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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, fracción IV y 86 de la Ley Agraria.

SE TURNó A LAS COMISIONES UNIDAS DE REFORMA AGRARIA; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA

Presidenta de la Mesa Directiva

del Primer Periodo Ordinario, del Segundo Año

de la LXIV Legislatura

P r e s e n t e:

El que suscribe, Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72  de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 75, fracción IV y 86 de la Ley Agraria, conforme a la siguiente:

Exposición  de   Motivos

Poco más de la mitad de las tierras de México constituyen propiedad social, pues se encuentran en posesión de ejidos y comunidades agrarias. De acuerdo a datos del Registro Agrario Nacional, actualmente la propiedad social representa el 50.8% de la superficie del país.

Para entender un poco la importancia de la propiedad social en nuestro país, podemos destacar los siguientes datos:

• Dos terceras partes de los recursos hídricos del país se localizan dentro de la propiedad social.

• El 70% de los bosques y la biodiversidad se encuentra en la propiedad social.

• El 60% de los litorales de México están dentro de polígonos pertenecientes a ejidos y comunidades.

El 26 de febrero de 1992, se publicó la actual Ley Agraria, la cual tiene su fundamento en lo establecido por el artículo 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que: “…el Estado dispondrá de las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad”.

Ley Agraria fue expedida con la intención de dotar a los ejidatarios de más herramientas para impulsar la inversión y el desarrollo del campo mexicano, procurando en todo momento la protección y el bienestar de los campesinos y sus familias. En este sentido, su exposición de motivos señala lo siguiente:

“El campo hoy nos exige hoy una nueva actitud y una nueva mentalidad. Requiere una respuesta nacionalista, renovadora de las rutinas, que efectivamente impulse la producción, la iniciativa y creatividad de los campesinos, el bienestar de sus familias y, sobre todo, proteja nuestra identidad compartida.

El respeto y protección a su configuración como asentamiento humano es condición para la preservación del tejido social. Su base productiva debe ser fuente de bienestar para el campesino y de prosperidad para la nación. Por ello se elevan a nivel constitucional el reconocimiento y la protección al ejido y la comunidad.”

De manera complementaria, el día 5 de junio de 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al primer párrafo del artículo mencionado, que incorpora el término competitividad, entendida como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo:

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo.

Así como lo establecen la ley y la Constitución, el estado mexicano debe de procurar otorgar seguridad jurídica y bienestar para los campesinos y sus familias, mientras que, a través de la competitividad, procura el crecimiento económico y el empleo. Una manera de hacerlo, es asegurando que, cuando se pretenda realizar una transmisión del dominio de tierras ejidales, los titulares de los derechos ejidales y sus familias, tengan acceso a valuadores debidamente calificados que les den plena certeza sobre el correcto valor de las tierras en cuestión.

La Ley Agraria establece ciertos requisitos para la transmisión del dominio de tierras ejidales, siendo uno de ellos la realización de un avalúo. Actualmente, la Ley Agraria establece que los avalúos solo pueden ser realizados por:

  • La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales; o
  • Cualquier Institución de Crédito.

Sin embargo, existen valuadores distintos a estos sujetos que están debidamente capacitados para realizar las mismas funciones de avalúo profesional, en los casos en los que se pretenda llevar a cabo la transmisión del dominio de tierras ejidales, pero que están impedidos para hacerlo, al no ser contemplados en dicho ordenamiento.

Conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua, un perito es aquel que es “Experto o entendido en algo”. Por su parte, los tribunales mexicanos han establecido lo siguiente respecto a los peritos:

Época: Décima Época

Registro: 2010576

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo IV

Materia(s): Administrativa, Común

Tesis: I.1o.A.E.45 K (10a.)

Página: 3605

PRUEBA PERICIAL CIENTÍFICA. SU OBJETO Y FINALIDAD. El objeto de la prueba pericial es el auxilio en la administración de justicia, consistente en que un experto en determinada ciencia, técnica o arte aporte al juzgador conocimientos propios de su pericia y de los que el juzgador carece, porque escapan al cúmulo de los que posee una persona de nivel cultural promedio, los cuales, además, resultan esenciales para resolver determinada controversia.

