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Intervención del Senador Noé Fernando Castañón Ramírez

Intervencion del día Miércoles 10 de abril de 2019


Presentación de Iniciativa

Iniciativas

Del Sen. Noé Fernando Castañón Ramírez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción II y adiciona la fracción III del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

El Senador Noé Fernando Castañón Ramírez: Honorable Asamblea:

La reforma constitucional que presento propone derogar la fracción II y adicionar la fracción III del artículo 38 de la Carta Magna, en aras de garantizar el derecho a la presunción de inocencia y posibilitar de manera efectiva el voto activo de personas que se encuentran en prisión sin una sentencia condenatoria y firme.

Como sabemos, a partir de la Reforma Constitucional del año 2011, el Estado mexicano reconoció a los derechos humanos en el sentido de otorgar la protección más amplia con la convencionalidad referida a los tratados internacionales suscritos y reconocidos por nuestro país se elevó a rango constitucional el modo de entender la relación entre la sociedad y las autoridades con respecto y referencia a los derechos humanos.

En ese sentido, se reconoció que los derechos fundamentales deben potenciarse, máxime cuando se encuentren vulnerados o inaplicados en lo individual o en lo colectivo, lo anterior ha sido reiterado por parte de nuestros órganos jurisdiccionales y ha propiciado avances en el espíritu de nosotros los legisladores para progresar en el conjunto y con los criterios nacionales e internacionales de nuestra Carta Magna.

La Reforma Constitucional que presento está relacionada con la capacidad individual de contribuir en las decisiones propias del país, tal como lo es el derecho al voto activo, y por otra parte, busca la prevalencia y el respeto al principio de presunción de inocencia que consagra el sistema penal acusatorio.

Ese derecho humano, el de votar, garantizado a todos los ciudadanos mexicanos, es donde encuentra sentido la soberanía nacional, y con ello, la democracia misma, pues resulta la expresión de la voluntad para influir en la vida de la nación.

Asimismo, el reconocimiento intrínseco a la inocencia, entendido también como un derecho humano, obliga a las autoridades a probar la culpabilidad, pues aunque el juez de la causa hubiera emitido un auto de término constitucional o se hubiera decretado la vinculación a proceso, el principio de presunción de inocencia prevalece hasta en tanto se dicte la sentencia condenatoria y firme.

Ahora bien, la presentación de esta iniciativa, así como su viabilidad en la dictaminación y aprobación posterior, encuentra sustento en las interpretaciones jurisprudenciales nacionales e internacionales, tanto como en los precedentes de los órganos jurisdiccionales en la materia, lo anterior es así pues recientemente la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como último revisor en materia electoral, se pronunció a través de los juicios para la protección de los derechos políticos y electorales del ciudadano, 352 y 353, 2018, en el sentido de que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar, ordenando al Instituto Nacional Electoral, como órgano encargado de la organización de las elecciones, la implementación de una etapa de prueba que garantice el voto activo.

Así también a través de diversas resoluciones de la acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte ha determinado que la fracción II del artículo 38 no puede entenderse como una prohibición absoluta, sino en concordancia al principio de presunción de inocencia y el derecho a votar fundamentado y motivado hizo que se dictara la siguiente jurisprudencia, 39-2013, suspensión de los derechos-político electorales del ciudadano, prevista en la fracción II del artículo 38 constitucional sólo procede cuando se prive de la libertad.

Debemos ser enfáticos en reconocer que si bien el voto activo es una prerrogativa en evolución, ésta debe estar acorde a los criterios internacionales en el sentido de que las normas inherentes a los derechos humanos deben favorecer en todo tiempo la protección más amplia.

Por tanto, si hasta ahora resulta una realidad el que las personas procesadas, privadas de su libertad, no puedan ejercer el voto, ésta circunstancia se justificaba en la complejidad al acceso a la información de la campaña, la instalación de urnas y la participación de los funcionarios electorales, barreras que sería eliminadas por la presente reforma.

Es de llamar la atención el criterio de la Organización de las Naciones Unidas, que a través del Comité de Derechos Humanos ha determinado en la observación general número nueve, y en específico en el párrafo catorce, de la observación general número 25, que: “si el motivo para suspender el derecho a votar es la condena por un delito, el período de tal suspensión debe guardar la debida proporción con el delito y la condena. A las personas a quienes se prive de libertad, pero que no hayan sido condenadas, no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar”.

Lo anterior, robustecido con criterios adoptados en otras legislaciones, como la de Estados Unidos, Venezuela, Ecuador y Costa Rica, que tienen mecanismos para garantizar el derecho al voto de personas privadas de su libertad y que no han sido sentenciadas; o como en Canadá, Francia, Reino Unido, Sudáfrica y en España, que incluso garantizan el derecho al voto en caso de sentencias condenatorias, abren la discusión de la progresividad con que la legislación mexicana debe ser encaminada, es decir, privilegiar el voto activo.

Datos al respecto situaban a México en el año 2018 con una población recluida de 204 mil 422 personas de las cuales 80 mil 442 se encontraban en prisión preventiva, es decir, casi el 40 %, según cifras recabadas por el Instituto para la Investigación de Políticas Penales del Reino Unido.

Por tanto, con el objeto de dar voz y garantizar plenamente el derecho de presunción de inocencia, se propone reformar el artículo 38, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que establece que los derechos o prerrogativas del ciudadano se suspenden, entre otros casos, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a partir de la emisión del auto de formal prisión, proponiendo derogar la fracción II y adicionar la fracción III en términos de no suspender el derecho o prerrogativa a la emisión del voto en tanto no haya sido condenado por sentencia definitiva, pues no hacerlo sería ser omisos en la restricción de la voz de un sector social, pues sería creer que no tienen nada que aportar o que no son iguales o aptos para tomar decisiones en continua violación a sus derechos humanos.

Por tanto, esta iniciativa busca que este Poder Legislativo federal corrija el rumbo y consagre el firme respeto de los derechos humanos en relación al voto activo.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

PRESIDENCIA DE LA SENADORA
MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

La Presidenta Senadora Mónica Fernández Balboa: Gracias, Senador Castañón.