+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan dos párrafos al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DOS PARRAFOS AL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE NOMBRAMIENTO DE LOS CONSEJEROS DE LA JUDICATURA.

SEN. MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
LXIV LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
PRESENTE.

El suscrito, Damián Zepeda Vidales, Senador de la República, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura al Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 164, numeral 3; 169 y 172; así como los demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA DOS PARRAFOS AL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Lo anterior, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Resumen del objeto de la Iniciativa

La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer la autonomía y profesionalismo del Poder Judicial, mediante:

  1. El mejoramiento del mecanismo de nombramiento de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal correspondientes al Senado de la República, transformándolo de un esquema discrecional y sin regulación a un esquema de convocatoria pública, con metodología de evaluación y concursos de oposición;
  2. La eliminación de la participación del Poder Ejecutivo en la integración del mismo, pasando su facultad de propuesta de un Consejero al Senado de la Republica;
  3. El nombramiento de 3 de los 7 integrantes del Consejo por parte del Senado por dos terceras partes del mismo, en lugar de la mayoría simple actualmente requerida;
  4. El establecimiento de un requisito adicional para los Consejeros de no pertenencia a partidos políticos.

  Antecedentes

En México la divisio?n de Poderes, asi? como la independencia que existe entre e?stos, constituye la base del Estado democra?tico. Nuestra Constitucio?n establece que el Supremo Poder de la Federacio?n se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que, como regla general, no podra?n reunirse dos o ma?s de estos Poderes en una sola persona o corporacio?n, lo que sustenta el principio complementario de autonomi?a de cada uno de ellos.
El Poder Judicial como poder independiente, debe gozar de tres condiciones fundamentales para que su ejercicio sea válido: imparcialidad,  autonomía y profesionalismo.


El Poder Judicial debe ser concebido como un servicio público de la mayor relevancia para la población, generando confianza en los usuarios de los servicios de justicia. Si se parte de que algunos integrantes del Poder Judicial están abiertamente cargados a los intereses del Poder del Ejecutivo, no habrá confianza en que la labor que realizan sea apegada al derecho y a la justicia.


“...la intervención del Poder Ejecutivo en la nominación de candidaturas -es decir, en la conformación de las ternas que se someten a la consideración del Senado- resulta perniciosa, ya que puede llegar a impedir que dentro del máximo órgano judicial de nuestro país se consoliden las diversas corrientes del pensamiento jurídico existentes.


En otras palabras, que el Presidente de la República sea la única instancia para nominar a los aspirantes a la Suprema Corte, puede inducir, en un momento dado, cierta homogeneidad de pensamiento o de criterios jurídicos- políticos, en este caso, afines al Presidente encargado de las correspondientes nominaciones. Ese no es lo mejor para el funcionamiento de un órgano judicial que tiene como su función más importante ejercer el control de constitucionalidad, en el que siempre se debe privilegiar el pluralismo propio del Estado constitucional y democrático de derecho”.
Junto con el nombramiento de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se encuentra el nombramiento de los Consejeros de la Judicatura Federal, situado este dentro del Poder Judicial, aunque sus funciones sean predominantemente administrativas.

De acuerdo con el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
El Consejo estará integrado por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.
El propio artículo 100 establece de manera categórica que los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución.


Por otro parte el artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que:


“La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y esta ley.
El Consejo de la Judicatura Federal velará, en todo momento, por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este último.”
Derivado de lo anterior es clara la máxima relevancia de las facultades del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual debe tener garantizada una integración profesional y ajena a intereses particulares. Al respecto, se han expresado dudas sobre la posible violación del principio de división de poderes por este organismo, ya que el Consejo de la Judicatura interfiere con los jueces y tribunales y en el mismo tiene injerencia el Poder Ejecutivo, convirtiendo al Consejo en un órgano hegemónico.


