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Intervención del Senador Javier May Rodríguez



Sen. Javier
May Rodríguez


Movimiento Regeneración Nacional
Tabasco
Senador Electo por el Principio de Mayoría Relativa
Suplente: Ovidio Salvador Peralta Suárez

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 4 Oficina 22, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 3813, 3343

E-mail: javier.may@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Jueves 20 de septiembre de 2018


Presentación de Iniciativa

Iniciativas.

Del Sen. Javier May Rodríguez, a nombre del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos graves.

El Senador Javier May Rodríguez: Muchas gracias, con su permiso, Presidente.

Buenas tardes Senadoras y Senadores.

El nuevo sistema de justicia penal tiene como primicia que un imputado debe permanecer en prisión solamente en los casos que exista plena justificación.

Para ello atendiendo a la gravedad de la conducta cometida y que ello resulte indispensable para garantizar la comparecencia en  juicio.

El desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad cuando así lo solicite el Ministerio Público.

De manera oficiosa el juez lo podrá solicitar respecto de los delitos incorporados desde la creación del nuevo sistema penal, precisamente en el artículo 19 constitucional en el que se previeron aquellas conductas delictivas que más perjudiciales para la sociedad cuyo catálogo se desarrolla de manera detallada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El sistema de justicia penal acusatorio, intenta ser garante de la máxima: Toda persona es inocente, hasta que se demuestre  lo contrario.

Por lo que se entiende que el legislador buscó parámetros que  permitan al juzgador una mayor libertad al eliminar el mecanismo de penas mínimas y máximas, para la implementación de una medida cautelar, y en esa virtud acotó ésta un catálogo de conductas, que si bien son mínimas en cantidad y se circunscriben a la más dañina para la sociedad.

Es evidente que las penas más graves deben dirigirse a los tipos penales y protegen  los bienes jurídicos más importantes, de igual forma la restricción de la libertad debe acotarse a aquellas conductas que atentan contra esos bienes jurídicos e implique además el riesgo que se pueda ver afectado el desarrollo eficaz del procedimiento judicial.

De esa forma el legislador debe atender el cuidado y protección de bienes jurídicos trascendentes y ciertamente una manera de hacerlo es analizando la vialidad constantemente a fin de valorar y en su caso incluir nuevas conductas que atenten gravemente contra el bienestar social, como las que son materia del presente proyecto de reforma constitucional.

Ya en su momento el órgano revisor de la Constitución discurrió respecto a las razones para establecer una serie de delitos que ameritan el que se dicte la prisión preventiva oficiosamente por el juzgador, dichas razones responden a una política criminal tendiente a dar respuesta la situación generada por la incidencia de esos delitos.

Esto además de que de alguna manera el poder revisor de la Constitución ponderó que el proceso de aprendizaje del nuevo sistema penal tomaría tiempo, tanto para la sociedad como para los propios operadores jurídicos, advirtiendo, así la problemática que deriva de la comprensión de las condiciones y supuestos, que deben satisfacer para justificar la aplicación de la prisión preventiva.

Sin apartarse de este paradigma, esta Legislatura tiende al llamado de la sociedad para que se revise y corrija la grave situación que genera y el equivocado mensaje de impunidad que transmiten  los hechos constitutivos de los delitos de corrupción, los delitos graves contra el correcto desarrollo de los procesos electorales, así como aquellos ilícitos de carácter penal que constituyen cabe el riesgo para la seguridad pública como son los delitos en  materia de hidrocarburos.

Y, los que involucran el uso y tráfico de armas de fuego y explosivos.

Señor Presidente: Solicito que se incluya íntegramente el texto en el Diario de los Debates, debido al tiempo que se nos termina.

El decreto porque se reforma el artículo, el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Único.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 19. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad.

Así como el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada: homicidios dolosos, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos, con armas y explosivos, delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, de la salud, así como en materia de corrupción, hidrocarburos, electoral, armas de fuego y explosivos.

Senadoras y Senadores:

Los invito a que apoyemos esta iniciativa que ayudará a combatir la impunidad y enfrentar la crisis de seguridad pública que vive nuestro país.

Es cuanto, señor Presidente.