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Intervención del Senador Antonio García Conejo



Sen. Antonio
García Conejo


Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática
Michoacán
Senador Electo por el Principio de Primera Minoría
Suplente: Marco Trejo Pureco

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 5 Oficina 27, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 5422

E-mail: antonio.garciac@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 02 de octubre de 2018


Presentación de Iniciativa

Iniciativas.

Del Sen. Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de la Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas.

El Senador Antonio García Conejo: Señor Presidente.

En términos de la fracción I del artículo 76 y del Reglamento del Senado de la República, le solicito a usted, si tiene a bien otorgarme diez minutos para la exposición de esta iniciativa.

Queridas Senadoras y Senadores, medios de comunicación, con el permiso de la Mesa Directiva.

Hoy voy a exponer ante ustedes una iniciativa que reforma  cuatro leyes secundarias de la Administración Pública Federal.

El tema que voy a exponer tiene que ver con el tema económico de esta nación.

Seguramente a ustedes les va a sonar muy común encontrarse a ciudadanas y ciudadanos, micro y pequeños empresarios que les expresan:

“Deseamos iniciar un pequeño negocio”.

“Deme trabajo”.

“Tengo a mantener a mi familia”.

“No tengo con qué”.

“Ayúdeme a conseguir un crédito”, etcétera, etcétera.

Un sinnúmero de peticiones y quejas de nuestra población.

México, según los datos del Inegi y Coneval, se ubica o tiene o cuenta con más de 50 millones de pobres.

Por eso, esta iniciativa que presento ante todos ustedes, pues es una iniciativa que considero de gran relevancia.

Me voy, voy a omitir todo el fundamento para irme directamente a la exposición de motivos.

Desde 1989, uno de los principales retos de la izquierda mexicana en materia económica fue acabar con la visión neoliberalista, que con el tiempo demostró ser un gran fracaso.

A casi 30 años de la llegada de las políticas neoliberales, estamos más endeudados. El patrimonio nacional se ha derrochado y las cifras de pobres no dejan de crecer.

Por ello, y ante una nueva realidad política, retomo el trabajo de mis compañeros exSenadores de la República, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, quienes propusieron crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria como una medida indispensable que permitiera diseñar, rediseñar la dinámica económica entre las clases sociales vulnerables.

La fórmula es simple, apoyemos a los trabajadores, a la clase trabajadora, artesanos, productores, pequeños empresarios; recuperemos su creatividad, ánimo de trabajo y la dignidad de ser dueños de su fuente de ingresos, mediante la figura de la propiedad colectiva social.

El principal objeto de esta propuesta es liberar a los trabajadores de la relación capital-trabajo y burocracia-trabajo, mediante la autogestión económica para evitar el paternalismo financiero.

La naturaleza jurídica de la propiedad social deviene del Constituyente de 1917, que estableció en el artículo 27 de la Carta Magna: “Que la propiedad de la tierra y las aguas comprendidas dentro del territorio nacional corresponden originalmente a la nación y no al Estado o a los individuos en particular”.

El significado social de esta decisión política, fundamental en el texto de la Constitución, implica que dentro de nuestro Estado de derecho la propiedad de la tierra y de las aguas, en origen, es colectiva y no privada o estatal, la existencia del derecho social, de un derecho económico, social contrapuesto a los derechos públicos y privados, como es el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho al trabajo, derecho a un desarrollo urbano, equilibrado, y el derecho a la propiedad social y colectiva del sector social.

Está la Declaración de los Derechos Sociales del Hombre y del Ciudadano de nuestra Carga Magna, tal y como lo señalan los Diputados Constituyentes Alfonso Cravioto y Pastor Rouaix, la propiedad social está representada por los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las comunidades, las cooperativas y las empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores.

Conforme a lo que hoy determina el artículo 25 constitucional, en el entorno global: La tasa promedio del crecimiento económico de México, en los últimos 25 años, no es lo suficiente para resolver las crecientes necesidades sociales, sea por la vía de las actividades económicas, el sector público, como del privado.

