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Estado Actual: Pendiente Ficha Técnica

Del Sen. Juan Quiñonez Ruíz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con proyecto de decreto que reforma el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social.

SE DIO TURNO DIRECTO A LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA.


INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

El que suscribe, Juan Quiñonez Ruíz, Senador de la República integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 8 numeral 1 fracción I, 164 y 169, del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración del pleno la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 80 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Las políticas sociales constituyen mecanismos oportunos para la atención de las necesidades más inmediatas de la población, así como para la reducción de la brecha de desigualdad social, puesto que tienen como objetivo principal, el mejorar las condiciones de vida de la población.

Bajo este orden de ideas, y en la búsqueda por impulsar un bienestar para las personas en un país, converge la complementariedad de las instituciones, actores y procesos que permitirán el diseño y la correcta ejecución de una política social orientada al bien común.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (UNDESA), en el Documento de Estrategias Nacionales de Desarrollo sobre Política Social, detalla que “Los ciudadanos prestan su apoyo al gobierno mediante el pago de impuestos y contribución al desarrollo del país; los gobiernos, en contrapartida, adquieren legitimidad protegiendo los derechos de los ciudadanos y apoyando políticas públicas que beneficien a todos” (P.6).

UNDESA adicionalmente refiere que, “la política social es definida a menudo en términos de servicios sociales como la educación, la salud, o la seguridad social. Sin embargo, la política social incluye mucho más: distribución, protección y justicia social. La política social consiste en situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas públicas, ya no mediante el suministro de asistencia social residual, sino incorporando sus necesidades y voz en todos los sectores”.

Por otra parte, la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe (CEPAL) a través de la Académica Adriana Delgado Gutiérrez, expone que “la política social, por tanto, debe expresar el contenido específico de los servicios, prestaciones y protecciones sociales; la financiación para garantizar el acceso de quienes carecen de recursos; el aseguramiento de individuos, familias y grupos contra determinados riesgos; y la protección a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad específicas” .

En México, los gobiernos en turno, a través de la implementación de diversos programas sociales, han buscado atender desde su visión, el preocupante rezago en el que se encuentran millones de mexicanos; cierto es que, con los cambios de administración vienen los ajustes de prioridades que son enlistadas en Planes de Desarrollo, mismos que incluyen una visión estratégica de futuro, y que pretenden ofrecer soluciones que se mantengan de un corto a largo plazo, para este fin, los planes deben ser sostenibles presupuestalmente.

No obstante, ha sido evidente que, en lugar de una política social homogénea con programas sociales dirigidos, metas comunes y con responsables definidos, sobresalen programas sociales desarticulados, con efectos limitados por sobre la garantía de los derechos sociales y que responden principalmente a una política de control y de “clientelismo político” .

Indudablemente, se ha arraigado administración tras administración, un incremento de programas que no resuelven la problemática por la que se crearon, lo que acaeció en un retroceso presupuestario en los programas con un buen desempeño.

En el actual ejercicio administrativo, el gobierno federal eliminó a través de criterios varios 18 programas sociales y creó 14 nuevos, por lo que en este año operaran 146 programas, lo anterior con base a referencias proporcionadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El Coneval informó que “el recorte presupuestal implementado por el gobierno federal es mayor en los programas prioritarios para reducir la pobreza” .

El anuncio de parte del Ejecutivo Federal sobre la cancelación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras dividió las opiniones en torno a esta decisión, el propio Coneval, manifestó que del total de beneficiarios el 96.5% consideró que la atención y cuidado tuvo un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje de los niños, 97.5% observó una mejora en su desarrollo motriz, y 96% dijo que los menores desarrollaron mejores habilidades sociales. Empero, también se determinaron aspectos que vulneraban el programa, principalmente que el apoyo se pudo haber otorgado a quien no le requería. Sin embargo, la medida tomada impacta de manera negativa en los derechos de los menores de edad y sus familias, asimismo, diversos sectores han manifestado su preocupación puesto que los 1,600 pesos que se entregarán a las madres cada dos meses no alcanzarán a cubrir los gastos necesarios para el cuidado de sus hijos.

