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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, A CARGO DE LA SENADORA MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, POR EL QUE SE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

La suscrita, senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguiente:

Exposición de Motivos

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre fue aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana, el 2 de mayo de 1948, en Bogotá, Colombia. Fue el primer acuerdo internacional de derechos humanos, y como tal anticipó los derechos humanos que posteriormente servirían de base para el desarrollo del derecho a la verdad; entre ellos el acceso a la justicia, la libertad de expresión e investigación y las garantías de seguridad personal.

En 1979, se conformó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con autonomía frente a los demás órganos de aquella y que tiene su sede en San José de Costa Rica.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Su propósito es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

En este entorno, una de las acciones violatorias de derechos humanos mas constante en América Latina, ha sido la desaparición forzada, la cual tiene características especiales, que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ido sistematizando. Uno de los elementos que caracteriza este tipo de violación es que es de carácter múltiple y complejo de derechos. Además, la desaparición es un ejemplo de violación continua de derechos humanos. A partir de estas características, la Corte Interamericana ha calificado a la desaparición forzada de particular gravedad. Asimismo, fundada en las características de las desapariciones, ha establecido estándares probatorios particulares.

El Tribunal (Corte) Interamericano ha considerado que los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y la sociedad tienen el derecho a conocer la verdad, por lo que deben ser informados de lo sucedido. En la Jurisprudencia de la Corte Interamericana el derecho a conocer la verdad se ha estimado tanto un derecho que corresponde a los Estado de respetar y garantizar como una medida de reparación que tienen obligación de satisfacer. Este derecho también ha sido reconocido en diversos instrumentos de Naciones Unidas y por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.

En 2006, en seguimiento de una resolución de la Comisión de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaboró un estudio sobre el derecho a la verdad. En dicho estudio, el Alto comisionado concluyó que el derecho a la verdad es “un derecho autónomo e inalienable, estrechamente relacionado con el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos y con su obligación de realizar investigaciones eficaces de las violaciones manifiestas de los derechos humanos y de las infracciones graves del derecho humanitario, así como garantizar recursos efectivos y reparación; pero que a la vez está estrechamente vinculado a otros derechos, como el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la protección jurídica y judicial, el derecho a la vida familiar, el derecho a una investigación eficaz, el derecho a ser oído en un tribunal competente, independiente e imparcial el derecho  a obtener reparación, el derecho a no sufrir torturas ni malos tratos y el derecho a solicitar y a difundir información.”

“El derecho a la verdad no se encuentra explícitamente recogido en los instrumentos interamericanos de derechos humanos. No obstante, desde sus inicios tanto la CIDH como la Corte Interamericana han determinado el contenido del derecho a la verdad y las consecuentes obligaciones de los Estados a través del análisis integral de una serie de derechos establecidos tanto en la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

(…) Tanto la Comisión como la Corte Interamericana han establecido que la desaparición forzada de personas tiene un carácter permanente o continuado que afecta una pluralidad de derechos, tales como el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida y al reconocimiento a la personalidad jurídica. De esta forma, se ha indicado que el acto de desaparición y su ejecución inician con la privación de la libertad de la persona y la subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos. En suma, ambos órganos han sostenido que la práctica de la desaparición forzada implica un craso abandono de los principios esenciales en que se fundamenta el sistema interamericano de derechos humanos y cuya prohibición ha alcanzado el carácter de jus cogens.”

Los Estados miembros deben realizar, de oficio, una búsqueda efectiva del paradero de las personas desaparecidas forzadamente a fin establecer la verdad de lo sucedido. La CIDH ha destacado el derecho de los familiares de víctimas de desaparición forzada a saber la verdad sobre lo ocurrido a sus seres queridos, así como la obligación del Estado de proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficiente que permita cumplir con dicha obligación.

“De conformidad con la jurisprudencia de la Corte, el derecho a la verdad es considerado como elemento fundamental de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial. Asimismo, la Comisión ha puntualizado que el “derecho a la verdad” surge como una consecuencia básica e indispensable para todo Estado Parte en la Convención Americana de conformidad con el artículo 1.1 de dicho instrumento, puesto que el desconocimiento de hechos relacionados con violaciones de los derechos humanos significa, en la práctica, que no se cuenta con un sistema de protección capaz de garantizar la identificación y eventual sanción de los responsables.

