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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Martha Lucía Micher Camarena, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que adiciona el Capítulo V al Título II, recorriéndose el actual Capítulo V para ser Capítulo VI de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE PARA LA IGUALDAD DE GéNERO Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

PRESENTE

Quien suscribe, Senadora Martha Lucía Micher Camarena, integrante del Grupo Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, fracción I, 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL CAPÍTULO V AL TÍTULO II, RECORRIÉNDOSE EL ACTUAL CAPÍTULO V PARA SER CAPÍTULO VI DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, al tenor de la siguiente:

I. Exposición de motivos

El pasado proceso electoral del periodo 2017-2018 registró un importante y significativo aumento en la participación de las mujeres en prácticamente todos los cargos de elección popular, sin embargo, también se registró un aumento considerable sobre los actos de violencia política de género en contra de las candidatas, lideresas, representantes políticas, militantes y activistas sociales que participaron en torno al proceso electoral en su conjunto.

Es preciso traer a colación las cifras que distintas agencias informativas y de consultores desarrollaron sobre el proceso electoral pasado, para revisar la forma en que las acciones de violencia política en general se incrementaron exponencialmente, por ejemplo, Etellekt Consultores registró en su Informe de Violencia Política en México, junio-agosto 2018 [*] que:

“Durante los últimos 12 meses, entre el 1 de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018, el indicador de Violencia Política de Etellekt, registró al menos 850 agresiones con un saldo de 175 asesinatos contra políticos en todo el país. De estas, 63 agresiones que dejaron un total de 21 asesinatos ocurrieron durante la transición a partir del 2 de julio de 2018.

Tras finalizar la elección, la violencia contra político continuó focalizándose en el nivel local, pues al menos 51 de los 63 actores políticos agredidos después del 2 de julio pertenecen a este ámbito de gobierno (80% de los casos)”

Incluso el jefe de la misión de visitantes extranjeros de la Organización de Estados Americanos (OEA), Leonel Fernández, en su visita a México en el marco del proceso comicial de julio, lamentó el asesinato de 103 actores políticos en 25 estados del país (según cifras que la Misión pudo documentar) y señaló que “esas cifras sitúan a este proceso como uno de los más violentos de la región en los últimos años. El hecho de que tantos actores políticos, candidatos, precandidatos hayan sido asesinados no tiene comparación en la región”. [*]

"La violencia merma el ejercicio de los derechos, debilita el Estado, lesiona la credibilidad de las instituciones y genera un ambiente adverso para el proceso electoral", señaló en su momento la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Janine Otálora, al participar en el marco de la Décima Primera Sesión Ordinaria de Trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, en coordinación con el TEPJF y el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) el pasado 7 de junio de 2018.

En esa misma sesión el presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdova Vianello, señaló sobre la violencia que se vivía en el periodo electoral:

“En todas las oficinas del INE en la Ciudad de México, así como en los órganos delegacionales y subdelegacionales en el país, el personal se congregará en espacios adecuados para decir #AltoALaViolenciaPolítica y unirse en este esfuerzo ciudadano para hacer un llamado a unas elecciones en paz.

Convoco a todas aquellas personas que pretendan expresar un rechazo a la violencia política en general y, a la violencia política en contra de las mujeres en particular, no solamente a asistir a estos ejercicios de convocatoria pública, sino también a hacer de estas elecciones un rechazo a la violencia en México.”

Sin lugar a dudas el tema de los actos de violencia, intimidación, amenazas, impedimento de activismo político y las otras diversas formas de violencia acapararon la atención de los medios nacionales y de buena parte de la sociedad, pero entre toda esa información relevante comenzó a ocupar los espacios de debate público otra forma de violencia que no se había logrado identificar y evidenciar claramente en los anteriores procesos electorales y que en el del año 2017-2018; nos referimos desde luego a la violencia política de género.

De acuerdo con el Informe "Violencia Política a Través de las Tecnologías contra las Mujeres en México" se registraron un total de 85 agresiones asociadas a las tecnologías en contra de mujeres, 62 de ellas en contra de candidatas a algún puesto de elección popular distribuidas en 24 entidades federativas tan sólo en el periodo comprendido entre el mes de mayo y el 1º de julio de 2018. [*]

Sobre las agresiones que se registraron en este mismo informe, la investigación señala que se identificaron nueve tipos de agresiones en contra de las candidatas, donde las expresiones discriminatorias, las amenazas y las campañas de desprestigio fueron las más recurrentes. Identificando también que el 62% de las agresiones registradas tuvieron una razón de género, es decir, en la forma que fueron perpetradas estuvieron impresos patrones de violencia machista cometida contra una mujer por el hecho de serlo, logrando identificar también cinco patrones relevantes de agresión: juicios de carácter sexual, objetivación sexual, agresiones contra la familia, roles y estereotipos de género y la apariencia física.

La violencia política digital contra las mujeres es una manifestación de la violencia histórica cometida a través de nuevos medios tecnológicos. Esta forma de violencia contribuyó a generar un entorno hostil para el ejercicio pleno y en igualdad de condiciones de los derechos políticos de las candidatas en la contienda. Es imprescindible que los órganos electorales locales tengan en cuenta su gravedad y la consideren en un ámbito de su competencia; es urgente que existan estructuras y recursos de apoyo al interior de los partidos políticos además de las redes informales de solidaridad entre las mujeres para hacer frente a este fenómeno. [*]

La violencia política de género en México

La Convención de Belém do Pará parte del reconocimiento de que la violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres, constituye una violación a los derechos humanos y, por tanto, una ofensa a la dignidad humana. Además, señala que la violencia contra las mujeres, trasciende todos los sectores de la sociedad independientemente de clase, raza o grupo étnico, nivel educativo y/o de ingresos, cultura, edad o religión y, por tanto, la eliminación de la violencia contra las mujeres es indispensable para su desarrollo y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida.

En consecuencia, reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir libres de violencia, lo que incluye el derecho a no ser discriminada, a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, así como a ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

La violencia política impacta en el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el propio ejercicio del cargo público. [*]

Asimismo, repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales, de los organismos electorales, así como las que fungen como funcionarias o representantes de partidos políticos en las Mesas Directivas de casilla. En efecto, la violencia ha mostrado un impacto diferenciado en las mujeres e incluso tiene lugar por razones de género. Por ello, resulta necesario legislar y conceptualizar la violencia política contra las mujeres, ya que de ello depende que estén en condiciones de igualdad para desarrollarse en el ámbito político-electoral. [*]

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida. Los ataques hacia las mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y una desconfianza sistemática e indiferenciada hacia sus capacidades y posibilidades de hacer un buen trabajo o ganar una elección.

A iniciativa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en conjunto con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría-DDHH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), elaboraron en el año 2016 el “Protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres” instrumento que tiene como finalidad el orientar a las instituciones ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, así como dar estricto cumplimiento al deber de debida diligencia. [*]

Tratando de responder a la ausencia de un marco normativo integral y de políticas concretas en la materia, las instancias federales involucradas en la atención de esta problemática publicaron dicho instrumento con la finalidad de avanzar en la construcción de lineamientos comunes para prevenir, identificar, sancionar y reparar los actos que afectan los derechos humanos de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales.

Este instrumento, ha dado pie a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya emitido un par de sentencias relevantes en las que se caracterizan los elementos que se deberán de analizar al momento de estar frente a un caso de violencia política de género, a continuación, se transcriben un par de estas sentencias relevantes:

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. ELEMENTOS QUE LA ACTUALIZAN EN EL DEBATE POLÍTICO.- De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 1°, 6°, y 41, Base I, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, se advierte que para acreditar la existencia de violencia política de género dentro de un debate político, quien juzga debe analizar si en el acto u omisión concurren los siguientes elementos: 1. Sucede en el marco del ejercicio de derechos político-electorales o bien en el ejercicio de un cargo público; 2. Es perpetrado por el Estado o sus agentes, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, un particular y/o un grupo de personas; 3. Es simbólico, verbal, patrimonial, económico, físico, sexual y/o psicológico; 4. Tiene por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, y 5. Se basa en elementos de género, es decir: i. se dirige a una mujer por ser mujer, ii. tiene un impacto diferenciado en las mujeres; iii. afecta desproporcionadamente a las mujeres. En ese sentido, las expresiones que se den en el contexto de un debate político en el marco de un proceso electoral, que reúnan todos los elementos anteriores, constituyen violencia política contra las mujeres por razones de género.


Sexta Época:


Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-383/2017.—Actora: Delfina Gómez Álvarez.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Estado de México.—12 de julio de 2017.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Janine M. Otálora Malassis.—Disidente. Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios: Marcela Talamás Salazar y Genaro Escobar Ambriz.

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-252/2018.—Recurrente: Partido Revolucionario Institucional.—Autoridad responsable: Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.—11 de junio de 2018.—Unanimidad de votos.—Ponente: Janine M. Otálora Malassis.—Secretaria: Jessica Laura Jiménez Hernández.

Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-250/2018.—Recurrente: Partido de la Revolución Democrática.—Autoridad responsable: 12 Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral en Puebla.—13 de junio de 2018.—Mayoría de seis votos.—Ponente: Felipe Alfredo Fuentes Barrera.—Disidente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Secretarios: Moisés Manuel Romo Cruz y Víctor Manuel Rosas Leal.

VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO. LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PUEDEN MANTENERSE, INCLUSO DESPUÉS DE CUMPLIDO EL FALLO, EN TANTO LO REQUIERA LA VÍCTIMA.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 1° y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, inciso c), 3 y 7 inciso b), de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; 4, incisos b) y j), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 27 y 33, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como 40, de la Ley General de Víctimas, se desprende que el Estado mexicano está obligado a reconocer, respetar y garantizar el ejercicio de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, entre ellos, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, y a acceder y ocupar cargos públicos en todos los planos gubernamentales y de toma de decisiones. Por tanto, cuando exista violencia política de género, el Tribunal Electoral debe dictar y solicitar medidas de protección que garanticen el respeto del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, por lo que resulta razonable que, aun cuando se tenga por cumplido el fallo, sea posible mantenerlas, hasta en tanto lo requiera la víctima o concluya el cargo para el que ha sido nombrada, a fin de salvaguardar la integridad y garantizar el derecho de las mujeres a ejercerlo.

Sexta Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1654/2016. Acuerdo Plenario.—Actora: Rosa Pérez Pérez.—Autoridad responsable: LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas.—15 de agosto de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mónica Aralí Soto Fregoso.—Ausente: Janine M. Otálora Malassis.—Secretarios: Laura Angélica Ramírez Hernández y Ernesto Santana Bracamontes.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1773/2016 y acumulado. Tercera Resolución en el Incidente de Inejecución de Sentencia.—Actora: Felicitas Muñiz Gómez.—Autoridades responsables: Benito Sánchez Ayala (Síndico Procurador) y otros.—4 de octubre de 2017.—Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretario: Alejandro Ponce de León Prieto.

Como se desprende de las Tesis transcritas, el TEPJF se ha adentrado en el análisis de asuntos y casos en donde se han logrado identificar acciones particulares que dadas en el marco de un proceso electoral o pre electoral se pueden constituir como actos de violencia política de género, provocando una afectación diferenciada a las mujeres por el hecho de ser mujeres, teniendo en muchos casos como finalidad, la limitación, impedimento, menoscabo o restricción del ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.

La propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos replicando los contenidos del “Protocolo para atender la Violencia Política contra las Mujeres” al que ya hemos hecho referencia, ha hecho referencia a que:

Las elecciones presentan una oportunidad para poner a prueba una democracia. Que las mujeres pueden inscribirse para votar, presentar su candidatura y emitir un voto en secreto son indicadores de una democracia inclusiva. 

