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Intervención del Senador Daniel Gutiérrez Castorena



Sen. Daniel
Gutiérrez Castorena


Movimiento Regeneración Nacional
Aguascalientes
Senador Electo por el Principio de Primera Minoría
Suplente: Alejandro Ponce Larrinua

Av Paseo de la Reforma No. 135, Hemiciclo Piso 4 Oficina 16, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, Cd. de México, C. P. 06030.

Tel: 01 (55) 5345 3000 Ext. 3072 y 5226

E-mail: oficina.daniel.gutierrezc@senado.gob.mx

Integración en Comisiones.

Intervencion del día Jueves 25 de octubre de 2018


Presentación de Iniciativa

Iniciativas

Del Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas.

El Senador Daniel Gutiérrez Castorena: Con su venia, señor Presidente.

Con su permiso compañeras Senadoras, compañeros Senadores:

Los suscritos, doctor Ricardo Monreal Ávila y Daniel Gutiérrez Castorena, Senadores del grupo parlamentario de Morena de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y por los artículos 8°, numeral 1, fracción I; y 164 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, al tenor de lo siguiente.

La corrupción en términos generales se puede definir como el abuso de poder encomendado para beneficio privado.

Las principales características de los actos de corrupción, consiste en que se pueden realizar de manera individual, pero siempre en un contexto social, generalmente se presentan dentro de organizaciones y buscan ser encubiertos.

Los elementos subjetivos de este fenómeno social, habitualmente son corruptor y corrompido, corruptos y víctimas y organizaciones que lo regula, vigila, alienta e intenta controlar.

La corrupción tiene costos principalmente en rubros económicos, políticos y sociales.

Por ejemplo, el hecho de descubrir un acto de corrupción implica costos, pues es necesario que existe voluntad, recursos y capacidad de investigación.

Para los países el costo económico de la corrupción se traduce en un  5 % menos en inversión, en un 5 % en pérdidas de empresas y entre 2 % y el 10 % del Producto Interno Bruto.

Como costo social, impacta principalmente al bienestar de los hogares, pues el 14 % de su ingreso promedio anual va destinado a pagos extraoficiales, además existe una relación entre corrupción y niveles de violencia.

A tales implicaciones se suman las de carácter  político, que no son menores, por el contrario, esas contribuyen a debilitar la democracia y reflejan la inconformidad ciudadana.

De acuerdo con un estudio del Pew Research Center, sólo el 46 % de la población mundial se muestra satisfecha con el funcionamiento real de la democracia y apenas un 23 % está plenamente comprometido con ella.

Además los países con mayores niveles de percepción de corrupción  son los que tienen instituciones políticas y jurídicas más débiles, que no son tan aceptadas y carecen de confianza en el gobierno.

En este tema, la situación de México no es alentadora, pues el combate a la corrupción no ha atravesado con la contundencia requerida al ámbito discursivo.

Si bien a partir del 2015 se reformó la Constitución Mexicana para crear el Sistema  Nacional Anticorrupción y al año siguiente se emitió la legislación para fortalecer los procedimientos de investigación y sanción, los niveles de corrupción e impunidad no han decrecido de modo sustancial como ha sido consistentemente revelado en diversas fuentes.

El Índice de Percepción de Corrupción del 2015, elaborado por Transparencia Internacional, ubicó a México en el lugar 95, en los ejercicios del 2016 y de 2017, la situación se agravó, el país ocupó los puestos 123 y 135, respectivamente, de un total de 180 naciones, ambos lugares corresponden a las peores posiciones entre los integrantes de la OCDE y del G20 y representan una caída de 40 lugares en sólo dos años.

Dichos datos coinciden con los del Banco Mundial, organismo que reprueba a México con una calificación de 39 sobre 100 en sus indicadores  de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127, es decir, como uno de los países más corruptos.

Un claro ejemplo de ello es el creciente existente y operación de compañías ficticias, constituidas exclusivamente para simular operaciones convirtiéndose en eficaces  vínculos para evadir obligaciones fiscales, pero también para contribuir a lavar dinero, destinado a un sinnúmero de actividades ilegales.

Este tipo de entidades, coloquialmente conocidas como empresas fantasmas, son constituidas legalmente y funcionan aparentemente de manera regular, sin embargo no tienen activos, ni actividad propia real.

Estas entidades tienen propósitos bien delimitados entre los que destacan traficar facturas, defraudar al fisco, lavar dinero, desangrar a otras empresas, enviar recursos públicos  a partir de contratos con dependencias y entidades públicas.

Mediante trabajos periodísticos se reveló la ejecución de un sofisticado  mecanismo que le permitía al actual gobierno federal cometer un fraude, tan sólo en 2013 y 14, por más de 7 mil millones de pesos, desconociéndose el destino de casi la mitad de ellos, de 3 mil 433 millones.

Esta red de corrupción involucró a 11 dependencias del gobierno federal, 8 universidades, más 100 empresas privadas y medio centenar de servidores públicos de distintos niveles de gobierno.

En ese sentido, la contratación de las empresas fantasmas en los procesos de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública es sin duda un problema multifactorial para el cual no hay una solución única.

Sin embargo la presente iniciativa tiene por objeto elevar los controles normativos para frenar las operaciones financieras de las dependencias y entidades públicas de los tres órdenes de gobierno con empresas fantásmicas.

Entre lo propuesto se destaca:

Se establece la prohibición expresa de celebrar contratos que involucren dinero público con empresas a las que el SAT haya identificado como identidades irregulares.

Se amplía el catálogo de sujetos obligados e impedidos para celebrar contratos y adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública con empresas.

Se propone que no podrán celebrarse contratos y adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública con empresas que no tengan la opinión positiva de cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del SAT.

Se propone que los proveedores o contratistas que deseen beneficiarse de contratos en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, deberán autorizar al SAT a publicar su información en la página electrónica de dicha autoridad fiscal.

Se equipara con el delito de defraudación fiscal la   expedición, adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Se incrementan las penas para quienes participen en la suplantación de identidad, representación o personalidad de un contribuyente.

Séptimo. Se propone que haya un padrón único de contratistas confiables y un padrón único de proveedores confiables respectivamente.

Octavo. Las personas interesadas en inscribirse en los padrones deberán cumplir con ciertos requisitos fundamentales para garantizar que no se trate de organizaciones ficticias o fantasmas.

Con esta iniciativa estaremos dando un paso más sustancial y profundo en la lucha frontal y definitiva contra la corrupción, que es el cáncer de México, porque los mexicanos han votado un mandato para que se ese cáncer sea extirpado desde su raíz, sin ninguna excepción en todas sus formas, porque el ejercicio transparente de la vida pública y de las relaciones de los particulares ante las instituciones  es la base de un país más justo, más igualitario y más acorde con las exigencias y el desarrollo plural, tolerante e incluyente.

Es cuanto, señor Presidente.

Solicito a la Secretaría que inscriba la presente iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates.

Muchas gracias.