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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Raúl Bolaños Cacho Cué y de senadores del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XV al artículo 18; una fracción IX al artículo 22; y un Capítulo Sexto denominado “De los consejos regionales para la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa” de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMíA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


SENADO DE LA REPÚBLICA
LX
IV LEGISLATURA

Del Senador Raúl Bolaños-Cacho Cué que firma al calce, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 18, UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 22 Y UN CAPÍTULO SEXTO DENOMINADO “DE LOS CONSEJOS REGIONALES PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA” DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, con base en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La desigualdad social se ha convertido en un verdadero problema de gobernanza en el mundo que, más allá de las discusiones teóricas o doctrinales sobre el éxito o fracaso de los modelos económicos, lo cierto es que la pobreza, la marginación, y en general, los bajos niveles en los índices de desarrollo humano son problemas estructurales que existen en buena parte de los países, pero tienen mayor profundidad en aquellos que están en vías de desarrollo o los considerados como emergentes. Desde el año 2013 la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió en el Foro Económico Mundial sobre los peligros que genera la desigualdad y la evidencia de diversas investigaciones sobre la relación entre el crecimiento desigual y otros problemas globales.

Bajo este contexto, los diferentes gobiernos comienzan a aprovechar las experiencias internacionales y estudios de caso, lo cual proporciona suficientes diagnósticos y datos empíricos para instrumentar políticas públicas sostenibles, con vertientes sectoriales y regionales, para que, a través del aprovechamiento de las vocaciones productivas y la consolidación de cadenas de valor, puedan generarse sinergias y polos regionales de crecimiento, para satisfacer la demanda local, regional e internacional, pero sobre todo, contribuir a la eliminación de la pobreza y elevar la calidad de vida de los ciudadanos.

En México la desigualdad social y económica tiene diversos orígenes y connotaciones. De manera particular, la desigualdad regional es uno de los más grandes diques nacionales que impiden un crecimiento armónico e incluyente en un país de más de 120 millones de personas. Sin embargo, en México conviven y convergen realidades económicas radicalmente distintas. Si asumiéramos que la brecha que existe entre los estados del norte y el centro con los del sur es cada vez mayor, podemos encontrar que no todos los estados norteños tienen las mismas tasas de crecimiento sostenidas, ni que todo el sur está en completo estancamiento.

Analizando diversos indicadores económicos como el Producto Interno Bruto (PIB), la pobreza, la generación de empleo, la informalidad, la productividad y la competitividad encontramos ciertas particularidades en las dinámicas de crecimiento  y de desarrollo en las diferentes entidades del país y sus regiones, como por ejemplo, Tamaulipas con la menor tendencia de crecimiento durante los últimos 18 años, respecto a Quintana Roo que se encuentra dentro de las cinco estados con mayor crecimiento en el 2017.

La heterogeneidad entre los estados de la república y los municipios se traduce en grandes desigualdades regionales, que van desde las culturales, económicas, sociales y geográficas, las cuales representan importantes retos para el diseño de políticas públicas que incluyan dentro de su población objetivo factores y características tan diversas.

Estadísticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) refieren que del 2008 al 2016 aumentó el número de pobres de 49.5 millones de personas en situación de pobreza (44.4% del total de la población) a 53.4 millones de personas (43.6% de la población nacional). Aunque se observa una disminución en 0.8% en términos de la población total, 3.9 millones de personas más cayeron a situación de pobreza.

Respecto a la pobreza extrema hubo una importante disminución en este periodo al pasar de 11% a 7.6%, que representa 2.9 millones de personas menos en esta situación. Cabe destacar que este organismo de evaluación reconoce que la disminución podría atribuirse a un “... efecto de los programas, acciones y estrategias de coordinación focalizadas que han buscado incidir directamente en los indicadores de la medición de pobreza en los últimos años.”

Las entidades federativas con los porcentajes más altos de población en pobreza fueron Chiapas (77.1%), Oaxaca (70.4%), Guerrero (64.4%), Veracruz (62.2%) y Puebla (59.4%), es decir cerca de 8 de cada 10 chiapanecos y 7 de cada 10 oaxaqueños viven en esta condición.

Aunque en términos absolutos, el Estado de México es el que concentra más pobres (8.3 millones de personas), en estos cinco estados viven cerca de 24 millones de mexicanos, que representan el 45% del total de la población en pobreza.

