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Intervención del Senador Cruz Pérez Cuellar



Sen. Cruz
Pérez Cuellar


Movimiento Regeneración Nacional
Chihuahua
Senador Electo por el Principio de Mayoría Relativa
Suplente: Rafael Espino de la Peña

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 3 Oficina 7, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 3127

E-mail: cruz.perez@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Lunes 01 de julio de 2019


Posicionamiento Gpo. Parlamentario

Dictámenes de Primera Lectura

De las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativas, Segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Extinción de Dominio, y que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; de la Ley de Concursos Mercantiles; y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

El Senador Cruz Pérez Cuéllar: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros Senadores:

Efectivamente, este es un gran avance para nuestro país, con este dictamen que resuelve cinco iniciativas de ley, algunas presentadas por nuestro coordinador, el doctor Ricardo Monreal, por el Senador Miguel Ángel Mancera, por Senadoras y Senadores del Partido Acción Nacional, y también por el Senador Julio Menchaca, Presidente de la Comisión de Justicia, donde propuso reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Aquí quiero detenerme para destacar la gran apertura que tuvieron todos los grupos parlamentarios, el gobierno federal, pero desde luego también la conducción y el liderazgo del Senador Julio Menchaca, que ha trabajado mucho para lograr los consensos en diversos temas y evidentemente este no es la excepción.

Felicidades, Senador Menchaca por su conducción.

Además, cumplimos en tiempo y forma con lo que nosotros mismos nos mandatamos, el tener las leyes secundarias después de haber publicado el 14 de marzo las reformas a la Constitución en materia de extinción de dominio.

Con este dictamen buscamos dotar a las autoridades de criterios de oportunidad para el destino de los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio y, en su caso, su destrucción.

Es así que la extinción de dominio se sustenta en la aplicación directa de reglas, principios y valores éticos, sociales, previstos en nuestra Carta Magna, como la preservación de un orden social en reconocimiento de la propiedad adquirida con justo título, el respeto a los derechos de la propiedad adquirida legítimamente, la observación de la función social del derecho a la propiedad, el reconocimiento del trabajo lícito y la libre empresa, como fuentes legítimas de riqueza, entre otros.

Hay que destacar, es importante destacar que esta Ley Nacional de Extinción de Dominio se basa en la ley modelo sobre extinción de dominio del Programa de Asistencia Legal en América Latina y el Caribe, de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, la cual establece herramientas prácticas que facilitan la lucha contra la droga, el crimen organizado, la corrupción y el terrorismo.

Se precisa, como ya se ha destacado, que la acción de extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil, de carácter real y autónomo del penal, con observancia plena de las garantías procesales para cualquier persona que pueda considerarse afectada y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.

Es muy importante que sea un proceso de naturaleza civil y autónoma del proceso penal. Creo que esto es uno de los grandes logros de este dictamen.

También se establecen los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos al proceso de extinción de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, frutos y accesorios, para que la autoridad lleve a cabo su disposición, uso, usufructo, enajenación y monetización, atendiendo al interés público, y defina con criterios de oportunidad el destino y, en su caso, su destrucción.

El procedimiento que se define en la nueva ley será un mecanismo ágil y transparente, que garantice a la sociedad un apego al Estado de derecho y al mismo tiempo le permita al Estado aplicar a su favor bienes de carácter patrimonial cuya procedencia no pueda acreditarse y se encuentre relacionado con hechos que nos han lastimado a todos los mexicanos y mexicanas, como la corrupción, el encubrimiento, los delitos cometidos por servidores públicos, la delincuencia organizada, el robo de vehículos, los recursos de procedencia ilícita, los delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, teniendo como base el artículo 22 constitucional.

Se establece también, esto es importante, un marco regulatorio con prevalencia en la…, describiéndose con mucha precisión sus etapas. Creo que hay aquí una gran labor de la comisión para describir con mucha precisión sus etapas, haciendo posible el ejercicio de la acción de extinción de dominio y la fase procesada ante la autoridad judicial competente antes y durante el juicio.

