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Iniciativas

Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

De la Sen. Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario Morena, con proyecto de decreto que reforma el artículo 1198 del Código de Comercio.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE ECONOMíA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS. SEGUNDA.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 1198 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

La que suscribe, SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, en la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I y 164, ambos del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del Pleno de esta H. Cámara la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÌCULO 1198 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El derecho fundamental de tutela judicial, reconocido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, comprende la prerrogativa de toda persona con capacidad jurídica activa, de comparecer ante los órganos jurisdiccionales del Estado para reclamar la tutela de sus derechos. Esta prerrogativa se concreta en el derecho de acción.

De acuerdo con el procesalista italiano Giuseppe Chiovenda, los elementos de la acción son los siguientes:

  1. Sujetos: activo y pasivo (actor y demandado).
  2. Cusa: existencia de una relación jurídica entre los sujetos, así como un estado de hechos contrario a derecho, que da lugar a la acción.
  3. Objeto: la prestación que se reclama.

El segundo de los elementos enunciados es el que interesa para la presente iniciativa pues, aunque el derecho de acción se particulariza en atención a la materia jurídica sobre la que verse, con independencia del tipo de juicio del que se trate, su ejercicio se rige por una máxima de la teoría general del proceso, según la cual, quien ejercite el derecho de acción, está obligado a probar los hechos que constituyen su causa.

Así, tratándose de la materia mercantil en específico, el artículo 1194 del Código de Comercio seña expresamente lo siguiente:

“Artículo 1194: El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones.”

El precepto citado implica lógicamente el derecho de las partes de aportar medios de prueba que permitan acreditar sus acciones o excepciones.

En este tenor, el artículo 1198 del mismo ordenamiento, establece las reglas generales sobre la admisión de los medios de prueba, señalando lo siguiente:

“Artículo 1198.- Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se trata de demostrar con las mismas, así como las razones por los que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones; si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 1203 de este ordenamiento. En ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral o al derecho.”

Del análisis del precepto citado, se extrae que la ley mercantil establece como restricción al derecho a probar, que el ofrecimiento de los medios de prueba cumpla con tres requisitos:

  1. Que se exprese claramente el hecho que se pretende demostrar
  2. Que se expresen claramente las razones por las que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones
  3. Que no se contravenga la moral o el derecho.

De los requisitos enunciados, el segundo vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que constituye una restricción al derecho de las partes a probar.

En efecto, el hecho de  que la ley autorice al juzgador a desechar pruebas aunque no sean contrarias al derecho o a la moral y estén relacionadas con los hechos que se pretenden demostrar, únicamente porque el oferente no emita su opinión personal en cuanto a las razones por las cuales estima que con ellas se acreditarán sus afirmaciones, es una restricción legal al derecho a probar y por tanto al derecho de acceso a la justica, que resulta injustificada toda vez que no supera el test de proporcionalidad o razonabilidad desarrollado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evaluar las restricciones a derechos fundamentales.

En este sentido, si bien es cierto que el requisito en comento constituye una medida legislativa que persigue un fin constitucionalmente válido, pues su objetivo es agilizar el procedimiento y evitar que las partes abusen de él, al ofrecer todos los medios de convicción que tuvieren a su alcance con el único propósito de retardarlo, también es cierto que la medida legislativa no es idónea para alcanzar la finalidad constitucional que se persigue.

Esto es así, ya que el requisito en cuestión, no resulta indispensable para la sustanciación del procedimiento, puesto que la  opinión personal en cuanto a las razones por las cuales se estima que con un medio de prueba se acreditarán ciertas afirmaciones, es una cuestión meramente subjetiva que, como carga procesal carece de sentido, pues a quien le compete determinar la idoneidad de los medios de prueba es al órgano jurisdiccional, mas no a las partes, máxime que el artículo 1205 del mismo cuerpo normativo, mandata que “son admisibles como medios de prueba todos aquellos elementos que puedan producir convicción en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos”.

El razonamiento anterior ha sido compartido por el Poder Judicial de la Federación que, en la Tesis XVI.1o.C.1 C (10a.) se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la multicitada porción normativa del artículo 1198 del Código de Comercio.

A continuación, se transcribe la tesis en comento:

“Época: Décima Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): (Civil, Mercantil)Tesis: XVI.1o.C.1 C (10a.)

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS EN MATERIA MERCANTIL. EL SEGUNDO REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1198 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, RELATIVO A LAS RAZONES POR LAS QUE EL OFERENTE CONSIDERA QUE AQUÉLLAS DEMOSTRARÁN SUS AFIRMACIONES, ES INCONSTITUCIONAL AL AUTORIZAR SU DESECHAMIENTO SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN.

El precepto 1198 del Código de Comercio dispone que las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se trata de demostrar con éstas, así como las razones por las que el oferente considera que acreditarán sus afirmaciones; el propio precepto autoriza su desechamiento si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas. El segundo de los requisitos en cita no se apega al principio de proporcionalidad establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si bien es cierto que constituye una medida legislativa que persigue un fin constitucionalmente válido (primera etapa), pues la ratio legis consistió en agilizar el procedimiento y evitar que las partes abusaran de él, al ofrecer todos los medios de convicción que tuvieren a su alcance con el único propósito de retardarlo, también lo es que la medida legislativa no es idónea para alcanzar la finalidad constitucional que se persigue (segunda etapa), en razón de que ese segundo requisito no resulta indispensable para la sustanciación del procedimiento, pues autoriza al juzgador a desechar pruebas aunque no sean contrarias al derecho o a la moral y estén relacionadas con los hechos que se pretenden demostrar, si el oferente no emite su opinión personal en cuanto a las razones por las cuales estima que con ellas se acreditarán sus afirmaciones, por lo que resulta inconstitucional el segundo requisito establecido en el artículo 1198 citado, al vulnerar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”

Es por todo lo anterior que se propone reformar el artículo 1198 del Código de Comercio, suprimiendo el requisito bajo análisis para quedar de la siguiente manera:

Texto vigente

Texto propuesto

Artículo 1198.- Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se trata de demostrar con las mismas, así como las razones por los que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones; si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 1203 de este ordenamiento. En ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral o al derecho.

Artículo 1198.- Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se trata de demostrar con las mismas. Si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con la condición apuntada, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 1203 de este ordenamiento. En ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral o al derecho.

Por los motivos expuestos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa que contiene:

DECRETO POR EL QUE POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÌCULO 1198 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

ARTÍCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 1198 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 1198.- Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho o hechos que se trata de demostrar con las mismas. Si a juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con la condición apuntada, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 1203 de este ordenamiento. En ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral o al derecho.

TRANSITORIOS:

ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de Sesiones del Senado de la República, a 09 de abril de 2019.

SENADORA ANA LILIA RIVERA RIVERA