Un dato muy relevante es que el 58.2% de la población (40.8% en pobreza moderada y 17.4% en pobreza extrema) que vive en zonas rurales está en condiciones de pobreza, es decir, alrededor de 6 de cada 10 personas.

Al desagregarse en pobreza municipal, en 927 municipios el 75% o más de su población estaba en situación de pobreza (la mayoría son municipios pequeños, con un porcentaje alto de población indígena y rurales). En 19 municipios, prácticamente el total de su población (99%) es pobre.

Por otro lado, 185 municipios del país concentraban la mitad de la población en pobreza (26.7 millones de personas) y el municipio de Santos Reyes Yucuna? en Oaxaca era el único con 99.9% de su población en pobreza. Respecto a la pobreza extrema, 18 municipios tenían 75% o más de su población en esta situación, de los cuales 11 se ubicaban en Oaxaca, 2 en Guerrero y 5 Chiapas. Nuevamente, el municipio oaxaqueño Santos Reyes Yucuna? fue el único con más de 90% de su población en situación de pobreza extrema.

Estos datos nos dan una importante dimensión de la necesidad de atender regiones y polos de desarrollo con políticas focalizadas. En un estudio realizado por la Directora del Observatorio Económico, Valeria Moy da cuenta que los estados que más han crecido en los últimos 5 años (Aguascalientes 5.6%, Baja California Sur 5.2%, Guanajuato 5%, Quintana Roo 4.8% y Querétaro 4.7%)  son exactamente los mismos estados que más han crecido en los últimos 10 años (Guanajuato 4.1%, Querétaro 4%, Aguascalientes 4%, Baja California Sur 3.7% y Quintana Roo 3.6%). Es importante destacar que cuatro de los cinco están ubicados en el Bajío o en el norte y, aunque el orden cambia, sus tasas de crecimiento son constantes lo cual es resultado de adecuadas decisiones de política económica y planeación a largo plazo. La excepción quizás es Quintana Roo que ha aprovechado sus recursos naturales para crecer.

De acuerdo con un estudio realizado por investigadores del Instituto Tecnológico de Oaxaca …el desarrollo regional es el proceso generador de riqueza económica, de bienestar social, así como de sustentabilidad, y cuando se manifiesta en igualdad de oportunidades para todos -personas, sectores y regiones- tiende a reflejarse en la armonía de las propias ciudades y regiones. Cuando el desarrollo no es armónico, sacrifica a cualesquiera de estos componentes, pero sobre todo el bienestar y la sustentabilidad en aras del crecimiento económico. En este tipo de desarrollo se manifiestan de manera especial las desigualdades regionales, la falta de eficiencia productiva y la pérdida de competitividad…”

En este mismo sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) realizó un estudio sobre sobre la productividad y las brechas estructurales en México, en donde ponen en evidencia que en nuestro país en los últimos 25 años se perciben importantes y estancamientos en el desarrollo de la economía mexicana. Por un lado, el desempeño del sector exportador puede calificarse de sobresaliente y se ha logrado un cambio estructural hacia sectores de mayor complejidad tecnológica. En cambio, las tasas de crecimiento económico son insuficientes y persisten grandes rezagos sociales. Existe un marcado consenso en el que el modesto desempeño de la actividad económica está asociado cercanamente con una expansión insuficiente de la productividad.

De acuerdo a la CEPAL existe una brecha entre regiones y otra entre sectores productivos. La tercera brecha se plantea entre las empresas orientadas a la exportación y las que se concentran en el mercado local. La cuarta brecha obedece a las diferencias entre tamaños de empresa. Las dos brechas restantes se relacionan con las características de los recursos humanos que se incorporan a la producción y su impacto en la productividad, en particular con la calificación y el

género de los trabajadores. Este organismo recomienda que la reducción de brechas requiere intensificar los esfuerzos en materia de encadenamientos productivos, apoyo a las micro y pequeñas empresas, incremento de la inversión pública y privada, fomento del desarrollo productivo de regiones menos favorecidas, educación y capacitación de la fuerza laboral y la facilitación de la inserción de la mujer al mercado laboral, entre otros.

