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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Samuel Alejandro García Sepúlveda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS.


SENADOR MARTÍ BATRES GUADARRAMA

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA CÁMARA DE SENADORES

P R E S E N T E.-

El suscrito, Senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, a nombre propio, y de los Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 8, numeral 1, fracción I; 164, numeral 1, 169, y demás disposiciones aplicables del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable asamblea, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE  SE REFORMA EL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, todo lo cual en virtud de lo que se expresa en la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En materia de nombramientos, el Presidente tiene la facultad de nombrar, remover, sancionar a los funcionarios de la administración pública. En cambio, hay otros funcionarios que el Presidente nombra pero que para ser designados requieren de la ratificación de otro poder constituido, como el Senado de la República. Como ejemplos podemos señalar los comisionados de la Comisión Reguladora de Energía [*] , embajadores, cónsules [*] así como los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este sentido, el proceso de designación de los órganos reguladores coordinados en materia de energía se contempla en la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en materia de Energía.

En el caso de los Ministros de la SCJN, el proceso de su designación se señala directamente en el artículo 96 de la Constitución mexicana que a la letra dice:

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

Como se puede apreciar, en el caso de que el Senado rechace la terna enviada, el Presidente puede enviar otra terna, pero no se precisa que tenga que ser una terna diferente a los integrantes que venían incluidos en la primera, es decir, puede volver a enviar la misma terna que fue rechazada o bien, que la nueva terna enviada por el Ejecutivo se integre por una o dos de las personas que fueron sometidas a consideración en la terna rechazada por el Senado. 

Esta cuestión la consideramos importante porque si la primera terna fue rechazada por el Senado, es de obviarse que, si se envía la segunda terna con los mismos o la mayoría de los integrantes, será nuevamente sujeta a la no aprobación, con lo cual se abre el camino para que el Presidente, atendiendo a lo establecido en la Constitución, designe a la persona que ocupará el cargo entre las personas enviadas en la segunda terna.

Lo anterior, rompe con la naturaleza o el espíritu de la Constitución, ya que el objetivo es que se genere un consenso con el Senado para el nombramiento de los Ministros de la SCJN.

Otro de los propósitos de la naturaleza del artículo 96 de la Constitución mexicana es que el Senado sea un contrapeso en la designación de estos funcionarios, fungiendo como un control interorgánico del Poder Ejecutivo Federal.

En este sentido, la misma SCJN ha señalado que en la designación de un funcionario en la que intervienen tanto el Presidente como el Senado o en su caso, la Comisión Permanente, permite que exista un elemento de mayor seguridad para que dicho servidor público lleve a cabo su función con plena confianza y libertad, toda vez que, tanto legal como legítimamente, su nombramiento cuenta con el respaldo de dos órganos detentadores de distintos Poderes de la Unión. [*] Lo que va abonar a la legitimidad, tanto del nuevo ministro como en la labor institucional de la Suprema Corte.

Un nombramiento de un ministro es de la mayor importancia institucional para un Estado constitucional, ya que los ministros son los guardianes de la constitución, si no hay consenso en el nombramiento de un ministro esto corre en contra de la fortaleza institucional del máximo tribunal del país y de la confianza al mismo por parte de los actores políticos, así como de la ciudadanía.

Además, en el voto particular de la acción de inconstitucionalidad 32/20006, se señala que solamente el Senado de la República puede intervenir en nombramientos de integrantes de la administración pública federal, cuando la actividad del nombramiento se refiera entre otras, a actividades sustantivas del Estado o se trate de un órgano descentralizado [*] , como es el caso de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Con base en lo anterior, consideramos importante que los nombramientos que se lleven a cabo, en este caso de los Ministros de la SCJN, participen de manera activa tanto el Senado como el Presidente de la República.

Lo anterior, no solamente en cumplimiento de un mandato constitucional, sino también, como sostuvo la SCJN, que al avalar el Senado el nombramiento de un funcionario se logra que este tenga el respaldo de dos órganos distintos de los Poderes de la Unión, que, a su vez, son electos vía directa por voto popular. Esta situación garantiza un mayor respaldo en la legalidad y legitimidad de dichos nombramientos. 

Enmendar el vacío que existe en la Constitución y definir de manera clara el límite al ejecutivo en el sentido que no puede mandar a los mismos perfiles en la segunda terna, va a ayudar no solo a resolver esta vaguedad, sino a darle vigencia a una institución del control del poder en donde participan dos poderes en el nombramiento de los guardianes de la Constitución y evitar desviaciones de las instituciones constitucionales que tienen su lógica y razón de ser.