En cuantas más mujeres participen como votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y personal electoral, más aceptación ganará su presencia en la política.

Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra.

En México, la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguirla y sancionarla.”

Pero no sólo en México se han presentado casos de violencia política de género, sino que en toda América Latina las instancias regionales como la OEA, han logrado identificar patrones semejantes prácticamente en todos los países de la región, por ello, han avanzado en la adopción de instrumentos comunes que sirvan como directrices para la regulación de este tipo de violencia en particular en las legislaciones nacionales.

La violencia política de género en Latinoamérica

El 15 de octubre de 2015, las autoridades nacionales competentes del mecanismo de seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará (MESECVI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), adoptaron la “Declaración sobre la violencia y el acoso políticos contra las Mujeres” declararon entre otras manifestaciones que los estados se comprometían a:

“Impulsar la adopción, cuando corresponda, de normas, programas y medidas para la prevención, atención,  protección, erradicación de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres, que permitan la adecuada sanción y reparación de estos actos, en los ámbitos administrativo, penal, electoral, tomando en cuenta los instrumentos internacionales aplicables.

Alentar la inclusión en las políticas públicas de prevención, atención y sanción de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres, enfoques que induzcan cambios en los factores estructurales que inciden en la violencia contra las mujeres y las normas socio-culturales y simbólicas así como los estereotipos sociales y culturales que la perpetúan, asignando los recursos suficientes, según corresponda para su aplicación efectiva, pronta y oportuna;

Promover que las políticas públicas que se diseñen en materia de violencia y el acoso políticos contra las mujeres faciliten la igualdad sustantiva, el fortalecimiento de sus liderazgos y su permanencia en los espacios de toma de decisiones y que se apliquen a nivel nacional y sub-nacional;

Promover que las instituciones electorales y otras entidades públicas que correspondan, incorporen el tema de la violencia y el acoso políticos contra las mujeres en el marco de sus funciones relacionadas con la organización de las elecciones, la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, la elaboración de políticas de educación cívica, así como en su trabajo con los partidos políticos;

Alentar a los medios, empresas publicitarias y redes sociales a que elaboren y/o incluyan en los códigos de ética el tema de la discriminación contra las mujeres en los medios y la violencia y el acoso políticos que se ejerce contra ellas, subrayando la necesidad de presentar a las mujeres de forma justa, respetuosa, amplia y variada,  en  todos  los  niveles  jerárquicos  y  de  responsabilidad,  eliminando  los  estereotipos  sexistas,  descalificadores  e  invisibilizadores  de  su  protagonismo  y  liderazgo  en  todos  los  espacios  de  toma  de  decisiones.”

En este mismo tenor, también en el año 2015 el Comité de Expertas se comprometió a contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los Estados Parte de la Convención de Belém do Pará para responder de forma efectiva ante esta violencia, poniendo especial atención en la legislación, a fin de proteger y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, e inició el proceso para elaborar una Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política.

Dicho proceso contó con especialistas de diversos Estados de la región quienes participaron en dos reuniones que se llevaron a cabo en Washington DC (febrero de 2015) y en La Paz, Bolivia (mayo de 2016).

La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política fue adoptada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará, en el marco de su Decimotercera Reunión, celebrada en México en octubre de 2016.

De acuerdo a las obligaciones establecidas en la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción  y  Erradicación  de  la  Violencia  contra  las  Mujeres  y  la  Convención  para  la  Eliminación  de Todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer, teniendo en cuenta el marco jurídico internacional, interamericano y nacional referente a los derechos políticos de las mujeres, la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Políticos, y los mandatos que le son propios, el Comité de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento a la Aplicación de la Convención de Belém do  Pará  (MESECVI)  se redactó  la  Ley  Modelo  Interamericana  para  Prevenir,  Sancionar  y  Erradicar  la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política, mediante la cual, la violencia contra las mujeres en la vida política pasa a ser considerada una forma de violencia a nivel internacional.