Estas recomendaciones son coincidentes con el estudio de los investigadores del Instituto Tecnológico de Oaxaca al concluir que si bien las desigualdades regionales son producto del desarrollo alcanzado durante el periodo 1950-2003, y que en fechas recientes los desequilibrios regionales identificados por medio de la evaluación de la sustentabilidad regional aún tienden a ser mayores. Estas reflexiones sugieren que, para alcanzar parámetros de una mayor equidad y una mayor eficiencia sin acelerar los desórdenes regionales, se requiere emprender el desarrollo desde una perspectiva de planificación regional basada en pautas o normas no sólo de cantidad sino de calidad del desarrollo, que permitan proponer metas y objetivos, y regular los procesos, así como ordenar los procedimientos para el manejo de los recursos requeridos. El potencial de desórdenes que aún poseen las regiones de México hace necesario que el futuro desarrollo regional que se emprenda esté basado en una planificación estratégica sustentable.

Bajo este contexto el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 retoma estos preceptos buscando disminuir las brechas de desigualdad en todas las regiones. Dentro de sus ejes rectores plantea instrumentar “…un modelo de desarrollo respetuoso de los habitantes y del hábitat, equitativo, orientado a subsanar y no a agudizar las desigualdades, defensor de la diversidad cultural y del ambiente natural, sensible a las modalidades y singularidades económicas regionales y locales y consciente de las necesidades de los habitantes futuros del país…”

En su apartado de Estrategias Específicas plantea que las decisiones de gobierno estarán sujetas a consulta popular en donde las poblaciones opinarán sobre los asuntos de interés regional o local y someterán al veredicto de las comunidades las acciones gubernamentales que las afecten o involucren, acatando así las disposiciones contenidas en varios artículos de la Constitución y en tratados internacionales de los que México es signatario, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Respecto a la Política social y la Economía propone que el sector público fomentará la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura, pero también facilitará el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas (que constituyen el 93 por ciento y que generan la mayor parte de los empleos), reduciendo y simplificando los requisitos para la creación de empresas nuevas.

Lo anterior está concatenado con dos importantes proyectos de infraestructura en el sur-sureste mexicano atendiendo los grandes rezagos socioeconómicos que vive esa región del país.

El Tren Maya, que se considera el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán. La mayor parte de su ruta pasará por derechos de vía ya existentes, como vías férreas, carreteras y tendidos eléctricos, tendrá 15 estaciones y requerirá de entre 120 mil y 150 mil millones de pesos que provendrán de fuentes públicas, privadas y sociales. Está orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región. Es importante ponderar que procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas.

Otro proyecto de gran calado es el Programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Su objetivo es impulsar el crecimiento de la economía regional con pleno respeto a la historia, la cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano. Su eje será el Corredor Multimodal Interoceánico, que aprovechará la posición del Istmo para competir en los mercados mundiales de movilización de mercancías, a través del uso combinado de diversos medios de transporte. En este marco se busca modernizar el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca, para que puedan ofrecer servicios de carga, transporte, almacenaje, embalaje y servicios logísticos diversos; se fortalecerá la infraestructura carretera y de caminos rurales y la red aeroportuaria y se construirá un gasoducto para abastecer a empresas y consumidores domésticos. A lo largo del recorrido entre ambos océanos se crearán zonas libres para atraer inversiones del sector privado, las cuales se dotarán de infraestructura y se garantizará el abasto de energía, agua, conectividad digital y otros insumos básicos para cubrir las necesidades de las empresas y de la población trabajadora.

En los 76 municipios oaxaqueños y veracruzanos involucrados en este programa se disminuirán el IVA y el ISR y se ofrecerá combustible a precios reducidos. Se construirá infraestructura urbana y se proveerá de servicios educativos y formación de capital humano, vivienda, movilidad e infraestructura para la investigación y el desarrollo tecnológico. En el curso de 2019 se invertirán ocho mil millones de pesos en el proyecto y se ha fijado como objetivo que, a partir de 2020, el Corredor pueda competir en costos y tiempos frente a otras opciones de transporte interoceánico.