Sobre otro programa cancelado por el gobierno federal está el de Comedores Comunitarios implementado en el año 2014, con el “objetivo de contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que inciden positivamente en la alimentación, salud y educación por medio de la reducción de la inseguridad alimentaria” . Según datos de “Plumas Atómicas”, “entre las entidades del país que tenían mayor número de comedores comunitarios se encuentran: Estado de México con 2 mil; Guerrero con mil 200; Michoacán con 500; Chiapas con 408 y Veracruz con 352” .

Sobre los Comedores Comunitarios, la Valoración Cuantitativa Final obtenida por el Programa fue de 2.69 de un puntaje máximo posible de 4, lo anterior según datos del Coneval.

En ambos casos, no se informó de un razonamiento o análisis a detalle, justificando la correcta motivación por la cual los programas fueron cancelados. Se desconoce si existió una consideración de evaluaciones que determinaran todos los hallazgos desde los pros y contras.

En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), acerca de las evaluaciones refiere que:

“Su valor en el ámbito público radica en asegurar información veraz, pertinente, útil y consistente que permita en lo interno: orientar la asignación presupuestaria, cautelar la calidad del gasto y la definición de nuevas prioridades de programas, como también fortalecer la formulación e implementación de la intervención pública. Y en lo externo, contar con elementos suficientes para responder de manera simultánea a las demandas de los ciudadanos por mayor transparencia en la accionar pública y rendición de cuentas”.

“La Ley General de Desarrollo Social hace obligatorio que la que para la evaluación que los programas sociales incluyan indicadores de resultados, de gestión y servicios para medir la cobertura, calidad de impacto en todos los niveles de gobierno. Además, los indicadores deben reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, así como los procedimientos y la calidad de los servicios” (CESOP 2011).

Como se ha hecho mención en la presente, en México, existe el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, contemplado en la Ley General de Desarrollo Social del artículo 72 al 85 como el órgano descentralizado encargado de la Evaluación de los Programas de la Secretaría de Bienestar.

El CONEVAL lleva a cabo las evaluaciones a programas y políticas de desarrollo social para cumplir con los siguientes objetivos:

• Proveer información válida y confiable que apoye el análisis de la política de desarrollo social y la mejora continua de los programas, y que contribuya a que las autoridades articulen políticas públicas que brinden resultados, y

• Contribuir a la transparencia y a la rendición de cuentas al informar a la ciudadanía, quien aporta los recursos para la ejecución de la política social, sobre los resultados de las diferentes acciones de política social.

El proceso de evaluación se ha desarrollado a partir de cinco pilares :

  • 1. Mejorar la planeación nacional, haciendo énfasis en el nexo entre el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales y los programas presupuestales.
  • 3. Creación del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que es el conjunto de elementos de información que permiten valorar y mejorar de manera continua el desempeño de las políticas y de los programas presupuestarios, así como para determinar el impacto que los recursos públicos tienen sobre el bienestar de la población.

    Las evaluaciones, los indicadores de los programas, los avances presupuestales, la información de cobertura por entidad y municipios, así como los compromisos de mejora a partir de las evaluaciones son integrados por las propias dependencias en el SED, que está a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
  • 5. La definición de instrumentos de evaluación de los programas y de las políticas con el propósito de identificar las áreas de mejora y los avances en su implementación, mediante el uso de metodologías sustentadas en el conocimiento científico.

    Con la finalidad de determinar los programas sociales sujetos a evaluación, así como los tipos de evaluación y su cronograma de ejecución, y tomando en cuenta las sugerencias de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, el CONEVAL, en conjunto con las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública, emite cada año el Programa Anual de Evaluación (PAE).

De esta forma, el CONEVAL contribuye con la generación de información de cada uno de los programas sociales. Para conocer el desempeño integral de los programas es necesario analizar los resultados del conjunto de evaluaciones, pues cada evaluación tiene un objetivo específico. Sólo se alcanza un diagnóstico general adecuado gracias a la complementariedad de todas ellas.