No obstante lo anterior, la Ley Agraria es omisa en proveer las mejores condiciones de competitividad en el campo mexicano, puesto excluye a un universo de personas que, a pesar de estar debidamente calificadas para desempeñar la profesión de valuadores, siendo considerados incuso expertos en sus especialidades (o peritos), no pueden participar en los casos de transmisión del dominio de tierras ejidales, al no formar parte de La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o de alguna institución de crédito. Lo anterior además limita indebidamente la oferta disponible de valuadores, en perjuicio del público consumidor, puesto que eleva injustificadamente los costos de avalúos.

Estos costos elevados de los peritajes incluso pueden ser motivo para que los dueños de predios ejidales se abstengan de enajenar tierras que ya no utilizan y dejarlas abandonadas, lo que tiene consecuencias negativas, pues deja de haber producción y crecimiento donde podría haberlo.

El aumentar el numero de instituciones facultadas para valuar no solo beneficiará a la industria agraria y ganadera sino a los mismos valuadores. Hay que señalar además, que la valuación es un detonador de inversiones en diversos sectores de la economía nacional:

  • En materia de empleo, se incluyen en los 7.4 millones de trabajadores que integran los sectores económicos de la economía nacional, incidiendo en el Sector 23 (Construcción) de las Actividades Secundarias y el 53 (Servicios Inmobiliarios) de las terciarias, ambos sectores que participan en el PIB con el 8.1% y 11.6%, respectivamente.
  • Para el 2016 la participación de los sectores antes referidos fue de 17.051 billones de pesos (a precios de mercado), de los cuales un aproximado del 20% corresponden a activos que se valúan en el país, lo que arrojan 3.41 billones de pesos.
  • La participación de estos valuadores toca una parte del Sector 54 (Servicios Profesionales) que tiene una participación del 2.4% del PIB, con poco más de 400 mil millones de pesos en servicios, proveyendo de trabajos especializados a las 3 actividades sustantivas de la economía del país.

En conclusión, esta iniciativa pretende integrar a profesionales, maestros, doctores, y demás expertos que actualmente se encuentran impedidos, dentro de un sector que necesita de mayor inversión y dinamismo. Las ventajas que esta adición implica son evidentes, además de que busca beneficiar a uno de los sectores más vulnerados en nuestro país.

Contenido de la Iniciativa

Para hacer más ilustrativa la propuesta, se presenta el siguiente cuadro comparativo:

Texto Vigente

(DOF 26.feb.92)

Iniciativa

Artículo 75.- En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá

transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios conforme al siguiente procedimiento:

I. (…);

II. (…).

III. (…).

IV. El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras, deberá ser cuando menos igual al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito.

V. (…).

Artículo 75.- En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá

transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios conforme al siguiente procedimiento:

I. (…);

II. (…).

III. (…).

IV. El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras, deberá ser cuando menos igual al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito o valuador profesional de la especialidad que corresponda.

V. (…).

Artículo 86.- La primera enajenación a personas ajenas al núcleo de población de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, será libre de impuestos o derechos federales para el enajenante y deberá hacerse cuando menos al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito.

Artículo 86.- La primera enajenación a personas ajenas al núcleo de población de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, será libre de impuestos o derechos federales para el enajenante y deberá hacerse cuando menos al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito o valuador profesional de la especialidad que corresponda.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de:

Decreto

ÚNICO. – Se describe para quedar como sigue:

Artículo 75.- En los casos de manifiesta utilidad para el núcleo de población ejidal, éste podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participen el ejido o los ejidatarios conforme al siguiente procedimiento:

I. (…);

II. (…).

III. (…).

IV. El valor de suscripción de las acciones o partes sociales que correspondan al ejido o a los ejidatarios por la aportación de sus tierras, deberá ser cuando menos igual al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito o valuador profesional de la especialidad que corresponda.

V. (…).

Artículo 86.- La primera enajenación a personas ajenas al núcleo de población de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, será libre de impuestos o derechos federales para el enajenante y deberá hacerse cuando menos al precio de referencia que establezca la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o cualquier institución de crédito o valuador profesional de la especialidad que corresponda.

Transitorios

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Senado de la República a 2 de septiembre de 2019

ATENTAMENTE

Senador Jorge Carlos Ramírez Marín

IDEM

https://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/sites/default/files/CPEUM_1917_CC/procLeg/120%20-%2006%20ENE%201992.pdf