+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Código de Ética y Conducta Contratos Relevantes
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el artículo 105, fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA

PRESENTE

La que suscribe MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, Senadora de la República e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 numeral 1, fracción l, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente “Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 105, fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, en materia de Acciones de Inconstitucionalidad”, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

La Acción de Inconstitucionalidad constituye uno de los más importantes medios de control en el sistema jurídico mexicano, principalmente por el alcance del sentido de sus resoluciones que tienen efectos generales, lo que beneficia a todos los gobernados aún y cuando no hayan interpuesto juicio alguno. Pero sobre todo, este mecanismo permite salvaguardar el sistema jurídico mexicano manteniéndolo en armonía con el texto constitucional.

De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los medios de control de la constitucionalidad , “son los instrumentos a través de los cuales se busca mantener o defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

En nuestro país, el control constitucional lo realiza el Poder Judicial de la Federación, quien busca una resolución objetiva y jurídica apegada al texto constitucional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla diversos medios de control constitucional, de los que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los cuales podemos destacar: las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.

Respecto a la acción de inconstitucionalidad, fue introducida al sistema jurídico mexicano mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994 y constituye una vía para que las minorías del Congreso de la Unión y de los Congresos Locales; así como el Ejecutivo Federal; los Partidos Políticos tratándose de leyes electorales; la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y la Fiscalía General de la República puedan someter a consideración de nuestro Tribunal Supremo la que consideran una Ley contraria al texto constitucional, con la finalidad de que dicho ordenamiento sea invalidado.

De acuerdo con la SCJN, se trata de “Un medio de control de la constitucionalidad que se tramita en forma exclusiva ante la SCJN, por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía: ley, tratado internacional, reglamento o decreto, con el objeto de preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efecto las normas declaradas inconstitucionales ”.

El Ministro José Ramón Cossío , señala que la función básica de las acciones de inconstitucionalidad es “darle racionalidad y ponerle límites al principio de las mayorías”, es decir, se trata de un mecanismo con que cuentan las minorías a efecto de que puedan consultar a la SCJN, en relación a la constitucionalidad de una norma que consideran contraria a nuestro máximo ordenamiento, con lo cual se garantiza su supremacía.

De acuerdo con la SCJN , en la jurisprudencia titulada al rubro “Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad. Diferencias entre ambos medios de control constitucional”, dentro de las características de las acciones de inconstitucionalidad podemos enlistar las siguientes:

  • Se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental;
  • La acción de inconstitucionalidad puede ser promovida por el Procurador General de la República , los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma ;
  • Se eleva una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma;
  • Se ventila un procedimiento;
  • Pueden combatirse cualquier tipo de normas;
  • Sólo procede por lo que respecta a normas generales; y,
  • Los efectos de la sentencia dictada tendrán efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros.

Si la SCJN aprueba por cuando menos 8 votos la invalidez de una norma, ésta no podrá volver tener vigencia ni aplicársele a persona alguna. Lo que implica que las sentencias dictadas en las acciones de inconstitucionalidad tienen efectos generales (erga omnes). En caso de que no se aprobaran por dicha mayoría, el Tribunal Pleno desestimará la acción ejercitada y ordenará el archivo del asunto.

De acuerdo con lo que disponen los artículos 105 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62 de la Ley Reglamentaria, la demanda en que se ejercite la acción de inconstitucionalidad deberá estar firmada por:

  • El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de leyes federales;
  • El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de las leyes federales o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;
  • El Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;
  • El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de alguna de las Legislaturas de las entidades federativas en contra de las leyes expedidas por el propio órgano;
  • Los partidos políticos por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro en una entidad federativa, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas por la Legislatura de la entidad federativa que les otorgó el registro;
  • La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren derechos humanos. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas;
  • El organismo garante que establece el artículo 6° de esta Constitución en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; y
  • El Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones;

De acuerdo con el artículo 105, fracción II de nuestro máximo ordenamiento, la SCJN conocerá “De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución”, es decir, las normas que podrán ser impugnadas son las Leyes Federales expedidas por el Congreso de la Unión; Tratados Internacionales y Leyes de las Entidades Federativas.