7. El seguimiento a recomendaciones de evaluaciones externas tiene como propósito hacer efectivo el uso de los hallazgos de las evaluaciones en la mejora de los programas y políticas.
8. Mediante este mecanismo las dependencias se han comprometido a llevar a cabo acciones concretas para mejorar sus programas. Lo anterior es un paso fundamental para que las evaluaciones se conviertan en factor de cambio de la política pública.

9. El conjunto de las evaluaciones de programas sociales a su vez se incorpora al Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que relaciona estos resultados individuales con estudios generales sobre los logros y retos de la política social y con la medición de la pobreza, para ofrecer una visión sintética del desarrollo social del país.
10. La cancelación de los programas para el desarrollo económico y social, son decisiones que no deben ser tomadas ligeramente, si no decisiones basadas en hechos, datos e información obtenida por organismos dedicados a la correcta evaluación de estos. Por lo cual, es necesario hacer uso de estas herramientas, proporcionadas por la ley a través de estos organismos, para lograr tomar la mejor decisión. Organismos como el Coneval y sus evaluaciones no deberían ser dejados en segundo plano para la toma de decisiones gubernamentales de nuestro país.

La importancia de tomar en consideración los resultados de una recopilación sistemática de información sobre los indicadores de un programa, permitiría mejorar su alcance, impacto, desempeño, abonaría a una transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que aportaría información valiosa sobra las acciones futuras a emprender.

La evaluación efectiva, permanente, sistemática de la política social garantizaría que las autoridades en sus tres niveles de gobierno construyeran de forma integral un plan oportuno para resolver los grandes problemas sociales que agobian a los mexicanos. El artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social establece lo que a la letra dice:

La evaluación de resultados, los programas sociales de manera invariable deberán incluir los indicadores de resultados, gestión y servicios para medir su cobertura, calidad e impacto. Las dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipales, ejecutoras de los programas a evaluar, proporcionarán toda la información y las facilidades necesarias para la realización de la evaluación.

Lo planteado en el artículo en comento, evidencia que el gobierno federal es consciente de que la evaluación a los programas sociales deberá basarse en resultados, y no en datos subjetivos.

El enfoque de gestión por resultados tiene una década de haberse implementado en México, después de la transición del gobierno federal a inicios del año 2001… El modelo de la Gestión por Resultados es producto del esfuerzo de organismos multilaterales para promover el desarrollo, con base en iniciativas como El Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda (reunido en París en 2005), y promovido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el BID . Estos organismos han patrocinado propuestas de GPR con la finalidad de mejorar el desempeño gubernamental y con ello reducir la pobreza y promover el crecimiento económico .

El modelo de Gestión por Resultados “cobra mayor relevancia en qué se hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población, es decir, la creación de valor público” .

Resulta importante que el ejecutivo federal priorice dentro de los elementos para determinar la permanencia o no de un programa o una política, las evaluaciones proporcionadas por el Coneval puesto que las mismas generan información confiable, útil, necesaria y oportuna.

Sin duda esta alternativa representa uno de los mayores desafíos a mediano y largo plazo, reto que se enmarca en el contexto de una mejora de la administración pública y que incidirá en una mejor toma de decisiones, pero sobre todo permitirá un mayor y mejor alcance en las políticas en favor de las y los mexicanos.

Por supuesto, requiere de consenso y constancia en su aplicación, así como de un nuevo enfoque de todo el sistema de administración, pero queda claro que sus beneficios superarán con creces los costos y desafíos.

En mérito de lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable asamblea, el siguiente proyecto de:

Decreto por el que se reforma el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social.

Artículo Único. Se reforma al artículo 80 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:

Artículo 80. De acuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social emitirá las sugerencias y recomendaciones pertinentes al Ejecutivo federal y las hará de conocimiento público. Las resoluciones sobre las adecuaciones a las Políticas y Programas de Desarrollo Social deberán sustentarse en una gestión orientada hacia resultados como eje articulador de la acción pública.

Transitorios.

ÚNICO. El presente Decreto entrara? en vigor al día siguiente de su publicación en su Diario Oficial de la Federación.

Dado den el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 23 días del mes de abril de 2019.

Sen. Juan Quiñonez Ruiz.