Cabe destacar que el 30 y 31 de marzo del presente año, en una consulta realizada mediante asambleas regionales, se obtuvo la autorización del proyecto por parte de los pueblos de la región binnizá o zapoteco, ayuuk o mixe, zoque, ikoots o huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popoluca, náhuatl y afromexicano, de acuerdo con los artículos constitucionales 1 y 133, el artículo 6 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo y los artículos 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Atendiendo a este nuevo proyecto de gobierno, y con la finalidad de darle operatividad y vialidad al enfoque de desarrollo regional, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó “Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro”, el cual busca detonar el desarrollo económico y social y romper la brecha que existe con los estados del norte. Dicho pacto cuenta con la participación del sector empresarial, academia y gobernadores, y compromete a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco,  Veracruz y Yucatán a trabajar en forma conjunta y bajo una visión integral, establecer mecanismos para el intercambio de información, experiencias, asistencia técnica y mejores prácticas en los rubros de: 1. Desarrollo industrial de la región Sur-Sureste;2. Desarrollo económico (infraestructura, energía, turismo); 3. Desarrollo urbano y rural; 4. Desarrollo social; 5. Inversión; 6. Producción; 7. Educación, innovación e I+D; 8. Seguridad; 9. Logística; 10. Exportaciones, y 11. Empleo formal.

Además, involucrará la construcción y rehabilitación de distintos proyectos de infraestructura como vías ferroviarias, rehabilitación de puertos y construcción de sistemas de transporte y almacenamiento de gas.

Con la finalidad de que este pacto tenga una base jurídica que le permita tener certeza jurídica y estar alineado con los programas sectoriales de todas las dependencias públicas y, sobre todo, tenga acceso al presupuesto público, consideramos que es fundamental establecer mecanismos de coordinación entre los actores interesados. En este tenor la presente iniciativa busca institucionalizar este pacto, y cualquier otro que se realice en el país, a través de Consejos Regionales cuya figura existe, de alguna manera, en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, a través de sus consejos Estatales.

La propuesta pretende que sean los Consejos Regionales los que propongan y desarrollen políticas de competitividad y proyectos estratégicos en las áreas y regiones del país, para ello se propone que tengan los siguientes objetivos:

  • Formulen acciones y medidas que contribuyan al desarrollo económico y social de la región a través del aumento de la productividad y competitividad de áreas y sectores económicos.
  • Propongan al Consejo Nacional proyectos de infraestructura carretera, energética, turística e industrial que potencien y aprovechen las vocaciones productivas, económicas y turísticas de la región.
  • Evalúen e incentiven políticas de cooperación científica, de innovación tecnología y asistencia técnica para el aumento de la competitividad; y
  • Promuevan mecanismos y medidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

Consideramos que en la medida en que aprovechemos el potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas, podremos, a través del aumento de la competitividad y productividad, insertarnos en las cadenas nacionales e internacionales de valor, y con ello lograr sendas de crecimiento y desarrollo incluyente en las regiones más pobres y desiguales del país. Recordemos que es en esta zona del territorio mexicano en donde habita cerca del 30% de la población nacional, y lamentablemente los índices de marginación y desarrollo económico están entre los más preocupantes: 17% de la población está en situación de pobreza extrema, lo cual contrasta con el porcentaje nacional de 7.6%; el PIB no petrolero de la región ha venido disminuyendo sistemáticamente desde hace 15 años; la tasa de crecimiento promedio anual del PIB no petrolero en el periodo 2010-2017 ha sido del 2%, tasa inferior a la media nacional de 3.2%. Actualmente, el PIB per cápita no petrolero en el Sur-Sureste es apenas el 63% del nacional. Estos datos obligan a los legisladores a redoblar esfuerzos y dotar de instrumentos jurídicos que permitan revertir esta situación y disminuir las brechas de pobreza, de desigualdad y de oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

DECRETO POR LA QUE SE ADICIONAN UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 18, UNA FRACCIÓN IX AL ARTÍCULO 22 Y UN CAPÍTULO SEXTO DENOMINADO “DE LOS CONSEJOS REGIONALES PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA” DE LA LEY PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

ÚNICO. – Se adicionan una fracción XV al artículo 18, una fracción IX al artículo 22, recorriéndose las fracciones subsecuentes respectivamente, y un Capítulo Sexto denominado “De los Consejos Regionales para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa” de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como sigue:

Artículo 18.- El Consejo estará conformado por los integrantes siguientes:

I. a XIV. …

XV. El presidente de cada Consejo Regional. 

XVI. a XXIII. …

Artículo 22.- El Consejo tendrá por objeto:

I. a VIII. …

IX.- Promover la integración regional para potenciar sus vocaciones productivas, las cadenas de valor, el incremento de la inversión, el empleo formal y el crecimiento económico igualitario y sostenible.