Desde hace décadas el país atraviesa por una parálisis macroeconómica y socialmente regresiva, resultado de un desequilibrio entre los intereses del mercado financiero y oligopólico cada vez más desregulado, en menoscabo del interés público y que atenta contra la garantía del bienestar de la población con empleos escasos y precarios, inestabilidades sectoriales y regionales, desigualdad, pobreza y migración crecientes.

El porcentaje de la población en situación de pobreza respecto a la última medición realizada por Coneval en el 2016, fue del 43.6 % y 7.6 % en pobreza extrema.

En México, más de la mitad de los habitantes, es decir, el 51.2 % son pobres.

La estrategia que proponemos como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para revertir esta situación, es impulsar la economía desde la autogestión de los trabajadores, una economía social y colaborativa, indiscutible, garante de la inversión de capital bruto fijo y nacional para producir mercancías, bienes y servicios orientados a satisfacer las necesidades básicas que demandan los más de 50 millones de pobres que saturan el mercado interno.

Generar empleos formales y dignos, y así combatir la desigualdad y la pobreza para ser superadas estructuralmente y no desde una visión asistencialista, ineficaz, financieramente derrochadora y política perversa que ha seguido nuestro país desde 1989.

Las cooperación ejemplifican la importancia de la economía social, pues, a nivel mundial cuanta con casi mil millones de socios y generan más de 100 mil millones… 100 millones, perdón, 100 millones de empleos, o sea, un 20 % más que las firmas multinacionales y garantizan el sustento de cerca de un cuarto de la población del mundo.

Las ventas anuales de las 300 empresas cooperativas más grandes del mundo, suman 1.1 trillones de dólares de acuerdo al Inegi.

El Producto Interno Bruto de México, en el 2018, es de 18.4 billones de pesos.

Es importante recordar que la economía social pretende cimentar relaciones de producción, distribución, consumo y financiamiento fundamentadas en la justicia, cooperación, reciprocidad y autogestión, situando a los trabajadores en el centro del sistema económico al servicio de su bienestar, tal y como lo ha sostenido la auténtica izquierda a lo largo de la historia.

Para lograr tal objetivo, y después de analizar un balance de las extremas limitaciones de la actual política destinada a la economía social, no tenemos ni la menor duda que dicha realidad exige la creación de una institución de la Administración Pública centralizada dedicada ex profeso a tal cometido, la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

La actual situación económica y social de nuestro país hace necesario avanzar en la concepción tradicional de la Administración Pública, de mantener a la economía social en la esfera de la economía en general, o bien como apéndice de la política asistencialista de desarrollo social. Es necesario establecer que la economía social es una función sustantiva de toda República Democrática.

En los términos establecidos en el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución, que el mejor cumplimiento de lo ahí señalado requiere elevar a rango de Secretaría a la institución de la Administración Pública Federal responsable, concentrando las atribuciones que en la actualidad se encuentran dispersas en diferentes instituciones.

El financiamiento de la nueva Secretaría no constituye un esfuerzo presupuestal adicional a los recuerdos que el Estado mexicano ya destina a diversas instituciones que invierten en el sector actualmente. Por lo que será la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión quien analice, determine el financiamiento definitivo de la nueva institución.

De esta forma la Secretaría de Economía tendría su cargo sólo a las empresas del sector privado, cuyo objeto económico es diametralmente opuesto a las del sector social. En tanto que estas últimas estarían bajo la potestad y fomento de la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

Es el momento de que la auténtica izquierda impulse el tránsito hacia otro paradigma, atacar de fondo las causas que generan las desigualdades, apostar a satisfacer las apremiantes necesidades sociales promoviendo los cambios estructurales que sean necesarios y avanzar a la construcción de una sociedad libre y de bienestar social, regida por una República social, democrática y de derecho.

De acuerdo con lo anterior, queridos compañeros, pongo a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de acuerdo, que reforman varios artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Economía Social y Solidaria, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Sociedades Cooperativas para crear la Secretaría de Economía Social y Solidaria.

Sé que el tiempo se nos fue muy rápido, pero creo, compañeros y compañeras Senadoras y Senadores, que es el momento de iniciar realmente un cambio profundo que requiere este país.

Por su tolerancia, muchísimas gracias, Presidente.

Gracias.