Ante esto, el vacío legal del artículo 96 constitucional donde no se específica que la terna que envía el Presidente de la República tenga que ser diferente a la primera cuando el Senado no la apruebe, ocasiona que al final del proceso, nuevamente el Senado no apruebe la segunda terna enviada. Esto, en caso de que la conformen los mismos integrantes de la primera.

Esta situación generaría como resultado que el Presidente sea directamente quien designe de manera discrecional al que considere más apto para desempeñar las funciones del cargo en base a la segunda terna enviada.

El resultado de esto es que dicho nombramiento no cuente con la fuerza legal, de legitimidad y con el respaldo debido de dos poderes constituidos como son el Ejecutivo Federal y el Senado de la República.

Además, que, como se indicó anteriormente, va en contra del espíritu de la Constitución porque la intención del legislador es que se logre un consenso entre Ejecutivo Federal (al enviar la terna) y el Senado (en la designación de uno de los integrantes propuestos en la terna).

En el derecho comparado, podemos citar el caso chileno respecto al procedimiento de nombramiento de los ministros de la Corte Suprema. [*] En este contexto, se establece que los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el presidente de la República, los cuales son elegidos de una nómina de cinco personas (quina). Estas cinco personas se proponen por la misma Corte Suprema con acuerdo del Senado. [*] En caso de que el Senado no apruebe la proposición del presidente de la República, la Corte Suprema debe completar la quina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado. Se repite el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento.

Como se puede observar, por un lado, en el modelo chileno, la proposición no es por terna sino por quina, la cual debe ser aprobada en su totalidad, es decir, que los cinco integrantes tengan el visto bueno del Senado. De ser aprobada, entonces el presidente procede a nombrar al ministro. Por otro lado, en caso de que alguno de los integrantes de la quina no cuente con la aprobación del Senado, entonces se propone a un nuevo integrante en sustitución del que no obtuvo la aprobación.

Este procedimiento que se sigue en Chile tiene ciertas diferencias con el modelo mexicano, ya que el Senado no elige a uno de los integrantes de la quina, sino que la tiene que aprobar para que el presidente pueda nombrar a uno de los cinco miembros que la componen. En el modelo mexicano, es el Senado quien aprueba y designa a uno de los integrantes de la terna propuesta por el Presidente.

Si bien, estas diferencias radican principalmente en quien elige al nuevo integrante de la Corte, en el modelo chileno se busca el equilibrio institucional y de legitimidad al ser el Senado quien debe dar su aprobación a los cinco posibles candidatos a ocupar el cargo

de ministro para que, posterior a eso, sea el presidente el encargado de nombrar a uno de ellos como nuevo ministro de la Corte.

Es por ese motivo que consideramos importante que, en el caso mexicano, los posibles candidatos a ocupar el cargo de ministros de la SCJN tengan la aprobación del Senado, dejando solo para casos excepcionales, que si después de las dos ternas enviadas por el presidente, estas no son aprobadas por el Senado, entonces sea el presidente quien tome la decisión de designar a uno de los miembros de esa segunda terna. 

De igual manera es importante esclarecer el término para la designación de los mismos, ya que actualmente el texto constitucional solo habla de 30 días sin especificar si son hábiles o naturales, quedando a discreción del Senado de la República la temporalidad de la designación.

Con base en lo anterior se propone el especificar el tiempo para designar a los Ministros agregando la palabra naturales al texto constitucional.

En mérito de todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Cámara Alta el siguiente proyecto de:

DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 96 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

ÚNICO. - Se reforma el artículo 96 de la Constitución Política de los estados unidos mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días naturales. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, la cual no deberá de repetir a ninguna persona de la terna rechaza con anterioridad, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación sin perjuicio de lo dispuesto en los transitorios siguientes.

SEGUNDO. Quedan derogadas todas las disposiciones que se contrapongan al presente Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente Decreto, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de este.

Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, a los 25 días del mes de abril de 2019.

SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA.

Senador de la República


[*] Artículo 28, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[*] Artículo 89, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

[*] Para mayor referencia, puede verse la acción de inconstitucionalidad 32/2006:  
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=20818&Clase=VotosDetalleBL

[*] En este sentido, puede verse el voto particular del Ministro José Ramón Cossío en la acción de inconstitucionalidad que hace referencia la nota al pie de página previa, en la cual, también reitera que los nombramientos en que el Senado interviene también se pueden dar cuando no se afecten los criterios de "operación" y "relación" del artículo 90 constitucional.

[*] Artículo 75 de la Constitución Política de la República de Chile.

[*] El Senado debe adoptar los respectivos acuerdos por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto.