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Intervención del Senador Miguel Ángel Lucero Olivas



Sen. Miguel Ángel
Lucero Olivas


Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo
Durango
Senador Electo por el Principio de Mayoría Relativa
Senador(a) Suplente del Senador(a): Alejandro González Yáñez

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 6 Oficina 28, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 53453000 Ext. 4143

E-mail: miguel.lucero@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Martes 10 de septiembre de 2019


Posicionamiento Gpo. Parlamentario

 

Dictámenes a Discusión y Votación

De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público; de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada; de la Ley de Seguridad Nacional; del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Fiscal de la Federación; y del Código Penal Federal.

 

El Senador Miguel Ángel Lucero Olivas: Compañeros, con su permiso.

Como lo han señalado desde hace muchos años nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gran problema de México es y sigue siendo la corrupción.

Una de las manifestaciones más claras, graves, en términos de afectación al patrimonio nacional es la defraudación de hacienda pública.

En un Estado de derecho, todos debemos de contribuir para que el gobierno cuente con los recursos para poder brindar beneficios a la población en general y en especial a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad.

Las iniciativas que forman parte del dictamen que tenemos a discusión, tienen como objetivo último el combate a las empresas fantasmas, eliminar espacios para que algunos cuantos tomando ventaja de vacíos legales y mediante el uso de elementos claramente ilegales eviten la realización de pago de impuestos.

Así se busca prevenir y sancionar a la compra y venta de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados que dañan y perjudican la hacienda pública.

El dictamen presenta las reformas a diversas leyes en materia penal, fiscal y de seguridad nacional, la Ley de Delincuencia Organizada establece la figura de delincuencia organizada para el caso de que tres o más personas se organizan, de hecho, para realizar de forma permanente o reiterada conductas que tengan como fin, ahora se considera como delincuencia organizada al contrabando y su equiparable.

Con el presente dictamen se busca reformar la Ley de Seguridad Nacional para considerar como amenazas a la seguridad nacional, los actos tendientes a obstaculizar y bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia, así como los actos tendientes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable, para la provisión de bienes o servicios públicos.

Aunado a ello, ahora serán considerados como amenazas a la seguridad nacional aquellos actos ilícitos en contra del fisco federal que afecten el patrimonio nacional.

El dictamen también contempla reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece que se consideren delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el contrabando y su equiparable, la defraudación fiscal y su equiparable, así como la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

En estos casos, no procederán los acuerdos reparatorios y será improcedente la suspensión condicional del proceso que pueda solicitar el imputado o el Ministerio Público. 

En los supuestos  que  operan los criterios de oportunidad,  ahora se establece para el caso de delitos fiscales y financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, únicamente podrá ser aplicado el caso en que el imputado aporte información fidedigna  que  coadyuve para la investigación y persecución  del beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que será este último, quien estará obligado  a reparar el daño.

El dictamen busca ser más preciso en cuanto a los casos que regula y más rígido en cuanto a las penalidades que se pretenden imponer, así se impondrá sanciones de cinco a ocho años de prisión al que de por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

No más simulaciones fiscales ni facturas falsas que dañan el patrimonio de las personas de la nación.

Este delito contempla apenas tanto para quien realice directamente los actos de manera directa como aquel que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, faltas o actos jurídicos simulados.

Los servidores públicos que cometen este tipo de delitos podrán ser destituidos del empleo y ser inhabilitados de uno a diez años para desempeñar cargo o comisiones púbicas.

Estos delitos se perseguirán por querella de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En esta Cámara de Senadores debemos proveer al Poder Ejecutivo de las herramientas para que lleve a cabo la labor de combate a las empresas fantasmas, que tanto dañan a la hacienda pública.

Debemos combatir las prácticas ilegales de la facturación falsa, que limitan la cantidad de recursos que tiene el Estado para proveer de bienes y servicios a la población, como lo son la educación, la infraestructura pública, la salud o la seguridad pública.

En el Partido del Trabajo estamos a favor de la legalidad y Estado de derecho, creemos en la responsabilidad colectiva de la sociedad para alcanzar los objetivos nacionales.

Por ello los Senadores del Partido del Trabajo apoyamos dicho dictamen.

Muchas gracias.   

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Lucero Olivas.