En ese sentido, el derecho a la verdad ha sido entendido como una justa expectativa que el Estado debe satisfacer a las víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familiares. Por ello, la plena garantía de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial busca combatir la impunidad, entendida ésta como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. De lo contrario, la falta de diligencia del Estado propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”. Es por ello que las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares tienen el derecho a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido a través de una investigación efectiva, el procesamiento de los responsables de los ilícitos, la imposición de las sanciones pertinentes y la indemnización de los daños y perjuicios que hubieren sufrido los familiares.”

Por otro lado, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en diciembre de 1992, la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzosas, precisando en su artículo 17 que se consideran los actos de desaparición forzada como “delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos” y se recomienda la prescripción a largo plazo de los mismos.

El 9 de junio de 1994, se aprobó en Belém do Pará, Brasil, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, mediante la resolución 1256 de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), sobre un proyecto dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, trabajado desde 1987; y que establece el delito de desaparición forzada como: “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

La ONU estipuló, en 2010, al 24 de marzo de cada año, como fecha para la conmemoración del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas, basado en el aniversario luctuoso del Monseñor Óscar Arnulfo Romero, salvadoreño defensor de los Derechos Humanos, asesinado por su labor en 1980.

“Acceder a la verdad es un derecho sujeto a un conflicto, por lo general, entre el Estado y la(s) víctima(s) de las violaciones de los derechos humanos. En el marco de tal conflicto, cada actor busca el reconocimiento público de lo que para él constituye la realidad de un acontecimiento. Luego, a partir de ello, exigir —en el caso de víctimas— o limitar —en lo que concierne al Estado— una serie de obligaciones legales, como justicia y reparación, incluyendo garantías de no repetición. Entonces, establecer qué es verdad constituye un proceso de fuerzas opuestas, determinado por la capacidad de cada participante de construir, presentar y lograr que su verdad sea acogida en la opinión pública. Ahí radica la relevancia de los medios de comunicación. La expresión de las fuerzas contrarias sucede en muchas ocasiones por mediación de los medios de comunicación, ya sean grandes o pequeños.

La desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, mostró cómo entre la diversidad de actores involucrados en la construcción de la verdad pueden estar los órganos de carácter internacional. En concreto, fue posible apreciar que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, un actor internacional, pusiera en evidencia las incongruencias de la “verdad histórica” planteada por el gobierno y señaló las vías para llegar a un conocimiento auténtico de lo sucedido”.

En México existe legislación que dispone el Derecho a la Verdad, no obstante, se trata de normas dispersas y en muchos casos de carácter tácito.

El artículo 16 constitucional establece que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”

El mismo artículo constitucional, continúa señalando que “No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.”

Si los preceptos en materia de seguridad jurídica del gobernado establecidos en la constitución se cumplieran, no habría cabida a la comisión de delito de desaparición forzada.

Dado que en la realidad siguen ocurriendo desapariciones de personas, el ejercicio del Derecho a la Verdad se refuerza en materias vinculadas, como el acceso a la información y el derecho penal.

El apartado A del artículo sexto constitucional, regula el derecho de acceso a la información, en la cual se garantiza que toda información pública sea accesible para el ciudadano y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), artículo 5, se establece que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En refuerzo, el artículo 115 de la misma Ley señala que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando: I. Se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad, o II. Se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

Para Ana Cristina Ruelas (de la Organización Artículo 19), en la nueva LGTAIP se retoma la excepción de reserva (artículo 115, fracción I) relacionada con la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad y se le convierte en un principio (artículo 5) es decir, en la interpretación del derecho de acceso a la información, los sujetos obligados deben analizar la información solicitada a fin de determinar, sin prejuzgar, si existen indicios de este tipo de sucesos y ordenar su desclasificación. De esta manera, esta Ley General el estatus “público” de este tipo de información y permite, tanto al INAI como a los sujetos obligados, garantizar su máxima publicidad. Al final, estas disposiciones y casos abonan a una construcción social de “la verdad”, a la exigencia de instituciones eficientes y democráticas y a un proceso de reconciliación, perdón y confianza. La apertura reciente de la averiguación previa de Ayotzinapa al escrutinio público no es más que un ejemplo de cómo el derecho a la información abona a la construcción de la verdad.