En la actualidad los retos mas importantes que tiene el Poder Judicial, caen en la esfera del Consejo de la Judicatura Federal: la profesionalización a través del fortalecimiento de la carrera judicial y evitar malas practicas como el nepotismo.
Es por todo lo anterior que resulta indispensable una modificación al mecanismo de nombramiento de los Consejeros que permita, por un lado, un método de nombramiento abierto, con convocatoria publica, concursos de oposición y criterios claros de evaluación, con el objeto de generar una discusión pública en torno a la viabilidad de los mejores perfiles, y, por el otro, eliminar la participación del Poder Ejecutivo en la integración del mismo. En una verdadera división de poderes nada tiene que hacer el Poder Ejecutivo interviniendo en las decisiones del Poder Judicial, no así el Poder Legislativo que, como representante directo de los ciudadanos, puede fungir en éste y otros nombramientos como contrapeso y garante de independencia de los perfiles elegidos, para lo cual es indispensable el esquema de nombramiento sea fortalecido con uno que garantice profesionalismo e imparcialidad en la selección.

En la consolidación de nuestro sistema democrático, el papel del Poder Judicial en general y del Consejo de la Judicatura en lo particular serán centrales en la resolución de conflictos jurídicos, de diversos ámbitos, incluyendo políticos y sociales, de ahí la necesidad de ir asegurando su independencia, autonomía y profesionalismo para garantizar un verdadero Estado de Derecho.

Por décadas en el viejo régimen autoritario, el Presidente en turno mantuvo una clara incidencia en el Poder Judicial y, en algunos casos, subordinación. Hoy no podemos permitirnos regresar a ese pasado autoritario. Por eso debemos continuar dando los pasos indispensables para garantizar un auténtico equilibrio y profesionalización de los poderes.

Debemos insistir en un mecanismo abierto, que elimine sesgos y que permita a la sociedad pronunciarse sobre los candidatos, además en un procedimiento abierto es fundamental evaluar el perfil de cada aspirante, para que demuestre sus capacidades y preparación intelectual, a través de la presentación de exámenes racionales. Asimismo, es importante la comparecencia de los aspirantes, siendo la entrevista presencial el espacio que permitirá indagar de manera directa las cualidades y méritos de la persona. Todo en ello en un ambiente de transparencia, de frente a la sociedad.

De igual forma en esta iniciativa se establece el requisito de que el nombramiento de los Consejeros de la Judicatura Federal, sea efectuado por las dos terceras partes del Senado, a diferencia de la mayoría simple establecida actualmente. Lo anterior acorde a la relevancia del cargo y a efecto de impulsar una valoración más profunda que evite asimismo que una sola fuerza política o las mayorías preestablecidas impulsen perfiles sin la independencia y profesionalismo requerido.

En este mismo sentido se propone establecer como requisito indispensable que los Consejeros no hayan desempeñado cargo de dirección, militancia o representación de algún partido político en los seis años anteriores a su designación.

Propuesta Concreta

La iniciativa contempla la reforma y adicion de dos parrafos al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

  • En primer lugar se elimina la posibilidad de nombramiento por parte del Poder Ejecutivo de un Consejero de la Judicatura Federal y se establece que el Senado nombrara a tres de los siete Consejeros de la Judicatura Federal, con el voto de las dos terceras partes del Senado.
  • Se establece un procedimiento abierto para la designación de los Consejeros de la Judicatura Federal, con convocatoria pública, criterios de evaluación y concursos de oposición.
  • Se establece como requisito para los Consejeros el no haber desempeñado cargo de dirección, militancia o representación de algún partido político en los seis años anteriores a su designación.

Cuadro comparativo

La iniciativa que se plantea quedaría en los siguientes términos:

Texto Constitucional vigente

Texto iniciativa

Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el Presidente de la República.

Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial.

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.

Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; y tres Consejeros designados por el Senado.

