprobación, el estado de Tabasco que el pasado 27 de septiembre realizó el congreso de Tabasco respecto al dictamen donde se reforman y adicionan la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas   y de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, ambas del estado de Tabasco.

En términos generales se estableció que cuando se trate de obras necesarias para proyectos estratégicos y adquisiciones, arrendamientos y servicios que detonen el empleo y mejoren la infraestructura impulsando el desarrollo económico y social, o bien, que sean convenidas con la Federación o con las empresas productivas del Estado respecto a las actividades en materia energética, estas obras y compras podrán ser adjudicadas directamente, sin pasar de una licitación pública de nada que las regule y vale la pena resaltar que las mejores prácticas de contrataciones establece que en toda adjudicación directa deben de existir límites en los montos, sin embargo en estas leyes en Tabasco se están estableciendo injustificadamente excepciones, lo que permitirá el aumento desmedido de  actos de corrupción por parte de servidores públicos y particulares.

Podemos decir que en Tabasco ya se está legalizando la corrupción de la que formará parte, tristemente la construcción de la refinería considerada como proyecto estratégico.

Esta falta de principios que rigen el servicio público y el constante abuso del fuero constitucional por parte de los servidores públicos ha creado una sociedad distante y desconfiada al observar que mientras unos pequeños grupos siguen enriqueciéndose con la aprobación de leyes y proyectos a modo, la pobreza, la desigualdad y la marginación social cada vez irán más en aumento.

Ahora bien, entre las facultades de la Cámara del Congreso está la de calificar la responsabilidad política de los servidores públicos, la forma y procedimientos, por lo que se puede exigir y los órganos que intervienen en la aplicación.

En este orden de ideas, las formas de proceder hoy en contra de los servidores por medio del órgano legislativo son el juicio político que tiene como objetivo sancionar con  destitución o inhabilitación a los servidores públicos señalados en el artículo 110 constitucional, los altos servidores públicos de nivel jerárquico, serían Senadores, diputados, magistrados, secretarios de despacho, consejeros, directores, etcétera.

Esto cuando se le demuestre que hay actos u omisiones en el desempeño de su cargo, empleo o comisión que ocasione perjuicio a los intereses públicos fundamentales o violaciones graves a la Constitución Federal.

En este procedimiento, la Cámara de Diputados conoce de las imputaciones que hace  cualquier ciudadano, sustancia el procedimiento y actúa como órgano instructor, o sea, investiga y de reunirse lo elementos necesarios que declaren procedente la denuncia,  lo cual no sucede en el   99 % de los casos, funge como órgano de acusación ante el Senado, quien actúa como órgano de sentencia, destituyendo o inhabilitando al funcionario, sin que haya sanción económica o pena corporal.

El otro proceso es la declaración de procedencia ante una denuncia penal o cuando actúa por oficio el Ministerio Público, se inicia una investigación y es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados que cuando el Ministerio Público le presente las pruebas, el propósito de presentarle pruebas será  que la Cámara de Diputados pueda eliminar el fuero constitucional  y separar a los funcionarios públicos de sus funciones para poderlos poner ante los tribunales penales cuando sean acusados por algún delito.

Sin embargo, este procedimiento ha perdido sentido, ya que al llegar a la Cámara de Diputados, se responde más a intereses políticos partidistas, dando como resultado el famoso carpetazo, lo que resta toda legitimidad a las instituciones públicas.

La Constitución Federal establece las responsabilidad en que pueden incurrir los servidores públicos por faltas administrativas graves o hechos de corrupción, no obstante en el caso del Ejecutivo Federal existe una excepción a la regla, ya que el juicio político no procede en su contra y por otro lado, operar un procedimiento más complejo que tenga que pasar por la Cámara de Diputados o Senadores, pues realmente hace que se pueda  exigir responsabilidad penal para el Presidente.

En síntesis,  parafraseando al Presidente electo de la República, la corrupción como las escaleras se deben de barrer de arriba hasta abajo, por ello es necesario que:

Primero. El Presidente de la República forme parte de  los servidores públicos sujetos a juicio político, que pueda ser sancionado con destitución o inhabilitación, con la finalidad de inhibir los actos  que debiliten el quehacer del servicio y el interés público.

Segundo. Eliminar del texto constitucional el término “fuero constitucional y la declaración de procedencia”, ya que son  figuras obsoletas y descalificadas por la sociedad que inhibe el proceso para poder exigir responsabilidad penal a cualquier servidor público.

Tercero. Se establezca en el segundo párrafo del artículo 108 constitucional que el Presidente de la República pueda ser acusado  durante el período de su encargo por delitos en materia electoral, por hechos de corrupción, traición a la patria y demás delitos graves previstos en la Constitución  y en el Código Nacional de Procedimientos Penales,  como son la delincuencia organizada, homicidio doloso, genocidio, violación, traición a la patria, espionaje, terrorismo, sabotaje, secuestro, trata de personas, etcétera.

Cuarto. Con el fin de preservar el buen desempeño de las funciones del Presidente de la República, es necesario incorporarlo con los demás servidores públicos en una nueva redacción al artículo 111 de la Constitución Federal que garantice los principios y derechos en el procedimiento penal, entre ellos, la presunción de inocencia y el debido proceso como a cualquier particular.

La separación obligatoria del cargo  de los servidores públicos señalados en el artículo 111 constitucional, a partir del momento en que se dicte el acto de vinculación a proceso para someterse a la jurisdicción de los tribunales correspondientes en materia penal como cualquier ciudadano.

Finalmente, compañeras y compañeros legisladores, con estas  modificaciones constitucionales daremos cumplimiento a una gran demanda de nuestra sociedad que votó el primero de julio, y que de ser aprobada, estoy seguro, disminuirá la enorme percepción de corrupción, asimismo, legitimaremos la función de los servidores públicos, dejando en claro que el desempeño de algún empleo, cargo o comisión no es sinónimo de impunidad.

Es cuanto, muchas gracias, compañeros.