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Intervención del Senador Antonio García Conejo



Sen. Antonio
García Conejo


Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática
Michoacán
Senador Electo por el Principio de Primera Minoría
Suplente: Marco Trejo Pureco

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 5 Oficina 27, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 5422

E-mail: antonio.garciac@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Jueves 13 de septiembre de 2018


Intervención

Análisis del VI Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de Política Interior

 

El Senador Antonio García Conejo: Muchas gracias.

Con el permiso de la Mesa y de la Presidencia.

Queridos amigos, amigas. Senadoras y Senadores.

Medios de comunicación.

Y pueblo de México.

Es indudable que el pasado 1º de julio las y los ciudadanos de este país manifestamos nuestro rechazo a las políticas públicas diseñadas de la administración federal de forma pacífica y democrática.

El resultado en las urnas es incuestionable al margen de la crítica o defensa del Informe del Ejecutivo, lo cierto es que la mayoría del electorado reprobó los resultados de la actual administración.

Tanto para el gobierno federal como los que actualmente tenemos la gran responsabilidad de ejercer la responsabilidad democrática en esta Cámara alta, es indudable que el saldo de la presente administración deja con aciertos y desaciertos que debemos puntualizar y con ello sumarnos al esfuerzo de contribuir al crecimiento y disminuir la brecha de injusticia social que padecemos desde décadas.

Dentro de las acciones emprendidas por el Ejecutivo, con el fin de garantizar una estrategia de gobernabilidad democrática, en principio destacó la intención de generar canales de comunicación con las distintas fuerzas políticas de nuestro país.

Es cierto que no puede hablarse de un gobierno demócrata sin que se privilegie el diálogo y la coordinación con otras fuerzas políticas; sin embargo, lamentamos que dicho esfuerzo de diálogo, coordinación, no hubiera sido constante y que terminara debilitándose hasta desaparecer transformando el entendimiento de un inicio en desacuerdo, en donde predominaron los intereses personales y olvidaron el verdadero objetivo de servir a México.

El trabajo político de la actual administración se gastó pronto y el gobierno federal no pudo, no supo o no quiso mantener condiciones mínimas de entendimiento con las fuerzas políticas.

En el Partido de la Revolución Democrática privilegiamos el encuentro y la búsqueda de coincidencias antes que la confrontación, por ello seguiremos construyendo el diálogo que permita la transición ordenada hacia nuevas fases de desarrollo en el país.

En el tema de seguridad la administración actual se manifestó lista para asumir el combate a la delincuencia, y para ello se concentró en elaborar un programa que tenía como fin reorganizar, coordinar a las fuerzas de seguridad tanto en la parte operativa como en las áreas de inteligencia a efecto de intercambiar información estratégica.

Pero así como millones de mexicanos consideramos que falló en su tarea, los datos que arroja el Informe demuestran un repunte en los ilícitos que más ofenden a la sociedad porque se replicó la fallida política de combate a la delincuencia establecida en administraciones anteriores, es decir, reaccionar antes que prevenir.

La coordinación de las fuerzas del orden es sólo una parte del esfuerzo por contener a la delincuencia y por sí misma no da resultado, así que enfocar el tema de la inseguridad únicamente desde la perspectiva de la coordinación genera perder el objetivo de un problema sumamente complejo.

Hoy en día la estrategia demostró la absoluta incapacidad de la actual administración para comprender y solucionar el problema de la inseguridad, los resultados no son satisfactorios, cada día más jóvenes pasan a formar parte de las estadísticas de muertes y desapariciones.

En el Partido de la Revolución Democrática le apostamos a prevenir más que a reaccionar, por ello impulsaremos una ley que busque establecer verdaderas políticas de prevención del delito a través del fomento a los valores cívicos que inicie con un modelo de fomento cultural de la juventud.

En México queremos una juventud libre, pero con identidad nacional; moderna, pero con alto espíritu cívico; rebelde, pero solidaria; soñadora, pero consciente del enorme peligro que representa este cáncer de la inseguridad que tanto nos lastima.