Por lo que respecta a las Leyes de las Entidades Federativas, es decir Constituciones y Leyes Locales, es importante precisar que ni la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, cuenta con atribuciones para plantear la posible contradicción de estas respecto del texto constitucional.

De lo anterior que esta propuesta tenga como finalidad reformar la fracción II, incisos a) y b) del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados y al mismo porcentaje de integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que puedan plantear ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la posible contradicción de las Leyes de las Entidades Federativas, con respecto al texto constitucional.

Resulta fundamental que el Congreso de la Unión cuente con atribuciones para plantear la posible inconstitucionalidad de leyes locales que considera contrarias al principio de supremacía constitucional, con lo que sin duda alguna contribuirá a preservar y garantizar la eficacia del sistema jurídico.

Es evidente que la presunción de inconstitucionalidad es suficiente para que el Congreso de la Unión pueda denunciar una posible inconstitucionalidad, pues al final será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien determinará lo conducente.

Por lo expuesto, presento ante esta Honorable Asamblea el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÙNICO. Se reforma el artículo 105, fracción II, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 105…

I…

II…

a)  El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas;

b) El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de normas generales de carácter federal y de las entidades federativas, así como de los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c) a i)…

III…

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entra en vigor a los 180 días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. El Congreso de la Unión deberá realizar adecuaciones a las leyes secundarias en un plazo de 180 días a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República, julio 2019

Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez

FUENTES

1. Bibliografía consultada

FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y ZALDÌVAR LELO DE LARREA, Arturo (Coord.), La Ciencia del Derecho Procesal Constitucional, Tomo VIII Procesos Constitucionales Orgánicos, Ed. UNAM- Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2008, pp. 1038

BURGOA ORIHUELA, Ignacio; El Juicio de Amparo, 25 ed., México, Porrúa, 1988, p. p. 1108

Cerezo Vélez, Félix, Introducción al Derecho Procesal Constitucional. En Ruperto Patiño Manfer, Ruperto y Ríos Ruiz, Alma de los Ángeles (Coord.), Derecho Constitucional, Porrúa, México, 2009, pp. 459

COSSÌO D, José Ramón, Artículo 105. En CARBONELL, Miguel (Coord.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada, 19 ed., Tomo IV, México, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, pp. 452

2. Bibliografía de apoyo

ARTEAGA NAVA, Elisur, Derecho Constitucional, 3ª ed., Oxford, México, 2008, pp. 1135.

CRUZ BARNEY, Oscar, Historia del Derecho en México, 2ª. ed., México, Oxford, 2004, pp.1042.

SUÀREZ CAMACHO, Humberto, El Sistema de Control Constitucional en México, 4ª. Ed, México, Porrúa, 2014, pp. 488

TENA RAMÌREZ, Felipe, Derecho Constitucional Mexicano, 39 ed., México, Porrúa, 2007, pp. 653.

4. Páginas Electrónicas

Cámara de Diputados: http://www.ordenjuridico.gob.mx

Suprema Corte de Justicia de la Nación: http://www.scjn.gob.mx

Véase ¿Qué hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación? en: https://www.scjn.gob.mx/conocelacorte/Paginas/Que_hace_SCJN.aspx

Op. Cit. 1

COSSÌO D, José Ramón, “Artículo 105”. En CARBONELL, Miguel (Coord.), Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada y Concordada, 19 ed., Tomo IV, México, Porrúa-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2006, p. 180

Tesis P./ J. 71/2000, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, T. XII, agosto 2000, p. 965

Ahora Fiscal General de la República

El 14 de septiembre de 2006 se facultó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para interponer acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas. También existe la atribución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en contra de leyes de carácter federal y local, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de datos personales. Asimismo, los organismos garantes equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas locales; y el Fiscal General de la República respecto de leyes federales y de las entidades federativas, en materia penal y procesal penal, así como las relacionadas con el ámbito de sus funciones.