El Senado de la República designará por el voto de las dos terceras partes a tres integrantes del Consejo de la Judicatura, bajo el siguiente procedimiento:

  • La Comisión de Justicia del Senado emitirá convocatoria pública abierta, la cual contendrá el procedimiento de selección a seguir, mismo que deberá considerar, por lo menos, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo de cada uno de los aspirantes, la aplicación de exámenes de oposición a los aspirantes que cumplan con los requisitos y la comparecencia de cada uno de los aspirantes que hayan aprobado los exámenes ante los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado.
  • La Comisión de Justicia del Senado elaborará y publicará la metodología de evaluación de los aspirantes en cada una de las etapas del procedimiento.
  • La Comisión de Justicia propondrá al Pleno del Senado una terna para la vacante de cada uno de los tres Consejeros, que estará integrada por los candidatos que hayan obtenido las mejores evaluaciones, acorde a la metodología mencionada. En caso de que la terna sea rechazada por el Pleno del Senado, la Comisión de Justicia enviará al Pleno una nueva terna con los siguientes candidatos con mejores evaluaciones.
  • En caso de que el Pleno del Senado rechace en dos ocasiones las ternas o no se reuna la votación requerida, la Comisión de Justicia del Senado emitirá una nueva convocatoria para la selección del candidato a Consejero.
  • Todas las etapas del procedimiento de selección deberán apegarse a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Las personas que mediante este procedimiento sean elegidas para desempeñar el cargo de Consejero deberán rendir protesta ante el Senado.

Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial. En ambos casos será requisito indispensable el no haber desempeñado cargo de dirección, militancia o representación de algún partido político en los seis años anteriores a su designación.

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.

Por las razones antes expuestas, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN DOS PARRAFOS AL ARTÍCULO 100 DE LA CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

UNICO.- Se reforma y adicionan un parrafo tercero y cuarto al artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriendose el orden de los parrafos, para quedar como sigue:

Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; y tres Consejeros designados por el Senado.

El Senado de la República designará por el voto de las dos terceras partes a tres integrantes del Consejo de la Judicatura, bajo el siguiente procedimiento:

  1. La Comisión de Justicia del Senado emitirá convocatoria pública abierta, la cual contendrá el procedimiento de selección a seguir, mismo que deberá considerar, por lo menos, la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en este artículo de cada uno de los aspirantes, la aplicación de exámenes de oposición a los aspirantes que cumplan con los requisitos y la comparecencia de cada uno de los aspirantes que hayan aprobado los exámenes ante los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado.
  2. La Comisión de Justicia del Senado elaborará y publicará la metodología de evaluación de los aspirantes en cada una de las etapas del procedimiento.
  3. La Comisión de Justicia propondrá al Pleno del Senado una terna para la vacante de cada uno de los tres Consejeros, que estará integrada por los candidatos que hayan obtenido las mejores evaluaciones, acorde a la metodología mencionada. En caso de que la terna sea rechazada por el Pleno del Senado, la Comisión de Justicia enviará al Pleno una nueva terna con los siguientes candidatos con mejores evaluaciones.
  4. En caso de que el Pleno del Senado rechace en dos ocasiones las ternas o no se reuna la votación requerida, la Comisión de Justicia del Senado emitirá una nueva convocatoria para la selección del candidato a Consejero.
  5. Todas las etapas del procedimiento de selección deberán apegarse a los principios de transparencia y rendición de cuentas.

Las personas que mediante este procedimiento sean elegidas para desempeñar el cargo de Consejero deberán rendir protesta ante el Senado.

Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos señalados en el artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial. En ambos casos será requisito indispensable el no haber desempeñado cargo de dirección, militancia o representación de algún partido político en los seis años anteriores a su designación.

El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine.

Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

Los Consejeros no representan a quien los designa, por lo que ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante su encargo, sólo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.

Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva.

La Suprema Corte de Justicia elaborará su propio presupuesto y el Consejo lo hará para el resto del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 99 de esta Constitución. Los presupuestos así elaborados serán remitidos por el Presidente de la Suprema Corte para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. La administración de la Suprema Corte de Justicia corresponderá a su Presidente.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

A T E N T A M E N T E

Salón de sesiones del Senado de la República a 10 de septiembre de 2019

SENADOR DAMIÁN ZEPEDA VIDALES
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL


José Carbonell y Miguel Carbonell. El nombramiento de los ministros de la Suprema Corte: Una propuesta de reforma. Biblioteca virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.