El Ejecutivo Federal debe asumir como máxima prioridad establecer un modelo de prevención exitoso que ayude a generar conciencia en la juventud del riesgo en el consumo de droga e involucramiento en actividades ilícitas y que a la par le otorgue los medios que garantice el desarrollo tan importante de este sector de la población.

Sostiene el gobierno federal que se enfocó en mejorar el Sistema de Profesionalización de la Policía, que para ello desde el 1° de enero del 2013 al 30 de junio del 2018, se capacitó a 903 mil 399 elementos de las instituciones de Seguridad Pública del país, a través de cursos de formación inicial continua, validados, financiados con recursos federales.

Aún existe una enorme brecha entre la capacitación de distintos cuerpos policiacos, aún no existe una homologación real de las aptitudes, capacidades, sueldo y equipamiento de las instituciones de seguridad que provoca una total falta de coordinación entre las mismas y afecta la aplicación del Sistema de Justicia Penal que no alcanza a brindar los resultados esperados desde su implementación.

Las fuerzas del orden tienen la obligación de actuar como policías de proximidad o primer respondiente al momento de la noticia criminal.

Y si carecen de la debida capacitación generan que el trabajo de investigación se vicie provocando que muchos delitos que se mantengan impunes.

La gran diferencia entre las cifras de procesados contra sentenciados, por citar una, 140 mil 352 carpetas de investigación, contra cuatro mil 903 presentaciones ante el órgano jurisdiccional  deja claro la impunidad que es la marca del presente gobierno.

Respecto del combate a la corrupción, uno de los grandes males del país se menciona con gran relevancia la creación de dos pilares fundamentales de la presente administración.

El Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Transparencia, sin soslayar el importante esfuerzo para concretar y fortalecer por parte de los órdenes de gobierno estos sistemas que deben ser instrumento fundamental de los ciudadanos para, entre muchas otras cosas, de suma importancia conocer el destino y aplicación de los recursos públicos.

Resultó desafortunado poner en duda la autonomía e imparcialidad, que estos sistemas en toda su complejidad e importancia que requieren, cuando Ximena Puente de la Mora, hoy Diputada Federal del PRI, renuncio como Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para buscar la candidatura plurinominal.

Desde ahí deja mucho que desear de este órgano que debe de gozar de una plena autonomía.

Ambos sistemas deben de continuar en su fortalecimiento y garantizar su autonomía e imparcialidad y garantizar la transparencia en la rendición de cuentas a la ciudadanía que hoy por hoy  se encuentra ávida de contar con gobernantes que le rindan informes y se apliquen en resultados que les garanticen un mejor bienestar de vida, con justicia y equidad, sin impunidad y con garantías de salvaguardar un verdadero Estado de derecho.

Tras citar a un real gobierno abierto, es un reto importante que debe pasar del papel al actuar.

En materia de derechos humanos, no coincidimos en la política que marcó esta administración de sólo difundir su importancia.

Hablar de derechos humanos no es hablar de un concepto hoy ideal, se trata de derechos vivos, exigibles, que cada uno de los mexicanos debe tener de forma inalterable y ésta debe ser una prioridad del Estado.

Y como muestra de ello, hasta el día de hoy el Ejecutivo no ha ratificado el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales aprobado en el 2008.

Ante los resultados del Ejecutivo en esta área, sólo queda insistir que uno sea esclarecido, castigado o restituido a las víctimas en los casos como Ayotzinapa, Tanhuato, Atenco y más de personas desaparecidas, de abusos de autoridad y muchos otros que ocurren a cada momento a lo largo y ancho de esta nación.

Por ello, el Partido de la Revolución Democrática, consideramos indispensable refrendar el compromiso no sólo de esta Legislatura, sino de todos los órdenes de gobierno para fortalecer a las instituciones que protejan los derechos humanos en este país.

Sólo así transitaremos de forma sincera y verdadera a una nueva era de paz y prosperidad en nuestra nación.

Por su atención, muchas gracias.