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Intervención del Senador Salomón Jara Cruz



Sen. Salomón
Jara Cruz


Movimiento Regeneración Nacional
Oaxaca
Senador Electo por el Principio de Mayoría Relativa
Suplente: Adolfo Gómez Hernández

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 4 Oficina 5, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 3598

E-mail: salomon.jara@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Miércoles 27 de marzo de 2019


Presentación de Iniciativa

Iniciativas

Del Sen. Salomón Jara Cruz, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas.

El Senador Salomón Jara Cruz: Muchas gracias, Presidente.

 Con el permiso.

Compañeras y compañeros legisladores:

La Ley General de Víctimas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de  2013.

Después de un complejo proceso político y jurisdiccional, y como resultado de uno de los movimientos sociales  más trascendentes de los últimos tiempos, el cual se conformó con miles de víctimas y familiares de víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos que se organizaron en torno a una demanda y exigencia fundamental.

Después de su entrada en vigor y transcurrido un período razonable de tiempo fue posible acreditar la existencia de deficiencias legales e institucionales que impidieron un correcto funcionamiento del sistema diseñado para dar atención a las necesidades de las víctimas.

Estas deficiencias derivaron de un par de reformas estructurales en el 2013 y el 2017, las cuales tuvieron como objetivo simplificar y hacer más eficiente el funcionamiento de la Comisión Ejecutiva y del Sistema Nacional de Atención a Víctimas como instancias encargadas de garantizar la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las víctimas en los tres niveles de gobierno.

Como consecuencia de estas reformas estructurales, la Comisión Ejecutiva dejó de ser un órgano colegiado y se transformó en una instancia unipersonal y se incorporaron una junta de gobierno y una asamblea consultiva de naturaleza ciudadana con facultades de fiscalización y participación en el proceso de toma de decisiones.

También se flexibilizaron las reglas para la operación de fondos de ayuda, asistencia y reparación integral y se incorporaron nuevos criterios para facilitar el ejercicio de los recursos a favor de las víctimas y sus familiares.

Desafortunadamente a más de seis años de su entrada en vigor, la Ley General de Víctimas sigue presentando graves problemas en su implementación y ha fracasado en su misión frente a los miles de víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos que existe en el país.

De acuerdo con las organizaciones civiles, colectivos, víctimas y expertos que forman parte del Observatorio Ciudadano sobre Derecho de la Víctimas, aún persisten procesos complicados, lentos, discrecionales y revictimizantes que impiden la inscripción de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas, y obstaculizan su acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral, razón por la cual consideran que el Estado mexicano sigue sin asumir su responsabilidad frente a las víctimas y miles de ellas, tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

Como muestra de ello, los estudios realizados por las propias organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de que la CEAV reportaba el año pasado un total de 15 mil 525 víctimas inscritas en el Renavi; 14 mil 808 del fuero federal; y 717 del fuero común, cifra que resulta increíble y muy baja en el país que contabiliza oficialmente más de 210 mil víctimas de homicidio doloso, más de 40 mil personas desaparecidas, y en el que se estima que más de 300 mil personas han sido desplazadas forzosamente como consecuencia de la violencia.

En relación con la asesoría jurídica, ha sido señalada la forma reiterada que el personal de la Asesoría Jurídica Federal tiene cargas de trabajo tan grandes que no le permiten atender los casos de forma adecuada, pues a marzo del 2018 la CEAV contaba con solo 83 asesores jurídicos, 37 en la sede y 46 en las delegaciones de las entidades federativas; y se calcula que en el promedio un asesor jurídico gestiona alrededor de 200 expedientes, lo cual impide un adecuado seguimiento de los casos y trato digno a las víctimas.

Además, es bien sabido que en su gran mayoría las y los abogados adscritos a dicha asesoría no cuentan con los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con su función.

Frente a este panorama, el objeto de la presente iniciativa es el de facilitar la inscripción de víctimas en el Registro Nacional de Víctimas y su acceso a medidas de ayuda inmediata, asistencia y reparación integral, así como visibilizar y denominar de manera correcta a las víctimas del desplazamiento forzado o interno, garantizando su conocimiento y facilitando el ejercicio de sus derechos.

También el de fortalecer a la asesoría jurídica federal, especificar que no podrán argumentarse razones de competencia, ni reglamentarias para negar a las víctimas el ejercicio a los derechos y a la reparación integral que otorgan las disposiciones de la presente ley.

Estipular también el mismo para efectos de la inscripción de las víctimas en el registro. No será necesario que las víctimas exhiban ningún documento en específico, ni podrán exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncias o cualquier otro tipo de documento o trámite presentado ante las instancias de procuración de justicia.

Propongo también modificar el procedimiento de designación a la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como forma de democratizar el proceso y garantizar que la persona designada cuente con el perfil adecuado y tenga la legitimidad social necesaria para desempeñar las funciones que le encomienda la Ley General de Víctimas, sustituyendo el esquema de ternas vigentes e incorporando un mecanismo de designación presidencial directo e individualizado, el cual deberá ser fruto de un profundo análisis y de un proceso previo de consulta pública a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia para después ser ratificado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, o en sus recesos de la Comisión Permanente.

Finalmente, planteo modificar la fórmula de asignación de los recursos que integran el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, a efecto de establecer que dichos recursos serán previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación sin que pueda disponerse de dichos recursos para un fin diverso y sin que puedan ser disminuidos en relación con los destinados al año inmediato anterior.

Con esta propuesta de reforma, los cuales retoma las exigencias de las víctimas y colectivos que sufren y padecen por la ineficiencia de la CEAV, esperamos contribuir a hacer realidad el objeto para el cual fue creada la Ley General de Víctimas y disminuir con ello el saldo y la deuda histórica del Estado mexicano, quienes han visto vulnerados sus derechos.

Hago votos para que en las comisiones se tome esta iniciativa sólo como un punto de partida y se abra formalmente un amplio proceso de consulta y participación con víctimas y organizaciones especiales.

Por su atención, muchas gracias.

Es todo cuanto, señor Presidente.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Muchas gracias, Senador.