La Ley Modelo tiene como finalidad servir de fundamento jurídico y proporcionar a los Estados el marco legal necesario para asegurar el derecho de las mujeres a una vida política libre de violencia, y con ello, avanzar en el proceso de armonización de los ordenamientos jurídicos nacionales con las disposiciones establecidas en la Convención, dicha Ley integra un capitulado con los siguientes contenidos:

  • Capítulo I: Disposiciones Generales 
  • Capítulo II:Responsabilidades de Los Órganos Competentes y de otras Organizaciones de la Vida Política y Pública para la Aplicación de esta Ley 
    • Sección I: Órgano Rector de las Políticas de Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres del Poder Ejecutivo (Mecanismo Nacional de las Mujeres)  
    • Sección II: De los Órganos Electorales  
    • Sección III: De otros Organismos Públicos Competentes 
    • Sección IV: De los Partidos Políticos y de las Organizaciones de Representación Política 
    • Sección V: De otras Organizaciones de la Vida Pública 
    • Sección VI:De los Medios de Comunicación 
  • Capítulo III: De las Garantías de Protección 
      • Sección I:Disposiciones Comunes  
      • Sección II:De las Medidas de Protección 
      • Capítulo IV: De las Sanciones 
        • Sección I: De las Faltas y las Sanciones  
        • Sección II: De los Delitos y las Penas 
  •   Capítulo V: De las Medidas de Reparación 

Atendiendo a que la propuesta de Ley Modelo Interamericana recupera los más altos estándares internacionales en materia de prevención, atención, investigación, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, en especial de la violencia política, consideramos importante recuperar las líneas generales que se han vertido en dicha norma para integrar un Capítulo especial sobre este tema en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en cuyos contenidos se expresen las realidades que sobre este tema se viven en nuestro país así como las obligaciones que deben de atender las autoridades encargadas de este tema.

La violencia política de género en la LGAMVLV

En el año 2007 cuando se aprobó la LGAMVLV, los contenidos en esa norma se consideraron de avanzada a nivel nacional, pues integraban no sólo los estándares internacionales en materia de derechos humanos sino que incluían la perspectiva de género en el ámbito legislativo, perspectiva que anteriormente no se había incluido en las legislaciones nacionales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la propia Ley ha quedado rebasada por la realidad y por las otras diversas formas de violencia que se continúan registrando en contra de las niñas y las mujeres, particularmente aquellos tipos de violencia que se expresan en espacios determinados como lo son los escenarios políticos y electorales y que utilizan los medios de comunicación electrónicos como medio o vía para su comisión.

La presente iniciativa no pretende integrar la violencia política de género a nuestro marco normativo desde una visión punitiva, sino que pretende integrar todos aquellos eslabones de la cadena que han permitido la prevalencia de esta forma de violencia de género.

Partiendo de la necesidad de legislar sobre este importante tema, así como de las recomendaciones que se han formulado hacia nuestro país por parte de instancias especializadas en la protección de los derechos humanos de las mujeres a nivel continental, se ha logrado integrar un capitulado novedoso en un nuevo Capítulo de la LGAMVLV con la finalidad de abordar de la manera más amplia e integral esta otra modalidad de violencia que se ejerce en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres y de participar en los espacios de contienda político-electoral.

En razón de que la propuesta contenida en esta iniciativa no tiene correferente en la actual Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se omite presentar el cuadro comparativo sobre el texto actual de la norma y la propuesta contenida en la presente iniciativa, sin embargo, a efecto de mejor ilustración de sus contenidos, se desglosan los apartados que la integran así como sus principales definiciones, alcances y obligaciones.

En esta iniciativa se integran artículos para definir lo que se entenderá y lo que constituye la violencia política de género o violencia política contra las mujeres, se establece quienes pueden ejercer esta violencia y los tipos de violencia a través delos cuáles se puede expresar, las obligaciones para el Instituto Nacional de las Mujeres, para el Instituto Nacional Electoral, para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así como las de los partidos políticos.

