+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE ANTICORRUPCIóN, TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIóN CIUDADANA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

PRESENTE

El que suscribe, Julen Rementería del Puerto, Senador de la República, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de esta LXIV Legislatura, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 numeral 1 fracción I y 164 del Reglamento del Senado de la República,  someto a la consideración de esta cámara la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma los artículos 132 y 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 7 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 6º Constitucional el cual sirvió de referente para que el 4 de mayo de 2015 fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tiene como principal fin el transparentar plenamente el ejercicio de la función pública, reconociendo dicha obligación a cargo de los sujetos obligados, como una contraparte del derecho de acceso a la información de los ciudadanos.

Su expedición representó un importante avance para la consolidación de la transparencia en el ejercicio de la función pública en nuestro país, que hoy por hoy es una de las principales exigencias de las y los mexicanos.

Con la entrada en vigor de la LGTAIP se consideran sujetos obligados en materia de transparencia a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.

Asimismo, la LGTAIP prevé que todos los sujetos obligados deben publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y en sus respectivos portales las obligaciones de transparencia generales y específicas, que en conjunto ascienden a más de 170 tipos de información; cuyo incumplimiento puede ser denunciado por las personas ante el organismo garante competente. Además, en el orden federal, los ciudadanos están en posibilidad de interponer la denuncia correspondiente.

Con el fin de garantizar plenamente el derecho de acceso a la información del ciudadano, se establecieron mecanismos mediante los cuales el ciudadano puede acudir ante los sujetos obligados en busca de información y éstos quedan obligados a proporcionarla en los términos señalados en el propio ordenamiento, salvo en los casos de excepción expresamente previstos.

Sobre el diagnóstico de la materia, de acuerdo al Informe de labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, correspondiente al año 2018, desde 2014 a septiembre de 2018, los ciudadanos presentaron más de 920 mil solicitudes de acceso a la información en el ámbito federal, cifra que es superior a las 821 mil que fueron presentadas entre 2003 al 2013, así como más de 44 mil recursos de revisión contra los 51 mil resueltos en los diez años anteriores.

Respecto a los sentidos de las resoluciones en los recursos de revisión, en estos últimos cinco años, en 42.6 por ciento de las mismas el Pleno del Instituto resolvió instruir a los sujetos obligados entregar la información, en el 3.5 por ciento les confirmó las respuestas, y en las restantes las sobreseyó, debido principalmente a que se entregó la información, o bien se desecharon o se dieron por no presentados, en estos dos últimos casos, porque no cumplieron con alguno de los requisitos exigidos por la ley de la materia.

Por su parte, a finales del mes de agosto, el Comisionado Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, advirtió un incremento importante en las solicitudes de acceso a la información pública realizadas al gobierno federal, como a los gobiernos de las entidades federativas; en el caso del gobierno federal un incremento de entre el treinta y el cuarenta por ciento, y particularmente un incremento del trecientos cincuenta por ciento las realizadas a la Oficina de la Presidencia de la República, con motivo de las conferencias matutinas del Presidente de la República, donde durante el primer semestre de 2019 se recibieron mil ochocientas solicitudes de información, mientras que en el mismo periodo del año anterior, se tuvieron cuatrocientas solicitudes, así como 350 recursos de revisión, por sólo 20 en el mismo lapso durante el año 2018.

De los datos señalados anteriormente, es acertado concluir que el ejercicio del derecho de acceso a la información en México ha servido a los ciudadanos para defender otros derechos; es una manifestación de rendición de cuentas por parte de las autoridades; es un factor determinante para identificar posibles actos de corrupción, de deficiencias operativas e insuficiencias de las políticas públicas ; sin embargo, aún cuando la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública es considerada una herramienta de avanzada, como toda ley, requiere de un análisis constante, que perfeccioné su contenido, y culmine  en una mejor herramienta para el ejercicio de este derecho.

En tal virtud, a más de cuatro años de la expedición de la ley general, si bien se ha logrado reducir la arraigada concepción patrimonialista de los servidores públicos sobre los asuntos de su competencia, a fin de que la información pública sea entregada a los ciudadanos, ahora el reto es que esta sea entregada a los ciudadanos, a través de los mecanismos que señala la ley, en un menor lapso de tiempo, pues como se ha dicho, el ejercicio del derecho a saber, coadyuva sin lugar a dudas a combatir los actos de corrupción.

Por ello, reconociendo que las instancias de transparencia se encuentran por debajo de las necesidades presupuestales, desde las unidades de transparencia de los sujetos obligados hasta los organismos garantes con autonomía constitucional especializados en la materia, este gobierno y su mayoría en el Congreso de la Unión tienen un compromiso pendiente derivado de su promesa de “combate a la corrupción”, el cual solo podrá cumplirse de manera real mediante el fortalecimiento  de los mecanismos que hacen efectivo el derecho a saber, lo que implica por un lado, mayores recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y los correspondientes a las entidades federativas para el ejercicio 2020, y por el otro, la reducción de los plazos para poner a disposición de los ciudadanos la información pública, pues el acceso a la información pública representa la vía más importante para conocer si este gobierno está cumpliendo con lo que promete.

De esta manera, la presente iniciativa propone reducir el plazo para entregar la respuesta a la solicitud de acceso a la información, pasando de veinte días hábiles a diez días hábiles, con la posibilidad de prórroga por diez días hábiles más; y propone reducir el plazo para resolver los recursos de revisión, pasando de cuarenta días hábiles a veinte días hábiles, con posibilidad de ampliación del plazo hasta por diez días hábiles más; y plantea la entrada en vigor del decreto a partir del primero de enero del año 2020.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LOS ARTÍCULOS 132 y 146 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma el párrafo primero del artículo 132 y el párrafo primero del artículo 146 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para quedar como sigue:

Artículo 132. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de diez días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.                  

Artículo 146. El organismo garante resolverá el recurso de revisión en un plazo que no podrá exceder de veinte días, contados a partir de la admisión del mismo, en los términos que establezca la ley respectiva, plazo que podrá ampliarse por una sola vez y hasta por un periodo de diez días.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al 1o. de enero de 2020.  

SEGUNDO. Las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley, dentro de un plazo de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Ciudad de México, 2 de septiembre de 2019

ATENTAMENTE

SENADOR JULEN REMENTERÍA DEL PUERTO

Informe de labores del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, correspondiente al año 2018, pág. 30. Disponible desde: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/64/2019/feb/Inai-20190226.pdf