En la Ley General de Víctimas (LGV), el artículo 2 fracción I, establece que uno de los objetos de esta Ley es “Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos”.

En el artículo 5 de la misma Ley, dispone que los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando, entre otros principios, el de la Debida diligencia, es decir, que el Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho.

Y en la misma LGV, artículo 7, establece que los derechos de las víctimas son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. Las víctimas tendrán, entre sus derechos, el conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones; A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces, y a participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia.

El 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares Y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP), cuyo Artículo 2 señala su objeto:

“I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece esta Ley;

II. Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;

III. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

IV. Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas;

V. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable;

VI. Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y

VII. Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.”

El artículo 5, fracción II, de esta Ley, establece que sus acciones, medidas y procedimientos son diseñados, implementados y evaluados aplicando el principio de la Debida diligencia: consistente en que todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada; así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos. En toda investigación y proceso penal que se inicie por los delitos previstos en esta Ley, las autoridades deben garantizar su desarrollo de manera autónoma, independiente, inmediata, imparcial, eficaz, y realizados con oportunidad, exhaustividad, respeto de derechos humanos y máximo nivel de profesionalismo.

Finalmente, en la fracción XIII, del mismo artículo, establece en el principio de la “Verdad: el derecho de conocer con certeza lo sucedido y recibir información sobre las circunstancias en que se cometieron los hechos constitutivos de los delitos previstos en esta Ley, en tanto que el objeto de la misma es el esclarecimiento de los hechos, la protección de las Víctimas, el castigo de las personas responsables y la reparación de los daños causados, en términos de los artículos 1o. y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.” En seguimiento, el 22 de junio de 2018 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

Si bien existe legislación que, de forma indirecta o tangencial, garantiza el Derecho a la Verdad, no existe un pronunciamiento expreso del mismo en nuestra Constitución, solo la mencionada fracción XIII del artículo 5 de la LGMDFP, que hace referencia a los artículos 1o. y 20 constitucionales.

El estado de derecho ha desempeñado una función integral en el arraigo de los derechos humanos en las constituciones, las leyes y los reglamentos nacionales. En los casos en que esos derechos son justiciables o su protección jurídica se asegura de otro modo, el estado de derecho proporciona medios de reparación cuando no se respeten esos derechos o se utilicen indebidamente recursos públicos.

En las conclusiones del documento “Derecho a la Verdad en Las Américas” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala que “Los Estados de las Américas han sido pioneros en la adopción de diferentes mecanismos destinados a enfrentar las situaciones de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Sin embargo, todavía resulta necesario dar pasos decididos para resolver esas situaciones y crear los mecanismos necesarios a fin de reparar integralmente a las víctimas y fortalecer el Estado de Derecho. La remoción de los obstáculos legales y de facto señalados a lo largo del informe es un imperativo para cumplir con esos objetivos.”

El Derecho a la Verdad, se dirige a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, así como sus familiares, para tener derecho a un recurso efectivo. Esto implica el derecho a saber la verdad acerca del abuso que han sufrido, incluyendo la posibilidad de identificar a los perpetradores, las causas que originaron tales violaciones y, de ser el caso, la suerte final o el paradero de las personas desaparecidas de manera forzada.

Este derecho ha sido reconocido en decisiones legales tomadas por las cortes en varios países, así como por instituciones judiciales internacionales. Mientras se definen bien los elementos principales del derecho, este continúa evolucionando y puede ser caracterizado de diferentes formas en ciertos sistemas legales.

 

Aspectos del derecho a la verdad

El derecho a la verdad – reconocido explícitamente como respuesta a las desapariciones forzadas – se aplica también a otras violaciones graves. Algunos de sus aspectos se van aceptando en forma creciente a nivel internacional:

• Se vincula al derecho a un recurso efectivo e incluye el derecho a una investigación efectiva y a la verificación de los hechos y la presentación pública de la verdad, y el derecho a la reparación.

• Las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a saber la verdad acerca de las circunstancias en las que ocurrieron las violaciones a los derechos humanos.

• Está vinculado con el derecho de los familiares y comunidades a conmemorar y a hacer duelo por las pérdidas humanas en formas que sean culturalmente adecuadas y dignas.

• Además de las víctimas individuales y sus familiares, las comunidades y la sociedad entera también tienen el derecho de saber la verdad acerca de las violaciones de los derechos humanos.

