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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. María Leonor Noyola Cervantes, con proyecto de decreto que reforma el artículo 30, inciso B), fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


Ma. Leonor Noyola Cervantes, Senadora de la República, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la Sexagésima Cuarta Legislatura, del Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Cámara de Senadores, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 30, inciso B), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos.

El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece dos principios fundamentales: el de igualdad y de no discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Asimismo, el artículo 4 de la Constitución Federal, reconoce como derecho humano y fundamental de las personas el de protección de la familia, destacando que el concepto de familia no es equivalente al de matrimonio, toda vez que éste sólo es una de las distintas formas para conformar una familia.

Además, nuestro Pacto Federal establece la obligación para todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Lo anterior, implica que los órganos o autoridades que ejercen una función materialmente legislativa o normativa están obligados no sólo a usar términos o fórmulas que aparentan neutralidad, sino que deben llevar a cabo un ejercicio reflexivo, consciente, informado y prudente que tenga como resultado la redacción de un texto normativo que, sin lugar a dudas o a interpretaciones, sea incluyente en su manifestación y proscriba cualquiera asomo de discriminación en su lectura y aplicación.

Por su parte, los siguientes instrumentos internacionales de los cuales nuestro país forma parte, y en términos de lo previsto en el artículo 1 de la Constitución General de la República es obligación respetarlos, se establecen los derechos humanos de igualdad, no discriminación por razón de la preferencia sexual y protección a la familia.

a). Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 1, 24 y 26).

b). Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículos 2 y 26).

c) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 2).

d). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3).

e). Convenio 111 de la Organización Mundial del Trabajo.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido a través de su jurisprudencia el alcance al principio de igualdad, el cual se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, frente a la cual es incompatible toda situación que, por considerar superior a un determinado grupo, conduzca a tratarlo con privilegio, o que, a la inversa, por considerarlo inferior, lo trate con hostilidad o de cualquier forma lo discrimine del goce de derechos que sí se reconocen a quienes no se consideran incursos en tal situación .

Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la igualdad, como principio constitucional, subyace en toda la estructura del sistema jurídico y, por tanto, constituye un límite a los poderes del Estado conforme al cual debe cuidarse el no generar paridad entre todos los individuos —igualdad formal o jurídica—, ni tampoco una igualdad material o real, sino que exige razonabilidad en la diferencia de trato.

Así también, el Máximo Tribunal de nuestro país ha establecido que las denominadas “categorías sospechosas” han sido definidas como los factores constitucionalmente prohibidos de discriminación, como lo referí anteriormente las motivadas por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas . Estas causas de discriminación también han sido advertidas en el ámbito internacional, particularmente en el artículo 1.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos .

Además, el Tribunal Pleno de nuestro país, ha determinado que la protección del artículo 4° constitucional alcanza a todos los tipos de familias, ya sea las formadas por la unión de un hombre y una mujer, las formadas por personas del mismo sexo, o bien las familias monoparentales o por cualquier otra forma que denote un vínculo similar, es decir, no se puede acudir a un estereotipo o modelo determinado cuando nos referimos a la familia, pues el elemento en común es la existencia de lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común.

El principio fundamental de igualdad y no discriminación ha ingresado en el dominio del ius cogens. Sobre este principio descansa el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional, lo cual conlleva a la obligación del Estado de abstenerse de realizar acciones que —directa o indirectamente— vayan dirigidas a crear acciones de discriminación de iure o de facto, así como la obligación del Estado de adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades.

Quiero señalar que el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República, llevó a cabo un estudio en el tema de pensiones para las parejas del mismo sexo estableció que para los miembros viudos de una pareja también del mismo sexo representa un reto hacia el futuro, que no se trata únicamente del reconocimiento de derechos a ciertos grupos de personas como las parejas del mismo sexo, se trata también de contar con un sistema de pensiones viable tanto para ellos como para el resto de la ciudadanía.

En nuestro caso, dicho estudio trasciende porque concluyó que los progresos en el tema deberán seguir materializándose en leyes inclusivas y/o acciones afirmativas, que desde luego tendrán que incluir a los matrimonios del mismo sexo, esto representa un reto importante y no necesariamente fácil para los estados, pero es un desafío que requiere de esfuerzo y voluntad por parte de todos los involucrados.

Ahora bien, el vigente artículo 30, inciso B), fracción II, de la Constitución General de la República establece que son mexicanos por naturalización la mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley, lo que implica la exclusión de género y restringe ese beneficio a las personas con orientación sexual diversa, y que forman otro tipo de matrimonios, no obstante de encontrarse en el mismo supuesto jurídico —con independencia del tipo de matrimonio que conformen— pues al estar en la misma situación que cualquier otra persona se tiene el mismo derecho a ser naturalizado mexicano.

De ahí la necesidad de que se reforme el referido artículo constitucional, con el fin de que se suprima el estado de discriminación generado por el contenido de dicha norma y los matrimonios del mismo sexo se encuentren, legal y expresamente en una situación de igualdad y no discriminación en cuanto al derecho de los mexicanos de ser naturalizados.

Por los anteriores motivos, se propone se hagan las modificaciones correspondientes al artículo 30, inciso B), fracción II, de la Carta Magna, por lo que con fundamento en lo previsto en los artículos 71, fracción II, 72, y demás relativos y aplicables de ésta; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente:

Iniciativa con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 30, inciso B), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Decreto.

Artículo Único. Se reforma el artículo 30, inciso B), fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 30. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.

A).- Son mexicanos por nacimiento:

I.- Los que nazcan en territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres.

II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional.

III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización, y

IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

B).- Son mexicanos por naturalización:

I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.

II.- La mujer extranjera que contraiga matrimonio con varón o mujer mexicanos, o el varón extranjero que contraiga matrimonio con mujer o varón mexicanos, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la ley.

Transitorios.

Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente,

Ma. Leonor Noyola Cervantes.

Senadora de la República.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 05 de septiembre de 2019.

Corte IDH, Propuesta de Modificación a la Constitución Política de Costa Rica relacionada con la Naturalización. Opinión Consultiva OC-4/84 del 19 de enero de 1984. Serie A No. 4, párr. 55 y Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Serie C No. 289, párr. 216. Caso Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de febrero de 2016.

Así se desprende de la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia P. /J. 10/2016 de rubro: “CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO”. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, página 8.

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos
Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Los criterios específicos respecto de los cuales el artículo 1.1 de la Convención Americana prohíbe discriminar, son un listado taxativo o limitativo sino meramente enunciativo, por lo que la redacción del artículo en mención deja abierto los criterios de inclusión de “cualquier otra condición social”. Corte IDH, Caso Atala Riffo y Niñas vs Chile Fondo Reparaciones y Costas, párrafo 85.