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Intervención del Senador Clemente Castañeda Hoeflich

Intervencion del día Jueves 21 de marzo de 2019


Fundamentar el Dictamen

Dictámenes a Discusión y Votación

Hace uso de la voz el Senador Clemente Castañeda Hoeflich, para presentar dos Dictámenes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de Estudios Legislativos, Primera.

El Senador José Clemente Castañeda Hoeflich: Muchas gracias, Presidente.

Compañeras y compañeros Senadores:

Las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, así como Estudios Legislativos, Primera, que preside la Senadora Mayuli Martínez, del Partido Acción Nacional, queremos poner a su consideración dos dictámenes.

El primero se refiere a la simulación de los reintegros como una falta administrativa grave en la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El segundo de ellos integra la denominada muerte civil a los corruptos del mismo ordenamiento.

Me referiré, si me lo permiten, brevemente a cada uno de los dictámenes.

El primero de ellos fue promovido por el Senador Julen Rementería, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para establecer la adición de un artículo, el 54 Bis, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para integrar lo que se conoce como, cito textual: “simulación de reintegro de recursos”.

Esta simulación a una conducta particular que consiste en que posterior a que la Auditoria Superior de la Federación hace observaciones a los gobiernos estatales o al gobierno federal referentes a recursos utilizados sin justificación alguna en fines distintos a los autorizados por la ley, no responsables de dichos recursos, reintegran estas cantidades para solventar las observaciones de la Auditoria y posteriormente vuelven a disponer de este recurso.

Esta forma de mal uso de los recursos públicos requiere de una atención especial, la forma en la que operan las grandes redes de corrupción es a través de vacíos de este tipo, de vacíos legales que sólo para ilustrar de qué estamos hablando en este caso, tan sólo en el caso de Veracruz, por ejemplo, la Auditoria Superior de la Federación detectó del año 2008 a 2012 operaciones simuladas por más de 4 mil millones de pesos utilizando esta figura de reintegro de recursos. Por supuesto que esta es una práctica que se reproduce en muchas otras entidades federativas.

De este tamaño es la necesidad de legislar para evitar que se sigan cometiendo estos fraudes para solventar las auditorías a las finanzas públicas.

El segundo dictamen que queremos poner a su consideración tiene que ver con lo que se ha denominado muerte civil a los corruptos. Es un dictamen que atiende una iniciativa del Partido Acción Nacional y una iniciativa también del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Con las modificaciones a los artículos 78, 81, 84 y 89, todos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y el 212 del Código Penal Federal, se busca que las autoridades, concretamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tenga la facultad de imponer como la sanción más severa la inhabilitación permanente tanto a servidores públicos como a particulares que comentan faltas administrativas graves en perjuicio de las finanzas públicas por un valor de más de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Lamentablemente, compañeras y compañeros Senadores, la corrupción es un tema cotidiano fuertemente arraigado en la operación de los gobiernos locales y del gobierno federal, producto del alarmante clima de impunidad que permite desde las conocidas mordidas, el cobro de diezmos, permisos ilegales, licencias o trámites, cobros a sobreprecio, simulación de obra, hasta muchos otros escándalos más sofisticados de los cuales hemos escuchado en abundancia durante los últimos años.

A partir de esta reforma el catálogo de sanciones para servidores públicos irá desde la suspensión del empleo, cargo o comisión hasta la inhabilitación permanente.

Esta modificación, hay que decirlo, y fue parte del debate que se dio al seno de la comisión, también incorpora la inhabilitación temporal que se establece únicamente cuando no cause daño o perjuicio ni exista un beneficio o lucro indebido y el monto afectado o de beneficio obtenido no supere 200 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Existe, debo decirle, un debate en torno a si esta debe ser la cifra o el parámetro correcto, estamos por supuesto dispuestos a construir una normatividad que nos sirva fundamentalmente para enfrentar el grave lastre que significa hoy la corrupción en nuestro país.

Me parece, compañeras y compañeros legisladores, y agradezco por supuesto el respaldo que hemos tenido en la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, así como en la de Estudios Legislativos, Primera, porque medidas de este tipo contribuyen sin duda a fortalecer las sanciones para quienes cometen este tipo de actos, y por supuesto, le tocará a la autoridad hacerlas efectivas mediante investigaciones serias y firmemente sustentadas.

Déjenme decirles, para finalizar, que tan sólo en 12 años la Secretaría de la Función Pública ha impuesto cerca de 112 mil sanciones a 93 mil 527 servidores públicos, con sanciones económicas que rondan los 14 mil millones de pesos; sin embargo, la gran mayoría de estas sanciones no se sostiene ante tribunales y los actos de corrupción quedan impunes al grado que en este lapso de tiempo sólo 28 casos, repito, sólo 28 casos ha quedado firme la inhabilitación impuesta.

Compañeras y compañeros legisladores:

Yo creo que es un momento para ser muy claros, la corrupción en este país tiene que combatirse a partir de reformas de carácter legal, de reformas de carácter institucional. El reto que enfrentamos para combatir y erradicar la corrupción pasa necesariamente por abatir la impunidad y sólo lo vamos a lograr con voluntad política para avanzar en la dirección correcta con una política sólida, y por supuesto, como hemos dicho hasta el cansancio, fortaleciendo el Sistema Nacional Anticorrupción.

La corrupción es un mal estructural que daña todas, absolutamente todas las esferas de la vida pública. Detectar y desactivar las redes de corrupción y complicidad, tanto a nivel local como federal, va más allá de tener buenas intenciones y no basta la conciencia limpia para evitar que se sigan reproduciendo de manera cotidiana actos de corrupción.

Con estos dictámenes, y con esto finalizo, le estamos dando herramientas para que las autoridades puedan aplicar sanciones ejemplares y que la corrupción en este país se castigue en serio.

Quedará por puesto en manos de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía General de la República hacerlas efectivas.

Muchas gracias por su atención.

(Aplausos)

El Presidente Senador Martí Batres Guadarrama: Gracias, Senador.