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Proposiciones

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con punto de acuerdo que exhorta al Congreso del estado de Baja California a enviar al Ejecutivo de su estado el decreto para la promulgación de la reforma al Artículo Octavo Transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el Decreto 112, de fecha 11 de septiembre del año 2014.

SE TURNó A LA COMISIóN DE GOBERNACIóN.


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA REPÚBLICA EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A ENVIAR AL EJECUTIVO DE SU ESTADO EL DECRETO PARA LA PROMULGACIÓN DE LA REFORMA AL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, APROBADO MEDIANTE EL DECRETO 112 DE FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014,  Y A QUE SE INVALIDE LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA POPULAR POR TRATARSE DE UNA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

La que suscribe, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 8, numeral 1 fracción II, 108 y 276 del Reglamento del Senado de la República, así como 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Proposición con punto de acuerdo por el que el Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California a enviar al ejecutivo de su Estado el decreto para la promulgación la Reforma al Artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado mediante el decreto 112 de fecha 11 de septiembre del año 2014  y a que se invalide la realización de la consulta popular por tratarse de una acción de inconstitucionalidad, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primera.- El 8 de julio del año en curso, 21 de los 25 diputados que conforman el Congreso local, avalaron modificar el artículo octavo transitorio del decreto No. 112 de la Constitución del Estado para que el gobierno de Jaime Bonilla Valdés concluya en octubre de 2024, y no en 2021, como ya había resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esta medida se aparta de los principios constitucionales de legalidad y certeza que deben observar los procesos electorales, pero además se vulneran los derechos de quienes participaron en la jornada electoral y emitieron su sufragio para elegir a un gobernador para un plazo de dos años.

Como consecuencia de este hecho, el pasado 17 de julio, senadores y diputados federales de diversos grupos parlamentarios exhortaron al actual gobierno de Baja California a dejar sin efecto, a través de vías legales, la ampliación de mandato del gobernador electo.

Adicionalmente el Congreso de Baja California, desechó la solicitud que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión les envió para dejar sin efecto la reforma.

Segunda.- Para que esta nueva ley pueda ser sometida a una acción de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesaria que esta haya sido promulgada. El 27 de agosto del presente, la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el Partido Acción Nacional en contra de la “Ley Bonilla” fue declarada no procedente, ya que no ha sido promulgada, por lo que no está vigente dentro del orden jurídico mexicano.

En ese tenor, los diputados del Congreso de Baja California que aprobaron dicha ley, y que terminaron su encargo el 31 de julio, dejaron a los legisladores locales entrantes, la tarea de promulgar en la Constitución local esa reforma o enviarla al Gobernador de la entidad para tal efecto.

Tras haber entrado en funciones el 1 de agosto, la XXIII Legislatura del estado sigue sin promulgar la ley en comento haciendo alusión a un supuesto extravío del documento.

Sin embargo, los agravios contra nuestra democracia no se detuvieron ahí; por 17 votos a favor y 7 en contra, el Congreso del Estado aprobó con dispensa de trámite, someter a consulta popular la también llamada Ley Bonilla. En sesión ordinaria del Congreso se presentó la propuesta por la vía de la Junta de Coordinación Política para crear una comisión especial de seguimiento a una consulta popular la ampliación de mandato del próximo Gobernador, Jaime Bonilla Valdez.

Lo que están tratando de hacer es buscar a toda costa un proceso que les permita legitimar algo que es ilegal ya que es contrario al espíritu del artículo 5 de la Constitución Política del Estado y a la “La Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja California en su Artículo 73 Bis 7 que a la letra señala que “una consulta no puede ser objeto de temas electorales, por lo que no será vinculante”, además busca financiarse con aportaciones voluntarias de los diversos representantes populares, militantes de distintos partidos políticos, grupos de la sociedad civil y todo aquel que desee participar en este procedimiento, recurriendo una vez más a una iniciativa inconstitucional.

La elección de una gubernatura es un tema que merece toda la seriedad ya que está en juego el destino de la vida cívica y política de sus ciudadanos, por lo que se debe favorecer un entorno de certeza jurídica que dé continuidad a los procesos legales que deben llevarse a cabo a fin de resolver, conforme a la ley y el derecho, todos aquellos asuntos que requieren urgente solución y de esa manera evitar prolongar cualquier periodo de incertidumbre que tanto daño le hace a nuestra entidad. Por otro lado, debemos evitar infringir nuestras leyes y conducta cívica mediante prácticas inconstitucionales como lo es la consulta ciudadana.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California a continuar con el Proceso Legislativo y dar certeza jurídica al enviar al Ejecutivo de su Estado el Decreto que Reforma al Artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, aprobado en el Decreto 112, mediante la cual se amplía de dos a cinco años el periodo de gobierno, para su Publicación en el Periódico Oficial del Estado, para ejercer las acciones que en derecho correspondan.

SEGUNDO. El Senado de la República del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Congreso del Estado de Baja California a que se invalide la realización de la Consulta Popular, por tratarse de una acción que avalaría una ilegalidad e iría en contra de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Baja California, toda vez que se prohíbe consultar temas electorales.

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, a los 5 días del mes de septiembre de 2019.

SEN. GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE