+  -   
Transparencia Parlamentaria Transparencia Parlamentaria
Iniciativas, Minutas, Instrumentos internacionales y proposiciones
Asistencias / Votaciones
Senadores
Comisiones
Gaceta del Senado Gaceta del Senado
Gaceta de la comisión Permanente Gaceta de la Comisión Permanente
Gaceta del Senado Orden del Día
Versión Estenográfica Versión Estenográfica
Diario de los Debates Diario de los Debates
Comisión Permanente Comisión Permanente
Documentos de Apoyo Parlamentario Documentos de Apoyo Parlamentario
Marco Jurídico Marco Jurídico
Consultoría Jurídica Legislativa Consultoría Jurídica Legislativa
Consultoría Jurídica Legislativa Seguimiento a Reformas Constitucionales
Sinopsis Legislativa Sinopsis Legislativa
Sesión al minuto Sesión al minuto
Tratados Internacionales aprobados Tratados Internacionales aprobadas
Legislación aprobada Legislación aprobada
Respuestas a Proposiciones aprobados Respuestas a Proposiciones aprobados
Portal de Accesso
Organización Organización
Recursos Humanos Recursos Humanos
Recursos Materiales Recursos Materiales
Recursos Financieros Recursos Financieros
Información Relevante Información Relevante
Estado de Situación Financiera Estado de Situación Financiera
Código de Ética y Conducta Código de Ética y Conducta
Transmisión en vivo Transmisión en vivo
Licitaciones Públicas Licitaciones Públicas
Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual Transparencia y Rendición de Cuentas Sede Actual
Portal de Accesso

Gaceta del Senado



Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Gina Andrea Cruz Blackledge, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Disposición de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD PúBLICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA DISPOSICIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA.

La suscrita, Gina Andrea Cruz Blackledge, Senadora de la República en la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por los artículos 8 fracción I, 164 numeral 1, 169, 172 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley para la Disposición de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La inseguridad pública que desde hace muchos años viene comprometiendo la paz y la tranquilidad de los mexicanos ha sido materia de muchos debates políticos y legislativos.

En los últimos lustros el gobierno ha puesto en marcha distintas estrategias para enfrentar la inseguridad, el crimen organizado y la violencia, desde programas para recuperar espacios públicos hasta el involucramiento de nuestra Fuerza Armada en apoyo de las policías civiles cuyas capacidades han sido rebasadas y en muchos casos infiltradas.

Las recientes reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional constituyen una apuesta de largo aliento que el Estado mexicano hace para brindar a la sociedad condiciones de seguridad que favorezcan el desarrollo económico, mejoren la calidad de vida de las familias y recuperen la confianza de la población en sus instituciones públicas.

Uno de los debates más profundos en torno a estas reformas tiene que ver con el papel que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina deben cumplir en estas tareas, sobre todo considerando que la Guardia Nacional puede demorar el resto del sexenio para alcanzar los niveles de desarrollo institucional suficientes para cumplir cabalmente las funciones que la Constitución le asigna.

Por ello, el Constituyente Permanente aprobó entre otras medidas transitorias la de autorizar al Presidente de la República para disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor de las reformas constitucionales, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

La Ley que se propone tiene por objeto reglamentar el ejercicio de esta facultad del Presidente de la República, prevista en el Artículo Quinto Transitorio del Decreto de reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 26 de marzo.

El proyecto parte de los conceptos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha construido al analizar diversos casos donde la intervención de las Fuerzas Armadas en distintos países de la región, incluyendo México, han resultado violatorias de los derechos humanos.

Al conocer del caso Alvarado Espinoza y otros contra México [*] , la CIDH resolvió que la eventual participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, precisamente los principios a que se refiere el Artículo Quinto Transitorio de las reformas en materia de Guardia Nacional.

Al respecto, la Corte Interamericana ha expuesto que estos principios deben entenderse como sigue:

  1. Extraordinaria: toda intervención debe estar justificada y resultar excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso.
  2. Regulada: la intervención debe ser mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia.
  3. Fiscalizada: la participación de las Fuerzas Armadas debe ser vigilada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
  4. Subordinada y complementaria: la labor de las Fuerzas Armadas debe hacerse depender de corporaciones civiles, sin que sus funciones puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial.

Mediante esta iniciativa se busca regular precisamente estos principios para asegurar que el ejercicio de la facultad presidencial y la actuación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública se ajuste a estos principios y resulte conforme con el derecho convencional.

En este orden de ideas, la iniciativa está organizada en cuatro capítulos, a saber:

Capítulo I: Disposiciones generales.

En el primer capítulo de la Ley se precisa el objeto de la misma y sus alcances y se hacen explícitos los principios convencionales aplicables.

Los alcances propuestos abarcan, además del ejercicio de la facultad presidencial para disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, la coordinación interinstitucional, la actuación operativa, la rendición de cuentas y el control sobre esta atribución del Ejecutivo.

En el desarrollo de los principios convencionales se incluyen cuatro disposiciones de especial relevancia: la que mandata el respeto irrestricto a los derechos humanos y sus garantías durante el desenvolvimiento de las atribuciones constitucionales que se regulan; la prohibición de que se invoquen movimientos sociales o político-electorales para motivar la intervención; y la que establece que antes de disponer la participación de la Fuerza Armada debe agotarse la capacidad de las Fuerzas Federales civiles.

La propuesta establece también que la legislación supletoria aplicable en esta materia será la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fortaleciendo el principio convencional de subordinación de las fuerzas castrenses a las instituciones civiles.

Capítulo II: Procedimiento para la emisión de Declaratorias.

La propuesta legislativa regula un ejercicio objetivo, formal y basado en evidencia de esta atribución del Presidente de la República, a fin de asegurar su excepcionalidad.

Para ello, se propone un mecanismo mediante el cual se emitan Declaratorias formales a partir de solicitudes expresas de las entidades federativas, o bien, en ejercicio directo de la atribución presidencial, pero siempre mediante actos jurídicos motivados y fundados.

Las Declaratorias sólo pueden ser emitidas cuando se actualice alguna Contingencia, entiendo por tal la situación de hecho que ponga en peligro la vida, la integridad o el patrimonio de las personas al obstaculizar o impedir el ejercicio eficaz y ordinario de las atribuciones de las instituciones competentes para prevenir, investigar o perseguir los delitos. Con esta definición se busca asegurar el cumplimiento del principio de complementariedad.

La motivación expuesta en la solicitud debe reforzarse por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que interviene en el proceso para aportar evidencia que sirva para tomar decisiones objetivas e informadas.

El proyecto propone un mecanismo ágil para sustanciar las solicitudes o la iniciativa presidencial, y regula el contenido, difusión y alcances de la Declaratoria, cuya vigencia no podrá exceder de seis meses sin perjuicio de actualizar sus condiciones si la circunstancia lo amerita.

Capítulo III: Coordinación interinstitucional.

La excepcionalidad y complementariedad de la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública exige mecanismos de coordinación orientados no sólo a atender la Contingencia que la motiva, sino a asegurar que la autoridades recuperen sus capacidades ordinarias en el menor tiempo posible en para que las labores castrenses sean decididamente excepcionales.

Para ello, se busca que para la ejecución de las Declaratorias existan mecanismos locales de coordinación en los que participen las autoridades competentes, bajo la conducción de un Jefe civil designado por el Presidente de la República a propuesta del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La iniciativa propone también una serie de mecanismos para asegurar la subordinación de la operación militar a las instituciones civiles al tiempo que estimule la recuperación de capacidades locales para atender sus funciones en materia de seguridad pública.

Capítulo IV: rendición de cuentas y control parlamentario.

La vigilancia del ejercicio de la atribución constitucional que se comenta queda establecida en cuatro vertientes: gubernativa, operativa, parlamentaria y técnica.

La vertiente gubernativa es la prevista en el segundo párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se crea la Guardia Nacional, que consiste en la inclusión de esta materia específica en el informe que el Presidente de la República debe rendir al Senado en términos de la fracción IV del artículo 76 Constitucional.

La vertiente operativa consiste en los informes periódicos que los Jefes responsables de coordinar la ejecución de las Declaratorias deberán rendir al Consejo Nacional de Seguridad Pública.

La vertiente parlamentaria consiste en el informe que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana debe rendir a la Comisión de Seguridad Pública del Senado, que podrá formular recomendaciones para mejorar el diseño de las declaratorias y la ejecución de las mismas.

Finalmente, habrá un mecanismo de evaluación externo, a cargo de especialistas académicos y sociales, cuyos resultados arrojarán evidencia sobre el desempeño de la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública. Estos informes deberán ser considerados por la Comisión del Senado al formular recomendaciones al Ejecutivo en esta materia.

Por las razones expuestas y en ejercicio de las facultades que me otorga el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esa Soberanía, el siguiente proyecto de:


DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

LEY PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FUERZA ARMADA PERMANENTE EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar el Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2019.

ARTÍCULO 2. Esta Ley establece las bases, procedimientos y criterios para:

  1. El ejercicio de la atribución del Presidente de la República para disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública;
  2. La coordinación de las autoridades en ejecución de una Declaratoria;
  3. La actuación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública;
  4. La rendición de cuentas sobre el ejercicio de las atribuciones previstas en las fracciones anteriores; y
  5. Los mecanismos de control relacionados con la disposición de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública.

ARTÍCULO 3. La disposición de la Fuerza Armada permanente y la actuación de ésta en tareas de seguridad pública de acuerdo a los siguientes principios:

  1. Extraordinarias, con la ocurrencia y cobertura en modo, tiempo y lugar estrictamente necesarias para mitigar las Contingencias concretas para las que sea requerida su actuación;
  2. Reguladas en los términos de esta Ley y el derecho convencional aplicable;
  3. Fiscalizadas mediante los mecanismos de rendición de cuentas y control parlamentario previstos en esta Ley;
  4. Subordinadas a la autoridad civil y sus actos tendrán la naturaleza de civiles; y
  5. Complementarias a las funciones de las autoridades civiles competentes.

ARTÍCULO 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:

  1. Comisión, la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República;
  2. Consejo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública;
  3. Contingencia, la situación de hecho que ponga en peligro la vida, la integridad o el patrimonio de las personas al obstaculizar o impedir el ejercicio eficaz y ordinario de las atribuciones de las instituciones competentes para prevenir, investigar o perseguir los delitos;
  4. Coordinador, el servidor público civil responsable de coordinar la ejecución de una Declaratoria;
  5. Declaratoria, el acto administrativo dictado por el Presidente de la República conforme a esta Ley para disponer en forma concreta de la Fuerza Armada permanente para la atención de las Contingencias previstas en el mismo;
  6. Fuerza Armada permanente, el Ejército, la Armada y la Fuerza Área mexicanos;
  7. Fuerzas Federales, las instituciones de seguridad pública federal;
  8. Inteligencia, el conocimiento obtenido a partir de la recolección, procesamiento, diseminación y explotación de información para la toma de decisiones en materia de seguridad pública;
  9. Ley General, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
  10. Secretario Ejecutivo, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; y
  11. Uso legítimo de la fuerza, la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución.

ARTÍCULO 5. Los actos realizados por las Fuerzas Federales y la Fuerza Armada permanente, en su caso, con motivo de la aplicación de esta Ley y la ejecución de las Declaratorias reguladas por la misma, deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías.

ARTÍCULO 6. Las movilizaciones sociales o de naturaleza político-electoral que se realicen pacíficamente de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ninguna circunstancia serán consideradas como Contingencia, ni podrán ser materia de Declaratoria.

ARTÍCULO 7. Sólo podrá disponerse de la Fuerza Armada permanente para participar en tareas de seguridad pública mediante la emisión de una Declaratoria, siempre que las capacidades de las Fuerzas Federales resulten insuficientes para atender la Contingencia de que se trate.

ARTÍCULO 8. A falta de disposición expresa en esta Ley se aplicará supletoriamente la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

CAPÍTULO SEGUNDO
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE DECLARATORIAS

ARTÍCULO 9. El Presidente de la República podrá emitir una Declaratoria mediante la que disponga de la Fuerza Armada permanente para atender tareas de seguridad pública exclusivamente cuando se actualice o resulte inminente la actualización de alguna Contingencia en regiones específicas del país.

ARTÍCULO 10. La disposición de la Fuerza Armada permanente sólo se justificará cuando, además de acreditar el supuesto a que se refiere el artículo anterior, la actuación de las Fuerzas Federales haya resultado insuficiente para atender la Contingencia.

ARTÍCULO 11. La emisión de las Declaratorias podrá solicitarse por los Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los Congresos locales o el de la Ciudad de México, señalando:

  1. Las consideraciones que motivan la solicitud y las situaciones que a su juicio constituyan una Contingencia;
  2. El impacto de la Contingencia;
  3. La zona geográfica afectada, identificando los Municipios o Demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en su caso, que se vean vulnerados;
  4. La vigencia que se solicita para la Declaratoria;
  5. Estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar a la amenaza identificada en la entidad federativa o área geográfica afectada;
  6. Áreas de insuficiencia operativa, técnica y logística de las autoridades competentes para enfrentar la Contingencia;
  7. Las metas comprometidas por el solicitante, incluyendo los indicadores propuestos para su seguimiento, que permitan superar las condiciones a que se refiere la fracción anterior dentro de la vigencia que se solicite para la Declaratoria; y
  8. La demás información que se considere relevante para justificar la procedencia de la Declaratoria.

Los Ayuntamientos podrán solicitar la emisión de la Declaratoria por conducto del Gobernador de la entidad respectiva, quien deberá resolver sobre la propuesta dentro de los cinco días naturales siguientes a su presentación.

ARTÍCULO 12. La solicitud a que se refiere el artículo anterior será presentada ante el Secretario Ejecutivo, quien deberá integrar el expediente dentro de las setenta y dos horas siguientes a la recepción de la solicitud, incorporando la información sobre el estado que guarda el desarrollo institucional de las corporaciones policiales de las entidades o Municipios involucrados, así como los demás datos que arrojen las bases de datos del Sistema Nacional de Información de Seguridad Pública a que se refiere la Ley General y otras fuentes que sirvan para ampliar la información necesaria para resolver la solicitud.

ARTÍCULO 13. A partir de la información integrada en el expediente, el Secretario Ejecutivo preparará el proyecto de Declaratoria dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la integración del expediente.

El proyecto de Declaratoria se publicará en el portal de Internet del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se comunicará a las Cámaras del Congreso de la Unión y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

ARTÍCULO 14. El proyecto de Declaratoria se someterá a la consideración del Presidente de la República por conducto del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana dentro de las veinticuatro horas siguientes a su publicación conforme al artículo anterior.

ARTÍCULO 15. Dentro de los cinco días siguientes el Presidente de la República podrá suscribir la Declaratoria.

El Presidente de la República podrá solicitar a las dependencias y entidades de la administración pública federal información adicional para considerarla al suscribir la Declaratoria.

ARTÍCULO 16. Si el Presidente de la República no suscribe la Declaratoria dentro del plazo previsto en el artículo anterior se entenderá que la solicitud ha sido rechazada, pudiendo presentarse una nueva solicitud en cualquier momento.

ARTÍCULO 17. La Declaratoria deberá contener lo siguiente:

  1. Un extracto de la solicitud;
  2. La acreditación de la insuficiencia a que se refiere el artículo 8;
  3. La Contingencia que se atenderá;
  4. Las entidades federativas o áreas geográficas afectadas;
  5. Las acciones que se requieran a cargo de las entidades federativas o Municipios para contribuir a la atención de la Contingencia y recuperar sus capacidades institucionales;
  6. El acuerdo específico sobre la disposición de las Fuerzas Armadas para atender la Contingencia;
  7. Las medidas de seguridad pública que se llevarán a cabo; y
  8. La vigencia de la Declaratoria.

ARTÍCULO 18. La Declaratoria podrá afectar diversas áreas geográficas del país, cuando por la naturaleza y características de la Contingencia no sea posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica.

ARTÍCULO 19. La Declaratoria será de orden público y de interés general, en ningún caso podrá exceder de seis meses, no suspenderá o restringirá el ejercicio de los derechos humanos y sus garantías establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en la gaceta o periódico oficial de las entidades federativas respectivas y en medios de comunicación masiva de circulación local.

El Secretario Ejecutivo informará de la Declaratoria al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos de protección de los derechos humanos en las entidades federativas involucradas.

ARTÍCULO 20. Las condiciones y vigencia de la Declaratoria podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la Contingencia que la motivó y se justifique la continuidad de la participación de la Fuerzas Armada permanente en las tareas de seguridad pública. El acuerdo por el que se modifique o prorrogue la Declaratoria seguir el mismo trámite que haya dado origen a la misma.

CAPÍTULO TERCERO
DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LAS DECLARATORIAS

ARTÍCULO 21. La Declaratoria incluirá los siguientes mecanismos de coordinación para asegurar que la participación de la Fuerza Armada permanente se sujetará a los principios previstos en el artículo 3 de esta Ley:

  1. El Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, designará a un Coordinador que dirigirá la ejecución de la Declaratoria;
  2. Durante la vigencia de la Declaratoria funcionarán grupos locales de coordinación interinstitucional dirigidos por el Coordinador, que serán responsables de la operación, cuyas reuniones serán periódicas y públicas;
  3. Los grupos locales de coordinación interinstitucional podrán acordar la instalación y funcionamiento de equipos tácticos integrados por elementos de distintas corporaciones, que actuarán conforme a las normas y protocolos aplicables a las instituciones de seguridad pública; y
  4. El modelo para la integración y los protocolos para el funcionamiento de los grupos locales de coordinación interinstitucional a que se refiere este artículo será aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública a propuesta del Secretario Ejecutivo.