X. a XII. ..,

Capítulo Sexto

De los Consejos Regionales para la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Artículo 27.- Dos o más presidentes de los Consejos Estatales podrán integrarse en Consejos Regionales para proponer y desarrollar políticas de competitividad y proyectos estratégicos en las áreas y regiones del país en las que se ubiquen. Dichas propuestas deberán surgir de las opiniones del sector público y privado, y deberán ser analizadas y evaluadas por las áreas técnicas de cada Consejo Estatal.

El Consejo Regional estará sujeto a los lineamientos que emita el Consejo.

Artículo 28.- El Consejo Regional será de carácter rotativo y estará presidido por un titular del Consejo Estatal, quien será electo por mayoría simple de sus integrantes y ocupará el cargo durante un año.

Tendrá la obligación de convocar a reuniones trimestrales, en las cuales podrán participar los titulares de los Poderes Ejecutivos Estatales, funcionarios públicos y demás sectores involucrados. Asimismo, informará periódicamente al Consejo los resultados obtenidos en el desarrollo de sus actividades.

El Consejo Regional en pleno elegirá a un secretario técnico del Consejo Estatal, a propuesta del presidente del Consejo Regional y podrá ser ratificado hasta por 3 años consecutivos. Tendrá la función de dar seguimiento a los acuerdos y compromisos convenidos, así como apoyar al secretario técnico del Consejo para coordinar acciones con el Consejo Regional.

Artículo 29.- El Consejo Regional tendrá por objeto:

  • Formular acciones y medidas que contribuyan al desarrollo económico y social de la región a través del aumento de la productividad y competitividad de áreas y sectores económicos.
  • Proponer al Consejo proyectos de infraestructura carretera, energética, turística e industrial que potencien y aprovechen las vocaciones productivas, económicas y turísticas de la región.
  • Evaluar e incentivar políticas de cooperación científica, de innovación tecnología y asistencia técnica para el aumento de la competitividad; y
  • Promover mecanismos y medidas que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

ARTÍCULO TRANSITORIO

ÚNICO. - El Presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 03 de septiembre de 2019.

                                  SENADOR RAÚL BOLAÑOS CACHO CUÉ

GRUPO PARLAMENTARIO DEL

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Thomson, Stéphanie. Desequilibrios económicos globales. Agenda Global. World Economic Forum. Suiza. 20.01.17 [En línea] [fecha de consulta: 27–Agosto–2019] Disponible en: https://es.weforum.org/agenda/2017/01/christine-lagarde-a-los-lideres-de-davos-en-2013-adverti-sobre-los-peligros-de-la-desigualdad-y-nadie-me-escucho/

Moy, Valeria. Desigualdad: La herencia regional. Revista Nexos. 01.07.19. [En línea] [fecha de consulta: 27–Agosto–2019] Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=38328

CONEVAL.  Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. México. 2018. P. 21

Ibídem. Pp. 25-27

Ibídem. P. 30

Op. Cit. Moy, Valeria. Desigualdad: La herencia regional

Miguel, Andrés E., Maldonado, Pedro, Torres, Julio C. Desigualdad del desarrollo regional en México. Problemas de Desarrollo en México. Revista Latinoamericana de Economía. UNAM. Vol. 38, núm. 151, octubre-diciembre / 2007. Pp. 89-90.

CEPAL. Productividad y brechas estructurales en México. Naciones Unidas. México. 2016. P. 5[En línea] [fecha de consulta: 27–Agosto–2019] Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/40165/1/S1600553_es.pdf

Op. Cit. Miguel, Andrés E., Maldonado, Pedro, Torres, Julio C. Desigualdad del desarrollo regional en México. P. 99

Diario Oficial de la Federación. PLAN Nacional de Desarrollo 2019-2024. DOF: 12/07/2019, [En línea] [fecha de consulta: 27–Agosto–2019] Disponible en: https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019

Presidencia de la República. Pacto Oaxaca. Hacia un Sur Sureste del Futuro. Prensa. 15 de agosto de 2019. [En línea] [fecha de consulta: 27–Agosto–2019] Disponible en: https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mientras-algunos-piden-senales-de-confianza-empresas-extranjeras-siguen-invirtiendo-en-mexico-afirma-presidente-lopez-obrador-en-oaxaca?idiom=es