Se establece en la iniciativa también directrices mínimas para que las quejas o denuncias que se interpongan ante los órganos electorales sean atendidas con la debida diligencia, la perspectiva de género y la perspectiva intercultural.

Finalmente, la iniciativa propone  la adopción de medidas de protección de carácter cautelar así como medidas de reparación, satisfacción y no repetición ante acciones u omisiones que sean calificadas como actos de violencia política de género, esto con la finalidad de garantizar los derechos de las mujeres en el ámbito político-electoral de la mejor manera posible, reduciendo las afectaciones provocadas y sus consecuencias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la consideración de esta Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.

ARTÍCULO ÚNICO. - Se adiciona el Capítulo V al Título II Modalidades de la Violencia, con los artículos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30; recorriéndose el actual Capítulo V con todos sus artículos para ser el Capítulo VI del mismo Título de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para quedar como sigue:

Capítulo V. De la violencia política de género

Artículo 21.- Se considerará violencia política contra las mujeres las acciones y omisiones, incluida la tolerancia, que basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público,  o a una candidatura electoral.

Artículo 22.- Esta modalidad de violencia puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un particular y/o por un grupo de personas particulares.

Artículo 23.- Se puede expresar de forma simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y/o psicológica basándose en elementos de género, es decir, que se dirige a una mujer por ser mujer, que tiene un impacto diferenciado en las mujeres; que afecta desproporcionadamente a las mujeres.

Artículo 24.- Serán considerados actos de violencia política de género entre otras las acciones que:

  • Agredan físicamente a una o varias mujeres con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos;  
  • Agredan sexualmente a una o varias mujeres, con objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos políticos; 
  • Realicen proposiciones, tocamientos, acercamientos o invitaciones no deseadas, de naturaleza sexual, que influyan en las aspiraciones políticas de la mujer y/o en las condiciones o el ambiente donde la mujer desarrolla su actividad política y pública; 
  • Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan por objeto o resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o función que ejercen o postulan; 
  • Restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres; 
  • Difamen, calumnien, injurien o realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública y/o limitar o anular sus derechos políticos;  
  • Amenacen, asusten o intimiden en cualquier forma a una o varias mujeres y/o a sus familias, y que tengan por objeto o por resultado menoscabar sus derechos políticos; 
  • Amenacen, agredan o inciten a la violencia contra las defensoras de los derechos humanos por razones de género, o contra aquellas defensoras que defienden los derechos de las mujeres; 
  • Usen indebidamente el derecho penal sin fundamento con el objeto de criminalizar la labor de las defensoras de los derechos humanos y/o de paralizar o deslegitimar las causas que persiguen; 
  • Discriminen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos, por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio, licencia por maternidad o de cualquier otra licencia justificada, de acuerdo a la normativa aplicable; 
  • Dañen en cualquier forma elementos de la campaña electoral de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad; 
  • Proporcionen a los institutos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad o sexo de la persona candidata y designada con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres; 
  • Restrinjan los derechos políticos de las mujeres debido a la aplicación de tradiciones, costumbres o sistemas jurídicos internos o propios, que sean violatorios de los derechos humanos; 
  • Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, por cualquier medio físico o digital, en la propaganda político-electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género transmitan y/o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres, con el objetivo de menoscabar su imagen pública y/o limitar sus derechos políticos; 
  • Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos políticos; 
  • Impongan sanciones injustificadas y/o abusivas, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad; 
  • Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso y/o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad; 
  • Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición o que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función política. 

Artículo 25.- Le corresponderá al Instituto Nacional de las Mujeres, independientemente de las atribuciones que otros ordenamientos le confieran, el incluir acciones específicas para prevenir, identificar y atender la violencia política de género en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, y/o en cualesquiera otro instrumento de políticas públicas que se diseñe de manera transversal desde el Gobierno Federal.