ARTÍCULO 22. Los Coordinadores deberán reunir los requisitos que se exigen para ser Secretario Ejecutivo y además, no ser militares ni marinos en activo, a menos que se hubieren separado del Ejército, la Marina o la Fuerza Aérea por lo menos tres años antes de su designación.

ARTÍCULO 23. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno atenderán la Contingencia que motivó la declaratoria, cooperando en el ámbito de sus atribuciones con el Coordinador.

ARTÍCULO 24. A partir de la solicitud a que se refiere el artículo XX, durante la vigencia de la Declaratoria y durante un periodo adicional equivalente a la vigencia de la Declaratoria, las Gobernadores de los Estados, el Jefe de Gobierno, los Presidentes Municipales y los Alcaldes de la Ciudad de México, en su caso, en el marco de sus competencias y en los términos de esta Ley, asumirán las siguientes responsabilidades:

  1. Atender de manera directa e indelegable las reuniones a que sean convocados por el Coordinador;
  2. Aportar al Coordinador toda la información con que cuenten, que permita cumplir los fines de la Declaratoria;
  3. Prestar el auxilio y colaboración que les solicite el Coordinador para atender la afectación a la seguridad interior;
  4. Mantener el nivel de inversión en infraestructura, equipamiento y servicios públicos que resulten necesarios para mitigar el impacto de la Contingencia y superarla;
  5. Asegurar el cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia de los integrantes de sus instituciones de seguridad pública en los términos de la Ley de la materia; y
  6. Presentar los informes periódicos ante el Coordinador sobre el avance del programa de fortalecimiento de capacidades institucionales que se diseñe en el marco de la Declaratoria.

ARTÍCULO 25. El fortalecimiento de capacidades institucionales a que se refiere la fracción VI del artículo anterior será objeto de la evaluación prevista en el artículo 31 a fin de asegurar su apreciación objetiva en el marco de la toma de decisiones sobre el seguimiento o conclusión de las Declaratorias.

ARTÍCULO 26. En ningún caso, la participación de la Fuerza Armada permanente tendrá por objeto sustituir a las autoridades civiles en el cumplimiento de sus competencias y responsabilidades.

ARTÍCULO 27. La actuación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública se ajustará a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales.

CAPÍTULO CUARTO
DEL CONTROL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

ARTÍCULO 28. Quienes ejerzan el cargo de Coordinador rendirán informe al Consejo sobre la ejecución de la Declaratoria, durante la vigencia de la misma y en la próxima sesión ordinaria de dicho órgano después de la terminación del operativo.

ARTÍCULO 29. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana remitirá un informe semestral a la Comisión, sobre el ejercicio que el Presidente de la República haya hecho de las facultades que le confiere el artículo Quinto Transitorio del Decreto a que se refiere el artículo 1 de esta Ley, así como de la ejecución de las Declaratorias vigentes durante el periodo.

Dentro de los treinta días siguientes a la presentación del informe a que se refiere este artículo, la Comisión podrá formular un pliego de recomendaciones que dirigirá al Secretario de Gobernación para mejorar el diseño de las Declaratorias y los términos de su ejecución.

ARTÍCULO 30. El Presidente de la República informará al Senado en los términos del segundo párrafo del Artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de marzo de 2019.

ARTÍCULO 31. La evaluación de las Declaratorias y de su ejecución estará a cargo de un Grupo de Expertos integrado por representantes de instituciones académicas o sociales nacionales y de las regiones donde se hubieren ejecutado las Declaratorias.

Quienes hayan actuado como Coordinadores brindarán oportunamente al Grupo de Expertos toda la información que les sea requerida para efectos de la evaluación a que se refiere este artículo.

ARTÍCULO 32. Los resultados de las evaluaciones serán públicos, se presentarán a la Comisión en forma semestral y deberán ser considerados por dicha instancia parlamentaria para la formulación de los pliegos de recomendaciones a que se refiere el artículo 29.

TRANSITORIOS

PRIMERO. La Presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Dentro de los treinta días siguientes al inicio de la vigencia de esta Ley el Ejecutivo Federal deberá publicar versiones públicas de los convenios de colaboración que a la fecha amparen el despliegue de Fuerzas Federales y la Fuerza Armada permanente en el país.

Las entidades federativas que así lo requieran tendrán 60 días para enviar la solicitud de Declaratoria. Las Fuerzas Armadas permanentes desplegadas en alguna entidad federativa que no envíe su solicitud en el plazo del párrafo anterior deberán retirarse de las acciones de seguridad pública en el plazo de 30 días.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el día 11 de abril de 2018.

SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE

[*] Sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Alvarado Espinoza y otros vs México”, pág. 70. Disponible en:  http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_370_esp.pdf