Esta ley tendrá un ámbito de aplicación general, por lo que sus disposiciones serán de orden público y de observancia en toda la República Mexicana para todos los órdenes de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Toma en cuenta la protección de las personas que pudieran ser afectadas en su patrimonio por estos delitos e incorpora conceptos como el de persona afectada y el de víctima u ofendido.

Un aspecto importantísimo es que se establece que el ejercicio de la acción de extinción de dominio será imprescriptible en el caso de bienes que sean de origen ilícito, a efecto de desincentivar la legitimación de los bienes adquiridos de manera ilícita por el mero paso del tiempo.

A mi juicio, este es quizá el mayor avance en este dictamen, que nadie jamás podrá legitimar por el paso del tiempo el adquirir un bien de manera ilícita y por el simple hecho del paso del tiempo, digamos, legitimar ese bien será absolutamente imprescriptible. Jamás podrá legitimarse un bien que haya sido adquirido de manera ilícita.

Además, debemos precisar que, en consonancia con la política de transparencia y rendición de cuentas, acentuada por el gobierno federal, encabezado por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se incluye la obligación de la Fiscalía General de la República o de las fiscalías correspondientes de las entidades federativas de entregar un informe anual al Senado de la República, en el caso federal, o a los congresos locales, según corresponda, sobre el ejercicio de sus facultades en materia de extinción de dominio.

Establece solo una medida cautelar consistente en el aseguramiento de bienes, la cual será pronunciada por el Juez de Conocimiento a partir de la solicitud fundada y motivada que el Ministerio Público formule.

Se faculta al titular del órgano judicial para ordenar la inmovilización provisional e inmediata de los fondos, activos, cuentas y demás valores e instrumentos financieros, amén de la prohibición temporal de transferir, depositar, adquirir, dar, recibir, cambiar, invertir, transportar, traspasar, convertir, enajenar, trasladar, gravar, mover o retirar bienes.

El aseguramiento de cuenta incluye todo tipo de bienes, establecimientos mercantiles o de una empresa prestadora de servicios.

También hay que decir que acorde con la política de austeridad y optimización del gasto se señala que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley, se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados para el presente Ejercicio Fiscal y los subsecuentes, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tales efectos.

Incorpora mecanismos, además, que permitan conducir con transparencia y honestidad la disposición de bienes a través de un principio de interés público. Asimismo, busca aumentar la transparencia en el destino y administración de los bienes, cuya propiedad, uso o cuidado descansa en el gobierno federal, derivado, entre otros procesos, de diversos procedimientos de administración de justicia incluyendo los enfrentados por delincuencia organizada y corrupción.

Los ingresos obtenidos por este concepto, ofrecerán la oportunidad de restituir a la sociedad parte del bienestar perdido por la comisión de estos delitos. También modifica el diseño y procedimientos del Instituto de Administración de Bienes y Activos, a efecto de restituir a la sociedad el daño ocasionado por los malos manejos de los corruptos, a través de la aplicación de los bienes obtenidos por este medio para fines del interés público.

Finalmente, y entre otras muchas cosas, reformaremos la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la figura del gabinete social de la Presidencia de la República, como una instancia colegiada de formulación y coordinación, de la asignación, transferencia y destino de bienes incorporada a la Administración Pública Centralizada.

Este gabinete será un órgano colegiado encabezado por el titular del Poder Ejecutivo Federal, aglutinando distintas áreas de la Administración Pública Federal para una mejor toma de decisiones.

Es por todas estas razones, pero por la mayor, la fundamental, que es la de recuperar los bienes que con motivo de la corrupción o del crimen organizado y todos estos delitos que se manejan en el artículo 22 constitucional, han dañado al pueblo de México y han lastimado a nuestra sociedad y quizás el mayor daño que se le pueda hacer a un criminal es cuando se le daña, no solamente en la libertad, sino en el bolsillo, en la economía, en todo eso que ha adquirido de manera ilícita.

Y este instrumento legal que hoy estamos a punto de aprobar, creo que logrará ese objetivo. Es por eso que en el grupo parlamentario de Morena votaremos a favor de este dictamen.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Cruz Pérez Cuéllar.