El Instituto Nacional de las Mujeres deberá coordinar la revisión trianual de los protocolos, manuales, guías o modelos de intervención que las autoridades electorales emitan en relación a este tema, asegurando la participación de organizaciones de la sociedad civil, la academia, así como de personas especialistas en este proceso.

Artículo 26.- Corresponderá al Instituto Nacional Electoral y/o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el marco de sus competencias, la promoción, garantia y protección de los derechos políticos de las mujeres así como atender y resolver, en los casos previstos en la normatividad aplicable, las denuncias de violencia contra las mujeres en la vida política.

En todos los casos donde se denuncie la presunta incurrencia de violencia política de género, las instancias electorales deberán de sustanciar los procedimientos y/o juicios correspondientes integrando la perspectiva de género y la debida diligencia, asegurando también la igualdad formal, la igualdad sustantiva, la interculturalidad y los enfoques diferenciados que cada caso amerite.

Artículo 27.- Durante el periodo legal de campaña electoral, precampaña e intercampaña, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protegerán de forma especial a la mujer candidata o pre candidata que haya sido víctima de violencia política, y tomará todas las medidas necesarias para que la situación de violencia cese y no perjudique las condiciones de la competencia electoral para ella.

Artículo 28.- Independientemente de lo que disponga la legislación electoral, así como la normatividad interna de cada Partido Político a nivel estatal o nacional, serán obligaciones de los partidos políticos:

a) Prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política;

b)Rechazar y sancionar cualquier expresión que implique violencia contra las mujeres en la vida política en su propaganda política o electoral;

c) Promover la participación política paritaria y en igualdad de condiciones;

d) Destinar una parte del financiamiento público al fortalecimiento de los liderazgos políticos de las mujeres;

e) Desarrollar y aplicar protocolos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los partidos políticos.

f) Garantizar que las personas aspirantes, precandidatos o precandidatas, así como los candidatos y las candidatas a cargos de elección popular, se abstengan de cualquier acción o conducta que implique violencia contra las mujeres en la vida política.

Artículo 29.- Cuando las instancias electorales determinen que existió una acción u omisión que derivó en violencia política de género, deberán de garantizarse las medidas de reparación integrales correspondientes a la plena satisfacción de las víctimas, y también de sus familiares y de su comunidad en caso de que hayan sido afectadas por los actos de violencia, así como la garantía de no repetición de los actos procurando en la medida de lo posible la restitución integral de sus derechos vulnerados.

Artículo 30.- Si las autoridades electorales responsables al determinar la existencia de acciones u omisiones que constituyan violencia política de género identifican que existen hechos que pudieran ser constitutivos de delito, le dará vista al Ministerio Público de la Federación o del fuero común según corresponda, para que ésta instancia actúe conforme a sus facultades legales y constitucionales.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. - El Congreso de la Unión en un plazo no mayor a 180 días deberá de armonizar la legislación electoral del orden Federal con los contenidos relativos a la violencia política de género.

SEN. MARTHA LUCIA MICHER CAMARENA

Senado de la República, a 12 de abril de 2019


Disponible en la dirección electrónica http://www.etellekt.com/presencia-medios.html (consultado el 9 de abril de 2019)

Informe Violencia Política a través de las Tecnologías en México, elaborado por Luchadoras, con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata, edición digital, México, Septiembre 2018. Pag 18.

Idem. Pag. 32

Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres. Primera edición 2016.Segunda edición 2016. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, México, pag. 16.

Idem.

Ibidem.

Declaración sobre la violencia y el acoso políticos contra las Mujeres, MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE LA CONVENCIÓN BELÉM DO PARÁ (MESECVI) SEXTA CONFERENCIA DE LOS ESTADOS PARTES DE LA CONVENCIÓN, 15 de octubre de 2015. OEA/Ser.L/II.7.10 MESECVI-VI/doc.117/15.rev2 Original: español