• Algunos sistemas legales consideran que el derecho a la verdad hace parte integral de la libertad de información y la libertad de expresión.

• No es posible invocar amnistías para prohibir la investigación de ciertos crímenes internacionales incluyendo ciertos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio. Así, la prohibición de amnistías para dichos crímenes también está relacionada con el derecho a la verdad, en tanto se relaciona con la verificación de los hechos en cuestión.

• El Estado tiene el deber de preservar la evidencia documental que sirva para la conmemoración y el recuerdo, así como de proteger y garantizar el acceso adecuado a los archivos con información sobre este tipo de violaciones.

En consecuencia, a manera de evidenciar la importancia del Derecho a la Verdad, en oposición a la serie de violaciones de derechos humanos que implica la desaparición forzada, consideramos oportuno hacer una mención expresa en nuestro texto constitucional.

Como se trata en esencia de un derecho de las víctimas, es decir de toda persona que, directa o indirectamente, ha sufrido daño o menoscabo de sus derechos, producto de la comisión de un delito , así como de sus deudos, representantes legales y la sociedad misma, se propone agregar una fracción al Apartado C del artículo 20 constitucional, para establecer que en el proceso penal, entre los derechos de las víctimas, estará el de la verdad, es decir, a saber las razones por las cuales alguien fue privado de la libertad, la autoridad que ejecutó esta acción, ante que otra autoridad se puso a disposición, las resoluciones que se la hayan dictado, su situación legal, el lugar en que se encuentra (presunción de vida), y en su caso, de encontrar evidencia de su fallecimiento, la localización de sus restos.

Finalmente, por técnica legislativa, se reforman las fracciones VI y VII para dar congruencia a la secuencia del Apartado C, incorporando un punto y coma a la fracción VI, y una coma y la conjunción “y” a la fracción VII.

Para mayor claridad, se señala en el cuadro siguiente la propuesta de reforma:


CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TEXTO VIGENTE

PROPUESTA

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Artículo 20. …

A …

A …

B …

B …

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

C. …

I. a V. …

I. a V. …

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos;

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, y

Sin correlativo.

 

VIII. Derecho a la verdad: frente a graves violaciones a los derechos humanos, el Estado deberá garantizar a las víctimas, conocer cada dato de la investigación que conduzca a la verdad, siendo de interés público.

Por las consideraciones expuestas, es que se somete a la consideración de este Pleno el siguiente,

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción VIII y se reforman las fracciones VI y VII, del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 20. …

A …

B …

C. …

I. a V. …

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos;

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño, y

VIII. Derecho a la verdad: frente a graves violaciones a los derechos humanos, el Estado deberá garantizar a las víctimas, conocer cada dato de la investigación que conduzca a la verdad, siendo de interés público.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez

Senado de la República a los 10 días del mes de septiembre de 2019


Et. Al. “Desaparición Forzada. Cuadernillo de Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 6”. Publicación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, San José, Costa Rica, 2014.

Ferrer Mac-Gregor Eduardo, “El Derecho a la Verdad (Propósito del caso Desaparecidos del Palacio de Justicia Vs. Colombia). Ed. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, CDMX, 2012.

Véase http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Derecho-Verdad-es.pdf Consultado el 26 de junio de 2019.

IDEM

Et. Al. “Derecho a la verdad en México Alcances y limitaciones en casos de violaciones graves de derechos humanos”. Esta publicación ha sido elaborada por article 19 Oficina para México y Centroamérica, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan a.c.; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez a.c.; Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos, a.c.; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos a.c.; Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y el Programa de Incidencia en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. CDMX, 2018.

IBIDEM.

Véase: https://www.letraslibres.com/mexico-espana/el-derecho-la-verdad Consultado el 26 de junio de 2019.

Véase: https://www.un.org/ruleoflaw/es/rule-of-law-and-human-rights/ Consultado el 1 de julio de 2019.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos “Derecho a la Verdad en Las Américas” OEA/Ser.L/V/II.152, Doc. 2, 13 agosto 2014, San José de Costa Rica.

González Eduardo y Varney Howard, “En Busca de la Verdad”, editado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Madrid, España, 2013.

IDEM.

Véase: http://www.diccionariojuridico.mx/definicion/victima/ Consultado el 2 de julio de 2019.