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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Miguel Ángel Lucero Olivas, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobiernos de las Entidades Federativas para que realicen un informe sobre el estado en que se encuentra la operación y la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

SE TURNó A LA COMISIóN DE JUSTICIA.


Del senador Miguel Ángel Lucero Olivas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con punto de acuerdo por el que se exhorta a los Gobierno de las Entidades Federativas para que en el ámbito de sus respectivas funciones y competencias, realicen un informe detallado sobre el estado en el que se encuentra la operación y la implementación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El suscrito, Miguel Ángel Lucero Olivas, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIV Legislatura del Senado de la República y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8°, numeral 1, fracción 11, 95 y 276° numeral 1, fracción 1 del Reglamento del Senado de la República, someto a la atención de esta Soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo conforme al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El desafío de construir un sistema de justicia integral para jóvenes que infringen la ley sigue siendo retador hasta nuestros días. Sin embargo, el objetivo de contar con dicho sistema ha tenido un camino en el que hemos aprendido bastante y nos exige cumplir con un tratamiento diferenciado del que tenemos con los adultos.

Un logro significativo que marca el inicio de dicha diferenciación es la reforma de 12 de diciembre del 2005  que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 se establece lo siguiente: La Federación y las entidades federativas establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia para los adolescentes, que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de doce años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.

Lo anterior es el inicio de la integración de un nuevo modelo de justicia adolescente.

La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se publica en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2016 que comienza a integrar principios que no se habían mencionado con anterioridad marcados en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Cabe destacar que como miembro de la comunidad internacional se deben tomar en cuenta distintas recomendaciones que mejoran el cumplimiento de los derechos humanos de cada ciudadano , como ejemplo de esto; en las  Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad) adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990 nos establece en el apartado de política pública lo siguiente: Los organismos gubernamentales deberán asignar elevada prioridad a los planes y programas dedicados a los jóvenes y suministrar suficientes fondos y recursos de otro tipo para prestar servicios eficaces, proporcionar las instalaciones y el personal para brindar servicios adecuados de atención médica, salud mental, nutrición, vivienda y otros servicios necesarios, en particular de prevención y tratamiento del uso indebido de drogas y alcohol, y cerciorarse de que esos recursos lleguen a los jóvenes y redunden realmente en beneficio de ellos. [*]

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dio a conocer un informe especial sobre los 45 Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes con fecha de 29 de abril del 2019.

Durante los meses de abril de 2018 a marzo de 2019, servidores públicos de la Comisión Nacional, con el apoyo de personal de los organismos públicos protectores de derechos humanos de las diversas entidades federativas, efectuó visitas de supervisión a los 45 centros de tratamiento interno que funcionan en las 32 entidades federativas de la República Mexicana, para examinar, desde su Ingreso y durante su permanencia; el trato y condiciones de detención de los adolescentes.

Mediante los instrumentos, se recabó información relacionada con la normatividad que rige los centros, así como aquellos aspectos que garantizan el respeto a los derechos humanos de los adolescentes privados de la libertad, relacionados con la situación jurídica, estancia digna, protección de la salud, integridad personal, vinculación social, el mantenimiento del orden y la aplicación de medidas disciplinarias, y particularmente de quienes, además, pertenecen a otros grupos en situación de vulnerabilidad.

Lo alarmante que establece el informe son las conclusiones a las que llega el trabajo de expertos pues nos menciona lo siguiente: Como resultado de las visitas, se detectó la existencia de situaciones que contravienen diversas normas nacionales e internacionales que vulneran los derechos humanos de las personas adolescentes alojadas en los centros de tratamiento interno, relacionadas con el trato, condiciones de las instalaciones e insalubridad; falta de áreas para el acceso a servicios y actividades; condiciones de desigualdad de las áreas y falta de personal especializado; deficiencias en la alimentación; problemas de gobernabilidad, privilegios; así como inapropiada separación y clasificación. También se detectaron irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias, inexistencia de reglamentos y de manuales de procedimientos, deficiencias en la prestación del servicio médico, ausencia de programas contra las adicciones, insuficiencia de personal y de actividades necesarias para la reintegración social y familiar, falta de capacitación del personal y deficiencias en la supervisión de los centros de tratamiento interno, obstrucción de la visibilidad hacia el interior de las estancias, deficiencias que afectan los vínculos con personas del exterior, así como falta de modificaciones y adaptaciones para facilitar la accesibilidad de personas con discapacidad física. [*]

En los transitorios de la  Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes  se establece el plazo legal para la plena operación del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes el día 18 de junio de 2019, sin embargo, ha sido descuidado este tema, pero sigue siendo prioridad de esta cuarta transformación el presente y futuro de los jóvenes, es así que consideramos pertinente que en todos los ámbitos seamos congruentes y eficaces para seguir construyendo mejores oportunidades de crecimiento en este país.

Dar seguimiento a la materia es de vital importancia, pues los adolescentes se encuentran en una etapa de formación que ofrece la flexibilidad en su formación, la información solicitada nos ayudaría a tener un referente para conducir nuestras acciones y ayudar a cumplir con este compromiso que tenemos con la juventud.

De lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del Senado de la República la siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - El Senado de la República exhorta respetuosamente a los gobiernos de las entidades federativas para que en el ámbito de sus respectivas funciones y competencias realicen un informe detallado sobre el estado en el que encuentra la operación y la implementación del sistema integral de justicia penal para adolescentes.

Senador Miguel Ángel Lucero Olivas

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 10 días de septiembre del 2019.