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Intervención de la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón



Sen. Mayuli Latifa
Martínez Simón


Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional
Quintana Roo
Senadora Electa por el Principio de Primera Minoría
Suplente: Laura Susana Martínez Cárdenas

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 6 Oficina 18, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 5397

E-mail: oficina.mayuli.martinez@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Jueves 21 de marzo de 2019


Fundamentar el Dictamen

Dictámenes a Discusión y Votación

Hace uso de la voz la Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón para presentar dos Dictámenes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

La Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón: Sí, Presidente, muchas gracias.

Voy a hacer igual mención de ambos en este tiempo.

Dos temas importantes como ya lo comentó el Senador que me antecedió en el uso de la voz.

Dos temas importantes que hemos dictaminado hace unos días en el que vamos a ir trabajando para ir disminuyendo y combatiendo la  corrupción, la simulación de reintegro y la muerte  civil.

Las Comisiones de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana y de Estudios Legislativos, Primera, avalamos el pasado 12 de marzo un dictamen  que crea el artículo 54 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para establecer como falta grave de los servidores públicos el reintegro de recursos públicos  a cuentas de carácter federal, estatal o municipal, para solventar observaciones realizadas  por la Auditoría Superior de la Federación, órganos fiscalizadores de las entidades  federativas o los órganos de control y que una vez solventadas se retiren estos recursos.

Esta conducta se actualiza cuando el servidor público ordena, autoriza o realiza  el reintegro de recursos públicos  a las cuentas bancarias aperturadas para  el depósito de determinados recursos financieros, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas  por la Auditoría Superior, el Órgano de Fiscalización Local, puede ser también la Contraloría de los estados o cualquier otra autoridad que así lo hubiese ordenado.

Reintegrados los recursos  a la tesorería de la Federación por parte de los gobiernos estatales o municipales dan por solventada esta anomalía.

Sin embargo, hecho esto, la administración estatal o municipal vuelve a retirar dichos recursos.

Esta es una verdadera simulación de reintegros, esto es lo que estamos proponiendo sancionar como  falta grave a propuesta del Senador Julen Rementería, del grupo parlamentario Acción Nacional.

Es una práctica en la que han incurrido algunas administraciones estatales y municipales del país y por las que el órgano fiscalizador ha presentado, inclusive 86 denuncias de hechos ante instancias federales.

Finalmente es importante señalar que la ley respira el estado de ánimo  de la sociedad y hoy en el ambiente social hay resentimiento por actos de corrupción  de altos funcionarios.

Por ello, por lo que nosotros lo legisladores, mediante la legislación que son utensilios, instrumentos necesarios para crear el derecho, las forjamos en el seno de las comisiones  y hoy es el resultado de incorporar  la conducta del servidor público, denominada simulación de  reintegro de recursos como falta grave.

Por otro lado, también dictaminamos ambas comisiones  y que estamos poniendo a la consideración de esta Asamblea, sin duda alguna transformará para bien el ejercicio del servicio público en el país, se trata de una reforma que cambiará la visión de  quienes aspiran a ocupar un cargo público en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Judicial, en los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, organismos  constitucionales autónomos y de quienes aspiren a manejar recursos económicos, federales y lo hagan sólo por servirse de la posición cometiendo todo tipo de actos de corrupción para sus intereses  y beneficio personal, para hacerse ricos a costa del daño del patrimonio de los mexicanos y del gobierno.

La corrupción es una plaga corrosiva para la sociedad que socava la democracia y el Estado de derecho, que da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida  y permite el fortalecimiento de la delincuencia organizada y otras amenazas a la seguridad humana.

Es un fenómeno maligno que se da en todos los países grandes y pequeños, ricos y pobres, pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo también como en México.

El dictamen que estamos poniendo a la consideración de esta Asamblea es producto de dos iniciativas  planteadas en este Senado.

Una presentada por las Senadoras y los Senadores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la otra presentada  por el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, ambas en el mes de octubre del año 2018.

La propuesta incorpora la ley y la herramienta fundamental  para erradicar la corrupción y la impunidad   que durante décadas han socavado la confianza de la ciudadanía de las instituciones y el servicio público, que han afectado el patrimonio familiar de millones de mexicanos y que mediante actos de injusticias han vulnerado el Estado de derecho y lo más preciado de la sociedad, la vida, la paz y la tranquilidad de la ciudadanía.

Se incorpora la Ley General de Responsabilidades y al Código Penal Federal la sanción de inhabilitación definitiva o permanente, mejor conocida como muerte civil para los funcionarios que se atrevan a cometer actos  de corrupción.

Esto significa que nunca más podrán volver a desempeñar empleos, cargo, comisiones en el servicio público ni participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Compañeras y compañeros Senadores:

Las iniciativas presentadas por el PAN y por Movimiento Ciudadano sirvieron de referencia para nutrir el análisis, la discusión y el debate al interior de las comisiones dictaminadoras.

A partir de estas propuestas, sin duda alguna, la voluntad política y el trabajo responsable  vinculado de todas y todos los Senadores que formamos  parte de las comisiones dictaminadoras ha hecho posible  lograr un consenso para obtener un dictamen que cumpla con la exigencia y reclamo de la sociedad y el resultado es que se castiguen eficazmente los  actos de corrupción de servidores públicos.

Lo estamos haciendo, plasmando en esta Ley una  disposición clara y contundente que no deje huecos ni lugar a dudas sobre la pena que recibirán los servidores públicos, corruptos, la inhabilitación  definitiva o como también la conocemos como la muerte civil a servidores públicos.

Por todo lo anterior, hago un atento llamado a todas y todos los compañeros Senadores y Senadoras, de las diferentes fracciones  parlamentarias representadas en este Senado de la República, a poder respaldar con su voto  a favor este presente dictamen que seguramente será a beneficio de la sociedad y para los mexicanos y para este país.

Muchas gracias.